14. Juicio oral II (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Procesal penal
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

LECCIÓN 14: El juicio oral (II): la prueba 1. CONCEPTO: La prueba en el proceso penal es aquella actividad encaminada a procurar la convicción del Juez sobre los hechos afirmados por las partes en sus escritos de calificaciones.
Existen diferencias entre la actividad instructora y ésta, ya que la fase instructora tiene como objeto comprobar los hechos denunciados o los que vayan surgiendo en el curso de la instrucción, sin más limitaciones que las que el instructor establezca en cuanto a su necesidad.
Debe tenerse bien presente que tanto a efectos de diferenciar entre actos de investigación y actos de prueba, cuanto de examinar la efectividad de los realizados para enervar la presunción de inocencia, es doctrina constitucional consolidada la de que son garantías constitucionales a los actos de prueba el que éstos se realicen siempre ante un órgano jurisdiccional y con un estricto respeto de los principios de contradicción, oralidad, publicidad e inmediación.
Como regla general: Tiene la consideración de prueba en la que el Tribunal puede fundamentar su sentencia, la practicada en el juicio oral, única fase, en principio, donde deben respetarse las garantías de jurisdiccionalidad, oralidad, publicidad e inmediación.
2. PRUEBA ANTICIPADA Y PRECONSTRUIDA: Prueba anticipada: prueba que tiene lugar antes del juicio oral, en atención a prever que las razones ajenas a la voluntad de las partes (como enfermedad del testigo o residencia en el extranjero) hagan imposible su práctica en aquella fase. Si sucede esto: se anticipa la prueba –normalmente en la fase de instrucción-, integrando las garantías probatorias constitucionales a la fase de juicio oral.
Condición básica de esta medida excepcional es la irrepetibilidad en cuanto al futuro y el adecuado trámite normal de su práctica.
Según señala el TC, “la posibilidad de anticipar o preconstituir la prueba se funda en que, estando el proceso penal orientado a la búsqueda de la verdad material, es preciso asegurar que no se pierden datos o elementos de convicción, utilizando en este caso la documentación oportuna del acto y operando, en todo caso, con observancia de las garantías necesarias para la defensa”. (Necesidad de integrar en la medida de lo posible los principios de oralidad, inmediación y sobretodo contradicción en la práctica anticipada de la prueba).
2.1 Prueba anticipada: En el escrito de acusación se podrá solicitar la práctica anticipada de todas aquellas pruebas que no pueden llevarse a cabo durante las sesiones del juicio oral.
Si se teme que una prueba no pueda practicarse en el JO o que se pudiera motivar su suspensión, el Juez de Instrucción practicará inmediatamente la misma, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción.
Debe garantizarse la contradicción en una doble fase procesal:  En la propia instrucción, cuando se desarrolla la prueba anticipada, y  Posteriormente en el juicio oral.
2.2 Prueba reconstruida: Modalidad conexa con la prueba anticipada consistente en la realización del acto probatorio, también antes de la fase correspondiente del juicio oral, preconstituyendo su fase probatoria, esto es, rodeando su ejecución de las garantías ya repetidas.
Para este tipo de prueba hay que tener en cuenta ciertas limitaciones cuando ciñe su aplicación a las “diligencias practicadas en el sumario”; límite que parece impedir la lectura en el juicio oral de la documentación de actuaciones realizadas ante la Policía Judicial y que obliga a acudir a la declaración testifical del agente de policía en el juicio oral.
2.3 La incorporación de los correspondientes medios de prueba provenientes de limitaciones lícitas de derechos fundamentales: Para la eficacia probatoria de actuaciones limitativas de derechos fundamentales no resulta suficiente haber actuado conforme a lo descrito, su resultado debe:  Preservar la “cadena de custodia”.
 Incorporarse al juicio preservando la contradicción. La “cadena de custodia”.
Garantiza el control de la medida desde su realización hasta su incorporación al juicio oral, de forma que se eviten manipulaciones.
La válida incorporación, y singularmente la necesidad de contradicción en el juicio oral, exige seguir las pautas pormenorizadas para la documentación en el art. 777 LECrim.
El quebranto de dichas garantías puede conducir, en su caso, a la imposible valoración del correspondiente medio, incluso a la prueba ilícita.
3. EL ATESTADO. (Diligencias policiales) Y DILIGENCIAS SUMARIALES: SU EFICACIA PROBATORIA: Sólo la prueba practicada en el juicio oral posee fuerza enervadora de la presunción de inocencia, pero atendiendo también a la conveniencia de flexibilizar aquella regla en situaciones de especiales. El TC i TS han reconocido valor probatorio a las diligencias sumariales: a las diligencias sumariales que se incorporan al proceso a través del correspondiente atestado e incluso, en ocasiones, a determinadas diligencias policiales no recogidas en el atestado.
Tanto el atestado policial como las diligencias de investigación que constan en el mismo tienen en principio el mero valor de denuncia. A partir de aquí, empero, han de contemplarse determinados casos en los que, de manera excepcional, pero con una aplicación práctica ciertamente frecuente, se reconoce valor de prueba a ciertas diligencias: Diligencias a las que de manera excepcional se reconoce eficacia probatoria: 1. DILIGENCIAS A LAS QUE DE MANERA EXCEPCIONAL SE RECONOCE EFICACIA PROBATORIA a) Si las diligencias policiales son de imposible o muy difícil reproducción ( prueba de alcoholemia) cabe aportarlas al juicio oral como prueba preconstituida , siempre y cuando estén en condiciones de adecuarse a estos requisitos: 1) dificultad o imposibilidad de reproducción; 2) Garantía de contradicción, y 3) Posibilidad de reproducirse en el juicio oral.
b) Si se trata de informes periciales emitidos por organismos oficiales, una abundante jurisprudencia estima posible su valoración como medio probatorio, siempre y cuando se haya sometido a contradicción, ya sea en la fase sumarial, a través de su impugnación y de la solicitud de reproducción o ratificación en el juicio oral.
Se distingue según se trate de opiniones o informes no cualificados de la Policía o dictámenes periciales de gabinetes de identificación de la Policía u otro organismo oficial. Se persigue que se otorgue valor probatorio a estos informes, sin necesidad de la ratificación de los agentes.
c) Las diligencias objetivas de resultado incontestable ( instrumentos del delito, croquis o fotografías obtenidas sobre el terreno) tienen el valor de verdaderas pruebas sometidas a la libre valoración del Juez o Tribunal Sentenciador.
d) Las declaraciones ante la Policía ratificadas en el juicio oral tienen plena eficacia probatoria , debiendo valorarse como cualquier otro medio de prueba.
Con arreglo a la doctrina del TC, se debe partir de una premisa: únicamente pueden considerarse pruebas las practicadas en el juicio oral, con posibilidad de debate contradictorio y en presencia del juzgador.
A partir de ahí, y en clara referencia al supuesto más común, al atestado, se señala: 1) Como regla general, el atestado tiene valor de diligencia sumarial, es decir, no tiene eficacia probatoria, y 2) cabe, no obstante, que haya partes de ese atestado con virtualidad probatoria propia cuando contenga datos objetivos y verificables ( la aprehensión de delincuentes in fraganti), y se cumplan 3 requisitos: a) que tengan por objeto la mera constancia de datos objetivos; b) que sean irrepetibles, y c) que se introduzcan en el juicio oral como prueba documental que precisa ser leída en el acto del juicio para posibilitar la contradicción.
2. DILIGENCIAS A LAS QUE SE NIEGA EN PRINCIPIO VALOR PROBATORIO.
Toca el turno de analizar aquellas diligencias a las que se niega tal eficacia o cuya virtualidad probatoria se supedita a la concurrencia de determinados requisitos: a) Las declaraciones ante la Policía no reproducidas posteriormente en el juicio oral carecen de eficacia probatoria.
b) También se negó eficacia probatoria a las declaraciones realizadas ante la Policía pero rectificadas en el juicio oral, todo y que se reconoce valor probatorio a aquellas declaraciones siempre que: a) fueran prestadas con asistencia de Letrado, y b) la condena se apoye en algún otro elemento de cargo practicado en el juicio oral.
Mayores dificultades presenta el supuesto de declaración autoinculpatoria ante la Policia que luego es negada ante el Juez Instructor o sentenciador, cuando no existen otras pruebas de cargo en que fundar la condena.
Cuando existan discrepancias entre lo declarado en fase instructora y lo manifestado en fase de juicio oral, la contradicción puede resolverse incorporando a juicio aquellas primeras declaraciones al albur de lo dispuesto en el art. 714 LECrim. Así, en este caso, el Tribunal, acordará que se dé lectura de estas últimas declaraciones en el acto mismo del juicio. Después de la lectura será el presidente del Tribunal quién exhortará al declarante a que explique las diferencias y contradicciones.
La interpretación que del mismo hace el Tribunal Supremo es que aquella lectura no será precisa cuando la contradicción se ponga de manifiesto de cualquier forma.
VI. VALORACIÓN DE LA PRUEBA A la hora de fijar los hechos en la sentencia, la eficacia de los resultados de las pruebas practicadas se somete al principio de libre valoración. La libre valoración no implica arbitrariedad, de manera que debe constituir una apreciación lógica reconducible a pautas o directrices objetivas.
La motivación de la sentencia sirve , a la publicidad de las razones del fallo, a efectos de un eventual recurso, y se encuentra, además, unida a la presunción de inocencia.
1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA La presunción de inocencia opera como “regla de juicio fáctico”, es decir, como regla referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, y con arregla o a la cual: la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada.
La presunción de inocencia opera en relación con la valoración de la prueba en cuanto exige para condenar al acusado una “mínima actividad probatoria de cargo”.
La jurisprudencia ha ido depurando su doctrina en torno al derecho fundamental a la presunción de inocencia: a) Prueba de cargo es, en principio, la realizada en el juicio oral con respeto a los principio de oralidad, inmediación, publicidad y contradicción.
b) Excepcionalmente, si se cumplen los presupuestos y requisitos a que en su momento nos referimos, también tiene valor la prueba de cargo las realizadas en fase de instrucción o con carácter previo a la apertura del juicio oral, siempre que se introduzcan en el juicio con la garantía de contradicción (prueba anticipada, preconstituida o diligencias de valor incontestable) c) Se reconoce asimismo valor probatorio a las declaraciones de los coimputados siempre que no aparezca razón o motivo de venganza, resentimiento, deseos de autoexculpación o de recibir trato favorable, y, además , aquellas declaraciones se incorporen al proceso como medio probatorio.
d) No se reconoce, sin embargo, valor de prueba de cargo ni al testimonio prestado por los testigos de referencia, ni a los dictamenes psicológicos.
El derecho a la presunción de inocencia comprende además, la necesidad de motivación de las sentencias penales, deber de motivación que impone al juzgador la expresión de un doble juicio: 1.º Por una parte, la motivación fáctica, inferida a partir de la prueba practicada, en la que debarán consignarse los hechos enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa de los que estime probados.
2.º Y por otra, una valoración jurídica suficientemente razonada acerca de los hechos declarados probados.
Como el propio TC ha recordado, la valoración del conjunto de la prueba presenta dos dimensiones: - La calificación de la validez.
- Licitud de cada prueba practicada una a una, y luego, la ponderación de la eficacia o fuerza convincente del conjunto.
2. PRUEBA OBTENIDA CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES ( PRUEBA ILÍCITA) 2.1 FUNDAMENTO La condena y con ella la realización del derecho penal pasa por enervar la presunción de inocencia. Ahora bien, esta circunstancia exige de prueba que haya llegado al proceso y/o se practique en el mismo con todas las garantías.
Desde otro punto de vista, la obtención de una sentencia, incluso más justa, puede verse en la tesitura de tener que utilizar pruebas obtenidas violando determinado derechos, lo que situa al derecho en la encrucijada de determinar que límites que no pueden ser traspasados. ( Sea como sea, la prueba ilícita no podrá ser valorada para enervar la presunción de inocencia. Resulta evidente, por otra parte, que la ilicitud probatoria constituye en supuesto de ineficacia del medio que se trate).
2.2 CONCEPTO La variabilidad del concepto tiene mucho que ver con la tensión que se produce entre los bienes a tutelar: la persecución penal, de un lado, y las garantías que deben salvarse a la hora de adoptar determinadas medidas que generan medios de prueba, de otro: entre la obtención de la verdad, en un sentido, y salvaguarda de determinados derechos y garantías, en el opuesto. La prueba ilícita es aquella obtenida vulnerando derechos fundamentales ( confesión bajo torturas, conversación a través de escuchas telefónicas ilegales). A partir del mismo, se relega a “ prueba nula o irregular” las generadas vulnerando normas de rango ordinario. Un concepto amplio de prueba ilícita supone la exclusión del proceso de aquel medio probatorio obtenido no sólo quebrantando derechos fundamentales ( la integridad física, la inviolabilidad de las comunicaciones) sino otros de menor rango ( el derecho de defensa).
2.3 EFECTOS DE LA ILICITUD PROBATORIA A) Art.11 LOPJ: no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente violando derechos fundamentales.
Dos consecuencias: a) La prueba ilícita se reserva sólo a la vulneración de derechos fundamentales.
b) Unicamente de este tipo de prueba se predicará la falta de eficacia indirecta o refleja.
La infracción de otras normas y de otros derechos, por tanto, determinará una irregularidad de la prueba, cuyas consecuencias han de medirse según las reglas generales sobre validez o nulidad de las actuaciones procesales. En principio, la infracción de las normas procesales que regulan la obtención de la prueba comporta una simple irregularidad procesal, a no ser que la norma procesal infringida sirva de garantía de un derecho fundamental; en este caso, se habrá producido la lesión de un derecho fundamental y, con ello, se habrá incurrido en la ilicitud probatoria sensu stricto.
Se puede distinguir, entre aquellos que son de naturaleza o ámbito procesal, y aquéllos otros que no: los derechos fundamentales procesales són aquellos susceptibles de ser reconducidos al art 24. CE, y no lo son los demás.
B) En cuanto a los efectos reflejos, o lo que es lo mismo, al efecto excluyente de la ilicitud no sólo de aquello obtenido vulnerando los derechos fundamentales, directamente, sino extendiéndolo, además, a lo obtenido indirectamente, la jurisprudencia ha seguido una orientación pendular entre: primar la regla de exclusión, lo que condujo a absoluciones en casos graves; o ir reduciendo el ámbito de aplicación de dicha exclusión acudiendo a diversas teorías.
(Explicación detallada en el libro por si no queda claro) 2.4 TRATAMIENTO DE LA PRUEBA ILÍCITA Que pueda llevarse a cabo un tratamiento previo en la instrucción, determina, entre otras cuestiones, acordar o no medidas cautelares o imputar a alguien sobre la base de datos obtenidos de manera ilícita. El tratamiento procesal enfrenta, de hecho, dos intereses contrapuestos, aquel que defiende la exclusión más temprana para evitar los prejuicios derivados del conocimiento , y aquel conforme al cual corresponde a la fase judicial el conocimiento completo de lo acaecido y recabado en las fases previas, en aras a la garantía jurisdiccional y el más pleno ejercido del derecho de defensa.
La LECRim no contempla tratamiento procesal de la ilicitud probatoria de forma expresa. Ante tal ausencia, se suele recurrir a diversos expedientes procesales, según el proceso de que se trate: a) En el procedimiento abreviado se suele utilizar el turno oral de cuestiones previas, al incio del juicio.
b) En el caso del procedimiento ordinario se ha dado encaje a la alegación de ilicitud dentro del cauce escrito de los artículos de previo pronunciamiento .
c) En el procedimiento ante el Tribunal del Jurado también se utiliza a tal fin el turno escrito de cuestiones previas, cuando se comparece ante el Magistrado Presidente.
VII. CARGA DE LA PRUEBA 1. CARGA DE LA PRUEBA: IN DUBIO PRO REO En el proceso civil, la carga de la prueba permite determinar qué parte resultará finalmente perjudicada por la incertidumbre del Juez en caso de que los hechos incriminatorios no resulten suficientemente probados. Como sabemos, en el proceso civil corresponde al actor probar los hechos constitutivos y al demandado los impeditivos, extintivos y excluyentes. La incertidumbre sobre los constitutivos perjudicará al actor y la de los restantes al demandado. Esta concepción pretende un reparto equitativo del daño que puede producir la indeterminación de los hechos.
( En el libro se explica una breve diferencia entre proceso civil y penal) Una interpretación correcta de este principio debe cubrir tanto los hechos constitutivos del delito ( los que cubren la acción, el resultado y el nexo de causalidad), como la imputabilidad, culpabilidad y las causas excluyentes de la responsabilidad y la punibilidad.
2. DIFERENCIA ENTRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO Pese a que en la práctica suelen confundirse ambas instituciones , el TS ha reiterado: que en tanto la presunción de inocencia se ha configurado como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano protegible por la vía del recurso de amparo, el principio in dubio pro reo no tiene tal naturaleza, si no que opera solo a la hora de dictar sentencia cuando reste incertidumbre para el juzgador en la valoración de las pruebas inculpatorias aportadas al proceso.
El principio in dubio pro reo sólo entra en juego cuando existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, mientras la presunción de inocencia despliega su eficacia cuando existe falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales, el principio in dubio pro reo sólo entra en juego si, después de valoradas las pruebas obtenidas y practicadas con observancia de aquellas garantías, restan dudas al juzgador sobre la comisión del delito o sobre la participación que en éste pudo tener el acusado.
...