derecho mercantil temas 1 6 8 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Mercantil
Año del apunte 2017
Páginas 85
Fecha de subida 09/06/2017
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TEMA 1: OBLIGACIONES Y CONTRATOS MERCANTILES La forma del Contrato Mercantil Concepto Es aquel que surge como instrumento necesario para regular las relaciones jurídicas a que da lugar la actividad profesional del empresario con los adquirientes de bienes y servicios en el mercado, ya sea con… - Otros empresarios o - Consumidores Ejemplos: compraventa mercantil, comisión, agencia, concesión, factoring, leasing, etc.
P.ej.: Cuando un empresario (sujeto mercantil) necesita crédito irá a captarlo a las entidades financieras el empresario deviene el adquirente de servicios y la entidad prestadora de servicios.
Fuentes normativas: La regulación legal del CM se encuentra en el CdC 1885 (p.ej. la compraventa. Arts. 325 y ss) y en Leyes especiales, p.ej.: - La ley 50/1980 de 8 de octubre del Contrato de Seguro - La Ley 12/1992 de 27 de mayo sobre Contrato de Agencia.
Sobre todo se regulan en leyes especiales (la regulación en el CdC es mínima), aunque hay algunos contratos mercantiles que no tienen regulación: - Contratos en el CdC: compraventa mercantil - Contratos en leyes especiales - Contratos atípicos: Leasing… Desde la UE a nivel legislativo, aunque lentamente, se tiene a la uniformización del régimen contractual mercantil en todo el EEE, p.ej.: - Legislación societaria - Normas contables u de auditoría - Legislación, control y supervisión de Bancos y Cías de seguros - Contratos de seguro único ¿? Movimiento “acordeón”: Codificación leyes especiales En la actualidad se tiende de nuevo a la codificación (hipotético código mercantil). A nivel europeo se tiende a uniformizar.
Especialidades Rég. Gral. Obligaciones Mercantiles (OOMM) Objetivación de las OOMM Los Contratos Mercantiles (CCMM) engendran OOMM y éstas tienden a la objetivación. Es decir, no tienen en cuenta la personalidad de las partes que en ellas intervienen sino que se centra, sobretodo, en la necesidad del exacto cumplimiento (mayor si cabe que en Dº Civil).
La clave de la obligación mercantil es el cumplimiento. P.ej. Solidaridad. (Todos responden de la totalidad de la deuda u obligación) El código civil presume la mancomunidad. El TS ha establecido que en Dº Mercantil la solidaridad de las obligaciones mercantiles por la necesidad de ofrecer las necesarias garantías a todas las OOBB (y porque forma parte del acerbo comercial de la UE) Esta doctrina del TS se opone a los art. 1137 y 1138 CC.
Plazo para el cumplimiento del pago Ppo general: autonomía de la voluntad: Art. 61 CdC Respecto a la interpretación del art. 61 CdC, en un caso de incumplimiento de contrato de compraventa mercantil de fruta., de dos empresas en la provincia de Lleida, la St TS de 14.11.1989 afirmó lo siguiente: Full1.
Dos ejemplos relacionados con el plazo de cumplimiento de las OOMM que recogen las dos ss Leyes: - Ej. Art.4 Ley 3/2004: El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de 30 días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.
- Ej.: Art. 17 Ley 7/1996: A falta de plazo expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago del precio de las mercancías que compren antes de 30 días a partir de la fecha de su entrega.
A pesar del ppo de autonomía de la voluntad, el mismo art. 13 Ley 7/1996 (nº 2 a 5) establece algunas limitaciones; p.ej.: en el 17.3 afirma: “los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de 30 días” Morosidad en el cumplimiento Régimen CC: Art. 100 CC: “Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.
No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista: 1º Cuando la obligación o la ley lo declaren expresamente…” Para que en derecho civil el deudor incurra en mora, por regla general, debe haber requerimiento, interpelación, por parte del acreedor. En derecho mercantil, a diferencia del régimen general del Dº Civil, los efectos de la mora se producen de forma automática al día siguiente del vencimiento de la obligación: si se trata de una obligación recíproca, la otra parte, obviamente, deberá haber cumplido.
En Dº Mercantil el deudor se halla en mora cuando su obligación está vencida y retrasa su cumplimento de forma culpable (no en sentido de actitud dolosa).
Art. 63 CdC: “los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las OOMM comenzarán: 1.- En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes o por la Ley: al día siguiente de su vencimiento” Ej. Art. 5 Ley 3/2004: Devengo nde intereses de demora “El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento, ni intimación alguna por parte del acreedor” Ej. Art. 6 Ley 3/2004. Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora: “El acreedor tendrá el Dº de intereses de demora cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales b) Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso” Ej.: Art. 7 Ley 3/2004: afirma: “1.- El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulta del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente 2.- [..] el tiempo de interés fijado por el BCE más 8 puntos […]” A pesar del ppo de autonomía de la voluntad, el tipo de interés de mora superior al del artículo anterior en función del % y de las circunstancias, puede considerarse abusivo (art. 9 Ley 3/2994) y por tanto, la cláusula que lo declara nulo.
La prescripción como causa de extinción Según el CdC la reclamación extrajudicial no interrumpe la prescripción mientras que en el CC sí que los hace, pero el TS, para no infringir el ppo de igualdad ante la Ley /art, 14 CE), está equiparando ambos regímenes, de forma que la reclamación extrajudicial, en las OOMM, sí interrumpiría la prescripción.
El TS ha declarado que tanto en el ámbito civil como en el mercantil la prescripción debe interpretarse restrictivamente.
Art. 1973 CC: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor” Art. 944 CdC: “La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las OO, o por la renovación de documento en que se funde el dº del acreedor”.
Vid. St TS de 8.3.2006 (RA 1074) Full 2.
[En cualquier caso en materia aseguradora, la reclamación extrajudicial del tomador es válida para interrumpir el plazo de prescripción Forma de proteger al perjudicado; ppo de protección del asegurado.] Se acaba aplicando el CC en cualquier materia del ámbito mercantil en relación a las reclamaciones extrajudiciales.
Art. 955 CdC: En los casos de guerra, epidemia oficialmente declarada o revolución, el Gobierno podrá, acordándolo en Consejo de Ministros y dando cuenta a las Cortes, suspender la acción de los plazos señalados por este Código para los efectos de las operaciones mercantiles, determinando los puntos o plazas donde estime conveniente la suspensión, cuando ésta no haya de ser general en todo el Reino. En el código Civil no existe tal norma Normas Generales sobre los CCMM La Forma del CM Ppo de libertad de forma La forma del negocio jurídico es en general el medio o el modo a través del cual se… Art. 51 CdC: “Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los CCMM, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se3 celebren, la clase a que correspondan … Art. 52: “se exceptuaran 1.- los contratos que con arreglo a este código o a las Leyes especiales deban reducirse a escritura i requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia. (*) 2.- Los contratos celebrados en país extranjero en que la Ley exija escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la Ley española. En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas no producirán obligación ni acción en Juicio”.
*Art. 20 del RD Leg 1/2010: La constitución de las sociedades de capital exigirá escritura pública, que deberá inscribirse en el RM.
El art. 11. Q Ley 7/1996 afirma: “Los contratos de compraventa q que se refiere la presente Ley (compraventa) no estarán sujetos a formalidad alguna […]” El art. 23 Ley 34/2002 regula la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica.
La prueba del CM Cualquiera de los medios que admite la LEC en los arts. 299 i 300 se admite como prueba del CM.
Además el art. 327 LEC admite que cuando hayan de utilizarse como medio de prueba los libros de los comerciantes estén dispuesta las leyes mercantiles, aunque de manera motivada y con carácter excepcional. PPo de secreto de la contabilidad.
Art. 11.2 Ley 7/1996: deberá expedir una factura, recibo u otro documento análogo, cuando la perfección del contrato no sea simultánea i el comprador tenga la facultad de desistir del contrato.
Art. 11.3 El comprador podrá exigir la entres de un doc en el que, al menos conste el objeto, el precio y la fecha del contrato.
El CdC no contiene ninguna disposición sobre el valor probatorio de la factura, es decir, el documento, que habitualmente la parte vendedora envía a la compradora y ene l que se describen las mercancía vendidas o los servicios prestados así como su importe.
La factura debería venir acompañada de un alabarán de recepción de mercancía firmado, ya que la primera s un documento unilateral.
Interpretación del CM Normas generales CC 1281 a 1289 57 y 59 CdC Se ocupa de la interpretación el juez según la demanda, la contestación y la prueba practicada.
El CM con cláusula penal Art. 56 CdC Se trata de una obligación alternativa. La pena, si existe fuerza mayor, no se debería de pagar.
STS 17/7/1985 (RA 4256) Una posibilidad es la cláusula penal pero también se puede garantizar el cumplimiento mediante un aval constituido como cláusula penal.
La contratación electrónica Un formato típico de contratación a distancia es hoy, claramente, la contratación electrónica.
Pues bien, respecto de la contratación a distancia de bienes o servicios por medios electrónicos, se debe tener en cuenta la normativa específica sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico que complementa la especial de contratación a distancia.
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, regula la contratación por vía electrónica o contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones, dejando expresamente vigentes las normas jurídicas reguladoras de los contratos y las protectoras de los consumidores, que además contiene otras normas que refuerzan la protección de los consumidores, normas basadas esencialmente en la información que el prestador del servicio debe proporcionar al destinatario consumidor, sin perjuicio de otras obligaciones informativas impuestas por distintas leyes ya que la información de los consumidores es esencial para que el consumidor preste un consentimiento contractual claro y reflexivo.
Cláusulas abusivas I. CONCEPTO Y NATURALEZA Las cláusulas abusivas se definen legalmente como todas aquellas cláusulas o estipulaciones no negociadas individualmente, y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
Esta es la definición que de las cláusulas abusivas proporciona el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para de Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
REGULACIÓN DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS Pues bien, esta legislación recoge una amplia regulación de las cláusulas abusivas, que las define en su artículo 82 en la forma anteriormente referida. Realiza además la ley una enumeración de las cláusulas que en todo caso han de ser consideradas abusivas, regula las consecuencias de la declaración de tal carácter y hace una exhaustiva relación de las cláusulas que pueden considerarse o han de considerarse abusivas dependiendo del caso ante el que nos encontremos. Así, el artículo 82 LGDCU, en su apartado cuarto indica que no obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90 LGDCU, ambos inclusive: a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario, b) limiten los derechos del consumidor y usuario, c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba, e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.
Los artículos 85 a 91 de la LGDCU, por su parte, indican qué cláusulas han de ser consideradas y declaradas abusivas.
Así, las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario serán abusivas y, en todo caso, las siguientes: 1. Las cláusulas que vinculen el contrato a la voluntad del empresario (art. 85 LGDCU). Entre ellas: - Las que reserven al empresario que contrata con el consumidor y usuario un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida.
- Las que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor y usuario no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al consumidor y usuario manifestar su voluntad de no prorrogarlo.
- Las que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos válidos especificados en el contrato.
- Las que autoricen al empresario a resolver anticipadamente un contrato de duración determinada, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad, o las que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación razonable.
- Las que determinen la vinculación incondicionada del consumidor y usuario al contrato aún cuando el empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones.
- Las que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.
- Las que supongan la supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del empresario para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al consumidor y usuario se le haya exigido un compromiso firme.
- Las que supongan la consignación de fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a la voluntad del empresario.
- Las que determinen la exclusión o limitación de la obligación del empresario de respetar los acuerdos o compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o supeditar sus compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades.
- Las que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio o las que otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas y sin reconocer al consumidor y usuario el derecho a resolver el contrato si el precio final resulta muy superior al inicialmente estipulado.
- Las cláusulas que supongan la concesión al empresario del derecho a determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato.
2. Las Cláusulas que limiten los derechos básicos del consumidor y usuario reconocidos por normas dispositivas o imperativas (art. 86 LGDCU). Entre dichos derechos: - La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor y usuario por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del empresario. En concreto, las normas legales sobre conformidad con el contrato de los bienes o servicios puestos a su disposición o limiten el derecho del consumidor y usuario a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por dicha falta de conformidad.
- La exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en el cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o por las lesiones causadas al consumidor y usuario por una acción u omisión de aquél.
- La liberación de responsabilidad del empresario por cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de éste.
- La privación o restricción al consumidor y usuario de las facultades de compensación de créditos, retención o consignación.
- La limitación o exclusión de la facultad del consumidor y usuario de resolver el contrato por incumplimiento del empresario.
- La imposición de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la operación.
- La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario.
3. Las Cláusulas que entrañen falta de reciprocidad, contraria a la buena fe, y en perjuicio del consumidor y usuario (art. 87 LGDCU). Entre ellas las que supongan: - La imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere cumplido los suyos.
- La retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario.
- La autorización al empresario para resolver el contrato discrecionalmente, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad.
- La posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo quien resuelva el contrato.
- Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los bienes o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva. Se exceptúa la facturación separada del inicio del servicio, cuando éste conlleve indisolublemente unido un coste para las empresas o los profesionales no repercutido en el precio, y se adecuen al servicio efectivamente prestado.
- Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia o el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos, así como la obstaculización al ejercicio de este derecho a través del procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean la imposición de formalidades distintas de las previstas para contratar o la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la atribución al empresario de la facultad de ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados.
4. Cláusulas sobre garantías que supongan (art. 88 LGDCU): - La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido, presumiéndose lo contrario cuando las garantías se ajusten a su normativa específica.
- La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y usuario en los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante.
- La imposición al consumidor de la carga de la prueba sobre el incumplimiento, total o parcial, del empresario proveedor a distancia de servicios financieros de las obligaciones impuestas por la normativa específica sobre la materia.
5. Cláusulas que afecten al perfeccionamiento y ejecución del contrato (art. 89 LGDCU), cuando: - Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato.
- La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables.
-La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario. En particular, en la compraventa de viviendas: a) La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación).
b) La estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del empresario o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación.
c) La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.
d) La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad.
- La imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados.
- Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresado con la debida claridad o separación.
- La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del empresario, con reenvío automático a procedimientos administrativos o judiciales de reclamación.
- La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.
- La previsión de pactos de renuncia o transacción respecto al derecho del consumidor y usuario a la elección de fedatario competente según la ley para autorizar el documento público en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato.
6. Cláusulas que sobre competencia y derecho aplicable (art. 90 LGDCU) establezcan: - La sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto específico.
- La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor y usuario, al lugar del cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentre el bien si éste fuera inmueble.
- La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor y usuario emita su declaración negocial o donde el empresario desarrolle la actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza.
7. Finalmente, en el art. 91 LGDCU, se exceptúa la aplicación de las cláusulas abusivas referidas a la modificación unilateral de los contratos, a la resolución anticipada de los contratos de duración indefinida y al incremento del precio de bienes y servicios; a los contratos relativos a valores, con independencia de su forma de representación, instrumentos financieros y otros bienes y servicios cuyo precio esté vinculado a una cotización, índice bursátil, o un tipo del mercado financiero que el empresario no controle, ni a los contratos de compraventa de divisas, cheques de viaje o giros postales internacionales en divisas.
Todas estas cláusulas o estipulaciones son reputadas nulas por el legislador.
Apunte sobre el Anteproyecto de Código Mercantil Las cartas de intenciones o Memorandum of Understanding (MOU) Términos que significan lo mismo. Es un documento que plasma la intención de hacer algo. Ej.: una empresa extranjera que quiere comprar una empresa española. En dicha Carta, A expresa la voluntad de comprar, por ejemplo, las acciones de X que pertenecen a B. Ambas partes se obligan recíprocamente a ciertas obligaciones, de forma que si una de ellas se desvincula, no se produce ningún efecto jurídico.
Una carta de intenciones es esencialmente un conjunto de puntos clave de un acuerdo entre dos partes que están negociando un contrato; es decir, la Carta de Intenciones es el acuerdo firmado antes del contrato final. En algunas operaciones complejas, las partes pueden desear llegar a un “acuerdo preliminar”, que puede o no ser de obligado cumplimiento, según las circunstancias y la legislación aplicable. Estos tipos de acuerdos pueden tomar la forma de una “Carta de Intenciones”, que también se conoce como “Memorándum de Entendimiento” o “Carta de Compromiso”.
Para su elaboración se pueden requerir una serie de informes sobre el estado financiero, judicial, fiscal, etc… de la sociedad, que por ejemplo, se puede estar intentando adquirir. Este procedimiento se articula precisamente a través de las cartas de intenciones. Se puede incluso realizar una auditoría para revisar los estados financieros o legales o establecer una clausula penal para garantizar el cumplimiento de los procesos adquiridos entre las partes.
En ocasiones estas cartas de intenciones son muy extensas, el tiempo y los costes que se emplean en su elaboración son importantes y no llegar a formalizar el negocio que tenían por objeto puede suponer una pérdida importante para la empresa que tenía intenciones de adquirir.
Los pactos parasociales, o acuerdos extra-estatutarios son acuerdos adoptados entre los socios (todos o algunos) de una sociedad con el objetivo de regular ciertos aspectos no establecidos estatutariamente, así como complementar o especificar las relaciones internas, legales o estatutarias por las que se rige ésta. El pacto parasocial tiene entre las partes contratantes la misma naturaleza jurídica de un contrato con fuerza de ley. Su eficacia se encuentra limitada a los socios suscriptores, incluida la sociedad si ha suscrito el pacto. Son pactos entre los socios de una sociedad. No oponibles a la sociedad.
TEMA 2: COMPRAVENTA MERCANTIL Y CONTRATOS AFINES La Compraventa mercantil Sirve para la circulación de los bienes y es instrumento de intercambio de dichos bienes por dinero.
Concepto: 1445 CC Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.
Regulación: 325 a 345 CdC Se pueden considerar mercantiles: - 325, 326.1 (cosas muebles) Artículo 325 Será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.
Artículo 326 No se reputarán mercantiles: 1.º Las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo se adquieren. - 326.1 y .4 (la cosa no tiene por qué ser mueble) 4.º La reventa que haga cualquier persona no comerciante del resto de los acopios que hizo para su consumo.
La jurisprudencia, con fundamento en el 326 excluye las ventad efectuadas por los empresarios a particulares y las de artesanos y agricultores/ganaderos (326.2 y .3) El régimen de la compraventa a consumidores se ha desplazado a normas especiales: - TRLGDCU y leyes complementarias - 7/96 de Ordenación del Comercio Minorista El contrato -consensual, se perfecciona con el mero consentimiento de las partes -con peculiaridades: Oferta pública de venta: 9.1 ley 7/96, consiste en la exposición de artículos en establecimientos comerciales que constituye a su titular en la obligación de proceder a su venta a favor de los demandantes que cumplan los requisitos de adquisición, atendiendo al orden temporal de las solicitudes. 3.2.8 Real decreto 1945/1983, de 22 de junio.
La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor o usuario y de expendedores o distribuidores, producidas de buena fe o conforme al uso establecido, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del vendedor o prestador habitual, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas St TSJ de Madrid de 5-10-2001 (práctica) Muestras: cuando la venta se pacta a determinada calidad de mercancía conocida por las partes (327 CdC) Si la venta se hiciere sobre muestras o determinando calidad conocida en el comercio, el comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados, si fueren conformes a las muestras o a la calidad prefijada en el contrato.
En el caso de que el comprador se negare a recibirlos, se nombrarán peritos por ambas partes, que decidirán si los géneros son o no de recibo.
Si los peritos declarasen ser de recibo, se estimará consumada la venta, y en el caso contrario, se rescindirá el contrato, sin perjuicio de la indemnización a que tenga derecho el comprador.
El comprador no compra para sí, compra para venderlo, por eso se trata de una compraventa mercantil.
 Ventas a ensayo (328 CdC) En las compras de géneros que no se tengan a la vista ni puedan clasificarse por una calidad determinada y conocida en el comercio, se entenderá que el comprador se reserva la facultad de examinarlos y de rescindir libremente el contrato si los géneros no le convinieren.
También tendrá el comprador el derecho de rescisión si por pacto expreso se hubiere reservado ensayar el género contratado.
Derecho de desistimiento (en materia de CYU) Se regula en los artículos 68 a 79 TRLGDCU; en los arts. 10 y 44 (ventas a distancia) de la ley 7/1996 y el art. 9 de la Ley 28/1998 de venta a plazos de bienes inmuebles.
El consumidor en determinados casos, puede desistir de la compra en un plazo determinado (cualquier compraventa, han de intervenir consumidores o usuarios).
Efectos del contrato Obligación de entrega: es la más importante del vendedor, si se trata de cosa determinada será esta y no otra, si son cosas genéricas el vendedor deberá entregar el tipo, calidad y cantidad pactados.
No es necesaria la entrega material, es suficiente (por parte del vendedor) con la puesta a disposición de la mercancía a favor del comprador. En la aduana del puerto de destino se despacha la mercancía.
El lugar es el pactado por las partes, en su defecto el domicilio del vendedor.
Plazo de entrega: art. 337 CdC Si no se hubiere estipulado el plazo para la entrega de las mercaderías vendidas, el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las veinticuatro horas siguientes al contrato.
Incumplimiento de la obligación de entrega arts. 329 y 33º CdC Artículo 329 Si el vendedor no entregare en el plazo estipulado los efectos vendidos, podrá el comprador pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, con indemnización, en uno y otro caso, de los perjuicios que se le hayan irrogado por la tardanza.
Artículo 330 En los contratos en que se pacte la entrega de una cantidad determinada de En los contratos en que se pacte la entrega de una cantidad determinada de mercaderías en un plazo fijo, no estará obligado el comprador a recibir una parte, ni aun bajo promesa de entregar el resto; pero si aceptare la entrega parcial, quedará consumada la venta en cuanto a los géneros recibidos, salvo el derecho del comprador a pedir por el resto el cumplimiento del contrato o su rescisión, con arreglo al artículo anterior. St. TS de 25-6-1999 (RA 5963) Los gastos de la entrega: Art. 338 CdC: gastos de entrega Los gastos de la entrega de los géneros en las ventas mercantiles serán de cargo del vendedor hasta ponerlos, pesados o medidos, a disposición del comprador, a no mediar pacto expreso en contrario.
Los de su recibo y extracción fuera del lugar de la entrega, serán de cuenta del comprador.
Art. 339 CdC: Puestas a disposición del comprador Puestas las mercaderías vendidas a disposición del comprador, y dándose éste por satisfecho, o depositándose aquéllas judicialmente en el caso previsto en el artículo 332, empezará para el comprador la obligación de pagar el precio al contado o en los plazos convenidos con el vendedor. art. 332 Una vez se rehúsa la mercancía sin justa causa puede procederse al depósito judicial. Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los efectos comprados, podrá el vendedor pedir el cumplimiento o rescisión del contrato, depositando judicialmente en el primer caso las mercaderías.
El mismo depósito judicial podrá constituir el vendedor siempre que el comprador demore hacerse cargo de las mercaderías.
Los gastos que origine el depósito serán de cuenta de quien hubiere dado motivo para constituirlo.
La obligación de garantía La obligación del vendedor incluye: 1. Saneamiento por evicción A tenor del 1475 CC se priva al comprador de la cosa por ST firme y en virtud de un dº anterior a la compra, no tiene gran trascendencia práctica en el derecho mercantil debido a en la protección del tercero adquirente de buena fe de cosas mueble (Art. 85 CdC y 464 CC) Art.
1475 CC: Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada.
El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato.
Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o suprimir esta obligación legal del vendedor.
Art. 464 CC: La posesión de los bienes muebles, adquirida de buena fe, equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá reivindicarla de quien la posea.
Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella.
Tampoco podrá el dueño de cosas empeñadas en los Montes de Piedad establecidos con autorización del Gobierno obtener la restitución, cualquiera que sea la persona que la hubiese empeñado, sin reintegrar antes al Establecimiento la cantidad del empeño y los intereses vencidos.
En cuanto a las adquiridas en Bolsa, feria o mercado, o de un comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará a lo que dispone el Código de Comercio.
Art. 85 CdC: La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público causará prescripción de derecho a favor del comprador respecto de mercaderías adquiridas, quedando a salvo, en su caso, los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente.
Para los efectos de esta prescripción, se reputarán almacenes o tiendas abiertas al público: 1.º. Los que establezcan los comerciantes inscritos.
2.º. Los que establezcan los comerciantes no inscritos, siempre que los almacenes o tiendas permanezcan abiertos al público por espacio de ocho días consecutivos, o se hayan anunciado por medio de rótulos, muestras o títulos en el local mismo, o por avisos repartidos al público o insertos en los diarios de la localidad.
2. Saneamiento por defectos y vicios ocultos Existe vicio cuando siendo idéntica a la cosa entregada a la que fue objeto de contrato, tiene algunas alteraciones anormales (p.ej.: conserva de mala calidad por culpa del transporte, vino agriado pro defecto del embotellado, etc.). En los vicios entra en juego el tema del seguro de la responsabilidad civil p.ej: zumo destinado a bebidas refrescantes que contenía bacteria. Existe defecto de calidad cuando no es idéntica la cosa contratada y la entregada (p.ej. combatible debía tener 102 octanos y el entregado 95, etc.) El art. 336 hace un tratamiento unitario de los vicios y defectos: El comprador que al tiempo de recibir las mercaderías las examinare a su contento, no tendrá acción de repetir contra el vendedor alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercaderías.
El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa o fraude.
En estos casos podrá el comprador optar por la rescisión del contrato o por su cumplimiento con arreglo a lo convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que se le hubieren causado por los defectos o faltas.
El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, que se haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador.
El TS no declara aplicable el plazo del art 336 si los defectos son de especial entidad (p.ej.: se apartan completamente la cosa entrega de la contratada o que hacen por completo inhábil la cosa p.ej.: caso horno de cal) por el contrario, afirma que no puede hablarse de la existencia de defectos si el comprador no especifica la calidad del producto ni controla su calidad. Los peritajes son realmente importantes.
Art. 342 CdC: Si se trata de vicios ocultos, el comprador, efectuada la denuncia en el plazo de 30 días indicados en el art. 342 CdC, podrá ejercitar, en 6 meses, las acciones reconocidas en el art. 1490 CC. El comprador que no haya hecho reclamación alguna fundada en los vicios internos de la cosa vendida, dentro de los treinta días siguientes a su entrega, perderá toda acción y derecho a repetir por esta causa contra el vendedor. Art. 1490 CC: precedentes <<relativas a saneamiento por vicios ocultos>> Modificación convencional del saneamiento por defectos y vicios ocultos Según la doctrina mayoritaria el régimen de la obligación de garantía por vicios no tiene carácter imperativo sino dispositivo, es decir, se puede modificar (ampliar o restringir) mediante pactos convencionales. Es habitual la modificación en p.ej.: venta de maquinaria, electrodomésticos, ciertos materiales (hilo). La cláusula de buen funcionamiento desea garantizar un determinado resultado (la pintura debe resistir xx ºC) (Podríamos resolver esto también a través de la venta a prueba o ensayo) exceptuando siempre los casos de culpa, p.ej. el manómetro no responde si se superan las xxx barias de presión, por mala instalación, falta de control, etc. Pago del precio Es la obligación fundamental del comprador, los requisitos del precio en la compraventa los regula el art. 1445 CC (verdadero, determinado y consistente en dinero o signo que lo represente). Art. 339 CdC Puestas las mercaderías vendidas a disposición del comprador, y dándose éste por satisfecho, o depositándose aquéllas judicialmente en el caso previsto en el artículo 332, empezará para el comprador la obligación de pagar el precio al contado o en los plazos convenidos con el vendedor.
Este se constituirá depositario de los efectos vendidos, y quedará obligado a su custodia y conservación según las Leyes del depósito. En la práctica se pacta el plazo de pago (por anticipado, al contado o a crédito) así como el medio de pago: transferencia, recibo domiciliado, pagaré, etc. (hay formas de garantizar el pago: seguro de crédito, factoring…) El art. 17.1 de la Ley 7/1996 establece una peculiaridad: A falta de plazo expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago del precio de las mercancías que compren antes de treinta días a partir de la fecha de su entrega. En perecederos no cabe pacto expreso. Plazo de prescripción del dº del vendedor al cobro del precio: 15 años (art. 943 CdC y 1964 CC) y 3 años si intervienen consumidores (art. 1967.4 CC) 943 CdC: Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio se regirán por las disposiciones del Derecho común. 1964 CC: La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción a los quince.
1967.4CC: 4.ª La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.
El incumplimiento de la obligación de recibir las mercancías lo regula el art. 332 CdC Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los efectos comprados, podrá el vendedor pedir el cumplimiento o rescisión del contrato, depositando judicialmente en el primer caso las mercaderías.
El mismo depósito judicial podrá constituir el vendedor siempre que el comprador demore hacerse cargo de las mercaderías.
Los gastos que origine el depósito serán de cuenta de quien hubiere dado motivo para constituirlo. El incumplimiento de la obligación de pagar el precio lo regulan los art. 340 y 341 CdC. 340 CdC: En tanto que los géneros vendidos estén en poder del vendedor, aunque sea en calidad de depósito, tendrá éste preferencia sobre ellos a cualquier otro acreedor, para obtener el pago del precio con los intereses ocasionados por la demora. Artículo 341 La demora en el pago del precio de la cosa comprada constituirá al comprador en la obligación de pagar el interés legal de la cantidad que adeude al vendedor.
Incumplimiento de la obligación de recibir las mercancías Art. 332 “depositando judicialmente en el 1er caso las mercancías” El incumplimiento de la obligación de pagar el precio Art. 340 y 341 CdC “Aunque sea en calidad de depósito, tendrá éste preferencia sobre ellos a cualquier otro acreedor” El incumplimiento del contrato de compraventa El abono de intereses de demora lo regula el art. 17.5 de la Ley 7/196 y el tipo de interés el art. 7 L 3/2004 (interés bce incrementado 8 puntos) 17.5 Ley 7/1996: 5. En cualquier caso, se producirá el devengo de intereses moratorios en forma automática a partir del día siguiente al señalado para el pago o, en defecto de pacto, a aquel en el cual debiera efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 1. En esos supuestos, el tipo aplicable para determinar la cuantía de los intereses será el previsto en el artículo 7 de la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, salvo que las partes hubieren acordado en el contrato un tipo distinto, que en ningún caso será inferior al señalado para el interés legal incrementado en un 50 por ciento. 7 Ley 3/2004: 1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente.
2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.
El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.
3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior.
El contrato de compraventa a plazos Dicho contrato se regula en la Ley 28/1998, de 13 de Julio, de Venta Plazos de Bienes Muebles. (CVPBM) A los contratos sujetos a esta Ley también se aplicará con carácter supletorio la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo Ley 28/998.
El carácter imperativo de esta norma se regula en su art. 14, al declarar: Se tendrán por no puestos los pactos, cláusulas y condiciones de los contratos regulados en la presente Ley que fuesen contrarios a sus preceptos o se dirijan a eludir su cumplimento. Ámbito de aplicación: Art.1: 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de los contratos de venta a plazos de bienes muebles corporales no consumibles e identificables, de los contratos de préstamo destinados a facilitar su adquisición y de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos.
2. A los efectos de esta Ley, se considerarán bienes identificables todos aquellos en los que conste la marca y número de serie o fabricación de forma indeleble o inseparable en una o varias de sus partes fundamentales, o que tengan alguna característica distintiva que excluya razonablemente su confusión con otros bienes.
Bienes identificables Art. 1.2 Concepto venta a plazos Art. 3.1 de forma total o parcialmente aplazada, en tiempo superior a tres meses A los efectos de esta Ley, se entenderá por venta a plazos el contrato mediante el cual una de las partes entrega a la otra una cosa mueble corporal y ésta se obliga a pagar por ella un precio cierto de forma total o parcialmente aplazada en tiempo superior a tres meses desde la perfección del mismo.
También se entenderán comprendidos en esta Ley los actos o contratos, cualquiera que sea su forma jurídica o la denominación que las partes les asignen, mediante las cuales las partes se propongan conseguir los mismos fines económicos que con la venta a plazos.
Notas características: - Exigencia escrita (art. 6.1) Cabe que el contrato sea objeto de publicidad registral, a través de la correspondiente inscripción en el RBM - El contenido obligatorio del contrato se regula en el art. 7 - La penalización por omisión o expresión inexacta de cláusulas obligatorias se regula en el art.8 Entre otras, las menciones obligatorias del contrato son las ss (art.7): 1. Lugar y fecha del contrato.
2. El nombre, apellidos, razón social y domicilio de las partes y, en los contratos de financiación, el nombre o razón social del financiador y su domicilio. Se hará constar también el número o código de identificación fiscal de los intervinientes.
3. La descripción del objeto vendido, con las características necesarias para facilitar su identificación.
4. El precio de venta al contado, el importe del desembolso inicial cuando exista, la parte que se aplaza y, en su caso, la parte financiada por un tercero. En los contratos de financiación constará el capital del préstamo.
5. Cuando se trate de operaciones con interés, fijo o variable, una relación del importe, el número y la periodicidad o las fecha de los pagos que debe realizar el comprador para el reembolso de los plazos o del crédito y el pago de los intereses y los demás gastos, así como el importe total de estos pagos cuando sea posible.
6. El tipo de interés nominal. En el supuesto de operaciones concertadas a interés variable se establecerá la fórmula para la determinación de aquél.
7. La indicación de la tasa anual equivalente definida en el artículo 32 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo. 8. La relación de elementos que componen el coste total del crédito, con excepción de los relativos al incumplimiento de las obligaciones contractuales, especificando cuáles se integran en el cálculo de la tasa anual equivalente.
8. Cuando se pacte, la cesión que de sus derechos frente al comprador realice el vendedor, subrogando a un tercero, y el nombre o razón social y domicilio de éste; o la reserva de la facultad de ceder a favor de persona aún no determinada, cuando así se pacte.
9. La cláusula de reserva de dominio, si así se pactara, así como el derecho de cesión de la misma o cualquier otra garantía de las previstas y reguladas en el ordenamiento jurídico.
10. La prohibición de enajenar o de realizar cualquier otro acto de disposición en tanto no se haya pagado la totalidad del precio o reembolsado el préstamo, sin la autorización por escrito del vendedor o, en su caso, del financiador.
El lugar establecido por las partes a efectos de notificaciones, requerimientos y emplazamientos Si no se consignara, las notificaciones, requerimientos y emplazamientos se efectuarán en el domicilio propio de cada obligado. También se hará constar un domicilio donde se verificará el pago.
La tasación del bien para que sirva de tipo, en su caso, a la subasta También podrá fijarse una tabla o índice referencial que permita calcular el valor del bien a los efectos de lo señalado en el artículo 16.
La facultad de desistimiento establecida en el artículo 9 Facultad de desistimiento establecida en el art.9: Dº de desistimiento El consumidor podrá desistir del contrato dentro de los 7 días hábiles ss a la entrega del bien, comunicándolo mediante carta certificada u otro medio… al vendedor y, en su caso, al financiador que se cumplan todo los requisitos siguientes: - No haber usado el bien vendido más que a efectos de simple examen o prueba - Devolverlo, dentro del plazo de 7 días, en el lugar, forma y estado en que lo recibió y libre de todo gasto para el vendedor. El deterioro de los embalajes, cuando fuese necesario para acceder al bien, no impedirá su devolución.
- Proceder, cuando así se haya pactado, a indemnizar al vendedor en la forma establecida contractualmente, por la eventual depreciación del bien. Dicha indemnización no podrá ser superior a la 5ª parte del precio de venta al contado.
- Si como consecuencia del ejercicio de este dº se resolviera el contrato de venta a plazos también se dará por resuelto el contrato de financiación al vendedor y, en tal caso, el financiador sólo podrá reclamar el pago a éste.
*Irrenunciabilidad: Este dº será irrenunciable, sin que la no constancia de tal cláusula en el contrato prive al comprador de la facultad de desistimiento. Excepción: en caso de adquisición de vehículos de motor susceptibles de matriculación podrá excluirse mediante pacto el dº de desistimiento, o modalizarse su ejercicio de forma distinta a lo previsto en esta Ley. Notas características de la compraventa a plazos: El pacto de reserva de domino de la cosa vendida a favor del vendedor (art. 7.10) es una cláusula tradicional, que se considera como la garantía más frecuente de la que dispone el vendedor para el pago del precio aplazado.
La reserva de domino la Ley no la considera una nota esencial del contrato sino una cláusula potestativa y sólo puede oponerse frente a un 3º si se ha incluido en el Registro de Bienes Muebles. Según el TS, dicha cláusula, aunque no esté inscrita en el Registro de BM, produce sus efectos en las relaciones entre comprador y vendedor aunque no, evidentemente, frente a 3º. Ese registro lo regula el art. 15.1 y 15.2 de la Ley 28/98: 1. Para que sean oponibles frente a terceros las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer que se inserten en los contratos sujetos a la presente Ley, será necesaria su inscripción en el Registro a que se refiere el párrafo siguiente. La inscripción se practicará sin necesidad de que conste en los contratos nota administrativa sobre su situación fiscal.
El Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles se llevará por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y se sujetará a las normas que dicte el Ministerio de Justicia.
2. A todos los efectos legales se presumirá que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo.
Igualmente se presumirá, salvo prueba en contrario, que los contratos inscritos son válidos.
Como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de bienes muebles o de derechos inscritos a nombre de persona o entidad determinada sin que, previamente, o a la vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. Si la demanda contradictoria del dominio inscrito va dirigida contra el titular registral, se entenderá implícita la demanda aludida en el inciso anterior. Incumplimiento del comprador: art. 10 Ley 28/98: 1. Si el comprador demora el pago de dos plazos o del último de ellos, el vendedor, sin perjuicio de lo que dispone el artículo siguiente, podrá optar entre exigir el pago de todos los plazos pendientes de abono o la resolución del contrato.
Cuando el vendedor optare por la resolución del contrato, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas. El vendedor o prestamista tendrá derecho: a) Al 10 por 100 de los plazos vencidos en concepto de indemnización por la tenencia de las cosas por el comprador.
b) A una cantidad igual al desembolso inicial, si existiera, por la depreciación comercial del objeto. Cuando no exista el desembolso inicial, o éste sea superior a la quinta parte del precio de venta al contado, la deducción se reducirá a esta última.
Por el deterioro de la cosa vendida, si lo hubiere, podrá exigir el vendedor, además, la indemnización que en derecho proceda.
2. La falta de pago de dos plazos o del último de ellos dará derecho al tercero que hubiere financiado la adquisición en los términos del artículo 4 para exigir el abono de la totalidad de los plazos que estuvieren pendientes, sin perjuicio de los derechos que le correspondan como cesionario del vendedor y de lo dispuesto en el artículo siguiente. Facultad moderadora de jueces y Tribunales, art. 11 Los Jueces y Tribunales, con carácter excepcional y por justas causas apreciadas discrecionalmente, tales como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios, podrán señalar nuevos plazos o alterar los convenidos, determinando, en su caso, el recargo en el precio por los nuevos aplazamientos de pago.
Igualmente, tendrán facultades moderadoras de las cláusulas penales pactadas para el caso de pago anticipado o incumplimiento por parte del comprador. 3. El contrato estimatorio (modalidad de compraventa) En virtud de este contrato, una persona (tradens) entrega a otra (accipiens) una cosa con el encargo de venderla y, en la época pactada, el consignatario tiene la obligación de entregar el precio señalado o restituir la cosa.
Este contrato consiente a un comerciante disponer de unas mercancías para poderlas vender sin tener que desembolsar su importe (como impondría una compraventa de las denominadas “en firme”).
El consignatario, o accipiens tiene la disponibilidad de las mercancías, aunque no sea propietario de ellas, lo que le permite venderlas por un precio superior al de adquisición, normalmente.
El accipiens está obligado alternativamente a: 1. Pagar al tradens el precio o 2. Devolver las mercancías que no haya vendido Si la mercancía se destruye por caso fortuito, el consignatario se verá obligado a pagar su precio.
%1 El contrato de suministro No está tipificado en el derecho privado, sí en la Admón pública, La diferencia con la compraventa es que en esta surge una prestación única dirigida a la entrega de la cosa, mientras que en el contrato de suministro son varias las prestaciones independientes que surgen: cosas genéricas (materias primas, energía eléctrica, gas… Es habitual: - Dejar a fijación de la entidad de cada prestación a la discreción del suministrado, dentro de un máximo y un mínimo.
- Pactar (a favor del suministrador la mayoría de las veces) una exclusiva en el suministro.
El precio se determina con referencia a cada prestación aislada o al conjunto de ellas, fijándose períodos de tiempo con cláusulas de revisión.
Exclusión: Prestaciones de servicios, el incumplimiento más habitual es el impago del precio por parte del suministrado.
Contrato de comisión Se regula en el 244 a 280 CdC.
Es un mandato en virtud del cual el mandatario (comisionista) se obliga a realizar o participar en un acto o contrato mercantil por cuenta de otra persona (comitente).
Se basa en la confianza, se celebra intiutu personae (excep. 261 CdC: posibilidad de emplear dependientes para ejecutar operaciones subalternas) El comisionista desempeñará por sí los encargos que reciba, y no podrá delegarlos sin previo consentimiento del comitente, a no estar de antemano autorizado para hacer la delegación; pero podrá, bajo su responsabilidad, emplear sus dependientes en aquellas operaciones subalternas que, según la costumbre general del comercio, se confían a operaciones subalternas que, según la costumbre general del comercio, se confían a éstos.
Artículo 262: Si el comisionista hubiere hecho delegación o sustitución con autorización del comitente, responderá de las gestiones del sustituto, si quedare a su elección la persona en quien había de delegar, y en caso contrario, cesará su responsabilidad.
Forma de actuación del comisionista (245) El comisionista podrá desempeñar la comisión contratando en nombre propio (246) o en el de su comitente (247).
Artículo 246: Cuando el comisionista contrate en nombre propio, no tendrá necesidad de declarar quién sea el comitente, y quedará obligado de un modo directo, como si el negocio fuese suyo, con las personas con quienes contratare, las cuales no tendrán acción contra el comitente, ni éste contra aquéllas, quedando a salvo siempre las que respectivamente correspondan al comitente y al comisionista entre sí.
Artículo 247: Si el comisionista contratare en nombre del comitente, deberá manifestarlo; y si el contrato fuere por escrito, expresarlo en el mismo en la antefirma, declarando el nombre, apellido y domicilio de dicho comitente.
En el caso prescrito en el párrafo anterior, el contrato y las acciones derivadas del mismo producirán su efecto entre el comitente y la persona o personas que contrataren con el comisionista; pero quedará éste obligado con las personas con quienes contrató, mientras no pruebe la comisión, si el comitente la negare, sin perjuicio de la obligación y acciones respectivas entre el comitente y el comisionista. Es un contrato consensual, se perfecciona por el mero consentimiento (249 CdC): Se entenderá aceptada la comisión siempre que el comisionista ejecute alguna gestión, en el desempeño del encargo que le hizo el comitente, que no se limite a la determinada en el párrafo segundo del artículo anterior. <<diligencia en la custodia y conservación>>.
Obligaciones del comisionista: Ejecución de la comisión 1º prestar la debida diligencia en la custodia y conservación de los efectos que el comitente le haya remitido (248,2).
2º cumplir la comisión aceptada, ahora bien, tiene la facultad de suspender esta ejecución hasta que no reciba la oportuna provisión de fondos, salvo que se hubiera comprometido a adelantarlos (art. 250,1).
3º El comisionista que sin causa legal no cumpla la comisión aceptada o empezada a evacuar, será responsable de todos los daños que por ello sobrevengan al comitente (252) 4º El comisionista que en el desempeño de su encargo se sujete a las instrucciones recibidas del comitente, quedará exento de toda responsabilidad para con él (art. 254).
5º en lo no previsto y prescrito expresamente por el comitente, deberá el comisionista consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio (255,1) 6º en ningún caso podrá el comisionista proceder contra disposición expresa del comitente, quedando responsable de todos los daños y perjuicios que por hacerlo le ocasionare (256,1).
Rendición de cuentas El comisionista estará obligado a rendir, con relación a sus libros, cuentas específicas y justificadas de las cantidades que percibió para la comisión, reintegrando al comitente, en el plazo y forma que éste le prescriba, del sobrante que resulte a su favor (263,1).
Caso de la llamada “comisión de garantía” Art. 272: Si el comisionista percibiere sobre una venta además de la comisión ordinaria, otra, llamada de garantía, correrán de su cuenta los riesgos de la cobranza, quedando obligado a satisfacer al comitente el producto de la venta en los mismos plazos pactados por el comprador.
En este caso el comisionista asume una responsabilidad igual a la que tiene el 3r contratante, de manera que si éste no cumple su obligación, el comitente puede dirigirse contra él o contra el comisionista exigiéndole el cumplimiento.
Prohibición de la autoentrada e incompatibilidad (del comisionista) El CdC atiende con desconfianza esta figura (para evitar que el comisionista anteponga su interés personal al del comitente), art. 267 CdC: Ningún comisionista comprará para sí ni para otro lo que se le haya mandado vender, ni venderá lo que se le haya encargado comprar, sin licencia del comitente.
Tampoco podrá alterar las marcas de los efectos que hubiere comprado o vendido por cuenta ajena. Art. 268: Los comisionistas no pueden tener efectos de una misma especie pertenecientes a distintos dueños, bajo una misma marca, sin distinguirlos por una contramarca que evite confusión y designe la propiedad respectiva de cada comitente.
Obligaciones del comitente: Pago de la comisión (art. 277) El comitente estará obligado a abonar al comisionista el premio de comisión, salvo pacto en contrario.
Faltando pacto expresivo de la cuota, se fijará ésta con arreglo al uso y práctica mercantil de la plaza donde se cumpliere la comisión. %2. Abono de gastos y desembolsos efectuados por el comisionista (art. 278) El comitente estará, asimismo, obligado a satisfacer al contado, al comisionista, mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos, con el interés legal desde el día en que los hubiere hecho hasta su total reintegro.
Derechos de retención y preferencia del comisionista (art. 276) Los efectos que se remitieren en consignación, se entenderán especialmente obligados al pago de los derechos de comisión, anticipaciones y gastos que el comisionista hubiere hecho por cuenta de su valor y producto.
Como consecuencia de esta obligación: 1.º Ningún comisionista podrá ser desposeído de los efectos que recibió en consignación, sin que previamente se le reembolse de sus anticipaciones, gastos y derechos de comisión.
2.º Por cuenta del producto de los mismos géneros deberá ser pagado el comisionista con preferencia a los demás acreedores del comitente, salvo lo dispuesto en el artículo 375.
Para gozar de la preferencia consignada en este artículo, será condición necesaria que los efectos estén en poder del consignatario o comisionista, o que se hallen a su disposición en depósito o almacén público, o que se haya verificado la expedición consignándola a su nombre, habiendo recibido el conocimiento, talón o carta de transporte firmada por el encargado de verificarlo.
- Derecho de retención - Derecho a ser pagado.
Extinción del contrato: Renuncia (248,1) En el caso de rehusar un comisionista el encargo que se le hiciere, estará obligado a comunicarlo al comitente por el medio más rápido posible, debiendo confirmarlo, en todo caso, por el correo más próximo al día en que recibió la comisión.
Revocación (279) El comitente podrá revocar la comisión conferida al comisionista, en cualquier estado del negocio, poniéndolo en su noticia, pero quedando siempre obligado a las resultas de las gestiones practicadas antes de haberle hecho saber la revocación.
Fallecimiento o inhabilitación del comisionista (280) El fallecimiento del comitente no provoca la extinción automática del contrato.
Por muerte del comisionista o su inhabilitación se rescindirá el contrato; pero por muerte o inhabilitación del comitente no se rescindirá, aunque pueden revocarlo sus representantes.
TEMA 3: CONTRATOS DE COLABORACIÓN El contrato de agencia Regulación legal El contrato de agencia lo regula la Ley 12/92 de 27 de mayo, sobre Contratos de Agencia, sus normas tienen carácter imperativo, a no ser que en ellas se disponga otra cosa (3.1 Ley 12/92) 1. En defecto de ley que les sea expresamente aplicable, las distintas modalidades del contrato de agencia, cualquiera que sea su denominación, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo a no ser que en ellos se disponga expresamente otra cosa.
Concepto Art. 1: Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones.
De este precepto es importante destacar: Agente: persona natural o jurídica, NO asume el riesgo.
Obligación continuada o estable NO son operaciones individuales.
Ejemplos: agencias de viajes, seguros.
Características a) Duración estable Esta característica lo distingue de la comisión, ya que esta tiene carácter esporádico.
b) tienen cierta independencia del principal, es decir, crean su propia organización. Pueden tener trabajadores propios. (Art.2) 1. No se considerarán agentes los representantes y viajantes de comercio dependientes ni, en general, las personas que se encuentren vinculadas por una relación laboral, sea común o especial, con el empresario por cuya cuenta actúan.
2. Se presumirá que existe dependencia cuando quien se dedique a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, no pueda organizar su actividad profesional ni el tiempo dedicado a la misma conforme a sus propios criterios. c) El agente no asume el riesgo de las operaciones. Podrá garantizar su cumplimiento como en el caso de la comisión de garantía. (Art. 19).
El pacto por cuya virtud el agente asuma el riesgo y ventura de uno, de varios o de la totalidad de los actos u operaciones promovidos o concluidos por cuenta de un empresario, será nulo si no consta por escrito y con expresión de la comisión a percibir.
El hecho de no asumir el riesgo de la operación distingue el contrato de agencia del de concesión. En éste, el concesionario contrata con los terceros en nombre y por cuenta propia, de forma que opera bajo su propio riesgo y la reventa de los productos adquiridos pesa sobre su propio patrimonio.
d) Contrato bilateral y oneroso, ya que la actividad debe ser remunerada (art. 11); es consensual pero deberá formalizarse por escrito.
1. La remuneración del agente consistirá en una cantidad fija, en una comisión o en una combinación de los dos sistemas anteriores. En defecto de pacto, la retribución se fijará de acuerdo con los usos de comercio del lugar donde el agente ejerza su actividad. Si éstos no existieran, percibirá el agente la retribución que fuera razonable teniendo en cuenta las circunstancias que hayan concurrido en la operación.
2. Se reputa comisión cualquier elemento de la remuneración que sea variable según el volumen o el valor de los actos u operaciones promovidos, y, en su caso, concluidos por el agente.
3. Cuando el agente sea retribuido total o parcialmente mediante comisión, se observará lo establecido en los artículos siguientes de esta sección. 6.4 Remuneración - cantidad fija, comisión o combinación de ambos.
- fijada de acuerdo con los usos, en defecto de pacto.
- a falta de usos, percibirá una retribución razonable.
- Comisión: remuneración variable según volumen o valor de los actos o promociones promovidos, y en su caso, concluidos por el agente. Regulación de la comisión: art. 12 a 19.
Artículo 12 Comisión por actos u operaciones concluidos durante la vigencia del contrato de agencia 1. Por los actos y operaciones que se hayan concluido durante la vigencia del contrato de agencia, el agente tendrá derecho a la comisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que el acto u operación de comercio se hayan concluido como consecuencia de la intervención profesional del agente.
b) Que el acto u operación de comercio se hayan concluido con una persona respecto de la cual el agente hubiera promovido y, en su caso, concluido con anterioridad un acto u operación de naturaleza análoga.
2. Cuando el agente tuviera la exclusiva para una zona geográfica o para un grupo determinado de personas, tendrá derecho a la comisión, siempre que el acto u operación de comercio se concluyan durante la vigencia del contrato de agencia con persona perteneciente a dicha zona o grupo, aunque el acto u operación no hayan sido promovidos ni concluidos por el agente.
Artículo 13 Comisión por actos u operaciones concluidos con posterioridad a la extinción del contrato de agencia 1. Por los actos u operaciones de comercio que se hayan concluido después de la terminación del contrato de agencia, el agente tendrá derecho a la comisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que el acto u operación se deban principalmente a la actividad desarrollada por el agente durante la vigencia del contrato, siempre que se hubieran concluido dentro de los tres meses siguientes a partir de la extinción de dicho contrato.
b) Que el empresario o el agente hayan recibido el encargo o pedido antes de la extinción del contrato de agencia, siempre que el agente hubiera tenido derecho a percibir la comisión de haberse concluido el acto u operación de comercio durante la vigencia del contrato.
2. El agente no tendrá derecho a la comisión por los actos u operaciones concluidos durante la vigencia del contrato de agencia, si dicha comisión correspondiera a un agente anterior, salvo que, en atención a las circunstancias concurrentes, fuese equitativo distribuir la comisión entre ambos agentes.
Artículo 14 Devengo de la comisión La comisión se devengará en el momento en que el empresario hubiera ejecutado o hubiera debido ejecutar el acto u operación de comercio, o éstos hubieran sido ejecutados total o parcialmente por el tercero.
Artículo 15 Derecho de información del agente 1. El empresario entregará al agente una relación de las comisiones devengadas por cada acto u operación, el último día del mes siguiente al trimestre natural en que se hubieran devengado, en defecto de pacto que establezca un plazo inferior. En la relación se consignarán los elementos esenciales en base a los que haya sido calculado el importe de las comisiones.
2. El agente tendrá derecho a exigir la exhibición de la contabilidad del empresario en los particulares necesarios para verificar todo lo relativo a las comisiones que le correspondan y en la forma prevenida en el Código de Comercio. Igualmente, tendrá derecho a que se le proporcionen las informaciones de que disponga el empresario y que sean necesarias para verificar su cuantía.
Artículo 16 Pago de la comisión La comisión se pagará no más tarde del último día del mes siguiente al trimestre natural en el que se hubiere devengado, salvo que se hubiere pactado pagarla en un plazo inferior.
Artículo 17 Pérdida del derecho a la comisión El agente perderá el derecho a la comisión si el empresario prueba que el acto u operaciones concluidas por intermediación de aquél entre éste y el tercero no han sido ejecutados por circunstancias no imputables al empresario. En tal caso, la comisión que hubiera percibido el agente a cuenta del acto u operación pendiente de ejecución, deberá ser restituida inmediatamente al empresario.
Artículo 18 Rembolso de gastos Salvo pacto en contrario, el agente no tendrá derecho al reembolso de los gastos que le hubiera originado el ejercicio de su actividad profesional.
Artículo 19 Garantía de las operaciones a cargo del agente El pacto por cuya virtud el agente asuma el riesgo y ventura de uno, de varios o de la totalidad de los actos u operaciones promovidos o concluidos por cuenta de un empresario, será nulo si no consta por escrito y con expresión de la comisión a percibir. 6.5 Formalización por escrito Cada una de las partes podrá exigir de la otra, en cualquier momento, la formalización por escrito del contrato de agencia, en el que se harán constar las modificaciones que, en su caso, se hubieran introducido en el mismo.
Contenido del contrato El art. 5 Ley 12/92 regula el ejercicio de la agencia (recordamos que el agente no tiene una relación laboral con el empresario para el que actúa).
1. El agente deberá realizar, por sí mismo o por medio de sus dependientes, la promoción y, en su caso, la conclusión de los actos u operaciones de comercio que se le hubieren encomendado.
2. La actuación por medio de subagentes requerirá autorización expresa del empresario.
Cuando el agente designe la persona del subagente responderá de su gestión. Un subagente no es un dependiente (unidos al agente por una relación laboral), el subagente tiene una relación mercantil con el agente.
Art. 7 regula la actuación por cuenta de varios empresarios Salvo pacto en contrario, el agente puede desarrollar su actividad profesional por cuenta de varios empresarios. En todo caso, necesitará el consentimiento del empresario con quien haya celebrado un contrato de agencia para ejercer por su propia cuenta o por cuenta de otro empresario una actividad profesional relacionada con bienes o servicios que sean de igual o análoga naturaleza y concurrentes o competitivos con aquellos cuya contratación se hubiera obligado a promover.
Ejemplo: una agencia de seguros que desarrolla la actividad profesional para una empresa de seguros de salud, otra de automóviles, otra de hogar etc.
Obligaciones Las obligaciones del agente se enumeran en el art. 9 y las del empresario en el 10.
Obligaciones del agente, y por tanto, derechos del empresario: 1. En el ejercicio de su actividad profesional, el agente deberá actuar lealmente y de buena fe, velando por los intereses del empresario o empresarios por cuya cuenta actúe.
2. En particular, el agente deberá: a) Ocuparse con la diligencia de un ordenado comerciante de la promoción y, en su caso, de la conclusión de los actos u operaciones que se le hubieren encomendado.
b) Comunicar al empresario toda la información de que disponga, cuando sea necesaria para la buena gestión de los actos u operaciones cuya promoción y, en su caso, conclusión, se le hubiere encomendado, así como, en particular, la relativa a la solvencia de los terceros con los que existan operaciones pendientes de conclusión o ejecución.
c) Desarrollar su actividad con arreglo a las instrucciones razonables recibidas del empresario, siempre que no afecten a su independencia.
d) Recibir en nombre del empresario cualquier clase de reclamaciones de terceros sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de los bienes vendidos y de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas, aunque no las hubiera concluido.
e) Llevar una contabilidad independiente de los actos u operaciones relativos a cada empresario por cuya cuenta actúe.
Salvo pacto en contrario, el agente no tendrá derecho al reembolso de los gastos que le hubiera originado el ejercicio de su actividad profesional (art. 18). Obligaciones del empresario, y por tanto, derechos del agente: 1. En sus relaciones con el agente, el empresario deberá actuar lealmente y de buena fe.
2. En particular, el empresario deberá: a) Poner a disposición del agente, con antelación suficiente y en cantidad apropiada, los muestrarios, catálogos, tarifas y demás documentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional.
b) Procurar al agente todas las informaciones necesarias para la ejecución del contrato de agencia y, en particular, advertirle, desde que tenga noticia de ello, cuando prevea que el volumen de los actos u operaciones va a ser sensiblemente inferior al que el agente hubiera podido esperar.
c) Satisfacer la remuneración pactada.
3. Dentro del plazo de quince días, el empresario deberá comunicar, al agente la aceptación o el rechazo de la operación comunicada. Asimismo deberá comunicar al agente, dentro del plazo más breve posible, habida cuenta de la naturaleza de la operación, la ejecución, ejecución parcial o falta de ejecución de ésta. Limitaciones contractuales de la competencia: (art. 20) 1. Entre las estipulaciones del contrato de agencia, las partes podrán incluir una restricción o limitación de las actividades profesionales a desarrollar por el agente una vez extinguido dicho contrato.
2. El pacto de limitación de la competencia no podrá tener una duración superior a dos años a contar desde la extinción del contrato de agencia. Si el contrato de agencia se hubiere pactado por un tiempo menor, el pacto de limitación de la competencia no podrá tener una duración superior a un año. IMPORTANTE: No hay “salvo pacto en contrario” Duración del contrato: (art. 23) El contrato de agencia podrá pactarse por tiempo determinado o indefinido. Si no se hubiera fijado una duración determinada, se entenderá que el contrato ha sido pactado por tiempo indefinido.
Extinción del contrato por tiempo determinado (art. 24) 1. El contrato de agencia convenido por tiempo determinado, se extinguirá por cumplimiento del término pactado.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los contratos de agencia por tiempo determinado que continúen siendo ejecutados por ambas partes después de transcurrido el plazo inicialmente previsto, se considerarán transformados en contratos de duración indefinida. Extinción del contrato por tiempo indefinido (art.25) 1. El contrato de agencia de duración indefinida, se extinguirá por la denuncia unilateral de cualquiera de las partes mediante preaviso por escrito.
2. El plazo de preaviso será de un mes para cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis meses. Si el contrato de agencia hubiera estado vigente por tiempo inferior a un año, el plazo de preaviso será de un mes.
3. Las partes podrán pactar mayores plazos de preaviso, sin que el plazo para el preaviso del agente pueda ser inferior, en ningún caso, al establecido para el preaviso del empresario.
4. Salvo pacto en contrario el final del plazo de preaviso coincidirá con el último día del mes.
5. Para la determinación del plazo de preaviso de los contratos por tiempo determinado que se hubieren transformado por ministerio de la ley en contratos de duración indefinida, se computará la duración que hubiera tenido el contrato por tiempo determinado, añadiendo a la misma el tiempo transcurrido desde que se produjo la transformación en contrato de duración indefinida. Causas comunes de extinción 1. Cada una de las partes de un contrato de agencia pactado por tiempo determinado o indefinido podrá dar por finalizado el contrato en cualquier momento, sin necesidad de preaviso, en los siguientes casos: a) Cuando la otra parte hubiere incumplido, total o parcialmente, las obligaciones legal o contractualmente establecidas.
b) Cuando la otra parte hubiere sido declarada en concurso.
2. En tales casos se entenderá que el contrato finaliza a la recepción de la notificación escrita en la que conste la voluntad de darlo por extinguido y la causa de la extinción. Extinción por causa de muerte: Art. 27 El contrato de agencia se extinguirá por muerte o declaración de fallecimiento del agente. No se extinguirá por muerte o declaración de fallecimiento del empresario, aunque puedan denunciarlo sus sucesores en la empresa con el preaviso que proceda.
Indemnizaciones contempladas en la Ley: Art. 28 por clientela 1. Cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran.
2. El derecho a la indemnización por clientela existe también en el caso de que el contrato se extinga por muerte o declaración de fallecimiento del agente.
3. La indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior. Art. 29 por daños y perjuicios Sin perjuicio de la indemnización por clientela, el empresario que denuncie unilateralmente el contrato de agencia de duración indefinida, vendrá obligado a indemnizar los daños y perjuicios que, en su caso, la extinción anticipada haya causado al agente, siempre que la misma no permita la amortización de los gastos que el agente, instruido por el empresario, haya realizado para la ejecución del contrato.
(Hay que probarlos) Excepciones: incumplimiento por parte del agente de alguna de sus obligaciones.
La STS de 28.09.2007 y de 13.02.2009 sostienen que la indemnización resultante de la aplicación del art. 29 Ley 12/92 y la del art. 1101 CC son compatibles (Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.) La responsabilidad extracontractual la regula el 1902 CC.
Art. 30 inexistencia del derecho a la indemnización El agente no tendrá derecho a la indemnización por clientela o de daños y perjuicios: a) Cuando el empresario hubiese extinguido el contrato por causa de incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente.
b) Cuando el agente hubiese denunciado el contrato, salvo que la denuncia tuviera como causa circunstancias imputables al empresario, o se fundara en la edad, la invalidez o la enfermedad del agente y no pudiera exigírsele razonablemente la continuidad de sus actividades.
c) Cuando, con el consentimiento del empresario, el agente hubiese cedido a un tercero los derechos y las obligaciones de que era titular en virtud del contrato de agencia. Art. 31 prescripción La acción para reclamar la indemnización por clientela o la indemnización de daños y perjuicios prescribirá al año a contar desde la extinción del contrato.
Contrato de concesión Concepto El empresario (concesionario) se compromete a adquirir de otro (concedente) productos, normalmente de una marca concreta y en determinadas condiciones entre las que se puede encontrar el operar en exclusiva en una determinada zona, para revenderlos y prestar a los compradores de estos productos determinada asistencia técnica una vez realizada la venta.
El concesionario es un revendedor, actúa en nombre y por cuenta propia, bajo su propio riesgo por ser dueño de la mercancía que revende.
Este contrato sirve de mecanismo de distribución de los productos del concedente, que puede realizarse de una for ma más o menos integrada entre los dos empresarios, existiendo habitualmente exclusiva para ellos.
Ventajas: 1º facilita la promoción de la venta de un producto 2º racionalización de la distribución 3º Aseguran la continuidad del abastecimiento de estos productos, de otros auxiliares, de sus piezas de repuesto y de un servicio postventa.
Naturaleza jurídica La estabilidad y duración del contrato de concesión le alejan del contrato de comisión y le acercan al de agencia, pero la actuación del concesionario en nombre y por cuenta propia (adquiriendo los productos del concedente que revende en exclusiva), impiden su identificación con dicho contrato de agencia, sin que deba llevar a confusión el hecho de que al distribuidor, en el contrato suscrito por las partes, se le denomine en ocasiones “agente”.
Contenido Bilateral, da lugar a una relación jurídica de cierta duración y que se nutre del elemento de la confianza entre las partes (intuitu personae).
Obligaciones de las partes (no siempre) 1º El concesionario se obliga a comprar, durante un cierto tiempo, un num mínimo de productos o unidades al concedente, pudiendo pactarse el mantenimiento de unos stocks mínimos junto con un adecuado servicio postventa.
2º el concedente se obliga a suministrar al concesionario los productos en términos pactados, puede existir una cláusula de exclusiva a su cargo, con un alcance geográfico determinado.
3º si el concedente es además de fabricante habitualmente ofrece una garantía (independiente del lugar de adquisición del bien).
El contrato se extinguirá por las causas previstas en el propio contrato (habitualmente de manera minuciosa) y, en la práctica, existe frecuente litigiosidad debido a que el concesionario en ocasiones cree que dicha extinción le produce graves daños y perjuicios por las inversiones que ha realizado para su ejecución.
Contrato de franquicia Fuentes reguladoras 1º el art 62 Ley 7/96 enuncia la regulación del régimen de franquicia.
1. La actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios.
2. Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar en territorio español la actividad de franquiciadores a que se refiere el apartado anterior, deberán comunicar el inicio de su actividad en el plazo de tres meses desde su inicio al Registro de Franquiciadores, que recogerá los datos que reglamentariamente se establezcan.
Las empresas de terceros países, no establecidas en España, que pretendan desarrollar en España la actividad de franquiciadores, lo comunicarán directamente al Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de tres meses desde su inicio.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informará a las Comunidades Autónomas de las empresas franquiciadoras registradas.
Del mismo modo, las Comunidades Autónomas comunicarán al Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las modificaciones que se produzcan en el registro autonómico correspondiente. 3. Asimismo, con una antelación mínima de veinte días a la firma de cualquier contrato o precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado por escrito la información necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia y, en especial, los datos principales de identificación del franquiciador, descripción del sector de actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y características de la franquicia y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos esenciales del acuerdo de franquicia.
Reglamentariamente se establecerán las demás condiciones básicas para la actividad de cesión de franquicias.
- dos partes jurídica y económicamente independientes - derecho a utilizar bajo determinadas condiciones de control, por tiempo y zona determinados, una técnica en la act. Industrial o de prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por éste de una contraprestación económica (parte de la doctrina lo considera una “escisión” del contrato de concesión).
2º RD 201/2010 se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.
El franquiciador consiente al franquiciado el uso, dentro de los términos pactados de sus signos distintivos, rótulo de su establecimiento y/o marca de sus productos.
Forma: debe redactarse por escrito Contenido del contrato 1º el franquiciador está obligado a ceder la explotación de la franquicia y comercializar determinados productos con su know how.
El franquiciado, además de obligarse a realizar con la diligencia debida la actividad precisa para la explotación de la franquicia, se obliga a pagar al franquiciador la contraprestación convenida.
Extinción - Causas previstas en el contrato y en especial por el transcurso del plazo pactado, aunque puede pactarse por tiempo indefinido.
- Derecho de indemnización: si la resolución se produce antes del plazo pactado y sin preaviso de al menos 3 meses.
- Extinguido el contrato, el franquiciado debe abstenerse de usar los signos distintivos de la franquicia y a cesar en la actividad objeto del contrato que efectuaba.
TEMA 4: CONTRATO DE DEPÓSITO Y DE TRANSPORTE Contrato de depósito Concepto y naturaleza El Código de Comercio regula el contrato de depósito mercantil dentro del Título IV del Libro II, dedicado a los "Contratos especiales del comercio" en los artículos 303 y siguientes, pero no da una definición de lo que es el depósito, lo que sí hace el Código Civil (aplicable supletoriamente) en el artículo 1758 cuando dice que "se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla", siendo una nota de carácter esencial según el artículo 1761 que esa cosa ajena que se recibe sea cosa mueble, es decir, que el depósito definido por el Código Civil solamente puede tener por objeto cosas muebles. Además de ese contrato de depósito al que se refiere el Título IV del Libro II el propio Código de Comercio recoge otros dos tipos específicos de depósitos mercantiles, como son el que se realiza en las Compañías Generales de Almacenes de Depósito, que regula en los artículos 193 y siguientes dentro del título dedicado a las "Compañías mercantiles"; y el de los depósitos bancarios, a los que se refiere de forma fragmentaria cuando recoge las "reglas especiales de las compañías de crédito" y regula los "bancos de emisión y descuento". El depósito es para la mayor parte de la doctrina un contrato de naturaleza real, que se perfecciona con la entrega de la cosa. Es por ello que el artículo 305 del Código de Comercio dice que "el depósito quedará constituido mediante la entrega, al depositario, de la cosa que constituya su objeto", lo que no es más que el traslado del artículo 1758 del Código Civil"se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla". Sin embargo algunos autores consideran que lo único que se produce es una coincidencia de carácter temporal entre la entrega de la cosa y la perfección, de manera que no se trataría de un auténtico contrato real. En todo caso su constitución no está sometida a requisito especial de forma.
El hecho de que el Código de Comercio no defina el depósito no es nada especial, lo mismo sucede con otros contratos como la compraventa o el préstamo, en los que se limita a decir cuándo se puede considerar un contrato mercantil por oposición al civil, regulado por el código Civil (que es en todo caso supletorio). Las normas contenidas en uno y otro texto legal tienen naturaleza dispositiva, aunque el artículo 310 del Código de Comercio dice que los depósitos verificados en los bancos, en los almacenes generales, en las sociedades de crédito o en otras cualesquiera compañías, se regirán en primer lugar por los estatutos de las mismas; en segundo, por las prescripciones del Código, y últimamente, por las reglas del Derecho común, que son aplicables a todos los depósitos.
A la hora de calificar un contrato de depósito como mercantil o de someterlo a las normas mercantiles, el Código de Comercio sigue dos criterios, el primero de carácter general recogido en el artículo 2 conforme al cual "los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y a falta de ambas reglas, por las del Derecho común. Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga". Y el segundo de carácter especial, al señalar el artículo 303 del Código de Comercio que "para que el depósito sea mercantil se requiere: 1º) Que el depositario, al menos, sea comerciante. 2º) Que las cosas depositadas sean objeto de comercio. 3º) Que el depósito constituya por sí una operación mercantil, o se haga como causa o a consecuencia de operaciones mercantiles". Se ha de tener en cuenta que no es necesaria la concurrencia de los tres requisitos fijados en el artículo 303 para que un contrato de depósito pueda ser calificado como mercantil, bastando para la calificación que el depósito se haya constituido ante empresario y que traiga causa o sea consecuencia de operaciones mercantiles.
Además de ser considerado comúnmente como contrato real conforme a lo visto, se trata, en principio, de contrato oneroso. En el Código de Comercio se presume su carácter de contrato oneroso al decir el artículo 304 que "el depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito, a no mediar pacto expreso en contrario. Si las partes contratantes no hubieren fijado la cuota de la retribución, se regulará según los usos de la plaza en que el depósito se hubiere constituido". En esto difiere del depósito civil que en el artículo 1760 dice que "el depósito es un contrato gratuito, salvo pacto en contrario".
RELACIÓN DEL DEPÓSITO MERCANTIL CON OTROS CONTRATOS La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1998 cita la de la misma sala de 10 de junio de 1987 señalando que se ha de distinguir el contrato de depósito, propiamente dicho, que no tiene otra finalidad que la guardia y custodia de bienes a disposición del depositante, de otros contratos en los que, entre otras prestaciones, se encuentra el deber de custodia, cuya naturaleza jurídica es diferente y cuyas consecuencias en orden al cumplimiento, admiten matizaciones del deber que corresponde al depositario. Se examinaba en esa ocasión un contrato de transporte marítimo, resultando que la obligación de custodia que se establece a cargo del transportista forma parte del conjunto de cláusulas de un contrato perfectamente tipificado como de transporte, que no se convierte una vez depositadas las mercancías en tierra en un contrato de depósito mercantil. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1983 examina los casos en los que se conjugan en una sola relación contractual un conjunto de prestaciones que separadamente consideradas formarían otros tantos contratos típicos, diciendo que las cuestiones acerca de la unidad o pluralidad de contratos se han de resolver desde la óptica de la causa por ser la diversidad de éstas la que introduce la correlativa pluralidad de contratos mientras que bajo una causa única puede acogerse una multiplicidad de prestaciones heterogéneas sin que ese dato fraccione el contrato único, lo que conduce por ejemplo a la afirmación de la unidad del contrato de transporte marítimo acogiendo las fases iniciales y finales a calidad de accesorias. En definitiva, que se ha de estar a la causa del contrato, de manera que identificada como única también única ha de ser su regulación. Se fija esta sentencia en el aspecto subjetivo, de los que contratan, para atender a la naturaleza del contrato, ya que existiendo empresas independientes que se encargan de cada uno de los aspectos se podría mantener la autonomía de cada uno de los tipos contractuales llegando a la combinación de todos ellos.
El propio Código de Comercio, en el artículo 309, trata de distinguir este contrato de otros con los que presenta coincidencias, diciendo que "siempre que, con asentimiento del depositante, dispusiere el depositario de las cosas que fueren objeto de depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquél le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propios del depositante y depositario, y se observarán las reglas y disposiciones aplicables al préstamo mercantil, a la comisión o al contrato que en sustitución del depósito hubieren celebrado".
CLASES DE DEPÓSITO MERCANTIL Se habla en primer lugar del depósito ordinario, que sería el regulado en Título IV del Libro II del Código de Comercio, al que nos estamos refiriendo, y depósitos especiales, que aparecerían constituidos en las Compañías Generales de Almacenes de Depósito y en lo que el Código de Comercio llama "Compañías de Crédito" o "Bancos de Emisión y Descuento", en definitiva los depósitos bancarios.
Desde otro punto de vista y atendiendo a la naturaleza de las cosas que son depositadas, solamente muebles conforme a lo dicho anteriormente, se pude hablar de depósito de bienes fungibles y no fungibles, atendiendo a la clasificación del artículo 337 del Código Civil, según la cual "los bienes muebles son fungibles o no fungibles. A la primera especie pertenecen aquellos de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás". Y dentro del depósito de bienes fungibles se distingue entre el irregular y el regular, que se diferencian en tanto en el depósito irregular no se mantiene la individualidad de los bienes depositados, mientras que en el regular, a pesar de recaer sobre bienes fungibles, se mantiene esa individualidad. El contenido del contrato de depósito no se ve alterado por el hecho de que los bienes depositados se consuman con su uso adecuado, es decir, por ser fungibles, incluso en el caso de que tenga por objeto el bien más fungible, el dinero, ya que el depositario debe devolver el bien que recibió y no otro por más que sea la misma cantidad y moneda, no pudiendo tampoco usar lo depositado. En el caso de que las partes acuerden otra cosa en el ejercicio de la autonomía de la voluntad (recuérdese el carácter dispositivo) lo que sucede es que varía la naturaleza de la relación jurídica, siendo en ese caso de aplicación el citado artículo 309 del Código de Comercio, semejante al artículo 1768 del Código Civil: "el contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en préstamo o comodato". Ahora bien, no por ello desaparece el depósito sino que se convierte en irregular, que se distinguiría del depósito regular por la transmisión de la propiedad de la cosa depositada y la obligación de devolución de una cosa de la misma calidad y especie; y se distinguiría del préstamo por la finalidad de custodia y por el hecho de que generalmente no existe plazo para la devolución de la cosa entregada. Existen autores, no obstante, que niegan la existencia de depósito irregular de dinero y dicen que, sin más, se trata de préstamo. En todo caso, estos depósitos se constituyen en dinero y coinciden con los que antes hemos llamado depósitos bancarios, objeto de regulación específica frente al supuesto general aquí tratado.
Por los concretos bienes que son objeto del depósito se habla de los de títulos, valores, efectos o dinero, pudiendo distinguirse finalmente dentro de éstos últimos los que se realizan con especificación de monedas o sin cerrar o sellar.
Por las obligaciones esenciales del depositario se distingue entre el mero depósito o el depósito administrado, al que se refiere el artículo 308 cuando dice que "los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devenguen intereses, quedan obligados a realizar el cobro de éstos en las épocas de sus vencimientos, así como también a practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las disposiciones legales".
LAS PARTES DEL CONTRATO Y SUS OBLIGACIONES El depositario Se llama depositario al que recibe los bienes. Son sus obligaciones esenciales las establecidas en el artículo 306 del Código de Comercio, conforme al cual "el depositario está obligado a conservar la cosa del depósito según la reciba, y a devolverla con sus aumentos, si los tuviere, cuando el depositante se la pida", en paralelo a lo que establece el artículo 1766 del Código Civil: "El depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando le sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido designada en el contrato". En síntesis, el depositario está obligado a guardar y conservar la cosa y luego a devolverla; se trata de las obligaciones de custodia y de restitución.
La obligación de custodia es la verdaderamente esencial de este contrato, que permite distinguirlo de otros en los que también se recibe algo que hay que entregar o devolver pero en los que la conservación del bien no es lo esencial, sino un medio o una necesidad accesoria para conseguir otra finalidad, como la de transportar el objeto por ejemplo.
Debido a esa obligación establece el artículo 306 que "en la conservación del depósito, responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia, y también de los que provengan de la naturaleza o vicio de las cosas, si en estos casos no hizo por su parte lo necesario para evitarlos o remediarlos, dando aviso de ellos además al depositante, inmediatamente que se manifestaren".
Es decir, la custodia o conservación que caracteriza al depósito mercantil no es pasiva, mera custodia, sino que exige del depositario algo más, contrapartida del carácter esencialmente oneroso que al tiempo se le reconoce. La mera custodia se cumpliría por el depositario con la simple posesión de la cosa depositada; sin embargo se le exige la realización de ciertas actividades con la finalidad de defender la cosa depositada. Esa defensa se concreta en la responsabilidad que incumbe al depositario por los daños que sufra la cosa por su negligencia e incluso por los que procedan no por un hecho externo, procedente de un tercero o del propio depositario, sino derivado de la misma naturaleza o vicio de las cosas.
En este último caso se ha de plantear el problema de la responsabilidad sobre los gastos en la conservación de la cosa, ya que siendo retribuido el depósito podría pensarse que cualquier gasto que deba ser realizado para evitar esos menoscabos, daños y perjuicios, estaría ya comprendido en la retribución que percibe el depositario; llegándose a la conclusión de que en esos gastos se han de incluir solamente los estrictamente necesarios para evitar el mal.
Dentro de la responsabilidad por custodia dice el artículo 1767 del Código Civil que "el depositario no puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del depositante. En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios". Por otro lado, el artículo 307 del Código de Comercio dice que "cuando los depósitos sean de numerario, con especificación de las monedas que los constituyan, o cuando se entreguen sellados o cerrados, los aumentos o bajas que su valor experimente serán de cuenta del depositante. Los riesgos de dichos depósitos correrán a cargo del depositario, siendo de cuenta del mismo los daños que sufrieren, a no probar que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito insuperable. Cuando los depósitos de numerario se constituyeren sin especificación de monedas o sin cerrar o sellar, el depositario responderá de su conservación y riesgos en los términos establecidos por el párrafo segundo del artículo 306".
Superiores obligaciones incumben al depositario en lo que antes hemos llamado depósito administrado, al que se refiere el artículo 308 del Código de Comercio, que se ha visto muy superado en sus previsiones por la moderna contratación mercantil que ha venido a sustituir esa custodia material o depósito de los títulos por las anotaciones en cuenta, que representan los valores que antes se identificaban con el documento mismo, si bien en todo caso se recoge en la normativa específica en la materia.
Si hemos dicho que la obligación de custodia es la esencial del contrato, la que aparece ahora como secundaria es la de devolución, cuyo contenido deriva de lo establecido en el Código Civil dada la inexistencia de normas específicas de cumplimento en el Código de Comercio.
Así, el artículo 1770 fija la norma básica: "la cosa depositada será devuelta con todos sus productos y accesiones". En cuanto a la persona a la que han de ser devueltos los bienes depositados el artículo 1772 del Código Civil dice que "cuando sean dos o más los depositantes, si no fueren solidarios y la cosa admitiere división, no podrá pedir cada uno de ellos más que su parte. Cuando haya solidaridad, o la cosa no admita división, regirá lo dispuesto en los artículos 1141 y 1142 de este Código". Conforme a esos artículos cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial, perjudicando a los deudores solidarios las acciones ejercitadas contra cualquiera de ellos; pudiendo pagar el deudor a cualquiera de los acreedores solidarios salvo que hubiere sido judicialmente demandado por alguno, en cuyo caso deberá pagar a ese demandante; lo que en definitiva y aplicado al depósito supone que cualquiera de los depositantes podrá pedir la entrega de la cosa y el depositario estará obligado a entregarla a cualquiera de ellos.
El artículo 1773 contempla el caso de que el depositante hubiera perdido después de hacer el depósito su capacidad para contratar, en cuyo caso la obligación de devolución deberá ser cumplida con la entrega no al depositante sino a los que tengan la administración de sus bienes y derechos. En cuanto al lugar en el que se debe de cumplir, el artículo 1774 distingue según se hubiera previsto o no; señalando que en el caso de que se hubiera designado lugar de devolución al momento de constituir el depósito, el depositario estará obligado a llevar las cosas a ese sitio, si bien con la específica previsión de que los gastos de traslado serán de cargo del depositante. Por el contrario, si nada se hubiera acordado expresamente el depositario cumple con la entrega en el mismo lugar en el que se halle la cosa depositada, aunque no sea el mismo en que se hizo el depósito, con tal que no haya intervenido malicia por su parte.
Por último, y en cuanto al momento de la restitución, el artículo 1775 dice que el depósito debe ser restituido al depositante cuando lo reclame, aunque en el contrato se haya fijado un plazo o tiempo determinado para la devolución; no teniendo lugar esta disposición cuando judicialmente haya sido embargado el depósito en poder del depositario, o se haya notificado a éste la oposición de un tercero a la restitución o traslación de la cosa depositada.
El depositante Se llama depositante al que entrega los bienes. Si se acepta el carácter real de este contrato la obligación de entrega se constituiría en la esencial del depositante, sin la que no nacería esa relación; si bien se ha de entender que la entrega no ha de ser necesariamente material. La segunda de las obligaciones, que sirve además para distinguir en principio un depósito mercantil de uno civil, es la obligación de remuneración. Ahora bien, no se debe olvidar que tampoco es un carácter esencial, ya que el artículo 304 del Código de Comercio dice que "el depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito, a no mediar pacto expreso en contrario", de manera que el pacto puede excluir la obligación de remuneración. Si no se ha excluido expresamente pero tampoco se ha fijado la cuota de retribución entra en juego la previsión de ese mismo artículo, conforme al cual se regulará según los usos de la plaza en que el depósito se hubiere constituido. Distinta de esa retribución se ha de entender la obligación de indemnizar al depositario por los gastos en la conservación y los perjuicios que hubiera sufrido, que establece con carácter general el artículo 1779 del Código Civil, si bien se discute en relación con el artículo 306 si se pueden considerar, a falta de pacto, incluidos en la remuneración. Así, el citado artículo 1779 dice que "el depositante está obligado a reembolsar al depositario los gastos que haya hecho para la conservación de la cosa depositada y a indemnizarle de todos los perjuicios que se le hayan seguido del depósito".
Como garantía del pago de la retribución y demás cantidades que sean debidas como consecuencia del depósito, el artículo 1780 del Código Civil permite al depositario retener en prenda la cosa depositada hasta el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito.
La utilización del término "prenda" en este artículo induce a confusión, siendo la prenda un derecho real de garantía consistente en la transmisión de la posesión de la cosa al acreedor o un tercero para garantizar el cumplimento de una obligación. Por ello se ha de poner el acento en la expresión "retener". Lo que puede hacer el depositario, como facultad integrante del depósito y correlato de la obligación de retribución, es suspender la obligación de entrega que le incumbe en tanto no se cumpla por el depositante la suya.
Contrato de transporte Reservado al Juzgado de lo Mercantil. NO civil.
Legislación: Ley 15/2009 de 11 de noviembre, del Contrato de transporte Terrestre de Mercancías (Derecho privado) Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. (Derecho administrativo) CdC arts. 349 a 379 (derogados) Convenio de 19 de mayo de 1956 (al que se adhirió España por instrumento de 12 de septiembre de 1973) relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR).
En la práctica, el CMR y la Ley 15/2009 vienen a decir lo mismo en cuanto a lo sustancial.
Regulación 15/2009: - Art.1: El objeto de la presente ley es la regulación del contrato de transporte terrestre de mercancías realizado por medios mecánicos con capacidad de tracción propia.
- El contrato de transporte terrestre de mercancías se regirá por los Tratados internacionales vigentes en España de acuerdo con su ámbito respectivo, las normas de la UE y als disposiciones de esta Ley. En lo no previsto serán de aplicación las normas relativas a la contratación mercantil.
Elemento subjetivo Principales: a. Cargador: quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo.
b. Porteador es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o contrate su realización con otros sujetos. Tiene derecho a limitar su responsabilidad al máximo.
Accesorios: c. Destinatario: a quien el porteador ha de entregar las mercancías en el lugar de destino.
d. Expedidor: tercero que por cuenta del cargador haga entrega de la mercancía al transportista en el lugar de recepción de la mercancía. Es una figura de relativa importancia.
1. Los contratos de transporte de mercancías se presuponen celebrados en nombre propio.
Excepcionalmente podrá alegarse la contratación en nombre ajeno cuando se acredite que así se había hecho constar de forma expresa y suficiente en el momento de contratar, indicado la identidad de la persona en cuyo nombre se contrata, y que la intermediación se realizó con carácter gratuito.
2. Los empresarios transportistas, las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al transporte, las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización de transportes, los operadores y agencias de transporte, los transitarios, los almacenistasdistribuidores, los operadores logísticos, así como cualesquiera otros que contraten habitualmente transportes o intermedien habitualmente en su contratación, sólo podrán contratarlos en nombre propio.
3. La relación de las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización de transporte con el socio transportista que efectivamente realice el transporte se regirá por lo que al respecto se encuentre determinado en los estatutos de cada cooperativa o sociedad, sin que lo dispuesto en dichos estatutos pueda implicar, en ningún caso, la inaplicación de lo dispuesto en la presente ley en los contratos celebrados por la cooperativa o sociedad de que se trate con terceros.
Los socios de las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al transporte sólo podrán contratar transportes en nombre de la cooperativa a la que pertenecen, quedando ésta obligada como porteador frente al cargador con quien contraten aquéllos.
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: ART.167: 1. Los transitorios, en el ejercicio de sus funciones de intermediación y organización de los transportes internacionales y de los que se efectúen en régimen de control aduanero podrán realizar las siguientes actividades, siempre referidas a dichos tipos de transporte: a) Cumplir las formalidades administrativas ligadas al transporte internacional o al régimen de tránsito aduanero.
b) Depositar o almacenar mercancías procedentes o destinadas al transporte internacional o en régimen de tránsito aduanero.
c) Consolidar y desconsolidar mercancías.
d) Coordinar las diversas fases del transporte con destino o procedencia internacional y, en particular, el tránsito, la reexpedición, el transbordo y las diferentes operaciones terminales.
e) Contratar la realización de los portes con las Empresas de transporte.
f) Recibir, consignar y poner a disposición de los transportistas o de los destinatarios mercancías procedentes o destinadas al transporte internacional o en régimen de control aduanero.
2. Los transitorios, salvo que se limiten a poner las mercancías a disposición del transportista designado por el cargador, deberán contratar el transporte en nombre propio, de acuerdo con idénticas reglas a las establecidas en relación con las agencias de transporte.
Elementos formales (art. 10 Ley 15/2009) 1. Cualquiera de las partes del contrato podrá exigir a la otra que se extienda una carta de porte que incluirá las siguientes menciones: a) Lugar y fecha de la emisión.
b) Nombre y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor.
c) Nombre y dirección del porteador y, en su caso, del tercero que reciba las mercancías para su transporte.
d) Lugar y fecha de la recepción de la mercancía por el porteador.
e) Lugar y, en su caso, fecha prevista de entrega de la mercancía en destino.
f) Nombre y dirección del destinatario, así como eventualmente un domicilio para recibir notificaciones.
g) Naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de identificación.
h) Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de la denominación prevista en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas.
i) Cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada de otra manera.
j) Clase de embalaje utilizado para acondicionar los envíos.
k) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos previsibles relacionados con el transporte.
l) Indicación de si el precio del transporte se paga por el cargador o por el destinatario.
m) En su caso, declaración de valor de las mercancías o de interés especial en la entrega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61. (no es habitual) n) Instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites administrativos preceptivos en relación con la mercancía.
2. La carta de porte podrá contener cualquier otra mención que sea convenida por las partes en el contrato, tales como: a) La referencia expresa de prohibición de transbordo.
b) Los gastos que el remitente toma a su cargo.
c) La suma del reembolso a percibir en el momento de la entrega de la mercancía.
d) El valor declarado de la mercancía y la suma que representa el interés especial en la entrega.
e) Instrucciones del remitente al transportista concernientes al seguro de las mercancías.
f) El plazo convenido en el que el transporte ha de ser efectuado.
g) La lista de documentos entregados al transportista.
3. Será necesario emitir una carta de porte para cada envío.
4. Cuando el envío se distribuya en varios vehículos, el porteador o el cargador podrá exigir la emisión de una carta de porte por cada vehículo.
5. En su caso, la carta de porte deberá contener cualquier otra mención que exija la legislación especial aplicable, por razón de la naturaleza de la mercancía o por otras circunstancias.
6. Cuando la parte contratante requerida a formalizar la carta de porte se negase a ello, la otra podrá considerarla desistida del contrato, con los efectos que, en su caso, correspondan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1.
7. El cargador y el porteador responderán de los gastos y perjuicios que se deriven de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda incluir en la carta de porte.
En el transporte internacional siempre se lleva la carta de porte, a nivel nacional, antiguamente no se exigía pero hoy en día la legislación administrativa así lo exige.
El transportista puede hacer dos tipos de reserva, a la carga o al destino Contenido del contrato: - Idoneidad del vehículo: el porteador deberá utilizar un vehículo que sea adecuado para el tipo y circunstancias del transporte que deba realizar, de acuerdo con la información que le suministre el cargador.
- Entrega Mercancía: el cargador deberá entregar las mercancías al porteador en el lugar y en el tiempo pactado. En caso de incumplimiento le indemnizará en cuantía equivalente al precio del transporte previsto o la realización del transporte en similares circunstancias.
- Operaciones de carga, descarga: obligaciones del cargador y destinatario respectivamente, salvo pacto en contrario por escrito. Igual régimen para la estiba y desestiba. La ley habla de estiba pero la ley no explica su significado, pero es importante hacer referencia a la sujeción o trincaje porque si hay sujeción se puede pensar que es obligación del porteador.
- El cargador y el destinatario soportarán las consecuencias de los daños derivados de las operaciones que les corresponda realizar de conformidad con lo señalado en el apartado anterior.
- El porteador está obligado a guardar y conservar las mercancías objeto de transporte desde que las recibe en origen hasta que las entrega en destino, de conformidad con lo estipulado en el contrato y las disposiciones de esta ley.
- El porteador asume la obligación de conducir a destino las mercancías objeto de transporte para su entrega al destinatario.
Salvo que se hubiese pactado un itinerario concreto, el porteador habrá de conducir las mercancías por la ruta más adecuada atendiendo a las circunstancias de la operación y a las características de las mercancías.
- El porteador también se obliga a cumplir las demás prestaciones complementarias o accesorias que haya asumido con motivo u ocasión del transporte, en los términos y condiciones pactados en el contrato.
- Cuando nada se haya pactado expresamente, se entenderá que la obligación del pago del precio del transporte y demás gastos corresponde al cargador.
- Cuando se haya pactado el pago del precio del transporte y los gastos por el destinatario, éste asumirá dicha obligación al aceptar las mercancías.
- No obstante, el cargador responderá subsidiariamente en caso de que el destinatario no pague. *En la última reforma de la LOTT se establece la acción directa para el pago a favor de los transportistas, es decir, se permite que los que intervienen en el transporte como transportistas, puedan dirigirse directamente contra el cargador, aunque no tienen contrato con él, sino con el Operador Logístico. Y puede reclamar el precio de transporte aunque lo haya pagado ya.
- El porteador responderá de la pérdida total o parcial de las mercancías, así como de las averías que sufran, desde el momento de su recepción para el transporte hasta el de su entrega en destino. Asimismo, el porteador responderá de los daños derivados del retraso en la ejecución del transporte conforme a lo previsto en esta ley.
A estos efectos, se considerarán también como mercancías los contenedores, bandejas de carga u otros medios similares de agrupación de mercancías utilizados en el transporte cuando hubiesen sido aportados por el cargador.
- A falta de regulación específica, el incumplimiento por el porteador de otras obligaciones derivadas del contrato de transporte se regirá por las normas generales de la responsabilidad contractual.
- El porteador no responderá de los hechos mencionados en el artículo anterior si prueba que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por culpa del cargador o del destinatario, por una instrucción de éstos no motivada por una acción negligente del porteador, por vicio propio de las mercancías o por circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir (caso fortuito o fuerza mayor).
- En ningún caso podrá alegar como causa de exoneración los defectos de los vehículos empleados para el transporte. Límites de la indemnización Art. 57: 1. La indemnización por pérdida o avería no podrá exceder de un tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso bruto de mercancía perdida o averiada.
2. La indemnización por los perjuicios derivados de retraso no excederá del precio del transporte.
3. En caso de concurrencia de indemnizaciones por varios de estos conceptos, el importe total a satisfacer por el porteador no superará la suma debida en caso de pérdida total de las mercancías. El porteador puede limitar su responsabilidad máxima. En el Convenio CMR es de 8,33 DEG x kg, unos 10€. En la Ley 15/2009 se intentó poner este límite pero las ass de transportistas se negaron y, aproximadamente, está en 5,33€.
Esta limitación de responsabilidad se puede saltar en dos supuestos: - Mediante la declaración del valor.
- Por dolo: conciencia y voluntad de causar el daño. La culpa o negligencia grave en derecho civil, equivale a dolo (término exclusivamente penal).
La limitación en caso de retraso, es el precio del transporte. No va por kg.
Competencias: Juzgado de lo mercantil. Para reclamaciones inferiores a 16.000€, la LOTT establece que se ha de acudir a un organismo administrativo, las Juntas arbitrales del transporte. Son competencia de las CCAA y pueden crear las que crean conveniente. Son organismos administrativos que resuelven asuntos en base a la LOTT, no se necesita abogado ni procurador, ni tampoco costas.
Emite laudos, no sentencias. Hubo una cuestión y se resolvió que no era constitucional, pero cambiaron la Ley para constitucionalizarla. Si no se dice nada antes del transporte, se presume que las partes se someten a la junta.
TEMA 5: CONTRATOS DE PRÉSTAMO, CUENTA CORRIENTE Y FIANZA CONTRATO DE PRÉSTAMO Concepto El contrato de préstamo presenta dos variedades en nuestro ordenamiento jurídico positivo, a saber: el comodato, o préstamo de uso, por virtud del cual una de las partes entrega a la otra una cosa no fungible para que sea usada durante un plazo de tiempo determinado y reintegrada a su titular al vencimiento; y el préstamo mutuo, por el cual una de las partes entrega dinero u otra cosa fungible a la otra, que adquiere su propiedad, asumiendo la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad (artículo 1740 del Código Civil).
El Código de Comercio, con la denominación de préstamo mercantil, se refiere únicamente al supuesto del préstamo mutuo, que tiene por objeto la entrega de dinero, de títulos o de mercaderías, cuya propiedad es transferida desde el prestamista, que la pierde, al prestatario, que la adquiere y sin perjuicio de la carga de reintegro que le incumbe.
El Código de Comercio no define el contrato de préstamo, de suerte que debe estarse al concepto que sobre el particular brinda el Código Civil en su artículo 1740. En su artículo 311 el Código de Comercio se limita a decir que será mercantil el préstamo en que concurran las dos circunstancias siguientes: que alguno de los contratantes sea comerciante y que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio. De esta escueta configuración legal se deriva el planteamiento de consideraciones varias no siempre pacíficas, pues únicamente resulta claro que, en la configuración del Código de Comercio, el préstamo mercantil es un contrato accesorio, dependiendo su carácter mercantil de una doble y necesaria conexión, objetiva y subjetiva, con el comercio. Así, en primer término puede resultar dudoso si merecen la consideración de mercantil en todo caso los prestamos concedidos por las entidades bancarias, esto es, entidades que profesionalmente se dedican precisamente a su concesión. El Tribunal Supremo ha reconocido la naturaleza mercantil de los préstamos bancarios (así, en Sentencias de 9 de mayo de 1944 y 31 de octubre de 2001) al igual que ha ocurrido en el ámbito de la jurisprudencia menor (Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaen de 22 de enero de 1998), y a tal conclusión parecen apuntar, sin más dificultad, los artículos 175.7º, 177, 199.1 y 212.1 del Código de Comercio, que mencionan explícitamente el préstamo como objeto propio de la operativa de las entidades bancarias.
Salvo en el caso particular de los préstamos bancarios, podría pensarse que los dos requisitos que enuncia el artículo 311 del Código de Comercio vendrían a considerar el escenario de la mercantilidad de los préstamos recibidos por los comerciantes, puesto que éstos, en su calidad de prestatarios, destinarían lo recibido a su actividad mercantil. La jurisprudencia ha negado carácter mercantil al préstamo cuando no se destina la suma recibida a la actividad mercantil (así, Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1993 y 9 de marzo de 1995). Así, no merecería la consideración de mercantil el préstamo recibido cuando el comercianteprestatario destinase lo recibido a la satisfacción de otras necesidades diversas ajenas a su actividad negocial. De ello, se derivaría que la calificación como mercantil (o no) del préstamo debería verificarse a posteriori en atención a cuál fuere el destino de lo recibido. Por el contrario, no se vería perjudicado el carácter mercantil del préstamo en los casos en que no siendo comerciante el prestatario destine el objeto del préstamo a la realización de un acto de comercio.
CLASES DE PRÉSTAMOS MERCANTILES En el Código de Comercio (artículo 312) se prevén de manera expresa tres tipos de préstamo mutuo: a) El préstamo que tiene por objeto dinero. El prestatario recibe y se obliga a reintegrar en su día una suma de dinero, o una cantidad determinada de moneda extranjera.
b) El préstamo que tiene por objeto títulos o valores determinados. Deberán ser restituidos, no los mismos en su día recibidos, sino antes bien otros idénticos o equivalentes.
c) El préstamo mercantil puede consistir en especies fungibles distintas de las anteriores, supuesto en el cual deberá ser devuelta idéntica cantidad y especie, salvo imposibilidad por extinción de la cosa fungible, supuesto en que procederá la restitución por equivalente dinerario.
Otro criterio clasificatorio es el que, conforme al artículo 314 del Código de Comercio permite distinguir el préstamo mercantil bien gratuito bien oneroso, supuesto este último ordinario en el comercio, y bien entendido que debería presumirse por ende el carácter oneroso del préstamo mercantil si bien el Código (artículo 314) viene a exigir para ello la forma escrita. El préstamo puede ser, además, por tiempo determinado o aún indeterminado (artículo 313 del Código de Comercio).
CONTENIDO DEL CONTRATO De ordinario se sostiene que el contrato de préstamo es un contrato real, que se perfecciona por la entrega de la cosa al prestatario. Con tal fundamento, se afirma que se trata de un negocio jurídico unilateral en la medida en que sólo genera obligaciones para el prestatario, a saber, restituir el principal y satisfacer, en su caso, el interés pactado, y no para el prestamista, en cuanto que la entrega de la cosa objeto del préstamo no sería propiamente una prestación sino antes bien un presupuesto de la existencia misma del contrato. La doctrina más autorizada, sin embargo, admitiendo la certeza de tal planteamiento, sostiene que no debe existir inconveniente para mantener que las partes podrían alterar tal configuración, haciendo que el contrato de préstamo se perfeccione por la concurrencia de su consentimiento; se trataría entonces de un contrato bilateral y sinalagmático, en la medida en que en su marco se generaría para el prestamista también la obligación de entregar lo pactado.
Como se ha apuntado con anterioridad, con la entrega de la cosa el prestamista transfiere al prestatario la propiedad del bien prestado, y surgiendo, dado el carácter fungible de la cosa dada en préstamo, un derecho de crédito a la restitución de otro tanto de la misma especie y calidad.
Por lo que se refiere a la delimitación de las obligaciones de las partes, el Código de Comercio resulta bastante parco en su regulación.
La obligación de restitución del prestatario. Constituye la principal obligación que incumbe al prestatario, y su materialización dependerá de la naturaleza de los bienes objeto del contrato.
Así, si se trata de la entrega de una cantidad de dinero (artículo 312.1 del Código de Comercio) el prestatario cumplirá devolviendo una suma idéntica a la recibida, resultando virtual en este sentido el principio nominalista, en tanto que no se ve afectada su prestación por la oscilación del valor real del dinero. Ahora bien, nada obsta a que las partes, en orden a mantener el equilibrio entre el valor nominal y el valor real del dinero, puedan pactar la aplicación de las denominadas “cláusulas de estabilización”, que resultan generalmente admitidas en sus diversas modalidades. Pero bien entendido que estas cláusulas no son aplicables si no existe pacto expreso al respecto. Cuando el préstamo tiene por objeto la entrega de una cantidad de moneda específica, el prestatario debe restituirla en la especie pactada y no en su contravalor en otra moneda, por lo que deberá procurarse la cantidad suficiente de aquélla al precio que posea en ese momento en los mercados de capitales. Para el supuesto de que la moneda específica de que se trata, haya devenido extra comercium, el prestatario cumplirá pagando en moneda de curso legal (artículos 312 del Código de Comercio y 1170.1 del Código Civil).
Cuando se han prestado títulos o valores (artículo 312.2 del Código de Comercio), considerados como cosas fungibles, el prestatario los hace suyos, a titulo de dueño, y podrá en su día restituir los mismos o alternativamente otros diversos de la misma clase e idénticas condiciones. Si en el ínterin temporal entre la entrega y el momento en que resulta obligada la restitución, esta clase de títulos se hubiera extinguido, el prestatario podrá cumplir devolviendo los equivalentes, salvo pacto en contrario. Caso de existir un tal pacto, obligará a sustituir los valores recibidos por la prestación dineraria que corresponda. Cuando se hubieren prestado otras especies fungibles distintas de las anteriores, deberá el deudor devolver, a no mediar pacto en distinto sentido, igual cantidad en la misma especie y calidad, o su equivalente en metálico, si se hubiese extinguido la especie debida (artículo 312.3 del Código de Comercio).
La obligación de restitución puede ser exigible en dos momentos distintos. Si se fijó plazo, el prestamista no podrá exigirla anticipadamente, el prestatario goza del beneficio del plazo y tal proceder le supondría un inadmisible quebranto económico. Si, por el contrario, no se hubiere fijado plazo en el momento de la perfección del negocio jurídico, o se hubiere pactado por tiempo indeterminado, el prestamista no podrá exigir la restitución sino hasta que hayan transcurrido treinta días a contar desde la fecha del requerimiento notarial reclamando el pago o reembolso (artículo 313 del Código de Comercio). La razón de ser de esta norma, que confiere un plazo de treinta días al prestatario desde que recibe la intimación al pago por conducto fehaciente (requerimiento notarial) se antoja clara en la consideración de que, siendo un préstamo mercantil y por ende habiéndose destinado su objeto a actos de comercio, la suma se encontrará invertida, necesitando un plazo prudencial para obtener liquidez en orden al pago o reembolso que viene requerido.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, aun cuando podría parecer ciertamente contradictorio con su consideración mercantil y su vinculación a actos de comercio, conforme al artículo 314 del Código de Comercio el préstamo mercantil no es oneroso y retribuido salvo pacto expreso que así lo contemple. Dispone al efecto el artículo 314 del Código de Comercio que: “los préstamos no devengarán interés si no se hubiere pactado por escrito”, de suerte que se adopta una regla semejante a la que se establece para el préstamo civil en el marco del artículo 1755 del Código Civil. La cuantía del interés es libre, “sin tasa ni limitación de ninguna clase” (artículo 315 del Código de Comercio), si bien no puede olvidarse que la jurisprudencia de la segunda mitad del siglo XX ya admitió la aplicabilidad también al préstamo mercantil del supuesto del interés usurario (Ley de 23 de julio de 1908). En segundo lugar, es de destacar que en ámbito mercantil y en contra de lo que sucede en el ámbito de la normativa del Código Civil (artículo 1109), los intereses vencidos y no pagados no devengarán, a su vez, intereses (artículos 317y 319 del Código de Comercio), esto es, no cabe el anatocismo, o los “intereses de intereses”. No obstante ello, no resulta contrario a Derecho que las partes puedan pactar la capitalización de los intereses líquidos y no vencidos (artículo 317) que, ya en su consideración de capital, sí devengarían nuevos intereses (pacto de anatocismo).
La eventualidad del impago de los intereses (o de algún plazo de los mismos) no viene prevista por la norma legal, si bien es habitual que en los contratos se incorpore cláusula explícita en el sentido de que dicho impago faculta al prestamista para exigir la restitución del capital más los intereses vencidos. Por la más autorizada doctrina se mantiene que, en defecto de pacto en tal sentido, el prestamista sólo podrá exigir los intereses vencidos y no pagados, y la reparación por el retardo. Correlativamente, por el contrario, cuando el prestamista entrega cantidades a cuenta, sin expresar su destino, se imputarán al pago de intereses y satisfechos aquellos, al reembolso de capital. Finalmente, el recibo del capital por el prestamista, sin reservarse expresamente el derecho a los intereses pactados y debidos, extingue la obligación del prestatario en cuanto al pago de tales intereses (artículo 318 del Código de Comercio).
El retraso por parte del prestatario en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben, le hace incurrir en situación de mora, con los efectos que en tal sentido se previenen en el artículo 316 del Código de Comercio en relación con el artículo 63 del mismo texto legal.
Dispone este artículo 316 que: • Los deudores que demoren el pago de sus deudas después de vencidas, deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto, el interés legal.
• Si el préstamo consistiera en especies, para computar el rédito se graduará su valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en la que deba hacerse la devolución, el día siguiente al del vencimiento, o por el que determinen peritos, si la mercadería estuviera extinguida al tiempo de hacerse su valoración.
• Finalmente, si el préstamo consistiera en títulos o en valores, el rédito por mora será el que los mismos valores o título devenguen, o en su defecto, el interés legal, determinándose el precio de los valores por el que tengan en Bolsa, si cotizaran en mercado secundario, o en la plaza en otro caso, al día siguiente de su vencimiento.
PRÉSTAMOS GARANTIZADOS POR VALORES Es relativamente frecuente que los préstamos bancarios de dinero se vengan a garantizar por los prestatarios mediante la constitución de una garantía real pignoraticia sobre valores admitidos a cotización en un mercado secundario oficial, mediante escritura autorizada por fedatario mercantil. Esta situación está prevista en el Código de Comercio, que considera en todo caso ese préstamo como mercantil (artículos 320 a 324, en la redacción dada por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, hoy sustituida por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores). Así las cosas, en este supuesto cabrá mantener en todo caso el carácter mercantil del préstamo y no cabrá analizar la concurrencia, o no, de los presupuestos que se han analizado al efecto se enuncian en el artículo 311 del Código de Comercio (artículo 320.1).
El Código de Comercio no prevé la prenda o garantía sobre valores privados mercantiles o industriales, si bien es frecuente su recurso. En estos casos, la prenda recae sobre valores cotizados en un mercado secundario oficial, que estarán representados mediante anotaciones en cuenta o aun mediante títulos físicos. Téngase en cuenta en este sentido la Disposición Transitoria Primera de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley del Mercado de Valores, que permitía que los valores representados mediante títulos admitidos a cotización en un mercado secundario oficial, pudieren seguir representados de esa forma, en tanto la normativa de desarrollo de la Ley del Mercado de Valores, o su normativa actual no imponga su representación necesaria mediante anotaciones en cuenta.
La operación se caracteriza por añadir al régimen ordinario del préstamo las siguientes particularidades: a) El prestamista posee sobre los títulos objeto de la garantía un derecho de preferencia para resarcirse con su importe, frente a los restantes acreedores del prestatario (artículo 320.2 del Código de Comercio).
b) Los valores al portador del prestatario dados en garantía de la posición crediticia del prestamista, no pueden ser objeto de reivindicación por parte de terceros (artículo 324).
c) La ejecución de la garantía, en caso de incumplimiento por el deudor, es muy ágil por cuanto el prestamista puede instar la enajenación de los valores para satisfacer su crédito, disponiendo para ello de un procedimiento ejecutivo específico. En el marco de ese procedimiento ejecutivo, el prestamista deberá dirigirse a los organismos rectores del correspondiente mercado secundario oficial, entregándoles el título intervenido por el fedatario mercantil y adjuntando certificación acreditativa de la inscripción de la garantía pignoraticia de que se trata (artículo 322 del Código de Comercio), verificándose la enajenación en el mismo día o al día siguiente, y haciéndose pago al prestamista de la cantidad debida con el producto obtenido.
Un supuesto específico de comentario en este punto se plantea para el caso de que el prestatario venga declarado en situación de concurso de acreedores. El crédito garantizado con la prenda de valores que trae causa de negocio oneroso habido antes de la declaración de concurso es un crédito concursal (véase la conformación negativa de los créditos concursales en los términos de la letra del artículo 84.1 de la Ley Concursal), y en esta consideración de crédito concursal deberá venir reconocido y clasificado como corresponda por la Administración concursal y, si la situación no resulta controvertida, deberá estarse a la consideración de crédito con privilegio especial de conformidad con lo prevenido en el ordinal quinto del artículo 90 de la Ley concursal.
Un aspecto regulado en la Ley 22/2003, sin duda de singular relevancia respecto de la posición jurídica del acreedor con garantía real, es el relativo a la paralización y eventual inicio o reanudación de la ejecución de las garantías reales, en estrecha conexión con la posibilidad, condicionada o limitada, de ejecución separada de las mismas (artículos 56 y 57 en relación con el artículo 55 de la Ley Concursal). Se trata, ciertamente, de un caso diverso del supuesto de mantenimiento del privilegio de ejecución separada, en sentido estricto, de los titulares de créditos con garantías sobre buques y aeronaves, si bien en caso de resultar sobrante en la ejecución separada a favor del concursado se integrará en la masa activa del concurso, como indica el artículo 76.3 de la Ley Concursal. Cabe resaltar la trascendencia que, en este orden de cosas, despliega la aprobación del convenio, al que el acreedor con garantía real únicamente va a quedar sometido en el supuesto de que vote en su adhesión perdiendo en su caso el privilegio (artículo 123.2), o en su caso, el transcurso del plazo de un año desde la declaración del concurso sin que se produzca la apertura de la liquidación (artículo 56.1). Pero en todo caso, lo que resultaba de interés para su consideración en este momento pasaba precisamente por entender que, debiendo venir el crédito clasificado como crédito con privilegio especial incardinable en el supuesto prevenido en el ordinal quinto del artículo 90 de la Ley Concursal, no parece que se vaya a ver afectada la ejecución por el supuesto de paralización del artículo 56 de la Ley Concursal.
La declaración del concurso determina, con carácter general, la imposibilidad de iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, a excepción de aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso que, lógicamente, podrán continuarse, ahora bien, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, en tanto que de otra parte, desde la fecha en que se declare el concurso, las actuaciones que se hallaren en tramitación quedarán en suspenso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos (artículo 55.1 y 2). Además, con el claro propósito de garantizar la eficacia del principio declarado, todas las actuaciones practicadas contraviniendo cuanto antecede llevan aparejada la sanción de nulidad de pleno derecho (artículo 55.3). Aun cuando la mención a bienes afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor, es sin duda más laxa que la relativa a los bienes necesarios para tal (supuesto al que se refiere el mismo precepto para excepcionar el supuesto de excepción que viene previsto para el caso de que ya estuviere publicado el anuncio de subasta del bien gravado), recuérdese que estamos considerando el supuesto de pignoración de títulos valores que cotizan en mercados secundarios oficiales (acciones y obligaciones), y sólo desde un planteamiento exacerbado con la posición de tutela del concursado (que no de los acreedores, interés a tutelar en el concurso precisamente) podría sostenerse, con gran voluntarismo subjetivo, que se trata de bienes afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor (concursado).
CONTRATO DE CRÉDITO AL CONSUMOA Concepto El contrato de crédito al consumo se define en el artículo 1 de la Ley 16/2011, de 24 de junio en el que se establece que por el contrato de crédito al consumo un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación (téngase en cuenta la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre trasparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos).
OFERTA VINCULANTE El prestamista que ofrezca un crédito a un consumidor estará obligado a entregarle antes de la celebración del contrato, si el consumidor así lo solicita, un documento con todas las condiciones del crédito, como oferta vinculante que deberá mantener durante un plazo mínimo de catorce días naturales desde su entrega, salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a él.
Si esta oferta se hace al mismo tiempo que se comunica la información previa al contrato, deberá facilitarse al consumidor en un documento separado que podrá adjuntarse a la Información normalizada europea sobre crédito al consumo.
Información básica que deberá figurar en la publicidad La información básica deberá incluirse en la publicidad y comunicaciones comerciales, así como en los anuncios y ofertas exhibidos en los locales comerciales, en los que se ofrezca un crédito o la intermediación para la celebración de un contrato de crédito, siempre que indiquen el tipo de interés o cualesquiera cifras relacionadas con el coste del crédito para el consumidor.
La información básica especificará los elementos siguientes de forma clara, concisa y destacada mediante un ejemplo representativo: - El tipo deudor fijo o variable, así como los recargos incluidos en el coste total del crédito para el consumidor.
- El importe total del crédito.
- La tasa anual equivalente, salvo en el caso de los contratos en los que el crédito se conceda en forma de posibilidad de descubierto y que deban reembolsarse previa petición o en el plazo de tres meses.
- En su caso, la duración del contrato de crédito.
- En el caso de los créditos en forma de pago aplazado de un bien o servicio en particular, el precio al contado y el importe de los posibles anticipos.
- En su caso, el importe total adeudado por el consumidor y el importe de los pagos a plazos.
La información básica deberá publicarse con una letra que resulte legible y con un contraste de impresión adecuado.
Si se condicionara la concesión del crédito en las condiciones ofrecidas a la celebración de un contrato relativo a un servicio accesorio vinculado con el contrato de crédito, en particular un seguro, y el coste de ese servicio no pudiera determinarse de antemano, dicha condición deberá mencionarse de forma clara, concisa y destacada, junto con la tasa anual equivalente.
Información previa al contrato El prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán facilitar de forma gratuita al consumidor, con la debida antelación y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito.
Esta información, en papel o en cualquier otro soporte duradero, se facilitará mediante la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo.
Dicha información deberá especificar: - El tipo de crédito.
- La identidad y el domicilio social del prestamista, así como en su caso la identidad y el domicilio social del intermediario del crédito implicado.
- El importe total del crédito y las condiciones que rigen la disposición de fondos.
- La duración del contrato de crédito.
- En caso de créditos en forma de pago diferido por un bien o servicio y de contratos de crédito vinculados, el producto o servicio y su precio al contado.
- El tipo deudor y las condiciones de aplicación de dicho tipo, y, si se dispone de ellos, los índices o tipos de referencia aplicables al tipo deudor inicial, así como los períodos, condiciones y procedimientos de variación del tipo deudor.
Si se aplican diferentes tipos deudores en diferentes circunstancias, la información mencionada respecto de todos los tipos aplicables.
- La tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el consumidor, ilustrado mediante un ejemplo representativo que incluya todas las hipótesis utilizadas para calcular dicha tasa (Modificado por Orden ECC/159/2013, de 6 de febrero).
Cuando el consumidor haya informado al prestamista sobre uno o más componentes de su crédito preferido, como por ejemplo la duración del contrato de crédito y su importe total, el prestamista deberá tener en cuenta dichos componentes.
- El importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el consumidor y en su caso el orden en que deben asignarse los pagos a distintos saldos pendientes sometidos a distintos tipos deudores a efectos de reembolso.
- En su caso, los gastos de mantenimiento de una o varias cuentas, si fuera necesario para registrar a la vez las operaciones de pago y de disposición del crédito, salvo que la apertura de la cuenta sea facultativa, los gastos relativos a la utilización de un medio de pago que permita efectuar a la vez las operaciones de pago y de disposición del crédito, así como cualquier gasto derivado del contrato de crédito y las condiciones en que dichos gastos podrán modificarse.
- En su caso, la existencia de costes adeudados al notario por el consumidor al suscribir el contrato de crédito.
- Los servicios accesorios al contrato de crédito, en particular de seguro, cuando la obtención del crédito o su obtención en las condiciones ofrecidas estén condicionadas a la suscripción del servicio accesorio. Deberán también facilitarse las condiciones que alternativamente se aplicarían al contrato de crédito al consumo si no se contrataran los servicios accesorios y, en particular, pólizas de seguros.
- El tipo de interés de demora, así como las modalidades para su adaptación y, cuando procedan, los gastos por impago.
- Una advertencia sobre las consecuencias en caso de impago.
- Cuando proceda, las garantías exigidas.
- El derecho de reembolso anticipado y, en su caso, información sobre el derecho del prestamista a una compensación y sobre la manera en que se determinará esa compensación.
- El derecho del consumidor a ser informado de forma inmediata y gratuita del resultado de la consulta de una base de datos para la evaluación de su solvencia.
- El derecho del consumidor a recibir gratuitamente, previa solicitud, una copia del proyecto del contrato de crédito, salvo que en el momento de la solicitud el prestamista no esté dispuesto a celebrar el contrato de crédito con el consumidor.
- En su caso, el período de tiempo durante el cual el prestamista queda vinculado por la información precontractual.
FORMA Y CONTENIDO DE LOS CONTRATOS Los contratos de crédito se deben hacer constar por escrito en papel o en otro soporte duradero y se redactarán con una letra que resulte legible y con un contraste de impresión adecuado.
Todas las partes contratantes recibirán un ejemplar del contrato de crédito.
Además de las condiciones esenciales del contrato, el documento deberá especificar, de forma clara y concisa, los siguientes datos: - El tipo de crédito.
- La identidad y el domicilio social de las partes contratantes, así como, si procede, la identidad y el domicilio social del intermediario de crédito.
- La duración del contrato de crédito.
- El importe total del crédito y las condiciones de disposición del mismo.
- En el caso de créditos en forma de pago diferido de un bien o servicio o en el caso de contratos de crédito vinculados, el producto o servicio y su precio al contado.
- El tipo deudor y las condiciones de aplicación de dicho tipo y, si se dispone de ellos, los índices o tipos de referencia aplicables al tipo deudor inicial, así como los períodos, condiciones y procedimientos de variación del tipo deudor y, si se aplican diferentes tipos deudores en diferentes circunstancias, la información arriba mencionada respecto de todos los tipos aplicables.
- La tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito. Se mencionarán todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje.
- El importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el consumidor y, cuando proceda, el orden en que deben asignarse los pagos a distintos saldos pendientes sometidos a distintos tipos deudores a efectos de reembolso.
- En caso de amortización del capital de un contrato de crédito de duración fija, el derecho del consumidor a recibir gratuitamente un extracto de cuenta, en forma de cuadro de amortización, previa solicitud y en cualquier momento a lo largo de toda la duración del contrato de crédito.
El cuadro de amortización indicará los pagos adeudados, así como los períodos y las condiciones de pago de tales importes. Este cuadro deberá contener un desglose de cada reembolso periódico que muestre la amortización del capital, los intereses calculados sobre la base del tipo deudor y, en su caso, los costes adicionales.
Cuando el tipo de interés no sea fijo o los costes adicionales puedan variar en virtud del contrato de crédito, en el cuadro de amortización figurará de forma clara y concisa la indicación de que los datos del cuadro solo serán válidos hasta la siguiente modificación del tipo deudor o de los costes adicionales en virtud del contrato de crédito.
- Si deben pagarse recargos e intereses sin amortización de capital, una relación de los períodos y las condiciones de pago de los intereses deudores y de los gastos conexos recurrentes y no recurrentes.
- Cuando proceda, los gastos de mantenimiento de una o varias cuentas que registren a la vez operaciones de pago y de disposición del crédito, salvo que la apertura de la cuenta sea opcional, los gastos relativos a la utilización de un medio de pago que permita efectuar tanto operaciones de pago como de disposición del crédito, así como los demás gastos derivados del contrato de crédito y las condiciones en que dichos costes pueden modificarse.
- El tipo de interés de demora aplicable en el momento de la celebración del contrato de crédito y los procedimientos para su ajuste y, cuando proceda, los gastos por impago.
- Las consecuencias en caso de impago.
- Cuando proceda, una declaración que establezca el abono de gastos de notaría.
- Las garantías y los seguros a los que se condicione la concesión del crédito, cuya contratación se ajustará a la legislación específica de los mismos.
- La existencia o ausencia de derecho de desistimiento y el plazo y demás condiciones para ejercerlo, incluida la información relativa a la obligación del consumidor de pagar el capital dispuesto y los intereses - El derecho de reembolso anticipado, el procedimiento aplicable, así como en su caso información sobre el derecho del prestamista a una compensación y sobre la manera en que se determinará esa compensación. Para el caso de reembolso anticipado y en caso de que el contrato de crédito tenga vinculado uno de seguro, el derecho del prestatario a la devolución de la prima no consumida en los términos que establezca la póliza.
- El procedimiento que deberá seguirse para ejercer el derecho de poner fin al contrato de crédito.
- La existencia o no de procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso para el consumidor, y, en caso de que existan, la forma en que el consumidor puede acceder a ellos.
- Las demás condiciones del contrato, cuando proceda.
- En su caso, nombre y dirección de la autoridad de supervisión competente.
En el caso de los contratos de crédito en que los pagos efectuados por el consumidor no produzcan una amortización correspondiente del importe total del crédito, sino que sirvan para reconstituir el capital en las condiciones y los períodos establecidos en el contrato de crédito o en un contrato accesorio, la información contractual exigida deberá incluir una declaración clara y concisa de que tales contratos no prevén una garantía de reembolso del importe total del crédito del que se haya dispuesto en virtud del contrato de crédito, salvo que se conceda dicha garantía.
Información que debe mencionarse en los contratos de crédito en forma de posibilidad de descubierto Los contratos de crédito en forma de posibilidad de descubierto se redactarán con una letra que resulte legible y con un contraste de impresión adecuado, debiendo especificarse, de forma clara y concisa, los siguientes datos: - El tipo de crédito.
- La identidad y el domicilio social de las partes contratantes, así como, si procede, la identidad y el domicilio social del intermediario de crédito.
- La duración del contrato de crédito.
- El importe total del crédito y las condiciones de disposición del mismo.
- El tipo deudor y las condiciones de aplicación de dicho tipo y, si se dispone de ellos, los índices o tipos de referencia aplicables al tipo deudor inicial, así como los períodos, condiciones y procedimientos de variación del tipo deudor y, si se aplican diferentes tipos deudores en diferentes circunstancias, la información arriba mencionada respecto de todos los tipos aplicables.
- El coste total del crédito para el consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito.
- La indicación de que al consumidor podrá exigírsele que reembolse la totalidad del importe del crédito en cualquier momento.
- El procedimiento que deberá seguirse para ejercer el derecho de desistimiento del contrato de crédito.
- Información sobre los gastos aplicables desde el momento de la celebración de dichos contratos de crédito y, en su caso, las condiciones en que dichos gastos podrán modificarse.
COBRO INDEBIDO Todo cobro indebido derivado de un contrato de crédito devengará inmediatamente el interés legal. Si el interés contractual fuese superior al legal, devengará inmediatamente el primero.
Si el cobro indebido se hubiera producido por dolo o negligencia del prestamista, el consumidor tendrá el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados, que en ningún caso será inferior al interés legal incrementado en cinco puntos o al del contrato, si es superior al interés legal, incrementado a su vez en cinco puntos.
DESISTIMIENTO El derecho de desistimiento de un contrato de crédito es la facultad del consumidor de dejar sin efecto el contrato celebrado, comunicándoselo así a la otra parte contratante en un plazo de catorce días naturales sin necesidad de indicar los motivos y sin penalización alguna.
El plazo para ejercer el derecho de desistimiento se iniciará en la fecha de suscripción del contrato de crédito o bien, si fuera posterior, en la fecha en que el consumidor reciba las condiciones contractuales.
El consumidor que ejerza el derecho de desistimiento tendrá las obligaciones siguientes: - Comunicarlo al prestamista antes de que expire el plazo de 14 días por medios que permitan dejar constancia de la notificación de cualquier modo admitido en Derecho.
Se considerará que se ha respetado el plazo si la notificación se ha enviado antes de su expiración, siempre que haya sido efectuada mediante documento en papel o cualquier otro soporte duradero a disposición del prestamista y accesible para él.
- Pagar al prestamista el capital y el interés acumulado sobre dicho capital entre la fecha de disposición del crédito y la fecha de reembolso del capital, sin ningún retraso indebido y a más tardar a los treinta días naturales de haber enviado la notificación de desistimiento al prestamista.
Los intereses adeudados se calcularán sobre la base del tipo deudor acordado.
El prestamista no tendrá derecho a reclamar al consumidor ninguna otra compensación en caso de desistimiento, excepto la compensación de los gastos no reembolsables abonados por el prestamista a la Administración Pública.
En caso de que un prestamista o un tercero proporcionen un servicio accesorio relacionado con el contrato de crédito sobre la base de un acuerdo entre ese tercero y el prestamista, el consumidor dejará de estar vinculado por dicho servicio accesorio si ejerce su derecho de desistimiento respecto del contrato de crédito conforme a lo dispuesto en el presente artículo.
En caso de que este servicio accesorio sea un contrato de seguro de vida, el derecho de desistimiento se regirá en lo que sea aplicable por lo establecido en el artículo 83.a) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y en el resto de casos, el consumidor tendrá derecho al reembolso de la parte de prima no consumida.
REEMBOLSO ANTICIPADO El consumidor podrá liquidar anticipadamente, de forma total o parcial y en cualquier momento, las obligaciones derivadas del contrato de crédito. En tal caso, tendrá derecho a una reducción del coste total del crédito que comprenda los intereses y costes, incluso si éstos hubieran sido ya pagados, correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir.
En caso de reembolso anticipado del crédito, el prestamista tendrá derecho a una compensación justa y justificada objetivamente por los posibles costes directamente derivados del reembolso anticipado del crédito, siempre que el reembolso anticipado se produzca dentro de un período en el cual el tipo deudor sea fijo.
Dicha compensación no podrá ser superior al 1 por 100 del importe del crédito reembolsado anticipadamente si el período restante entre el reembolso anticipado y la terminación acordada del contrato de crédito es superior a un año. Si el período no supera un año, la compensación no podrá ser superior al 0,5 por 100 del importe del crédito reembolsado anticipadamente.
No podrá reclamarse compensación alguna por reembolso anticipado: - Si el reembolso se ha efectuado en cumplimiento de un contrato de seguro destinado a garantizar el reembolso del crédito.
- En caso de posibilidad de descubierto.
- Si el reembolso anticipado se produce dentro de un período para el que no se haya fijado el tipo de interés deudor.
Si el prestamista demuestra la existencia de pérdidas producidas de forma directa como consecuencia del reembolso anticipado del crédito, podrá reclamar excepcionalmente una compensación más elevada.
Si la compensación reclamada por el prestamista supera las pérdidas sufridas realmente, el consumidor podrá exigir la reducción correspondiente.
En este caso, las pérdidas consistirán en aplicar a la cantidad anticipada la diferencia entre el tipo de interés acordado inicialmente y el tipo de interés al que el prestamista pueda prestar el importe del reembolso anticipado en el mercado en el momento de dicho reembolso, teniendo asimismo en cuenta el impacto del reembolso anticipado en los gastos administrativos. A estos efectos, se considerará como tipo de mercado el Euribor al plazo más cercano a la fecha de vencimiento del préstamo.
Ninguna compensación excederá del importe del interés que el consumidor habría pagado durante el período de tiempo comprendido entre el reembolso anticipado y la fecha pactada de finalización del contrato de crédito.
El reembolso anticipado de créditos que cuenten con un seguro vinculado a la amortización del crédito o a cuya suscripción se haya condicionado la concesión del crédito o su concesión en las condiciones ofrecidas, dará lugar a la devolución por parte de la entidad aseguradora al consumidor de la parte de prima no consumida.
CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE COMERCIAL Para tener un concepto preciso de lo que es la apertura de crédito en cuenta corriente, conviene distinguirla del contrato de cuenta corriente y de la apertura de crédito simple que constituye otra modalidad específica de la apertura de crédito.
El contrato de cuenta corriente, es un pacto por el que dos partes estipulan que los créditos que puedan nacer de sus relaciones de negocios perderán, al entrar en la cuenta, su individualidad propia, para convertirse en simples partidas del Debe o el Haber, de tal modo que el saldo en que se fundan sea el único exigible en la época convenida.
El contrato de apertura de crédito simple es el mismo contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, pero desprovisto de la facultad de efectuar reembolsos parciales, lo que impide su contabilización en forma de cuenta corriente.
Así pues, el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente constituye una figura intermedia entre el contrato de cuenta corriente y el de apertura de crédito simple.
GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN MERCANTIL. LA FIANZA Fianza Concepto La definición legal de la fianza viene recogida en nuestro Código Civil. El artículo 1.822 de dicho texto legal lo define como aquel contrato por el cual, una persona se obliga a pagar o a cumplir por un tercero, para el caso de que éste no lo haga.
Sabido es que el cumplimiento de las obligaciones en general, puede ser garantizado por una persona ajena o distinta del deudor principal. Esta tercera persona se obliga a responder del cumplimiento de la obligación, personalmente, o bien afectando especialmente determinados bienes al cumplimiento de ésta, y constituyendo sobre un bien de su propiedad un derecho real de la obligación que asegura. Como dice la doctrina, en las relaciones jurídicas mercantiles, las garantías han sido con mucha mayor frecuencia garantías de carácter personal que garantías de carácter real. Quizás este sea el motivo de que nuestro Código de Comercio regula de forma autónoma o como contrato con sustantividad propia el contrato de fianza. No obstante, el desarrollo de la actividad comercial o mercantil ha dado lugar a la promulgación de nuevas normas y nuevas instituciones.
NATURALEZA Como anteriormente se ha indicado, la fianza es un contrato por el que una persona se obliga a cumplir frente a uno, para el caso de que el primer o principal obligado no lo hiciere. El fiador se obliga a cumplir la obligación subsidiariamente, es decir, en defecto de pago o cumplimiento por parte del deudor principal. De esto se deduce la característica fundamental que se predica del contrato de fianza en general. Y es que se trata de un contrato de carácter accesorio. La accesoriedad del contrato en el sentido de que presupone la existencia de otro contrato, el principal, cuyo cumplimiento garantiza el fiador. Además, el contrato de fianza mercantil, es gratuito, salvo que otra cosa se pacte.
Como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el fiador común responde a las notas típicas de accesoriedad y subsidiaridad, y su obligación está limitada estrictamente a la del deudor afianzado. En la terminología anglosajona ese tipo de fiador se le conoce como "guarantor". Ahora bien, Pero cuando nos adentramos en el mundo de la fianza mercantil, y singularmente la bancaria las cosas cambian radicalmente. En esos ámbitos predomina el pacto de solidaridad que desnaturaliza y elimina los beneficios de orden y excusión, de forma que el fiador de ese tipo de operaciones es casi un codeudor. La nota o carácter mercantil del contrato viene dado por el objeto del mismo, dado que solo si el contrato cuyo cumplimiento se trata de asegurar o garantizar es un contrato mercantil, la fianza también será mercantil, con independencia del carácter u oficio del asegurador o fiador. En efecto, así lo establece nuestro Código de Comercio al señalar que será reputado mercantil todo afianzamiento que tuviere por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil, aun cuando el fiador no sea comerciante. En cuanto a la forma del contrato, el mismo ha de constar necesariamente por escrito. Es esta una nota que diferencia el contrato de fianzamercantil, del contrato de fianza civil, ya que como se indica necesariamente ha de constar por escrito, y si no constara por escrito, no tendrá valor alguno ni producirá ningún efecto.
PARTES EN EL CONTRATO DE FIANZA En cuanto al número de partes o de sujetos que intervienen en el contrato de fianza, como se desprende de lo que hasta ahora se viene diciendo, pueden ser dos o tres sujetos, dependiendo de que el contrato de fianza sea o no gratuito. En efecto, si el contrato de fianza es gratuito, en la fianza intervendrán dos personas, de un lado el acreedor principal (el acreedor de la obligación principal) y de otro lado el fiador. Pero si el contrato no es gratuito sino oneroso, la relación jurídica se dará, además de entre estos dos sujetos, entre el deudor principal y el fiador, pues el fiador ostentará un derecho de crédito frente al deudor principal, quien asume la obligación de pagar. Al igual que ocurre en la fianza civil, en la mercantil cabe la posibilidad de que exista no uno sino dos o más fiadores para el mismo deudor y en relación a la misma deuda u obligación. Nos encontraríamos ante supuesto de cofiadores.
Por lo que se refiere al objeto del contrato de fianza, como se desprende de la definición o concepto, éste viene constituido por el contrato cuyo cumplimiento se trata de garantizar. Y como indica el artículo 1.826 del Código Civil, el fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones.
En relación a los sujetos del contrato y a los efectos que el contrato de fianza produce entre ellos, por el contrato de fianza el fiador se obliga a pagar o cumplir la obligación principal al acreedor principal para el caso de que el deudor no lo haga. Este es el efecto más importante y característico del contrato de fianza. Ocurre sin embargo que pueden darse situaciones en las que el fiador no puede verse obligado a responder aunque no lo haya hecho el deudor principal. EL Código Civil, (no el de Comercio), regula dos beneficios, los llamados beneficio de excusión y el de división. Por el primero de ellos, beneficio de excusión, el fiador puede exigir que antes de dirigir a él la reclamación, se ejecuten los bienes del deudor principal. Dice el artículo 1.830 del Código Civil que el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor. Y el beneficio de división se da en el caso de que exista pluralidad de fiadores, para permitir a los mismos la división de la obligación de pago entre todos, sin que el acreedor pueda reclamar a cada uno de los fiadores la parte de la obligación que le corresponda. Señala el artículo 1.837 del Código Civil que siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, la obligación a responder de ella se divide entre todos. El acreedor no puede reclamar a cada fiador sino la parte que le corresponda satisfacer, a menos que se haya estipulado expresamente la solidaridad. Ahora bien, y como se desprende de lo que anteriormente se reseñó en relación a las notas características del contrato de fianza, en el caso de fianzamercantil, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido a señalar que en los contratos de fianzamercantil estos beneficios no se dan pues se presume el carácter solidario de las obligaciones mercantiles.
Como antes se ha indicado la jurisprudencia ha indicado que mientras el fiador común responde a las notas típicas de accesoriedad y subsidiaridad, y su obligación esta limitada estrictamente a la del deudor afianzado cuando nos adentramos en el mundo de la fianzamercantil, predomina el pacto de solidaridad que desnaturaliza y elimina los beneficios de orden y excusión, de forma que el fiador de ese tipo de operaciones es casi un codeudor. El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 26 de mayo de 2.004, señaló que "de ahí que, siendo también jurisprudencia de esta Sala, no exenta ciertamente de excepciones, la relativa al carácter solidario de la fianzamercantil (Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 4-12-50, 712-68, 25-4-69, 16-6-70, 20-10-89 y 7-3-92), y no habiéndose sometido a debate por el hoy recurrente en ninguna de las dos instancias la falta de solidaridad, no pueda atribuirse a la sentencia impugnada la infracción de los preceptos que se citan en el motivo". Y más exhaustivamente, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de marzo de 1.992, ya indicó que "El recurso interpuesto por la "Caja ......de Ahorros de......se articula en dos motivos, en el segundo de los cuales se ataca por la vía del ordinal 4.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declaración que acerca del carácter solidario del aval prestado por la recurrente se hace en la sentencia impugnada; si bien en el documento constitutivo del aval por "Caja ...... de Ahorros de ......" aportado con la demanda no se establece expresamente el carácter solidario del mismo, no puede olvidarse que, como en él se dice, el aval se presta "en garantía del cumplimiento de la cláusula número 19 del contrato de explotación turística del complejo de ciento diez apartamentos ... " lo que implica que la entidad recurrente conocía los términos en que estaba redactada dicha cláusula, interpretando la cual el Tribunal "a quo" reconoce ese carácter solidario de la fianza prestada por la recurrente, por tanto, no se da el error en la apreciación de la prueba que se denuncia en el motivo; además debe tenerse en cuenta el carácter mercantil de la fianza al estar constituida por una entidad crediticia dentro de las actividades de su tráfico mercantil, lo que determina su carácter solidario "según la práctica mercantil y la jurisprudencia -sentencias de 4 de diciembre de 1950, 7 de diciembre de 1968, 25 de abril de 1969 y 16 de junio de 1970-, siendo su consecuencia que el fiador mercantil carece de los beneficios de excusión y de división de que goza el fiador civil. Sin que por ello se desconozca cierta corriente jurisprudencial que entiende que la fianzamercantil no goza del carácter de solidaria en nuestro Ordenamiento jurídico, a pesar de la corriente casi unánime de la doctrina científica que lo entiende así; criterio este último que debe apoyarse en nuestra época, al amparo del artículo 3, párrafo 1, del Código Civil, dada la necesidad de garantías firmes en las transacciones mercantiles y el auge que tiene la obligación solidaria en otros ámbitos jurídicos (por ejemplo, en materia de seguros, y de las obligaciones extracontractuales) precisamente en beneficio de la seguridad jurídica en la realidad social de nuestro tiempo caracterizada por la complejidad y multiplicadas de variantes en las relaciones jurídicas, tanto dentro del comercio como fuera de él" (sentencia de 20 de octubre de 1989).
Todo ello lleva a la desestimación de este segundo motivo así como a la del primero en cuanto en él se denuncia infracción del artículo 1.137 del Código Civil por la Sala sentenciadora".
RELACIONES DEL FIADOR CON EL DEUDOR En cuanto a las relaciones del fiador con el deudor principal, en el caso de que se haya pactado el carácter oneroso del contrato, el fiador tendrá derecho a exigir el pago de la retribución convenida, y en los términos que se hubieran convenido. Ahora bien, señala la doctrina que en caso de retribución, el fiador pierde el derecho a obtener la relevación de la fianza que el Código Civil concede a los fiadores civiles a los diez años de constituida y cuando la obligación principal no tenga término fijo de vencimiento (el artículo 1.843 del Código Civil dice en su apartado 5º que al cabo de diez años, cuando la obligación principal no tiene término fijo para su vencimiento, a menos que sea de tal naturaleza que no pueda extinguirse sino en un plazo mayor de los diez años, el fiador podrá, aun antes de haber pagado, proceder contra el deudor principal, para obtener la relevación de la fianza o una garantía que lo ponga a cubierto de los procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia en el deudor). Y se entiende esto porque el Código de Comercio en su artículo 442 señala que en los contratos por tiempo indefinido, pactada una retribución al fiador, subsistirá la fianza hasta que, por la terminación completa del contrato principal que se afiance, se cancelen definitivamente las obligaciones que nazcan de él, sea cual fuere su duración, a no ser que por pacto expreso se hubiere fijado plazo a la fianza. En caso de pago o cumplimiento de la obligación principal por parte del fiador, éste podrá repetir contra el deudor principal, reclamándole el reembolso del importe de la deuda, con los intereses legales, más los gastos, daños y perjuicios cuando procedan.
Además, y como señala el artículo 1.839 del Código Civil, podrá subrogarse en todos los derechos que el acreedor principal tuviere contra el deudor.
En el caso de varios fiadores o cofiadores, si uno de ellos paga la deuda, podrá reclamar de cada uno de los otros fiadores la parte que proporcionalmente le correspondiera satisfacer.
Dice el artículo 1.844 del Código Civil que cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por la misma deuda, el que de ellos haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer. Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de éste recaerá sobre todos en la misma proporción.
EXTINCIÓN En cuanto a la extinción del contrato de fianza, el artículo 1.847 del Código Civil establece que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que las demás obligaciones. En consecuencia, y por su carácter accesorio, la obligación del fiador se extingue con la obligación del deudor principal. Pero además, y como se desprende del artículo 442 del Código de Comercio antes referido, si la fianza se pactó expresamente para un plazo determinado, se extinguirá transcurrido dicho plazo aunque la obligación de pago subsista.
GARANTÍAS DE PRIMERA DEMANDA Y CARTAS DE PATROCINIO TEMA 6: CONTRATOS BANCARIOS Actividad bancaria: regulada en la ley 3/1994 RD 1298/1986 regula la adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las CE.
Salvo algunos casos, la mayor parte de contratos bancarios y operaciones de toda índole que realizan las EEFF carecen de regulación jurídica positiva individual y, en caso, de existir, es muy general.
Los Bancos y otras EEFF realizan dos tipos de operaciones: - Activo: préstamo, apertura de crédito, descuento, factoring i leasing - Pasivo: depósitos de uso, contrato de cuenta corriente y tarjetas bancarias. El crédito documentario.
Operaciones de pasivo Son todas aquellas que permiten al Banco la captación de recursos, propios o ajenos, ya provengan: - Del Banco de España (o del Banco central de cada país UE) - De los ahorros/fondos de sus clientes (que llevan aparejada la obligación de restitución) Operaciones más habituales: Depósitos de uso (depósito bancario) El contrato de depósito civil se regula en los arts. 1758 a 1784 CC, mientras que el depósito mercantil se regula en los arts. 303 a 310 CdC, pero como contrato bancario que es, es un contrato atípico, no se ajusta a ninguna de estas normas.
NO SON DE APLICACIÓN 1768 CC “Cuando el depositario tiene permiso para servirse o usar de la cosa depositada, el contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en préstamo o comodato. El permiso no se presume, debiendo probarse su existencia.” 307,2 CdC “Los riesgos de dichos depósitos correrán a cargo del depositario, siendo de cuenta del mismo los daños que sufrieren, a no probar que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito insuperable.” 304, 1 CdC “El depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito, a no mediar pacto expreso en contrario.” Sí resultaría de aplicación el último párrafo art.307 CdC: “Cuando los depósitos de numerario se constituyeren sin especificación de monedas o sin cerrar o sellar, el depositario responderá de su conservación y riesgos en los términos establecidos por el párrafo segundo del artículo 306.” En cualquier caso, la atipicidad de esta figura, provoca que el depósito de uso goce de las características del denominado depósito irregular, que son las tres ss: 1º Deber de custodia, por parte del depositario, es fundamental, al igual que la obligación de devolución cuando éste lo exija o en el plazo pactado.
2º No existe siempre término de devolución 3º No se conoce (por parte del depositante) el uso o disponibilidad que el depositario hará de los fondos depositados.
Titularidad: Puede ser individual o colectiva, con disposición individual o separada, sometida a la firma de una o de varias.
También existe la figura del titular meramente autorizado.
Pacto de compensación Habitualmente existe el denominado pacto de compensación mediante el cual, un saldo deudor del depósito de un titular puede ser compensado con otro saldo acreedor del mismo titular, ya sea este individual o colectivo.
Clases por el plazo de devolución La obligación de devolución de la suma depositada provoca que existan dos clases de depósitos de uso: - A la vista: existe para la EF la obligación de devolver la suma depositada, a petición del depositante en el momento que este lo exija. Puede adquirir la forma de cuenta corriente o libreta a la vista. En ambos casos se admiten ingresos de 3os no titulares y/o cargos de recibos domiciliados. Pueden retirarse fondos a través de tarjetas de débito.
- A plazo: la restitución de la suma depositada sólo procede al vencimiento del plazo pactado.
En principio no caben ni ingresos ni abonos y la remuneración es algo más elevada que en el depósito a la vista.
Tarjetas bancarias Cuenta corriente bancaria A tenor de la jurisprudencia del TS, en este contrato… La entidad de crédito asume la prestación del servicio de caja, de forma que: - Efectúa pagos (abono de recibos, transferencias, cargas de tarjetas…) - Recibe cobros (de 3os, nóminas, cheques…) Notas: - La disposición de fondos puede hacerse directamente en la oficina, cajeros automáticos, cheque o mediante banca electrónica/teléfono.
- El Banco está obligado a abonar los cargos a favor de 3os siempre que el titular disponga de fondos.
- Si el cliente no se manifiesta en contra, el Banco periódicamente debe enviarle los extractos de cuenta con detalle de abonos y cargos.
Diferencia depósito de uso a la vista en cuenta corriente y contrato de cuenta corriente - En el 1º son esenciales los servicios de caja, el titular no puede disponer de cheques y no caben descubiertos o anticipos crediticios.
- La finalidad del segundo es recibir/abonar dinero y el titular abona comisiones.
Titularidad Individual o colectiva y en el segundo caso, mancomunada o solidaria.
Duración En principio es indefinida, pudiendo ser resuelta unilateralmente; en el caso que sea la entidad quien resuelva, deberá preavisar en el plazo indicado en el contrato.
Entre empresas y habitualmente para el cobro de exportaciones se utiliza el denominado Crédito Documentario.
Crédito Documentario Medio de pago habitual en operaciones de exportación. El CD.
El Crédito Documentario (CD, Letter of Credit -L/C-) es un convenio en virtud del cual un Banco, actuando a petición de un importador y de conformidad con sus instruc-ciones, se compromete a efectuar un pago a un exportador contra presentación de una serie de documentos exigidos dentro de un tiempo límite especificado, siempre y cuan-do se hayan cumplido los términos y las condiciones del crédito. El CD es más favora-ble al exportador que al importador porque es un instrumento diseñado para proteger al vendedor.
El CD puede cubrir la globalidad de operaciones de exportación o bien operaciones individuales, una a una.
Es el medio de pago que ofrece un mayor nivel de seguridad en las ventas inter-nacionales para disminuir el riesgo de impago, ya que asegura al exportador el cobro de su operación.
La idea básica es que en una compraventa internacional un 3º (Banco) se comprometa a pagar en caso que la operación llegue a efectuarse. Es un mecanismo orientado a garantizar el cobro de una operación concreta y determinada (excepto la modalidad denominada CD revolving).
El CD es una orden que el importador (comprador extranjero) da a su Banco para que proceda al pago de la operación en el momento en que el Banco del vendedor (exportador) le presente la documentación acreditativa de que la mercancía ha sido enviada de la manera convenida.
El Banco del importador va a pagar si la documentación está en regla, con independencia de que en ese momento el importador tenga saldo o no, es decir, el Banco del importador garantiza la operación.
La documentación debe ser muy precisa e incluir todos los documentos que se han especificado en el CD. No puede haber ningún tipo de error, ni de fondo ni de forma. Si los documentos no cumplen estrictamente los términos y condiciones establecidas las condiciones del crédito, en general, se habla de reservas.
Si tenemos en cuenta que los Bancos nunca trabajan con mercancías, puesto que sólo lo hacen con documentos, para iniciar el proceso de apertura de un CD el importador, en primer lugar, instruye a su banco para “abrir” un CD y esto se lo comunica al exportador, indicándole los documentos que debe remitir.
En segundo lugar el exportador procede al envío de la mercancía al lugar convenido y, paralelamente, a través de su Banco, remite al Banco del comprador extranjero (importador) la documentación acreditativa conforme la mercancía ha sido enviada en las condiciones acordadas.
En tercer lugar, cuando el Banco del comprador extranjero recibe esta documentación, comprueba que está todo en regla y procede al pago.
Normativa (usos mercantiles) aplicable: Los CD’s están regulados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) a través de los Usos y Reglas Uniformes Relativas a los Créditos Documentarios (URU). La última revisión de dichas reglas se recoge en la publicación 600 de la CCI.
Sujetos que intervienen 1º.- Ordenante: comprador. Solicita al Banco la apertura del CD y le indica las condiciones de la operación (venta de “x”, a 60 días, al importador / comprador del país…).
2º.- Banco emisor: sigue las instrucciones del ordenante y su principal obligación es pagar al beneficiario.
3º.- Beneficiario (Bº): vendedor. Es quien tiene el derecho de cobro, si cumple las condiciones pactadas.
4º.- Banco corresponsal: puede ser … - Pagador: si entrega el dinero a la vista del Bº (cuando éste ha cumplido), - Negociador: si se encarga de descontar letras al Bº (cuando éste ha cumplido), - Aceptador: si acepta las letras para pagarlas al Bº, - Avisador: si sólo notifica al Bº la apertura del crédito a su favor.
Tipos de CD’s: 1.- Revocable o irrevocable Revocable: es aquél que después de su apertura y antes de haber procedido al pago, el importador puede anularlo en cualquier momento a su libre voluntad, por lo que la seguridad que ofrece es muy reducida. Sin embargo, el Banco Emisor queda obligado con todos los pagos, compromisos, aceptaciones o negociaciones efectuadas con anterioridad al recibo de la notificación de modificación o cancelación. No es un compromiso de pago en firme y en la práctica se emplea muy poco.
Irrevocable: es aquél que una vez abierto ya no se puede cancelar, lo que garantiza al exportador que si la documentación presentada es correcta, va a cobrar su venta. En realidad el CD irrevocable sólo podría ser modificado o cancelado con el acuerdo del Banco Emisor, el Banco Confirmador (sí lo hubiere) y del beneficiario. Por ello es un compromiso en firme por parte del Banco Emisor en favor del exportador.
2.- Confirmado Si el CD irrevocable no está confirmado por el Banco del Emisor y dicho Banco no pagase (p.ej., por haber incurrido en concurso de acreedores) el Banco del vendedor / exportador no tendría obligación de pagar.
Por ello, un Banco 3º (generalmente “mejor” desde un punto de visto de la solvencia económica) garantiza el cumplimiento del pago en el supuesto que el Banco del importador no lo hiciera.
En el CD confirmado, el Banco del exportador, además de notificar el crédito y realizar las gestiones encomendadas por el Banco ordenante (el del importador), asume un compromiso de pago. En definitiva el Banco del exportador se compromete a asegurar el reembolso al exportador en caso de que el Banco emisor (extranjero), no lo hiciese. Esta modalidad sólo se usa cuando pueden haber dudas sobre la solvencia del país del Banco emisor (del importador).
3.- A la vista o a plazo - A la vista: el pago de la operación es al contado, por lo que en el momento de presentar la documentación el Banco del importador procede al pago.
- A plazo: el pago de la operación es aplazado (p.ej., 30, 60, 90 …, días), por lo que una vez entregada la documentación hay que esperar al transcurso del plazo acordado para recibir el importe de la venta.
4.- Transferible Un CD Transferible es emitido a favor de un bº que no es quién produce la mercancía sino un intermediario, que ha establecido un contrato de venta con un comprador, pero depende de una tercera parte (el exportador), para suministrar la mercancía a su cliente, p.ej., un exportador de Valencia recibe una orden de venta de una empresa italiana para que suministre 14.000,- kgs de naranjas a una empresa de Hamburgo.
Los CD’s transferibles son especialmente indicados para las Trading Companies (empresas intermediarias de comercio internacional).
5.- CD Back to Back Cuando el Bº del crédito no es el proveedor final de la mercancía y el crédito recibido no es transferible, el exportador puede solicitar a su Banco que emita un nuevo CD res-paldado por el primer crédito recibido. Son dos créditos distintos (es la diferencia con el transferible).
6.- CD Stand by Un crédito Stand-by es usado como un sustituto de un aval, en realidad es un aval de ejecución documentaria sujeto a los URU´s (Reglas Uniformes Relativas a los Créditos Documentarios). Se pueden usar en cualquier tipo de transacción y están basados en el concepto de incumplimiento de contrato por parte del ordenante del crédito Stand-by.
7.- CD Revolving (rotativo) Un CD revolving es aquél utilizable por un importe que permanece constante por un período especificado de tiempo. De esta forma cuando es utilizado resulta disponible por la totalidad del importe, ya sea de forma automática o tan pronto como se recibe aviso del emisor de haber recibido conformes los documentos de la utilización.
No se trata de “pagar” una operación única y concreta (p.ej., exportación de “x” toneladas de trigo de Burgos a Varsovia que, p.ej., COMPAÑÍA DE TRIGOS BURGA-LESA SA vende a la empresa STANISLOWA PRZENICA), sino que la utilización de un CD revolving se equipara a una “línea de crédito” que otorga cualquier Banco <<a su cliente>> por un período de tiempo determinado.
Operaciones de Activo Son operaciones de colocación e inversión de recursos de que disponen, se caracterizan por suponer de manera directa (sin mediar la adquisición de valores) la concesión de crédito a terceros, ej: para… - La adquisición de un inmueble - Contratos de financiación - Etc.
Operaciones más habituales: - PRÉSTAMO Caracteres 1. Real: exige para su perfección la entrega de la cosa prestada 2. Unilateral: porque sólo genera obligaciones para el prestatario * Importante: La entrega del dinero al prestatario no es consecuencia o efecto sino condición sine qua non para su existencia.
3. Traslativo de dominio: porque el dinero prestado sale de la propiedad del prestamista y apsa a ser propiedad del prestatario. El prestamista adquiere un dº de crédito frente a aquél.
4. Forma escrita si se pacta el devengo de intereses. Art. 314 CdC “Los préstamos no devengarán interés si no se hubiere pactado por escrito”.
En la práctica habitualmente se interviene por Notario.
Objeto Aunque en los artículos 312 y 316 CdC admiten que el préstamo consista en otros objetos, lo habitual es que sea dinero.
Obligaciones para el prestatario 1. La restitución del importe prestado en los plazos pactados (Cabe la amortización anticipada) 2. Abono de intereses: El art. 315 CdC afirma: …. Esta libertad en el tipo de interés está matizada por la Ley de Represión de la Usuta de 23 de junio de 1908, que declara nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.
El TS ha manifestado en numerosas ocasiones que esa Ley es aplicable a los préstamos mercantiles.
Además de los intereses del propio préstamo el art. 316 CdC admite el cobro de intereses de demora en caso de retrasarse en el abono del importe pactado.
El art. 217 CdC prohíbe el anatocismo o cobro de “los intereses vencidos y no pagados” pero el mismo artículo autoriza que “se capitalicen los intereses líquidos y no satisfechos que, como aumento de capital, devengarán nuevos réditos”.
Límite al cobro de intereses Art. 319 CdC: “interpuesta una demanda no podrá hacerse la acumulación de intereses al capital para exigir mayores réditos” Riesgo de insolvencia Para evitar el riesgo de insolvencia sobrevenida del prestatario, puede pactarse la garantía/aval persona o real de terceros.
Clases de préstamos 1. Sindicados Varias entidades de crédito (bancos participantes) prestan fondos, en la proporción que convengan, a un cliente que habitualmente es una empresa de gran dimensión.
En la formación, resulta fundamental, para los bancos participantes, saber: - Quien forma el sindicato, - Capital total prestado y en qué % participará cada entidad - Plazos de devolución e importes, - En qué consiste la operación a financiar, - Contraprestación que obtendrá cada participante Notas: - Los Bancos participantes se obligan solidariamente frente al prestatario - Cada Banco participante se reserva el ejercicio individualizado de algunas facultades, p.ej., la resolución parcial en ciertos casos.
- En el contrato consta de forma pormenorizada… o A operación a desarrollar por el prestatario o Las obligaciones de éste, que queda obligado durante la ejecución de la misma, a facilitar a los bancos participantes toda la información necesaria - Los Bancos participantes desarrollan una auténtica labor de supervisión, seguimiento y control del desarrollo de la operación ((El PS puede adquirir la forma de crédito sindicado. Las diferencia entre préstamo y crédito las veremos próximamente)).
2. Participativos Se regula en el art. 20 RD Ley 7/1996. Consiste en una financiación normalmente ligada a situaciones de dificultad o de especial apoyo a la entidad receptora.
El art. 20 RD Ley 7/1996 enuncia que se considerarán préstamos participativos aquéllos que tengan estas 4 características: - La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria.
El criterio para determinar dicha evolución podrá ser: o EL beneficio neto, o El volumen de negocio, o El patrimonio total o, o Cualquier otro que libremente acuerden las partes contratantes.
Además, podrán acordar un interés fijo con independencia de la evolución de la actividad.
- Las partes contratantes podrán acordar una cláusula penalizadora para el caso de amortización anticipada. El prestatario sólo podrá amortizar anticipadamente el pp si dicha amortización se compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no provenga de la actualización de activos.
- Los prestamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes - Los préstamos participativos se consideraran patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil. Art. 327 LSC, Art. 363 LSC.
APERTURA DE CRÉDITO En dicho contrato una entidad de crédito se obliga, durante un cierto plazo y hasta una cantidad determinada, a poner a disposición del cliente la suma o sumas de dinero que le demande.
Función: asegurar a un cliente la disponibilidad, no la disposición¸ de una suma de dinero de la que podrá hacer uso, durante el tiempo pactado, en el modo y cuantía que precise.
Se caracteriza por una mayor flexibilidad y elasticidad frente al préstamo y es una figura especialmente útil para profesionales y empresarios.
En la práctica lo habitual es que la disponibilidad del crédito se efectúa desde una cuenta corriente en la que sólo se abonan los intereses por el importe dispuesto en función de los días utilizados (además de comisión de apertura, no disponibilidad…) Al igual que el préstamo, el crédito también puede ser sindicado.
CONTRATO DE DESCUENTO Es aquel contrato por el que una entidad crediticia anticipa a un cliente el importe de un crédito pecuniario no vencido que éste tiene contra un tercero. También se denomina “línea de descuento” Ejemplo: - El día 1 de octubre A compra a B una mercancía que se obliga a pagar a 60 días, o sea, el 1 de diciembre - A (comprador) entrega a B (vendedor) un pagaré [no es obligatorio instrumentarlo a través de pagaré] con vencimiento 1/12 - B entrega al Banco el pagaré para que le “descuente” (anticipe/financie) el importe, a cambio de una comisión.
El banco, a su vez, antes del vencimiento, lo puede volver a “descontar” en otro Banco (redescuento) Notas: - La finalidad es esencialmente crediticia - Para el Banco representa un eficaz instrumento de concesión de crédito - Es un medio rápido y apto para la movilización de los capitales recibidos en depósito, pues respalda la concesión de crédito a su cliente con la adquisición que éste ostenta frente a un tercero.
En caso de impago, al vencimiento, por parte del deudor (comprador) el Banco podrá exigir a su cliente (vendedor a quien le había “adelantado” el importe) la devolución de la suma anticipada.
En general, la entidad de crédito no viene obligada a admitir pagos parciales.
Remuneración al Banco: Si no existe impago, el Banco cobra… - Una comisión de apertura de la línea de descuento - Un % de interés sobre los importes anticipados En caso de impago por parte del deudor el Banco cobra, además,… - Un importe fijo (comisión) por cada efecto impagado.
FACTORING Regulación de las sociedades de factoring: Las sociedades de factoring tienen la condición de “entidad de crédito” (Disp. Adic. 7ª del RD Ley 12/95), pero no pueden realizar las operaciones típicas de éstas (o sea, las operaciones bancarias) sino solo su actividad específica). En la práctica, las EEFF tienen sus propias entidades de factoring, se invierte, es decir, la entidad bancaria hace factoring, no al revés.
Concepto: En el contrato de factoring una sociedad (factor o sociedad de factoring) se obliga frente a un empresario a gestionar el cobro del conjunto de los créditos que éste tiene frente a sus clientes y que ceden al factor,… - Garantizando en unos casos el cobro de una parte o de la totalidad de los mismos en el supuesto de insolvencia del deudor del crédito cedido, - Anticipando el cobro de créditos o, - Ambas cosas a la vez.
Clases: Cuando el factor responde de la solvencia del deudor se denomina factoring SIN recurso y en caso contrario, cuando no responde y el impago del deudor el factor lo “repercute” al cliente, se denomina CON recurso, en este último caso, si el crédito se impaga, el empresario queda obligado a restituir al factor la cantidad aceptada.
Selección de riesgos: El factor se puede reservar la facultad de rechazar la cesión de créditos, respecto a los cuales asumirá simplemente la obligación de gestión de cobro.
Es posible en el factoring que no haya anticipo de dinero, pero si aseguramiento del cobro. En el caso de la gestión de cobro no hay ni anticipo de dinero, ni aseguramiento del cobro, solo la mera gestión.
Otras prestaciones El art. 1.1 bº) del RD 692/1996, de 26 de febrero, declara que las sociedades de factoring, además de su actividad propia, tienen como complementarias la siguientes: 1. Investigación y clasificación de la clientela 2. Contabilización de deudores y, en general, 3. Cualquier otra actividad que tienda a favorecer la administración, evaluación, seguridad, y financiación de los créditos nacidos en el tráfico mercantil nacional o internacional que le sean cedidos.
Naturaleza jurídica Es un contrato complejo o mixto que, aún siendo único da origen a varias relaciones jurídicas.
El factoring tiene algún elemento de la comisión mercantil (el factor se encarga de la gestión de cobro de determinados créditos), pero es un contrato sui generis puesto que el factor no es un puro gestor de créditos sino un cesionario de los mismos, (tanto en los casos en los que garantiza su importe en el supuesto de insolvencia del tercero deudor como cuando anticipa su importe a través de la financiación.
LEASING No existe una normativa específica que regule este contrato, pero la Jurisprudencia ha aludido, en su regulación, a la disposición adicional 1ª de la Ley 28/1998, de venta a plazos de bienes muebles; sí existen normas de vigilancia y control de las sociedades de arrendamientos financieros Concepto: Es aquel contrato por el que una parte (denominada sociedad de Arrendamiento financiero o arrendador financiero) cede a otra (llamada usuario o arrendatario) el uso de un bien a cambio del abono de cuotas periódicas, siendo éste bien previamente adquirido a un tercero (denominado proveedor por expresa indicación y de acuerdo con las instrucciones recibidas del futuro usuario.
La causa de este contrato no es la transmisión de la titularidad del bien sino la cesión de su uso, otorgando al usuario la facultad de la adquisición de ese bien al término de la relación contractual.
Caracteres: 1. La determinación del bien a adquirir y la selección de los proveedores corresponden al usuario 2. La propiedad del bien corresponde a la AF, el usuario es sólo poseedor 3. Las cuotas del AF se calculan tomando en consideración la amortización de la totalidad o la mayor parte del coste del bien cedido al usuario.
4. La duración habitual del AF es: mayor a dos años si se trata de cosas muebles y mayor de 10 si se trata de inmuebles.
5. Al cumplimiento de término pactado en el contrato el usuario tendrá la facultad de adquirir el bien objeto del contrato.
Contenido: La obligación esencial del AF es la adquisición del bien elegido por el usuario y facilita la entrega de la posesión de ese bien al usuario. El af pacta con el vendedor que el usuario podrá exigirle el cumplimiento de sus obligaciones, p.ej., la entrega del bien saneamiento por vicios o defectos de la cosa vendida en una posición equivalente a la de quien es parte en el contrato de compraventa como comprador, aun cuando el usuario realmente no lo sea.
La obligación esencial del AF es la adquisición del bien elegido por el U y facilitar la entrega de la posesión de ese bien al U. El AF pacta con el vendedor que el U podrá exigirle el cumplimiento de sus obligaciones, p. ej., la entrega del bien o saneamiento por vicios o defectos de la cosa vendida en una posición equivalente a la de quien es parte en el contrato de compraventa como comprador, aun cuando el usuario realmente no lo sea.
Obligaciones del U: - Pagar, en los plazos convenidos, as cuotas pactadas. En caso de impago el AF tiene dcho a cobrar las cuotas vencidas e impagadas.
- Conservar con la debida diligencia el bien cedido.
- Restituir al AF en el estado que se encuentre, al finalizar el contrato - En caso de destrucción del bien por caso fortuito, tal riesgo corre por cuenta del U. La pérdida fortuita del bien no es causa para dejar de abonar las cuotas pactadas y por ello, en la mayoría de ocasiones, se impone la obligación de aseguramiento del bien.
Impago de cuotas: El AF tiene 2 posibilidades: 1- Resolución del contrato y recuperación del bien 2- Requerimiento extrajudicial al U (mediante federatario público) exigiendo el pago de las cuotas pendientes con el apercibimiento que, en caso de mantenerse en la postura de impago, procederá a la recuperación del bien (mediante acciones judiciales).
Peculiaridades: 1- En caso de embargo del bien por parte de un 3º (ej. Acreedor del U), el AF como propietario del bien, interpone una tercería de dominio para que se levante el embargo trabado sobre el bien (probando, lógicamente, que es el propietario del bien).
2- Cabe la posibilidad de cesión del contrato de AF tanto por parte del AF como del U.
TEMA 7: DERECHO DEL MERCADO DE VALORES CONCEPTO Con carácter general la doctrina los define como el ámbito o marco en el que se desarrolla una actividad consistente en la negociación de activos o instrumentos financieros y a ellos concurren las empresas que necesitan fondos para financiar sus proyectos productivos, los ahorradores dispuestos a ceder su dinero a cambio de una compensación y los intermediarios financieros que se interponen entre los sujetos anteriores para hacer posible que la transacción tenga lugar.
Encuentra su regulación legal en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en lo sucesivo, TRLMV), vigente desde el 13-5-2015 y que sustituye a la derogada Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Dicha norma, tiene un cierto carácter de ley marco, susceptible de concreciones diversas en función de las necesidades y problemas que en cada momento se manifiesten. Si bien, hay que tener en cuenta, que en esta materia por el propio objeto de la misma es objeto de continuas reformas.
Dichas normas no buscan sino la regulación de los mercados de valores tanto primarios como secundarios, estableciendo a tal fin los principios de su organización y funcionamiento, así como la regulación de la actividad de cuantos sujetos y entidades que intervienen en ellos, su régimen de supervisión y control. Así, cabe distinguir: a) Mercado Primario de Valores, cuya regulación básica se obtiene de los artículos 33 a 42 del TRLMV, y que responde a la idea de puesta en circulación de los valores, identificándose con la actividad de lanzamiento al mercado de valores emitidos por diversas entidades para su difusión y distribución entre los inversores, configurándose como un mercado libre con los requisitos que son exigidos en los mencionados preceptos.
b) Mercado Secundario de Valores: Su regulación básica se encuentra en los artículos 33 y ss., que responden a la idea de negociabilidad de los valores, y en la que cobra una vital importancia la figura del intermediario financiero que son los que se encargan de asesorar a las empresas en los trámites que deben seguir para cumplir con la regulación de los mercados de valores. Así el artículo 43 de la TRLMV señala que son mercados secundarios oficiales de valores aquellos que funcionen regularmente, conforme a lo prevenido en la citada norma y en las que la desarrollan, y, en especial, en lo referente a las condiciones de acceso, admisión a negociación, procedimientos operativos, información y publicidad.
Se considerarán mercados secundarios oficiales de valores los siguientes: a) Las Bolsas de Valores.
b) El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
c) Los Mercados de Futuros y Opciones, cualquiera que sea el tipo de activo subyacente, financiero o no financiero.
d) El Mercado de Renta Fija, AIAF.
e) Cualesquiera otros, de ámbito estatal, que, cumpliendo los requisitos previstos al efecto se autoricen en el marco de las previsiones del TRLMV y de su normativa de desarrollo, así como aquellos, de ámbito autonómico, que autoricen las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
El ámbito de las operaciones propias de este tipo de mercados no es otro que las transmisiones por título de compraventa de aquellos valores admitidos a negociación en cada mercado MERCADO MONETARIO Y OTROS Asimismo, se ha de señalar que la doctrina entre otras García Malsipica, establece una clasificación de los mercados de valores en función de su objeto y así señala que se habla de Mercados Monetarios que son en los que se negocian activos financieros a corto plazo (vencimiento no superior a dieciocho meses). Se asocian a las características de activos con poco riesgo. En ellos se negocian Letras del Tesoro, ventas con pacto de recompra, pagarés de empresa. Mercados de Capitales en los que se negocian recursos financieros permanentes o activos a largo plazo de las empresas y organismos públicos (con vencimiento superior a dieciocho meses o sin vencimiento, como las acciones).
En España hay tres mercados de capitales: las Bolsas en que se negocian acciones y renta fija privada y pública; el mercado de renta fija privada de AIAF; el mercado de deuda pública anotada en la Central de Anotaciones del Banco de España. Los Mercados de Productos Derivados son mercados que a diferencia de los anteriores (mercados de contado en que las transacciones perfeccionadas o realizadas se ejecutan en pocos días), la plena ejecución de los contratos que se negocian esté diferida en el tiempo, y por último los Mercados de Divisas, en los que se negocian instrumentos con nominales de diferentes precios. Son mercados descentralizados en el que sólo operan profesionales. Por ejemplo el de compraventa de divisas al contado y a plazo, el de swaps de divisas y el de Eurobonos.
CARACTERES Los mercados de valores son mercados organizados. Para que pueda hablarse de un mercado de valores organizado debe existir un sistema de contratación que cumpla varios requisitos: • Debe disponer de los medios materiales que hagan posible el encuentro de oferente y demandante.
• La contratación se realiza a través de los que se denominan miembros del mercado o agentes autorizados para realizar esta función.
• Existencia de mecanismos de difusión de las cotizaciones o precios para los que existen oferente y demandante para vender y comprar valores, así como de los precios a los que se realizan las operaciones.
• Existencia de liquidez. Actualmente se tiende a la integración de los mercados de valores. En este sentido no conviene confundir mercado con lugar de contratación. Los valores pueden negociarse en múltiples puntos y formar parte de un solo mercado en el que se forman los precios. Por ejemplo, la Deuda Pública española se negocia simultáneamente en la Central de Anotaciones del Banco de España y en las Bolsas.
En este ámbito, cobra especial importancia la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuya regulación básica se encuentra en los artículos 16 a 32 de la TRLMV,, que se concibe como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia. Se trata de un ente al que se encomienda la supervisión e inspección del mercado de valores, sin perjuicio de su colaboración en las labores de ordenación del mismo y en el impulso de la implantación de su reforma. La Comisión aparece regida por un Consejo de Administración cuya composición se caracteriza por la exclusión de representaciones directas de los agentes sujetos a la supervisión de aquélla, que sin embargo tendrán voz, a través de un Comité Consultivo que se crea al efecto, en las decisiones más importantes de la Comisión. El diseño del Consejo de Administración de la Comisión potencia la competencia profesional, dedicación e independencia de sus miembros y la actuación de los mismos en forma colegiada. Las competencias de la Comisión son múltiples e incluyen, entre otras, la de velar por la transparencia de los diversos mercados, la correcta formación de los precios en los mismos y la protección de los inversores, promoviendo las informaciones que sean de interés para éstos; la de controlar el desarrollo de los mercados primarios, la de admisión a negociación de valores en los mercados secundarios oficiales, así como su suspensión y exclusión; la de velar por el cumplimiento de las normas de conducta por cuantos intervienen en el mercado de valores; la de asesorar al Gobierno y al Ministerio de Economía y Hacienda en las materias relacionadas con los mercados de valores, y el control del cumplimiento de cuantas obligaciones y requisitos se exigen en la ley, incluyendo el ejercicio de la potestad sancionadora.
Otros de los Agentes de relevancia en este tipo de mercados son las Bolsas de Valores (arts. 45 a 54 TRLMV), que son entidades sin personalidad jurídica y que vienen marcadas por el hecho de que sólo podrán ser miembros de las mismas las Sociedades y Agencias de Valores que accedan a tal condición, dado que su creación corresponde con carácter general al Gobierno, salvo que existan comunidades autónomas con competencias al respecto, como sucede con las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y por la decisión de que estarán regidas por sociedades anónimas cuyo capital quedará reservado a aquellas entidades. Esta sociedad es la denominada Sociedad Rectora cuya función no es otra que la dirección y ordenación de la contratación y demás actividades de la bolsa, así como la organización de los Servicios de la misma y la titularidad de los medios necesarios para su funcionamiento. A su vez estas sociedades rectoras forman parte y participan en una segunda sociedad cual es la Sociedad de Bolsas cuyo objeto no es otro que la gestión del Sistema de Interconexión Bursátil, que tiene un ámbito estatal e integrado a través de una red informática que tendrá por objeto la negociación, en exclusiva, de los valores que se incorporen al mismo, valores que deberán ser admitidos a su negociación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de entre aquellos valores que coticen en dos o más bolsas y en base a criterios de liquidez, frecuencia, volumen de contratación y características de los valores.
Por último y en relación a otros de los Agentes que habitualmente actúan en el Mercado de Valores, cumpliendo fundamentalmente labores de intermediación están las empresas de servicios de inversión (arts. 62 y ss. TRLMV) que con carácter general se puede decir que son Sociedades Anónimas especiales cuyo objeto social está tasado y es la prestación de servicios de inversión y además pueden realizar actividades complementarias también definidas en la Ley. Se distingue entre sociedades de valores, agencias de valores, sociedades gestoras de carteras y empresas de asesoramiento financiero. A grandes rasgos hay un un elemento que diferencia a las sociedades de las agencias de valores, y es qye las primeras pueden actuar por cuenta propia y de terceros, mientras que las agencias Agencias solo pueden actuar por cuenta ajena, con representación o sin ella.
Las sociedades gestoras de carteras sólo están autorizadas a gestionar carteras de inversión de acuerdo con los mandatos expresos que les den los inversores y como servicio accesorio pueden ofrecer asesoramiento tanto a empresas como a inversores.
Nuestro ordenamiento también permite que las entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), también pueden realizar todos los servicios y actividades propias de las empresas se servicios de inversión, siempre que así se recoja en su régimen jurídico, sus estatutos y tengan una autorización específica (que se la da el Banco de España).
TEMA 13: TÍTULO DE VALORES Consideraciones generales Concepto: es el documento esencialmente transmisible necesario para ejercitar el dº literal y autónomo en él mencionado.
La conexión entre lo “corporal” (título) y lo “incorporal” (derecho) es muy útil en dos sentidos: - Para ejercitar el derecho - Para posibilitar su transmisión.
Características del dº incorporado al título: Legitimación La posesión es requisito mínimo y necesario para legitimar a quien tenga en su poder el título.
En el TV al portador es suficiente la posesión y en el TV a la orden es necesaria, además la identificación.
- Contiene prestación dineraria (Excepto: acciones de una SA) - Literalidad El contenido del dº, límites y modalidades dependen de los términos en que esté redactado el TV.
- Autonomía El dº incorporado es autónomo en el sentido que cuando se transmite el TV nace de nuevo el dº para el adquiriente y a él no le afectan las relaciones entre anteriores titulares y el deudor.
Clases: - Nominativos Son los menos importantes. Designa como titular a una persona determinada y sólo se puede transmitir si se notifica la transmisión al deudor. Por ello, la incorporación de dº al TV es “atenuada”.
La nota esencial es que, en principio, el título nominativo no está destinado a la circulación o transmisión.
A la orden Designa como titular a una persona determinada o a otra que aquella (o las sucesivas poseedoras legítimas del documento) designen en el propio título. Nace con vocación de ser transmitido. Son la mayoría.
Es nominativo pero por medio de una cláusula de endoso (estampada en el mismo TV), puede ser sustituida a la persona designada en él, sin permiso ni necesidad de notificarlo al deudor.
No se limita el dº en favor de la persona designada, sino que se permite el ejercicio del dº a otra persona, cesionaria de la primera.
Al portador Son aquellos que legitiman a su poseedor como titular del derecho incorporado al documento, y es el poseedor quien puede ejercer los derechos que en él se contienen.
Régimen de los TV al portador: - El ejercicio del dº incorporado al título se ve facilitado enormemente. El deudor cumple su prestación al serle presentado el doc, sin tener que examinar si corresponde, o no, a su poseedor el dº incorporado.
- Transmisión mediante tradición: art. 609 CC y 545 CdC - Irreivindicabilidad del título: art 545 CdC. La posición jurídica del poseedor del título al portador adquirido sin culpa grave, es prácticamente inatacable, ya que el título es irreivindicable.
La Letra de Cambio La LC nació en la Edad Media, dentro del tráfico mercantil, por dos motivos: 1º evitar el riesgo del traslado de dinero en metálico de una plaza a otra, en concreto los asaltos en caminos y abordajes en el mar.
2º en la época existían numerosísimas repúblicas, condados, marquesados, etc y cada uno tenía su propio régimen jurídico y su propia moneda.
La LC nace como una carta (“lettera” en latín, o sea, LETRA) que incluía la orden de pagar una suma de dinero a la persona indicada en el texto.
Los banqueros se dieron cuenta de la necesidad (de los comerciantes) de disponer de dinero en efectivo en cada unao de los territorios donde transaccionaban, necesitaban CAMBIO monetario.
Actualmente se regula en la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (LCCh).
Concepto: es un título valor que incorpora una orden incondicionada dada por quien la emite,a otra persona, de pagar una suma determinada a un tercero.
R ordena a O que pague a T El señor O compró 100kg de mercancía a R y debe pagarle, pero R, a su vez debía dinero a un proveedor T, por tanto, R ordena a O (mediante LC) que pague a T.
O compró 100kg de mercancía a R y para pagarle le entrega una LC. Debido a que la LC se gira a 60 días (R) la entrega al Banco T para que éste le “adelante” (financie, anticipe) el dinero a cambio de una comisión. Al vencimiento O pagará la LC a T.
En el momento de la emisión de la LC, habitualmente hay tres sujetos: 1º LIBRADOR (R): emite la letra de cambio dando la orden de pago de la suma de dinero, garantiza la aceptación y el pago de la obligación de aceptación puede eximirse, de la de pago no, (art. 11 LCCh). Su firma es requisito fundamental para la perfección del TV.
2º LIBRADO (O): es el deudor principal, es la persona a la que va dirigida la orden de pago, si no existe esa figura tampoco existe la letra de cambio; si es persona física deberán constar nombre y dos apellidos, si es jurídica la denominación o razón social Solo se obligará cambiariamente (sobre la base de la propia LC) cuando haga la declaración (en la propia LC) de que acepta su pago, art. 33 LCCh, (momento en el que se le denomina ACEPTANTE). Pueden ser varios, en cuyo caso puede exigirse el pago a cada uno, indistintamente, y por el importe total.
3º TENEDOR (T), tomador si es el primero): es la persona a la que se le ha de hacer el pago.
En una LC existen dos declaraciones originarias: 1º La del R cuando emite (libra, gira) la letra.
2º La del O que la acepta.
Formas de girar la LC en cuanto a los sujetos: La LC puede girarse a la orden del propio R (art. 4, a LCCh): R=T, p. ej, si la LC no se lleva al descuento (p. ej, para pago de una mercancía).
La LC puede girarse contra el propio R (art. 4b LCCh) y coincidir ambas personas: p. ej.
Autofinanciación de operaciones o mecanismo de crédito frente al Banco, por una “necesidad puntual de tesorería”. R=O.
La LC puede girarse por cuenta de un tercero: es el caso más habitual y constituye realmente la verdadera LC: O y R dejan en blanco la casilla (“por esta LC pagará ud. Al vto expresado a ……).
De esta forma no se completa la orden de pago, el R se queda en poder de la LC y utilizará esta casilla para incluir el nombre de algunos de sus proveedores, para pagarles con esta LC y se “ahorra” cumplimentar la cláusula de endoso.
Aceptación LC: Con la aceptación, el O entra en el círculo de los obligados cambiarios y asume la obligación de pago a su vto como obligado ppal, por ello, la acción que puede dirigir el T contra él (O) se califica de acción directa, (diferente de la de regreso).
El pagaré Los arts. 94 a 97 LCCh regulan el régimen jurídico del pagaré, siendo muy similar su regulación al de la LC.
El pagaré es un TV literal y abstracto, que puede ser emitido: - A la orden - A favor de un tercero.
El P contiene una promesa incondicional de su firmante de pagar una suma determinada a su vencimiento.
Diferencia con la LC: NO es una orden de pago a favor de un 3º, sino una promesa de pago. El emisor o firmante NO ordena que se realice el pago sino que se compromete él mismo a pagar a quien tenga el pagaré (tenedor o portador a su orden). Al vto. la reacción no es triangular (como en la LC) sino dual: firmante y tomador.
1ª quien lo emite se llama firmante, no librador.
2ª Frente al R de la LC, el que firma un P se constituye en obligado directo y ppal al pago, como un aceptante.
3ª No se puede endosar después de su vencimiento.
4ª debe presentarse el título al vencimiento al firmante; y debe notificarse el protesto, en su caso.
5ª La acción contra el firmante prescribe a los 3 años, contados desde el vto y se puede ejercer sin necesidad del protesto.
Función básica: Es la propia de un instrumento de crédito: retrasar la obligación de pagar, pero con la garantía del rigor propio de los títulos cambiarios: el P es un título ejecutivo cuyo pago podrá reclamarse en un juicio cambiario; también se puede endosar y/o descontar.
El hecho de que el P se pueda descontar permite utilizarlo como instrumento para obtener financiación: conseguir liquidez.
Si el P se firma A LA ORDEN puede “circular”. Otra forma de conseguir liquidez es firmar el P “NO A LA ORDEN” y entregarlo al Banco, éste “descuenta” (adelanta) su importe, el P no circula y a su vto el banco lo carga en otra cuenta.
El Cheque El Ch se regula en los arts 106 a 167 LCCh.
En puridad, se trata de un medio de pago, no de un instrumento de crédito. Con independencia de la fecha que conste en él.
La LCCh entiende que los Ch’s “nacen vencidos”, es decir, son pagaderos desde el momento de su emisión, para evitar que funcionen como título de crédito; su vto es siempre a la vista. El Ch es pagadero a su presentación, aunque se presente antes de la fecha que figura en el mismo (art. 134).
Características: - TV formal: para su validez requiere determinada forma.
- Literal: solo es alegable por las partes lo que consta en el propio cheque.
- Abstracto: no se menciona el negocio jurídico.
- Incorpora un dº autónomo - Incluye una orden de pago incondicional y a la vista, dirigida por su creador (librador) contra un Banco (librado) y a favor de un 3º, a su orden o al portador.
Sujetos intervinientes: Librador: quien lo firma. Garantiza el pago (art. 118) Librado: banco/caja que lo paga.
Tomador: quien lo presenta al cobro.
Dos supuestos fundamentales para que surta efectos: 1- Acuerdo previo (escrito o verbal) entre el librador y su Banco para disponer de sus fondos .mediante Ch’s (habitualmente dicho acuerdo adquiere la forma de un contrato de cta cte).
2- Que existan fondos suficientes en el Banco a disposición del librador para pagar el Ch.
La obligación es doble: el librador debe mantener en la cta cte fondos suficientes, el librado debe tener a disposición del librador los fondos y dar curso a sus órdenes de pago.
Si no existen fondos suficientes el Banco está obligado al pago parcial, hasta donde alcance el saldo.
Requisitos: Los requisitos formales se recogen en el art. 106 y la carencia de alguno de ellos en el 107 LCCh.
No son requisitos esenciales… - El vencimiento, por imperativo legal vencen a la vista - Mención al tomador (si no se hace se considera al portador: art. 111 LCCh).
Art. 113: toda cláusula de intereses inserta en un Ch se reputa no escrita.
TEMA 8: EL CONTRATO DE SEGURO Actitudes ante el riesgo 1. Indiferencia (autoseguro) 2. Prevención 3. Previsión (ahorro/seguro) Hay veces que la Ley obliga a establecer un seguro en determinados casos (p.ej.: renfe tiene la obligación legal de asegurar los daños a terceros en accidentes de tren) Regulación La ley reguladora del contrato de seguro es la Ley 50/1980, del Contrato de Seguro (LCS).
Art. 1 LCS: “El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca al evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.
Caracteres - Patrimonialidad: versa acerca de bienes o intereses de naturaleza económica - Inter vivos: el que no es mortis causa (que despliega sus efectos tras el fallecimiento) - Bilateral: existen dos partes, que reglamentan sus relaciones (en el caso del de vida puede ser trilateral) - De tracto sucesivo: los efectos se prolongan en el tiempo mientras el contrato esté vigente.
- Sinalagmático: crea obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes que son, a la vez, deudores y acreedores. La prestación de un contratante la desea el otro como equivalente a la suya.
- Oneroso: a diferencia del gratuito, el oneroso impone sacrificios a ambas partes - Aleatorio: no se sabe cuáles serán los efectos - De adhesión: las condiciones las redacta sólo una parte - Típico: porque lo regula el ordenamiento jurídico - Consensual: ¿? Porque la exigencia escrita responde sólo a una finalidad probatoria - De buena fe: (“uberrimae bona fidei contractus” grado superlativo de la buena fe) al declarar el riego a asegurar, en el desarrollo del contrato, en la producción y comunicación del siniestro, en las medidas de salvamento, etc.
“Ramas” de seguros Seguros de personas Vida Salud (Enfermedad y Asistencia Sanitaria) Accidentes Seguros de daños (materiales y patrimoniales) Incendio: abrasamiento o combustión por llama Robo Transportes Seguros agrarios y pecuarios Ingeniería: construcción, maquinaria, montaje, ordenadores, equipos electrónicos, calderas, etc.
Automóvil (participa de los tres ramos) Responsabilidad civil (RC): Art. 1902 CC Crédito: cubrir gastos por los impagos (contratas el seguro por si no te pagan a ti) Solo para empresas.
Caución: Garantía de cumplimiento art. 68 LCS. Cubre los posibles incumplimientos de un asegurado. (Ley 57/1968: obliga todo promotor de vivienda que recibe dinero del que compra a entregar un aval bancario o un seguro de caución) Todo pago hecho por el asegurador deberá serle rembolsado por el tomador del seguro. (Contratas el seguro por si tú no puedes pagar) El asegurado solo puede ser un particular.
Lucro Cesante: indemniza la ganancia dejada de percibir Pérdidas pecuniarias diversas: pérdida de alquileres, infidelidad (de empleados), cancelación de eventos… Seguro de prestación de servicios a) Asistencia sanitaria (además de seguro de personas) b) Decesos c) Defensa jurídica d) Asistencia en viaje La imperatividad de la LCS Sus normas solo pueden superarse por cláusulas contractuales si estas son más beneficiosas para el asegurado (ej. Que la proposición de seguro vincule al proponente en un plazo de 30 días sí, 8 no: art. 6).
Elementos formales (documentación) a) Solicitud (art. 10 LCS) “El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el asegurador no le somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él.” La ley no obliga al asegurador a someter un cuestionario al candidato.
Si a la hora de cumplimentar el cuestionario medió dolo o culpa grave del tomador del seguro, quedará el asegurador liberado del pago de la prestación.
Art. 89: normas generales para seguros de vida, salud y accidentes. Remite al artículo 10.
Finalidades del cuestionario - Conocer el riesgo y valorarlo para estudiar mejor la propuesta.
- Determinar medidas complementarias de inspección.
- Incluir las cláusulas delimitadoras oportunas (ej. Franquicias, cláusulas de exclusión, etc.) - Cotizar el riesgo de la forma más adecuada posible.
b) Propuesta (proposición) es la oferta del proyecto que el asegurador hace al tomador respecto a su petición de cobertura y conclusión de un contrato de seguro.
Es la respuesta a la solicitud o petición de información sobre condiciones de aseguramiento de riesgo propuesto. A estos efectos los términos proyecto, oferta o propuesta son sinónimos.
c) Póliza: Es el documento privado suscrito por los contratantes, en el que se documenta el contrato de seguro, y en el que se obtiene el régimen jurídico del mismo (ej. Derechos y obligaciones de las partes).
Funciones - Probar la existencia del contrato - Establecer las cláusulas, normas, términos y condiciones que regulan las relaciones entre las partes Requisitos - Forma escrita - Claridad - Aceptación específica, expresa y explícita de las cláusulas limitativas.
Contenido mínimo (art. 8 LSC) - Nombre y apellidos o denominación social de las partes contratantes y su domicilio, así como la designación del asegurado y beneficiario, en su caso.
- El concepto en el cual se asegura.
- Naturaleza del riesgo cubierto.
- Designación de los objetos asegurados y de su situación.
- Suma asegurada o alcance de la cobertura (art. 27).
- Importe de la prima, recargos e impuestos.
- Vencimiento de las primas, lugar y forma de pago.
- Duración del contrato con expresión del día y la hora en que comienzan y terminan sus efectos.
- Si interviene un mediador en el contrato, el nombre y tipo de mediador. (Ley 26/2006) Lengua de redacción La póliza del contrato deberá redactarse, a elección del tomador del seguro, en cualquiera de las lenguas españolas oficiales en el lugar donde aquélla se formalice. Si el tomador lo solicita, deberá redactarse en otra lengua distinta, de conformidad con la Directiva 92/96, del Consejo de la Unión Europea, de 10 de noviembre de 1992.
Duración (art. 22) - Determinada en la póliza y no superior a 10 años.
- Habitualmente: anual prorrogable con posibilidad de oposición expresa en el plazo de 2 meses antes de vencimiento.
Nada de lo visto es aplicable al seguro de vida si es incompatible con su regulación.
Prescripción (art.23) y jurisdicción (art. 24) - Seguro de Daños: 2 años - Seguro de personas: 5 años - Será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguro el del domicilio del asegurado, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
RC extracontractual El principio básico extracontractual es el 1902Cc: “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado.
Art. 1104: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.” Es negligente quien no prevé un riesgo, debiendo hacerlo, y no toma las medidas necesarias adecuadas para evitarlo.
Un “subsidio” de culpa sería la impericia, entendida como la falta de conocimientos necesarios para el ejercicio de una profesión, arte u oficio o el no practicar las técnicas o actos que el caso requiera.
La casuística es prácticamente ilimitada, pero la Jurisprudencia entiende por culpa o negligencia. Ej.: - Falta de diligencia - Actuación sin el debido cuidado - Infracción de normas o reglamentos El daño se produce como causa del contacto directo entre el causante y la víctima, sin necesidad de que exista vínculo o relación previa entre ambos, de manera que el daño no estaba ni previsto ni contemplado de manera convencional entre ambos.
Existen dos modalidades (o formas de imputación) de la RC extracontractual: %4. SUBJETIVA: (por culpa): es aquella que se exige por la existencia de culpa o negligencia, que se pueda imputar al autor de la causa del daño y sirve como soporte para instrumentar la exigencia de reparación del daño.
Es la que rige en Esp, en la mayoría de casos, conforme a la obligación de indemnizar del CC (art. 1902). La víctima no sólo debe probar la acción y el resultado dañoso sino también el nexo de causalidad entre quien causa el daño y quien lo sufre.
La carga de la prueba recae en quien reclama su cumplimiento.
%4. OBJETIVA: responde al principio de responsabilidad sin culpa, quien causa un daño ha de repararlo, con independencia de si hay culpa o negligencia.
El mero hecho de crear un peligro supone la posibilidad de exigir responsabilidad para reparar el daño, aunque no medie culpa del causante.
Esta R sólo se puede establecer así cuando la Ley expresamente configura una situación bajo la esfera de la RC objetiva, ej. Seguro automóvil.
Hay inversión de la carga de la prueba. El causante deberá probar que obró con la diligencia debida para exonerar su responsabilidad.
Causas de aceptación de la RC objetiva: %7. Proceso industrial %7. Masificación de productor=riesgo %7. Dificultades de la RC subjetiva Aplicaciones del sistema de RC objetiva: El sistema de RC objetiva no tiene una implantación global sino sólo para determinados sectores de actividad, que son los generadores de mayores riesgos: %4. Circulación viaria %4. Ámbito laboral y de consumo %4. Navegación aérea %4. Energía nuclear y contaminación %4. Productos defectuosos La responsabilidad objetiva puede nacer por dos causas: 1- Porque la norma legal la impone. El legislador desea que el tipo de responsabilidad sea objetiva, lo declara en una Ley.
- RC Automóvil (Real Decreto legislativo 8/2004, Ley sobre RC y seguro en la circulación de vehículos a motor, modificado por la Ley 21/2007) - Daños que provienen de la navegación aérea (Ley 48/1960) - Daños derivador de energía nuclear (Ley 25/1964) - Daños causados por animales (art. 1905 CC) 2- Porque en algunos casos excepcionales así lo ha declarado el TS (act. Altamente peligrosas como el manejo de explosivos).
Contrato de seguro: El seguro de RC se regula en los arts. 73 a 76 LCS. Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho. (art. 73 LCS) La acción directa: La reconoce el art. 76 LCS: El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido.
Se puede dirigir contra todos.
El 3º tiene una posición de privilegio en la defensa de sus intereses. Para ello, la LCS obliga a informar al perjudicado de la existencia del seguro, su alcance y contenido y ejercer de forma adecuada la acción directa.
Los seguros de personas: Art. 80: El contrato de seguro sobre las personas comprende todos los riesgos que puedan afectar a la: -existencia, - integridad corporal o - salud del asegurado.
Modalidades del seguro sobre personas: %7. Seguro de vida Por el seguro de vida el asegurador se obliga, mediante el cobro de la prima estipulada y dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a satisfacer al beneficiario un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, en el caso de muerte o bien de supervivencia del asegurado, o de ambos eventos conjuntamente. (Art. 83) Art. 83: En los seguros para caso de muerte, si son distintas las personas del tomador del seguro y del asegurado, será preciso el consentimiento de éste, dado por escrito, salvo que pueda presumirse de otra forma su interés por la existencia del seguro.
“Presunciones” habituales: relación laboral por cuenta ajena o al servicio de la Administración Pública, pertenencia a un Colegio Profesional, Asociación, ser cliente de una Entidad, etc.,.
Si el asegurado es menor de edad, será necesaria, además, la autorización por escrito de sus representantes legales.
No se podrá contratar un seguro para caso de muerte sobre la cabeza de menores de catorce años de edad o de incapacitados. Se exceptúan de esta prohibición, los contratos de seguros en los que la cobertura de muerte resulte inferior o igual a la prima satisfecha por la póliza o al valor de rescate.
A tenor de la STC de 14.02.94 la prohibición legal de contratar seguros de vida sobre la cabeza de menores de 14 años o incapacitados no es discriminatoria y encuentra su raíz en “la inmadurez de una y otro, en su desvalimiento,…., que se hace surgir su función tuitiva de este grupo de personas…; se fundamenta en “… la esencial debilidad o, quizás mejor, fragilidad de la infancia, inherente a su inmadurez, que hace precaria su seguridad….” Designación del beneficiario: Art. 84: El tomador del seguro podrá designar beneficiario o modificar la designación anteriormente realizada, sin necesidad de consentimiento del asegurador.
La designación del beneficiario podrá hacerse en la póliza, en una posterior declaración escrita comunicada al asegurador o en testamento. Cuando se designa a los hijos, se incluye a los nasciturus.
Ausencia de jerarquía en la designación de bº: Para el caso que en una póliza de seguro existan varias designaciones de bº, el art. 84 LCS no establece ninguna jerarquía respecto a cuál de ellas debe prevalecer en función del medio utilizado, pero es casi unánime la opinión que debe prevalecer la de fecha última (independientemente de si es por carta, por e-mail, en un papel…, modifica la designación de beneficiario plasmada en un testamento).
La LCS no exige la aceptación del bº mientras sobreviva el tomador / asegurado, por ello, en caso de ignorancia del bº del hecho de haber sido designado, es posible que no cobre el capital.
Para intentar evitar este problema, se promulgó la Ley 20/2005, de 14 de noviembre sobre la Creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.
El Reglamento de desarrollo se aprobó por el RD 398/2007, de 23 de marzo (BOE nº94 de 19 de abril) NO es un registro de beneficiarios, solo dice dónde tenía los seguros de vida.
%7. Seguro de accidentes Fuentes legales: RDL 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre RC y seguro en la circulación de vehículos a motor, (BOE nº 267 de 5 de noviembre), ha sido modificado per la Ley 21/2007, de 11 de julio (BOE nº 166, de 12 de julio).
RD 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguro obligatorio de RC en la circulación de vehículos a motor.
Obligación de asegurarse: Todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 1. No obstante, el propietario quedará relevado de tal obligación cuando el seguro sea concertado por cualquier persona que tenga interés en el aseguramiento, quien deberá expresar el concepto en que contrata.
Casos de responsabilidad del propietario no conductor (art. 1): El propietario no conductor responderá de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con este por alguna de las relaciones que regulan los artículos 1.903 del Código Civil y 120.5 del Código Penal. Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.
El propietario no conductor de un vehículo sin el seguro de suscripción obligatoria responderá civilmente con el conductor del mismo de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por éste, salvo que pruebe que el vehículo le hubiera sido sustraído.
Ámbito material y exclusiones del seguro obligatorio (5.1 y .2): La cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo causante del accidente.
La cobertura del seguro de suscripción obligatoria tampoco alcanzará a los daños en los bienes sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él transportadas ni por los bienes de los que resulten titulares el tomador, el asegurado, el propietario o el conductor, así como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los anteriores.
Quedan excluidos quienes sufrieran daños con motivo de la circulación del vehículo si éste hubiera sido robado, en estos casos es el consorcio el que paga y éste repite la acción.
Facultad de repetición (art. 10 L): El asegurador, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá repetir: a) Contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si el daño causado fuera debido a la conducta dolosa de cualquiera de ellos o a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
b) Contra el tercero responsable de los daños.
c) Contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y, conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducción del vehículo por quien carezca del permiso de conducir.
d) En cualquier otro supuesto en que también pudiera proceder tal repetición con arreglo a las leyes.
La acción de repetición del asegurador prescribe por el transcurso del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que hizo el pago al perjudicado.
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