Derecho Penal I TEMA 5 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Droit - 1º curso
Asignatura Derecho Penal I
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 27/10/2014
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Tema 5 El Derecho penal subjetivo Se suelen tratar bajo este epígrafe los problemas de legitimidad del poder punitivo o ius Puniendi del Estado.
2. Principios limitadores del poder punitivo del estado Siempre se ha intentado encontrar una paz social justa, un sistema equitativo que ampare sus derechos fundamentales y una seguridad personal que evite los despotismos y arbitrariedades, han ido formando un patrimonio común, una plataforma sobre la que debe descansar también el ejercicio del poder punitivo del Estado.
Nacimiento de esta concepción: Revolución Francesa y en el pensamiento ilustrado del s. XVIII, en el que, el poder del Estado pasa a ser controlado y limitado por los representantes elegidos por el pueblo y deja de ser un Derecho divino o derivado del Más Allá.
El Estado totalitario irrumpió en la esfera de lo punible amenazando con penas conductas indiferentes desde el punto de vista ético- social y borrando toda idea de proporción entre delito cometido y castigo aplicable.
El Derecho penal= Aumenta criminalidad, aumenta la dureza en la represión punitiva.
Ante esta excesiva intromisión del poder punitivo del Estado en el ámbito de los derechos individuales más sagrados, el problema de los límites al poder punitivo estatal, límites que se basan en última instancia en la dignidad humana y en la idea de la Justicia misma, sigue siendo un problema fundamental.
A) Principio de intervención mínima El poder punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el principio de intervención mínima. El Derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. (Vida, salud…) Las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras ramas del Derecho.
1 a) La subsidiariedad del Derecho penal: especial consideración del poder sancionatorio de la Administración El Derecho penal, como todo el Ordenamiento jurídico, tiene una función eminentemente protectora de bienes jurídicos, pero en esta función de protección le corresponde tan solo una parte, y ciertamente la última, interviniendo únicamente cuando fracasan las otras.
Derecho penal carácter subsidiario /secundario.
De toda la gama de sanciones, la única específica del Derecho penal es la privación de libertad, bien como sanción directa, bien como subsidiaria en caso de impago de multa penal.
La Administración puede hacer un uso ilimitado de ellas. Pero ha de regir los mismos principios y garantías que rigen la imposición de las sanciones penales. La ausencia de una ley general reguladora del poder sancionatorio viene siendo suplida por el Tribunal Constitucional, que traspasa a las sanciones administrativas los principios y garantías de las penales.
b) La relativa dependencia del Derecho penal en sus presupuestos El Derecho penal no es independiente en sus presupuestos.
No puede desconocerse que hay delitos cuya creación es genuinamente penal, por ejemplo con los delitos contra la vida y la libertad sexual.
La cuestión de si el Derecho penal crea sus propias prohibiciones o éstas vienen ya dadas es, pues, más adecuada para oscurecer los problemas que para solucionarlos.
c) Las consecuencias del principio de intervención mínima en la protección de bienes jurídicos: el concepto de bien jurídico como límite del poder punitivo del Estado.
Sólo las acciones que pongan en peligro o lesionen un bien jurídico pueden ser objeto del Derecho penal. Sin embargo, la vaguedad del concepto mismo y su posible manipulación obligan a ulteriores precisiones conceptuales, que ocupan hoy una buena parte de las reflexiones de la Ciencia del Derecho penal.
Los bienes jurídicos no solo deben ser protegidos por el Derecho penal, sino también ante el Derecho penal. Es decir, si para el establecimiento dl Orden jurídico violado es suficiente con las medidas civiles o administrativas, son éstas las que deben emplearse y no las penales.
2 No todas las acciones que atacan bienes jurídicos son prohibidas por el Derecho penal, ni tampoco todos los bienes jurídicos son protegidos por él. El Derecho penal se limita a castigar únicamente las acciones más graves contra los bienes jurídicos más importantes, de ahí su carácter “fragmentario” protegidos por el Ordenamiento jurídico.
El bien jurídico es un fundamento necesario de la intervención del Derecho penal en la regulación de la convivencia humana, pero no es por sí solo criterio suficiente para limitar el poder punitivo del Estado.
La misión del Estado es, por tanto, garantizar el orden externo y no tutelar moralmente a sus ciudadanos.
d) Las consecuencias del principio de intervención mínima respecto a la gravedad de las consecuencias jurídicas del delito. El principio de proporcionalidad Otras consecuencias del principio de intervención mínima se refieren a la gravedad de las consecuencias jurídicas del delito.
Es preferible una sanción leve a una grave, si con ello se restablece ya el orden jurídico perturbado por el delito..
ART. 2, 2- Permite retroactividad favorable Las consecuencias de este principio son el principio de humanidad, y el principio de proporcionalidad.
Principio de humanidad: Obliga siempre a reconocer que el delincuente, cualquiera que sea el deliro que haya cometido, es un semejante, una persona humana que tiene derecho a ser tratada como tal y a reintegrarse en la comunidad como un miembro de pleno derecho.
    Abolición de determinados tipos de pena y en la ejecución de las penas privativas de libertad.
Abolición tortura, pena de muerte y otros medios que priven al acusado de la libre determinación de su voluntad como detectores de mentiras, suero de la verdad, etc.
Pena de muerte: El principio de humanidad impone su abolición en los países donde existe: pues ni sirve más que otras penas para proteger a la comunidad, ni permite ningún tipo de acción para garantizar la paz social.
Hay que tratar con respeto al encarcelado y procurar su reinserción en la vida social una vez que haya salido de la cárcel, ahorrándole, en todo caso, todo tipo de vejaciones inútiles y de sufrimientos.
3 Principio de proporcionalidad: Idea de Justicia inmanente a todo el Derecho. A cada uno debe de dársele según sus merecimientos y que los desiguales deben ser tratados desigualmente.
   Las penas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido o que éstos no pueden ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el delito.
Lo que debe imponer un determinado delito es la importancia del bien jurídico afectado, dado que éste es el principal fundamento de la intervención del Derecho penal.
En algunas ocasiones un delito se mira de forma cualitativa y no cuantitativa.
B) Principio de intervención legalizada: Evolución y fundamento Búsqueda de un principio que controle el poder punitivo estatal y que confine su aplicación dentro de límites que excluyan toda arbitrariedad y exceso por parte de los que ostentan o ejercen ese poder punitivo. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Acciones Del estado regidas por el imperio de la ley.
El principio de intervención legalizada, o de legalidad, sirve, para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal. También supone un freno para una política penal demasiado pragmática que, decidida a acabar a toda costa con la criminalidad y movida por razones defensitas de los ciudadanos, imponiéndoles sanciones no previstas ni reguladas en ley alguna.
Principio de legalidad   El principio de intervención legalizada nace con el Estado de Derecho. Origen: Revolución Francesa, cuando el pueblo pasa de ser instrumento y sujeto pasivo del poder absoluto del Estado o del Monarca que lo encarna, y controla y participa en ese poder, exigiendo unas garantías en su ejercicio.
El principio de legalidad forma parte de la creación del Estado liberal de Derecho.
Éste se distingue por 4 características: Imperio de la Ley, División de poderes, Legalidad en la actuación administrativa, Garantía de derechos y libertades fundamentales.
o Imperio de la Ley: Quien ejerce el poder estatal ya no puede castigar a las personas arbitrariamente y que su poder punitivo está vinculado a la ley.
Solo pueden determinarse los delitos y las penas por los órganos populares representativos que reflejan la voluntad popular, es decir, por el Parlamento u organismo similar.
4 o División de poderes: Montesquieu. Función legislativa- Parlamento.
Ejecutiva- Gobierno o Administración. Judicial- Tribunales o Jurisdicción.
Esta división de poderes garantiza el principio de legalidad penal, repartiendo el poder punitivo estatal entre el legislativo, que se encarga de determinar los delitos y las penas a través de un proceso democrático en el que participan los representantes del pueblo, y el judicial, que se encarga de su aplicación en el caso concreto. El poder ejecutivo no tiene u puesto importante en la elaboración del Derecho penal.
o Principio de legalidad, fin, garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas. La mejor manera de protegerlos es concretizarlos y formularlos en leyes y castigar con penas su lesión o violación. Los Códigos penales se convierten así en un catálogo de prohibiciones de conductas que pueden lesionar esos derechos y libertades fundamentales.
El principio de intervención legalizada no solo tiene un fundamento político, sino también jurídico.
El principio de legalidad sirve también para determinar la culpabilidad del delincuente.
Pues solo quien conoce la prohibición contenida en la ley penal, o por lo menos, ha podido conocerla, puede motivarse por ella y puede ser castigado como culpable de un hecho punible.
Es la GARANTÍA JURÍDICA DE LOS CIUDADANOS FRENTE AL PODER PUNITIVO ESTATAL.
Importancia principio de legalidad se recoge directamente en la Constitución. ART.
25,1 C) Principio de Culpabilidad Concepto de culpabilidad, triple significación: 1. Culpabilidad como fundamento de la pena. Cuestión de si procede imponer una pena al autor de un hecho típico y antijurídico. Para ello se exige la presencia de una serie de elementos capacidad de culpabilidad, conocimiento de la antijuricidad, exigibilidad de otra conducta distinta) que constituyen los elementos positivos específicos del concepto dogmático de culpabilidad. Basta la falta de cualquiera de estos elementos específicos de la culpabilidad para que no pueda imponerse una pena. Culpabilidad= Responsabilidad.
5 2. Culpabilidad como elemento de la determinación o medición de la pena.
Determinar cómo de la pena, su gravedad, su duración; en una palabra, la magnitud exacta que debe tener una pena cuya imposición ha sido ya fundamentada. Culpabilidad sobre todo limitadora.
3. Proscripción de la responsabilidad por el resultado, o responsabilidad puramente objetiva. El principio de culpabilidad impide la atribución a su autor de un resultado imprevisible, reduciendo las formas de imputación de un resultado al dolo y a la imprudencia.
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