Resumen de Klaus-Jürgen Nagel y Eliseo Aja (2014)

Resumen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Introducció a la ciència política
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Introducción a la Ciencia Política – Seminario 4 España, ¿federal?, Klaus-Jürgen Nagel Últimamente se ha iniciado un debate sobre si se puede considerar que España es federal. No hay ninguna lista de criterios que un país debe seguir para ser federal, pero el hecho de que exista este debate sobre España hace que no se considere federal.
Este debate comienza por el hecho de que el grado de descentralización que tiene España es bastante elevado, hecho característico de los estados federales. Aun así, es necesario que los Estados federados tengan algunas competencias exclusivas y que estén todos al mismo nivel. A estos aspectos a favor del federalismo de España, hay que añadir que las comunidades autónomas tienen una función importante en cuanto a los gastos públicos.
Pero el problema va más allá de estas cuestiones. El principal hecho por el que España no puede ser considerada federal es que un Estado federal implica que sus Estados miembros están al mismo nivel y se necesitan unos a otros, por lo tanto, hay confianza entre ellos. Esto en España no es así. En un estado federal, el grado de asimetría ayuda a que todos los miembros se sientan igual de importantes. El gobierno de España no ha procurado crear un estado asimétrico, lo que ha hecho disminuir más la confianza en el país.
Además, con respecto a los partidos políticos, éstos no tienen el grado de autonomía que muestran los estados que componen una federación.
Para continuar con los aspectos que niegan la idea de que España es un estado federal, es necesario que hablamos de que los Estados miembros procuran que la capital tenga el mínimo de poder posible, por eso en muchos países federales las capitales no son ciudades importantes (o no demasiado). En España es justo lo contrario.
Otro aspecto a tener en cuenta es la Constitución española, de 1978. Esta fue escrita sin tener en cuenta ninguna comunidad autónoma, estas no formaron parte de su elaboración; y, además, esta prohíbe la abolición de las provincias, decisión que, en un Estado federal, pertenece a los Estados miembros. De esta manera, las comunidades autónomas tampoco pueden tener nada que decir cuando se hacen cambios en la Constitución. Sin embargo, las comunidades sí tienen poder a la hora de hacer cambios en los Estatutos, aunque la última palabra la tiene el legislador central. Este hecho nos lleva a otra diferencia entre las federaciones y España: el gobierno compartido.
En un estado federal el gobierno se parte entre las entidades (autogobierno) y el centro, y ambos gobiernos están al mismo nivel. Aunque es verdad que las autonomías tienen un grado de gobierno propio elevado, en ningún momento se puede considerar que el gobierno de España sea compartido. En primer lugar, porque las conferencias de presidentes de gobiernos autonómicos están controladas por el gobierno central y es improbable que lleguen resultados importantes. Hay que añadir, sin embargo, que las comunidades autónomas empiezan a participar en algunos gremios del Estado central, pero no tienen la importancia que tendrían los miembros de una federación.
Otro aspecto por el que España no puede ser considerada una federación es por la falta de poder judicial que poseen las comunidades autónomas: los Estados miembros de una federación deben tener el poder legislativo, ejecutivo y judicial en sus manos. En adición, las autonomías tampoco tienen ninguna influencia sobre la composición de Tribunal Constitucional.
Por último, pero no menos importante, se debe entender una federación como un estado de estados. De esta manera, los Estados miembros gozan de una interdependencia que les permite hacer uso de sus poderes estatales sin tener que pedir permiso a nadie, al contrario de España, donde las instituciones de las comunidades autónomas son del Estado español y éste tiene la última palabra en todo.
En conclusión, el Estado español puede ser considerado un estado regionalizado, pero no un estado federal, por todas las razones que se han expuesto hasta ahora: porque a pesar de que haya descentralización, el gobierno no es compartido; porque su Constitución y las normas para editarla no son federales y porque las autonomías no gozan de suficiente poder legislativo ni judicial.
Es cierto que España se podría federalizar, pero no sin encontrar obstáculos: en primer lugar porque no hay cultura federal en el país y, por tanto, no todos los ciudadanos ven con buenos ojos este proceso; y, en segundo lugar, porque este rechazo por una parte de la población crea desconfianza entre los que piensan de manera diferente, y sin confianza no se puede avanzar hacia el federalismo.
"Las dificultades para la consolidación del estado autonómico" a El estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Eliseo Aja Hace 25 años se aprobó la Constitución española de 1978 y, justo después de ésta, empezaban a nacer los primeros Estatutos: el vasco y el catalán, seguidos por los de Galicia, Andalucía, Canarias, la Comunidad Valencia y el de Navarra, junto con las demás CCAA.
Estas siete comunidades autónomas obtuvieron un nivel superior de competencias, mientras que el resto tenían un nivel competencial inferior, siguiendo los Pactos Autonómicos de 1981, donde se especificaban los límites de autonomía de cada región.
A mediados de los ochenta las comunidades autónomas ya gozaban de sus poderes como tal y sus instituciones se pusieron en marcha, mientras el Tribunal Constitucional las ayudaba a reducir el poder del Estado central. A todo esto se le añadió la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, y las CCAA tuvieron que adaptarse a nuevas leyes y llevar a cabo más reformas.
A finales de los ochenta, las CCAA con un nivel competencial inferior exigieron igualdad, y así se hizo, excepto en lo referente a los hechos diferenciales reconocidos por los Estatutos.
A lo largo de los años han ido surgiendo críticas diferentes dependiendo de quien las formulaba y del contexto en el que se encontraba. Cuando los partidos se muestran desacordes con el funcionamiento del Estado deben ofrecer alternativas, no dedicarse a criticar simplemente. Además, cuando las críticas no son globales, sino que provienen de determinadas CCAA, llegar a acuerdos es imposible.
Precisamente, una de las críticas expuesta por diferentes partidos está dirigida a la igualdad de poder entre las CCAA.
Cuando se inició el proceso autonómico hubo diferentes respuestas, tanto a favor como en contra. Sin embargo, los diferentes territorios estuvieron de acuerdo con la idea de autogobernarse y pidieron igualdad entre las CCAA. De esta forma, lo que sucedió fue que el poder del gobierno central se vio aún más limitado. Además, el hecho de que las CCAA gocen de una igualdad de competencias ayuda a la diversidad, ya que cada CA aplica las leyes de forma distinta.
La segunda crítica que encontramos es el hecho de que algunas comunidades pretenden extraer efectos jurídicos mayores porque se consideran “históricas”. El problema surge debido a la imposibilidad de establecer unos criterios para decidir si una comunidad es histórica o no. Sin embargo, el hecho de que cada comunidad tiene un pasado histórico es indiscutible, y esto les permite recurrir a sus derechos históricos para obtener más competencias.
Es importante conocer que el derecho de autodeterminación no está establecido en la Constitución y ésta tampoco lo acoge indirectamente por algún tratado que haya firmado España, ya que los tratados se refieren a las antiguas colonias.
El derecho de autodeterminación defiende que cada nación tiene derecho a decidir si quiere tener su Estado independiente o no y a tenerlo. Este derecho se concibió como un derecho natural, sin embargo, ha sido normativizado y se ha convertido en la libre participación democrática de los ciudadanos. Aun así, un estado democrático no puede impedir que una parte de la población que deje claro que quiere independizarse se separe.
Actualmente, muchos partidos nacionalistas se califican de partidos soberanistas para suavizar el hecho de que son independentistas. También puede ser que usen la palabra “soberanía” para reivindicar más poder político, refiriéndose a confederación. La idea de España como confederación es antigua y siempre se ha centrado en un punto: la independencia de los Estados confederados. Esta independencia es la debilidad de las confederaciones, ya que cada estado es libre de aplicar o no una norma dictada por el órgano central.
También oímos decir “soberanía popular” para hacer referencia al hecho de que el pueblo tiene todo el poder, pero la realidad no es así, ya que el poder se encuentra repartido entre diferentes instituciones y está establecido por la Constitución. Por lo tanto, hoy en día, “soberanía popular” hace referencia al hecho de que los poderes constitucionales existen porque el pueblo los acepta. Así, debería entenderse España como como una nación de regiones y se podría plantear la participación de las CCAA, el pueblo, en las reformas constitucionales.
A nivel internacional, la soberanía se entiende como la igualdad entre los Estados. Por lo tanto, la idea de cosoberanía no tiene sentido, ya que lo que en realidad se pide son más competencias.
Hoy en día, nos encontramos en una situación de confusión en la que la descentralización y la falta de relaciones intergubernamentales abren un debate sobre sobre la aceptación o el rechazo del Estado autonómico. Para superar esta confusión se buscan reformas a corto plazo que amplíen las competencias de las CCAA.
En España se ha entendido la Constitución como el poder supremo que está por encima de todo. Sin embargo, en materia de CCAA deja muchos elementos sin mencionar y las CCAA utilizan este hueco para tomar sus propias decisiones.
La Constitución es permanente y está por encima de todo, por eso es necesario que sea reformada constantemente. Es cierto que las políticas públicas pueden variar según qué partido esté al frente, pero las instituciones deben permanecer, ya que forman la estructura del poder. Esta necesidad de permanencia se ha ocultado debido a todos los cambios que ha sufrido España para superar el franquismo.
Este carácter permanente pero con tendencias reformistas debe aplicarse también a las instituciones. La Constitución debe reformase de acuerdo con sus principios y los procedimientos fijados en ella.
La intención de conseguir el consenso entre los diferentes partidos nacionalistas ha surgido como excusa para no empezar las reformas constitucionales.
Es necesario sumarle que el proceso de reforma constitucional en España es bastante complejo. Las reformas deberían presentarse en forma de referéndum para el pueblo ya que afectan a todos los ciudadanos. Aun así, en España se ha extendido un temor respecto a las reformas constitucionales.
Gisela Abril Brualla 1r de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Grup 101) ...