DERECHO PROCESAL CIVIL (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Procesal Civil
Año del apunte 2016
Páginas 10
Fecha de subida 03/05/2017
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Apuntes de UAM de magistrales.

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Natalia Álvaro de Mira DERECHO PROCESAL CIVIL TEMA 7. LA DEMANDA.
1. LOS ACTOS PREVIOS AL PROCESO.
Se entiende que el proceso comienza con la interposición de la demanda, pero en la Ley se prevén unos trámites "preprocesales" cuya finalidad es evitar o preparar un futuro proceso.
Asimismo, la Ley permite la prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba. Ambas instituciones implican la realización de actos procesales previos al proceso (arts. 293 y 297 LEC).
 El acto de conciliación. Se trata de un acuerdo entre partes, celebrado ante el Juez, y que permite evitar un eventual proceso. Sólo es admisible en las materias en las cuales las partes tengan poder de disposición (art. 460 LEC de 1881). Lo convenido por ellas se llevará a cabo por el mismo Juez ante el que se celebró, por los trámites establecidos para la ejecución de las sentencias, cuando se trate de asuntos de su competencia. En los demás casos, tendrán el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público (art. 476 LEC 1881).
 Diligencias preliminares. Son actos de postulación de las partes que tienen por objeto la preparación de un futuro proceso, garantizando el desarrollo del mismo (arts. 256 a 263 LEC).
o Será competente para resolver sobre las peticiones y solicitudes de diligencias preliminares el Juez de Primera Instancia o Juzgado de lo Mercantil del domicilio de la persona que intervenga en las actuaciones para preparar el juicio (art. 257 LEC).
o La solicitud de diligencias preliminares deberá incluir (art. 256.2 LEC) la expresión de sus fundamentos y el ofrecimiento de caución para responder tanto de los gastos como de los daños y perjuicios que se les puedan causar a quienes intervengan.
o La solicitud se resolverá mediante auto.
1.1. EL ACTO DE CONCILIACIÓN: PROCEDIMIENTO Y EFECTOS.
Se trata de un acto de jurisdicción voluntaria cuyo fundamento hay que buscarlo en el hecho de que normalmente resulta preferible resolver el litigio por un acuerdo al que voluntariamente lleguen las partes. El acto de conciliación es facultativo; es una actividad encomendada al letrado de la AJ y a la que puede acudir un litigante antes de iniciar el proceso, a fin de evitarlo (art.
139.1 LJV). Dicho artículo dispone que no se admiten a trámite las peticiones de conciliación que se formulen en relación con: 1º. Los juicios en que estén interesados los menores y las personas con capacidad modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes.
2º. Los juicios en que estén interesados el Estado, las CCAA y las demás Administraciones Públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza.
3º. El proceso de reclamación de responsabilidad civil contra jueces y magistrados.
4º. Los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso.
La competencia objetiva (conocida de oficio) para presidir los actos de conciliación se atribuye a los Juzgados de Paz y a los letrados de la AJ en los Juzgados de Primera Instancia o en los Juzgados de lo Mercantil. El acto de conciliación se promueve mediante solicitud escrita que deben consignar los datos y circunstancias de identificación del solicitante y del requerido, los domicilios que puedan ser citados y el objeto de la conciliación. En cuanto a los efectos, es preciso diferenciar entre:   Efectos de la presentación de la solicitud. La presentación con ulterior admisión de la petición de conciliación produce la interrupción de la prescripción.
Efectos del acuerdo obtenido en conciliación. Lo convenido por las partes tendrá aparejada su ejecución y se llevará a efecto en el mismo tribunal en el que se tramitó la conciliación.
1.2. DILIGENCIAS PRELIMINARES: SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO.
El art. 256 LEC distingue diversos supuestos, que cabe agrupar en dos tipos de diligencias: la petición de declaración y la exhibición de objetos y documentos, así como una especial para identificar a los integrantes de los grupos de afectados.
1. La primera consiste en pedir que la persona contra la que el solicitante se proponga dirigir la demanda declaro bajo juramento o promesa de decir la verdad sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación.
2. La segunda consiste en identificar el modus operandi de actuaciones que afectan a la propiedad intelectual o industrial.
3. La tercera sería la exhibición de documentos del futuro demandado en los que conste la capacidad, legitimación o representación (art. 256.1.1º LEC).
4. La cuarta sería la exhibición de documentos, en poder del futuro demandado o de terceros, necesarios para litigar. Dentro de éstos, la LEC distingue: la exhibición del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado; la exhibición de los documentos y cuentas de una sociedad o comunidad; la exhibición del contrato de seguro; la exhibición y copia de la historia clínica del centro sanitario o al profesional que la custodie; la exhibición de documentos que acrediten los datos sobre los que verse el interrogatorio; y la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros.
La competencia para conocer de las diligencias preliminares se atribute al Juez de Primera Instancia o de lo Mercantil, cuando proceda y por razón del territorio; y debe ser conocida de oficio. Se inician mediante una solicitud de la parte a quien interesa su práctica, expresando los fundamentos de la petición y ofreciendo caución para responder de los gastos y daños que se pudieran causar.
En el plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación y requerimiento para realizar una diligencia preliminar, el requerido podrá oponerse a la práctica de la diligencia. En tal caso, se dará traslado al solicitante para que la pueda impugnar en el plazo de cinco días. Ambas partes pueden pedir la celebración de una vista, tras la cual el juez decidirá si la oposición es justificada, en cuyo caso puede interponerse recurso de apelación, o si carece de justificación, condenando en las costas al requerido.
Si el obligado a realizar la diligencia preliminar no atendiese al requerimiento ni formulase su oposición, el juez acordará una serie de medidas en razón del tipo de diligencia de que se trate.
2. EL ACTO PROCESAL DE DEMANDA.
La demanda es el acto procesal que proviene del actor e inicia el proceso (arts. 399 y 437 LEC), la cual crea y determina el poder-deber del juez de dictar una sentencia, de ahí que el efecto inmediato que produce la demanda es la iniciación del proceso (art. 404 LEC) mediante la petición ante el juez de una resolución fundada en derecho. Una demanda que no pidiera resolución alguna de frente a nadie, no produciría la litispendencia y, por consiguiente, no abriría el proceso.
La demanda, es pues, el vínculo formal a través del cual ejercitamos la pretensión contra el demandado. Así, determina de forma prioritaria el objeto del debate, y en concreto, el contenido de la sentencia. El juez deberá absolver o condenar al demandado teniendo en cuenta los términos en que se concrete la demanda y la contestación (art. 218.1 LEC).
2.1. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA.
Desde el punto de vista de la forma o estructura de la demanda, la Ley distingue entre la demanda ordinaria (art. 399 LEC) y la sucinta, esta última de posible interposición solo en el juicio verbal (art. 437 LEC). Aunque la Ley no distingue diferencias estructurales entre ambas, en los juicios verbales en los cuales se reclame una cantidad inferior a 2.000€ (art. 437.2 LEC), la Ley permite formular la demanda cumplimentando un impreso normalizado.
2.1.1. La demanda ordinaria.
Se trata de aquella demanda mediante la cual se inicia el juicio ordinario. Se estructura de acuerdo con lo que se establece en los arts. 399 LEC y afines.
a) Invocación. La demanda se inicia con una invocación genérica al órgano judicial (ya sea unipersonal o colegiado) que la ha de tramitar y conocer.
b) Encabezamiento. En él se harán constar los datos que identifiquen al actor y al demandado (art. 399.1 LEC), que deberán contener, además, aquellos que hagan localizables a ambas partes: nombres, domicilio y situación personal. En el caso de que alguna de ellas no tengan capacidad de estar en juicio, se deberá expresar la identificación de sus representantes, así como del procurador y del abogado, cuando intervengan (art. 399.2 LEC).
c) Hechos, fundamentos de Derecho y petición (art. 399.1 LEC). Es necesario identificar, de forma precisa y clara, el objeto de debate propuesto por el actor; es importante porque:  Éste deberá quedar inalterado durante la tramitación del proceso (prohibición de la mutatio libelli; art. 412 LEC).
 Es necesaria para saber si el objeto propuesto y la petición solicitada ha sido ya juzgada con anterioridad por otros órganos judiciales, en cuyo caso no es posible hacerlo de nuevo (efecto de cosa juzgada; art. 222 LEC).
 La litispendencia determinará la imposibilidad de conocer sobre el mismo asunto en otro proceso (art. 421 LEC).
 El órgano judicial no podrá resolver sobre nada distinto a lo propuesto por el actor (congruencia de la sentencia; art. 218.1 LEC).
Referente a los hechos (art. 399.3 LEC), la Ley establece que se narrarán de forma ordenada y clara a fin de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar la demanda.
Cuando la Ley habla de fundamentos de Derecho (art. 399.4 LEC), atiendan a la forma o al fondo, se refiere a las alegaciones jurídicas, distintas a los fundamentos legales (disposiciones legales en los que se regula la pretensión del actor o demandado). En ellos podemos distinguir entre fundamentación fáctica (relato de los hechos y relaciones jurídicas sobre los que se solicita el pronunciamiento judicial) y fundamentación jurídica (argumentos jurídicos que ofrece el demandante para que el juez dicte una sentencia estimatoria de lo solicitado).
La petición (art. 399.5 LEC) o petitum es la consecuencia lógica de la narración de los hechos y de la fundamentación jurídica expuestos en la demanda. Debe ser clara y precisa, se debe formular de forma separada, si son varias peticiones, o de forma subsidiaria, siempre haciendo constar la petición principal y la subsidiaria.
d) Determinación del valor. En los fundamentos de Derecho se deberán exponer alegaciones sobre la competencia y la clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda (art. 399.4 LEC). En ciertas ocasiones, la competencia se determina por la cuantía del asunto, que es al mismo tiempo un criterio válido para fijar la clase de juicio por el que se deba tramitar la demanda (art. 253.1 LEC).
En los arts. 249 y 250 LEC se establecen criterios objetivos para fijar el procedimientos que se ha de tramitar: por el juicio ordinario se tramitan las demandas cuyas cuantías excedan de 6.000€ y las que resulte imposible de calcular; y por el verbal, aquellas cuyas cuantían no excedan de 6.000€.
2.1.2. La demanda sucinta.
Es aquella que se da en los juicios verbales. La demanda sucinta no tiene que estar fundada, es por ello que la Ley permite que se exponga la fundamentación de la misma en el acto de la vista del juicio verbal (arts. 433.1 y 437.1 y 2 LEC).
Con carácter general, el rasgo distintivo de esta demanda respecto de la ordinaria es la ausencia de fundamentación en la estructura. Por lo tanto la estructura de la demanda sucinta se compondrá por la invocación al órgano jurisdiccional, el encabezamiento (con los datos de identificación y localización de las partes) y la petición o petitum. No obstante, el demandante puede optar por formular su demanda en la forma prevista para el juicio ordinario e incluir la fundamentación de lo que se pide en la propia demanda.
3. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO EN LA DEMANDA: LA PRETENSIÓN.
3.1. CLASES DE PRETENSIONES.
El fin del proceso es la preservación del ordenamiento jurídico, lo que se puede conseguir mediante la declaración, la ejecución y la adopción de cualquier medida cautelar.
En la demanda del proceso declarativo, la pretensión del actor es siempre declarativa; el actor ha de proponer en todo caso un objeto de debate que suponga una declaración, cuyo fin es la preservación de derechos, intereses o situaciones jurídicas de derechos privados. Las pretensiones de declaración en el proceso civil pueden ser: 1. Meramente declarativas. Se dan mediante la preservación y mediante la tutela del Derecho material con la simple declaración judicial.
2. Declarativas de condena. Si el objeto del proceso es la declaración de la existencia del derecho de crédito, la tutela de dicho derecho no se quedará en la mera declaración, sino que requerirá la condena del deudor mediante el pago de la cantidad debida.
3. Constitutivas. Lo que se pone en juego en el proceso es una situación jurídica en la que sus titulares no tienen poderes para modificarla, extinguirla o crearla, siendo necesario que acudan para ello al órgano judicial.
En cualquier caso, el objeto del proceso civil de declaración siempre es un enjuiciamiento con el que se pretende una simple declaración judicial, una declaración con condena o la constitución, modificación o extinción de una situación jurídica.
3.2. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO.
La redacción de la demanda de acuerdo con las pautas del art. 399 LEC a veces resulta insuficiente para conseguir su perfecta identificación a efectos de la prohibición de: la acumulación de acciones, la mutatio libelli (modificación de la demanda), la cosa juzgada y la congruencia de la sentencia. Solo puede considerarse como referente legal lo dispuesto en el art. 400.1 LEC.
La causa petendi de la pretensión procesal está integrada por todo aquello que es fundamentación de lo que se pide. En ella deben incluirse hechos, pero en mayor medida actos y posiciones de las partes. En este sentido, la causa petendi pasa por la exposición de unos fundamentos jurídicos y fácticos en sentido amplio. Así, el art. 399.3 y 4 LEC distingue sus elementos, haciendo una separación entre los hechos y los fundamentos de Derecho.
Distintos de los fundamentos de Derecho son los fundamentos legales, es decir, la expresión de la norma jurídica concreta en la que encuentran apoyo legal las peticiones efectuadas según la fundamentación jurídica y fáctica expuestas. La diferencia entre ambas radica en el orden procesal: así como no es necesario expresar los fundamentos legales en la demanda (principio iura novit curia), los fundamentos jurídicos y fácticos constituyen el objeto de la carga de la alegación de las partes. Igualmente, como recoge el art. 218.1 LEC, el órgano judicial en su sentencia debe atenerse a los fundamentos de hecho y de Derecho alegados por las partes; en cambio, resolverá el asunto de acuerdo con las normas jurídicas aplicables al caso.
La doctrina ha fijado dos posibles soluciones al problema de la identificación del objeto del proceso:  Teoría de la sustanciación. Mantiene que basta para identificar la pretensión (objeto del proceso) con exponer todos los hechos que fundamentan la petición sin que sea necesario hacerlo así con la relación jurídica.
 Teoría de la individualización. Se sustenta en la idea de que basta expresar la relación jurídica de donde nace el derecho que se pide para que la demanda esté bien identificada.
La dificultad de una solución unitaria ha hecho que la doctrina mayoritaria haya buscado la solución caso por caso, intentando, tras la sistematización de las pretensiones, buscar la fundamentación esencial de la pretensión para distinguirla de aquello que es solo la prueba de ella.
a. En las pretensiones de condena relativas a los derechos absolutos (el título por el cual se adquieren es el hecho probatorio de la causa petendi), basta la alegación de la relación jurídica para que la pretensión quede suficientemente identificada. Desde otro punto de vista, habrá excepción de litispendencia y de cosa juzgada siempre que la fundamentación sea la misma relación jurídica, aunque cambie la alegación de los títulos por los cuales se adquiere el derecho que se reclama (art. 400.2 LEC).
b. En las pretensiones de condena nacidas de derechos de obligaciones, se identifica el objeto del proceso con la alegación de la relación jurídica, más el hecho jurídico del que nace ésta.
c. En las pretensiones constitutivas, la identificación debe hacerse alegando el efecto jurídico que se pretende y, además, el hecho de que es remedio o sanción.
En cualquier caso, el art. 400 LEC exige la alegación de todas las posibles causas, hechos, títulos o fundamentos en los que pueda fundarse la petición contenida en la demanda, estableciendo la carga de la alegación, que no va más allá de los límites del objeto de la pretensión.
3.3. PLURALIDAD DE OBJETOS PROCESALES.
Normalmente cada demanda comportará un único objeto procesal, pero en algunas ocasiones en una única demanda se ejercitan distintas pretensiones. Supuestos de pluralidad de objetos:  La acumulación de acciones (arts. 71-73 LEC). Se trata de la posibilidad que otorga la Ley de acumular en una sola demanda distintas pretensiones, y tiene como fin la manifestación del principio de economía procesal, que no puede prevalecer sobre otros cuyo origen es el derecho de defensa, por eso no es posible: o Ejercitar pretensiones incompatibles entre sí, siendo incompatibles cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias, de modo que la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra.
o Acumular acciones contra varios demandados, o varios contra uno, siempre que el nexo entre ellos determine la fundamentación de todas las pretensiones en los mismos hechos.
La acumulación puede ser objetiva (el actor acumula varias pretensiones contra el demandado), subjetiva (el actor, con limitaciones, acumula distintas pretensiones contra varios demandados o varios actores acumulan una pretensión o varias contra uno o varios demandados) o eventual (la acumulación de pretensiones incompatibles se hace solo si la pretensión principal no es admitida por el juez por no estar fundada).
 La ampliación de la demanda. La Ley la permite para acumular nuevas pretensiones a las ya ejercitadas o para dirigirlas contra nuevos demandados. En realidad se tratará de acumulaciones objetivas o subjetivas de acciones o, en su caso, de la integración voluntaria del contradictorio antes de que esta cuestión se plantee en el proceso por el demandado. La Ley no permite ampliar la demanda una vez contestada por el demandado.
En otros casos, a pesar de lo que parece, no existe pluralidad de objetos, como es el caso de las cuestiones prejudiciales, dentro de las cuales encontramos:  Puntos prejudiciales. Decide la naturaleza del objeto para aplicarle la legislación adecuada.
 Cuestiones prejudiciales. Puntos prejudiciales sobre los que cabe plantear un conflicto jurídico ante el Juez.
 Causas prejudiciales. Cuando la calidad y naturaleza de la cuestión prejudicial hace necesaria su resolución previa en el proceso correspondiente.
Normalmente, las cuestiones prejudiciales (sean civiles, laborales o contenciosoadministrativas) que se presentan insitas en el objeto procesal, serán resultas por el órgano judicial, sin que ello suponga una ampliación del objeto, ni un objeto dual o plural. Si la cuestión prejudicial es de naturaleza penal, se suspenderá la tramitación del proceso.
4. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA DEMANDA.
Se establece, en los arts. 264 y ss. LEC, que con la demanda (o contestación) deberá acompañarse necesariamente: el poder, la acreditación de la representación que se atribuye al litigante, los informes relativos al valor de la cosa litigiosa y, por último, los documentos y escritos relativos al fondo del asunto.
1) El poder. Es el que acredita el procurador siempre que éste intervenga. Cuando las partes carezcan de poder de postulación y necesiten la representación del procurador para actuar válida y eficazmente, es necesario que la demanda esté firmada por el procurador y que éste acredite que realmente actúa como tal en función del poder de procuradores. En consecuencia, la demanda que no vaya acompañada de dicho poder, no es considerada por nuestro ordenamiento como tal. Igualmente, cuando el poder se otorga “apud acta”1, se deberá hacer antes de la primera actuación procesal, la presentación de la demanda.
2) La acreditación. Se trata del documento que acredita la representación que el litigante se atribuya, en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérselo transmitido otro por un título.
3) Los informes. Solo será necesario aportarlos cuando a través de ellos se pretenda determinar la procedencia del procedimiento judicial escogido.
4) Los documentos y escritos. En ellos, la parte interesada fundamenta su derecho. En los arts. 265 y 266 se recogen una serie de documentos que tienen en común ser base de la demanda o de la pretensión que se ejercita en ella; en el art. 265 se recogen supuestos generales, incluidos los dictámenes periciales y los informes de expertos (la falta de presentación de éstos constituye una carga, no pudiéndose presentar posteriormente en el proceso); y en el art. 266 se recogen casos concretos de documentación básica para apoyar determinadas demandas que se han de tramitar en procesos especiales (la demanda no se admitirá a trámite si no se presenta alguno de éstos documentos, cuando son necesarios).
5. INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DEMANDA.
Una vez interpuesta la demanda, el órgano jurisdiccional al que se dirige procede a su admisión o no a trámite. La admisión a trámite implica darle a la demanda la tramitación prevista en la normativa procesal, dictando auto de admisión y dando traslado de la misma al demandado para que proceda a su contestación en el plazo de veinte días.
1 Consiste en un acto jurídico plasmado en un documento que le confiere poder a un procurador para que nos represente y realice por nosotros todos los actos que hay que hacer a lo largo de un procedimiento judicial.
El art. 403 LEC establece dos supuestos generales de inadmisión de la demanda, entendiendo por inadmisión su no tramitación, sin entrar en el proceso propiamente dicho, procediéndose al archivo de las actuaciones sin ni siquiera remitir la demanda al demandado.
1º. Dispone que las demandas solo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas en aquélla (art. 439 LEC). Además, el art. 439.5 LEC establece la causa general de inadmisión, para los juicios verbales especiales, cuando no cumplan esas demandas los requisitos de admisibilidad que puedan estar recogidos en leyes especiales.
2º. El art. 403.2 prevé que tampoco se admitirán las demandas cuando no le acompañen los documentos expresamente exigidos por Ley; cuando no se haya intentado la conciliación, siendo ésta preceptiva; o cuando ordenándolo la Ley en casos especiales no se haya procedido a efectuar al requerimiento, reclamación o consignación. En ellos se encontrarían los supuestos recogidos en los arts. 266, 812, 815 y 782.2 LEC.
6. EFECTOS DE LA DEMANDA ADMITIDA A TRÁMITE.
Los efectos que produce la admisión de la demanda (desde el momento de su interposición) se agrupan bajo el concepto general de litispendencia (regulado en los arts. 410 y ss. LEC). Si se admite la demanda, los efectos se retrotraen al momento de interposición de la demanda.
Los efectos producidos por la admisión de la demanda son de carácter procesal o material.
6.1. EFECTOS PROCESALES.
El único efecto directo que produce la demanda admitida a trámite es la iniciación del proceso (art. 404 LEC). La demanda determina el nacimiento de un conjunto de relaciones y situaciones jurídicas entre las partes y el juez, y entre las partes entre sí, cuyo único fin es posibilitar la sentencia de la forma más lógica y justa. El conjunto de efectos jurídicos que se producen como consecuencia de la interacción de las partes y del juez es la litispendencia (art. 410 LEC).
Uno de los efectos más característicos que se producen, una vez establecida la litispendencia, es la perpetuatio iurisdictionis, impuesta por razones de economía procesal y lógica operativa.
Significa que las condiciones personales, objetivas y territoriales del objeto procesal fijan la jurisdicción del órgano hasta el momento de dictar sentencia, aun cuando en el transcurso del procedimiento éstas puedan cambiar (art. 411 LEC). Igualmente, la litispendencia determina la prohibición de modificar el contenido de la demanda durante la tramitación procesal (mutatio libelli; art. 412 LEC). Esta prohibición se ha de entender sin perjuicio de formular alegaciones complementarias, y se refiere a la facultad de alegar en el proceso los hechos relevantes para el éxito de las pretensiones de las partes y que hayan ocurrido con posterioridad a la presentación de la demanda o la contestación o que se hayan conocido con posterioridad (art. 286), aunque la Ley pone como límite el de que no haya comenzado a transcurrir el plazo para dictar sentencia.
En cualquier caso, no se podrá modificar la pretensión que se ejercita, pues afectaría al derecho de defensa de la parte contraria.
El efecto general de litispendencia produce igualmente la litispendencia en sentido estricto (arts.
416 y 421 LEC): imposibilidad legal de tramitar otro procedimiento entre los mismos sujetos con el mismo objeto del que está pendiente. La justificación de este efecto es la necesidad de evitar la inseguridad e incerteza jurídicas que se producirían por el hecho de que un mismo objeto procesal pudiera ser resuelto por sentencias jurídicamente contradictorias.
6.2. EFECTOS MATERIALES.
Por el hecho de que exista litispendencia, se producen fuera del campo procesal una serie de efectos de tipo material: - Supone la interrupción de la prescripción civil extintiva (art. 1973 CC).
La litispendencia determina el carácter litigioso de los bienes objeto del pleito con los efectos contemplados en los arts. 1291 y 1535 CC.
La admisión de la demanda determina cuál de los acreedores solidarios debe recibir el pago de la deuda (art. 1142 CC).
El deudor puede constituirse en mora (art. 1100 CC).
Supone la obligación de pagar intereses, aunque no hayan sido pactados (art. 1109 CC).
Todos estos efectos se producen por la demanda siempre que la sentencia sea estimatoria, es decir, se retrotraen al momento de admisión de la demanda.
7. LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS.
La LEC permite acumular procesos iniciados en un único procedimiento, a fin de que todas las demandas impuestas terminen en una única sentencia (art. 74). Esta finalidad se consigue con la acumulación de procesos, en los que la sentencia que haya de recaer en uno de ellos pueda producir efectos prejudiciales en el otro, o cuando entre los objetos procesales de los procesos acumulados exista tal conexión que pudiera llegarse a pronunciamientos contradictorios, incompatibles o que se excluyeran mutuamente de conocerse separadamente (art. 76).
La acumulación puede ordenarse de oficio o solicitarse por quien sea parte en cualquiera de los procesos que se pretenden acumular (art. 75), siempre que se esté en alguno de los casos previstos en el art. 76 LEC. En definitiva, la acumulación tiene su fundamento en evitar la contradicción jurídica de sentencias, al existir entre los distintos objetos vinculaciones que determinarían el efecto de litispendencia o de cosa juzgada; y también la contradicción lógica de sentencias que, aun sin afectar a la cosa juzgada, produce incerteza o inseguridad jurídicas.
La acumulación de procesos es un remedio excepcional, de ahí que la Ley no la permita cuando el efecto y finalidad perseguidos se puedan conseguir con más economía de medios, como es el caso de la proposición de la excepción de litispendencia. Tampoco se permite cuando: 3º. Los procesos no se sustancien por los mismos trámites.
4º. La tramitación no pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales.
5º. El órgano judicial careciese de competencia objetiva (o territorial inderogable) para conocer del proceso o procesos que se pretendan acumular.
6º. No estuviesen en primera instancia y siempre que no haya finalizado el juicio.
La acumulación se pedirá siempre al órgano judicial que conozca del proceso más antiguo (sino, la AJ), siendo éste aquel en el que la demanda se hubiere presentado antes (art. 79). La solicitud se hace por escrito o en la vista oral en el juicio verbal (art. 80), y no suspende la tramitación de los procesos (arts. 81 y 88), salvo cuando alguno de ellos esté pendiente de dictar sentencia.
Puede referirse a procesos que se tramitan ante el mismo Juzgado (se acepta o rechaza en un incidente, donde estarán presentes todas las partes afectadas) o ante Juzgados diferentes (da lugar a dos resoluciones: la primera ante el Juez ante quien se solicita, y la segunda ante los jueces requeridos).
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