desde la constitucion en adelante (2014)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura principios y instituciones institucionales
Año del apunte 2014
Páginas 72
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 10
Subido por

Descripción

72 pags, muy completo.

Vista previa del texto

PRINCIPIOS Y INTITUCIONES CONSTITUCIONALES BLOQUE I: Teoría y Principios Constitucionales Tema I: Introducción a la Constitución 1. Evolución del Constitucionalismo y concepto de Constitución.
- Introducción: El objeto de estudio del derecho constitucional es, evidentemente, la constitución, que puede definirse como aquella norma jurídica que regula la estructura básica del Estado y entre éste y los ciudadanos.
En suma, la constitución es:  Una norma jurídica. Vincula a todos, su cumplimiento está garantizado en virtud de la potestad sancionadora del Estado al detentar en exclusiva el monopolio de la coerción violenta mediante las diversas instituciones de control social.
 Funda el Estado. Art.1: ESP se constituye en un Estado social y democrático de derecho.
 Regula unas garantías para garantizar su no vulneración. 2 tipos: . Mecanismos de reforma constitucional . Justicia costitucional: el Tribunal constitucional Es necesario destacar que históricamente la constitución no siempre ha sido una norma jurídica, sino que ha sido sólo un texto político que podía vulnerarse sin consecuencia alguna. De hecho su vulneración era sistemática. Hasta etapas muy recientes no ha adquirido el carácter de norma jurídica que ocupa la cúspide legal de un ordenamiento legal.
Por otra parte, existe confusión entre los conceptos de ordenamiento jurídico y Estado. Para nosotros es lo primero el que crea lo segundo ya que es norma la que da carta de naturaleza y llena de contenido al estado. Sería inviable lo segundo. El Estado existe por y gracias a la contitución.
- Evolución del Constitucionalismo: Desde la tradición histórica las comunidades humanas ya aparecen organizaciones colectivas que obligaban a sus miembros a respetar una serie de normas dirigidas a permitir y asegurar la pervivencia de esa organización social por encima de las voluntades individuales. Estas comunidades ejercían hacia el exterior para dominar o no ser dominada y hacia l interior para mantener su propia organización siguiendo unas determinadas normas dotadas de una capacidad coactiva superior para exigir su cumplimiento.
El constitucionalismo se define como el movimiento surgido en el siglo XVIII que pretende alcanzar la sumisión del poder al Derecho establecido por la sociedad y sobretodo a la Constitución. Para ello establece un proceso político abierto, libre y democrático que excluyan la legitimidad de la fuerza como resolución de conflictos.
El constitucionalismo nace ligado al liberalismo resultado de la evolución histórica: Desde la polis griega (ciudades de naturaleza defensiva regidas por un sistema de democracia directa), la organización política en Roma (comunidad ofensiva, con similitudes a las de la Grecia clásica, con unos pilares básicos en su estructura política: magistrados, Senado y Asamblea que variará poco durante la evolución), las formas políticas feudales (cae la unidad del imperio romano en favor de una nueva organización y dominación feudal, la unidad política se transforma en pequeñas org. autosuficientes entorno al feudo como contrato de vasallaje entre vasallos y señores. En la Alta Edad media se 1 produjeron cambios que llevaron a la centralización y concentración del poder y la intensificación de la capacidad represiva), el estado moderno o absoluto y finalmente el liberalismo que actuó contra el absolutismo y que promovió el constitucionalismo.
El absolutismo: cambia las formas de dominación política, se deterjan el territorio geográfico y población sobre el que se ejercer el poder -que está concentrado en un monarca que justifica su poder en el origen divino- hay nuevas instituciones [ejército permanente, delegados del rey,..] y aumentan de poder la nobleza y la Iglesia. Esta época supuso el enraizamiento en las características del feudalismo anterior aunque se creó el estado ya que se producía un solo dominio de un solo poder público a un territorio y un pueblo, que favoreció al desarrollo de una nueva org. Jurídica. En la Europa Continental debido a los antecedentes romanos, se usaba el derecho romano como derecho aplicable para la resolución de conflictos, esto en nivel político enlaza con el derecho romano imperial “lo que ha determinado el príncipe tiene fuerza de ley” (en este caso lo determinado por el rey).
El estado liberal, la transformación: Es el único modelo de estado que se mantiene con mayor aceptación. Este sistema político se implantó gracias al ascenso de la burguesía en el despegue industrial y mercantil de las ciudades. El aparato político del absolutismo era un impedimento para el desarrollo de esta clase que obtuvo un poder en aumento y que gracias a las revoluciones burguesas fueron consiguiendo el fin del sistema estamental. Con los primeros estados liberales (EEUU, Francia y poco a poco Inglaterra) se articuló una nueva forma de ejercer el poder en los estados mediante la soberanía nacional y al división funcional y orgánica de los 3 poderes.
Se pretendía un pacto social del que se obtuviera la constitución, una sociedad política creada por la voluntad de los hombres y plasmada en un documento escrito que defendiera la libertad, igualdad y propiedad. Cada estado fue creando su propio concepto de nación y soberanía popular de forma que sólo pudiese estar dirigido por un órgano que representara la voluntad nacional.
Había primacía de la ley, soberanía parlamentaria y los derechos de los ciudadanos que se proclamaban no contaban con garantías jurídicas que derivaran de la Constitución.
La idea de limitación del po9der del rey da origen a 3 procesos constituyentes que desarrollan en Europa y Norteamérica en los siglos XVII y XVIII. Cada proceso o revolución tiene sus propias características y notas propias, pero en general puede extraerse el común denominador siguiente:  El poder no es previo a la diversas constituciones sino que son éstas las que configuran, definen y estructuran aquél. Así el rey lo es porque la norma constitucional regula su figura y su poder. Así ya no se legitima este poder por causa divina, tradición, sucesión, por ganar una guerra, etc., sino porque es la norma suprema la que se lo otorga.
 Si el poder tiene su origen en la norma significa que puede regularse. Así es el poder constituyente el que decide aprobar la constitución como “reglas de juego” en el ámbito político interno de la comunidad. Es lo que se define como poder fundante. Por el contrario el poder constituido es aquel creado y regulado por el constituyente, y que ejerce el poder de acuerdo con lo especificado por éste mediante la norma suprema creada: La Constitución.
La diferencia fundamental entre el poder constituyente y el poder constituido radica en la transcendencia de la decisión. De forma que la Constitución es el resultado de la acción del poder contituyente, el cual establece un marco superior, unas reglas de juego político. Por esta característica estas decisiones suelen permanecer en el tiempo, de forma que no pueden ser renovadas ni cambiadas constantemente. Es lo que denomina poder fundante, el que se ejerce de tanto en tanto y crea las 2 reglas que regularan la creación de los órganos fundamentales del estado, las relaciones entre ellos y los ciudadanos y los derechos y obligaciones de éstos. El marco general que regirá el sistema político de un país concreto que opte por este sistema.
El cambio de poder constituido es el resultado de poder constituyente, pues implica decisiones que se toman en el normal funcionamiento de las instituciones y la política general (elecciones referéndum, etc.) - Los principales modelos constitucionales:     Francia: su revolución consistió en expulsar del concepto de nación a la nobleza y a la iglesia por improductivas y privilegiadas. Su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) junto a su Constitución de 1791, recogen la ideología política de la revolución. Su constitución concreta los derechos enunciados en la declaración, había sufragio censitario, no se menciona (como en la de EEUU) que la norma pueda ser aplicada por los tribunales. Además no contaba con la universalidad que proclamaba el liberalismo al ser casi exclusiva de la burguesía. Las posteriores constituciones francesas fueron haciendo cambios.
EEUU: su movimiento de liberación se dirigió hacia la metrópoli. Su Constitución de 1787 tuvo un carácter normativo superior (art. 6.2) y fue aplicada por los jueces. Esta constitución es la 1ª con pretensiones de regulación general de la actividad estatal y la que más se acerca al concepto ideal liberal (no había una nobleza y clero con privilegios basados en la tradición). Los derechos de los ciudadanos son incluidos en las 10 enmiendas que complementan la constitución. Hay un pacto social como voluntad del poder constituyente, no hay un principio de igualdad (esclavitud y sufragio fuertemente censitario). El rasgo más destacado de ésta fue su proyección jurídica yta que existía una supremacía de la constitución Además a partir del caso Marbury contra Madison (1803), el control de la constitucionalidad fue sometido a la interpretación y aplicación de los tribunales para la solución de conflictos jurídicos concretos.
Inglaterra: la Constitución no apareció como un documento sino como un conjunto de reglas y convenciones que aseguraban el funcionamiento de las instituciones básicas del estado basadas en la tradición. La constitución inglesa no es propiamente una constitución escrita sino un conjunto de textos, tradiciones codificadas y prácticas convencionales a los que se le ha conferido un valor constitucional. Está basada en pactos de la nobleza y la burguesía. Aunque tiene una esencia liberal, no cuenta con un debate teórico de justificación del sistema soberano (por tanto sobre el poder constituyente).
Modelos liberales del principio monárquico: tipo constitucional que predominó en al Europa continental durante el s. XIX. Se trata de un modelos de soberanía compartida (un ejemplo es la carta otorgada por Luis XVIII en Francia que suponía una autolimitación de los poderes del monarca). En el Imperio alemán y en los estados de la Confederación fue donde mayor estabilidad y aceptación tuve este principio (Constitución de Baviera, Acta Confederal de 1815, Acta de Viena,..) El estado constitucional resultante del acto constituyente define: los límites del sistema político, la orientación de la acción estatal, la organización del Estado en instituciones y órganos y los procesos políticos de la sociedad.
3 - Concepto de Constitución como:  Conjunto de normas que organizan y regulan el Estado que pueden ser escritas o no (como parte de la Const. De Inglaterra) en un solo documento o en varios (como la de la III Rep. Francesa).
 Orden jurídico fundamental de la comunidad. La constitución foja los principios según se ha de formar la unidad política y han de alcanzarse los fines del Estado. Las normas constitucionales comprenden también las bases organizativas de la vida no-estatal.
Además se puede definir bajo tres concepciones:  Racional normativa: constitución como resultado de la voluntad de las personas para establecer criterios para convivir en sociedad, como acuerdo para organizar el estado y sus poderes (para evitar arbitrariedad en el poder).
 Histórico tradicional: como norma que se desarrolla en un marco a través del tiempo con unas características especiales en cada lugar dada su evolución histórica, respeta la tradición.
 Realista o sociológica: Modo real de la existencia política de un pueblo. Se basa en las relaciones reales del poder. Ésta puede ser formal (norma jurídica que se distingue por las demás por su propia forma específica derivada de su superioridad normativa), material (normas jurídicas que regulan aspectos esenciales de la comunidad política) o sustancial (modo de existencia política de una comunidad).
Otra definición de Constitución es la del pensamiento teórico liberal que la definía como la plasmación escrita de un contrato entre hombres libres e iguales que sienten poseer y expresar un poder suficiente para el establecimiento de un estado como forma de organización política de la sociedad, de acuerdo con las cláusulas de ese mismo contrato.(En la práctica las constituciones de lo primeros liberales no hubo un pacto social total en algunos sólo las clases altas, etc.).
2. Funciones de la Constitución Para el Derecho Constitucional, la Constitución es una norma jurídica que debe ser estudiada como tal partiendo de sus características formales y materiales. Pero desde el punto de vista del constitucionalismo como movimiento político, la Constitución es una norma con una finalidad política que está destinada a cumplir unas funciones.
Es la norma que convierte una sociedad en una organización jurídica-política.
Introduce una legitimación racional del poder político por el hecho que este no deriva de la fuerza de la historia o de la voluntad sino del Derecho.
Establece el ámbito de poder del Estado en su totalidad (competencia fundamental) y organiza jurídicamente la potestad estatal partiendo del principio de división de poderes estableciendo los órganos a través de los cuales actúa el Estado y atribuyéndoles funciones estatales y ámbitos de actuación.
  1º Nivel Jurídico: la función esencial es donar o conseguir la unidad del sistema jurídico.
2º Punto de vista político: preside el fijar la distribución del poder entre las diversas instituciones y actores políticos, y fijarla de acuerdo con las propias normas. Constitución conformada del estado del derecho.
4  3º Punto de vista sociológico: la función básica, la función de integración de la sociedad en un conjunto de valores civiles que permite la canalización de determinados procesos conflictivos.
Principio de pluralismo político: vagación de homogeneidad. Canalizar los conflictos, fomento e integración.
(según la profe: Organitzar, establir el sistema normatiu, protegir les minories a través dels drets fonamentals i limitar el poder.) 3. Garantías de la Constitución - Carácter rígido Las constituciones tienen vocación de permanencia, estabilidad e inalterabilidad pero deben poder modificarse para adaptarse a las necesidades de la sociedad y de la evolución.
Aunque en la actualidad se ha abandonado la idea de inmutabilidad anterior, hay una tendencia a la estabilidad que se asegura mediante la rigidez de la reforma constitucional como un mecanismo de defensa de la constitución, evitando una reforma continua y caprichosa de la constitución.
Las constituciones flexibles son las que se modifican con una ley ordinaria, las rígidas las que necesitan procedimientos de revisión especiales que suelen precisar de una mayoría forzada. Además esta reforma debe ser expresa, que se indiquen los preceptos a reformar (asegurando la permanencia de la constitución como un todo). Existen también constituciones mixtas, en ellas hay algunos puntos que son irreformables (suelen tener relación con la conformación del propio estado).
- Justicia Constitucional Se refiere en su origen al control de constitucionalidad de las leyes o a la justicia que decide sobre la validez contitucional de las normas o leyes.
La justicia constitucional es el órgano específico que decide de modo imparcial con arreglo al derecho y mediante los procedimientos y órganos especiales establecidos, el cumplimiento de la tutela y la aplicación de las normas jurídicas constitucionales.
- Control de Constitucionalidad: Difuso: Tiene su origen en la Constitución norteamericana por su cláusula 6,2 donde habla de la supremacía y permitió construir un modelo de control de constitucionalidad por parte de los órganos judiciales. Estos rasgos se recogen por primera vez en la sentencia del caso Marbury contra Madison (1803) del juez del Marshall del Tribunal Supremo. Esto significó que el juicio de constitucionalidad de las normas se encarga a cualquier juez o tribunal. En caso de inconstitucionalidad los jueces inaplicarán la ley pero no es expulsada del ordenamiento. Se realiza un juicio concreto: según el caso que se de se aplica la constitución, o la ley que le corresponda.
Concentrado: Es el sistema usado en Europa donde la aplicación del control difuso no es posible por el principio de primacía e infalibilidad de la ley como expresión de la voluntad popular. En las constituciones de 1920 de Austria y Checoslovaquia se recogen las ideas de Kelsen: hay una jerarquía de normas en las que la Constitución es al superior, ésta es la que establece las formas de crear otro tipo de norma. La labor de declarar la inconstitucionalidad se encomienda a un órgano o tribunal especial que es independiente al resto de poderes. Además se realiza un juicio abstracto, el tribunal se pronuncia 5 sobre la compatibilidad de dos normas, la ley y la norma constitucional. Este tribunal especializado es un legislador negativo, un órgano que expulsa del ordenamiento las normas que resultan contrarias a la constitución.
Para limitar los posibles abusos de este tribunal sólo podrá actuar a instancia de parte sin poder controlar la adecuación de las leyes a la norma suprema. Los Miembros del Tribunal quedan limitados a personas vinculadas con el núcleo orgánico del poder y expresamente legitimados en la Constitución.
- Evolución de la justicia constitucional: El control de la constitucionalidad tiene lugar después de la segunda guerra mundial cuando se adopta esta medida para salvaguardar la esencia democrática contenida en las constituciones. Paises como suiza o Inglaterra no se plantearon la necesidad de defender la constitución por no haber visto interrumpida su democracia. Sí lo hicieron Alemania e Italia.
Otro hecho es que más tarde los órganos encargados se ocuparan también con el tiempo de defender los derechos y libertades fundamentales por mediante recursos, la resolución de conflictos entre poderes del estado, verificar la constitucionalidad de los partidos, entre otras.
- Influencias en España: Italia y la Republica Federal de Alemania fueron los primeros en introducir la justicia constitucional en sus modelos. El Tribunal Constitucional español está influido por el Tribunal de Karlruhe alemán. La ley fundamental de Bonn (1949) crea por primera vez una jurisdicción constitucional con una gran extensión en sus competencias (de las que destaca el recurso de amparo que tendrá incidencia en nuestro ordenamiento).
En Europa la mayoría de países cuentan con controles de constitucionalidad concentrado aún así en algunos (Dinamarca, Noruega, Estonia, Grecia) es parecido el de Estados Unidos y otros como Inglaterra desconocen el control constitucional.
El constitucionalismo español está influido también la regulación italiana y portuguesa sobre los derechos y libertades; por la francesa sobre los leyes orgánicas como leyes con procedimiento y materia específica; por el alemán en los poderes del presidente del Gobierno y por la II Rep española.
- El Tribunal Constitucional: En el título IX (arts. 159-165) de la CE se regula el TC. Destaca su función como órgano de garantía de todo el orden constitucional. La LOTC desarrolla la organización y atribuciones del tribunal, el estatuto de sus magistrados, los procedimientos ante él y el régimen del personal a su servicio. Además el propio Tc cuenta con un Reglamento de organización y personal.
En la LOTC lo define “independiente de los demás órganos institucionales y está sometido a la CE y a ésta LO. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional”.
     Es un órgano constitucional, forma parte de los órganos troncales.
Su actividad es suprema e independiente (que se garantiza con una autonomía presupuestaria y reglamentaria).
Exige una adecuación mutua y permanente a la CE.
Deberá autolimitarse para evitar entrar entrometerse en materia legislativa.
Se pronuncia sólo sobre la legislación vigente y a instancia de parte.
6   - - Destaca su diferencia del Poder Judicial en la inconstitucionalidad sobrevenida de las normas (sólo él puede expulsar o anular normas) y el recurso de amparo (que es posterior al pronunciamiento de otro tribunal).
Destaca su diferencia del Poder Judicial en la inconstitucionalidad sobrevenida de las normas (sólo él puede expulsar o anular normas) y el recurso de amparo (que es posterior al pronunciamiento de otro tribunal).
Máximo intérprete de la Constitución:  Su interpretación prima frente a la de otros tribunales.
 Su interpretación tiene un carácter vinculante  Su ámbito de actuación se extiende al bloque de constitucionalidad (conjunto de normas referidas en el art. 28.1 de la LOTC que delimita las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos.
órgano jurisdiccional: Aunque no forme parte del poder judicial, el TC está compuesto por jueces que tienen un estatuto similar al de los integrantes del Poder Judicial. Sus decisiones tiene forma de actos jurisdiccionales (sentencias, autos y providencias). Sus resoluciones están sujetas al derecho aunque éste sea independiente del PJ.
- Dimensión política del TC:    Esta dimensión política se justifica en 2 extremos: Los miembros del TC son nombrados por parte del Parlamento El acto constitucional judicializa los conflictos políticos.
Además hay que tener en cuenta que la CE es un pacto político-social por lo que el TC está influido. Aún así se considera que el Tc resuelve conflictos políticos con arreglo del derecho y no al revés.
Tema 2: La Constitución Española 1. Antecedentes históricos: - Estatuto de Bayona 1808: (amparado por José Bonaparte) Carta otorgada como consecuencia de la convocatoria por parte de Napoleón de una asamblea de notables españoles pero cuya redacción se debió a la parte francesa que tuvo que ser aprobada por esa asamblea de notables en territorio francés.
Sus principios básicos son la monarquía limitada aunque con representación del clero y la nobleza (en menor proporción que el del pueblo), sin poder legislativo (sólo ratificaba lo aprobado por el Consejo de Estado)El Senado vitalicio tampoco tenía funciones legislativas y el poder judicial se dejaba a disposición y organización del rey.
Es un texto de transición al liberalismo que mantenía el principio de legitimación de la soberanía divina del monarca e introducía una pequeña serie de autolimitaciones con un cierto estilo medieval.
Salvo que sirvió de ejemplo para textos posteriores, no se llegó a aplicar, se aprobó el 7 de julio y el 21 el ejército francés sufrió la derrota en Bailén imposibilitando hacerla vigente.
7 - Constitución de 1812: ( la pepa) Aprobada el 18 de marzo y promulgada el día de san José. Los constituyentes habían abordado casi todas las cuestiones que van a estar presentes en el liberalismo histórico español: división de poderes, independencia judicial, gobierno moderado, relaciones iglesia-estado; reforma de la estructura administrativa estatal y el principio de soberanía nacional.
Es un texto de transición que recoge elementos del Antiguo régimen como el rechazo a la libertad religiosa. No contiene ninguna declaración de derechos ni se recoge el principio de igualdad jurídica. En cambio su esquema institucional y la fuente de legitimación en la que se basa es acorde con las ideas liberales: se establece el principio de división de poderes con Cortes unicamerales de poder legislativo pleno y capacidad de control sobre los actos del rey. El poder ejecutivo encargado por el rey y sus ministros y un poder judicial independiente en su función pero cuyo nombramiento depende del ejecutivo. Esta Constitución define la Nación como conjunto de los ciudadanos de ambos hemisferios.
Tuvo una gran repercusión ideológica y política en Europa. Vigencia: desde su aprobación hasta el retorno de Fernando VII en mayo de 1814 y en el trienio liberal (1820-23) donde la inestabilidad política impidió su puesta en práctica.
- Constitución de la II República: Se proclama la República en abril de 1931, las Cortes Constituyentes convocadas al efecto aprobaron y sancionaron la Constitución el 3 de diciembre de 1931. Supuso un nuevo intento de reestructurar y modernizar el Estado en su conjunto y el propio ordenamiento.
Se inserta en las corrientes doctrinales de entreguerras y sigue las pautas de la Constitución de Weimar.
Aborda la reestructuración territorial del poder, la democratización del estado, forma de gobierno como República, derechos de la persona y del ciudadano, derechos sociales, separación iglesia y estado; sufragio universal para los mayores de 23; sistema de autonomías regionales; sistema semipresidencialista, obligaciones del estado de carácter social, recurso constitucional de amparo para la protección de los derechos fundamentales mediante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Los pilares base que instaura son: el Presidente de la República, el Gobierno y las Cortes unicamerales.
Presidente nombrado por un colegio compuesto por los diputados del congreso, tenía como facultades nombrar al presidente del gobierno y los ministros. El gobierno formado debía contar con la confianza del Congreso de los Diputados; podía disolver las cortes hasta 2 veces durante su mandato. El poder legislativo residía en las cortes y el gobierno el ejecutivo., así se evitaba la concentración de poder aunque fue la causa de la inestabilidad de los gobiernos republicanos.
La constitución se presentó por primera vez como norma jurídica obligatoria de rango superior, vinculando a los poderes públicos y particulares; aseguraba su eficacia de su justicia constitucional con el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Se recogió el estado integral como descentralización del estado, con la posibilidad de crear regiones autónomas.
El constitucionalismo español se caracteriza por: ser un movimiento pendular (aunque muchos afirman que hay una permanencia de la dirección política conservadora con inestabilidad constitucional), por estar influido por Iglesia y Ejército, por ser el Estado contemporáneo en España débil y por tener un centralismo decaído que h intentando hacer arraigar con una incapacidad de introducir fórmulas alternativas a la integración territorial y social.
8 2. La elaboración de la Constitución: - transición a la democracia y proceso constituyente: Transición a la democracia - Crisis política del Franquismo: En 1967 se aprueba una Ley Orgánica del Estado que pretendía modernizar el régimen, el límite de apertura que se podía permitir el franquismo. Se perfecciónó la estructura administrativa, se separo la jefatura del gobierno y la del estado, se otorga a las cortes de poder legislativo propio, se mantienen los poderes de Franco con carácter vitalicio, se fuerza el Consejo del Reino, hay una previsión para crear “asociaciones políticas” e introducción de un recurso de “contrafuero” (a modo de recurso de inconstitucionalidad que no llegó a ser utilizado).
La crisis llegó con el fracaso de la puesta en funcionamiento de las asociaciones políticas (que pretendía suplir la falta de partidos políticos), también habían oposición en la justicia (Justicia Democrática), en un peq. Sector militar (Unión Militar Democrática), la Iglesia liberaliza su jerarquía y muestra ciertas discordancias y la universidad como oposición permanente. Aún así esta oposición era débil y se hizo latente cuando empeoró la salud del caudillo y después de su muerte.
- Transición: Proceso de cambio institucional y político que se llevó a cabo desde la muerte de Franco para desactivar las instituciones anteriores e iniciar nuevas de carácter democrático con el proceso constituyente.
La proclamación de Juan Carlos I como rey el 22/11/1975 como sucesor del dictador supuso el primer cambio. En un primer momento pesó más la voluntad de continuar con el gobierno anterior (confirmó al presidente anterior Calos Arias Navarro). Esta continuidad fue recibida con movilizaciones que se oponían. Tras problemas políticos el presidente dimitió (además de la debilidad del sistema) y la Corona logró sustituirlo por Adolfo Suárez que era proclive al cambio. Con el gobierno de éste comenzó la transición que más tarde llevó a las primeras elecciones. Se impulsó la Ley para la Reforma Política (como ley fundamental aprobada por las Cortes franquistas). La Ley para la Reforma Política cambió el proceso legislativo, creó cortes bicamerales para elaborar y crear leyes, la cámara baja se elegía por sufragio universal…se pretendía llegar a un sistema parlamentario con soberanía de origen popular (aunque también pretendía una reforma constitucional para reformar las leyes fundamentales anteriores aunque no negaba una nueva constitución). Poco a poco fueron habiendo reformas que permitieron la inscripción de partidos (se legalizó el partido comunista), se declaró la libertad sindical, etc.
Transición en fases: . FASE 1: Muerte del presidente Carrero Blanco por un atentado de ETA. Esto supone el fin al franquismo ya que éste debía ser el sucesor. El rey es proclamado y confirma a Arias Navarro como presidente del Gobierno, hasta que cesa voluntariamente. El rey nombra a Adolfo Suárez comopresidente, hombre joven criado políticamente en el movimiento y quién presenta un programa de reforma. Su primer gobierno apuesta claramente por la reforma política pero sin provocar una ruptura abrupta con el pasado.
. FASE 2: La oposición democrática busca una ruptura total con lo antigua. Somete la Ley para la reforma política a referéndum y gana el sí, lo que representa un apoyo social y popular a su política reformadora moderada. Objetivo: elecciones libres en la que concurran todos los partidos. El partido comunista se legalizó. El núcleo de la reforma política es optar por un concreto sistema político. Se aprueban más leyes de partidos políticos y por fin el 15.06.1977 se celebran las primeras elecciones libres desde la II R.
9 .FASE 3: Elecciones – Elaboración constitución. Las cortes recién elegidas proponen una comisión constitucional para que nombre unos ponentes para elaborar la constitución. Así, las cortes serán constituyentes. La CE la crea el parlamento para lograr el mayor consenso posible.
En este proceso además hubieron dos corrientes: una rupturista que pretendía acabar con todo lo que tuviera que ver con el régimen anterior y otra reformista que además de avanzar pretendía olvidar los sucesos anteriores.
- Primeras elecciones democráticas: (mirar práctica 2 sobre la transición) Fueron el 15 de junio de 1977, existía cierta confusión porque los partidos políticos no estaban arraigados en la sociedad y el gobierno optó por una coalición (UCD) y aseguraba la continuidad en el proceso político. Las elecciones mostraron los partidos políticos del momento [PSOE, PC, UCD, PNV, Convergència Democràtica de Catalunya, Partido Socialista de Andalucía, Alianza Popular entro otros].
Los principales retos del nuevo gobierno fueron: la democratización institucional, apertura del proceso constituyente y reforma de la estructura centralista del estado. Los principales partidos votados fueron PSOE y UCD (que venció).
- Proceso constituyente: La CE se debatió durante mucho tiempo. En el contexto económico y político, mediante los pactos de la Moncloa se llegó a un consenso múltiple sobre el reconocimiento de las libertades principales, reforma del Código Penal, devaluación e la moneda, asociación sindical, etc.
La iniciativa de reforma constitucional podía ser hecha por el Gobierno o por el Congreso. El 27 de julio de 1977 se designó a una Comisión Constitucional del Congreso para iniciar la discusión sobre la CE. Un mes después se nombró a una ponencia redactora (Miguel Herrero de Miñón, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé Tura, Miquel Roca y Manuel Fraga) que representaban las distintas opciones políticas. Tras varios borradores el Congreso aprobó su proyecto el 21 de julio 1978. Una comisión mixta congreso-senado se encargó de elaborar un texto único y que terminó el texto constitucional.
Hubieron problemas de fondo en la elaboración de la CE, sobretodo en temas sobre la forma del gobierno del Estado, las relaciones con la Iglesia Católica, la estructura territorial y los poderes del monarca y del propio gobierno en relación a los parlamentarios. Después de la comisión mixta aprobada el 25 de octubre, fue sancionada el 27 de diciembre de 1978.
3. Estructura y Contenido.
- Estructura: a tener en cuenta que:  Estructura formal: títulos, capítulos, articulos,.. y las disposiciones.
 Estructura clásica: dividida en parte dogmática, orgánica y disposiciones relativas a la reforma constitucional o ejercicio del poder constituyente (título X). En la orgánica figuran los títulos del 2º al sexto y el noveno. El 7º contiene las normas a regular la “constitución económica” sobre las relaciones del estado con la actividad económica y 8º se dedica a la distribución territorial del poder político marcando las pautas para la creación del Estado autonómico.
10 - Contenido: En líneas generales su contenido se basa en las características propias:  Normativa: como norma suprema y como norma primaria que regula la creación de los distintos tipos normativos.
 Carácter vinculante y superior: los poderes públicos y los ciudadanos sometidos a ella.
 Rígido: de difícil reforma, evita la fácil reforma mediante leyes ordinarias.
 Consensuada: norma que expresa la parte representativa de las fuerzas que la pactaron.
 Expresa cierto equilibrio entre principios dispares.
El modelo político general recoge las grandes instituciones de los regímenes parlamentarios: división de poderes, democracia representativa, principio de legalidad y amplios derechos y libertades. Además de mantener la economía de mercado con la reserva de facultades intervencionistas del Estado, reconoce la participación de los partidos políticos y hay un cierto progresismo social y político mediante la constitucionalización del Estado social y democrático de derecho.
Además destaca en el contenido el juego de los tres pilares novedosos para la CE: el sistema de derechos (amplio y de importancia por el periodo anterior), el sistema de la forma parlamentaria (hay una hegemonía institucional, más fijada y autoritaria) y el de organización territorial (que como novedad en ocasiones lleva a confusión en lo que regula y en lo que deja de regular).
Tema 3: Principios Constitucionales 1. Estado social y democrático del Derecho: ESQUEMA 1.3.1.
Los estados se articulan en 2 niveles la forma de estado y la forma de gobierno. La forma de estado se refiere a las relaciones que se establecen entre los elementos básicos que forman el estado: el pueblo, la organización política y el territorio.
La forma de gobierno se refiere a las relaciones establecidas entre las instituciones políticas superiores del estado que se trate. Sobre la forma de gobierno en el art. 1.3 de la CE establece: la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
La CE define expresamente su forma de estado por su sumisión al derecho, su estructura democrática e intervencionismo social (art. 1.1 España se constituye en un Estado social y democrático del derecho) aunque no de la misma forma lo hace con la distribución territorial.
- El estado social y democrático del derecho: El estado social y democrático de derecho constituido de acuerdo con lo dicho en el preámbulo de la CE, debe consolidar un estado de derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.
Muestra la relación entre el pueblo y el poder político, la propia CE añade que la soberanía popular reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.
Estos principios forman un solo bloque interpretativo, que deben ser entendidos los tres como conjunto ya que ninguno puede actuar en solitario.
11 Estado del derecho: Garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, que divide el ejercicio de los poderes del Estado entre diferentes instituciones y que subordina su actuación a la Ley, expresión de la voluntad del pueblo.
Muestra la sumisión del estado al orden jurídico que él crea el cual implica una especial estructura y funcionamiento del aparato estatal conforme a los principios que lo justifican. Debe asumir unos principios: - - - - -  GARANTIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES: El estado de derecho tiene como finalidad garantizar los derechos humanos en cuanto derecho a una igual libertad derivada de la igual dignidad de la persona humana. Reconocimiento amplio de los derechos de los ciudadanos, dedicado en el título I sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas con el fin de que las personas gocen de oportunidades y condiciones de existencia que exige la dignidad humana.
 DIVISIÓN DE PODERES: división de los poderes del estado mostrada con nitidez con un poder parlamentario situado en las Cortes Generales, el ejecutivo con funciones y potestades específicas en manos del Gobierno y el poder judicial que posee la potestad juridisdiccional ordinaria y así permitir la integración de todos los sectores sociales. Conecta la idea de equilibrio y colaboración entre instituciones y entre éstas y las clases sociales. La CE dispone una división de poderes horizontal, si bien se refleja una división de potestades y se atribuye su ejercicio a órganos diferentes garantizado por el TC a través de su competencia para resolver conflictos de competencias entre dichos órganos. También dibuja una división vertical en cuanto prevé un estado compuesto basado en autonomías políticas, garantizadas por el TC mediante recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia entre estado y CCAA o entre éstas.
 IMPERIO DE LA LEY COMO EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD POPULAR: el autogobierno libre de los ciudadanos exige subordinación de los poderes la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes. Imperio de la Ley significa que los poderes del estado están sometidos a la voluntad del pueblo soberano expresada por la Ley. Se relacionan con los principios siguientes: Constitucionalidad: hay una supremacía de la CE, a la que tanto los poderes públicos como los ciudadanos están sujetos. Además dota a un órgano (el TC) para anular disposiciones normativas contrarias a ella.
Legalidad: subordinada a la CE, es vinculante para todo el funcionamiento de la Administración pública aunque también se aplica para estructurar el ordenamiento jurídico estableciéndose reservas de ley para desarrollar distintos ámbitos.
.Vinculación positiva: sólo se puede hacer lo establecido por la ley.
.Vinculación negativa: lo que no esté limitado no se puede hacer.
Seguridad jurídica: los actos y sus consecuencias sean previsibles garantizados por un trato igual en situaciones idénticas. Todo individuo tiene derecho a conocer las consecuencias de sus actos, cosa que exige que las normas sean públicas.
Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: el Gobierno debe sujetarse en su actuación lo establecido en la Ley. La Administración debe ajustar su actuación a lo establecido en la ley y a las norma dictadas por e gobierno y los órganos y autoridades administrativas superiores. Los poderes públicos no pueden actuar con arbitrariedad ni con extralimitación o abuso.
Responsabilidad de poderes públicos: los poderes públicos deben asumir sus responsabilidades. Hay mecanismos administrativos para indemnizar a las víctimas de su actuación irregular y para que se aplique el derecho correctamente.
12 Estado democrático: la naturaleza actual del Estado abarca facetas como:  el reconocimiento de la soberanía popular  los derechos de participación ciudadana (El sufragio universal): art 23. Hay una prioridad de la democracia representativa frente a la directa o semidirecta. La estructura democrática del Estado gira en torno al ejercicio del derecho de sufragio tanto activo como pasivo.
 Pluralismo político: tiene una importancia relevante ya que incluye gran variedad de cuestiones normativas (sufragio activo y pasivo, reconocimiento de derechos fundamentales de contenido político,) además del reconocimiento de los partidos políticos como muestra del pluralismo; que sirven de base para la existencia de la democracia parlamentaria.
 Pluralismo social: incluye la regulación constitucional sobre el derecho a la sindicación, el reconocimiento de trabajadores, organizaciones empresariales, derecho a la huelga… Estado social: tipo de estado que se compromete en la satisfacción de las necesidades primarias de su población mediante el reconocimiento y atención de determinados derechos prestacionales y mediante la práctica de políticas tendentes a conseguir grados progresivos de igualación social. La 1ª forma de estado social surgió en Suecia al llegarse un acuerdo entre los órganos estatales, organizaciones empresariales y sindicatos de trabajadores.
La CE se basa en la Constitución de Weimar y en la italiana para usar el calificativo de estado “social”.
Una de las obligaciones de la CE es la promoción a la igualdad material referidos al reconocimiento de unos derechos de prestación y los relativos a la Constitución económica. El Estado social influye en el reconocimiento de carácter prestacional de derechos. Constitucionales especialmente protegidos: derecho a la vida, a la tutela judicial efectiva, a un juicio sin dilaciones indebidas, a la asistencia letrada a los detenidos, al acceso a los medios públicos de comunicación social., etc.
Se basa en el principio de la jerarquía superior de los bienes colectivos que los individuales además de la capacidad del Estado de intervenir en la vida económica.
2. Soberanía popular Es la pieza clave en la definición de la forma de estado, en la legitimación de su existencia constitucional y en la posibilidad de determinación de quien o quienes pueden participar en el ejercicio de la soberanía. El art 1.2 señala que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado” Es un modelo que se diferencia de otras constituciones de estados próximos como la Constitución francesa (la soberanía nacional pertenece al pueblo que la ejerce mediante sus representantes y por vía de referéndum) como la Ley fundamental de Bonn. Todas hablan de la soberanía nacional pero ceñidas a unas determinaciones (es la llamada soberanía popular concentrada).
En la CE y en la Constitución italiana tiene una soberanía difusa porque no impone formas específicas de acción popular y permite que el pueblo se exprese en cuanto ámbitos no estén prohibidos por la constitución.
La CE además es una fórmula abierta ya que consagra un ejercicio de la soberanía sin más restricciones que las que ella misma contiene.
La CE consagra la participación ciudadana en tres niveles: como principio estructural y mandato de los poderes públicos, como derecho fundamental y como conjunto de concretas instituciones participativas diseminadas a lo largo de la parte orgánica de la CE que expresan las diferentes formas de ejercer la democracia.
13 3. Democracia La idea básica del principio democrático es que el poder políticocorresponde al pueblo español, del que emanan el resto de poderes del Estado. Toda autoridad debe de estar legitimada en origen por la fuente última de poder, el pueblo. Y todo ejercicio de poder se legitima de igual forma, a través del pueblo.
Art. 23: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periodicas por sufragio universal. Tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Art. 66: Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
- - 2 formas de estructurar el ejercicio del poder por parte del pueblo: DEMOCRACIA DIRECTA: consiste en decidir conjuntamente por la totalidad del pueblo, reunido en asamblea, cualquier decisión que le afecte. Esta práctica sólo puede realizarse en sociedades con escasos miembros, no en las complejas sociedades contemporáneas.
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: La teoría de la representación política entraña una relación representativa entre los electores o representados y los elegidos o representantes.
Se basa en varios elementos que suelen aparecer de forma conjunta:  la elección de los representantes por los representados (hay un sufragio activo –a votar- y pasivo – a ser votados-)  prohibición del mandato imperativo, los representantes no están jurídicamente sometidos a las directrices que pudiera formular sus electores o grupos determinados (los representantes lo son de todo el pueblo y no sólo de sus electores).
 Prohibición de revocación: el representante no puede ser destituido mientras dure el mandato electoral y sólo el cuerpo electoral puede revolverles o no la confianza.
La democratización del Estado ha afectado a las bases sobre las que se apoya la teoría de la representación la cual se mantiene en buena medida intacta.
Ha habido cambios a lo largo de la evolución de la CE, al principio se mostraban reticentes a la regulación de los partidos, luego a raíz del tratado de Maastricht se tuvo que cambiar la legislación y ampliar el voto a la “ciudadanía europea”.
Además de la constitucionalización de sufragio, de los derechos fundamentales de participación política y acceso a cargos públicos ha reconducido muchos elementos a la teoría de la representación al ámbito de los dchos. Fundamentales.
En la elección de los diferentes entes representativos (el Congreso de los Diputados y el Sendao, las asambleas legislativas de las CCAA y sus estatutos, y los ayuntamientos de los municipios) el sufragio debe ser libre, universal, igual, directo y secreto.
4. Partidos políticos (complementar con el esquema 7.2) Se han convertido en una parte fundamental del sistema democrático que han tenido una evolución que ha pasado por distintas fases: la persecución (ya que se interponían entre la voluntad personal y la individual), ignorancia (existían pero no se reconocían en los ordenamientos), reconocimiento legal 14 parcial, su incorporación al aparato del Estado y constitucionalización tras la 2ª guerra mundial incluyendo sus funciones y su régimen político.
Los partidos políticos están ya en el art 6 del título preliminar de la CE. Su régimen político actualmente se regula por la LO 6/2002.
Los partidos políticos han sido definidos por el TC como asociaciones políticas que llevan a cabo funciones públicas (STC/1981). Por ser asociaciones su composición es libre y voluntaria. No son órganos del Estado pero por desempeñar funciones públicas, la CE y el ordenamiento les atribuye unos rasgos como la exigencia de una democracia interna.
Origen: en todos los grupos humanos donde se ha generado poder siempre ha habido pugna entre diferentes grupos para hacerse con él. El fenómeno de los partidos es reciente. Su aparición se sitúa en el siglo XIX en Inglaterra, cuando la política abandona el reducto de las minorías poseedoras del poder para pasar al ámbito de la nación - Funciones constitucionales: Según la CE, los partidos políticos  Expresan el pluralismo político  Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular.
 Son instrumento fundamental para la participación política (art. 6) Estas funciones indican el carácter de la democracia actual pluralista y representativa, los partidos ayudan a conseguir estos fines.
Los partidos agrupan las voluntades de los ciudadanos en proyectos políticos determinados, lo que los convierte en instrumento fundamental de la participación política.
Éstos son una forma de participar en la democracia participativa pero no la única hay formas de participación representativa (agrupaciones de votos) o las de la democracia directa y participativa.
Su ámbito de actuación es la política (la participación económica o social se hace a través de otros medios asociaciones, sindicatos,..).
- Creación de un partido político: Regulado en la LO 6/2002, es libre y la afiliación voluntaria; se formaliza en un acto fundacional junto con los estatutos y promotores. Tienen personalidad jurídica al inscribirse en el Ministerio del Interior (en los 20 días siguientes el Ministerio lo inscribe salvo que concurran en defectos de forma o indicios de ilicitud). Después el Ministerio Fiscal tiene la última palabra sobre si se inscribe o se ejercen acciones si hay motivos para la no inscripción.
- Organización y funcionamiento: La CE exige que sean democráticos su organización y funcionamiento. Además deben cumplir unos requisitos recogidos en la LO como la existencia de unos órganos electivos y representativos de la militancia que tomen las decisiones del partido, velen por los derechos de sus afiliados y presten garantías para hacerlos valer ante órganos de control. Contra los acuerdos los afiliados podrán recurrir al Poder Judicial. La ley prevé como máxima sanción la disolución por infringir de forma continuada reiterada y grave el mandato constitucional.
15 - La disolución: Está prevista por causas como:  ilícito penal: ser declarado asociación ilícita en los términos previstos por el Código Penal que ha de involucrar al partido como tal y no a alguno de sus militantes o dirigentes (le corresponde al juez penal)  Ilícito constitucional: por incumplir el principio democrático o por perseguir el deterioro o la destrucción del régimen de libertades. (le corresponde a la Sala especial del tribunal supremo, sólo legitimados el Ministerio fiscal y el gobierno).
La ley tipifica los supuestos que pueden concurrir para que se lleven a cabo dicho ilícito: la vulneración sistemática de derechos y libertades, el fomento o legitimación de la violencia para lograr objetivos políticos o el apoyo político de la acción de organizaciones terroristas.
Al poder judicial le corresponde decidir la disolución de un partido. El Tc puede conocer en amparo a partidos políticos a los que se les haya vulnerado los art. 22 y 23 de la CE.
La disolución, expulsión o abandono de un partido no supone la pérdida de la condición de parlamentario o concejal de los cargos elegidos en candidaturas del mismo ya que su mandato depende de la voluntad popular.
- Financiación Regulada por la LO 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos. Tienen una financiación pública y otra privada. Las donaciones a partidos están prohibidas a empresas públicas o privadas que presten servicios o realicen obras para administraciones o si son anónimas si proceden de la misma persona. Le corresponde al Tribunal de cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos.
5. Instituciones de participación directa (esquema 7.1) - Formas de ejercicio de la Democracia en la Constitución:  Democracia directa: instituciones en las que los ciudadanos son protagonistas principales de la decisión política. Sus modalidades son escasas en el modelo constitucional español y se limitan a la institución del concejo abierto y el referéndum:   Concejo abierto: de origen medieval, es un peculiar sistema de gobierno y administración municipal basado en la participación directa de los vecinos del municipio en la adopción de las decisiones y en la elección del alcalde, En estos municipios no se eligen concejales. El art 140 alude a él remitiendo su regulación a la ley 7/1985 (sólo los municipios de menos de cien habitantes asi como otros por distintas razones se acogerán a él.) Referéndum: mecanismo de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. La tradición franquista de usar esta institución con fines plebiscitarios provocó que el constituyente adoptara cierta desconfianza, y luego el mínimo uso, hacia esta. Tipos: ESQUEMA 7.1.1.
 Democracia semidirecta y participativa: modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas.
En la actualidad se manifiesta usualmente por medio de referendos o plebiscitos. Instituciones que la Constitución permite u ordena la intervención de los ciudadanos en alguna de las fases de la toma de la decisión política correspondiente. Tienen una mayor relevancia constitucional.
16      Tienen: Iniciativa legislativa popular Participación en el gobierno y en la Administración El derecho de petición Participación en el poder judicial Partición sectorial  Democracia representativa: (explicada en el apartado 3 ) 6. Estado autonómico (esquema 1.3.3) El art. 2 del título preliminar afirma que “La CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Se intentó solucionar el problema histórico de compatibilizar la unidad estatal y reconocer una pluralidad territorial interna en el reparto del poder político. Con ello se pretendió resolver a los intentos anteriores tanto de imponer un estado totalmente centralizado como de uno políticamente descentralizado consensuado (como el de la II República).
El principio de autonomía y posterior desarrollo en el título VIII responde también a una determinada concepción en la forma del Estado democrático.
Se plantean 2 grades tipos de autonomías: unas con alta capacidad competencial por razones históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) como voluntad de una manifestación de voluntad autonómica y otras con niveles más bajos que podían ir elevándose mediante la progresiva reforma de sus respectivos estatutos de autonomía.
Con la afirmación rotunda sobre la unidad del estado se pretende bloquear cualquier intento de autodeterminación de las autonomías. No existe un pacto federal entre territorios sino un conjunto de normas destinadas a posibilitar el acceso a la autonomía de unos territorios que no venían delimitándose en la Constitución.
- Como se ha dicho hay dos tipos de autonomías: unas de mayores competencias (régimen especial) que debían contar con una asamblea legislativa y gobierno propios.
otras con niveles inferiores (régimen común). Se llega a aceptar que algún territorio pueda no integrarse en el régimen de autonomías (siguiendo el modelo centralizado).
Los Estatutos de Autonomía serán los instrumentos jurídicos que deben desarrollar dichos contenidos.
Aunque este modelo se encuadre entre los modelos de estados compuestos no es un modelo federal.
En el estado autonómico por la falta de pacto federal las CCAA ni son estados miembros ni tienen incidencia directa en la conformación de la CE ni de la voluntad del estado central. El reparto competencial se halla en la CE, en los estatutos de autonomía y en las leyes de distribución de competencias.
17 - Principios del estado de autonomías: Unidad del Estado: la CE consagra el Estado como único, con una única CE, que se fundamenta en la indisoluble unidad nacional. Esta unidad conforma la definición de Estado como unidad de todos los poderes públicos, siendo las CCAA uno de ellos. La autonomía abarca las esferas ejecutiva y legislativa, no la judicial. Este principio se concreta en:  Igualdad de derechos y obligaciones de los españoles ( art. 139.1 )  Unidad del marco económico ( art. 139.2 ) Reconocimiento del pluralismo de la nación española: la CE reconoce que no es una nación uniforme, sino plural, integrada por realidades distintas y sin ello se traduzca en diferencia en el trato jurídico.
Principio dispositivo: la CE garantiza a cada nacionalidad el derecho a la autonomía, al tiempo que prescribe la solidaridad entre ellas. El principio dispositivo consiste en permitir el acceso voluntario a la condición de CCAA y las competencias correspondientes.
7. Principio de integración europea España forma parte de la CE, ahora UE, desde 1986. La unión Europea tiene su origen en el Tratado de la CECA. La idea básica de esta institución y del proceso de evolución histórica ocurrida en los últimos 60 años es: al finalizar la II GM, se comienza a formular la idea de Europa como un “estado” integrado por diferentes territorios (los estados), integrados políticamente. Dado que en esos tiempos era inviable, se propone una primera integración económica que a largo plazo predeterminará una unión política. En 1986 se integra España.
Desde el punto de vista de la UE prima la idea de la libertad de mercado (libre movimiento de mercancías y capitales y luego de personas).Así los distintos Tratados crean instituciones europeas y se crea un nuevo ordenamiento jurídico. Éste es diferente al de cada país miembro y se vertebra con el ordenamiento jurídico español a partir de 2 reglas:  EFECTO DIRECTO DEL DERECHO COMUNITARIO: es directamente aplicable por todos los poderes públicos incluidos los órganos judiciales. Este efecto directo puede ser invocado por los particulares y dependen de sólo de lo que la propia norma comunitaria establezca. Las normas deben ser claras, precisas y que la condición o plazo se haya cumplido.
 PRINCIPIO DE PRIMACIA DEL DERECHO COMUNITARIO: es una autolimitación pactada de los estados. No es que se “mejor”, si no que su aplicación es preferente en caso de colisión de normas.
Su fundamento es triple: . Sin ella no sería posible que desplegara los efectos directos las normas jurídicas . La atribución de competencias a la comunidad carecería de sentido si no comporta una correlativa limitación de las competencias de los Estados miembros.
. Los estados están obligados por el principio de lealtad comunitaria de acuerdo a sus normas internas (autonomía institucional).
Firmar Tratados Internacionales supone que determinadas competencias del Parlamento y del Gobierno pasan a ser ejercidas por otros órganos, cosa que el ciudadano no ha votado. Por ello el poder a voto se limita. El ceder soberanía puede originar un cambio constitucional, pues en caso contrario podría vulnerarse ésta.
18 BLOQUE II: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO Tema 4: Monarquía parlamentaria y Jefe del Estado 1. Monarquía parlamentaria (esquema 1.3.2.) De acuerdo al art. 1.3 de la CE la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Esta forma de gobierno está complementada por la Jefatura del Estado cuyo titular es un monarca hereditario y por otro el juego de relaciones que se fija entre el poder legislativo y el ejecutivo.
La monarquía significa en este contexto que la CE culmina la organización de la estructura reconociendo un órgano constitucional particular mediante la adscripción de la Jefatura del estado a una persona que representa la institución histórica de la monarquía. Se trata de una institución sin poderes políticos directos y de una institución a la que se pretende dotar de una mayor representatividad social que poder político. Prueba de ello es que la CE no le dota de poderes del ejecutivo sino de competencias debidas sobre la decisión establecida por otros órganos (presentación de candidato para la presidencia del gobierno, disolución de las cortes,…) que son actos que el monarca debe realizar.
- Monarquía parlamentaria: un sistema hereditario de Jefatura del estado que depende de la voluntad superior del Parlamento o Cortes Generales por medio de su acción legislativa y a ello se añade el ser una monarquía racionalizada (con unas funciones fijadas directamente por la CE y sin poder alguno de reserva.
- El juego de relaciones que se establece entre el Gobierno y las Cortes Generales es también racionalizado, hay un predominio competencial del Gobierno aunque bajo la primacía del poder legislativo por su vinculación con el pueblo español y la institución del jefe del estado (monarca que carece de poderes y ejerce una función simbólica). Las dos grandes formas de gobierno en las democracias actuales oscilan entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Según su relación: Monista: si el gobierno depende del parlamento Dualista: requiere el soporte parlamentario y el del jefe del estado.
Parlamentarismo racionalizado: requiere únicamente el soporte parlamentario pero una vez constituido el gobierno cuenta con importantes mecanismos que le garantizan un amplio margen de maniobra y una cierta independencia y aún superioridad respecto al parlamento que lo eligió. (el caso que tratamos).
Donde pervive la figura del monarca como jefe del estado hereditario y vitalicio no puede haber presidencialismo porque ello contradice los principios democráticos, por eso monarquía y democracia sólo son compatibles en los sistemas parlamentarios en los que el poder recae en el parlamento y gobierno y no en el jefe de estado. El jefe del estado es un órgano independiente y separado del resto de poderes del estado.
La monarquía parlamentaria está revestida de la legitimidad democrática y posee además, la legitimidad dinástica.
La definición constitucional de la Monarquía como forma política del Estado Español parece coherente con los principios que defendieron durante la elaboración de la Constitución.
19 Se trataba de configurar una Monarquía compatible con los principios democráticos, no podía ser calificada ni forma de gobierno, pues era parlamentaria, ni como forma de Estado, pues lo era la democracia.
El Estado constitucional acoge la división de poderes y coloca por encima de ellos, con carácter de representación y símbolo del Estado, una magistratura regia que personifica la unidad de ese Estado en el interior y en las relaciones internacionales.
Junto con el artículo 1.3. definiendo la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado, el art.
56.1 afirma: “El Rey es el Jefe del Estado...”. Así pues, la expresión forma política del Estado español debe ser entendida como forma de la Jefatura del Estado.
Las relaciones del Rey con las instancias de poder se desenvuelven dentro del marco que la Constitución ha establecido. Es innegable la capacidad de influencia que el monarca puede ejercer en las relaciones con los demás poderes del Estado, esta influencia es una característica plausible de las Jefaturas monárquicas, pero no un poder jurídico-constitucional autónomo y efectivo. Es coherente, que si el Rey es jurídica y políticamente irresponsable no se le atribuya la carga de la dirección política efectiva.
2. Las funciones y atribuciones del rey (esquema 8.5) Funciones: son las explicadas en el art. 56.1 y definen la naturaleza del órgano constitucional de la Jefatura del estado como un órgano simbólico de la unidad y permanencia del Estado y de arbitrio y moderación del funcionamiento regular de las instituciones.
Las atribuciones están en los arts. 62 y 63; no determinan una esfera de actuación del rey distinta de la función simbólica, de arbitrio y moderación; sino que las integran y concretan. Son los actos que el rey debe realizar en el desempeño de sus funciones que generan efectos jurídicos en el ordenamiento constitucional.
- Funciones:  Símbolo de unidad y permanencia del Estado: La CE le da la función de simbolizar la unidad y permanencia del Estado. El rey no se identifica con el estado, ni lo personifica ni encarna la soberanía de la nación, sólo simboliza su unidad. El ejercicio de esta función se proyecta en 2 ámbitos: - Perspectiva interna del propio estado: en el estado descentralizado el rey simboliza su unidad y la integración de las regiones y nacionalidades. El rey no garantiza la unidad y permanencia del estado ni la indivisibilidad de la nación española; sólo la simboliza.
El rey también simboliza la continuidad de la institución estatal más allá de sus instituciones y órganos.
Esta permanencia viene reforzada además por la forma de la jefatura del estado monárquico, ya que los principios de sucesión automática que rigen este órgano constitucional permiten asegurar en todo caso su continuidad.
Atribuciones para el cumplimiento de esta función:  nombramiento del presidente de una CCAA  nombramiento y cese del presidente del gobierno  “ de altas autoridades del Estado  sanción y promulgación de leyes  mando supremo de las fuerzas armadas  nombramiento del alto patronazgo de las reales academias 20 - - Puede llevar a acabo tros actos que no tendrían efectos jurídicos pero sí en el ámbito político y si sirven al desempeño de dicha función de símbolo.
Perspectiva internacional: También simboliza la unidad del poder estatal hacia el exterior asumiendo su más alta representación en las relaciones internacionales especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Los actos que realice el rey en el ámbito internacional son actos del Estado (el rey exterioriza la manifestación de la voluntad del Estado para darle firmeza, solemnidad y generalidad para presentar estos actos como unitarios de todo el estado).
Atribuciones: → La representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica.
→ Acreditar embajadores y a otros representantes diplomáticos; y los representantes extranjeros se acreditan ante él.
→ Manifestar el consentimiento del estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados o declarar la guerra y hacer la paz.
→ También tiene otras como: la presencia del monarca en la toma de posesión de mandatarios extranjeros o los viajes del jefe del estado a otros países.
 - Arbitraje: La función arbitral del Rey resulta, la más difícil de definir y, de diferenciar respecto a la moderadora. Arbitrar es, decidir con mayor o menor autonomía, sobre una cuestión que admite varias soluciones. El Rey parlamentario no arbitra en el sentido pleno del término aunque, los actos de esta naturaleza admiten, más en el plano teórico que en la práctica, cierto grado de decisión regia.
Se considera la función arbitral del Rey: El proceso de consultas que, tras la renovación del Congreso y en casos que establece la Constitución, realiza el rey con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y la posterior propuesta a candidato a la Presidencia del gobierno.
El Rey no tiene tampoco en este caso una facultad autónoma, no podrá proponer candidato distinto de aquel a quien el Congreso esté dispuesto a dar su apoyo. Sin embargo, la doctrina ve en este supuesto el mayor grado de autonomía del monarca, sobre todo cuando el resultado de las elecciones no ha sido claramente favorable para una de las opciones políticas en liza.
La institución del refrendo hace posible la irresponsabilidad del Monarca.
 Moderación: Por moderar entendemos la participación en un acto equilibrado para evitar los excesos.
La teoría de B. Constant del poder moderador atribuye al Monarca la capacidad de armonizar y equilibrar las relaciones entre los poderes del Estado. Según esta teoría el Rey encarnaba una suerte de poder neutro, ajeno e independiente de los demás poderes, capaz de evitar excesos de estos.
Actualmente, las funciones moderadoras como las arbitrales no habilitan al Rey a intervenir en los actos estatales sino que su intervención es reglada.
En cuanto a las funciones regias, podemos definir la moderación como facultad del Rey de participar en la formación o en la actividad de otro órgano de poder para atemperar sus decisiones. En otro tiempo, la intervención del Rey era determinante, actualmente es un acto debido que el Rey realiza no porque esté de acuerdo con el contenido de dichos acto sino por que dicha participación viene exigida por la Constitución.
21 - Son funciones moderadoras del Rey las siguientes: La sanción y promulgación de las leyes.
La convocatoria y disolución de las Cortes.
Convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
La expedición de los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos.
Culminar el acto político en los supuestos de nombramiento y cese del Presidente del Gobierno y de los ministros.
No puede decirse que en virtud de esta función el monarca asuma poderes implícitos, sólo indica su capacidad de influir y dar consejo.
El rey puede realizar otros actos que aunque no esten recogidos en la CEm sirvan al cumplimiento de las funciones que se le otorgan (como las actuaciones como jefe del estado).
La figura del veto no ha sido contemplada en el ordeamienyo contitucional por la composición de la monarquía parlamentaria (que no puede primar su voluntad por encima de la del parlamento, la de la nación).
El rey se inhabilitaría por la comisión de un acto ilícito o infracción constitucional si se negase al cumplimiento u omitiese el cumplimiento de alguna de sus atribuciones. (aunque se podría negar en caso de vicios formales en la decisión que debe formalizar, si son vicios materiales no tiene autoritas para opinar) 3. El refrenado (esquema 8.4) Acto por el cual una autoridad del Estado se hace responsable de las actuaciones del monarca. Como el acto regio suele ser por escrito el refrenado se representará con la firma del órgano legitimado que acompaña a su vez la firma del rey. También puede hacerse con una manifestación positiva o presencial del órgano legitimado que acompañe una actuación del rey en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales no manifestada por escrito (refrendo tácito o implícito).
- Sujetos legitimados para refrendar: El art. 64.1 de la CE identifica para refrendar a los miembros del Gobierno, presidente o ministros.
Excepcionalmente el presidente del Congreso de los Diputados en los supuestos de: propuesta de un candidato a la presidencia del gobierno y la disolución de las Cortes y posterior celebración de elecciones en el supuesto contemplado por el art. 99.5 Esta enumeración de sujetos es una lista cerada.
El TC considera que la responsabilidad aparece derivada del refrendo y no al revés. Cualquier otra forma de refrendo fuera de la establecida en el art 64 será inconstitucional.
- Actos sujetos a refrendo: Los actos exentos de refrendo van disminuyendo por la evolución de la monarquía. En la monarquía parlamentaria se somete a refrendo todos los actos que realice el rey en el desempeño de sus atribuciones constitucionales o todos aquellos actos que desde la perspectiva constitucional deban producir efectos jurídicos, los actos con una proyección externa al ámbito de autonomía del órgano de la corona o familiar del monarca que son actos de eficacia jurídica y no política. La CE en el art. 65,2 se refiere a un único supuesto que no necesita refrendo el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa Real. También puede realizar actos relacionados con sus funciones simbólicas, de 22 arbitrio y moderación. Pese a ser estos últimos actos con trascendencia pública y política interior no está sometido a refrendo.
- Efectos del refrendo: Tienen una doble perspectiva: como acto que dota de validez al acto regio y traslaticio de responsabilidad del rey al órgano que refrenda. El refrendo constituye un instituto autónomo en el proceso de formación de los actos jurídicos, su existencia da validez al acto refrendado. El sujeto que refrenda el acto del rey se limita a responder con su firma o actuación de la adecuación de este acto del monarca al ordenamiento jurídico constitucional. El refrendo pierde su significación originaria (no constituye una aceptación por los órganos refrendantes de la decisión adoptada por el monarca ya que la voluntad del rey en una monarquía parlamentaria es irrelevante en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
También supone el desplazamiento de la responsabilidad del rey a los signatarios de sus decisiones. En el art, 64.2 se indica que los de los actos del rey serán responsables las personas que refrenden.
4. Estatuto constitucional del Jefe de Estado. (esquema 8.3) El ser jefe de estado supone una serie de consecuencias que afectan al rey y a su familia: atribución de ciertos títulos, privilegios económicos, no pagar impuestos, limitación de algunos derechos (como los de participación política). También supone una serie de prerrogativas que se predican de la persona del rey en cuanto a jefe del estado como la inviolabilidad y la no responsabilidad persistan en el art. 56. 3 de la CE.
- Inviolabilidad: Por una parte se refiere a una especial protección jurídica de su persona como fundamento de una protección penal reforzada. El ordenamiento prevé una protección especial para los casos de comisión de los delitos ya fueran estos frustrados o en grado de tentativa, conspiración o provocación contra el jefe del estado o su familia ta como se dispone en el cpitulo II del código penal.
Por otra, se entiende como sinónimo de inmunidad total frente a las leyes penales, sancionadoras o civiles. El rey no puede ser detenido, ni juzgado ni puede actuar en calidad de testigo. Es inmune a la jurisdicción de policía y no puede ser objeto de imposición de sanciones o multas. En la jurisdicción civil queda exento de la misma en tanto por los actos que realice en el ejercicio de sus funciones constitucionales como por aquellos que pueda desempeñar en la actuación de esa esfera de libre actuación del art. 65 de la CE.
- No responsabilidad (el refrendo): Se predica de sus actos. Es consecuencia de su carácter de órgano no representativo. En un estado del derecho aparece como una norma excepcional de la regla general en virtud de la cual todos los poderes públicos son responsables. Se fundamenta en la ausencia de poderes efectivos del monarca: el rey no es responsable de ellos porque no puede adoptar decisiones con efectos jurídicos en el orden constitucional.
23 Tema 5: Las Cortes Generales El parlamento recibe el nombre de Cortes Generales, que está formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la CE. (art 66).
Son un órgano constitucional y es la CE la que le otroga unas funciones especificas. Son el titutlar de al función legislativa.
El elemento que caracteriza y singulariza la posición constitucional es su conexión directa con el pueblo español que es el titular de la soberanía. Son el único órgano con una legitimación democrática directa derivada de la celebración de elecciones entre los ciudadanos para escoger a los componentes del órgano. Parlamentarismo racionalizado aquél que pese a ser institución central, se ve limitado por el principio de constitucionalidad.
Las Cortes son un órgano representativo, lo que significa que hacen presente en el Estado al conjunto del pueblo español, son la materialización del derecho de sufragio lo que implica que son una plasmación de la democracia española.
Esta idea de representación tiene como efecto el hecho de actuar con legitimación del poder político.
Los diputados y senadores son aquellos en los que el pueblo deposita la toma de decisiones. No es un mandato revocable sino renovable (o no) por los representados. No hay mandato imperativo pero la democracia de partidos hace que voten en bloque los diputados y senadores de un mismo partido.
Las cortes son inviolables cualquier persona que ataque su seguridad e independencia u ordene u obedezca una orden en tal sentido, será culpable de alta traición.
1. La estructura bicameral: (ESQUEMA 9.1.2.) El parlamento recibe el nombre de Cortes Generales, que está formado por el Congreso de los Diputados (cámara baja) y el Senado (cámara alta)(art 66). Es un órgano complejo formado por dos órganos con funcionamiento propio y autónomo.
El primer bicameralismo histórico está en Inglaterra cuando se separaron los 3 brazos medievales (lores eclesiásticos y nombles, y los representantes de las ciudades). En España la mayoría de constituciones siguieron el bicameralismo con tintes de privilegios estatales.
Bicameralismo imperfecto: El sistema es imperfecto porque las funciones de cada una de las cámaras no son simétricas. Esta asimetría sucede porque sólo interviene el Congreso y porque cuando intervienen las dos cámaras existe una preeminencia a la cámara baja. Los supuestos de que ambas cámaras tienen los mismos poderes son residuales incluso en lo referido a aquellas funciones que realiza de forma autónoma cada cámara la preeminencia política del Congreso silencia la actuación del Senado. Se dan dos situaciones: - - Intervención exclusiva del Congreso: Elección del presidente del gobierno y la confianza que crea (moción de censura y cuestión de confianza), convalidación de los decretos-leyes, medidas referentes en los estados de alarma, excepción y sitio.
Intervención de las dos cámaras (con preeminencia de la baja): autorización de los tratados internacionales, acuerdos de cooperación entre CCAA y distribución de los recursos del Fondo de compensación interterritorial.
24 El bicameralismo imperfecto tiene como efecto que las tramitaciones que requieren la intervención de ambas se inician en el Congreso. Sólo en los casos de autorización de acuerdos de cooperación entre CCAA y la distribución de los recursos del Fondo de compensación interterritorial se inician en el Senado.
Por último hay que indicar que se contempla un supuesto de intervención exclusiva del Senado situación que en la práctica no se ha planteado nunca.
2. Composición y sistema electoral.
- Sistema electoral del congreso de los diputados Art.68 permite un congreso de los diputados formados por un mínimo de 300 diputados y un máximos de 400. La LO 5/1985 (LOREG) determina que 360. La circunscripción electoral es la provincia y que Ceuta y melilla estarán representadas por un diputado. Los 348 escaños se debe distribuir por provincias (2 diputados a cada una de las provincias) y el resto de los 248 entre las provincias por proporción de población.
La votación de los ciudadanos se realiza mediante listas completas (cerradas) y ordenadas (bloqueadas) presentadas por los partidos políticos, coaliciones, federaciones o agrupaciones electorales.
- Sistema electoral del Senado Está compuesto por 264 senadores, 208 son elegidos por los ciudadanos sobre la base de las circunscripciones provinciales (4 senadores x provincia) o insulares (1 o 3 dependiendo de la asignación constitucional).
Los electores votan en una lista abierta marcando mediante cruces a los candidatos que son de su agrado pudiendo hacer las combinaciones que deseen respetando el máximo de asignaciones. En Ceuta y Melilla es más complejo porque rige un sistema electoral mayoritario porque los candidatos más votados son los que obtienen el escaño. En las islas mayores y provincias hay un sistema mayoritario corregido se impide que un mismo partido acapare todos los puestos a elegir. La corrección se hace por la forma de voto: cada elector puede designar hasta 3 candidatos lo que provoca que no puedan pertenecer los 4 senadores a un mismo partido y como mínimo 1 de ellos sea de un partido distinto.
El art. 69.5 de la CE establece que el Parlamento de cada comunidad autónoma designará a un mínimo de 1 senador (se incrementará en 1 por cada millón de habitantes) por lo tanto el nñumero de senadores por designación autonómica varía dependiendo de la población.
3. El Reglamento parlamentario - Concepto: Norma que expresa la regulación del funcionamiento de las cámaras parlamentarias en cuanto a la manifestación de su poder autorganización. La consideración histórica de la ley como única fuente del derecho llevó a considerar las disposiciones de autorregulación aprobadas por las cámaras como un fenómeno ajeno al ordenamiento estatal. En España el reglamento es considerado todo él como norma con fuerza de ley.
25 - Naturaleza jurídica: Constituyen normas jurídicas primarias y necesarias que contienen y expresan la voluntad autónoma de las cámaras con el fin de regular su organización y funcionamiento y ejercer sus poderes en los ámbitos materiales que la CE establece. El reglamento parlamentario se identifica como la principal forma normativa en que se expresa la autonomía parlamentaria. La autonomía normativa para regular su organización y funcionamiento puede considerarse inherente a la posición institucional de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma requieren mayoría absoluta. Los parlamentos de las CCAA tienen también esta potestad de autorregulación. Los reglamentos se conciben como normas con carácter de estabilidad y permanencia en el ordenamiento estatal y tienen eficacia general. La CE los contempla como normas de producción ineludible y necesaria para el ejercicio de las funciones de los órganos parlamentarios.
- Posición en el sistema de fuentes: Son disposiciones normativas con fuerza de ley y como tales son objeto de control de constitucionalidad (pueden ser objeto de recurso y cuestión de inconstitucionalidad).
- Procedimiento de aprobación y reforma: Son aprobados y reformados por la propia cámara de forma independiente y sin la intervención de ningún otro órgano. En el ámbito estatal se prevén 3 reglamentos parlamentarios: el del Congreso, Senado y el de las cortes generales. Su objetivo es garantizar cierto consenso en torno a la norma que ordena los trabajos de las cámaras, por lo que protege a las minorías frente a la instrumentación partidista de los reglamentos por la mayoría parlamentaria. No necesitan sanción ni promulgación ni en principio publicación en el BOE sólo en los boletines de las cámaras aunque el TC ha considerado necesaria la publicación formal para la producción de efectos externos.
- Ámbito material: Sólo puede regular las materias que le han sido reservadas. Art, 72.1 contiene la reserva general de reglamento parlamentario por la que se reconoce la potestad para auto normar su organización y funcionamiento. Materias: sistema de convocatoria, iniciativa legislativa, tiempo para debatir interpelaciones y preguntas, estatuto de los parlamentarios, organización de las cámaras, funcionamiento de las cámaras, procedimiento legislativo, control parlamentario del gobierno y posibilidad de crear situaciones jurídicas no contempladas expresamente, planteando el funcionamiento de nuevas instituciones dentro de los márgenes de la CE.
- Interpretación del reglamento parlamentario: El reglamento de congreso y senado prevén la facultad del presidente para dictar resoluciones que interpreten el Reglamento Parlamentario o suplan laguna. El presidente deberá contar con el acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces para evitar interpretaciones del Reglamento excesivamente partidistas. En dichas resoluciones hay una polémica sobre su control constitucional y posteriormente su control se ha reconducido hacia el recurso de amparo permitiendo su impugnación por parte de parlamentarios individuales o de grupos parlamentarios minoritarios que alegue vulneración del art. 23.
26 4. La autonomía de les Cámaras El principio de autonomía parlamentaria está consagrado en el art. 72 de la CE. Es una manifestación de la búsqueda del parlamento de un espacio de no injerencia del resto de poderes. En algunos momentos históricos esa autonomía está ligada con la idea de supremacía del parlamento, llevó a considerar que el parlamento era soberano (en España no se puede hablar de soberanía parlamentaria).
Todas las normas con valor de ley que aprueban las cortes son impugnadas ante el TC; todos los actos parlamentarios que afecten a derechos fundamentales son objeto de recurso de amparo ante el TC; y la mayor parte de los actos materialmente administrativos acordados por las cámaras para su funcionamiento son impugnados anta le jurisdicción contencioso-administrativa. Por eso es mejor hablar de autonomía parlamentaria que de soberanía del parlamento. Vertientes: - Autonomía reglamentaria: aprobación de una norma Autonomía presupuestaria: existencia de un presupuesto propio. Tienen autonomía de gasto.
Autonomía de gobierno interno: los órganos rectores de cada cámara son elegidos por los miembros de cada cámara.
Autonomía administrativa: se concreta en la existencia de una Administración parlamentaria con personal propio y cuya gestión corresponde al parlamento sin ningún tipo de intervención del gobierno.
Sus decisiones son controladas por la jurisdicción contenciosa-administrativa.
5. Estatuto de los parlamentarios - Adquisición, suspensión y pérdida de la condición de parlamentario: Adquisición: es necesario presentar el acta de diputado ante la cámara respectiva, hacer una declaración de bienes y actividades para comprobar que no haya incompatibilidad y prestar juramento o promesa de acatamiento de las CE en sesión pública.
Suspensión de derechos y deberes: por sanciones disciplinarias muy graves, por hallarse el parlamentario en procedimientos judiciales, por estar en prisión preventiva (sólo para diputados), por decisión de la mayoría absoluta (senadores).
Pérdida de la condición de diputado o senador: extinción del mandato por fin de la legislatura o por disolución de las cámaras; fallecimiento o incapacidad; renuncia ante la respectiva Mesa; decisión judicial, pérdida de requisitos de elegibilidad y cuando lo comunique los parlamentos autonómicos al final de la legislatura del parlamento que hizo la designación.
- Los derechos y deberes de los parlamentarios: El reglamento del congreso de los diputados contempla los derechos de los diputados: derecho de participación en la vida parlamentaria (asistir al pleno y a las comisiones), derechos económicos y derechos de información. El Reglamento del Senado añade como derechos el tratamiento de excelencia y el derecho a pase de libre circulación en determinados medios de transporte colectivo y el pago de ciertos viajes.
27 Las obligaciones caben destacar las que guardan correlación con los derechos mencionados: respecto a la vida parlamentaria hay un deber de asistencia, de adecuación a la conducta al reglamento respectivo, de cortesía, de prohibición de un uso inadecuado de la condición parlamentaria y de formular declaración de bienes y actividades.
- Prerrogativas de los parlamentarios: Son garantías que tradicionalmente se dotaban a los parlamentarios contra la intromisión del poder real. Actualmente es una manera de que sean compatibles con el resto de valores y principios constitucionales.
 Inviolabilidad: prevista en el art. 71.1 de la CE implica que no se pueda iniciar ningún tipo de proceso judicial civil o penal contra ellos por las opiniones expresadas, los votos emitidos, los escritos registrados en el Parlamento o la realización de actividades consideradas funciones oficiales de los parlamentarios durante su mandato. Aunque pierdan su condición no se pueden juzgar las manifestaciones realizadas durante el mismo. Los órganos judiciales deben, por lo tanto inadmitir cualquier denuncia demanda o querella en este sentido.
 Inmunidad: mecanismo de protección de la libre actuación de los parlamentarios que opera en dos ámbitos distintos: respecto de la detención policial y respecto del enjuiciamiento penal. Cada uno de estos ámbitos tiene unas características propias. Respecto de la detención policial sólo podrán ser detenidos en caso de fragante delito. Respecto al enjuiciamiento penal la CE indica que no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la cámara respectiva. El TC ha interpretado que esto es para evitar que la detención esconda un fin político. Si la cámara vota en contra el procedimiento se interrumpe y si cuando el parlamentario pierda su condición, el delito no haya prescrito se podrá reabrir el proceso y continuar su tramitación.
 Aforamiento: art. 71.3 en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del TS, lo que implica que en los procesos penales no se siguen las reglas ordinarias de distribución de asuntos judiciales. Se ha criticado que se suprime así la posibilidad de un recurso ante una segunda instancia judicial y que no se sigue las reglas ordinarias de distribución de los asuntos judiciales.
6. Organización, funcionamiento i funciones - Organización: Parlamentarios y grupos parlamentarios: Son la traducción de los partidos políticos en el ámbito del parlamento. Son los que presentan la mayor parte de iniciativas. Para constituirse un grupo parlamentario se requieren 15 diputados en el Congreso (aunque se admiten 5 diputados si han conseguido un 15% de votos en las circunscripciones o el 5% en la estatal). En el senado se necesita un mínimo de 10 (con la posibilidad que haya de 10 en caso de haber sido elegidos por el electorado del territorio o por el parlamento autonómico). Ningún parlamentario puede formar parte de más de un partido político puede crear más de u grupo parlamentario. Los diputados o senadores que no queden integrados en un grupo parlamentario pasan al grupo mixto que es la reunión de diversos parlamentarios o partidos políticos sin nº suficiente para poder hacer un grupo.
El presidente: Posición un tanto ecléctica ya que han pertenecido al partido que obtuvo la mayoría, al que apoyan y con el que votan pero mantienen una cierta neutralidad e imparcialidad ya que aseguran el cumplimiento de las normas del debate, mantienen el orden en la cámara y tienen la representación institucional del conjunto de la cámara. Es necesaria la imparcialidad para cumplir y hacer cumplir el 28 reglamento interpretándolo y supliéndolo en caso de omisión. También ejerce ciertas funciones de orden administrativo respecto de la administración parlamentaria.
La mesa: órgano rector de cada cámara con funciones de gobierno sobre la administración parlamentaria, funciones relacionadas con el funcionamiento de la maquinaria parlamentaria de cada cámara. Es un órgano colegiado formado por el presidente de la cámara, los vicepresidentes y los cuatro secretarios. La forma de elección prevista en el reglamento respectivo permite la presencia de más de un grupo parlamentario en la mesa.
Junta de portavoces: las decisiones más políticas relacionadas con la vida parlamentaria las deben tomar después de escuchar a la junta de Portavoces. Es un órgano de composición y funciones estrictamente políticas. Es el órgano de reunión de los diversos portavoces de los grupos parlamentarios bajo la presidencia del presidente de la cámara. Las decisiones las adopta por consenso por el voto ponderado con relación al peso del grupo en el pleno de la cámara respectiva. A las reuniones de la Junta de portavoces pueden asistir un representante del Gobierno con voz pero sin voto.
Pleno: órgano que reúne a todos los miembros de una cámara a convocatoria de su presidente. A veces se confunde con la idea misma de parlamento ya que ejerce las principales funciones y es el lugar de cierre de las decisiones más relevantes que se asignan a la cámara. Desde un punto de vista político la presencia de los principales líderes políticos en el Pleno del Congreso de los Diputados hace de esta cámara el lugar donde los ciudadanos visualizan el debate político partidista. El Gobierno puede asistir a los plenos de las cámaras y dar su opinión sobre los asuntos que se traten.
Comisiones: órganos de funcionamiento diario del Parlamento. Son órganos especializados con un cometido y en un objeto específico que no es exclusivamente la preparación de las decisiones del pleno.
Sus decisiones se imputan al conjunto de la cámara. Hay comisiones permanentes legislativas que tramita iniciativas legislativas de una materia concreta. Las permanentes no legislativas tratan sobre el funcionamiento interno de funciones no legislativas o de estudios permanente de un determinado asunto. Las comisiones no permanentes son comisiones de estudio de asuntos de interés públicos con un tiempo limitado o hasta el fin de la legislatura. No vinculan a los tribunales pero pueden comunicar al Ministerio Fiscal sus investigaciones para que emprenda las acciones oportunas. En el Senado hay que destacar la Comisión General de las Comunidades Autónomas formada por el doble de miembros que el resto de comisiones y que ejerce funciones de estudio e informe sobre las CCAA.
Las subcomisiones: órgano interno de una comisión para la preparación y estudio de un tema determinado.
Ponencias: órgano de preparación del trabajo legislativo de la comisión que estudia un proyecto o proposición de ley en detalle. Es a puerta cerrada con representación de todos los grupos; son un ámbito adecuado para la negociación y transacción políticas. Tb se utilizan para preparar la discusión sobre otros asuntos.
Diputación permanente: Mecanismo procedimental u orgánico para asegurar la continuidad institucional del Parlamento y velar por sus atribuciones cuando no estña reunido e incluso cuando no está disuelto y todavía no se ha constituido unno nuevo por las elecciones. Compuesta por 21 miembros representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. La función genérica de cada diputación es velar por los poderes de la cámara. La CE le reserva unas competencias propias derivadas de la intervención del congreso en l convalidación de los decretos-leyes y su intervención en 29 los estados de emergencia. Una vez reunida la nueva cámara la diputación permanente informará de los asuntos tratados y de sus decisiones.
- Funcionamiento: Después de las elecciones y de la celebración de la sesión constitutiva cuando cada cámara se constituye pasa en virtud de su autonomía a decidir ella misma cuándo se convoca y empieza el funcionamiento ordinario de la cámara hasta el día de su disolución. Este lapso de tiempo entre sesión constitutiva (la única convocada por el rey en virtud del art. 62.b) y disolución se denomina legislatura. Puntos destacados: Los períodos de sesiones: La CE marca los periodos del año en que se puede convocar y reunir. Art 73: hay dos periodos ordinarios de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio. Entre estos periodos se puede convocar de forma extraordinaria (a petición del gobierno, de la Diputación permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de lacámara). Dentro de los periodos se celebran sesiones que se desarrolla en un día natural Reuniones de las cámaras (quórum): es la exigencia de un nº mínimo de parlamentarios reunidos que posibilite la validez de las decisiones del órgano. Tipos de quórum: el de la constitución y el de votación.
En las cortes generales no hay quórum de constitución ni de deliberación: se puede abrir una sesión y debatir un asunto independientemente del número de diputados o senadores presentes (se necesita la presencia del presidente o vicepresidente; secretario y alguien en uso de la palabra) pero sí existe quórum de votación. Art.79 para adoptar acuerdos las cámaras a parte de estar reunidas deben contar con la asistencia de la mayoría de sus miembros.
Sesiones y órganos conjuntos: Cada cámara tiene un funcionamiento autónomo respecto a la otra: decide cuando se reúne y ejerce de forma independiente aquellas atribuciones que no requieren la aceptación de la otra cámara. Aun así se deben coordinar los trabajops parlamentarios porque las sesiones conjuntas de ambas son una excepción. Los plenos de las cámaras sólo se reúnen de forma conjunta para ejercer las competencias no legislativas (título II) atribuye expresamente a las Cortes Generales (recibir los juramentos, prohibición de matrimonio a los sucesores al trono, provisión a la sucesión de la Corona si no hay herederos o inhabilitación del rey).
Existen comisiones mixtas ad hoc que resuelven desacuerdos en determinadas. Materias (tratados internacionales, acuerdos para la cooperación entre CCA,..), comisiones mixtas permanentes (la del Tribunal de cuentas) y mixtas no permanentes (control parlamentario a la corporación de RTVE).
La publicidad de las sesiones: excepciones = la publicidad de las sesiones es un principio general.
Tradicionalmente se hace mediante los boletines oficiales y diario de sesiones (para transcripciones).
Ahora también hay un canal parlamentario accesible en Internet. La CE admite que la sesión del Pleno pueda no ser pública e indica que cada cámara puede declarar no pública una sesión por mayoría absoluta. En las sesiones no hay público pero acuden los representantes de los medios de comunicación (salvo que no sea pública la sesión).
Adopción de acuerdos: Antes de haber una votación se suele debatir el asunto de forma contradictoria ya sea con el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios o mediante turnos a favor y en contra. Lo normal es la votación por mayoría simple salvo que exprese la CE o el reglamento parlamentario que se deba hacer por mayoría absoluta (mitad + 1), la mayoría de 3/5 de los miembros 30 (nombramientos y reforma constitucional) o 2/3 de los miembros (reforma constitucional). La votación puede ser ordinaria, pública por llamamiento o secreta.
- Funciones: Legislativa del Estado: la aprobación de leyes, la ley es una norma subordinada únicamente a la CE.
Presupuestaria: art. 66.2 separa la ley de los presupuestos del estado aunque la doctrina opine que formalmente es una ley con peculiaridades y una tramitación específica.
Designación del presidente del gobierno: es la función de creación del gobierno por una de las cámaras (congreso), después de las elecciones constituidas las dos cámaras el congreso, hay que hacer la designación del presidente del gobierno (propuesto por el rey). Es una función metafórica de la creación del gobierno.
Impulso de la acción política y de gobierno: supone que el parlamento sea el centro del debate público y que pueda adoptar pronunciamientos que orienten la política del gobierno. El otorgamiento de la confianza en el congreso es el momento fundador del impulso de la acción política.
Control del gobierno: en un modelo de parlamentarismo racionalizado con un gobierno fuerte que dirige la vida política el control del parlamento es la garantía de la división de poderes.
Otras funciones: - La reforma constitucional regulada en el título X de la CE (aunque su intervención dependerá de la vía elegida para la reforma).
- Función electiva de los parlamentos - Otorgar confianza al presidente del Gobierno - Escoger al defensor del pueblo, a 8 de los 12 magistrados del TC y a 20 vocales del consejo general del poder judicial.
- Autorizar-delegar al gobierno para que pueda hacer decretos legislativos y de decretos-leyes e caso de extraordinaria y urgente necesidad - Ratificar ciertos tratados internacionales, autorizar situaciones de guerra o paz e intervenir en los estados de emergencia - Autoriza la celebración de referéndums consultivos - Atribución exclusiva para la acusación de los miembros del Gobierno por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado Tema 6 : El Gobierno y la Administración Orígenes del Gobierno: ordenamiento inglés.
El Rey tradicionalmente se rodeó de consejeros a los que les pedía opinión y que le asesoraban respecto a determinadas materias y decisiones. Primero el rey decidía solo sus decisiones, después se reúne con su consejo para decidir dónde se tratan y deciden los asuntos del Reino. Más tarde este consejo se reúne bajo la dirección de uno de los asesores sin la presencia física del rey, que únicamente se limita a ratificar y firmar las decisiones adoptadas por aquél.
El Gobierno, en la separación clásica de poderes, ejerce el ejecutivo. En la actualidad, también posee amplias facultades legislativas.
En nuestro sistema político es elegido por las Cortes Generales y en concreto por el Congreso de los Diputados.
31 Requiere poseer de la confianza del Congreso para tomar posesión y gobernar durante la legislatura por lo que se dice que posee legitimidad indirecta, pues es elegido por el pueblo a través del Congreso.
El Gobierno se regula en el Título IV y por la ley 50/1997 del Gobierno.
1. La formación del Gobierno: el proceso de investidura. ESQUEMA 11.1.3.
En España, la investidura parlamentaria es el acto parlamentario en virtud del cual el Parlamento reconoce y acepta un nuevo presidente del gobierno de España. Según la Constitución española de 1978, el candidato a presidente es designado por el rey de España tras consultar a los grupos parlamentarios que constituyen el Congreso de los Diputados; la costumbre determina que sea el candidato del partido político vencedor en las elecciones generales. La investidura está regulada en el Artículo 99 de la Constitución.
Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. Este candidato expondrá su programa y será votado por el Congreso de los Diputados, que debe obtener mayoría absoluta en la primera votación, y si no la obtiene, se repetirá la votación 48h después, obteniendo para su aprobación mayoría simple. Si tampoco obtuviese el apoyo, el Rey presentaría otros candidatos y se realizaría otra exposición de programa en el que se votará. Si no se obtiene ese apoyo, se irán presentando sucesivamente más candidatos. Si en el plazo de 2 meses desde la primera votación, ninguna candidatura obtuviese el apoyo necesario, se convocarán de nuevo elecciones.
El acto de investidura es, en cualquier caso, solemne, preceptivo y de carácter legitimador 2. Organización y composición del Gobierno. ESQUEMA 11.1.1. y ESQUEMA 11.1.4.
Se regula por el Art. 98 CE: El gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
La regulación constitucional de la composición del gobierno es abierta al dejar que una ley posterior establezca qué/quiénes son esos demás miembros. La Ley del Gobierno ha regulada que sólo son gobierno el presidente, vicepresidente y los ministros. Nadie más. Los restantes escalafones directivos de los ministerios son altos cargos de nivel político designados libremente, no técnicos ni profesionales.
Existen ministros que son “con cartera”, aquellos que tienen encomendado un ámbito de gestión concreto; y “sin cartera”, los que no lo tienen pero deciden sobre política general, etc.
3. La posición del Presidente del Gobierno.
El presidente del Gobierno ocupa una posición relevante no sólo en el cuadro de las instituciones del estado, si no dentro del gobierno. Una figura clave que dirige y coordina. Propone el nombramiento y separación de todos los miembros que integran el Gobierno. El programa del Gobierno elaborado por el Presidente para su investidura funda la ratificación de la confianza del Congreso.El presidente, no el Gobierno, es el que tiene personalmente la facultad de disolver las Cortes, convocar referéndum…, si bien algún acto requiere de la previa deliberación del Consejo de Ministros, y en otros la facultad corresponde al Gobierno en conjunto.
32 - Funciones del presidente de acuerdo con la CE Art. 98 Dirigir la acción del Gobierno: esta revela la posición predominante del Presidente en el seno del Gobierno.
Coordinar las funciones de los demás miembros: asegura unidad de acción y entraña una división de competencias y la resolución de problemas que entre ellos puedan producirse.
Limitar, verificar e intervenir la gestión de los ministros: el control del presidente respecto la actividad de los miembros del gobierno deriva del principio de responsabilidad solidaria.
Según I.Molas, el presidente goza de una posición preeminente mediante su intervención en la formación del gobierno, la dirección-coordinación del gobierno, la adopción personal de algunas de las grandes decisiones y mediante el liderazgo de la mayoría política.
4. Estructura interna, funcionamiento y funciones del Gobierno.
- Estructura interna: El consejo de ministros: El Gobierno es un órgano colegiado. Le corresponde tomar aquellas decisiones no reservadas al Presidente, en especial, aprobar los Derechos que serán expedidos por el Rey. La CE deja abierta la puerta para que en el futuro del Gobierno se estructure en otros órganos además del Consejo de Ministros.
Las reuniones del Consejo de Ministros vienen precedidas por una reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, presidida por el vicepresidente, y encargada de preparar las deliberaciones y temas a trataren el Consejo. De esta forma se preparan los temas y en algunos de ellos, si no hay divergencias y se aprueba en la propia Comisión de Secretarios, se descarga el trabajo del Consejo. El Consejo se reúne para tratar un orden del día, compuesto por los temas ya tratados por la comisión, en los temas ya acordados se acepta la decisión tomada formalmente y en los que no ha habido acuerdo se inicia propiamente la discusión del Consejo.
- Funcionamiento y principios de actuación del Gobierno: El Gobierno se estructura en un ógrano colegiado que es un órgano político y el órgano administrativo supremo. En su actuación se rige por los principios siguientes:    Preeminencia del Presidente Es órgano colegiado. Los acuerdos se toman conjuntamente. Se toman por mayoría, pero el presidente puede hacer valer su voto de calidad.
Responsabilidad política solidaria. La unidad de acción y la propia CE lo exige.
33 - Funciones: Art. 97 CE: El Gobierno dirige la política interior y exterior, la reglamentaria de acuerdo con la CE y las leyes.
DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR: En España es indudable el protagonismo del presidente del Gobierno, asistido por el ministro de Asuntos exteriores y por el servicio exterior del Estado, sin perjuicio de las actuaciones del rey, ciertamente simbólicas, previstas en el art. 56.1 y 63 de la CE.
Aspectos más relevantes:      Iniciativa para la negociación, adopción y autenticación de Tratados Internacionales.
Relaciones diplomáticas con otros estados.
Decisiones sobre la participación en misiones internacionales que puedan requerir intervenciones militares, sobre todo operaciones de pacificación.
Política de cooperación y ayuda de países del Tercer Mundo.
Protección diplomática y consular de los españoles en el extranjero.
DIRECCIÓN POLÍTICA INTERIOR: La función más importante es la política de seguridad pública (defensa de los derechos fundamentales-CE art. 104). Para llevar a cabo esa política el gobierno dispone de fuerzas y cuerpos de seguridad, integradas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. La LO 2/1986 determina sus funciones, estatutos y principios básicos de actuación, lo que por otra parte es imprescindible en un sistema en que esas fuerzas deben coordinar su actuación con la de los cuerpos dependientes de las CCAA y de las corporaciones locales.
DIRECCIÓN DE LA DEFENSA DEL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN MILITAR: Art. 97.1 CE + Art. 8 de la regulación de las Fuerzas Armadas. + LO 6/1980 : La Ley distingue entre la política de la defensa y la política militar:   Política de la defensa: tiene como objetivo la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación ante cualquier forma de agresión.
Política militar: organización, preparación y actuación del potencial militar.
El presidente ejerce la dirección de la guerra y define los grandes objetivos estratégicos, aprueba los planes correspondientes y ordena la distribución general de fuerzas, de la Junta de Defensa Nacional.
Los órganos que también tienen competencias en esta materia son: el Jefe de Estado Mayor de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor.
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL: art. 103 CE. Requiere una programación y planificación del trabajo:     Es necesario organizar los servicios, dotándolos de medios financieros y materiales necesarios.
Desarrollar una adecuada política personal (selección, formación y promoción ) Comprobar el buen funcionamiento de los servicios (instrumentos de control y inspección) Realizar la evaluación de todo el proceso para introducir las modificaciones y mejoras que la experiencia aconseje.
34 Los ministros gozan de doble condición: órganos políticos y órganos superiores de la Administración.
Esto les permite dirigir el aparato organizativo que con su estructura piramidal se extiende en diferentes niveles.
FUNCIONES EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: La CE no hace referencia a éstas.
    La determinación del ámbito territorial de los órgano judiciales y de su número y composición en la respectiva demarcación se ha de establecer por la ley. El Gobierno prepara el proyecto y posteriormente puede crear nuevos juzgados y secciones de tribunales y audiencias provinciales.
Provee a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia.
Política en materia criminal. Ejerce un impacto indudable sobre la justicia penal. Funciones decisorias en la policía penitenciaria, cooperación jurídica internacional en materia penal, intervenciones en materia extradición y ejercicio del derecho de gracia.
Nombra al fiscal general del Estado.
POTESTAD REGLAMENTARIA: Capacidad para elaborar y dictar textos normativos de carácter general, susceptibles de regular la situación jurídica de los particulares y afectarla. Actualmente se considera una participación del Gobierno en la función normativa del Estado. Ha ido adquiriendo importancia.
La titularidad de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno que la ejerce formalmente reunido en Consejo de Ministros.
FUNCIÓN EJECUTIVA: Aplicación y ejecución de las decisiones adoptadas por el poder legislativo, no obstante, el Gobierno no realiza una estricta ejecución de las leyes.
CONTROL DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO: art. 26 Ley del Gobierno. Triple control:    Parlamentario: no conoce más límites que los derivados de la normativa parlamentaria y se basa en criterios de oportunidad y no de juricidad.
Constitucional: Control del TC. El recurso y la cuestión de inconstitucionalidad respecto a los actos con fuerza de ley, el conflicto de competencias para actos jurídicos con rango inferior a las leyes que puedan vulnerar el orden constitucional de competencias entre el Estado y las CCAA y el recurso de amparo constitucional contra disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho que originen violaciones de los derechos fundamentales y libertades públicas, una vez se hayan agotado la vía judicial previa.
Judicial: control de los Jueces y Tribunales. Hasta hace poco había sido considerada como un ámbito no sujeto a control jurídico. Esto se resuelve con el art. 26 dela Ley del Gobierno cuando reconoció ese control sin más límites que los resultantes de la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
5. La Administración pública: principios constitucionales de organización y actuación.
El Gobierno dirige la administración civil y militar, siendo al mismo tiempo el órgano supremo de la Administración del Estado, del que él mismo forma parte. El Gobierno es un ente de naturaleza política que dirige la administración del Estado, que es un conjunto de medios materiales humanos estables de los que únicamente dispone el gobierno para realizar sus funciones ejecutivas y de dirección política.
Este permanece aunque el Gobierno cambie.
35 Hay distintas clases de administración dirigidas por los diversos poderes territoriales en que se divide la organización territorial del Estado: - Administración central: dependiente de los órganos centrales del Estado. Se incluye la administración periférica y la militar Administración autonómica: dependiente de los gobiernos autonómicos.
Administración municipal: Dependiente de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y municipios.
Administración institucional corporativa: depende de los entes y corporaciones públicas vinculadas al estado.
La Administración Pública actúa de acuerdo con los principios siguientes:  De subordinación al derecho: actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y a normas inferiores a la Ley. También son un instrumento de cumplimiento de las normas emanadas del Gobierno.
 De objetividad: sirve con objetividad los intereses generales.
 De eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Artículo 103 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades Tema 7. Las relaciones entre les Cortes y el Gobierno 1. Las relaciones entre el parlamento y el Gobierno en el parlamentarismo actual Las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales constituyen el dato sustancial para definir nuestro régimen parlamentario. Los instrumentos utilizados para vehicular esas relaciones están definidos sustancialmente por la constitución, por la Ley del Gobierno y por los reglamentos de las cámaras. No obstante, conviene insistir en la importancia del otro bloque normativo integrado por las convenciones constitucionales y por la actividad de los partidos y su traslación parlamentaria, los grupos parlamentarios, sin cuya consideración difícilmente se comprende el funcionamiento de los mencionados instrumentos de relación.
2. La cuestión de confianza Es un procedimiento por el que el Gobierno desea conocer si la cámara baja (la que tiene la primacía legislativa) sigue manteniendo su confianza o no en él. Puede hacerlo en períodos convulsos de la vida política o cuando el Presidente quiera. No es frecuente en gobiernos con mayoría absoluta, sino en casos de gobiernos con apoyos minoritarios, de coalición, con grupo parlamentario débil o indisciplinado. Regulado en el Art.112 CE 36 La cuestión de confianza está regulada en la constitución, y presenta dos características importantes que la diferencian de la forma en que se utiliza en otros sistemas parlamentarios: no puede ser utilizada por el Gobierno para conseguir la aprobación de un proyecto de ley, y la votación negativa comporta siempre, la dimisión inmediata del Gobierno.
- Presentación: Es competencia exclusiva del presidente del Gobierno. La Constitución y la Ley del Gobierno no exigen acuerdo del Consejo de Ministros, sino simple deliberación previa. Se presenta bien sobre la realización del programa del Gobierno, o bien sobre una declaración política general, mediante escrito motivado dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados.
- Debate: Se establece entre el Presidente del Gobierno y las figuras más destacadas de los Grupos Parlamentarios. Se desarrolla en una sesión convocada al efecto, la exposición inicial podrá ser asumida no sólo por el presidente del Gobierno sino también por los ministros. La votación no podrá realizarse antes de que hayan pasado 24h desde la presentación de la cuestión.
- Votación: Para que sea aprobada se exige que la mayoría simple de los Diputados. Una vez obtenido el resultado, el Presidente del Congreso debe comunicárselo al rey y al presidente del Gobierno.
- Efectos: Si la confianza es aprobada, el Gobierno queda confirmado pues sigue contando con la confianza del parlamento. Si es rechazada el Gobierno dimite y el rey inicia consultas con grupos políticos para presentar un nuevo candidato a la investidura.
3. La moción de censura La moción de censura la inicia siempre el Congreso de los Diputados, también regulada en la Constitución, donde dice que la moción debe ser propuesta, como mínimo, con la firma de la décima parte de los diputados, se presenta mediante escrito motivado a la Mesa del Congreso, y debe constar en ella la aceptación del candidato que se propone para la Presidencia del Gobierno.
Una vez la Mesa ha calificado la propuesta, se abre un plazo mínimo de cinco días antes de su votación (plazo de enfriamiento), durante los 2 primeros días se pueden presentar mociones alternativas. La calificación de la Mesa comporta también un efecto importante: a partir de ese momento hasta la votación, el Gobierno no puede disolver las Cortes.
La discusión gira en torno al programa alternativo que defiende el candidato propuesto. El Gobierno, puede hacer uso de la palabra en cualquier momento. La votación se hace de forma pública, nominal y por llamamiento, y la moción sólo sera aprobada si recibe el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. En ese caso el presidente del Congreso se lo confirmara al rey, a fin de que proceda al nombramiento del candidato investido.
37 Si la moción no es aprobada, sus firmantes no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones (penalización).
4. La disolución parlamentaria Es otra de las formas posibles que comportan la terminación de la relación de confianza entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados, aunque no guarde relación alguna con la exigencia de responsabilidad política.
La disolución se encuentra regulada en al Constitución y es competencia exclusiva del presidente del Gobierno, que no tiene más limites procedimentales que la necesidad de deliberación previa en Consejo de Ministros, y puede afectar a las Cortes Generales o solamente a una de sus cámaras (Congreso de Diputados o Senado).
No es posible la disolución dentro del primer año de vida de la legislatura, ni tampoco cuando está pendiente la votación de una moción de censura. Además, cuando el Gobierno está en funciones, particularmente por que ha sido derrotado en la votación de una cuestión de confianza, no es posible la disolución anticipada. El decreto de disolución se expide con el refrendo del presidente del Gobierno y debe incluir la convocatoria de elecciones generales a las cámaras disueltas.
5. El control ordinario y el impulso parlamentario  Consideraciones generales: El control parlamentario del Gobierno es, junto con la potestad legislativa, la más importante de las funciones encomendadas a las Cortes Generales por la Constitución. Se integra plenamente en el contexto de las relaciones entre la mayoría gubernamental y la oposición que se configura como elemento sustancial para la definición de la forma de gobierno. Es la oposición la que asume la tarea de controlar al Gobierno. Sin control parlamentario no es posible la libre y plena actuación de la oposición ni, por tanto, está garantizada la posibilidad de alternancia en el Gobierno en función de la voluntad popular.
Por control parlamentario se entiende la actividad parlamentaria encaminada, a la comprobación de la actividad del poder ejecutivo y a la verificación de su adecuación a los parámetros establecidos por el Parlamento, susceptible de producir consecuencias diversas, como la exigencia de responsabilidad política del Gobierno. El control no incluye la posibilidad de dirigir la actuación del Gobierno en un sentido determinado. La solicitud de información y el control no deben confundirse, aunque a menudo se utilicen conjuntamente Cuestión diferente es la relación que puede existir entre el control parlamentario y su utilidad como instrumento para la intervención de las Cortes Generales en el ejercicio por el Gobierno de la función de dirección política. La Constitución no ha previsto expresamente instrumentos en manos de las Cortes para intervenir en ella. Los pocos que existen han sido establecidos, por los reglamentos parlamentarios.
 Los instrumentos de información de los parlamentarios: El derecho de los parlamentarios a recabar individualmente la información necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones no está expresamente previsto en la Constitución, sino que fue reconocido en el Reglamento del Congreso de los Diputados (art. 7). La demanda de información se hace por conducto de la Presidencia de la cámara previo conocimiento del grupo parlamentario respecto, y 38 deberá ser contestada en un plazo no superior a treinta días. Las preguntas, sobre todo aquéllas para las que se solicita respuesta escrita, también constituyen un medio importante para la obtención de información.
El TC, lo considera un derecho como integrado en el derecho fundamental de acceso a cargos y funciones públicas, en su vertiente de ius in officio, lo que permite su protección mediante el amparo constitucional.
Las informaciones del Gobierno ante el Pleno o en comisión, realizadas a iniciativa del propio Gobierno o por solicitud de la propia cámara, son también medios idóneos para la obtención de información, y además permiten a los ministros exponer su gestión de forma directa. Están reguladas por los art 202 y 203 del Reglamento del Congreso como instrumentos de información colectiva.
 Los instrumentos de participación en la función de dirección política Básicamente son de dos tipos. Por un lado el examen y debate de las comunicaciones presentadas por el Gobierno, previsto por los art 196 y 197 del Reglamento del Congreso y 182 del Reglamento del Senado.
Poco conocidos durante los primeros años del régimen constitucional, alcanzaron una mayor notoriedad política y mediática cuando fueron utilizados para la realización de los debates llamados <<del estado de la Nación>> en el Congreso de los Diputados, y <<sobre el Estado de las autonomías>> en el Senado. Y, por otro, las llamadas proposiciones no de ley están reguladas en los art 193 a 195 del Reglamento del Congreso y, con el nombre genérico de mociones, en los art 174 y siguientes del Reglamento del senado.
Se trata de instrumentos especialmente diseñados para el ejercicio de tareas de orientación política, pues son decisiones de las cámaras cuyo destinatario es normalmente el Gobierno, aunque también pueden pretender otros objetivos.
 Otros instrumentos aptos para el control parlamentario También son de dos tipos: las interpelaciones y las preguntas. Las interpelaciones son habitualmente utilizadas para la crítica y la confrontación con el Gobierno. Su tramitación es especialmente rápida, normalmente van seguidas de una moción, que se discute con posterioridad. Aparentemente, las preguntas son un instrumento idóneo para la transmisión y adquisición de información por parte de los parlamentarios, y esa es la función que suelen cumplir cuando se solicita respuesta escrita. Por el contrario, las preguntas presentadas para su respuesta oral en el Pleno de la cámara han adquirido una naturaleza especifica, en efecto, el hecho de que se realizen en el Pleno y que sean respondidas por un ministro les otorga una mayor relevancia política y un cierto impacto mediático. lo que se pretende al formularlas no es una respuesta determinada, sino la confrontación con la acción del Gobierno en materias en las que presentan mayores signos de debilidad o impopularidad.
6. Los órganos auxiliares de control: el defensor del pueblo y el Tribunal de cuentas  El defensor del Pueblo: Se regula en el art. 54 CE + LO 3/1981 del Defensor del Pueblo. Designado por las Cortes.
Funciones: defensa de los derechos Título I y control de la actividad de la Administración. También se extiende al ámbito de las competencias y organismos de las CCAA.
Requisitos y nombramiento: debe ser: español, mayor de edad y disfrutar de sus derechos civiles y políticos. Mandato de 5 años. Paraser elegido necesita mayoría de 3/5 de ambas cámaras. Si no lo logra se realizan propuestas sucesivas y se debe volver a votar en el congreso y Senado.
39 Estatuto jurídico: no estará sujeto a mandato imperativo alguno, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad y no puede ser detenido, expeditado, juzgado, etc. En razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. Sólo puede ser detenido en caso e flagrante delito, correspondiendo su inculpación al TS Actuación: puede investigar cualquier actuación, conducta, etc. Que considere anómala. Ante toda actuación que presente indicios racionales de criminalidad debe comunicarlo al Ministerio Fiscal. Los órganos de administración están obligados a facilitar su labor suministrando la información que precise y requiera, en caso contrario dará parte al MF por si la conducta tuviera repercusión penal.
Puede interponer el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo (art. 162 CE).
Informe: cada año redactará un informa a las Cortes donde se detallen el número de quejas, tipos, actuaciones realizadas, etc. También puede realizar informes extraordinarios según la materia, volumen de quejas…  El Tribunal de Cuentas: Definido por la CE en el art.136. Se compone de 12 miembros, elegidos por las Cortes por 9 años entre juristas competentes con más de 15 años de antigüedad. Depende directamente de las Cortes con quien se relaciona mediante la Comisión mixta de ambas cámaras, pues no puede depender del Gobierno al fiscalizar el sector público. Elabora su propio presupuesto.
Funciones:  Fiscaliza las cuentas y gestión económica del Estado y del sector público; las CCAA han ido creando órganos análogos para sus respectivos territorios.
 La LO de financiación de partidos políticos le asigna el control de la financiación de éstos que reciban financiación estatal , por lo que los partidos deben remitir una contabilidad detallada de ingresosgastos.
 Función jurisdiccional en cuanto les corresponde el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
Remite un informe anual a las Cortes donde indica las infracciones, abusos, irregularidades o responsabilidades que hubiere detectado.
Tema 8. El Poder Judicial.
1. Funciones y principios constitucionales  El ejercicio de la función jurisdiccional como función del Poder Judicial: concepto y características La función propia del Poder Judicial es ejercer la función jurisdiccional, que consiste en aplicar la ley al caso concreto que se plantea al Juez o Magistrado, debiendo emitir un juicio o sentencia. Tal función es ejercida por los jueces y magistrados que lo integran. No por el Consejo General del Poder Judicial, que no es un órgano jurisdiccional, sino un órgano de gobierno de los jueces. La Constitución especifica en el art. 117 que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Este ejercicio implica aplicar el Derecho, seleccionando las normas aplicables al caso y la sentencia.
40 Se debe diferenciar 2 conceptos básicos y una estructura:  Poder Judicial: ORGÁNICO. Es un órgano del Estado, el del poder judicial pero entendido exclusivamente en sentido orgánico.
 Administración de Justicia: FUINCIONAL. Es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
 Ministro de Justicia: Es el aparato burocrático que asiste a los jueces y magistrados para hacer posible su labor.
Es un poder nulo pero activo ya que posee voluntad propia, pues sólo tiene la función de aplicar la ley, no tiene ámbito político alguno de actuación. Su finalidad es alejar al máximo posible al mundo político de la justicia.
 Principios constitucionales sobre el Poder Judicial:    EXCLUSIVIDAD: La potestad jurisdiccional se extiende a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales que integran el poder judicial.
UNIDAD: jurisdicción única para todo el país de forma que no pueden existir tribunales al margen de la configuración propia del poder judicial establecido, con la sola excepción de la jurisdicción militar y en la forma constitucionalmente prevista.
INDEPENDENCIA: el art. 117.1 señala que los jueces y magistrados son independientes de cualquier otro poder del estado y cualquier otro poder social, económico…, junto con otra serie de elementos que garantizan su neutralidad (inamovilidad, independencia y sometimiento exclusivo a la ley y al derecho). Inciden, pues, sobre la independencia del Poder Judicial y de sus miembros, favoreciéndola, esas garantías de la constitución (art 117.1). Su independencia debe ser total sometiéndose sólo a la ley.
La finalidad del la actuación Judicial es la resolución de conflictos mediante la aplicación del derecho a través de una sentencia.
Otros principios:  PUBLICIDAD: cualquier ciudadano puede asistir como público a cualquier juicio, los periodistas pueden acceder e informar de lo que allí ocurre, y que en un futuro inmediato se permita el acceso de cámaras de TV.
 ORALIDAD  MOTIVACIÓN SENTENCIAS: las sentencias deben estar siempre debidamente razonadas i motivadas en base a su conciencia y a los presupuestos de la Ley.
 GRATUIDAD DE LA JUSTICIA: la CE prohíbe la indefensión, por ello se arbitran formas de que las personas sin medios para litigas puedas disfrutar de este derecho. Por ello, existe un turno de oficio y la gratuidad de la justicia para aquellas personas que acrediten carencia de medios.
 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS, EJECUCIÓN…: es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones.
2. El consejo general del Poder Judicial Es un órgano independiente de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, autónomo en su organización y funcionamiento.
La Constitución en su art 122.2, encomienda a la ley orgánica regular las funciones del Consejo, en materia de nombramientos, inspección y régimen disciplinario.
41      Competencias: Facultades de inspección y disciplinarias, califica conductas y sanciona con faltas leves, graves o muy graves.
Nombra a 2 miembros del TC Nombra al Presidente del TS y al Presidente del CGPJ Decide que Magistrados componen las salas de los tribunales superiores de justicia.
Gestiona el acceso a la carrera judicial: Composición: integrado por el Presidente del TS y por 20 miembros nombrados por el rey por un período de 5 años. 12 son Jueces y Magistrados; 4 propuestos por el Congreso; 4 propuestos por el Senado y todos deben tener más de 15 años de antigüedad.
- - - Funciones: son, por mandato del artículo 122.2 de la Constitución, las que atribuye la ley orgánica (LOPJ), a la que la propia constitución impone un listado orientativo. En la actualidad sus funciones consisten en: En materia de gobierno de los jueces: art. 107 (LOPJ), enumera una serie de competencias, dirigidas a la inspección de juzgados y tribunales, a la selección, formación, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, y al régimen disciplinario de jueces y magistrados.
En el ejercicio de la función reglamentaria. El art. 110 de la LOPJ apodera en la actualidad al consejo para dictar reglamentos y enumera una serie de posibles objetos de dicha reglamentación Facultades de informe: el Consejo debe emitir informes sobre los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y CCAA que afecten total o parcialmente a las materias del art 108 (LOPJ).
Asimismo, el Consejo elevará anualmente a las Cortes una memoria sobre el estado y funciones del Consejo.
En materia de designación de cargos: el Consejo participa, porque lo dice la Constitución, proponiendo a quien haya de ser presidente del TS y del propio Consejo, y a dos magistrados del TC 3. El Ministerio Fiscal El Ministerio Fiscal, es un órgano de difícil ubicación (no es ni judicial ni ejecutivo), que colabora con el Poder Judicial, ejerciendo sus funciones ante él, y que depende para una serie de cuestiones del poder ejecutivo (nombramientos, destinos, responsabilidad, etc), que además le impulsa a actuar, pero sin pertenecer tampoco al mismo. Ello hace que lo conceptúen como órgano del Estado, que colabora con el Poder Judicial. Se encuentra ligado a los principios de legalidad e imparcialidad.
Funciones: vienen detalladas en el art. 3 del EOMF (estatuto orgánico ministerio fiscal), que desarrolla de esta forma la previsión del art. 124.1 de la Constitución, que encomienda, en primer lugar, la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés publico tutelado por la ley, indiciando que actuara de oficio o a petición de los interesados, y en segundo lugar, la de velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
Estructura: El EOMF establece su estructura, encabezada por el fiscal general del Estado, asesorado por el Consejo Fiscal, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal jefe inspector y nueve fiscales elegidos por todos los fiscales en servicio activo por cuatro años. En tercer lugar hallamos la Junta de Fiscales de la Sala del Tribunal Supremo, la Junta de Fiscales Superiores de los tribunales superiores de justicia y las diversas fiscalías que enumera el art. 12 de la EOMF. Hay que tener en cuenta que el MF actúa sometido al principio jerárquico.
42 Nombramiento del fiscal general del Estado: Será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. El EOMF añade que deberá ser español, jurista de reconocido prestigio y con quince años de ejercicio, deberá comparecer ante el Congreso para que le valoren sus méritos. Su mandato durara 4 años, y no podrá ser renovado 4. La participación ciudadana en la Justicia - Acción popular.
Supone una de las formas de participación ciudadana en la justicia, que recoge la Constitución en su art.
125. Supone una excepción al principio de que para ejercer una acción ante la jurisdicción se ha de ser titular de un derecho o un interés legítimo. Mediante dicha acción, el particular pone de manifiesto la vulneración del ordenamiento jurídico y exigir a aquélla que ponga remedio a la misma. Son las leyes las que deben dar entrada caso por caso a la acción popular. El ámbito más relevante es el penal, pero también existe para la defensa del ámbito urbanístico, de patrimonio histórico y local. Recogen todos el principio del art. 270 “que todos los ciudadanos, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular”.
- El tribunal del Jurado.
La Constitución, prevé en su artículo 125 la figura del jurado como modo de participación en la administración de la justicia. Se encuentra regulada en la ley orgánica 5/1995, que opto por una estructura de jurado puro (compuesto por ciudadanos solamente, y no por jueces también). La Ley establece en su art. 1 sobre qué delitos ejercerá sus funciones el Tribunal del Jurado, que son de ámbitos diversos (como, contra las personas, contra la libertad, seguridad y delitos de incendios), también puede ampliar su competencia en delitos conexos por el principio de que si tienen competencia para uno, la tienen para los demás. Sólo actuara en procedimientos seguidos ante la Audiencia Provincial. Quedan excluidos de los delitos cuyo enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Nacional.
Se compone de 9 jurados y será presidido por un magistrado integrante de la Audiencia Provincial. Se elegirán 2 suplentes. La ley orgánica regula los requisitos e incompatibilidades y causas por las que los elegidos pueden excusarse de formar parte del jurado. El jurado emite veredicto declarando probado o no probado el hecho y inocencia o culpabilidad de cada acusado. Luego el magistrado-presidente, dictará sentencia en la que recogerá el veredicto del jurado e impondrá la pena.
Tema 9. El Tribunal Constitucional.
1. Composición El art. 159.1 de la Constitución dispone que el TC se compone de 12 miembros. La designación de los magistrados, que deberán ser nombrados por el rey, corresponde al Congreso y al Senado, que designan cuatro magistrados cada uno de ellos; al Gobierno, que designa 2, y al CGPJ que designa otros 2.
La duración del mandato es de nueve años a no ser que el magistrado cese en su cargo por alguna de las causas legalmente establecidas. Se garantiza así que la elección del magistrado no coincida con la legislatura parlamentaria y así evita formalmente una vinculación inmediata entre mayoría parlamentaria y composición del TC. La renovación se hace por períodos trienales y por tercios, es decir, se renovarán 4 magistrados cada 3 años sin posibilidad, según establece el art 16.2 de la LOTC, de reelección inmediata. Se considera que los 4 del Congreso es un tercio, los 4 del Senado otro tercio y los 43 4 del CGPJ y el Gobierno es el último tercio. Se requiere que los magistrados, sean ciudadanos españoles, juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional, y escogidos entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados.
2. Organización El TC ejerce la jurisdicción constitucional, se estructura en 2 órganos individuales –el presidente y el vicepresidente- y tres órganos colegiados –el Pleno del Tribunal, las salas y las secciones.
Los órganos individuales: La presidencia del TC corresponde al magistrado constitucional que haya sido elegido por el Pleno del Tribunal en votación secreta, según el art. 9 de la LOTC prevé una doble votación y hasta una tercera en caso de empate. Así, si no se consigue la mayoría absoluta en la primera vuelta, en la segunda resultará elegido el que obtuviese mayor número de votos. Si después de la tercera persiste el empate, será propuesto el magistrado de mayor antigüedad en el cargo y, en caso de igualdad, el de mayor edad. Una vez elegido, es nombrado por el rey por un período de 3 años, siendo posible únicamente una reelección inmediata. Este mandato podrá ser prorrogado de no coincidir con una renovación del TC. El presidente asume la representación del TC en sus relaciones con otros órganos y la dirección del ámbito interno, de los diferentes órganos del Tribunal; además ejerce las potestades administrativas sobre el personal adscrito al servicio del Tribunal. Corresponde al presidente el voto de calidad en caso de empate en las votaciones, según la LOTC.
El Vicepresidente, elegido del mismo modo y con la misma duración, asumirá las funciones de éste en caso de delegación expresa, de vacante, ausencia o enfermedad, así como la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal.
Los órganos colegiados: Esta compuesta por el Pleno, órgano colegiado superior del TC integrado por todos los magistrados constitucionales; dos salas, cada una de ellas compuesta por 6 magistrados, y cuatro secciones, dos por cada sala, formadas por 3 magistrados. Los acuerdos del Pleno, las salas y las secciones exigen la presencia de los dos tercios de los magistrados que lo forman. Las funciones del Pleno, el art 10 de la LOTC se refiere a los controles de constitucionalidad de la ley y a los tratados internacionales, a los conflictos constitucionales, a las impugnaciones por la vía del art. 161.2 de la Constitución, a todas las cuestiones que se refiere al régimen interno de los magistrados del Tribunal (nombramientos, recusación, cese, etc.) y a la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal. En el ámbito de la organización interna del Tribunal, el Pleno ejerce también un conjunto de competencias como, por ejemplo, establecer la plantilla de personal, elegir y remover al secretario general o establecer las directrices para la ejecución del presupuesto. Las salas conocen de todos aquellos asuntos jurisdiccionales que no sean competencia del Pleno. De entre todas sus atribuciones, la más relevante es el conocimiento de los recursos de amparo, que puede compartir con las secciones. Si la sala lo considera oportuno apartarse de la doctrina constitucional precedente sentada por el TC, a tenor del art 13 de la LOTC, la cuestión deberá ser sometida a la decisión del Pleno.
En cuanto a la admisibilidad o inadmisibilidad de los procesos constitucionales, las secciones actúan como filtro respecto del órgano a quien se atribuye la sustanciación y decisión del mismo –ya sea del Pleno o las salas-, efectuando un juicio preliminar respecto a las causas, subsanables o no, que puedan determinar la inadmisión. El art 52.2 de la LOTC prevé la posibilidad de que las secciones puedan resolver recursos de amparo cuando pueda ser aplicable doctrina consolidada del Tribunal.
44 3. Estatuto de los magistrados La Constitución dispone en su art. 159.4 un rígido sistema de incompatibilidades que se encuentran desarrollados en el art. 19.1 de la LOTC. En ellos se establece la incompatibilidad del cargo de magistrado constitucional con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, sindicato u otros cargos representativos en corporaciones, asociaciones etc. y con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. Ante la concurrencia de una de estas causas, el magistrado en quien concurriere deberá, como condición previa a la aceptación del cargo, cesar el cargo o la actividad incompatible.
Respecto a la pérdida de la condición de magistrado, la propia LOTC, en su art 23, prevé 6 causas de cese: por renuncia, por expiración del mandato, por concurrir alguna de las causas de incapacidad previstas para los miembros del PJ, por incompatibilidad sobrevenida, por falta de diligencia en la atención de los deberes del cargo y por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito. El art 24, además permite la suspensión en el cargo, con el voto favorable de tres cuartas partes del Pleno, por el tiempo indispensable para resolver la viabilidad de las causas de cese o también en el supuesto de procesamiento.
Por otro lado se aseguran las 3 garantías de la jurisdicción: independencia, inamovilidad y responsabilidad de los magistrados en el ejercicio de su mandato. Respecto a los 2 primeros, la LOTC contempla que los miembros del TC ejercerán sus funciones de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad y que no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. Además, no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por algunas de las causas que la propia ley establezca. La responsabilidad penal solo puede ser exigida ante la Sala de lo penal del TS.
4. Procedimientos y resoluciones El art 86.1 de la LOTC establece que la decisión del proceso constitucional se producirá en forma de sentencia; sin embargo, las decisiones de inadmisión inicial, desistimiento y caducidad adoptarán la forma de auto, y el resto de resoluciones adoptarán la forma de auto si son motivadas, o de providencia si no lo son, según la índole de su contenido. La sentencia es la forma que adopta la decisión definitiva que pone término al proceso constitucional. Por otro lado, las declaraciones que el TC emite sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales tienen el mismo valor jurídico y los mismos efectos que las sentencias constitucionales. Tanto las sentencias como las declaraciones deberán ser publicadas en el BOE en un plazo no superior a los 30 días siguientes a la fecha del fallo.
Los autos, llamados también por su función “interlocutorias”, a diferencia de las providencias, son resoluciones motivadas que resuelven determinado punto sobre el que ha mediado debate. La LOTC impone esta forma para los supuestos de inadmisión inicial, desistimiento y caducidad, siempre que la propia Ley no establezca expresamente otra forma. La Ley establece que la desestimación de un recurso de amparo requerirá la unanimidad de los 3 miembros de la sección siempre que se trate de uno de los supuestos o causas de inadmisión contempladas en el mismo precepto.
La posibilidad de que un miembro del TC mantenga una discrepancia, ya sea respecto del fallo de la decisión colectiva, ha sido plenamente asumida por la normativa y la práctica constitucional. En efecto, a tenor de los dispuesto en el art 164.1 de la Constitución, las sentencias del TC se publicaran en el BOE con los votos particulares.
45 BLOQUE III: El sistema normativo del Estado.
Tema 10. La Constitución y el ordenamiento jurídico 1. Pluralidad de ordenamientos y principios de ordenación - Pluralidad de centros de producción jurídica Tanto la convivencia en una comunidad estatal como la convivencia en la sociedad interestatal o internacional se encuentran reguladas por normas jurídicas cuyo carácter básico reside en establecer obligaciones y derechos. El referente común último, reside en que un sujeto posee la capacidad legítima, para hacer cumplir esas normas, tal sujeto, ha sido y sigue siendo el Estado. Existen muchos centros de producción de normas jurídicas y existen muchos tipos de normas producidas por los diversos centros aunque el eslabón último que asegure su exigibilidad siga siendo el Estado. Un ejemplo es el caso de las normas que rigen la comunidad internacional, que tiene origen en diferentes centros (tratados, entes internacionales e instancias internacionales) sólo se mantiene porque los estados se comprometen a ello (ámbito supraestatal). Dentro del ordenamiento jurídico español (ámbito infraestatal), cada comunidad autonómica es, por sí misma, un centro de producción normativa que genera, a su vez, un ordenamiento propio o subordenamiento integrado en el ordenamiento general del Estado.
Ordenamiento jurídico, entendido como orden entre normas: estará integrado por aquel conjunto de normas procedentes de uno o varios centros de producción normativa organizadas bajo criterios de convivencia interna con la pretensión de garantizarse el grado máximo de obligatoriedad de su cumplimiento - Clases de fuentes La diferenciación de las fuentes en función del ordenamiento jurídico al que pertenecen. O, dicho en otros términos, cada ordenamiento jurídico cuenta con su propio sistema de fuentes que puede coincidir o diferir con los demás ordenamientos cuando se hayan integrados, como en el caso español, en un ordenamiento general. La segunda consecuencia, concretada ya en el ordenamiento español, es que esos sistemas de fuentes repartidos por ordenamientos han de analizarse en tres círculos distintos: el ordenamiento estatal, el autonómico y el europeo Estatal: viene determinado en la Constitución de la que derivan de forma directa o indirecta la validez de las normas y los distintos regímenes jurídicos que acompañan a cada una de ellas en función de la categoría normativa que pertenecen. Fuentes del derecho estatal: tratado internacional, ley orgánica, leyes especiales, ley ordinaria, decreto legislativo, decreto-ley, reglamento parlamentario y administrativo. Desde punto de vista jerárquico: Constitución, ley y normas con fuerza de ley, reglamento administrativo.
Autonómicos: Cada comunidad autónoma cuenta con un ordenamiento propio y la determinación final de sus fuentes viene realizada por los respectivos estatutos de autonomía, que siguen fielmente el rastro del sistema de fuentes del Estado central. Con excepciones referidas al decreto-ley, esta ordenado en los siguientes escalones: Constitución, estatuto de autonomía, ley, normas con fuerza de ley, reglamento parlamentario y reglamento.
46 Comunitario: La UE, fruto de una serie de tratados internacionales iniciados en 1952 y ampliados y reformados a lo largo del tiempo hasta llegar al Tratado de Lisboa de 2007, cuenta con un sistema de fuentes propio cuyo caracteres esenciales, residen en su efecto directo y primacía sobre los ordenamientos de sus estados miembros. Se dividen en 2 categorías: derecho originario o derecho de los tratados y por otro lado derecho derivado o subordinado al derecho originario y producido por las distintas instituciones de la UE con capacidad normativa. Esta última se divide en reglamento, la directiva y la decisión.
2. La normatividad de la CE: el valor obligatorio y la primacía de la CE - La supremacía constitucional.
Su carácter es supremo y las implicaciones que de esta superioridad normativa se derivan para el conjunto del ordenamiento. Este carácter es otra dimensión del denominado principio constitucional, que desplaza al principio de legalidad propio del anterior Estado de Derecho liberal. La supremacía de la Constitución no es sólo una superioridad en el orden jerárquico normativo, sino que indica también una superioridad en el plano político, por cuanto la Constitución establece las bases que fundamentan el juego político de la sociedad. De la consideración de la Constitución como norma superior y fundamental del ordenamiento jurídico se deduce que la Constitución es su parámetro de validez tanto formal como material.
Formal: presupone que la Constitución constituye la fuente de las fuentes del derecho y que goza de una especial rigidez.
Material: tiene como consecuencia la limitación del contenido de todas las demás normas, que es en parte predeterminado y debe adecuarse a la constitución. De forma que ésta deberá ser tenida en cuenta no sólo durante la elaboración y aprobación, sino que también condicionara su interpretación y aplicación.
La garantía de la superioridad de la Constitución corresponde esencialmente al TC, por medio del control de constitucionalidad de las leyes y normas con rango de ley.
- Derogación de las normas preconstitucionales La Constitución contiene una disposición derogatoria compuesta por tres apartados.
Mediante el primer apartado se derogan expresamente las leyes básicas del régimen anterior: las siete leyes fundamentales del franquismo y la Ley para la reforma política de 1977, que permitió el paso del régimen autoritario al democrático.
Mediante el segundo apartado se derogan expresamente, con un valor simbólico, determinadas leyes que podrían hipotéticamente obstaculizar la reintegración foral de los territorios vascos. Estos 2 apartados no sería absolutamente necesarios.
En atención al tercer apartado, que dispone de manera expresa la derogación de toda disposición anterior contraria a la Constitución.
En el plano constitucional, un cambio de régimen político no supone la completa eliminación del sistema jurídico anterior. Sólo se deroga aquello que no sea conforme con la nueva realidad jurídico-política, manteniéndose vigentes las normas que no sean contradictorias a la misma, las cuales serán de aplicación si son conformes a la Constitución y mientras no sean modificadas por leyes posteriores o 47 sean declaradas inconstitucionales. Es preciso señalar que sólo se entenderán derogadas las normas que sean contradictorias con los principios o postulados materiales, es decir, se derogan normas que contradicen “sustancialmente” la Constitución, pero no aquellas normas elaboradas y aprobadas mediante procedimientos distintos a los previstos constitucionalmente, pero que sí siguieron la tramitación correspondiente en el momento que fueron dictadas. Las normas que solo contradicen “formalmente” no se considerarían abrogadas y siguen vigentes.
El órgano encargado de esta misión es el Poder Judicial.
3. La interpretación de la Constitución - La interpretación constitucional Las cuestiones relativas a la interpretación adquieren una importancia notable en el marco de las constituciones normativas actuales. Esto no fue así durante una larga etapa, ya que hasta la mitad del siglo XX en Europa se mantuvo una serie de postulados (consideración de la Constitución como documento político, soberanía parlamentaria y supremacía de la ley) que impedían que la cuestión interpretativa se concibiera como un problema constitucional. La relevancia de la interpretación descansa, así, sobre la idea de la Constitución como verdadera norma jurídica (principio de constitucionalidad), y por tanto fuente de derechos y obligaciones susceptibles a generar controversias.
Ello determina la necesidad de construir una <<teoría de interpretación constitucional>>, que en varios aspectos se distingue de la interpretación jurídica general.
- Técnicas interpretativas clásicas y tópicos argumentales de la teoría constitucional a) CLÁSICAS:  Interpretación gramatical: busca el sentido propio de las palabras utilizadas por el texto de la norma en el lenguaje habitual.
 Interpretación Histórica: indaga en las raíces o la formación del precepto en un contexto concreto  Interpretación sistemática: acude a la conexión o posición de un instituto jurídico o de un precepto en el conjunto global de la disposición normativa o del ordenamiento en el que se inserta  Interpretación teleológica: método por medio del cual se busca descubrir valores o fines del recepto o indagar la ratio legis.
Estos criterios pueden combinarse entre sí, complementándose.
b) TÓPICOS O CRITERIOS ARGUMENTALES DE LA TEORIA CONTITUCIONAL: El método tópico viene a significar la búsqueda de una seria de criterios sobre los que pueda hallarse un consenso general de los intérpretes constitucionales. Cabe destacar:  El principio de corrección funcional, según el cual el intérprete debe respetar el esquema de estructuras de poder y de distribución de funciones entre los órganos que la Constitución consagra  El llamado principio de amortización o de concordancia práctica, que indica que, cuando dos o más normas constitucionales entran en conflicto en la resolución de un caso concreto, debe evitarse una interpretación que conduzca a excluir una de ellas en beneficio de otra  El principio de maximización de la eficacia de las normas constitucionales, de acuerdo con el cual la interpretación debe tender a maximizar la eficacia de las normas constitucionales, dando preferencia a los resultados interpretativos que permitan extraer una aplicación inmediata y más plena de la norma.
48  - El principio de unidad de la constitución, del que se deriva que las normas constitucionales no pueden interpretarse de manera aislada, sino sistemáticamente.
La función integradora de los principios y valores constitucionales La abundancia de principios y valores entre los criterios de enjuiciamiento –junto con la responsabilidad del TC como intérprete de la Constitución- alimenta un género de interpretación abierto a las consideraciones valorativas y finalistas, que la alejan de aquel ideal positivista según el cual la decisión jurídica equivaldría a una conclusión lógica ausente por completo de voluntad, en que no tendrían cabida elementos tales como las concepciones morales y políticas del intérprete, el cálculo sobre las consecuencias sociales y económicas de la decisión, el contexto cultural o la precisión de la opinión pública. La positivización de valores y principios de valores y principios reduce el riesgo de subjetividad del intérprete al poner límites a la discrecionalidad de la tarea integradora o recreadora que desarrollan la jurisprudencia y la doctrina, y contribuye indirectamente a reforzar la normatividad de la Constitución.
- La mutación constitucional La mutación constitucional se entiende como el fenómeno por el cual tiene lugar una modificación del contenido normativo de los preceptos constitucionales producida de manera que, restando intacta su literalidad, se les atribuye un significado distinto al originalmente querido por el constituyente o al generalmente aceptado por su aplicación práctica.
4. La reforma constitucional La Constitución destaca por su estabilidad e inalterabilidad. Sin embargo, ninguna sociedad puede pretender dictar leyes perpetuas, por lo que la Constitución también debe poder modificarse para regular las relaciones políticas de las distintas generaciones. La defensa de la idea de estabilidad proviene de la consideración de la reforma constitucional como mecanismo de defensa de la supremacía de la Constitución y del régimen político que ésta propugna. En este sentido, la adopción de medidas que dificultan la reforma constitucional (como la existencia de preceptos irreformables –que sancionan, el carácter federal o republicano del Estado- o el establecimiento de mecanismos más o menos complejos para la reforma o revisión constitucional) opera como verdadera garantía, ya que éstas impiden una modificación continua y caprichosa. No obstante, tampoco parece que convenga limitar en exceso las posibilidades de reforma, puesto que se impediría al tiempo la adaptación a las nuevas realidades sociales.
Las constituciones suelen clasificarse en flexibles o rígidas, atendiendo a la dificultad de modificación de sus preceptos. Así, se consideran flexibles aquellas constituciones que pueden modificarse mediante una ley ordinaria y, en cambio, se denominan rígidas aquéllas que establecen determinados procedimientos de revisión especiales, que generalmente requieren mayorías reforzadas. Además de la rigidez, en las constituciones modernas se exige que la reforma sea expresa, lo que favorece el principio de seguridad jurídica.
- Los procedimientos de reforma La reforma se regula en el Titulo X (arts. 166 a 169), se encuentra entre las constituciones rígidas y complejas. El mecanismo presenta una única fase iniciativa, y posteriormente existen 2 procedimientos 49 de tramitación distintos, más o menos gravosos de acuerdo con la materia que se pretende reformar, lo que condiciona el grado de rigidez del procedimiento.
a) La iniciativa: Los titulares de la iniciativa en la reforma constitucional son: el Gobierno, las Cortes generales y las comunidades autónomas. En cuanto al Congreso de los Diputados, el art 146 requiere una quinta parte de los diputados o dos grupos parlamentarios. Respecto al senado, se precisa de al menos cincuenta senadores que pertenezcan a grupos parlamentarios distintos. Y finalmente, respecto a las comunidades autónomas, la iniciativa partirá de los parlamentos autonómicos. La exclusión de la iniciativa popular puede responder a un intento de evitar un uso sectario y populista de esta institución.
b) Procedimiento ordinario: Este procedimiento se aplica a aquellas propuestas de reforma de la Constitución que no sean ni generales ni afecten a los preceptos aludidos por el procedimiento especial, por lo que tiene un carácter residual. El procedimiento de aprobación requiere solamente la mayoría de las 3/5 partes del Congreso y Senado, que sigue siendo una mayoría reforzada. Ahora bien, si no se llega a un texto idéntico para las dos cámaras, se creará una comisión mixta paritaria entre ambas que presentará un único texto, el cual será aprobado con las mayorías citadas, lo que constituye un intento de aproximar las diferencias y evitar la frustración de la reforma constitucional. En el supuesto de que no se alcance la mayoría de 3/5, si el Congreso supera los 2/3 se considerara aprobado el texto. Además, si una décima parte de senadores o diputados solicitan, dentro de los quince días siguientes a la aprobación de las Cortes Generales, la celebración de un referéndum, éste deberá convocarse. El concurso del pueblo no es preceptivo, pero de solicitarse de forma debida, es vinculante c) El procedimiento especial: Cuando se trata de revisar la totalidad de la Constitución o de modificarla parcialmente, de forma que se afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título primero o al título segundo se procederá por el mecanismo agravado.
Los aspectos para los que se requiere este tipo especial de reforma incluyen los principios básicos, los derechos fundamentales y la Corona un totum.
El procedimiento de aprobación demanda la superación de una primera votación separada de las 2/3 partes del Congreso y del Senado en la que se haya debatido y pronunciado cada cámara sobre la conveniencia de la reforma y la fijación de los principios que deben desarrollarla, que será acompañado por las disolución de ambas cámaras y el decreto de convocatoria de elecciones. Celebradas las elecciones y una vez constituidas las nuevas Cortes generales, éstas deberán ratificar la decisión e iniciar el estudio del nuevo texto constitucional, que debe aprobarse por las mismas mayorías establecidas anteriormente. En cuanto a la ratificación, la Constitución no exige mayorías especiales, por lo que una mayoría simple es suficiente en el Congreso, mientras que en el reglamento del Senado se requiere mayoría absoluta. A continuación se procede a la celebración de un referéndum vinculante para la ratificación popular de las modificaciones propuestas y aprobadas en sede parlamentaria.
50 - Los límites de la reforma constitucional La Constitución española no establece límite alguno de carácter material. Todos los preceptos constitucionales pueden modificarse si se sigue el procedimiento de reforma adecuado. No existen, pues, cláusulas de intangibilidad como ocurre en Francia respecto a la forma republicana o a la integridad del territorio o en Alemania respecto a la estructura federal o en Italia respecto a la forma republicana.
La Constitución española dispone expresamente de otro tipo de límites a la reforma, no materiales, en su art 169. Este precepto establece la prohibición de reformar la Constitución en situaciones de anormalidad constitucional, como los estados de alarma, excepción o sitio, en los que razonablemente no puede darse el sosiego y el debato necesarios para realizar una modificación con todas las garantías.
- El control de la reforma constitucional No prevé ninguna garantía jurisdiccional durante el proceso de modificación de la Constitución.
Solamente se podría deducir dicha garantía a partir de la LOTC, aunque con grandes reservas. El art 27 no menciona expresamente “las leyes de reforma constitucional” entre las normas susceptibles de control. En realidad, pueden entenderse recogidas en el art 27.2b bajo la denominación genérica de las <<demás leyes>>, aunque existan dudas acerca de la pretendida existencia de unas <<leyes de reforma>>, ya que el fenómeno descrito es simplemente una reforma constitucional, sin implicar un tipo nuevo y peculiar de fuente normativa. Los argumentos a favor de su existencia diferenciada se basan en el hecho que se distinguen de la Constitución inicial respecto del procedimiento de aprobación, por lo que se apreciaría un elemento formal diverso, a pesar de la coincidencia de rango. Pero, aunque el proceso constituyente y el proceso de reforma no siguen el mismo ítem procedimental, tampoco puede existir un control jurisdiccional posterior de ninguna clase sobre la reforma introducida, ya que significaría que el TC no está vinculado a la Constitución.
Tema 11. La Ley y sus diferentes tipos.
La ley es la fuente básica del ordenamiento jurídico español, una fuente dotada de una legitimidad democrática directa. La ley es una categoría normativa unitaria a partir de una serie de elementos que se extraen del propio texto constitucional.
La potestad legislativa, es decir, la capacidad jurídica de dictar leyes, la ejerce según el art 66.2, las Cortes generales (Congreso y Senado). Asimismo, y como expresión del principio de autonomía política (art 2) se prevé la atribución de potestad legislativa plena a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas 1. La Ley: reserva de ley y procedimiento legislativo - Las reservas de ley En la actualidad, el principio de reserva de ley indica que la Constitución exige que ciertas materias de especial importancia sean reguladas mediante ley. En general, con el establecimiento de una reserva de ley el constituyente pretende que la materia sea objeto de una decisión del titular ordinario de la potestad legislativa, quien no puede remitirla a otras fuentes, y en concreto al reglamento.
La exigencia constitucional de que determinadas materias deban ser reguladas mediante leyes es, en primer lugar, una garantía de la institución parlamentaria frente a la potestad reglamentaria del Gobierno: si no existieran materias reservadas a la ley, el reglamento podría acabar por anularla 51 completamente. Pero también es una técnica de garantía de la institución parlamentaria frente a sí misma, ya que supone que en las materias reservadas la regulación legal ha de ser real y efectiva, sin que el Parlamento pueda renunciar a su función normativa por medio de remisiones o habilitaciones amplias e indeterminadas a favor del Gobierno. Por lo consiguiente, la reserva cumple una doble función: como prohibición de entrada del Gobierno por medio del reglamento y como obligación positiva de intervención reguladora del órgano legislativo.
La jurisprudencia constitucional se ha hecho eco de la distinción doctrinal entre <<reservas absolutas>> y <<reservas relativas>>, según se requiera que la intervención de la ley sea exclusiva o bien deje lugar para una regulación por medio de reglamento.
En síntesis, la existencia de reservas de ley expresas refuerza la posición de la ley en nuestro ordenamiento constitucional, pudiendo también deducirse del mismo, en relación con el principio de legalidad, la necesidad de que sea este tipo de norma la que abra la regulación de aquellas cuestiones que afecten a los derechos y obligaciones de los ciudadanos.
- El procedimiento legislativo El procedimiento legislativo comprende el conjunto de actos que el ordenamiento califica como necesarios, o al menos relevantes en el proceso de formación de la ley.
Fases del procedimiento legislativo: Las tres fases que se distinguen en el desarrollo del procedimiento legislativo son: la fase iniciativa, en la que los sujetos habilitandos proponen un textos para su tramitación como ley; la fase constitutiva, de tramitación y aprobación del texto por el Congreso y el Senado, y la fase de formalización, que comprende la sanción, promulgación y publicación de la ley.
a) La iniciativa legislativa: Está regulada en los art. 87 a 89 de la Constitución. El primer precepto identifica como titulares de la iniciativa legislativa al Gobierno, El Congreso y el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y los ciudadanos, no siendo la posición de todos estos órganos estrictamente equiparada.
La iniciativa gubernamental es, con mucha diferencia, la más frecuente en los sistemas parlamentarios modernos. Reciben el nombre de proyecto de ley, y han de ser aprobadas formalmente por el Consejo de Ministros, que los remitirá al Congreso. El procedimiento para el ejercicio de este tipo de iniciativa se regula en el art 22 de la ley 50/1997, del Gobierno. El constituyente ratifica la posición preeminente de este tipo de iniciativa al prever su tramitación inmediata y la prioridad frente a las iniciativas legislativas de cualquier otro origen, garantizando así unas probabilidades de éxito mayores que al resto de modalidades de ejercicio de la iniciativa. Además esta el hecho de que determinadas materias, como las presupuestarias, están reservadas a la iniciativa gubernamental La iniciativa parlamentaria se materializa con la presentación de proposiciones de ley por los grupos parlamentarios, supuesto más común, o por varios parlamentarios. Este trámite consiste en un debate de totalidad, al que sigue una votación en el pleno, favorable o de rechazo, que no requiere motivación.
El Gobierno puede oponerse a la tramitación de aquellas proposiciones de ley que impliquen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios, o bien cuando modifiquen una delegación legislativa en vigor. La iniciativa legislativa atribuida a las comunidades autónomas ante las Cortes Generales, se instrumenta por una doble vía: solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir directamente a la Mesa del Congreso una proposición de ley. En el primer caso la iniciativa se ejerce indirectamente, en el segundo supuesto, las proposiciones comunitarias siguen la tramitación normal, con la especialidad que la asamblea autonómica puede delegar a un máximo de tres 52 de sus parlamentarios para su defensa la cámara en el trámite de toma de consideración. Los estatutos y los reglamentos parlamentarios autonómicos regulan los requisitos.
Finalmente el art 87.3 de la Constitución identifica como titular de la iniciativa legislativa a una fracción del cuerpo electoral, integrada por 500.00 electores. La posibilidad de que sean los ciudadanos los impulsores. Se excluyen de la iniciativa popular las materias propias de la ley orgánica, las tributarias, las de carácter internacional, las referentes a la prerrogativa de gracia, entre otras.
En cuanto a la posibilidad de retirada de la iniciativa, mientras los proyectos de ley pueden retirarse por el Gobierno en cualquier momento, sobre las proposiciones de ley el titular de la iniciativa pierde su poder de disposición con la toma en consideración, si bien en el Congreso se prevé la retirada posterior con la aceptación del Pleno. La disolución del las cámaras produce la caducidad de las iniciativas, menos las de iniciativa popular.
b) La tramitación en el Congreso de los Diputados: Culmina con la aprobación de la ley en las dos cámaras.
Se ha previsto las distintas fases preparatorias de la decisión sobre el contenido final de la ley, así como los plazos de desarrollo de las mismas, confirmando la prevalencia del Congreso sobre el Senado.
La tramitación en el Congreso se regula en su propio reglamento y comprende los siguientes momentos: Los proyectos o proposiciones de ley son presentados ante la Mesa, la cual ordena su publicación en el BOCD (Boletín oficial del Congreso de los Diputados), la apertura de un plazo de quince días (ampliables) para la presentación de enmiendas y el envío a la comisión legislativa permanente correspondiente.
Las enmiendas presentadas por los diputados o los grupos parlamentarios pueden ser al articulado (de adición, modificación o supresión de uno o varios artículos del texto) o a la totalidad (proponiendo un texto alternativo completo o postulando la devolución del proyecto al Gobierno). Estas últimas solo pueden ser presentadas por los grupos parlamentarios.
Finalizada la fase de enmiendas, la comisión correspondiente en función de la materia nombra en su seno una ponencia, formada por un grupo reducido de diputados, para que, a la vista del texto y las enmiendas, redacte un informe sobre el que se producirá la posterior la posterior discusión.
Posteriormente, en la comisión legislativa se debate artículo por artículo y las enmiendas son votadas, con lo que formalmente son aceptadas o rechazadas. Pueden admitirse a trámite nuevas enmiendas que se dirijan a alcanzar un acuerdo, o bien destinadas a subsanar errores o incorrecciones técnicas. La discusión concluye con la adopción de un dictamen, que se eleva al presidente de la cámara a efectos de la tramitación que proceda.
En el Pleno del Congreso tiene lugar la deliberación y aprobación del texto. Los grupos deben comunicar al presidente de la cámara las enmiendas y votos particulares no aceptados por la comisión que pretenden defender ante el Pleno. Éste deberá pronunciarse a favor del texto del dictamen o del texto alternativo propuesto en la enmienda, o puede asumir un texto de transacción entre aquéllos siempre que ningún grupo se oponga y se retiren las enmiendas al respecto de las que se transige. El presidente de la cámara puede ordenar los debates y votaciones, que pueden hacerse por artículos o bloques.
Una vez aprobado el texto del proyecto o proposición de ley por mayoría simple del Congreso, su presidente lo remite al Senado, donde sigue la tramitación.
c) La tramitación en el Senado: La tramitación en el Senado reproduce, con la limitación del plazo de dos meses impuesta por el artículo 90.2 de la Constitución, las mismas fases que en el Congreso: publicación en el BOS (Boletín Oficial del Senado), presentación de enmiendas, elaboración de un informe por la 53 ponencia, debate y aprobación del dictamen en la comisión (fase que, se elude cuando no se han presentado enmiendas o propuestas de veto) y deliberación en el Pleno.
El pronunciamiento de la segunda cámara puede producirse en tres sentidos: aprobación en los mismos términos del texto remitido por el Congreso, introducción de enmiendas al texto aprobadas por mayoría simple, o veto, para lo que se exige mayoría absoluta. En el primer supuesto, la tramitación parlamentaria finaliza en el Senado y el texto se remite al presidente del Gobierno para que lo traslade al rey a los efectos de la sanción y promulgación.
En los dos supuestos restantes, el texto vuelve al Congreso, que debe pronunciarse sobre las enmiendas introducidas por el Senado, aceptándolas o rechazándolas por mayoría simple. En caso de veto, tras un debate de totalidad, se someterá a votación inicial remitido al Senado y el veto quedará levantado si vota a favor del mismo la mayoría absoluta de los miembros de la cámara. Si no obtuviera esta mayoría, transcurridos 2 meses, el Congreso podrá levantar el veto aprobando el texto por mayoría simple.
d) La formalización: Esta fase comienza en el momento en que el texto de la ley ya ha quedado definitivamente aprobado e incluye tres actos de distinta naturaleza, contemplados en el art. 91 de la Constitución, que establece: <<El rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.>> La publicación se reduce a la operación de carácter ejecutivo, de suma importancia, que consiste en la inserción de la ley en un diario o publicación oficial (para las leyes estatales el BOE), como manifestación de la existencia de la norma. Con ello se da cumplimiento al carácter de publicación de normas.
- Procedimientos especiales a) Las leyes de comisión: El art 75.2 de la Constitución prevé que las leyes puedan aprobarse definitivamente en el seno de alguna de las comisiones legislativas permanentes, excluyendo su paso por el pleno. Quedan excluidos de este procedimiento los proyectos o proposiciones de reforma constitucional, de cuestiones internacionales, de leyes orgánicas, de leyes de bases previstas en el art 82.2 y las leyes de presupuestos generales del Estado.
En principio, se atribuye al pleno la decisión de decisión de delegar la tramitación íntegra de los proyectos o proposiciones de ley en las comisiones, pudiendo revocar la delegación en cualquier momento.
b) El procedimiento de lectura única: De previsión exclusiva en los reglamentos parlamentarios, este procedimiento permite que, por decisión del pleno, se proceda a un debate de totalidad y una votación de conjunto de un proyecto o proposición de ley, quedando aprobado si ésta es favorable.
c) Los procedimientos de urgencia y acelerado: Reduce a la mitad de tiempo los plazos del procedimiento legislativo ordinario en el Congreso. Corresponde a la Mesa del Congreso la decisión de utilizar este método. El Gobierno puede dotar de carácter urgente a los proyectos de ley. El Senado ve reducido su plazo de 2 meses a 20 días naturales.
54 2. Ley orgánica Su caracterización viene establecida en el art 81, que dispone: <<1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto>> Del precepto citado se desprende que la distinción respecto de las leyes ordinarias vendrá fundamentada en una doble circunstancia: la material, mediante la enumeración en el art 81.1 de la Constitución de ciertas materias especificadas por la norma fundamental, y la formal, porque su elaboración se sujeta a un procedimiento agravado en el cual se precisa la aprobación del Congreso por mayoría absoluta.
La elaboración de las leyes orgánicas no presenta mayores singularidades frente al procedimiento legislativo ordinario, que las mencionadas y las previstas en el reglamento del Congreso. En primer lugar, la necesaria calificación del proyecto o proposición de que se trate como orgánico, que realiza la Mesa del Congreso, en el momento de admitirlo a trámite, o que puede suscitarse durante la tramitación en ponencia o comisión. En segundo lugar, los textos calificados de orgánicos se sujetan a una votación final de conjunto en el Pleno del Congreso, antes de su remisión al Senado, en la que deberán obtener como mínimo la aprobación por la mitad más uno de sus miembros de derecho. En caso de no conseguirse esta mayoría, y previo nuevo dictamen de la comisión legislativa competente, se prevé una asegunda votación dentro del período de un mes. En tercer lugar, si durante la tramitación por el Senado se introdujeran enmiendas, éstas deben ser aprobadas o rechazadas en el Congreso por mayoría simple y, en caso de ser aprobadas, proceder a una nueva votación de conjunto en la que se precisa la mayoría absoluta. En el caso de veto del Senado, para su levantamiento se requerirá siempre la mayoría absoluta del Congreso.
Son jerárquicamente superiores a las demás normas infraconstitucionales, salvo como es obvio que se excedan del ámbito material de regulación que les es propio.
3. Ley de presupuestos El tipo legal previsto en el art 134 de la Constitución se caracteriza por vehicular el ejercicio de la función presupuestaria de las Cortes Generales, que el art 62 enuncia como una función específica de las cámaras, distinguible de la genérica potestad legislativa. Esta función se concreta en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, los cuales presentan una triple dimensión: económica-contable, en cuanto instrumento de previsión y planificación de los ingresos y gastos del sector público para un espacio temporal determinado; política, como traducción en cifras de la política del Gobierno, que permite su control por el Parlamento, y jurídica, porque se formalizan mediante la ley anual de presupuestos.
El TC define que concurren las 3 funciones que el art 66.2 CE atribuye a las Cortes: es una ley dictada en el ejercicio de su potestad legislativa, por la que se aprueban los presupuestos, y además, a través de ella se controla la acción del Gobierno. Así, no sólo es ley en sentido formal, sino también en sentido material, pudiendo acometer la modificación de otras normas con rango de ley, con las salvedades o limitaciones a que se hará referencia.
55 - Elemento Formal: La función presupuestaria de las Cortes se configura como una de las modalidades más importantes de control e impulso político que posee el Parlamento frente al Gobierno. Pero el Gobierno se reserva una serie de facultades que le permiten dirigir todo el proceso presupuestario, como instrumento de política económica que le permite plasmar sus objetivos políticos. Esto puede observarse en las tres fases del procedimiento: Fase de iniciativa: La elaboración está reservada al Gobierno. Regulado por la Constitución debe presentarse el proyecto de ley al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, aunque el incumplimiento carece de sanción jurídica.
Fase de aprobación: corresponde a las Cortes la tramitación y aprobación de la ley de presupuestos, tienen como límite de aprobación el primer día de ejercicio económico siguiente, siendo prorrogados en caso contrario automáticamente y en bloque los presupuestos del ejercicio anterior. Dicha tramitación tiene preferencia con respecto a otros trabajos de las cámaras.
Otra especialidad consiste en la realización de un debate inicial de totalidad en el Pleno del Congreso, en el que deben quedar fijadas las cuantías globales de los estados de los presupuestos. Posteriormente el texto se envía a la Comisión de Presupuestos, donde el debate y votación se acomodarán a la estructura especial de los mismos. El debate final sobre el conjunto del articulado y sobre cada una de las secciones, así como la aprobación definitiva, corresponde en todo caso al pleno de cada cámara.
Finalmente se limita el derecho de enmienda de los parlamentarios, como la limitación que requiere la conformidad del Gobierno para la tramitación. O en el Senado que se exige tramitar como una propuesta de veto que implique la impugnación completa de una sección.
Fase de modificación: a lo largo del ejercicio económico, se pueden producir alteraciones presupuestarias a iniciativa del Gobierno, mediante la presentación de proyectos de ley que impliquen un aumento del gasto público o una disminución de los ingresos - Elemento material: El elemento específico de la ley de presupuestos viene constituido por la previsión de los ingresos y la autorización de los gastos de los poderes públicos para un año. Éste es el núcleo material reservado a esta ley por el art 134.2 CE, que establece que los presupuestos deben ser completos y comprender la totalidad de los ingresos y gastos del sector público estatal (principio de universalidad del presupuesto), entendiéndose incluidos en los gastos los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública del Estado.
- Posición en el sistema de fuentes Según el TC la posición de la ley de presupuestos es la propia de cualquier otro tipo de ley. Aunque es inatacable por otras leyes.
56 4. Tratados internacionales - El concepto de tratado internacional La CE dedica íntegramente el capítulo III del título III a los tratados internacionales. El art 94 los regula como aquellas fuentes por las que se establecen las relaciones del Estado con otros sujetos del derecho internacional Es un acuerdo regido por el derecho internacional y celebrado entre estados, entre organizaciones internacionales y estados, o entre organizaciones internacionales.
- Diferentes posturas y la posición de la Constitución española ante los tratados internacionales.
La incorporación de las normas contenidas en los tratados internacionales al derecho interno se puede producir ya sea mediante la recepción automática (teorías monistas), ya sea mediante la adopción de una norma interna de transformación o de ejecución del tratado, al efecto de que éste adquiera vigencia (teorías dualistas). La CE se inclina por la posición monista, así se deduce de primer inciso del art 96.1: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formaran parte del ordenamiento interno.” El órgano que tiene la potestad para manifestar el consentimiento es el jefe del Estado.
- El artículo 10.2 de la Constitución El art 10.2 es una norma especial que se circunscribe únicamente, por razón de materia, a los tratados internacionales relativos a derechos humanos ratificados por España. Por mandato de dicho artículo, estos tratados internacionales, así como su interpretación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituyen un criterio de interpretación de los derechos fundamentales reconocidos en la CE. Con ello, el contenido internacional de los derechos humanos se integra en el ámbito de protección de los derechos fundamentales y adquiere rango constitucional. De este modo, los tratados relativos a los derechos humanos ratificados por España son, al mismo tiempo, normas internas conforme al art 96 de la CE, de rango infraconstitucional, y criterios de interpretación de las normas sobre derechos fundamentales conforme al art 10.2 CE, con rango constitucional; operan como garantía del contenido de los derechos fundamentales.
- El procedimiento constitucional para la conclusión Los art 93, 94.1 y 94.2 CE, en función de criterios materiales o formales, articulan 3 procedimientos para manifestar el consentimiento estatal a un tratado internacional. El art 95.1 establece un límite: no pueden celebrarse tratados internacionales que contengan estipulaciones contrarias a la Constitución.
- El procedimiento constitucional para la retirada Como dispone el segundo inciso del art 96.1 CE, para derogar un tratado, así como para modificarlo, suspenderlo o denunciarlo, han de seguirse o bien las normas contenidas en el propio tratado o bien las normas generales del derecho internacional; es decir, un tratado sólo puede ser modificado, derogado o suspendido por la voluntad concertada de los estados que fueron parte del mismo. En cambio la CE, recoge explícitamente la denuncia, que es la forma de terminación que se manifiesta unilateralmente por parte de un estado, y para la cual se debe utilizar el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el art 94.
57 - La posición de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico español  La posición de los tratados en el sistema interno de fuentes: a) La supremacía de la Constitución española (sobre los tratados) y la celebración de tratados contrarios a la misma (mediante la cuestión o recurso de inconstitucionalidad quedaría anulada) b) La relación entre las leyes y los tratados Tradicionalmente, se ha sostenido la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Esta misma posición se puede derivar de la lectura del artículo 96 CE, cuando prevé que las disposiciones de un tratado sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas de acuerdo con el derecho internacional, En consecuencia, el tratado no sólo tiene fuerza de ley, sino que además tiene resistencia ante las leyes posteriores. De todos modos, se trata de una superioridad peculiar: la ley no puede derogar ni modificar un tratado en vigor, pero la ley contraria al tratado no es nula, sino inaplicable, puesto que el tratado simplemente prevalece sobre ella.
 El control de constitucionalidad de los tratados internacionales Para salvaguardar la supremacía de la Constitución, existen 2 procedimientos: el control previo de constitucionalidad, previsto en el art 95.2 CE y regulado en el art 78 de la LOTC, y el control de constitucionalidad de los tratados ya vigentes, que se recoge en el art 27.2.c. de la LOTC a) El control previo de la constitucionalidad de los tratados: se produce a iniciativa del Gobierno o de cualquiera de las cámaras. Conforme al art. 157 del Reglamento del Congreso. El requerimiento se formulará durante la tramitación del texto del convenio, cuando esté definitivamente fijado, pero aún no se haya prestado el consentimiento, y durante el período de espera de la resolución se suspende la tramitación de la autorización. La decisión del TC no adopta la forma de sentencia sino la de declaración.
b) El recurso y la cuestión de inconstitucionalidad: La impugnación a posteriori de un convenio internacional ya vigente se produce tanto por vía de recurso como por la de cuestión de inconstitucionalidad. En estos supuestos, si el TC declarase la inconstitucionalidad del tratado, ello no equivaldría a la nulidad sino que se consideraría inaplicable.
Tema 12. La potesta normativa del Gobierno 1. Reglamento La expresión reglamento alude, en una primera aproximación, a las normas jurídicas dictadas por el Gobierno (tradicionalmente denominado poder ejecutivo) y que se caracterizan por tener una fuerza o rango inferior al de la ley. Por ello, la problemática del reglamento se encuentra íntegramente condicionada por su relación dialéctica con la ley, esto es, con las normas de producción parlamentaria.
- Fundamento y titularidad de la potestad reglamentaria en la CE La potestad reglamentaria se define, como la capacidad atribuida al Gobierno para dictar normas con subordinación a las leyes y en desarrollo o aplicación de las mismas. El art 97 CE, establece que el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, lo que significa que no es fruto de una atribución legislativa, sino de una potestad directamente derivada de la Constitución. Por ello, puede 58 decirse que la norma suprema configura dos poderes normativos diferentes, el legislativo y el reglamentario, escindiendo, de esta manera, la función de crear Derecho.
El reconocimiento de la potestad reglamentaria se distingue de la función ejecutiva, entendiendo por tal, la dirigida a la aplicación de las decisiones adoptadas por el poder legislativo. Con todo, y a pesar de la separación que el art 97 CE realiza entre la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, ambas funciones se encuentran vinculadas puesto que la emisión de reglamentos permite al Gobierno garantizar el cumplimiento de las leyes, precisando y ajustando las prescripciones legales a las necesidades de cada momento. En materias de continua adaptación (economía, tecnología o salud, por ejemplo), la potestad reglamentaria se ha convertido en una técnica de colaboración normativa entre Gobierno y Parlamento: éste se limita a traar las grandes líneas de normación de una materia y deja al ejecutivo la articulación precisa de su regulación. La ley del Gobierno establece en su artículo 5.h que corresponde al Consejo de Ministros aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, así como las disposiciones reglamentarias que procedan, mientras que respecto a los ministros el art 4.b indica que tienen competencia para ejercer la potestad reglamentaria únicamente <<en las materias propias de su departamento>>. Existe, pues, un reconocimiento legal directo y general (pero no constitucional) de la potestad reglamentaria ministerial para dictar los denominados reglamentos de organización; sin embargo, para dictar reglamentos normativos o con efectos ad extra se requiere, en todo caso, una habilitación legal expresa.
A nivel autonómico la potestad reglamentaria corresponde al consejo de gobierno o al órgano equivalente de cada comunidad autónoma. El texto constitucional admite de forma implícita la atribución de esta potestad a las comunidades autónomas de otorgarles autonomía para la gestión de sus intereses (art 137 CE).
Respecto a las entidades locales la Constitución omite toda referencia a la potestad normativa, pero debe entenderse comprendida, de forma implícita, en el estatus de autonomía que les confiere el art 137 CE.
Existen otros órganos que tienen reconocida una potestad para dictar normas diferentes a las leyes a las que se aplica genéricamente el nombre de reglamentos. Éste es el caso del TC y el CGPJ. También es el caso de otras instituciones a las que se les reconocer una potestad reglamentaria en garantía de su autonomía, tales como el Consejo de Estado o las universidades públicas.
- La subordinación del reglamento a la Constitución El poder reglamentario debe ejercerse de acuerdo con la Constitución y las leyes. El reglamento ocupa así una posición inequívocamente subordinada a la de la ley, norma jerárquicamente superior. La ley y las normas con rango de ley tienen plena fuerza activa y pasiva frente a los reglamentos. Es decir, las normas con rango de ley derogan cualquier norma reglamentaria preexistente opuesta a sus mandatos y, a su vez, gozan de una fuerza pasiva, esto es, de una resistencia frente a normas posteriores de rango jerárquico inferior. Por la cual cosa cuando se regula por ley, el rango normativo queda <<congelado>> por lo que a partir de entonces sólo podrá intervenir en aquel ámbito una norma del mismo rango, este efecto se denomina congelación de rango.
59 - El procedimiento de elaboración de los reglamentos El procedimiento de elaboración de los reglamentos se encuentra regulado en el art 24 de la Ley del Gobierno, respecto a la Administración del Estado. Asimismo, algunas comunidades autónomas han establecido reglas sobre la materia en sus respectivas leyes de gobierno y administración La regulación establecida en la Ley del Gobierno exige que la elaboración de reglamentos se inicie con la realización de un proyecto de texto normativo que debe acompañarse de un informe sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como de una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar y de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. En todo caso, los proyectos reglamentarios deberán ser informados por la secretaría general técnica del ministerio correspondiente y, cuando la norma reglamentaria afecte a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, será preceptivo el informe previo del titular del Ministerio de las Administraciones Públicas.
Han de recabarse, asimismo, los informes y dictámenes preceptivos, entre los que se encuentran, por un lado, el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado en la elaboración de disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento y desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y de aquellas disposiciones que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones (art. 22 LOCE). Dicho dictamen actúa como mecanismo de control de la legalidad formal y material de los reglamentos. Y, por otro lado, si las materias objeto de regulación tienen incidencia en determinados sectores como, por ejemplo, la política social y economía o la Administración de justicia, se prevé un dictamen preceptivo por parte del Consejo Económico y Social y del CGPJ, en las respectivas leyes reguladoras de dichos órganos.
La Ley del Gobierno introduce también un elemento sustancial: la previsión de un trámite preceptivo de audiencia a los ciudadanos, directamente o por medio de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley cuyos fines guarden una relación directa con el objeto de la disposición. El art 24.c establece que una vez elaborado el texto de la disposición reglamentaria se realizará el trámite de audiencia durante un plazo no inferior a 15 días hábiles. Asimismo, también se prevé la posibilidad de su omisión en tres supuestos: cuando existan graves razones de interés público que así lo exijan; cuando dichas organizaciones y asociaciones ya hubieran participado por medio de informes y consultas en el proceso de elaboración más arriba mencionado, y cuando la disposición regule cuestiones orgánicas y organizativas de la Administración. En cualquier caso, la decisión sobre quiénes deben ser llamados a audiencia y las razones de su omisión deberán ser motivadas. Por otra parte, se prevé un trámite de información pública cuando la naturaleza de la disposición así lo aconseje, lo que denota el carácter discrecional del mismo.
Finalmente, para que produzcan efectos jurídicos, los reglamentos aprobados por el Gobierno deben publicarse íntegramente en el BOE.
- Tipos de reglamentos, según el órgano titular Respecto a los reglamentos estatales la denominación establecida en el art. 25 de la Ley del Gobierno es la siguiente: las disposiciones cuya adopción venga atribuida al presidente revisten la forma de real decreto del presidente; los reglamentos dictados por el Consejo de Ministros son designado y publicados oficialmente con el nombre de real decreto acordado en Consejo de Ministros; los acuerdos adoptados en comisiones delegadas del Gobierno reciben el nombre de orden del mismo competente o 60 del ministro de la Presidencia cuando corresponde a distintos ministros; las disposiciones de los ministros revisten la forma de orden ministerial.
Los reglamentos de las comunidades autónomas se tipifican de modo prácticamente idéntico a los estatales: los reglamentos del gobierno autonómico se denominan decretos y los de los consejeros reciben el nombre de orden de la consejería correspondiente.
En cuanto a los reglamentos de las entidades locales destacan, en primer lugar, el reglamento orgánico de la entidad, que tiene por objeto regular sus órganos internos y su régimen de funcionamiento; y, en segundo lugar, las ordenanzas, término que se aplica a todas las restantes normas reglamentarias de contenido no organizativo.
En relaciones entre las diversas categorías se aplican especialmente dos principios: el de jerarquía y el de competencia.
- Tipos de reglamentos, según la materia: reglamentos jurídicos y reglamentos administrativos.
Atiende a la clásica distinción de la doctrina alemana. La potestad reglamentaria interna sería un poder inherente a toda organización, pública o privada, sobre la disposición de las personas o medios físicos que la constituyen, la regulación de sus relaciones recíprocas y la dirección de su funcionamiento. La potestad reglamentaria externa tendría una naturaleza diferente: mediante esta potestad una organización crea una situación jurídica nueva que afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos o incide en ellos. Este tipo de reglamento sólo es posible en ejecución de una ley como reglamento ejecutivo.
- Tipos de reglamentos, según su relación con la ley: reglamentos ejecutivos y reglamentos independientes.
Se distingue entre los llamados reglamentos ejecutivos, generados en ejecución de una ley a la que se encuentran directamente vinculados, y los reglamentos independientes, que son los que se dictan para las materias no reguladas por las leyes.
- Ámbito material del reglamento Los principios de reserva de ley y primacía de la ley La relación entre la ley y el reglamento se ha articulado, históricamente, por medio de los principios de jerarquía normativa y de reserva de ley. Estos dos principios limitan la actuación y la extensión de la potestad reglamentaria: el reglamento no puede infringir normas con rango legal ni regular las materias objeto de reserva de ley (art. 23.2, Ley del Gobierno).
La colaboración del reglamento con la ley: las remisiones normativas Es muy frecuente que las leyes incluyan una disposición final del siguiente tenor: “Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta ley”. Esta técnica es conocida con el nombre de cláusula de remisión. Sin embargo, una parte de la doctrina la designa con el nombre de autorización o habilitación, lo cual puede llevar a entender que si no existiera no podría intervenir el reglamento. Ello puede ser así en los supuestos de materias reservadas a la ley, con las condiciones indicadas, pero no cuando no hay reserva. En las materias no reservadas, las cláusulas de remisión normativa no pueden considerarse autorizaciones para la entrada en escena del reglamento, sino límites a los que éste queda sujeto por el principio de jerarquía normativa. Es decir, la importancia 61 de las cláusulas radica no en su valor de autorización sino en el de delimitación de la potestad reglamentaria en la medida que puede condicionar la intensidad de actuación de la norma reglamentaria.
- El control jurisdiccional de los reglamentos El control por parte de la jurisdicción ordinaria: tipo de control y efectos El art. 106.1 CE, establece que “los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”.
El reglamento independiente se encuentra en una relación directa de subordinación respecto a la Constitución. Así, los preceptos reglamentarios que contradigan los mandatos constitucionales son nulos de pleno derecho y, en consecuencia, el juez deberá implicarlos para aplicar directamente la Constitución. Pero cuando este juez sea de orden contencioso-administrativo deberá declarar su nulidad expresa.
El control del TC: procedimiento y efectos La declaración de nulidad de una ley, solo afecta a la ley y no a sus posibles reglamentos ejecutivos.
Tampoco puede pretenderse mediante el recurso de amparo la impugnación directa de las disposiciones reglamentarias, salvo que éstas sean las causantes directas de las vulneraciones de los derechos y libertades protegidas. Hay casos en el que el TC ha declarado expresamente en la decisión de nulidad por inconstitucionalidad de una disposición reglamentaria, pronunciamiento que tiene una eficacia erga omnes, pero que se produce por la necesidad de preservar el derecho o libertad invocado en amparo y no con una finalidad depuradora del ordenamiento jurídico.
En cambio, el TC sí puede anular directamente disposiciones reglamentarias por la vía de los conflictos de competencia.
2. Las normas de Gobierno con rango de ley: decreto ley y decreto legislativo - El decreto-ley Naturaleza del decreto-ley El decreto-ley es una disposición que emana del Gobierno de modo directo y sobre la que el Congreso de los diputados se pronuncia sólo a posteriori. Por ello la Constitución regula primero la acción gubernamental (art. 86.1. CE) y luego la intervención parlamentaria (art. 86.2. CE). Se trata de una facultad legislativa atribuida directa y originariamente al Gobierno, que la ejerce como propia, aunque se encuentre limitada formal y materialmente. Ello significa que no requiere una previa autorización parlamentaria. Es la propia Constitución la que autoriza al Gobierno a dictar decretos-leyes, aunque supedita dicha autorización a la existencia de una situación calificada como de <<extraordinaria y urgente necesidad>>, como excepcional. De ahí que esta figura normativa sea denominada como legislación de urgencia El presupuesto habilitante: la extraordinaria y urgente necesidad Dicha expresión indica el propósito de restringir la utilización del decreto-ley a situaciones singulares, pero no queda claro lo que debe entenderse por <<extraordinaria y urgente necesidad>> cuando la CE no lo detalla. Se trata de un concepto jurídico indeterminado que debe ser examinado supuesto a supuesto y que, en su caso, podrá ser revisado por el TC a posteriori.
62 Los límites materiales del decreto-ley El art 86 CE delimita negativamente el ámbito material del decreto-ley prohibiendo su utilización en determinadas materias. Así, se establece que “no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos que se regulan en el título I, al régimen de las comunidades autónomas y al derecho electoral general”. Para precisar el límite material que introduce el art 86, se debe hacer frente a dos cuestiones conjuntas: la delimitación de las materias enunciadas y la interpretación del verbo “afectar” que utiliza la CE.
 El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado Hay que entender instituciones básicas del Estado no sólo las del Estado en sentido estricto o poder central, sino, aquellas en que el Estado se organiza territorialmente: las autonómicas, provinciales y municipales (ayuntamientos, diputaciones provinciales, etc.). Además no solo abarca a aquellas instituciones cuya regulación la Constitución reserva a la ley orgánica sino también a aquéllas que están reservadas a la ley ordinaria, como el Ministerio Fiscal, el jurado o el delegado del Gobierno  Los derechos y deberes de los ciudadanos Se excluyen de regulación mediante decreto-ley los derechos y deberes de los ciudadanos recogidos en el título I (solo los derechos y deberes) En cuanto al alcance que cabe dar al término <<afectar>>, el TC señala que la previsión constitucional pretende impedir que por decreto-ley se regule el régimen jurídico general de los derechos, deberes y libertades (STC 111/83). Sin embargo, no se puede interpretar el término <<afectar>> tan ampliamente que reduzca a la nada el uso del decreto-ley, impidiendo cualquier regulación que incida en <<un aspecto concerniente a las materias incluidas en el título I de la CE>>, pues esto llevaría a la inoperancia absoluta del decreto-ley, pues es difícil imaginar alguno cuyo contenido no afecte a algún derecho comprendido en el título I.
 El régimen de las comunidades autónomas La Constitución reserva en muchos supuestos a tipos específicos de leyes la configuración de los diferentes aspectos del sistema autonómico (estatutos, leyes orgánicas de transferencia y delegación, leyes de armonización, etc.) que integran el denominado bloque de la constitucionalidad y cuya regulación se encuentra vedada al decreto-ley.
 El derecho electoral general El decreto-ley tiene vedado regular todas las consultas electorales de ámbito territorial general, y además tampoco puede entrar a determinar los elementos esenciales de la legislación electoral: quién puede votar, a quién, bajo qué condiciones, etc.
 La intervención parlamentaria La función de la intervención El decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación -no existe vacatio legis-. Sin embargo, esta vigencia del decreto-ley está condicionada, de ahí su calificativo de <<provisional>> pues necesita de un pronunciamiento expreso del Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días. En principio el plazo máximo de vigencia es 30 días y en esos 30 días el Congreso debe pronunciarse sobre la aceptación o no 63 del decreto-ley. De no existir ese pronunciamiento, el decreto-ley caduca, es decir, pierde su vigencia. Si el pronunciamiento se realiza en el plazo previsto pero no se avala la actuación normativa realizada por el Gobierno, ese acto del Congreso equivale a la derogación del decreto-ley.
Esta intervención parlamentaria a posteriori está establecida por la CE de forma obligatoria, lo cual significa que debe producirse en todo caso para que el decreto-ley pierda su naturaleza de norma provisional y se integre indefinidamente en el ordenamiento jurídico. Dicha intervención recibe el nombre de convalidación.
 La convalidación en ley del decreto-ley Esta prevista en el art 86.3 CE. En el plazo de 30 días, y siempre que el decreto-ley haya sido convalidado por el Congreso, las Cortes pueden tramitar por el procedimiento de urgencia los decretos-leyes como proyectos de ley, a fin de posibilitar la conversión en ley del decreto-ley de que se trate.
Efectivamente, en caso de convalidarse un decreto-ley, si algún grupo parlamentario quiere que sea tramitado como proyecto de ley, lo ha de solicitar a la cámara. Si ésta se pronuncia a favor, se tramitará como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, sin admitir enmiendas a la totalidad para su devolución. Si procede, la Diputación Permanente podrá tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia los decretos-leyes que el Gobierno haya dictado durante los períodos entre legislaturas. El procedimiento de conversión de un decreto-ley en ley es potestativo, a diferencia de la convalidación, que es obligatoria, positiva o negativamente, y es además acumulativo, ya que se exige la previa convalidación.
El resultado final de esta tramitación es una ley que como tal no tiene las limitaciones formales y materiales que tenía el decreto-ley.
El control jurisdiccional: la competencia del Tribunal Constitucional El decreto-ley puede ser objeto de control constitucional por parte del TC, sin embargo, este control adquiere matices diferentes en cuanto a su objeto y en cuanto a las vías procesales utilizables.
El objeto puede atender a razones formales o materiales. Las primeras hacen referencia a razones tanto a la adecuación del decreto-ley a los límites formales como a los límites en su capacidad de regulación material que le impone la CE.
Las razones materiales permiten efectuar un control de constitucionalidad que afecte al contenido sustantivo del decreto-ley en atención a su conformidad o disconformidad con el contenido de los mandatos constitucionales, con independencia de las limitaciones materiales de regulación que afectan a esta fuente del derecho.
- El Decreto Legislativo La delegación legislativa en la Constitución Las normas que la Constitución denomina explícitamente decretos legislativos (art 85 CE) responde a una actuación normativa elaborada por el Gobierno basada en un apoderamiento previo o habilitación expresa conferida ad hoc por una ley emana del Parlamento, fenómeno que se conoce con el nombre de delegación legislativa. El Gobierno, en este supuesto, no actúa habilitado directamente por la Constitución -como en el caso de los decretos-leyes ante una situación excepcional- sino que requiere de una habilitación del propio parlamento que delega su ejercicio al Gobierno. La CE diseña los requisitos y límites que las Cortes Generales deben observar en la delegación legislativa (arts. 82 a 85 CE). El decreto legislativo refleja una doble naturaleza, de modo similar al decreto-ley, ya que es fruto de una labor normativa conjunta del Parlamento y del Gobierno, puesto que se perfecciona con la actividad 64 normativa del Gobierno, aunque, en todo caso, requiere de una previa y expresa delegación de las Cortes Generales.
Las diversas modalidades de delegación La CE prevé dos tipos de leyes de delegación: la ley de bases y la ley ordinaria (art 82.2 CE), que atienden a motivaciones y alcances diferentes. La delegación legislativa se otorgará por medio de una ley de bases cuando se trate de elaborar una nueva normativa respecto de una determinada materia, y mediante una ley ordinaria cuando se pretenda armonizar o sistematizar una normativa legal ya existente refundiendo una diversidad de textos legales en uno solo. La diferenciación entre ambas leyes no implica una distinción entre las fuentes distintas, ni tampoco diferencias de procedimiento para elaborar una u otra. La delegación legislativa se produce siempre por medio de una ley ordinaria, no orgánica. La diferencia entre ambas atiende principalmente a la estructura de la ley de delegación.
Los límites y requisitos constitucionales de la delegación legislativa Los límites tienen la finalidad de evitar una habilitación en blanco al Gobierno. El incumplimiento de dichos límites determinaría la inconstitucionalidad de la ley de delegación por vulnerar los requisitos formales y materiales que la Constitución impone.
En primer lugar, la CE contempla un límite de carácter subjetivo. La delegación debe ser efectuada por las Cortes generales y exclusivamente al Gobierno (art 82 CE), no siendo posible subdelegaciones.
En segundo lugar, se excluyen expresamente de la delegación legislativa las materias reservadas a la ley orgánica (art 82.1 CE) y también implícitamente, aquellas otras materias que responden a funciones desarrolladas por las Cortes distintas a la función legislativa, como, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la conclusión de tratados internacionales o el nombramiento de altos cargos de las instituciones del Estado.
En tercer lugar, la delegación debe ser expresa, para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio (art 82.3 CE).
Además, la ley de delegación debe especificar el concreto ámbito material, a fin de evitar nuevamente posibles extralimitaciones del Gobierno en el uso de la delegación (el art 82.1 CE se refiere a “materias determinadas”, y el 82.3 a “materia concreta”) Finalmente, se establecen dos prohibiciones específicas impuestas a las leyes de bases. La primera, establecida en el art 83.1 CE, según la cual en ningún caso la ley de delegación podrá “autorizar la modificación de la propia ley de bases”. Y la segunda prohibición atiende a la restricción impuesta al Gobierno para dictar en el texto articulado “normas con carácter retroactivo”.
La eficacia de la ley de delegación La delegación que el Parlamento realiza en el Gobierno no supone una pérdida de la potestad parlamentaria para dictar normas sobre la materia delegada. Por ello, las propias Cortes pueden, dejar sin efecto la delegación legislativa efectuada por las cámaras.
La legislación delegada: el decreto legislativo La norma que aprueba el Gobierno producto de la delegación recibe el nombre de decreto legislativo según el art 85 CE. Dicho precepto exige que la denominación con la que la norma aparezca en el BOE sea esta.
65 Como norma con rango de ley goza de fuerza activa y pasiva propia de las leyes, y por ello podrá derogar las disposiciones de rango legal e infralegal anteriores que sean contrarias a sus previsiones, con la excepción de la ley de delegación. El decreto legislativo es una norma definitiva, perfeccionada con su publicación en el BOE. No es, como el decreto-ley, una disposición provisional.
El control parlamentario previo y a posteriori, y sus efectos El control parlamentario de los decretos legislativos está previsto en el art 82.6 CE, y habilita a las Cortes para establecer fórmulas adicionales de control que estimen oportunas. Esta posibilidad comprende tanto controles previos (que en verdad tendrían que denominarse garantías) como posteriores.
El control previo hace referencia a los requisitos que puede establecer el Parlamento con el objeto de condicionar la actividad normativa del Gobierno en el proceso de elaboración del decreto legislativo. La vulneración de los trámites o requisitos que el parlamento pueda establecer por ley de delegación no puede ser objeto de valoración jurídica por parte del propio parlamento, sino que deberá ser el TC el órgano encargado de decidir sobre la validez del decreto legislativo por incumplimiento de los requisitos procedimentales establecidos por las cortes.
El control a posteriori de una norma con rango de ley, perfecta y definitiva, como es este decreto, no es fácil. Está previsto en los arts. 152 y 153 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Si en el plazo de un mes de la publicación en el BOE ningún diputado o grupo parlamentario formulan objeciones al mismo, se entenderá que el Gobierno ha hecho uso correcto de la delegación. Si, por el contrario, se formula alguna objeción dentro de ese plazo, la Comisión del Congreso correspondiente emitirá un dictamen que será debatido por el Pleno del Congreso. El Reglamento del Congreso remite a la propia ley de delegación para determinar los posibles efectos jurídicos del control realizado. Sin embargo, y a pesar del enunciado del precepto, dichos efectos sólo pueden ser políticos, permitiendo al Congreso que manifieste su desacuerdo con la norma aprobada por el Gobierno sin extraer, no obstante, la consecuencia de nulidad o invalidez de dicho decreto legislativo.
El control jurisdiccional Es una de las cuestiones más complejas de esta figura normativa. Es una complejidad generada por la poco afortunada redacción del art. 82.6 CE, que atribuye el control de la legislación no sólo al TC sino también a los tribunales que deben enjuiciar la adecuación del decreto legislativo a la ley de delegación.
En teoría una vez aprobado el decreto legislativo por el Gobierno y publicado en el BOE, se incorpora al sistema normativo conformado por la Constitución el control de las normas legales se atribuye al TC. No obstante, el ordenamiento infraconstitucional e incluso la jurisprudencia del TC avalan la intervención de la jurisdicción ordinaria en el control de los decretos legislativos.
 El control del Tribunal Constitucional La competencia del TC para conocer de la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza o rango de ley viene en los arts. 161.1 y 163 CE. El rango de ley le viene dado por la el art 85 CE, y la fuerza activa y pasiva de ley, por la de delegación art 82 CE. La validez constitucional del decreto legislativo está condionada por dos elementos: la observación y respeto de los límites específicos impuestos por la ley de delegación y la adecuación del contenido material del decreto legislativo a los principios constitucionales. Ambos elementos pueden ser objeto de control por parte del TC.
66  La intervención de la jurisdicción ordinaria El alcance de esta competencia a los jueces ordinarios parece que no debe ser el de controlar la constitucionalidad de las normas con rango de ley. Los tribunales ordinarios no podrían declarar la nulidad por sí mismo de los decretos legislativos que hayan incurrido en ultra vires, es decir, que hayan ido más allá de lo constitucionalmente permitido por la ley de delegación, pues de otro modo se les estaría asimilando a los reglamentos. Pero el TC parece admitir que tienen una cierta competencia para inaplicarlos cuando incurren en ese exceso de delegación, asumiendo la <<teoría de la degradación normativa>>. En estos casos, se argumenta que en toda aquella parte del decreto legislativo no amparada por la ley de delegación el Gobierno ha hecho uso de su potestad reglamentaria, y como tal puede ser inaplicada por los tribunales.
Tema 13. El control de constitucionalidad 1. Los procedimientos de control de constitucionalidad: recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad y autocuestión de inconstitucionalidad.
- Recurso de inconstitucionalidad.
Naturaleza y caracteres.
Es un procedimiento de control abstracto de las normas con fuerza de ley, tanto en su origen como en su sustanciación. En su origen, porque permite realizar una valoración de la ley en abstracto, sin tener en cuenta si esa ley se ha aplicado o no. En sus sustanciación, es también un control abstracto porque el Tribunal sólo tiene en cuenta la Constitución y, en su caso, el denominado bloque de la constitucionalidad. Cuando el TC ejerce el control de constitucionalidad, lo que realiza es una valoración jurídica de la ley, controlado su adecuación a la norma superior. El recurso de inconstitucionalidad no es un mecanismo que permite ni el control de la corrección técnica o de utilidad de las leyes.
La legitimación activa Según la CE (art. 162.1.a), están legitimados para presentar un recurso de inconstitucionalidad: el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo (el órgano estatal), 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas.
 El procedimiento El plazo de interposición El recurso de inconstitucionalidad podrá plantearse en el plazo de 3 meses a contar desde el día siguiente al de la publicación oficial de la ley o norma con fuerza de ley. Este plazo se amplia a 9 meses, cuando el recurso es presentado por el presidente del Gobierno estatal contra una ley o norma con fuerza de ley de las comunidades autónomas o por los ejecutivos autonómicos contra una ley estatal.
 El trámite de admisión La LOTC no contempla expresamente un trámite de admisión. A pesar de ello, el TC ha considerado que esta falta de previsión no impide un examen de la demanda a fin de comprobar si concurren o no los requisitos legalmente exigidos y, con ellos, las condiciones de procedibilidad del recurso. Dicho examen podrá realizarse mediante la apertura del correspondiente incidente o en la sentencia que resuelva el 67 recurso y tendrá como objetivo la verificación de los requisitos exigidos a la demanda en el art 33.1 de la LOTC: identidad y circunstancias de la persona u órgano que la presenta, la disposición o disposiciones legales impugnadas y el precepto constitucional que se entiende vulnerado.
La admisión a trámite del recurso no implica la suspensión de la vigencia y aplicación de la ley impugnada, salvo en el supuesto que el Gobierno estatal se ampare en lo dispuesto en el art 161.2 de la CE y, por medio de su presidente, impugne leyes o normas con fuerza de ley de las comunidades autónomas (art 39 LOTC). Cuando así fuere la suspensión automática tendrá una duración máxima de cinco meses. En este período el TC podrá decidir levantarla o ratificarla.
 Las partes del proceso constitucional La posibilidad de personarse en el proceso constitucional y de realizar las alegaciones que se estimen pertinentes se atribuye sólo a órganos públicos que el art 34.1 de la LOTC enumera de forma tasada. Así, intervienen como partes el Congreso, el Senado y el Gobierno estatal. En el caso que la norma impugnada fuese autonómica, también intervendrán en el proceso el Gobierno y el parlamento de la comunidad correspondiente.
 Las formas de finalización del proceso Lo habitual es que el proceso finalice con una sentencia en la que el TC decida sobre el fondo de las pretensiones, estimando o desestimando la inconstitucionalidad de la norma impugnada (art. 86 LOTC).
Existen, no obstante, otras formas de concluir el proceso que no conllevan un pronunciamiento sobre el fondo. Además de la decisión de rechazar la admisión inicial del recurso, que impide sus sustanciación, el art 86.1 de la LOTC contempla el desistimiento y la caducidad, a las que debe añadirse la renuncia (art. 80).
El resistimiento de la acción puede ser parcial, cuando afecta a alguna de las pretensiones, en caso de que haya varias, y total, cuando se refiere a todas o a la única pretensión y se produce cuando el sujeto que ha impugnado manifiesta la voluntad de retirarse del proceso. No obstante, para que se acepte el desistimiento, a esa voluntad no se deben oponer las demás partes personadas ni entender el TC que existe un interés constitucional que aconseja la prosecución de las actuaciones hasta su finalización por sentencia.
La caducidad, sin embargo, como forma de terminación del proceso por inactividad imputable al demandante, no parece que pueda tener cabida en este tipo de procesos porque si bien el Tribunal no actúa de oficio en el control de la ley, una vez instado este control, las partes no son dueñas del proceso y prevalece la necesidad del examen de constitucionalidad de las normas impugnadas. Por ello mismo tampoco cabe la figura de la renuncia al ejercicio de la acción.
- Cuestión de inconstitucionalidad Finalidad La cuestión de inconstitucionalidad posibilita que un juez pueda elevar al TC la duda sobre la validez constitucional de una ley que debe aplicar para resolver un proceso que se sigue en su instancia jurisdiccional. Este proceso se aplica en el momento de aplicación de la ley por parte de los tribunales. El control que está llamado a realizar el TC por medio de la cuestión es, al igual que en el resto de procesos analizados en el presente tema, un control abstracto que tiene como finalidad garantizar la supremacía de la CE, expulsando del ordenamiento leyes que la contravienen.
68 Es un instrumento que la Constitución pone a disposición de los jueces y magistrados para poder conciliar su necesario sometimiento simultáneo a la ley y a la Constitución.
La legitimación activa La legitimación activa para planear la cuestión de inconstitucionalidad se atribuye al órgano judicial ordinario que estime que una o varias normas con fuerza de ley aplicables a la resolución del caso concreto pueden ser contrarias a los mandatos constitucionales (art. 163 CE). La decisión de elevar la cuestión de inconstitucionalidad es únicamente del juez o del tribunal que conozca el caso, sin que en ella la intervención de las partes del proceso pueda adquirir relevancia. El TC ha considerado que es condición imprescindible para su planteamiento la previa existencia de tal <<proceso>>, es decir, los jueces y magistrados no están legitimados sólo por el hecho de tener esa condición, sino por el desempeño de la función jurisdiccional.
 El procedimiento La ausencia de plazo El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no esta sometido a plazo preclusivo alguno. Será el momento de la aplicación de la ley en un proceso el determinante para elevar la cuestión al TC.
 La fase previa en la instancia judicial ordinaria.
 La cuestión de inconstitucionalidad inicia su tramitación en la jurisdicción ordinaria: es en la sede de un proceso judicial concreto (juicio a quo) en el que puede plantearse la cuestión, siendo el momento procesal oportuno el período de tiempo comprendido entre la finalización del proceso y antes de dictar sentencia (art. 35.2 LOTC).
Sin embargo, existe un trámite previo indispensable: el art 35.2 de la LOTC exige que, antes de adoptar la decisión definitiva, el órgano judicial oiga a las partes del proceso a quo y al ministerio fiscal para que en un plazo de diez días puedan realizar cuantas alegaciones deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de la misma.
Una vez satisfecho este trámite, el juez decidirá mediante auto. En él se resolverá o bien promover la cuestión de inconstitucionalidad, o bien denegar la petición que haya realizado alguna de las partes del proceso para su planteamiento. En cualquier caso, este auto es inapelable.
Si el juez decide elevar la cuestión, en el auto, además de identificar el precepto constitucional que se supone infringido, se deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestione y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma que se cuestiona.
El trámite de admisión Una vez presentada la cuestión por parte del órgano judicial, el Pleno del TC decidirá sobre su admisión.
Sin embargo, el mero planteamiento de la cuestión provocará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial (a quo) hasta que el TC se pronuncie respecto su admisión, pero no de la ley impugnada.
El art. 37.1 de la LOTC contempla que la cuestión será rechazada si no concurren las condiciones procesales exigidas para su planteamiento o si la misma fuera notoriamente infundada. La decisión de rechazar la admisión deberá adoptarse una vez oído el fiscal general del Estado mediante auto motivado.
69 Las condiciones procesales que se examinan por el TC son las de la relevancia de la ley impugnada para la decisión del proceso, la existencia del trámite de audiencia y la razonabilidad de la duda de inconstitucionalidad planteada por el órgano judicial.
El Tribunal deberá verificar, que la cuestión no esté notoriamente infundada o, lo que es lo mismo, que no sea irrazonable. El TC ha optado, desde sus primeros pronunciamientos, por una interpretación flexible, entendiendo que esta condición se cumple siempre y cuando <<sin un excesivo esfuerzo argumental>>, sea posible concluir que la norma impugnada no resulta inconstitucional. Pero también cuando el razonamiento que lleva a proponer al órgano judicial la cuestión permita apreciar que no se basa en una interpretación absolutamente diversa de la que es común en la doctrina jurídica o en la jurisprudencia del mismo Tribunal.
Una vez el TC verifique que se dan las condiciones procesales y que la cuestión no es notoriamente infundada, la decisión de admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad deberá ser publicada en el BOE, provocando el mantenimiento de la suspensión del proceso judicial hasta que el TC resuelva definitivamente la misma.
 Las partes del proceso constitucional Admitida la cuestión por el TC, éste da traslado de la misma, a fin de poder personarse en el proceso constitucional y formular las correspondientes alegaciones, siempre y en todo caso, a los siguientes órganos del Estado: al Congreso y al Senado, por conducto de sus respectivos presidentes; al Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia, y al fiscal general del Estado. Además cuando la cuestión se planteara contra una ley o norma con fuerza de ley autonómica, se dará traslado, con los mismos efectos, al parlamento y al gobierno de la comunidad autonómica.
Por otra parte, de acuerdo con el art 37.2 de la LOTC, una vez haya sido publicada en el BOE la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, <<quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el TC dentro de los quince días siguientes a su publicación para formular alegaciones, en el plazo de otros quince días>>.
- La autocuestión de inconstitucionalidad La autocuestión de inconstitucionalidad es un procedimiento no previsto por la Constitución. Fue la LOTC la que, en su art 55.2, vino a disponer que <<en el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la sala o, en su caso, la sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los art 35 y siguientes>>.
Es una vía procesal que permite que sea el propio TC el que se plantee, ante sí mismo, la constitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley. La autocuestión de inconstitucionalidad no quiebra con la concepción de que el Tribunal sólo actúa a instancia de parte. El legislador toma en consideración la existencia de los órganos en que se estructura internamente el TC (secciones, salas y Pleno) y posibilita su planteamiento por un órgano interno (sala o sección) distinto al que está llamado a resolver los procesos de constitucionalidad (Pleno) con la finalidad de poder resolver aquellos supuestos en los que la aplicación de una ley inconstitucional genere una lesión a los derechos fundamentales.
Por lo que se refiere a su tramitación, para elevar la cuestión al Pleno, se exige que la sala o sección competente en que se sustancie la resolución de un recurso de amparo considere que este recurso debería ser estimado porque, en su opinión, existe la lesión del derecho invocado como consecuencia 70 de la aplicación de la ley cuya constitucionalidad se cuestiona. Por eso, el momento procesal oportuno para elevar la cuestión será el de la fase final de resolución del recurso de amparo antes de dictarse sentencia estimativa: es decir, antes de dictarse una resolución que entienda que se ha producido la lesión de un derecho fundamental por la aplicación de una ley inconstitucional.
Elevada la autocuestión al Pleno del Tribunal, se suspende el plazo para dictar sentencia en el recurso de amparo hasta que dicho órgano plenario no resuelva sobre la constitucionalidad de la ley.
2. El control previo de inconstitucionalidad de los Tratados Internacionales.
- Art. 78 LOTC.
El Gobierno o cualquier cámara podrán requerir al TC para que se pronuncie sobre la existencia o no de contradicción entre la CE y estipulaciones Tratado Internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el consentimiento del Estado.
- Recibido el requerimiento, el TC emplazará al solicitante y restantes órganos legitimados, a fin de que en un mes expresen su opinión fundada sobre la cuestión. Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo el Tc emitirá su declaración que tendrá carácter vinculante.
- En cualquier momento podrá el Tc solicitar de los órganos mencionados o de otras personas u órganos del Estado o CCAA, cuantas aclaraciones, ampliaciones o precisiones estimen, alargando el plazo de un mes en el mismo tiempo que hubiese concedido para responder a sus consultas, que no podrá exceder en 30 días.
Es directo y preventivo.
Es una declaración, no una sentencia.
3. Las sentencias del TC: efectos.
- El contenido de las sentencias: sentencias estimatorias y desestimatorias de la inconstitucionalidad En función de cuál sea decisión las sentencias pueden ser, básicamente, de dos tipos: estimatorias o desestimatorias. Las primeras declaran la inconstitucionalidad de la norma impugnada mientras que las segundas rechazan la pretensión, declarando la constitucionalidad de la ley o norma con fuerza de ley - Las sentencias interpretativas Existen otros tipos de sentencias que ni es posible clasificar entre las anteriores ni aparecen previstas en la LOTC. Se trata de aquellos casos en los que el TC entra a interpretar la norma que es llamada a enjuiciar de tal modo que invade en distinto grado el campo de actuación del legislador positivo y condiciona, el de los aplicadores del derechos, especialmente jueces y tribunales. La práctica del Tribunal en estos supuesto permite hablar de distintos tipos de sentencias interpretativas en función de cuál sea el resultado de esa interpretación: Sentencias meramente interpretativas: En ellas el TC selecciona, entre diversas interpretaciones posibles, aquélla que es conforma a la Constitución Sentencias de mera inconstitucionalidad: Son aquéllas que, aún declarando la inconstitucionalidad de la norma enjuiciada, el TC no impone su nulidad, sino que opta por realizar advertencias, recomendaciones o mandatos al legislador para que modifique la ley en un plazo determinado.
71 Sentencias manipulativas: En este tipo de pronunciamiento el TC no se limita sólo a la interpretación conforme de la ley sino que introduce nuevas normas en el ordenamiento y supera su función estrictamente constitucional para convertirse en verdadero legislador positivo.
- Valor y efectos de las sentencias.
De acuerdo con el art 164 CE y su desarrollo por los art 38 y siguientes de la LOTC, las sentencias recaídas en los procesos de constitucionalidad contra leyes o normas con fuerza de ley tienen valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde la fecha de su publicación en el BOE.
Con el efecto de la cosa juzgada se pretende que una vez una cuestión haya sido resuelta por el Tribunal no pueda volver a ser planteada en aras de preservar el principio de seguridad jurídica. Se distingue, asimismo, entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Desde la perspectiva forma, la cosa juzgada supone que la sentencia es firme, es decir, inimpugnable; mientras que desde la perspectiva material, la cosa juzgada impone a determinados contenidos de la sentencia una especial fuerza vinculante para futuros procesos que impide que sobre el mismo recurso recaiga un nuevo pronunciamiento Con la vinculación a los poderes públicos, segundo de los efectos de las sentencias recaídas en los procedimientos de control de inconstitucionalidad, se pretende un efecto más amplio que el de cosa juzgada en la medida que opera, por lo general, fuera del ámbito procesal, se extiende a los fundamentos del fallos y obliga a todos los poderes públicos, estén o no legitimados para intervenir en dichos procesos. esta especial vinculación a las sentencias del TC es directa consecuencia de su carácter de intérprete supremo de la Constitución. Y así la recoge en relación con los jueces y tribunales el art 5.1 de la LOPJ cuando establece la obligación de éstos de aplicar las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos.
Finalmente, con la declaración de los efectos generales de las sentencias recaídas en los procedimientos de control de inconstitucionalidad (desde la publicación en el BOE), conocida como eficacia erga omnes, se hace referencia a que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una disposición legal vienen a rellenar el vació creado por la ausencia de la norma declarada inconstitucional. La sentencia tiene entonces un alcance subjetivo (frente a todos, incluidos los particulares) análogo al que tenía la disposición legal, aunque de signo contrario, y de ahí que tenga una eficacia transformadora del ordenamiento jurídico. Por ello no puede reconocerse esta eficacia general a leyes o actos con fuerza de ley de destinatario único: puesto que en estos casos no existe una eficacia general, tampoco la tendrá la sentencia que los anule.
72 ...