Derecho Procesal Civil (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura Derecho Procesal Civil
Año del apunte 2012
Páginas 171
Fecha de subida 05/10/2014
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Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil DERECHO PROCESAL CIVIL BLOQUE DE CONTENIDO I: SISTEMA TEMA 1: LOS JUICIOS CIVILES ü ü ü ü ü ü El juicio civil es el cauce civilizado de la tutela estatal para resolver los litigios que se susciten en materias de derecho privado (civil y mercantil).
Existen 2 juicios declarativos: el juicio ordinario y el juicio verbal.
Existen también muchos juicios especiales, en materias específicas.
La distribución de asuntos entre el juicio ordinario y el verbal se hace según 2 criterios: la materia objeto del litigio y la cuantía.
La ejecución engloba el conjunto de actividades que pueden ser necesarias para el cumplimiento forzoso de la sentencia dictada en un juicio.
A veces es posible iniciar un juicio directamente por la ejecución, sin necesidad de seguir toda la fase declarativa.
1. La oferta de tutela procesal en materia civil ¿De qué hablamos cuando nos referimos al litigio civil? ¿Qué materias o ámbitos nos llevaran a aplicar estos juicios civiles? à Litigio civil quiere decir conflicto de ámbito privado (EJ: separaciones, hipotecas, contratos, compraventas, etc.). No hay un interés público en el trasfondo del asunto.
Un juicio es una serie de actuaciones. Cuando entramos en el marco de un proceso judicial, éste debe ser conforme a las normas que marquen las leyes procesales. El juicio es una suma de actuaciones de las partes i del tribunal encaminadas a dar una respuesta a un conflicto jurídico.
Las leyes procesales deben respetar unos valores superiores que encontramos en la CE y que en el ámbito procesal se conocen como “garantías procesales básicas”. Todas las leyes procesales ordinarias tienen que respetar estas garantías procesales básicas (todo el que interviene en un procedimiento debe tener las mismas oportunidades de defenderse, ante un juez imparcial, etc.).
La interacción de las partes, los tribunales y el juicio está presidida por las garantías procesales programadas en la CE. Estas son los protocolos de calidad del sistema, que fijan las pautas de comportamiento esperado de cada uno de ellos.
El juicio debe distribuir las oportunidades de uso de la palabra entre las partes, coordinar sus relaciones con el tribunal y, al final, darles la respuesta que piden.
En la práctica, la cosa es más complicada que: “tengo un problema, voy a juicio y me lo solucionan”.
Se debe realizar previamente un test de viabilidad del juicio: Una vez el abogado acepta al cliente, debe mirar si hay o no caso –a veces un cliente demanda lo imposible-. Si hay caso y tenemos un juicio, debemos tener un mínimo de información sobre el destinatario de la demanda (del demandado puede ser relevante, por ejemplo, su situación de solvencia). Esto es: debe hacerse un estudio del caso antes de acudir 1 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil a los tribunales. El estudio de la solvencia va ligado con pensar sobre el éxito de una futura ejecución (EJ: si la sentencia obliga al demandado a pagar 100.000€, de nada servirá si el obligado es insolvente). Si no podemos prever la solvencia de entrada, durante el juicio podríamos pedir medidas cautelares –anticipación de la ejecución para evitar correr riesgos-. Las medidas cautelares pueden pedirse incluso antes de interponer la demanda por situaciones de urgencia.
¿Hay alguna alternativa mejor al juicio? à Existen otras alternativas como son la mediación, el arbitraje, etc.
2. Tipos de juicio No hay un único modelo de juicio sino que las opciones son diversas. Tenemos que probar lo que pedimos, por regla general, la carga de la prueba será del demandante. Si no lo podemos probar probablemente tendremos un problema con el éxito del juicio (el asunto puede quedar como cosa juzgada y será muy difícil recurrirlo).
Se debe hacer un presupuesto del juicio y atendiendo al presupuesto inicial, hacer un cálculo de rentabilidad à ¿me será rentable acudir a juicio? ¿aunque gane?. Por debajo de 2.000€ no es obligatorio llevar abogado y procurador.
Oferta de juicios à Debemos escoger qué juicio nos va mejor para el caso que queremos litigar. Aquí se abren 2 alternativas (en función de si debe empezarse por la ejecución o bien por un proceso declarativo): Ø La ejecución está pensada para aquellos casos en los que alguien no cumple voluntariamente y, por lo tanto, ha de hacerlo a la fuerza. No obstante, a veces se puede acudir directamente a este tipo de juicios (sin pasar por el declarativo previo) y ello será cuando se tenga un título ejecutivo judicial o extrajudicial. El procedimiento será mucho más rápido.
Ejecución hipotecaria à tiene unas especialidades dentro del ordenamiento civil. EX: Tu con el contrato de hipoteca que tengas con el banco, ante un impago el banco tiene suficiente para presentar la demanda de ejecución hipotecaria reclamando el pago y no se discute nada más.
Los tribunales, si consideran que hay que discutirlo remiten el asunto a otros tribunales pero eso no se soluciona en ese litigio. En los procedimientos sumarios se discute si se ha pagado o no.
Ø Si no tenemos la opción privilegiada de empezar por la ejecución, debemos acudir a los juicios estándares (que son el juicio verbal i el ordinario). Cuando acudes al juicio verbal encuentras un sin fin de especialidades. No debe confundirse con el juicio especial previsto en la Ley: reglas específicas de monitorio y cambiario.
Ø Fuera de la LEC existen los actos de jurisdicción voluntaria, que son actuaciones en las que está prevista la actuación de un órgano judicial para resolver una cuestión que no es realmente conflictiva (EX: un juez que reconoce el matrimonio entre 2 personas).
2 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Así pues, la Ley regula los siguientes tipos de juicio: Juicio ordinario à El juicio ordinario sirve de modelo general al resto de juicios. Se inicia mediante alegaciones escritas y luego se desarrolla en 2 audiencias sucesivas orales: - La audiencia previa - Y el acto del juicio propiamente dicho. En este escenario se practican las pruebas presenciales y se efectúan las conclusiones.
Juicio verbal à Es un juicio ordinario simplificado. Se inicia por una demanda sucinta escrita. Luego se convoca el acto del juicio en el que, en unidad de acto y de forma oral, tienen cabida la contestación de la demanda, las pruebas de todo tipo y las conclusiones.
La Ley denomina a estos 2 juicios “juicios declarativos” (art. 248.2 LEC), denominación tradicional que alude a las actividades previas a la ejecución de la sentencia.
Juicios especiales à Los juicios especiales responden a diversas razones de política legislativa en relación con determinadas materias.
Ejecución à La ejecución engloba todas las actividades destinadas al cumplimiento forzoso de las sentencias dictadas previamente en cualquier juicio. Sin embargo, en ciertos casos de créditos documentados en determinados títulos, la ejecución puede iniciarse automáticamente sin necesidad de una sentencia previa.
Un juicio se estructura en fases o etapas que, cuando son orales, se denominan “audiencias”.
Diferencias entre el juicio verbal y el juicio ordinario: - - En el juicio ordinario se presenta la demanda, la demanda se traslada al demandado y una vez contestada la demanda se emplaza audiencia previa al juicio (en la que se fijan los términos del debate, intentando discutir antes obstáculos procedimentales).
En el juicio verbal se eliminan una serie de actuaciones. Estos juicios se inician por una demanda, el secretario admite la demanda y cita al demandado, y el demandante no escucha la contestación de la demanda hasta que no está en el juicio (puede intuir la contestación pero no la sabe hasta que no está allí).
El juicio monitorio es un entremedio entre la opción de empezar por la ejecución y la opción de empezar por un proceso declarativo. Es un método de declaración de un titulo ejecutivo rápido. El juicio monitorio está previsto para cualquier reclamación dineraria (sea de la cuantía que sea); no es necesario abogado ni procurador para la petición inicial; una vez presentada la petición y acreditada mínimamente la deuda, el secretario lo admitirá y realizará un requerimiento de pago al demandado (20 días). Si el demandado no dice nada en 20 días, se crea un título ejecutivo que abre las puertas de la ejecución. Si el demandado se opone, se reconduce a los trámites del juicio ordinario. También puede darse el caso de pluspetición.
3. Distribución de asuntos en juicios 3 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La determinación del juicio aplicable se efectúa en base a los siguientes criterios: Ø La materia objeto del juicio.
Ø La cuantía de la demanda Estos 2 criterios sirven para distribuir los asuntos entre el juicio ordinario y el juicio verbal. El primer criterio (el de la materia) tiene preferencia ya que según la Ley, si concurre, pierden relevancia las normas sobre cuantía (art. 248.3 LEC).
La cuantía no sólo se configura como criterio de determinación del juicio aplicable sino que es necesario saberla en todos los procedimientos. ¿Por qué? à Porqué si es inferior a 2.000€ sabremos si es necesario llevar abogado, porqué el recurso de casación se limita a cuantías de 6.000€ o porqué la apelación ha quedado vetada para asuntos de cuantía inferior a 3.000€.
Ø La atribución directa por la Ley de una determinada materia a un determinado tipo de juicio. Así ocurre con los llamados juicios especiales.
Ø La existencia de un título que permita iniciar la ejecución, que puede ser tanto una sentencia judicial como otro documento tipificado por la Ley.
4. Determinación del juicio aplicable por la materia El art. 249 LEC establece las materias que deben tratarse en juicio ordinario: - Títulos nobiliarios / Derechos honoríficos de la persona.
Reclamación de derechos fundamentales (honor, intimidad, propia imagen).
Impugnación de acuerdos sociales.
Demandas relativas a materias de propiedad industrial, defensa de la competencia, competencia desleal y publicidad.
Demandas sobre aspectos relativos a condiciones generales de contratación.
Asuntos relativos a arrendamientos urbanos y rústicos (! excepto reclamaciones de rentas o desahucios).
Acciones de retracto.
Acciones relativas o ligadas a la propiedad horizontal (si es una reclamación dineraria se atenderá a la cuantía à más o menos de 6.000€).
Por su parte, el art. 250 LEC establece las materias que deben tratarse en juicio verbal: - Materias de arrendamientos urbanos (reclamaciones de rentas y desahucios).
Cuestiones ligadas a reclamaciones derivadas de la perturbación de la posesión (derechos limitativos, servidumbres, usufructos, etc.).
Cuando se pretende la suspensión de una obra nueva (requiere una actuación rápida mediante juicio verbal).
Cuando se pretende la demolición de una obra ruinosa (un edificio, un árbol, etc.).
4 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil - Cualquier aspecto ligado al pleno disfrute de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad.
Reclamaciones de alimentos.
Acción de rectificación de hechos inexactos (que puede ir ligada a alguna acción de derechos fundamentales).
Incumplimiento por parte del comprador de obligaciones derivadas de compraventas a plazos à Las ventas a plazos de bienes muebles.
Supuestos de arrendamientos financieros1.
Acción de cesación en materia de consumidores y usuarios (acción de cesación en intereses colectivos).
Relaciones del menor con familiares (progenitores, abuelos, etc.).
Calificaciones registrales negativas.
Cualquier cuestión que tenga una cuantía inferior a 6.000€.
Se deciden en juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía (art. 249.1 LEC): Se deciden en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía (art. 250.1 LEC): 1º. Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.
1º. Las demandas que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractualmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana, dada en arrendamiento, ordinario o financiero, o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.
2º. Las demandas que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.
3º. Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles.
4º. Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de 2º. Las demandas que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.
3º. Las demandas que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.
4º. Las demandas que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado de su disfrute.
                                                                                                                El arrendamiento financiero es como un contrato a 3 bandos en el sentido de que cuando alguien quiere comprar un bien y no tiene dinero para hacerlo, puede acudir a un tercero para que compre el bien y éste que inicialmente lo quería comprar le pague un alquiler a este tercero para finalmente acabar adquiriendo el bien en cuestión.
1 5 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame.
5º. Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo las acciones de cesación que se tramitarán por el juicio verbal.
6º. Las demandas que versen sobre cualquier asunto relativo a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario, del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia.
7º. Las demandas que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.
8º. Cuando se ejerciten las acciones que otorga la Ley de Propiedad Horizontal a las Juntas de Propietarios, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda.
5º. Las demandas que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva.
6º. Las demandas que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.
7º. Las demandas que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.
8º. Las demandas que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.
9º. Las demandas que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.
10º. Las demandas que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.
11º. Las demandas que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que en ambos casos estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en 6 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil su caso.
12º. Las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.
13º. Las acciones que pretenden la efectividad de las relaciones de los hijos menores con sus abuelos y otros parientes y allegados (art. 160 CC).
14º. El control judicial de las calificaciones registrales negativas (art. 328 LH).
5. Determinación del juicio aplicable por la cuantía - Distribución La Ley utiliza la cuantía de la demanda como criterio supletorio para asignar los asuntos civiles a uno de los tipos de juicio declarativo (juicio ordinario o juicio verbal): Ø El juicio verbal asume las demandas cuya cuantía NO EXCEDA DE 6.000€ (art. 250.2 LEC).
Ø El juicio ordinario acoge las demandas que excedan de dicha cifra (demandas de cuantía SUPERIOR A 6.000€) y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, aun de modo relativo (art. 249.2 LEC).
Cuantía juicio ordinario (art. 249.2 LEC): Cuantía juicio verbal (art. 250.2 LEC): Más de 6.000€ Cuantía inestimada Hasta 6.000€ La LEC recoge una serie de reglas económicas que ayudan a calcular la cuantía de la demanda en los supuestos más variados (arts. 251 y 252 LEC): La cuantía se fijará según el interés económico de la demanda, que se calculará de acuerdo con las reglas siguientes (art. 251 LEC): 1. Si se reclama una cantidad de dinero determinada, la cuantía de la demanda estará representada por dicha cantidad, y si falta la determinación, aun en forma relativa, la demanda se considerará de cuantía indeterminada.
2. Cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes muebles o inmuebles, con independencia de que la reclamación se base en derechos reales o personales, se estará al valor de los mismos al tiempo de interponerse la demanda, conforme a los precios Comentarios de clase: Cuando se reclame una cantidad de dinero, el juicio versará sobre aquella cantidad de dinero.
Cuando se reclame la entrega de un bien, deberemos atender al valor de mercado de dicho bien.
7 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil corrientes en el mercado o en la contratación de bienes de la misma clase.
Para este cálculo podrá servirse el actor de cualesquiera valoraciones oficiales de los bienes litigiosos, sí no es posible determinar el valor por otros medios, sin que se pueda atribuir a los inmuebles un valor inferior al que conste en el catastro.
3. La anterior regla de cálculo se aplicará también: a) A las demandas dirigidas a garantizar el disfrute de las facultades que se derivan del dominio.
b) A las demandas que afecten a la validez, nulidad o eficacia del título de dominio, así como a la existencia o a la extensión del dominio mismo.
c) A aquellas otras peticiones, distintas de las establecidas en los dos casos anteriores, en que la satisfacción de la pretensión dependa de que se acredite por el demandante la condición de dueño.
d) A las demandas basadas en el derecho a adquirir la propiedad de un bien o conjunto de bienes, ya sea por poseer un derecho de crédito que así lo reconoce, ya sea por cualquiera de los modos de adquisición de la propiedad, o por el derecho de retracto, de tanteo o de opción de compra; cuando el bien se reclame como objeto de una compraventa, tiene preferencia como criterio de valoración el precio pactado en el contrato, siempre que no sea inferior en el caso de los inmuebles a su valor catastral.
e) Cuando el proceso verse sobre la posesión, y no sea aplicable otra regla de este artículo.
f) A las acciones de deslinde, amojonamiento y división de la cosa común.
4. En los casos en que la reclamación verse sobre usufructo o la nuda propiedad, el uso, la habitación, el aprovechamiento por turnos u otro derecho real limitativo del dominio no sujeto a regla especial, el valor de la demanda se fijará atendiendo a la base imponible tributaria sobre la que gire el impuesto para la constitución o transmisión de estos derechos.
5. El valor de una demanda relativa a una servidumbre será el precio satisfecho por su constitución si constare y su fecha no fuese anterior en más de cinco años. En otro caso, se estimará por las reglas legales establecidas para fijar el precio de su constitución al tiempo del litigio, cualquiera que haya sido el modo de adquirirla, y, a falta de ellas, se considerará como cuantía la vigésima parte del valor Cuando la reclamación sea sobre un usufructo o otros derechos reales, deberemos atender al valor de la base imponible de cuando se constituyó ese derecho.
En los casos de servidumbres, se deberá atender al precio que costaba la servidumbre en el momento de constituirse. Si han pasado más de 5 años existe una especialidad.
8 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil de los predios dominante y sirviente, teniendo en cuenta lo dispuesto en la regla segunda de este artículo sobre bienes muebles e inmuebles.
6. En las demandas relativas a la existencia, inexistencia, validez o eficacia de un derecho real de garantía, el valor será el del importe de las sumas garantizadas por todos los conceptos.
En las demandas relativas a la existencia de un derecho real de garantía, el valor será el del importe de las sumas garantizadas por todos los conceptos.
7. En los juicios sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o vitalicias, se calculará el valor por el importe de una anualidad multiplicado por diez, salvo que el plazo de la prestación fuera inferior a un año, en que se estará al importe total de la misma.
Prestaciones periódicas à Si el objeto de la reclamación es el derecho de alimentos, el valor se calcula por el importe de una anualidad de las prestaciones periódicas multiplicado por 10 (excepto si son de 1 año).
8. En los juicios que versen sobre la existencia, validez o eficacia de un título obligacional, su valor se calculará por el total de lo debido, aunque sea pagadero a plazos. Este criterio de valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo objeto sea la creación, modificación o extinción de un título obligacional o de un derecho de carácter personal, siempre que no sea aplicable otra regla de este artículo.
9. En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca fijada en el contrato.
10. En aquellos casos en que la demanda verse sobre valores negociados en Bolsa, la cuantía vendrá determinada por la media del cambio medio ponderado de los mismos, determinado conforme a la legislación aplicable durante el año natural anterior a la fecha de interposición de la demanda, o por la media del cambio medio ponderado de los valores durante el período en que éstos se hubieran negociado en Bolsa, cuando dicho período fuera inferior al año.
Si se trata de valores negociados en otro mercado secundario, la cuantía vendrá determinada por el tipo medio de negociación de los mismos durante el año natural anterior a la interposición de la demanda, en el mercado secundario en el que se estén negociando, o por el tipo medio de negociación durante el tiempo en que se hubieran negociado en el mercado secundario, cuando los valores se hayan negociado en dicho mercado por un período inferior al año.
En los juicios en los que se discute la validez o eficacia de un título obligacional, se entiende que la cuantía es el valor de todo lo que se debe.
En los juicios sobre arrendamientos de bienes, excepto si tienen por objeto reclamaciones de las rentas, la cuantía de la demanda será una anualidad de la renta.
En las reclamaciones ligadas a títulos valores que coticen en bolsa o mercados secundarios, se atenderé al valor medio de estos valores en el último año. Esto te obliga a reclamar un certificado de las entidades gestoras para que te acrediten su valor.
9 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil El tipo medio de negociación o, en su caso, la media del cambio medio ponderado, se acreditará por certificación expedida por el órgano rector del mercado secundario de que se trate.
Si los valores carecen de negociación, la cuantía se calculará de acuerdo con las normas de valoración contable vigentes en el momento de interposición de la demanda.
11. Cuando la demanda tenga por objeto una prestación de hacer, su cuantía consistirá en el coste de aquello cuya realización se inste o en el importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, sin que en este caso sean acumulables ambas cantidades, salvo si además de instarse el cumplimiento, se pretende también la indemnización.
El importe o cálculo de los daños y perjuicios habrá de ser tenido en cuenta cuando la prestación sea personalísima o consista en un no hacer, y ello incluso si lo que se insta con carácter principal es el cumplimiento.
Las reclamaciones a “hacer” o “no hacer” una actividad (no dinerarias, diferentes a la entrega de un bien) se valoran o bien por el valor de la prestación de “hacer” o “no hacer”, o bien por el valor que costaría la reclamación de los daños ligados a la misma.
12. En los pleitos relativos a una herencia o a un conjunto de masas patrimoniales o patrimonios separados, se aplicarán las reglas anteriores respecto de los bienes, derechos o créditos que figuren comprendidos en la herencia o en el patrimonio objeto del litigio.
Si no se trata de una única reclamación y son procedimientos en los que hay más de una parte, hay que atender al art. 252 LEC: Cuando en el proceso exista pluralidad de objetos o de partes, la cuantía de la demanda se calculará de acuerdo con las reglas siguientes (art. 252 LEC): Comentarios de clase: 1. Cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la cuantía de la acción de mayor valor. Idéntico criterio se seguirá para el caso de que las acciones estén acumuladas de forma eventual.
Las 2 acciones tienen un carácter principal (las podría reclamar perfectamente en un juicio aparte y cada una tiene un título independiente). EJ: Imaginemos que un propietario que compra un terreno (A) quiere tener un acceso a la carretera y este terreno está impedido por 2 fincas (la B y la C). Este derecho de paso lo podría reclamar en 2 juicios distintos (uno contra B y otro contra C). Si lo hace en único juicio atenderíamos a quien tiene el valor principal (deberíamos observar qué predio tiene mayor valor).
2. Si las acciones acumuladas provienen del mismo título o con la acción principal se piden 10 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de todas las acciones acumuladas. Pero si el importe de cualquiera de las acciones no fuera cierto y líquido, sólo se tomará en cuenta el valor de las acciones cuyo importe sí lo fuera.
Para la fijación del valor no se tomarán en cuenta los frutos, intereses o rentas por correr, sino sólo los vencidos. Tampoco se tomará en cuenta la petición de condena en costas.
Sin perjuicio de lo anterior, si las acciones acumuladas fueran la de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y la de reclamación de rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la acción de mayor valor.
3. Cuando en una misma demanda se acumulen varias acciones reales referidas a un mismo bien mueble o inmueble, la cuantía nunca podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa.
4. Cuando se reclamen varios plazos vencidos de una misma obligación se tomará en cuenta como cuantía la suma de los importes reclamados, salvo que se pida en la demanda declaración expresa sobre la validez o eficacia de la obligación, en que se estará al valor total de la misma. Si el importe de alguno de los plazos no fuera cierto, se excluirá éste del cómputo de la cuantía.
5. No afectarán a la cuantía de la demanda, o a la de la clase de juicio a seguir por razón de la cuantía, la reconvención ni la acumulación de autos.
6. La concurrencia de varios demandantes o de varios demandados en una misma demanda en nada afectará a la determinación de la cuantía, cuando la petición sea la misma para todos ellos. Lo mismo ocurrirá cuando los demandantes o demandados lo sean en virtud de vínculos de solidaridad.
7. Cuando la pluralidad de partes determine también la pluralidad de las acciones afirmadas, la cuantía se determinará según las reglas de determinación de la cuantía que se contienen en este artículo.
8. En caso de ampliación de la demanda, se estará también a lo ordenado en las reglas anteriores.
La Ley exige al actor un cálculo económico puntilloso, hasta el punto de requerirle justificación cumplida en la demanda de la cuantía de su reclamación (art. 253 LEC) à La cuantía debe necesariamente expresarse con claridad y precisión en la demanda.
11 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil ¿Qué pasa si la cuantía de la demanda no se determina correctamente? à Art. 254 y 255 LEC. Tanto el tribunal (art. 254 LEC) como el demandado (art. 255 LEC) pueden controlar la realidad de la cuantía de la demanda atribuida por el actor.
- Repercusión de la fijación de la cuantía La fijación de la cuantía no sólo determina el tipo de juicio aplicable sino que, además, repercute en las siguientes actividades: - - El cálculo de las tasas judiciales se aplican sobre la cuantía de la demanda, al inicio del juicio y en cada instancia o recurso.
La fijación del importe máximo de los honorarios de abogados y peritos recuperables mediante la condena en costas. ! La Ley limita este importe a la tercera parte de dicha cuantía (art. 394.3 LEC).
Con todo, lo más relevante es comprobar si la cuantía de la demanda alcanza o no el límite mínimo para interponer, en su caso, recurso de casación (art. 477.2.2º LEC à “Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros”.).
12 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil BLOQUE DE CONTENIDO II: PARTES TEMA 2: COMPARECENCIA EN JUICIO ü ü ü ü ü ü ü ü ü No se excluye a nadie como potencial usuario del sistema público de justicia.
Los posibles usuarios que promuevan un juicio se denominan técnicamente “partes procesales”.
Todas las personas, físicas o jurídicas, que el ordenamiento reconoce como tales, pueden ser parte en un juicio.
En los juicios tienen cabida también entes sin personalidad jurídica, más o menos organizados. EJ: Los grupos de consumidores o usuarios, la herencia yacente o las masas concursales.
Cualquier usuario en plenitud de sus derechos civiles puede acceder por si mismo al sistema público de justicia y actuar con entera libertad, según sus intereses.
Los usuarios con minusvalías jurídicas (menores de edad, incapaces, etc.) o con necesidades de asistencia personal (personas jurídicas, grupos, etc.) deben comparecer y actuar asistidos por sus representantes legales o nombrados expresamente.
El sistema público de justicia trata de controlar el acceso de los usuarios en cada juicio que se promueve, intentando como un filtro previo, que técnicamente recibe el nombre de “legitimación”.
La aspiración es que el usuario aparezca desde el principio como posible titular del derecho que pretende hacer valer.
En la mayoría de casos, sin embargo, esa comprobación no se puede hacer sin decidir a la vez sobre el fondo de la controversia.
1. El ciudadano como parte procesal Cuando hablamos de comparecencia nos referimos a la “comparecencia de las partes en el juicio”. La parte es uno de los elementos personales del juicio, juntamente con el tribunal. Así, el ciudadano es uno de los elementos personales que intervienen en el juicio, pero: ¿quién son las otras personas que también intervienen? à son el Fiscal, el Juez, los peritos, los testigos, etc.
Cuando el ciudadano interviene en juicio se le denomina “parte procesal” (parte actora, parte demandada, parte querellante, etc.).
El ciudadano ostenta una posición dinámica à a medida que el procedimiento avanza en sus diferentes fases, el ciudadano pasa de denominarse “demandante/demandado” a “apelante/apelado” o a “recurrente/recurrido” y, al fin, “ejecutante/ejecutado”. Esto se observa cuando, por ejemplo, quien ha puesto la demanda en primera instancia (“demandante”) acaba siendo el “recurrido”.
La actividad que realizan las partes en el procedimiento se denomina “acción” (de las 2 partes, tanto demandante como demandado). Por su parte, la actividad del tribunal (Jueces y Magistrados) se denomina “jurisdicción”.
La posición de las partes, además de ser dinámica, también es bilateral à siempre hay una parte actora y una parte demandada. Otra cosa distinta a la bilateralidad es que en una misma parte haya diferentes personas (esto se denomina “litisconsorcio”, diversos demandantes o demandados). EJ: 2 hermanos que por herencia demandan a los otros 2 hermanos.
No debemos confundir el litisconsorcio con la bilateralidad. Siempre habrá 2 partes en el juicio con independencia de que dentro de cada una de ellas puedan haber más personas.
13 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Se requiere bilateralidad y EQUILIBRIO à equilibrio en el sentido de que existen unas garantías constitucionales de procedimiento que obligan a tratar igual a les partes en expectativas y cargas procesales. Por tanto, la posición de las partes es dinámica, bilateral y con equilibrio.
Por último, la carga de identificar al actor i al demandado corresponde siempre al demandante, que deberá identificarlo en su escrito de demanda (art. 399.1 LEC). Lógicamente, quien interpone la demanda debe identificar a las 2 partes à a sí mismo y al otro.
Dicha identificación debe contener: nombre, apellidos, D.N.I., domicilio, lugar de localización, estado civil, profesión, denominación social, rótulo del establecimiento, etc.
La discusión que pueda plantearse al respecto se incluye en la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconvención (art. 416.1.5ª LEC) y debe, como muy tarde, clarificarse en la audiencia previa (art. 424 LEC).
2. Comparecencia en juicio ¿Cómo actúan las partes en el juicio? ¿Cómo se concreta su actuación en el juicio? à arts. 6 y 7 LEC.
Tradicionalmente, la comparecencia en juicio se explica aplicando las teorías del derecho civil, esto es: se utilizan las categorías del derecho civil (capacidad jurídica y capacidad de obrar) y se aplican al derecho procesal. En derecho civil, la capacidad jurídica es la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones; en cambio, la capacidad de obrar es la capacidad de ejercitar dichos derechos y obligaciones.
En el derecho procesal esto se traduce en: capacidad para ser parte (art. 6 LEC) y capacidad procesal: comparecencia al juicio (art. 7 LEC): Ø La capacidad para ser parte equivale a la capacidad jurídica en derecho civil, que significa la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones procesales. Se entiende como la aptitud genérica para ser sujeto del juicio, para ser titular de la acción.
Ø La capacidad procesal equivale a la capacidad de obrar en derecho civil, es decir: la posibilidad de ejercitar estos derechos y obligaciones procesales. Se entiende como la aptitud para comparecer en juicio y por lo tanto, realizar y ejecutar válidamente actos de parte.
CAPACIDAD PARA SER PARTE (art. 6 LEC) 1. Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles: A) Las personas físicas.
B) El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.
C) Las personas jurídicas.
D) Las masas patrimoniales o los patrimonios COMPARECENCIA EN JUICIO (art. 7 LEC) 1. Sólo podrán comparecer en juicio los que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
14 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
E) Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.
F) El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte.
G) Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados.
H) Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de intereses difusos de los consumidores y usuarios.
2. Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas, en todo caso, las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado.
2. Las personas físicas que no se hallen en el caso del apartado anterior habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley.
3. Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido.
4. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen.
5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el número 4º del apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren.
6. Las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el número 5º del apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio de dichas entidades.
7. Por las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el número 7º del apartado 1 y el apartado 2 del 15 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil artículo anterior comparecerán en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros.
8. Las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos a concurso y los modos de suplirlas se regirán por lo establecido en la Ley Concursal.
- Personas físicas Las personas físicas pueden comparecer en juicio directamente por sí mismos cuando estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles (art. 7.1 LEC), esto es: cuando sean mayores de 18 años y no concurra en ellas ninguna de las causas legales de incapacidad (que son: la menoría de edad y cualquier circunstancia que da lugar a la declaración de incapacidad o al nombramiento de un tutor o curador).
La concurrencia de una causa de incapacidad determina la necesidad de ayuda para comparecer en juicio (lo mismo ocurre en caso de ausencia legal). EJ: Los menores de edad normalmente serán representados por los padres i si no tuvieran, por el tutor o el curador; los incapaces también tienen un curador o tutor y éste será el que actuara en su nombre en el juicio; los “ausentes” pueden ser declarados en “ausencia” por la familia y se nombra a un representante para que actúe en su nombre.
Las personas físicas que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles tienen que comparecer en juicio mediante la representación o con la asistencia, autorización, habilitación o el defensor exigidos por la ley (art. 7.2 LEC).
- Personas jurídicas Por su propia naturaleza, la persona jurídica no puede valerse de sí misma para actuar en el tráfico jurídico sino que su operatividad tiene que valerse de personas físicas à actúan a través de un representante porque la persona jurídica (una SA, una SL, asociaciones, fundaciones, etc.) es un ente abstracto. Así lo prevé también la ley (art. 7.4 LEC): “las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen” (normalmente será el representante que consta en los estatutos de la sociedad).
- Entidades sin personalidad jurídica Por último, la ley procesal admite como partes a entidades sin personalidad jurídica (no tienen personalidad jurídica pero sí capacidad para actuar en un juicio, esto es: para comparecer, para demandar i para ser demandadas). Los casos más relevantes son: ü Las agrupaciones indeterminadas de personas que mediante sus aportaciones económicas persiguen una finalidad común. EJ: la comisión que organiza un viaje de fin de carrera de los alumnos de una Facultad, un congreso o convención, la comisión liquidadora de un concurso de acreedores, etc.
Tienen capacidad para ser parte, pero en juicio son representadas por quien actúa en nombre de la agrupación ante terceros (EJ: el cabecilla, el que recoge el dinero para el viaje, etc.).
16 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil ü Las sociedades irregulares, que son aquellas que han omitido las formalidades exigidas por la ley (EJ: no tienen estatutos o no están inscritas en el Registro Mercantil) para su reconocimiento como persona jurídica (NO tienen personalidad jurídica).
La falta de dichas formalidades no les impide celebrar cualquier tipo de contrato y aparecer externamente como entidades regularmente constituidas. La ley reconoce la figura y la alude expresamente como parte pasiva del pleito (art. 6.2 LEC), pero por ellas han de comparecer las personas que de hecho o en virtud de pactos actúen en su nombre frente a terceros (art. 7.7 LEC).
ü Las comunidades de propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal no les atribuye personalidad jurídica pero sí que pueden actuar en un juicio à la ley atribuye a su presidente la representación en juicio y fuera de él en los asuntos que les afecten. EJ: Cuando hay un vecino que no paga los gastos de comunidad se le puede demandar (las partes serán la comunidad de vecinos y el vecino moroso).
ü Los grupos de consumidores o usuarios (normalmente demandan, son parte actora). No cualquier grupo de consumidores o usuarios sino los que reúnen unas características determinadas: han sido afectados por un hecho dañoso, están compuestos por individuos determinados o fácilmente determinables y se constituyan con la mayoría de los afectados (art. 6.7 LEC). Estos grupos no tienen personalidad jurídica pero tienen capacidad para actuar en el procedimiento à por ellas comparecen en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos, actúen en su nombre frente a terceros (art. 7.7 LEC).
ü Las masas patrimoniales que transitoriamente no tienen titular. EJ más representativos: la herencia yacente (herencia en la que todavía no se sabe quien son los herederos) y la masa del concurso de acreedores (en un procedimiento concursal, los bienes de la sociedad concursada transitoriamente no tienen titular – el concursado está “privado” de sus bienes). La ley les reconoce la posibilidad de ser parte en el juicio (art. 6.4 LEC), compareciendo por medio de quienes las administren conforme a la ley (art. 7.5 LEC).
3. Legitimación En derecho procesal se añade una última categoría denominada “legitimación” (art. 10 LEC). La legitimación se refiere a la posibilidad o capacidad de poder ejercitar los derechos y obligaciones en un procedimiento concreto. La capacidad procesal, en cambio, hace referencia a la posibilidad de actuar en cualquier procedimiento (en la legitimación nos referimos a un procedimiento concreto).
El objetivo de la legitimación es determinar quiénes son las partes concretas de un juicio singular à están legitimadas en un juicio concreto las partes procesales, por el mero hecho de serlo.
La demanda nos dice quiénes son estas partes procesales à por lo tanto, estará legitimada activamente en un juicio concreto la persona que haya interpuesto la demanda y estará legitimada pasivamente la persona frente a quien se dirige la demanda.
17 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Si no tienes nada que ver con el procedimiento no van a dejar decirte nada. La doctrina más moderna viene a decir que está legitimado el que propone la demanda por el hecho de interponerla y la parte demandada por el simple hecho de que la demanda va contra él. Ahora bien, tradicionalmente (en atención a la doctrina tradicional), la legitimación se relaciona con el fondo del asunto que se discute, con lo que sólo estarán legitimados aquellas personas que ostenten un derecho sobre lo que se está discutiendo à la legitimación es titularidad del derecho litigioso.
- Legitimación ordinaria y extraordinaria Hay 2 tipos de legitimación à una ordinaria (o legitimación directa) i una extraordinaria (o legitimación indirecta). La primera se regula en el art. 10.1 LEC y la segunda en el art. 10.2 LEC.
Ø Legitimación ordinaria (o directa) à “Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso” (art. 10.1 LEC). En la legitimación ordinaria, quien comparece en el procedimiento es el titular de la relación jurídica controvertida.
Ø Legitimación extraordinaria (o indirecta) à “Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular”. En la legitimación extraordinaria quien comparece en el procedimiento NO es el titular de la relación jurídica controvertida sino que es una persona que actua en nombre de otra. Por ley la legitimación se atribuye a una persona distinta del titular. El fenómeno se conoce en la doctrina procesal como “sustitución procesal”.
EJ: El art. 1111 CC permite la substitución. Esto es: el CC permite al creditor ejercitar las acciones que corresponderían a su deudor contra al deudor de su deudor. Por ejemplo, C es creditor de B y a su vez, B es creditor de A. A no paga a B, de manera que B no puede saldar su deuda con C. Si B no reclama a A la cantidad que le debe, puede hacerlo C (aun cuando no es el titular de la relación jurídica controvertida, que se da entre A y B).
- Legitimación de grupos La LEC contiene también una norma específica sobre la legitimación de grupos de consumidores y usuarios que pretendan actuar en defensa de sus intereses y derechos (art. 11 LEC).
Esta legitimación no es ni ordinaria ni extraordinaria y por eso se regula a parte. Los diferentes supuestos de esta legitimación son: - Un perjudicado que actua individualmente. Si es persona física, mayor de edad y sin incapacidad, el sólo podrá presentar una demanda (legitimación ordinaria).
- Los grupos de consumidores y usuarios están legitimados a formar parte del procedimiento en nombre de su representante. En este caso el grupo deberá cumplir con los 3 requisitos que le exige la ley: verse afectado por un hecho dañoso, que sus componentes estén determinados o sean fácilmente determinables y que se constituyan con la mayoría de los afectados. La asociación es diferente de los grupos de consumidores y usuarios.
18 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil El art. 11.2 LEC da legitimación a los 2, tanto a los grupos de consumidores y usuarios como a las asociaciones. Lo que no responde la LEC es: ¿qué pasa si no están de acuerdo la asociación y el grupo de consumidores y usuarios?. La LEC tampoco resuelve que ocurre si presenta la demanda la asociación y luego quiere comparecer el grupo de consumidores y usuarios (y viceversa).
- Grupos de consumidores y usuarios indeterminados. Para que los grupos de consumidores y usuarios tengan legitimación para actuar en un procedimiento tienen que cumplir con los 3 requisitos, si falla alguno de ellos (son acumulativos) NO tienen legitimación (podrán interponer la demanda individualmente o con la asociación, pero no como grupo de consumidores y usuarios).
Así, en cuanto a los grupos de consumidores y usuarios indeterminados o de difícil determinación (es decir, de intereses “difusos”), la ley restringe el acceso al litigio a las asociaciones representativas.
- Por último, el art. 11 bis LEC, da legitimación para actuar en juicio a sindicatos y asociaciones que representen los derechos de las mujeres.
LEGITIMACIÓN PARA LA DEFENSA DE DERECHOS E INTERESES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (art.11 LEC): 1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios.
2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.
4. Asimismo, el Ministerio Fiscal y las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8º estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
4. ¿Hasta dónde se debe controlar el acceso de usuarios? La LEC determina quien puede y quien no puede actuar en un juicio.
¿Cómo se controla que quien va a juicio es quien debe ir? à la ley ha echado sobre las espaldas del tribunal la carga de controlar de oficio la comparecencia regular (art. 9 LEC). Desde luego, las partes pueden sumarse al control mediante la correspondiente alegación de los defectos que observen (art.
416.1.1ª LEC), e incluso mediante una cuestión incidental (art. 391.1 LEC).
De esta manera: 19 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil ü Hay un control de oficio à el propio juez controla que quien comparece en el juicio puede hacerlo.
ü También hay un control a instancia de parte à la parte contraria controla la capacidad procesal, la capacidad para ser parte y la legitimación del otro.
ü Esto se discute en la audiencia previa. Ello es así porque la audiencia previa es un momento idóneo para solucionar las cuestiones que ponen en duda el éxito del litigio. Aparte de la audiencia previa, se puede discutir también como cuestión incidental.
Cualquier defecto que exista en relación con la capacidad para ser parte, la capacidad procesal o la legitimación será SUBSANABLE (art. 418 LEC). Si partimos del principio general de que debe facilitarse el acceso del ciudadano a la justicia, es comprensible que ante cualquier defecto que pueda darse, el juez permita su subsanación. Ello tiene 2 implicaciones: - - No deben permitirse sentencias absolutorias en una instancia. Son aquellas sentencias que, después de haber celebrado todo el procedimiento, desestiman por un problema de capacidad procesal, legitimación o capacidad para ser parte.
Normalmente, los temas relacionados con la capacidad procesal, la capacidad para ser parte y la legitimación se resuelven en la parte preliminar del juicio. No tenemos que esperar a resolver el juicio para depurar estos defectos.
5. Sucesión procesal La sucesión procesal se da cuando en un juicio pendiente (tiene que ser un procedimiento INICIADO) se sustituye una parte por otra persona que ocupa su posición procesal por haber devenido titular de los derechos sobre la cosa litigiosa.
La sucesión procesal puede darse por 3 motivos: ü La sucesión procesal por muerte (sucesión mortis causa à art. 16 LEC). EJ: Una persona muere en un accidente de coche y sus sucesores ocupan su posición.
ü La sucesión procesal por transmisión del objeto litigioso (sucesión inter vivos à art. 17 LEC).
ü Y la sucesión procesal en los casos de intervención provocada (art. 18 LEC).
Los 2 primeros casos son hipótesis típicas de sucesión pero la intervención provocada no es propiamente una sucesión procesal sino que es la intervención de personas que no han sido inicialmente demandadas y la pide el demandado (quien provoca la intervención es el demandado).
En la sucesión por muerte la ley establece el mecanismo que permite a los sucesores incorporarse al juicio pendiente y las soluciones posibles a su incomparecencia (rebeldía, desestimiento, renuncia), según la postura procesal en que ocurra la sucesión.
En la sucesión por transmisión del objeto litigioso se da audiencia a la otra parte respecto del eventual cambio de parte. A la vista de lo alegado, el tribunal puede autorizar o no la sucesión. En este último caso, el transmitente debe continuar el juicio, sin perjuicio de las relaciones privadas que mantenga con el adquirente.
20 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 3: PLURALIDAD DE PARTES ü ü ü ü En principio, el acceso al sistema público de justicia es voluntario. Nadie está obligado a litigar si no quiere y, en todo caso, lo hace defendiendo sus derechos individuales.
Pero cuando un litigio puede afectar a la vez a varios usuarios, el sistema trata de armonizar los diversos intereses en juego.
Si la situación controvertida implica a varios usuarios a la vez, sin posibilidad de decidir para cada uno de ellos por separado, se llama a todos a juicio conjuntamente.
Si además del usuario que está utilizando el sistema, se evidencian otros posibles usuarios que pudieran estar interesados en el litigio, se abre la puerta a su llamada a juicio o a dejarles acceder si se presentan voluntariamente.
1. Litisconsorcio En el juicio civil el principio de dualidad de partes se presenta en 2 posturas antagónicas: la parte demandante y la parte demandada. Ahora bien, es posible que ambas posturas estén integradas por una pluralidad de personas, es decir: varios demandantes o varios demandados. Cuando esto ocurre se habla de pluralidad de partes o litisconsorcio, que puede ser de 3 clases: v Litisconsorcio activo, que se da cuando la pluralidad de partes se produce en la posición del demandante.
v Litisconsorcio pasivo, cuando el hecho afecta a la parte demandada. El litisconsorcio necesario solo se produce en la parte demandada y por eso hablamos de: “litisconsorcio necesario pasivo”.
v Y litisconsorcio mixto, cuando existe pluralidad de demandantes y demandados.
Pero los supuestos más relevantes y a los que alude expresamente la ley (art. 12 LEC) son el litisconsorcio voluntario y el litisconsorcio necesario.
2. Litisconsorcio voluntario El litisconsorcio voluntario, simple o facultativo se produce cuando una pluralidad de personas actúa en un mismo juicio, por razones de oportunidad o conveniencia y en base a algun principio de conexión entre sí.
Su finalidad es tratar conjuntamente y de forma unitaria en un solo juicio uno o varios problemas frente a una pluralidad de personas; de ahí que se aconseje acudir al mismo sólo cuando del tratamiento unitario se obtengan verdaderas ventajas ocasionales o de contenido meramente económico.
La LEC se refiere expresamente a él, señalando sus presupuestos: “podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir” (art. 12.1 LEC). Se trata de una acumulación subjetiva de acciones, que se siguen en un único juicio y a las que se da respuesta en la misma sentencia.
3. Litisconsorcio pasivo necesario 21 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil - Demandados llamados conjuntamente a juicio El litisconsorcio pasivo necesario consiste en una pluralidad de demandados en un mismo juicio, cuya presencia simultánea viene exigida por el carácter único e indivisible del objeto del juicio.
Aquí ya no es un criterio de oportunidad el que permite que varias partes actúen conjuntamente en el juicio sino que se trata de un criterio de necesidad el que impone la presencia de varios litigantes en el mismo juicio. Esta obligatoriedad NO puede extenderse a la posición de parte demandante (por eso solo el litisconsorcio pasivo se prevé como necesario à NO existe litisconsorcio activo necesario porque no puede compelerse a nadie a demandar).
La concurrencia simultánea de demandados es precisa, con carácter restrictivo, en casos concretos, según señala la ley: “cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa” (art. 12.2 LEC).
Las hipótesis tienen que considerarse con carácter restrictivo à EJ: obligaciones indivisibles, acciones de estado, acciones de nulidad de un acto, contrato o negocio jurídico que afecte a una pluralidad de personas, etc. En todo caso, el objeto litigioso es el que debe imponer la necesidad de presencia de una pluralidad de demandados.
- Falta de litisconsorcio pasivo necesario Cuando el demandante omita la citación a juicio de un litisconsorte pasivo necesario, cualquiera de los demandados puede denunciar dicha omisión mediante la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario (art. 416.1.3ª LEC).
Cuando la excepción era estimada determinaba la absolución del juicio en la instancia, dejando imprejuzgada la acción, es decir: sin entrar en el fondo del asunto. Esta solución es antieconómica y desproporcionada.
La excepción sirve para invocar las circunstancias que justifican la presencia simultánea de varios sujetos en el juicio, pero no es un fin en si mismo. Si efectivamente el objeto del juicio lo impone, lo lógico y razonable es llamar a todos los interesados, tal como prescribe la ley.
- Integración del juicio La ley ha tratado de poner coto a que un juicio se aborte por falta de litisconsorcio necesario. Cuando un demandado alega esta excepción, siempre es posible integrar el juicio con la parte echada en falta. En unos casos, el propio actor se puede adelantar, solicitando el emplazamiento del litisconsorte preteido.
En todos los casos, debatidos los pros y los contras en la audiencia previa o en la vista del juicio verbal, si el tribunal considera procedente el litisconsorcio, debe otorgar un plazo al actor para que 22 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil complete el ámbito subjetivo de la litis. En estos casos, se espera por la contestación del nuevo litigante, antes de proseguir el juicio (art. 420 LEC).
POSIBLE INTEGRACIÓN VOLUNTARIA DE LA LITIS. RESOLUCIÓN EN CASOS CONTROVERTIDOS DE LITISCONSORCIO NECESARIO (art. 420 LEC): 1. Cuando el demandado haya alegado en la contestación falta del debido litisconsorcio, podrá el actor, en la audiencia, presentar, con las copias correspondientes, escrito dirigiendo la demanda a los sujetos que el demandado considerase que habían de ser sus litisconsortes y el tribunal, si estima procedente el litisconsorcio, lo declarará así, ordenando emplazar a los nuevos demandados para que contesten a la demanda, con suspensión de la audiencia.
El demandante, al dirigir la demanda a los litisconsortes, sólo podrá añadir a las alegaciones de la demanda inicial aquellas otras imprescindibles para justificar las pretensiones contra los nuevos demandados, sin alterar sustancialmente la causa de pedir.
2. Si el actor se opusiere a la falta de litisconsorcio, aducida por el demandado, el tribunal oirá a las partes sobre este punto y, cuando la dificultad o complejidad del asunto lo aconseje, podrá resolverlo mediante auto que deberá dictar en el plazo de cinco días siguientes a la audiencia. En todo caso, ésta deberá proseguir para sus restantes finalidades.
3. Si el tribunal entendiere procedente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a diez días. Los nuevos demandados podrán contestar a la demanda dentro del plazo establecido en el artículo 404, quedando entre tanto en suspenso, para el demandante y el demandado iniciales, el curso de las actuaciones.
4. Transcurrido el plazo otorgado al actor para constituir el litisconsorcio sin haber aportado copias de la demanda y documentos anejos, dirigidas a nuevos demandados, se pondrá fin al proceso por medio de auto y se procederá al archivo definitivo de las actuaciones.
4. Intervención de terceros Por exclusión, se considera terceros a todas aquellas personas que no figuran como demandantes o demandados en un juicio pendiente.
El hecho de que personas no litigantes puedan resultar afectadas por un juicio pendiente es algo que no se soluciona en todos los casos con los límites subjetivos de la cosa juzgada. La institución procesal adecuada en relación con un juicio pendiente es la intervención.
La intervención supone la posibilidad de que un tercero se introduzca en un juicio pendiente y adquiera la condición de parte utilizando todas las oportunidades procesales no trasncurridas para su defensa. De esta manera, el tercero puede defenderse preventivamente de los riesgos de una sentencia firme que de alguna manera le pueda resultar perjudicial.
La ley recoge la institución, y la regula en sus 3 modalidades: v Intervención voluntaria (art. 13 LEC).
v Intervención provocada (art. 14 LEC).
v Intervención en caso de acciones de grupo (art. 15 LEC).
23 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil - Intervención voluntaria La intervención voluntaria es aquella en la que el propio tercero, advertido de la pendencia del juicio, muestra interés por incorporarse a él y toma la iniciativa, solicitándolo al tribunal. La ley lo admite con carácter general siempre que se acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito (art. 13.1 LEC).
- Intervención provocada La intervención provocada se da cuando la iniciativa de la llamada a juicio la toma alguna de las partes, que tiene interés en que el tercero se incorpore al juicio (art. 14 LEC).
Las actuaciones de intervención provocada quedan limitadas a las hipótesis en que la ley lo permita.
- Intervención en juicios sobre intereses colectivos La tercera hipótesis que prevé la ley es la relativa a las posibilidades de intervención en los juicios para la protección de intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. En estos casos parece que la ley inclina la balanza a favor de las asociaciones pero en cada caso concreto habrá que considerar los intereses en juego.
ü Como regla general, la ley prevé la difusión de una demanda que reúna las características de acción de grupo, llamando a juicio a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio (art. 15.1 LEC).
ü Si el grupo es determinado o fácilmente determinable, se exige comunicar previamente la presentación de la demanda a todos los perjudicados por el hecho dañoso e interesados (art. 15.2 LEC).
ü Cuando el grupo es indeterminado, se efectúa un llamamiento genérico a los posibles interesados y se sigue el juicio exclusivamente con los que comparezcan (art 15.3 y 4 LEC). El resto puede aprovecharse de las ventajas que eventualmente les reconozca la sentencia (arts. 221 y 519 LEC).
24 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 4: DEFENSA Y REPRESENTACIÓN ü ü ü ü ü ü La ley no deja solos a los usuarios en los litigios que les afectan. Consciente de las dificultades de todo tipo que se originan, por regla general, impone la intermediación obligatoria de profesionales jurídicos especializados.
Las profesiones jurídicas que se ocupan específicamente de los pleitos son la abogacía y la procuraduría.
El abogado asume todas las actividades de defensa de las partes en un juicio.
El procurador de los tribunales representa formalmente a las partes ante el tribunal y gestiona todas las comunicaciones que se producen.
Cualquier defecto que pueda afectar a la defensa o representación de una parte debe ser subsanado de inmediato.
Existen procedimientos específicos para reclamar los gastos de estos profesionales ligados al pleito.
1. La garantía de defensa y representación En la mayoría de los casos la actuación procesal de la parte está mediatizada por profesionales jurídicos. La complejidad de la materia jurídica y el formalismo de los ritos procesales ponen fuera del alcance de los particulares su postulación directa ante los tribunales de justicia. Surge así la necesidad de colaboración de personas técnicas para el mejor auxilio a la administración de justicia y para la facilitación del juicio à ello se traduce en la necesidad de intermediarios profesionales entre la parte y los tribunales de justicia.
Además, el hecho de quedar vedada a una parte su actuación directa en el juicio va acompañada de una garantía constitucional: la defensa y representación técnica (art. 24.2 CE).
Como regla general, se exige la personación por medio de procurador de los tribunales y la defensa por abogado. En todo caso, las partes tienen libertad para escoger a los profesionales que las representen y defiendan, sin perjuicio de la designación de abogado y procurador por el sistema de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuando el usuario tenga derecho al servicio.
2. Defensa de las partes: el abogado La defensa técnica de las partes está encomendada a la institución de la abogacía y los individuos que profesan en ella reciben el nombre de abogados.
En relación con un juicio, el abogado es el que da un contenido técnico-jurídico a las pretensiones de su cliente à oye el caso, lo enfoca, lo estudia, programa su desarrollo. Recoge las pruebas que en su día ha de aportar al juicio, y si es necesario, visita el lugar o la cosa litigiosa. En definitiva, pondera cuál es la solución que más conviene a los intereses de su cliente.
El resultado de estas “respuestas prudentes” del abogado se exterioriza: ya sea en los escritos que componen las actuaciones judiciales, ya sea en sus informes de viva voz en las actuaciones regidas por el principio de la oralidad.
La intervención de abogado comienza cuando de forma expresa o tácita acepta el encargo que le ha sido confiado realizando cualquier gestión o firmando un escrito, o estableciendo una relación de asesoramiento más permanente con su cliente. No obstante, en el curso de un mismo asunto puede cambiarse de abogado.
25 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil ¿Cómo se defienden las partes?: v Por medio de abogado (regla general obligatoria).
v Por si mismas (excepcionalmente).
v Pueden usar abogado, aun cuando no sea obligatorio.
- Defensa obligatoria por medio de abogado La norma general para todos los juicios es la defensa obligatoria por medio de abogado, salvo que concurra alguna de las excepciones previstas en la ley (art. 31.1 LEC).
INTERVENCIÓN DE ABOGADO (art. 31 LEC): 1. Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrán proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.
2. Exceptúanse solamente: a) Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000€ y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
b) Los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado también deberá éste firmar el escrito, si fuera posible.
- Defensa de las partes por sí mismas La defensa de las partes por sí mismas es posible en una serie de casos que se conciben como excepción a la regla anterior de intervención obligatoria de abogado. Son los siguientes (art. 31.2 LEC): - - Los juicios verbales de cuantía inferior a 2.000€.
La petición inicial de los juicios monitorios.
Los escritos que tienen por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensión se funda en causas que se refieren especialmente al abogado, si es posible éste también debe firmar el escrito.
Los actos de conciliación (art. 10.1º LEC 1881).
Los actos de jurisdicción voluntaria de cuantía determinada que no exceda de 2.400€ (art. 10.3º LEC 1881).
- Defensa voluntaria por medio de abogado - Incluso en el caso en que no es necesaria la defensa por medio de abogado, las partes pueden utilizarla voluntariamente. La ley impone al actor o demandado la obligación de comunicar que van a hacer uso de la garantía.
La ley también recuerda a los litigantes la posibilidad de que soliciten asistencia jurídica gratuita y es un poco más previsora porque admite el asesoramiento previo (art. 32 LEC).
26 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil En estos casos, la ley penaliza la recuperación de los gastos de abogado y procurador (art. 32.5 LEC): “Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere el art. 394.3 LEC. También se excluirán, en todo caso, los derechos devengados por el procurador como consecuencia de aquellas actuaciones de carácter meramente facultativo que hubieran podido ser practicadas por las Oficinas judiciales”.
3. Representación de las partes: el procurador de los tribunales - Intervención del procurador de los tribunales La representación ad litem de las partes está asumida por el procurador de los tribunales: ü La norma general es la representación obligatoria por medio de procurador de los tribunales (art.
23.1 LEC).
ü Las partes pueden comparecer por sí mismas en los mismos casos en que no se necesita abogado (art. 23.2 LEC).
ü Es posible en todo caso la representación voluntaria por medio de procurador de los tribunales, asumiendo el coste de su intervención.
INTERVENCIÓN DE PROCURADOR (art. 23 LEC): 1. La comparecencia en juicio será por medio de Procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por si mismos: a) En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
b) En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas.
c) En los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
3. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.
- El poder El poder designa la celebración del negocio de apoderamiento, cuando el propio documento recoge tal declaración de voluntad de la parte. Otorgando el poder, el cliente designa e individualiza 27 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil particularmente al procurador que ha de representarle (! también se admite la sustitución del procurador si no consta expresamente la prohibición del cliente).
Por otro lado, el poder también designa el contenido o conjunto de facultades que se atribuyen al procurador. La ley detalla minuciosamente los diversos contenidos (art. 25 LEC): ü Normalmente se denomina “poder general para pleitos” a aquel que sirve para el ejercicio de la representación procesal (art. 25.1 LEC).
ü Al lado de este poder general, se exige “poder especial” del procurador o bien ratificación del poderdante para los negocios dispositivos del derecho o del juicio (art. 25.2 LEC).
ü Existen también actos personalísimos del poderdante, que no pueden entenderse con el procurador (art. 25.3 LEC).
Forma del poder à el poder tiene que ser EXPRESO. Por regla general tiene que constar en escritura pública (autorizado por notario) pero el representante también puede ser designado apud acta por comparecencia ante el secretario judicial del juzgado (art. 24 LEC).
La gestión del procurador se inicia cuando éste acepta tal representación de una forma expresa o tácita. Normalmente, la aceptación del poder se presupone cuando el procurador hace uso del poder (art. 26.1 LEC).
El procurador cesa en su representación, entre otras causas, por (art. 30 LEC): - Revocación del poder, - Renuncia, - Cese en la profesión, - Fallecimiento del procurador - Y por la terminación del asunto.
- ¿Qué hace el procurador de los tribunales? La gestión del procurador no viene sólo determinada por las reglas genéricas del mandato (art. 27 LEC), sino que las propias leyes procesales le imponen unas cargas determinadas. Entre éstas, las generales son las siguientes (arts. 26.2 y 28 LEC): ü Seguir el asunto mientras no cese en su representación.
ü Tener al poderdante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto.
ü Intermediar todas las comunicaciones que se generen en el asunto tanto con el tribunal, como con el abogado y con los procuradores de las otras partes.
ü Pagar todos los gastos que se causen a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono.
ü Acudir a los tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el periodo hábil de las actuaciones.
4. ¿Como solucionar los problemas de defensa y representación? 28 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil EJ: le falta a usted el poder, o el que ha presentado no es exactamente lo que debería ser, o su abogado ha olvidado firmar un escrito dentro del plazo; todas ellas no pueden utilizarse como excusa para denegar la justicia.
Las normas procesales que las regulan deben verse como protectoras del ciudadano y no como disuasorias. La puesta de relieve de un efecto, más que un obstáculo para el ciudadano, debe ser un toque de atención para el órgano jurisdiccional para permitir que se restablezca en toda su extensión la garantía.
29 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil BLOQUE DE CONTENIDO III: TRIBUNALES CIVILES Jurisdicción y competencia à ¿cuál es la relación entre ellas? En el fondo, lo que está en juego es la garantía del juez ordinario predeterminado por ley (art. 24 CE). Esta garantía pretende conservar la imparcialidad del juez o tribunal que tiene que enjuiciar la causa y uno de los elementos básicos para garantizar dicha imparcialidad es que se le asigne la materia previamente a que ocurra el litigio.
La infracción en la atribución de un asunto a un tribunal concreto provoca la vulneración de esta garantía à denuncia y, en caso de que se estime, nulidad de actuaciones.
TEMA 5: JURISDICCIÓN CIVIL ü ü ü ü ü ü La organización judicial española dispone de tribunales que, en la generalidad de los casos, comparten funciones en los diversos órdenes jurisdiccionales.
La jurisdicción civil se ocupa de los asuntos civiles y mercantiles propios del derecho privado.
Los tribunales españoles admiten a cualquier litigante español o extranjero, siempre que concurra algún criterio de conexión con nuestro país que justifique su intervención.
Estas circunstancias, denominadas técnicamente “fueros”, están compiladas en la ley procesal y en los convenios internacionales.
El fuero general más relevante es el domicilio del demandado.
Cuando se suscitan controversias o litigios que dependen unos de otros para llegar a una solución, se habla de prejudicialidad. En estos casos, se establecen reglas para coordinar o armonizar los diversos litigios, siempre que no puedan seguirse autónomamente.
1. Tribunales españoles 30 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La LOPJ se ocupa de distribuir los asuntos entre los diversos tribunales disponibles. La distribución convencional toma en consideración la naturaleza del asunto y lo asigna a uno de los órdenes jurisdiccionales. Se habla así de jurisdicción civil, penal, contencioso-administrativa y social.
Localizado un asunto en un orden jurisdiccional, la ley se encarga sucesivamente de encomendar a cada tribunal una porción de asuntos en exclusiva o con preferencia a otros. De esta forma se determina la competencia de cada tribunal.
El ejercicio de la jurisdicción civil por los tribunales viene encuadrado dentro de unos límites, que son los que determinan el ámbito de conocimiento de cada tribunal. Estos límites hacen referencia a los sujetos, al territorio y al objeto sobre los que se extiende la actividad jurisdiccional (art. 4 LOPJ).
Apuntes de clase: Cuando hablamos de jurisdicción nos referimos a la función característica de los juzgados y tribunales, que es la función de administrar justicia. Esta función (art. 117 CE), es aquella de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (son las 2 vertientes: no engloba sólo dar respuesta a un litigio sino que, además, comportará ejecutar forzosamente aquella resolución dictada).
Dentro de la estructura del Estado, esta función jurisdiccional la tiene asignada el Poder Judicial (cualquiera de los juzgados que lo forman). ¿Es exclusiva esta función? à Si atendemos a la CE deberíamos decir que SÍ pero no es un monopolio absoluto. En algunos casos, es posible escapar de esta exclusividad siempre que sea de forma voluntaria y se lleve el asunto a mecanismos extrajudiciales (arbitraje, mediación, etc.).
El árbitro NO podrá ejecutarlo forzosamente pero sí puede impartir justicia. Este carácter exclusivo también viene acotado por los límites del territorio (cuando haya que realizar una actividad fuera del territorio español, se deberá acudir al auxilio de tribunales internacionales).
Límites à Hay 3 grandes criterios para determinar en qué casos los tribunales españoles tienen jurisdicción: 2. Extensión de la jurisdicción civil por razón de las personas El primer límite hace referencia a qué personas están sujetas a la jurisdicción civil. Si nos tuviéramos que guiar de la literalidad de la ley diríamos que “todas”. La nacionalidad de las partes no es un criterio discriminatorio por si solo para que la jurisdicción conozca o deje de conocer.
Desde el punto de vista del derecho interno, las reglas generales sobre esto están contenidas en los arts. 21 y 22 LOPJ, a los que se remite la propia LEC (art. 36.1 LEC): El principio general es que los tribunales españoles conocen de los juicios que se suscitan en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte 31 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil (art. 22.1 LOPJ). Por lo tanto, son competentes cuando concurre algun criterio de conexión de los que indica la ley y que justifica su intervención.
Los criterios de conexión se recogen en el art. 22 LOPJ y se gradúan en 3 niveles: v Asuntos de los que, con carácter exclusivo, conocen los tribunales españoles.
v Asuntos en los que es admisible la intervención de los tribunales españoles, pero con carácter relativo.
v Asuntos extraños a la jurisdicción española, en los que ésta puede denegar su intervención sin agravio de la tutela efectiva.
3. Competencia judicial internacional de los tribunales españoles - Derecho interno La gradación que determina la mayor o menor vocación de los tribunales españoles para conocer de un litigio con elemento extranjero: a) Competencia exclusiva à Cada Estado se reserva una parcela de soberanía que a veces no cede siquiera en virtud de tratado. Se trata de supuestos en los que se desea mantener un control estricto de la litigiosidad. El fuero natural del asunto radica en el territorio del Estado y la efectividad de la sentencia y su ejecución abocan también a dicho fuero.
Estos casos son los siguientes (art. 22.1 LOPJ): “en materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en España; en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos; en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español; en materia de inscripciones o de validez de patente y otros derechos sometidos a deposito o registro cuando se hubiere solicitado o efectuado en España el deposito o registro; en materia de reconocimiento y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero”. Por lo tanto, los tribunales españoles tendrán competencia exclusiva en estas materias.
b) Competencia general à En todos los demás casos, el Estado no tiene un interés absoluto en reservarse el conocimiento de un litigio con elemento extranjero. Pero acepta que sus tribunales conozcan del asunto si concurren los criterios de conexión habituales en el foro interno: sumisión (en sus 2 variantes: expresa o tácita) y el domicilio (art. 22.2 LOPJ).
Art. 22.2 LOPJ: “En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes, con carácter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los juzgados o tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España”.
Sumisión à El primer criterio supone un respeto a la voluntad de las partes y puede servir tanto para aceptar el conocimiento de un asunto como para excluirlo. En principio, los tribunales españoles pueden aceptar cualquier demanda, si el demandado no protesta y se conforma con la 32 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil jurisdicción española. También respetan una clausula de sumisión a tribunal extranjero, si cumple con los requisitos generales de validez y el demandado la invoca.
Domicilio à El segundo criterio es el fuero habitual del derecho interno para cualquier asunto. El domicilio de la persona es su fuero natural, de tal manera que una persona que es demandada en su propio domicilio ante sus tribunales naturales difícilmente podrá invocar una excusa para que éstos dejen de conocer.
c) Competencia relativa à A medida que los criterios de conexión son más débiles o se alejan de la esfera de actuación de los tribunales españoles, existe un menor interés en atribuirles el conocimiento del tema. No obstante, para evitar la indefensión, se acepta que los tribunales españoles entiendan de un listado de casos que prácticamente cubren todas las expectativas razonables de tutela jurídica (art. 22.3 y 4 LOPJ).
En estos casos se toman en consideración criterios de conexión como la residencia habitual de las partes (relaciones familiares, incapacitación), el lugar de nacimiento o cumplimiento de la obligación (obligaciones contractuales), la produccion del hecho en el territorio español (responsabilidad extracontractual), la situación del bien en el territorio español (bienes muebles), etc.
d) Concurso de acreedores à En materia concursal la ley da relevancia al lugar donde el deudor tiene su centro de intereses principales, entendido como el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. Pero también se extiende la jurisdicción a los establecimientos de entidades extranjeras sitos en nuestro país en los que se ejerce de forma no transitoria una actividad económica (art. 10 LC).
e) Medidas cautelares à Se acepta en todo caso la tutela urgente, siempre que concurran los elementos de conexión que permitan la ejecución de la medida. De lo contrario no tendría sentido acudir a un tribunal español. Estos tienen competencia “cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España” (art. 22.5 LOPJ). Las medidas cautelares pueden adoptarse cuando la sentencia tiene que tener eficacia en territorio español (EJ: el bien que debe embargarse se encuentra en España).
A diferencia de lo que ocurre en derecho interno, la adopción de medidas cautelares por los tribunales españoles no prejuzga el tribunal competente para conocer del asunto principal. Este no necesariamente tiene que radicarse en España.
f) Incompetencia de los tribunales españoles à Cuando no concurre ningun elemento de conexión de los previstos en las leyes, en principio, no se justifica la intervención de los tribunales españoles. Con todo, hay que ser prudentes al rechazar el conocimiento de un asunto ya que sino se vulneraría la garantía de la tutela efectiva. Criterios de ocasión (como el fórum non conveniens) son argumentos habituales en la práctica internacional (art. 36.2 LEC).
33 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL. FALTA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL (art. 36 LEC): 1. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.
2. Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: a) Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las normas del Derecho Internacional Privado.
b) Cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado.
c) Cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia internacional de los tribunales españoles únicamente pudiera fundarse en la sumisión tácita de las partes.
- Normas internacionales La regulación interna no agota el problema. Nuestro país tiene que respetar las normas internacionales que lo vinculan, sobre todo los reglamentos de la Unión Europea, que son de aplicación directa en nuestro derecho.
- Inmunidades de jurisdicción El art. 36 LEC excluye o limita la competencia de los tribunales españoles a aquellos sujetos que, por las normas de DIPr, quedan excluidos à diplomáticos, consules, el Rey, los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones y los defensores del pueblo.
Aunque la jurisdicción aspira a ser omnicomprensiva respecto de las personas, las leyes recogen casos de exclusión como los siguientes: ü La inviolabilidad del Rey (art. 56.3 CE) y de parlamentarios (art. 71 CE). Aunque la norma tiene más repercusión en el ámbito penal, es plenamente aplicable en la esfera civil.
ü La inviolabilidad del Defensor del Pueblo y sus adjuntos y los titulares de instituciones autonómicas similares, en las actividades comprendidas en su esfera de actuación.
ü La inmunidad reconocida en normas de derecho internacional público (art. 21.2 LOPJ i art. 36.2.1 LEC).
4. Límites territoriales El segundo tipo de límites que afectan a la jurisdicción es de orden territorial: juicios que se susciten en territorio español (art. 21 LOPJ).
Por razón de territorio, la jurisdicción tiene que quedar acotada al territorio español (fuera de él se deberá pedir, en su caso, el auxilio internacional de otros juzgados o tribunales).
34 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Matiz à El territorio español no es sólo la tierra firme sino también todos aquellos lugares que, según las normas de Derecho Internacional, tienen la consideración de españoles.
Por lo tanto, la jurisdicción española se ejerce tanto sobre suelo peninsular, como sobre sus islas, espacio aéreo y marítimo, aeronaves, embarcaciones, etc., pertenecientes a nuestro país.
5. Límites objetivos Los límites objetivos hacen referencia a las materias objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción civil. Para que los tribunales civiles sean competentes es necesario que sea una materia propia de la jurisdicción civil (además de cualquier asunto que no venga atribuido a cualquier otro orden jurisdiccional).
Los límites objetivos tienen 2 vertientes: Ø Por un lado, intenta deslindar aquellas materias que son propias de la jurisdicción civil frente a otros ordenes jurisdiccionales, como la jurisdicción penal, la contencioso-administrativa o la social.
Nuestras leyes distinguen un orden jurisdiccional civil, penal, contencioso-administrativo y social (art. 9 LOPJ). El ámbito objetivo de cada uno de éstos ordenes viene delimitado por las materias que les están atribuidas. Sin embargo, aun siendo única la jurisdicción, se admite la pluralidad de manifestaciones.
A la jurisdicción civil le está atribuido el conocimiento de los negocios de carácter privado (que abarca el sector civil, hipotecario, mercantil, etc.), incluidas las cuestiones prejudiciales conexas que no sean de tipo penal à Quedan, pues, excluidas de su ámbito las cuestiones penales, contencioso-administrativas y laborales.
! Además, la jurisdicción civil tiene el privilegio de la vis attractiva sobre todas aquellas materias que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional (art. 9.2 LOPJ). Ello le permite conocer de asuntos que se sitúan en zonas fronterizas de los sectores convencionales.
Ø Por otro lado, se debe evocar el problema de la llamada “jurisdicción ordinaria” frente a las “jurisdicciones especiales”.
A pesar de que el art. 117 CE proclama el principio de unidad de jurisdicción, existen jurisdicciones especiales. En todo caso, las actualmente vigentes en materia civil son: el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana (art. 19.2 LOPJ) y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia (art. 19.4 LOPJ).
Apuntes de clase: ¿En qué casos puede resolverse una materia civil acudiendo a un proceso extrajudicial como el arbitraje? à En un determinado sector del ordenamiento existe alguna ley que establece que algunas 35 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil materias deberán resolverse por arbitraje. ¿Esto es compatible con el principio de exclusividad? Como litigante, ¿a qué te da derecho la tutela judicial efectiva? Cuando se trate de una materia disponible, si las partes están de acuerdo en someter el asunto a arbitraje no se está vulnerando el principio de la tutela judicial efectiva porque se está haciendo voluntariamente. Sería incompatible cualquier manifestación de arbitraje obligatorio.
6. Control de la jurisdicción del tribunal ¿Las normas de jurisdicción son disponibles o indisponibles para las partes; cómo se controlan? à Se trata de normas básicas para el buen funcionamiento del sistema procesal y son completamente indisponibles para las partes. Son indisponibles incluso para los tribunales: verán si son competentes o no pero no podrán cambiarlas.
ü En general, la jurisdicción debe ser objeto de examen de oficio por el propio tribunal en cualquier estado del juicio (art. 9.6 LOPJ y arts. 37 y 38 LEC). La consecuencia de una actuación procesal llevada a cabo con manifiesta falta de jurisdicción es la nulidad de la actuación (art. 238.1 LOPJ) à es como si no hubiera existido, se deberá volver a empezar.
ü Si el tribunal no lo aprecia de oficio, la falta de jurisdicción puede ser denunciada por el demandado mediante un instrumento técnico denominado “declinatoria”.
ü Contra el auto absteniéndose de conocer por falta de jurisdicción cabe recurso de apelación.
Contra el auto por el que se rechaza la falta de jurisdicción sólo cabe recurso de reposición, sin perjuicio de alegar el defecto en la apelación contra la sentencia definitiva.
ü Este defecto también es censurable mediante el recurso extraordinario por infracción procesal (art. 469.1.1ª LEC).
Los conflictos de jurisdicción se dan cuando los órganos implicados en la resolución de la causa consideran que tienen o no jurisdicción y alguno de los otros implicados en el conflicto decide lo mismo. EJ: Imaginemos que un órgano de la jurisdicción civil decide que no tiene jurisdicción porque se trata de un litigio laboral. Pero la jurisdicción laboral dice que eso es competencia de la jurisdicción civil .
Los conflictos de jurisdicción pueden ser positivos (ambos órganos jurisdiccionales quieren conocer del asunto) o negativos (ninguno quiere conocer de la materia). Hay que decir que, en caso de duda, la jurisdicción ordinaria prevalece sobre las jurisdicciones especiales.
La infracción de las normas que regulan la jurisdicción afecta directamente a la garantía del juez predeterminado por la ley y es, en su caso, denunciable en amparo ante el Tribunal Constitucional.
7. Prejudicialidad Las relaciones entre los diversos órdenes jurisdiccionales no siempre se resuelven con un criterio estático de atribución exclusiva de un grupo de materias. Un caso puede tener facetas o presentar 36 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil derivaciones que deberían ser atribuidas a órdenes jurisdiccionales distintos. Cuando un tribunal se encuentra ante una situación así, debe aplicar las reglas de prejudicialidad.
Cuando la cuestión que se suscita entra dentro del ámbito de competencia del órgano no jurisdiccional que está conociendo, se resuelve con un criterio meramente cronológico. Ahora bien, cuando la cuestión, aisladamente considerada, sea de competencia de un tribunal distinto, el criterio cronológico no es suficiente i el tribunal que tiene que pronunciarse podría cuestionarse su competencia para entender tal cuestión.
La regla general viene impuesta por el art. 10.1 LOPJ, que dice: “a los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional puede conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente”.
Los asuntos, en la práctica, normalmente no son 100% de una jurisdicción (tienen connotaciones de materias que no son propiamente de aquella jurisdicción).
Por tanto, cuando se suscitan controversias o litigios que dependen unos de otros para llegar a una solución, se habla de prejudicialidad. En estos caso, se establecen reglas para coordinar o armonizar los diversos litigios, siempre que no pueden seguirse autónomamente.
A pesar de la regla general del art. 10.1 LOPJ, la prejudicialidad presenta muchos matices según la naturaleza de la cuestión planteada. Los casos más relevantes son los siguientes: - Civil En un juicio civil, cuando las cuestiones prejudiciales son también de índole civil, el propio juez o tribunal las examina con carácter previo a las demás cuestiones del pleito y, una vez resueltas, falla el pleito según lo que proceda à prejudicialidad interna.
Este tipo de prejudicialidad civil también puede plantearse en 2 juicios distintos, de suerte que la cuestión debatida en uno de ellos sea prejudicial respecto del otro. En este caso, la solución consiste en reunir los 2 juicios en uno sólo y, si no es posible, considerar la suspensión de uno de ellos a la espera de lo que se resuelva en el otro (art. 43 LEC).
- Administrativa y social En este caso, los tribunales civiles pueden conocer de asuntos que estén atribuidos a los órdenes contencioso-administrativo y social a los solos efectos prejudiciales, es decir, la decisión no produce efectos fuera del juicio civil. También es posible suspender el juicio civil cuando lo establece la ley o cuando las partes lo piden de común acuerdo (art. 42 LEC).
- Penal A veces el sentido del fallo civil depende de la resolución de una cuestión de índole penal, excluida por definición de la competencia de los tribunales civiles.
37 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil En estos casos, cuando la cuestión de índole penal es realmente decisiva en la solución del juicio civil, éste se suspende a la espera de la terminación del juicio criminal. La cuestión prejudicial la resuelve autónomamente un tribunal del orden penal (art. 40 LEC y art. 114 LECr).
- Constitucional La CE es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los tribunales, quienes han de interpretar y aplicar las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de juicios.
Por ello, cuando en algún juicio un órgano judicial considera que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución, ha de plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional (arts. 5.1 y 2 LOPJ y arts. 35 a 37 LOTC).
- Comunitaria La interferencia del derecho comunitario con el derecho interno puede dar lugar asimismo al planteamiento de cuestiones que exijan una resolución previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (art. 234 TCE).
38 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 6: COMPETENCIA ü ü ü ü ü ü Los asuntos civiles se asignan a cada tribunal en función de los siguientes criterios: la materia del litigio, el territorio y las funciones de cada tribunal en el ámbito de la organización judicial.
La ley, casuísticamente, decide qué tipo de asuntos se encomiendan a cada grado jurisdiccional o categoría de tribunales civiles (competencia objetiva).
Como existen tribunales de igual rango jurisdiccional a lo largo del territorio nacional, se establecen los criterios que inducen a acudir a una u otra ubicación (competencia territorial).
Localizado territorialmente un asunto en un tribunal, si hay más de uno del mismo rango, se reparte el trabajo equitativamente entre ellos, de acuerdo con normas prefijadas de antemano (reparto).
Se aprovechan las relaciones jerárquicas entre los diversos tribunales para distribuir ciertos cometidos de las diversas etapas e incidencias en la gestión de los asuntos (competencia funcional).
Se establecen asimismo determinados controles para mantener el equilibrio de la distribución teórica del trabajo judicial en los asuntos civiles, evitar disfunciones y garantizar la neutralidad de la atribución de un asunto.
1. Asignación de litigios a un tribunal concreto Dado que los tribunales civiles son más de uno, se hace preciso establecer diversos criterios de distribución de los asuntos entre ellos. Surge así el concepto de competencia.
La competencia determina el conjunto de negocios que viene atribuidos a un tribunal en exclusividad o con preferencia a otro. Mediante la competencia se establece concretamente qué tribunal tiene que conocer de un asunto determinado, sirviendo así de pauta a las partes para saber a qué órgano jurisdiccional tienen que dirigirse. De esta manera se concreta la “porción” de jurisdicción que cada tribunal ejerce y los límites dentro de los cuales la puede ejercer.
Ello explica que la ley recuerde que para que un tribunal tenga competencia, ésta le ha de venir atribuida por normas con rango de ley, con anterioridad a la incoación del asunto de que se trate (art. 44 LEC).
La distribución de asuntos entre los tribunales se efectúa en base a determinados criterios, que sirven para identificar el tribunal que debe decidir un asunto concreto. Los criterios que utiliza la ley son: el objetivo, el territorial y el funcional.
Apuntes clase: Cuál de los tribunales conocen de una causa concreta. Dentro de estos criterios de distribución tenemos 3 diferentes: v Normas de competencia objetiva à Son las que nos servirán para distribuir los asuntos jerárquicamente. Hay normas de competencia objetiva por razón de materia y por razón de cuantía (básicamente son por razón de materia).
v Normas de competencia territorial à Una vez definido el tribunal jerárquicamente competente por los crtierios de competencia objetiva, puede ocurrir que varios tribunales sean competentes en un mismo territorio. Entonces deberemos aplicar las normas de competencia territorial.
v Las normas de competencia funcional determinan qué tribunal es competente en materia de recursos.
39 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 2. Competencia objetiva La competencia objetiva determina la elección del tribunal por razón de su situación en la escala organizativa de la justicia y de su especialización. La distribución de las materias la realiza la ley, señalando de qué litigios entiende cada tribunal.
Dentro del orden civil aparecen en la LOPJ todos estos órganos (ordenados de menor o mayor categoría jerárquica): - Juzgados de PazEs el escalón inferior de la justicia civil. Solo existen en determinados núcleos de población en los que no hay juzgado de primera instancia. Si existieran, éstos absorben toda la competencia. Así pues, tiene competencia residual en: § § Asuntos civiles de cuantía inferior a 90 €, siempre que no sean materias específicamente reservadas al juicio verbal (independientemente de la cuantía) à art. 47 LEC y 100.1 LOPJ.
Además, desempeñan funciones de Registro Civil.
- Juzgados de primera instancia - 40 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Son los tribunales de base y de obligada referencia en materia civil, teniendo atribuidas las siguientes competencias (art. 85 LOPJ y art. 45 LEC): § § La primera instancia de todos los asuntos civiles que, por disposición legal expresa, no se hallen atribuidos a otros tribunales.
Los actos de jurisdicción voluntaria. (EJ: cuestiones no litigiosas que vienen asignadas por la LEC de 1881, matrimonio civil ante juez, etc.).
§ Los recursos, establecidos en la ley, contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido y las cuestiones de competencia (en materia civil) entre los mismos. Las cuestiones de competencia son aquellas situaciones en las que más de uno o ninguno quiere conocer de una causa concreta y se produce entre órganos de un mismo orden jurisdiccional à resuelve el superior jerárquico común.
§ Las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras, excepto si su conocimiento corresponde a otro tribunal con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales. Antes esta función estaba encomendada al Tribunal Supremo. La ejecución de laudos es una materia que no pueden asumir los árbitros ya que éstos sólo pueden juzgar, no ejecutar forzosamente. Si se trata de la ejecución de laudos extranjeros, la ejecución siempre será en 1ª instancia pero el reconocimiento se reserva al Tribunal Supremo.
§ A su cargo está el Registro Civil (art. 86 LOPJ).
- Juzgados de familia - En las poblaciones que arrojan un número de litigios relevante, en asuntos relativos a separaciones y divorcios, filiación, tutela, y, en general cuestiones de estado civil de las personas, algunos juzgados de primera instancia se dedican exclusivamente a dichos asuntos. Se habla entonces de juzgados de familia, por referencia al grupo de materias que se les asignan.
- Juzgados de violencia sobre la mujer Parece que dichos tribunales deberían tener un competencia únicamente penal (para encarar situaciones de violencia doméstica), pero se le da un ámbito civil para así cubrir todas las situaciones posibles (la ley pretende dotar a las víctimas de una protección integral, en todos los aspectos jurídicos).
La ley recalca que la competencia de estos juzgados es exclusiva y excluyente, en el orden civil, cuando concurren simultáneamente los siguientes requisitos (art. 87 ter.3 LOPJ): § Que se trate de un juicio civil en las siguientes materias: filiación, maternidad, paternidad, nulidad del matrimonio, separación, divorcio y, en general, acciones con trascendencia familiar.
41 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil § § § Que alguna de las partes del juicio civil sea víctima de delito o falta de violencia de género. En otro caso, el juez puede no admitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente (art.
87 ter. 4 LOPJ).
Que alguna de las partes del juicio civil sea imputada como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.
Que se hayan iniciado ante juez de violencia sobre la mujer actuaciones penales por delito o falta, a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.
Estos tribunales son de relativa nueva creación à en grandes poblaciones los encontraremos pero en las pequeñas poblaciones los asuntos los llevará el juzgado de instrucción.
- Juzgados de lo mercantil Los juzgados de lo mercantil se han creado en cada capital de provincia, con jurisdicción en toda ella (art. 86 bis LOPJ). Sus competencias civiles son (art. 86 ter LOPJ): § Todo lo relativo a la ley concursal. Los juzgados de lo mercantil se crearon ligados a la Ley Concursal de 2004 y estaban pensados para hacer frente a los juicios concursales (en aquel momento eran pocos pero hoy en día están desbordados). Por eso la ley les atribuyó más funciones: cuestiones fuera de los juicios concursales. Los concursos funcionan básicamente en los casos en que el deudor no puede hacer frente a todas sus deudas y para evitar que cada uno de sus acreedores le reclame individualmente su crédito, se paralizan todas las demandas individuales y se suman todas en un mismo juicio (concurso de acreedores).
§ Las demandas en las que se ejercitan acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como las fundadas en la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
§ Las demandas que se promueven al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
Las pretensiones relativas a la aplicación del derecho marítimo.
Los recursos contra las resoluciones de la DGRN, en materia de recurso contra la calificación del registrador mercantil.
§ § § § Los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 TCE y de su derecho derivado.
Las funciones de apoyo a un arbitraje (nombramiento de árbitros, asistencia en la práctica de pruebas, medidas cautelares, ejecución del laudo), y reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros referido a materias en las que estos juzgados son competentes.
- Juzgados de marca comunitaria - Los juzgados de lo mercantil de Alicante tiene competencia, además, para conocer en primera instancia, de forma exclusiva, de los litigios relativos a marcas, dibujos y modelos comunitarios, con jurisdicción en todo el territorio nacional sobre este punto (art. 86 bis.4 LOPJ).
42 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Esta decisión viene motivada porque en Alicante tiene su sede la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que tiene como misión promover y administrar dichas materias en el ámbito de la UE. Por esta razón se denominan “juzgados de marca comunitaria”.
- Audiencias Provinciales Las Audiencias Provinciales comparten simultáneamente competencias penales y civiles. En materia civil tiene entienden de: § § § § Los recursos establecidos en la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia, por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de lo mercantil. En este último caso se excluyen las resoluciones que se dicten en incidentes concursales y que resuelvan cuestiones laborales.
Una sección de la AP de Alicante, que recibe el nombre de tribunal de marca comunitaria y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, está especializada en segunda instancia de los litigios sobre marcas, dibujos y modelos comunitarios.
Cuestiones de competencia que se susciten en juzgados de la provincia, que no tengan otro superior común.
Recusaciones de sus magistrados, cuando la competencia no está atribuida a la sala especial existente a estos efectos en el seno de los tribunales superiores de justicia.
- Tribunales Superiores de Justicia - La distribución de competencias entre estos tribunales y el Tribunal Supremo está deficientemente regulada. Estos tribunales comparten competencia en todos los órdenes jurisdiccionales. Su sala de lo civil y penal conoce, como sala de lo civil (art. 73 LOPJ): § De los recursos de casación y extraordinario de revisión contra resoluciones de órganos jurisdiccionales con sede en la CCAA, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial propio de la comunidad, cuando el correspondiente estatuto de autonomía haya previsto esta atribución (arts. 478 y 509 LEC).
El recurso de casación en materia de normas forales, ¿por qué se presenta en este ámbito? à Se hace porque ese derecho foral se aplica únicamente en aquella CCAA y la finalidad del recurso de casación es garantizar una interpretación última de una determinada norma (si es una norma que sólo se aplica en Cataluña és lógico pensar que la cuestión no tenga que ir más alla del Tribunal Superior de Justicia catalán).
§ En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el presidente y miembros del consejo de gobierno de la CCAA, miembros de la asamblea legislativa, y contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial, o de cualquiera de sus secciones, cuando tal atribución no corresponda al Tribunal Supremo según los estatutos de autonomía.
43 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil § De las funciones de apoyo y control del arbitraje, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeras, excepto si su conocimiento corresponde a otro tribunal con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la UE.
§ De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil, con sede en la CCAA que no tengan otro superior común.
- Tribunal Supremo - El Tribunal Supremo dedica su sala de lo civil, no exclusiva, a materias civiles. Pero la eventualidad de determinados supuestos exige, a veces, formar también una sala especial. La competencia de la sala de lo civil se extiende a los siguientes asuntos (art. 56 LOPJ): § § § Recursos de casación, revisión y otros extraordinarios, en materia civil, que establece la ley (arts.
478, 492 y 509 LEC).
Tiene atribuidas, en instancia única, las demandas de responsabilidad civil, por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, contra altos cargos y autoridades de la nación.
Recusaciones de magistrados que componen la sala y cuestiones de competencia entre tribunales del orden civil, que no tienen otro superior común.
En el Tribunal Supremo se forma a veces una sala especial con su presidente, los presidentes de salas y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas, para cubrir supuestos como la recusación de su presidente, demandas de responsabilidad civil, declaración de error judicial, declaración de ilegalidad y disolución de partidos políticos (art. 61 LOPJ).
Progreso de las sucesivas etapas de un litigio civil: 44 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 3. Competencia territorial - Distribución de litigios según el territorio La competencia territorial permite discernir entre dos tribunales de igual grado jurisdiccional cuál es el competente para entender de un asunto. Tiene como objetivo la distribución de asuntos entre ellos, por razón de territorio, en atención a diversos criterios denominados tradicionalmente fueros.
Los fueros consisten en determinadas circunstancias que tiene que ver con el domicilio o residencia de las partes, situación de la cosa litigiosa, diversos factores relativos al objeto del juicio y con la propia voluntad de las partes, en forma de elección del tribunal competente. Estos fueros sirven para determinar el tribunal competente por razón de territorio.
Tradicionalmente esta materia era plenamente disponible por las partes (la voluntad de las partes era uno de los fueros posibles y, cuando concurría, la ley le daba preferencia sobre los demás) y la norma general todavía puede encontrarse en la ley, que invoca el carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial (art. 54.1 LEC). Pero en la actualidad hay que comenzar por examinar si el caso es de los que permiten a las partes elegir el tribunal.
v Fueros convencionales à en este caso le da prioridad a la voluntad de las partes, y por tanto, la elección de las partes se convierte en un fuero posible.
v Fueros legales à el fuero general es el de las personas físicas (art. 50.1 LEC), donde se establece que: “salvo que la Ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional, será Juez competente el de su residencia en dicho territorio”.
v También tenemos que tener en cuenta los fueros especiales, para casos en concreto.
v Además debemos observar cada fuero, ya que, tenemos de dos tipos: imperativos o dispositivos (de obligatorio cumplimiento o no).
- Determinación de la competencia territorial a) El domicilio del demandado à la ley ha optado como fuero general para la determinación de la competencia territorial por el domicilio o residencia del demandado, tanto respecto de personas físicas (art. 5 LEC), como jurídicas (art. 51 LEC).
b) Fueros legales específicos à En los supuestos que casuísticamente la ley detalla, rigen, con preferencia al domicilio del demandado, otros criterios establecidos en el artículo 52 de la LEC (es muy largo, no hace falta).
c) Sumisión à La ley también permite a las partes la elección del tribunal territorialmente competente. Esto se puede efectuar en dos momentos distintos: • En el momento de plantear un litigio concreto (sumisión tácita) • O como previsión para cualquier litigio que pueda surgir en relación con una relación jurídica concreta (sumisión expresa).
45 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La sumisión tácita consiste en realidad en el efecto que la ley otorga a determinadas actuaciones de las partes ante un tribunal, en el sentido de que su actividad equivale al reconocimiento implícito de la competencia territorial del tribunal (art. 56 LEC).
Se realiza en el momento de plantear el litigio concreto. Es el reconocimiento de la competencia del tribunal a tenor de un determinado actuar. Tiene carácter preferente, pero precisa de una actividad procesal (la pasividad no comporta sumisión): -­‐ Hay sumisión tácita por el actor: por presentar la demanda ante determinado tribunal -­‐ Hay sumisión tácita por el demandado: por cualquier acto que no sea proponer la declinatoria.
La sumisión expresa consiste en un acuerdo de los interesados, bilateral y anterior al juicio, mediante el cual se designa con precisión la circunscripción cuyos tribunales eligen para el caso de litigio sobre un problema concreto (art. 55 LEC). Esta es una cláusula de estilo habitual en la contratación, sometida a las limitaciones de diversas reglas imperativas (arts. 54 y 57 LEC).
d) Modificación por conexión (art. 53 LEC) à casos de acumulación de acciones o procesos.
Normalmente irá a parar al tribunal que enjuicia la causa principal.
COMPETENCIA TERRITORIAL EN CASO DE ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y EN CASO DE PLURALIDAD DE DEMANDADOS (art. 53 LEC): 1. Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente.
2. Cuando hubiere varios demandados y, conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante.
4. Competencia funcional Determinados cometidos son atribuidos a un tribunal en virtud de la posición que ocupa respecto de otro en el aspectos organizativo. Se trata, pues, de un criterio en principio residual para determinar la competencia, que resultaría de las funciones que competen a un tribunal respecto de otro.
5. Reparto de asuntos Con las normas de competencia expuestas aún no se competa el ciclo de atribución a un tribunal concreto de un asunto determinado. En efecto, decidido en virtud de dichos criterios que un asunto corresponde a un juzgado de primera instancia de una localidad determinada, puede suceder que existan en ella más de uno con la misma jerarquía. Hay que resolver, pues, de alguna manera la atribución del asunto a uno de ellos. Las normas que rigen esta distribución se denomina reparto de asuntos (arts. 68-70 LEC) y son establecidas periódicamente por las salas de gobierno de los tribunales.
§ Permite saber el órgano que ha de conocer de un asunto concreto.
46 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil § § Sus criterios los fija la Sala de Gobierno de los TSJ, a propuesta de la Junta de Jueces.
Control en cualquier momento. No declinatoria. Falta de reparto = Nulidad (vulneración del principio de juez predeterminado per ley).
OBLIGATORIEDAD DEL REPARTO. TRATAMIENTO PROCESAL (art. 68 LEC): 1. Todos los asuntos civiles serán repartidos entre los Juzgados de Primera Instancia cuando haya más de uno en el partido. La misma regla se aplicará a los asuntos de los que deban entender las Audiencias Provinciales cuando estén divididas en Secciones.
2. Los Secretarios Judiciales no permitirán que se curse ningún asunto sujeto a reparto si no constare en él la diligencia correspondiente. En caso de que no conste dicha diligencia, se anulará, a instancia de cualquiera de las partes, cualquier actuación que no consista en ordenar que el asunto pase a reparto.
3. Contra las decisiones relativas al reparto no procederá la declinatoria, pero cualquiera de los litigantes podrá impugnar la infracción de las normas de reparto vigentes en el momento de la presentación del escrito o de la solicitud de incoación de las actuaciones.
4. Las resoluciones dictadas por tribunales distintos de aquel o aquéllos a los que correspondiese conocer según las normas de reparto se declararán nulas a instancia de la parte a quien perjudicaren, siempre que la nulidad se hubiese instado en el trámite procesal inmediatamente posterior al momento en que la parte hubiera tenido conocimiento de la infracción de las normas de reparto y dicha infracción no se hubiere corregido conforme a lo previsto en el apartado anterior.
  PLAZO EN QUE DEBE EFECTUARSE EL REPARTO (art. 69 LEC): Los asuntos serán repartidos y remitidos a la Oficina judicial que corresponda dentro de los dos días siguientes a la presentación del escrito o solicitud de incoación de las actuaciones.
  MEDIDAS URGENTES EN ASUNTOS NO REPARTIDOS (art. 70 LEC): Los Jueces Decanos y los Presidentes de Tribunales y Audiencias podrán, a instancia de parte, adoptar las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e irreparable.
6. Control de la distribución de asuntos - Control de la competencia objetiva Las normas de competencia objetiva son completamente indisponibles (las partes deben ir al tribunal que toca según las normas de competencia objetiva). Son normas de ius cogens, es decir, normes de derecho imperativo que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido.
De entrada hay un control de oficio (los tribunales controlan su propia competencia objetiva) en cualquier momento del juicio (art. 48 LEC). Si no lo hacen los tribunales las partes pueden denunciarlo mediante la declinatoria (art. 49 LEC). La declaración de incompetencia determina la nulidad de las actuaciones procesales.
- Control de la competencia territorial - 47 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La ley reconoce la validez de la elección tácita o expresa de foro por las partes y le atribuye preferencia sobre el resto de los criterios que sirven para determinar la competencia territorial. Sin embargo, existen numerosas limitaciones que parecen haber invertido la formulación de la regla.
En consecuencia, se ha instaurado el control de oficio de la competencia territorial con carácter general, aunque sólo sea por el hecho de que el tribunal tiene que verificar si existe alguna regla al respecto (art. 58 LEC). De no existir regla imperativa, el demandado o quienes puedan ser partes legitima puede formular tempestivamente la declinatoria (arts. 59 y 63-65 LEC).
La ley también prevé lo que denomina conflictos negativos de competencia territorial, cuando todos los tribunales pretenden inhibirse del conocimiento de un asunto (art. 60 LEC).
Apuntes clase: Normas de competencia territorial à ¿cómo sabemos cuál de los diferentes tribunales de la misma categoría jerárquica tiene que conocer de una causa concreta? Estas normas de competencia territorial tradicionalmente se han denominado “fueros”. Existen 2 grandes criterios en función de si tiene que prevalecer la voluntad de las partes o de si debemos atender a los fueros que marca la ley: v Fueros convencionales v Fueros legales La competencia territorial en el ámbito de la justicia civil es relativamente flexible. El legislador reproduce un listado de materias en las que no deja escoger à existen una serie de fueros legales que son imperativos (y estos son los que impiden todos los convenios en esa materia). Ahora bien, si no es un fuero de este listado, las partes pueden escoger (fuero convencional).
Dentro de los fueros convencionales, que tienen un carácter preferente salvo si existe una norma legal imperativa, debemos hablar de la sumisión tácita y la sumisión expresa.
La sumisión tácita significa que con independencia de los fueros legales (excepto los imperativos) y de la sumisión expresa, las partes se someten tácitamente a un determinado tribunal.
Límite a la sumisión tácita à Se trata de una limitación ligada a juicios verbales por razón de la materia. La sumisión tácita NO es posible en casos de juicios verbales por razón de la materia. Tampoco es posible en los casos en que existan fueros legales imperativos.
Así, si no se trata de un fuero legal imperativo es posible tanto la sumisión tácita como la expresa. En materia de competencia territorial, los fueros legales se encuentran en el art. 52 LEC (! OJO porque no todos los del listado son imperativos).
Las normas de reparto tienen una particularidad y es que NO se discuten mediante la declinatoria.
48 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil - La declinatoria Permite a la parte demandada denunciar la falta de jurisdicción o competencia (objetiva y territorial, o arbitraje). Se presenta por escrito, normalmente ante el tribunal que conoce del litigio.
Plazo à 10 primeros días contestación la demanda o 5 primeros tras citación a juicio verbal.
(Implicaría sumisión tácita= en el caso de competencia territorial).
Apuntes clase: La declinatoria es el instrumento común para denunciar la infracción de normas de jurisdicción, de competencia objetiva o de competencia territorial à es decir: el instrumento más inmediato para denunciar la falta de competencia (tanto objetiva como territorial) o jurisdicción es la declinatoria.
Plazo para interponerla à en los 10 primeros días y en el caso del juicio verbal, en los siguientes 5 días. El problema radica en que la estimen o no. La estimación de la declinatoria es recurrible en apelación.
Esto también vale para el arbitraje.
49 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil BLOQUE DE CONTENIDO IV: JUICIO ORDINARIO TEMA 7: PREPARACIÓN DE UN JUICIO ü ü ü ü ü ü ü ü Un juicio es una empresa compleja, que hay que programar concienzudamente antes de promoverlo.
La adecuada preparación de un juicio exige, ante todo, elaborar un proyecto, que tome en consideración los principales elementos y puntos críticos del caso.
Estas actividades no están regladas en la ley y son fruto de la experiencia forense, pero son ineludibles.
Existen, además, otras actuaciones tipificadas en la ley, que pretenden evitar el juicio o buscar medios alternativos, facilitar alguna de sus fases o asegurar la ejecución, cuya oportunidad de uso hay que considerar precisamente antes de iniciarlo.
En la programación de un juicio es imprescindible elaborar un presupuesto de ingresos y gastos.
Los únicos gastos que pueden recuperarse, y aun parcialmente, son los que integran las denominadas “costas procesales”.
Por regla general, las costas se imponen al litigante vencido, por el mero hecho de serlo.
El tribunal puede moderar la condena en costas o, excepcionalmente, excluirla.
1. El proyecto de juicio Cuando uno valora si interponer una demanda o no tiene que tener en cuenta muchos elementos. Un juicio hay que empezar por prepararlo, estableciendo un proyecto adecuado. El proyecto debe elaborarse según 3 bases: - Las circunstancias propias del caso à No es lo mismo un divorcio amistoso en el que los cónyuges están de acuerdo con todo que un divorcio sumamente conflictivo.
El conocimiento general de cómo se desarrolla un juicio civil à El juicio dependerá mucho de los conocimientos teóricos que se tengan del procedimiento civil.
Y la experiencia forense individual à Se trata de la experiencia práctica que tu hayas podido adquirir a lo largo del tiempo.
Esto son elementos a tener en cuenta pero ahora trataremos las actividades que no están regladas específicamente por la ley (no se encuentran en la LEC, las conocemos por la experiencia de otras personas) y contienen: Actividades que vienen aconsejadas por la prudencia jurídica o la práctica profesional à EJ: las entrevistas con el cliente, con la parte contraria y sus abogados, las gestiones previas para la resolución amistosa del asunto, etc. à Es importante entrevistarse con las partes e intentar evitar el juicio por medios amistosos y que no se interponga la demanda (un buen acuerdo es mejor que un buen juicio). Estas actividades no son obligatorias, vienen recomendadas.
Actividades absolutamente imprescindibles para un correcto planteamiento técnico del asunto à EJ: la recogida de documentos y la gestión de aquéllos que se encuentran en oficinas públicas, ya que, en general, la prueba documental hay que presentarla con los escritos de alegaciones.
Actividades que tratan de asegurar al máximo la eficacia del juicio à EJ: la preconstitución de pruebas, la preparación y selección de las pruebas existentes (a veces es difícil escoger qué pruebas van bien para el juicio y cuáles no), la petición de dictámenes, el cálculo del coste del juicio (EJ: si puedo 50 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil ganar una condena de 1.000€ pero me gasto más en el juicio, no sale a cuenta), los informes sobre solvencia de la parte contraria (EJ: si reclamo 10.000€ pero la parte contraria no tiene bienes para dármelos, por mucho que gane el juicio no servirá de nada), la evaluación de la rentabilidad del pleito, etc. Estas actividades aseguran la eficacia del juicio, sacaremos un buen rendimiento y la demanda será efectiva para el cliente.
En todas estas actuaciones se procede libremente y sin sujeción a trámites prefijados en la ley, de acuerdo con los usos profesionales y las necesidades técnicas o tácticas del futuro juicio. Del resultado de estas gestiones depende en buena medida el éxito o el fracaso del juicio y, cómo no, la posibilidad de soslayarlo.
PROYECTO DE UN JUICIO ELEMENTOS DEL PLAN PUNTOS CRÍTICOS 1. El cliente 2. ¿Hay caso? 3. Concocimiento del oponente 4. Pensar en la ejecución 5. Alternativas al litigio 6. Tipo de juicio 7. ¿Aseguramiento previo? 8. ¿Se dispone de pruebas? 9. ¿Cuánto cuesta el litigio? 10. Plan de ejecución del litigio Viabilidad del caso           Posibilidad de ejecución Idoniedad del juicio Tiempo de respuesta Rentabilidad DECISIÓN SI: Fijación de hitos NO: Búsqueda de alternativas Dentro de estos elementos: - - Se debe conocer bien al cliente (muchas veces ocultan cosas y esto va fatal para el abogado porque debe prepararse bien el caso).
¿Hay caso? à No hace falta, por ejemplo, interponer una demanda a tu hermana.
Se debe conocer bien a la parte contraria, saber si es solvente (EJ: mirar si la empresa está declarada en concurso o no).
No sólo hay que pensar en la sentencia sino también en su ejecución.
Debemos mirar qué juicio nos interesa (el verbal es mucho más rápido que el ordinario).
Necesito pruebas para demostrar que tengo razón ya que sin ellas, por mucho que tenga razón no ganaré el juicio (! OJO con las grabaciones ilícitas a terceros, que no sirven como prueba, por ejemplo).
Es importante mirar cuánto costará el juicio.
Una vez hemos decidido el juicio (EJ: el ordinario) se le dice al cliente que éste se ejecutará en un año y medio y el cliente decide si quiere esperar o no.
Dentro de los puntos críticos la más importante es la posibilidad de ejecución.
51 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil JUICIO ORDINARIO ALEGACIONES Demanda Contestación Reconvención                                           AUDIENCIA PREVIA Solución extrajudicial Cuestiones procesales Fijación del debate Organización pruebas Fecha del juicio JUICIO Cuestiones previas Recepción pruebas Conclusiones orales   SENTENCIA 1ª INSTANCIA APELACIÓN SENTENCIA 2ª INSTANCIA CASACIÓN EJECUCIÓN 2. Actividades regladas previas al juicio Además de las actividades no regladas por la ley, existen actuaciones que sí son ofrecidas por la ley.
Las actividades regladas previas al juicio SÍ que están previstas en la LEC (! ello no quiere decir que sean obligatorias, sólo que si nos interesa llevarlas a cabo deberá hacerse en la forma legalmente prevista). Las hay de muchas clases: v Intento de conciliación (arts. 460-480 LEC 1881) o buscar un medio alternativo para evitar que el juicio se inicie o bien para poner fin a uno ya comenzado por acuerdo o convenio entre las partes. Según esta antigua ley, si las partes llegan a un acuerdo se tomarán otras medidas extrajudiciales y sino se seguirá con el juicio.
v La posibilidad de adopción de medidas cautelares (arts. 721-747 LEC) à Las medidas pueden ser anteriores o posteriores al juicio. Las anteriores a la demanda son preparatorias del juicio. La ley establece el procedimiento.
52 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil v La necesidad de anticipar la prueba (arts. 293-298 LEC) à Normalmente la prueba se propone en la vista previa y se practica en la vista. Aquí hay una excepción y se hace antes de lo habitual, EJ: Imaginemos un abuelo que tiene que testificar pero está a punto de morir. Los responsables se trasladarán al hospital y se hará la prueba prácticamente con las mismas garantías que la prueba del juicio .
v La solicitud de alguna diligencia preliminar (art. 256.1 LEC). Son diligencias que nos permiten obtener determinada información o documentos necesarios para interponer la demanda. La ley establece qué casos y cómo hacerlo. Sirven para preparar el juicio. No deben confundirse con las diligencias finales (que son un tipo de prueba más).
Las diligencias preliminares son actividades que se pueden pedir al juez para interponer la demanda. Se trata de un listado numerus clausus (las que no están NO se pueden pedir) y sirven al demandante para ponter la demanda.
La ley establece el siguiente catálogo de hipótesis: !! à El art. 256.1 LEC establece qué diligencias preliminares se pueden pedir. Los artículos siguientes regulan cómo se piden, cómo se trasladan a la otra parte y qué decisión toma el juez. Debemos saber cuáles se pueden pedir pero no como se interponen y tramitan (SÓLO LISTADO DE DILIGENCIAS).
§ La solicitud de que el futuro demandado declare, bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o exhiba los documentos en los que conste dicha capacidad, representación o legitimación (art. 256.1.1º LEC).
Debe tratarse de datos que no puedan adquirirse de otra forma (EJ: no puedes pedir si la sociedad es S.A. o S.L., deberías ir al registro y comprobarlo tu mismo).
§ La solicitud de exhibición de la cosa, a que se haya de referir el juicio, que tenga en su poder el futuro demandado (art. 256.1.2º LEC). EJ: Imaginemos que somos un mecánico que hemos reparado un coche y el propietario no nos quiere pagar porque dice que no se lo hemos arreglado.
Entonces podríamos pedir al juez que obligue a la otra parte a prestar el coche para hacer la prueba pericial que corresponda.
§ La solicitud de exhibición de documentos necesarios para el juicio – EJ: herencias, comunidades, contratos de seguro, historias clínicas, etc. - (art.256.1.3-5º LEC).
EJ 1: Si quiero interponer una demanda contra una aseguradora y no tengo la poliza, no tengo forma de probarlo que pedir unas diligencias preliminares para obligar al otro que me la enseñe.
EJ 2: Estoy haciendo unas obras en casa y mis operarios le rompen una tubería a los propietarios de la casa de al lado. El vecino se enfada y me rompe alguna cosa de mi casa. Yo le ofrezco mi contrato de seguro de responsabilidad civil pero el no me quiere mostrar el suyo. Para litigar necesito saber hasta qué punto su seguro le cubre, etc.
§ La averiguación de los integrantes de un grupo de afectados, que no estando determinados sean fácilmente determinables, cuando se trata de iniciar un juicio para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios (art. 256.1.6º LEC).
53 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil § La obtención de datos relevantes para los litgios por infracción de un derecho de propiedad industrial o de propiedad intelectual, cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial (art. 256.1.7º LEC). EJ: Imaginar una empresa textil que imprime cojines con el escudo del Barça sin pedir permiso al equipo, pero no se sabe donde se habían vendido, ni cuantos, ni los beneficios, etc. Así, se piden estos datos para proteger los derechos de propiedad intelectual.
§ La petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de determinados derechos, se prevén en leyes especiales (art. 256.1.9º LEC). ! Recordar en este punto que es necesario que la diligencia se contemple en la ley, sino NO la podré pedir!! La ley regula el procedimiento para obtener y, en su caso, practicar estas diligencias (arts. 256263 LEC), así como determinados efectos disuasorios para el caso de negativa de colaborar con el tribunal (art. 261 LEC) à no cumplir con una orden de diligencias preliminares es sancionable, principalmente de forma monetaria.
v La oportunidad o necesidad de una reclamación administrativa previa (arts. 120-124 LRJPAC) à Cuando uno quiere demandar a la Administracion, la Ley 30/92 obliga a reclamar previamente en vía administrativa.
3. Coste económico del juicio De las cosas más importantes que hay a la hora de preparar el juicio es la evaluación de los costes (= ¿cuánto nos costará?). El coste económico del juicio es caro (la justicia es gratuita pero pagar abogados, notarios, péritos, etc. es caro). A veces estos gastos se pueden recuperar pero a veces no.
Uno de los capítulos ineludibles en la preparación de un juicio es elaborar un presupuesto de ingresos y gastos.
Cuando hablamos de gastos del juicio nos referimos a todos aquellos desembolsos de tipo económico que tengan su origen directo e inmediato en la existencia del juicio (EJ: facturas de teléfono móvil, taxis para acudir al juzgado, etc.). Una parte de estos gastos, señalados limitadamente por la ley, se denominan costas procesales (art. 241.1 LEC): - Honorarios de profesionales (abogados y procuradores) Publicidad de anuncios o edictos exigibles à la LEC añade “exigibles” porque los edictos que no son obligatorios NO son costas.
Depósitos para la presentación de recursos à Antes no había pero ahora con la crisis sí porque les interesa recaudar dinero.
Honorarios de cualquier tipo de peritos.
Documentos, copias, aranceles y tasas judiciales.
! Por lo tanto, vemos que no es lo mismo gastos del juicio que costas procesales à los gastos son un término genérico y las costas son un tipo de gasto, más concreto.
54 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Las costas procesales son los únicos gastos relevantes a los efectos de la condena, tasación y exacción de costas regulada en la ley à “El billete de autobús que hemos comprado para acudir al juzgado no se puede recuperar”.
A la hora de elaborar el presupuesto hay que tener en cuenta 3 reglas generales que establece la ley en relación con los gastos del juicio: ü La CE dice que el juicio debe tener un coste económico superable. Por tanto, aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos serán ayudadas por el Estado para hacer frente a los gastos del litigio à tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita.
ü De cara al juicio, cada parte ha de pagar los gastos y costas causados a su instancia, a medida que se vayan produciendo (art. 241 LEC). EJ: Yo pido un perito, pues lo pago.
ü En cada resolución judicial el tribunal debe incluir, por ministerio de la ley, un pronunciamento específico sobre las costas.
Cuando el tribunal decide imponerle las costas a alguno de los litigantes, este pronunciamento se denomina “condena en costas” (durante el juicio cada parte va pagando sus costas pero al final del juicio el juez decide quien las soporta).
La condena en costas se rige, en general, por el criterio del vencimiento objetivo à La parte vencida debe soportar las costas, por el mero hecho de haber perdido el pleito e independientemente de consideraciones subjetivas sobre su conducta.
4. Condena en costas La condena en costas se produce cuando el juez atribuye el pago de las costas a una sola de las partes (impone las costas a una parte). Así, mediante la “condena en costas”, el pago de los gastos que la ley considera “costas procesales” se hace recaer exclusivamente sobre el litigante vencido.
En nuestro derecho la condena en costas tiene que ver con la tutuela judicial efectiva. Esta garantía del proceso civil tiene 2 vertientes: la positiva (que el juicio sea efectivo) y la negativa (denominada también “prohibición de indefensión”).
Dentro de la vertiente positiva de la tutela judicial efectiva hay distintas consecuencias à una de ellas es el derecho a un coste económico soportable del procedimiento. Por tanto, la condena en costas tiene trascendencia constitucional porque tiene que ver con esta vertiente concreta del aspecto positivo de la tutela judicial efectiva del art. 24 CE.
La eficacia del juicio significa, entre otras cosas, que éste tenga un coste soportable para el litigante.
55 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil CRITERIOS DE IMPOSICION DE COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA VENCIMIENTO TOTAL El vencido paga las costas § § VENCIMIENTO PARCIAL Cada uno paga sus costas § § LÍMITES EXCEPCIONES: Serias dudas de hecho o de derecho Motivación expresa SI SE APRECIA TEMERIDAD: Se pueden imponer a una sola parte Sin límites en la recuperación No coste de profesionales, si su intervención no es preceptiva Sólo es recuperable 1/3 de la cuantía del juicio Diligencias inútiles, superfluas, no autorizadas por la ley Condena expresa en incidentes y recursos - Principios que rigen la condena en costas - Tenemos que memorizar todos los principios: v La condena en costas SÓLO puede recaer sobre una parte. Es un pronunciamiento accesorio de la condena (en cada resolución hay un pronunciamiento sobre costas) y, además, es un pronunciamiento de gravamen (es una carga o obligación). El hecho de que sea un gravamen tiene como consecuencia la posibilidad de presentar un recurso contra el pronunciamiento de la condena en costas.
El litigante vencedor es el beneficiario de la condena en costas y lo es personalmente. De manera que no cabe que sus representantes procesales tengan crédito directo contra el vencido ni lo que se denomina “distracción de las costas” à Sólo la parte procesal beneficiada por las costas tiene derecho a exigirlas.
El Ministerio Fiscal, cuando interviene, es inmune a la condena en costas (art. 394.4 LEC) à aunque pierda, nunca pagará las costas. Queda exonerado de su pago.
v La condena en costas se impone de oficio (“por ministerio de la ley”) à ello tiene 2 consecuencias: § El juez tiene que incluir el pronunciamiento sobre costas aunque las partes no lo soliciten. Esto es: se trata de un pronunciamiento automatico que es exigible al juez de oficio (independientemente de que las partes se lo pidan).
56 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil § Si el juez se olvida de hacer un pronunciamiento sobre costas, las partes podrían solicitar una “aclaración de sentencia” por este motivo (NO es un recurso).
Ello no excluye que se admitan los pactos contractuales sobre costas, materia de contenido económico y que entra dentro del poder de disposición de las partes.
v La condena se impone a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente rechazadas (art.
394.1 LEC). El criterio más importante para la imposición de costas en primera instancia es el “vencimiento objetivo” à es decir: “el que pierde, paga”. Casos de desestimación TOTAL.
v El vencimiento objetivo es la regla general, pero excepcionalmente no se impondrán las costas al litigante vencido (como seria lo normal) cuando el tribunal aprecie que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para ello se tiene en cuenta cómo se ha pronunciado la jurisprudencia en supuestos similares (cómo han tratado los tribunales casos parecidos – art. 394.1 LEC).
v El criterio general es el del “vencimiento objetivo” y como excepción también existe la regla de la temeridad. A veces el juez tiene en cuenta la temeridad del litigante para imponer las costas. Este criterio es subjetivo: independientemente de quien gane o pierda, si uno de los litigantes ha actuado de mala fe o con temeridad, se le pueden imponer las costas. Cuando se aplica este criterio dejan de aplicarse una serie de limitaciones que después veremos en relación al importe de las costas a reclamar (art. 394.3 LEC).
v En caso de estimación o desestimación parcial de la demanda, en principio, cada parte ha de abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad (art. 394.2 LEC). EJ: cada uno paga a su abogado y peritos pero si las 2 partes han pedido un perito de oficio, este perito se pagará a medias.
v Aun en el caso de vencimiento PARCIAL (en el que las costas son asumidas por cada uno y las comunes por mitad), el tribunal puede imponer las costas a una sola parte si se aprecia temeridad en su conducta procesal (art. 394.2 LEC).
v En materia de recursos, si el recurso es desestimado (no le dan la razón al recurrente) se aplica el criterio del vencimiento objetivo (igual que en 1ª instancia), es decir: condenan en costas al recurrente. Si el recurso prospera total o parcialmente, no se condena en costas del recurso a ninguno de los litigantes (art. 398 LEC) à cada uno abona las suyas y ya está.
Justificación à Si un tribunal dice “A” en 1ª instancia y otro tribunal dice “B” en 2ª instancia quiere decir que la cosa no está muy clara y, por tanto, pueden haber serias dudas de hecho o de derecho.
- Limitaciones de la condena en costas La condena en costas, no obstante, tiene unos límites señalados por la ley: 57 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil v NO se incluyen en las costas aquellos gastos de abogado y procurador si su intervención no es preceptiva (en los casos en que tu utilizas abogado y procurador “porque te da la gana”, el condenado en costas no tiene que asumir este gasto que tu has utilizado voluntariamente). Esto tiene 2 excepciones à Aunque el abogado y el procurador no sean obligatorios, se incluirán sus honorarios en 2 casos: § Cuando el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas.
§ Cuando el domicilio de la parte representada y defendida esté en un lugar distinto a aquel en el que se ha tramitado el juicio (art. 32.5 LEC).
v NO se incluyen en las costas los derechos correspondientes a escritos, diligencias y demás actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley. Tampoco pueden incluirse las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente, o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito (art. 243.2 LEC).
v Tampoco se incluyen las costas de actuaciones o incidentes en que hubiera sido condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal (art.
243.3 LEC).
v Cuando aplicamos estrictamente la regla del “vencimiento objetivo” (sin matices), las costas tienen una limitación cuantitativa que es un tercio (1/3) de la cuantía del litigio (art. 394.3 LEC). EJ: Si pedías 1.000€, nunca podrás reclamarle a la otra parte más de 333’33€. Esta limitación NO rige cuando se aplica la regla de la temeridad (cuando el tribunal aprecia temeridad en el litigante condenado en costas).
v Cuando el condenado en costas es beneficiario de asistencia jurídica gratuita, sólo está obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos que señala la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (art. 394.3 LEC).
- Tasación y exacción2 de las costas Tasación de las costas à liquidación de las mismas. Es decir: la determinación exacta de las cantidades que ha de pagar la parte condenada al pago.
El procedimiento propicia la discusión contradictoria de cada partida, tanto en su aspecto de si son debidas como si son excesivas (arts. 242-245 LEC).
Una vez fijadas las costas, se procede a su exacción por la vía de apremio (art. 242.1 LEC). Se puede obligar a cumplir la condena en costas, se puede llegar a embargar para cumplirla.
                                                                                                                2 Exacción = obligar al cumplimiento.
58 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 8: ALEGACIONES ü ü ü ü ü El juicio propiamente dicho comienza por un escrito, denominado técnicamente “demanda”, cuya estructura y contenido vienen prefijados en la ley.
En la demanda se exponen los hechos, los fundamentos de derecho y las peticiones que formula el actor.
La presentación de la demanda origina un conjunto de efectos, que se conocen con el nombre de “litispendencia” y que van encaminados a que no perjudique la posición de las partes por el hecho de la inevitable duración del juicio.
En la demanda se puede ejercitar más de una acción conjuntamente, si son compatibles (acumulación de acciones).
Cuando se promueven varios juicios por separado sobre pretensiones conexas, se considera la oportunidad de reunirlos todos en uno solo por razones de economía (acumulación de juicios).
1. La demanda La demanda es el acto con el que se incoa el juicio. La ley da instrucciones minuciosas de cómo redactarla (art. 399 LEC): v El juicio principiará por la demanda donde, de acuerdo con el artículo 155, se establecerán los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados. Se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida (art. 399.1 LEC).
v Junto a la designación del actor se hará mención del nombre y apellidos del procurador y del abogado, cuando intervengan (art. 399.2 LEC).
v Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara para facilitar su admisión o negociación por el demandado al contestar. Se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamente las pretensiones y, finalmente, se formularan valoraciones o razonamientos sobre éstos (art. 399.3 LEC).
v En los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán las alegaciones que procedan sobre la capacidad de las partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualquier otro hecho del que puede depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo (art. 399.4 LEC).
v En la petición, cuando sean varios pronunciamiento judiciales que se pretenda, se expresarán con la debida separación. Las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente (art. 399.5 LEC).
59 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil MODELO DE ESTRUCTURA DE LA DEMANDA 1. IDENTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DE BARCELONA Nº** Juicio ordinario: **/2012 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Demandante: Nombre Domicilio Abogado Procurador Procurador: Abogado: Demandado: Objeto del escrito: 3. HECHOS 4. FUNDAMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL DEL CAFÉ, S.A.
Via Imperial 1 20135 TARRAGONA Tel.: 977 21 00 30 Fax: 977 21 00 31 JAVIER PEDEMONTE FOLQUET ANDREU PUIG ROIG (Colegiado 2.006) Rambla 1 43000 TARRAGONA Tel.: 977 22 00 00 Fax: 972 22 00 01 Correo electrónico: puig@despacho.com DISTRIBUIDORA CATALANA S.A.
San Augusto 414 08066 BARCELONA Tel.: 93 402 58 58 Fax: 93 402 51 51 Demanda de juicio ordinario HECHOS Primero: … Documento nº1: Segundo: … Documento nº2: FUNDAMENTOS DE DERECHO I. ACCIÓN EJERCITADA II. ASPECTOS PROCESALES Jurisdicción Competencia Cuantía del pleito Procedimiento Tasa judicial Costas III. FONDO DE ASUNTO 5. PETICIÓN PETICIÓN QUE SE FORMULA 1. Condene a [la demandada] al pago de … 2. Condene a [la demandada] al pago de las costas procesales.
6. LUGAR, FECHA Y FIRMA Barcelona, dieciocho de abril de dos mil doce.
Ldo. Andreu Puig Roig (Col. 2.012) Javier Pedemonte Folquet 60 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 2. Documentación anexa y copias Al escrito de demanda hay que acompañar: § Documentos procesales (art. 264 LEC), tales como el poder para pleitos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa.
§ Documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto (art. 265 LEC), en especial: los documentos en que las partes funden su derecho, certificaciones de todo tipo y dictámenes periciales.
§ Documentos exigidos en casos especiales (art. 266 LEC).
§ Copias del escrito de demanda y de los documentos (art. 273 LEC) para entregárselos al demandado.
3. Delimitación del objeto del juicio En el escrito de demanda se consigna y delimita en todo su alcance el objeto del juicio. Tal delimitación resulta conjuntamente de la exposición de hechos, de los fundamentos de derecho y de lo que se pide en la demanda (art. 399 LEC).
ü Los hechos son los acaecimientos de la vida, en su espacio y tiempo, que los litigantes introducen en el juicio a la hora de contar “su” historia.
ü Los fundamentos de derecho son el soporte normativo que evidencia la relevancia jurídica de los hechos aducidos.
ü La petición expresa la exigencia jurídica de la parte, determinante de la incoación del juicio. En la petición puede solicitarse: condena, declaración, constitución, modificación o extinción de situaciones jurídicas, medidas cautelares (art. 5.1 LEC).
La ley exige que se incluyan en la demanda todos los conocidos y todas las pretensiones que se derivan de los hechos y de los fundamentos jurídicos. La norma es claramente inconstitucional (art.
400 LEC) pero, en todo caso, hay que interpretarla restrictivamente.
4. Litispendencia Litispendencia significa lo mismo que pendencia de un juicio y designa el estado que se produce por dicho evento.
La litispendencia responde a una ficción à Puesto que el juicio no es instantáneo, sino que necesita del tiempo para llegar a su conclusión, hay que prevenir cualquier modificación que pueda eventualmente ocurrir. Y para ello se parte de la ficción de que durante el curso del juicio, la realidad permanece inmóvil, fija, desde el momento mismo de la demanda. Con ello se pretende llegar a la sentencia con el statu quo existente en el momento de la demanda.
Esto es como un paliativo a la duración temporal del juicio, para que el tiempo que tarda en definirse el derecho no redunde en perjuicio de las partes. La LEC ha tomado las siguientes opciones: 61 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil § § § § § § Fija el inicio de la litispendencia en el momento de presentación de la demanda, si después es admitida (art. 410 LEC).
Establece la perpetuación de la jurisdicción y de la competencia del tribunal, independientemente de las alteraciones que puedan producirse en cuanto al domicilio de las partes, situación de la cosa litigiosa y objeto del juicio (art. 411 LEC).
Prohíbe el cambio de demanda, salvo la facultad de formular alegaciones complementarias (art.
412 LEC).
Considera irrelevantes las innovaciones que puedan producirse en el objeto del juicio después de iniciado éste. Exceptúa los casos en que ello pueda producir satisfacción extraprocesal de las pretensiones o pérdida del interés legítimo (art. 413 LEC).
Se impide la incoación de un juicio posterior sobre el mismo objeto a través de la excepción de litispendencia (art. 416.1.2ª LEC).
Además de los efectos señalados, el derecho positivo toma en cuenta el hecho de la existencia de una demanda en relación con determinadas instituciones jurídicas, atribuyéndoles diversas repercusiones; como la mora o la interrupción de la prescripción.
5. Ampliación del objeto del juicio Se puede ampliar el objeto del juicio mediante diversos mecanismos, que pueden utilizar ambas partes, según las circunstancias. Los más relevantes son: § § § § La acumulación inicial o sucesiva de acciones.
La ampliación de la demanda, antes de la contestación, mediante la acumulación de nuevas acciones o para dirigirlas contra nuevos demandados (art. 401.2 LEC) Introduciendo en el pleito hechos relevantes conocidos con posterioridad a las alegaciones iniciales (art. 286 LEC).
Alegando hechos nuevos relevantes en la audiencia previa (art. 426.4 LEC).
6. Acumulación de acciones - Concepto La acumulación de acciones es el ejercicio simultaneo en una sola demanda, entre uno o varios litigantes, de diversos objetos litigiosos a fin de que se trasmiten en un solo juicio y se resuelvan en una única sentencia.
- Clases La ley menciona las siguientes clases: v La acumulación objetiva (art. 71.2 LEC): “El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incompatibles entre sí”.
62 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil v La acumulación subjetiva (art. 72 LEC): “Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos”.
v La que llama acumulación eventual, conocida tradicionalmente con el nombre de “acumulación subsidiaria” (art. 71.4 LEC): “El actor podrá acumular eventualmente acciones entre sí incompatibles, con expresión de la acción principal y de aquella otra u otras que ejercita para el solo evento que la principal no se estime fundada”.
v La acumulación sucesiva por ampliación de demanda (art. 401.2 LEC), aunque la ley no la rotule.
v El hecho de que la ley no mencione la acumulación alternativa, no quiere decir que no sea posible.
v También se prevé una acumulación marcial impuesta por la ley, cuando ésta lo prevea en casos determinados (art. 73.3 LEC).
- Presupuestos Es presupuestos común a todos los tipos de acumulación que las acciones no sean incompatibles entre sí (art. 71.2 LEC). La ley considera incompatibles las acciones que se excluyen mutuamente o que son contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impide o hace ineficaz el ejercicio de la otra u otras (art. 71.3 LEC).
Para que sea admisible la acumulación de acciones es preciso (art. 73.1 LEC): - Que el tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción i competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario puede acumularse la acción que, por sí sola, se habría de ventilar, por razón de su cuantía, en juicio verbal.
- Que las acciones acumuladas no deban ventilarse en juicios de diferente tipo por razón de su materia.
- Que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten determinadas acciones en razón de su materia o por razón del tipo de juicios que se haya de seguir.
Supuesto especial es el relativo a las demandas de impugnación de acuerdos sociales à En estos casos se acumulan de oficio todas las que pretendan la declaración de nulidad o de anulabilidad de los acuerdos adoptados en una misma junta o asamblea o en una misma sesión de órgano colegiado de administración y que se presenten en los 40 días siguientes a aquel en que se hubiera presentado la primera (art. 73.2 LEC).
- ¿Cómo se gestionan las acciones acumuladas? - 63 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil El momento límite para el ejercicio inicial de acciones acumuladas es el de la contestación de la demanda (art. 401 LEC).
Cuando se trata de una acumulación sucesiva de acciones, se produce una modificación lógica del plazo para contestar a la demanda (art. 401.2 LEC).
El principal efecto de toda acumulación de acciones es el tratamiento procesal unitario que deben recibir en un mismo juicio y su resolución conjunta en una sola sentencia (art. 71.1 LEC).
7. Acumulación de juicios - Concepto La acumulación de procesos se refiere a la reunión en un solo juicio de dos o más que se han iniciado separadamente, en base a que existe un criterio de conexión entre ellos, que justifica una respuesta judicial unitaria.
Esta institución se funda no sólo en criterios de economía procesal, sino también de armonía: soluciones homogéneas para los mismos problemas. De ahí que se exija un criterio de conexión entre los juicios que han de acumularse, que justifique su tratamiento unitario.
- Presupuestos La acumulación de juicios requiere: § § § § Iniciativa de parte (art. 75 LEC).
Conexión entre los juicios à Las causas establecidas en la ley son la prejudicialidad (cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los juicios pueda producir efectos prejudiciales en el otro – art. 76 LEC) y el riesgo de que se produzcan sentencias contradictorias, incompatibles o excluyentes, si los juicios se siguen por separado (art. 76.2 LEC).
Homogeneidad entre los juicios que se han de acumular (arts. 77-78 LEC).
La acumulación sólo es admisible cuando los juicios se encuentran en primera instancia y no ha finalizado el acto del juicio (art. 77.4 LEC).
- Efectos - La solicitud de acumulación no suspende el curso de los juicios que deban acumular. Pero el tribunal debe abstenerse de dictar sentencia en cualquiera de ellos hasta que decida sobre la procedencia de la acumulación (arts. 81 y 88 LEC).
En virtud de la acumulación, se sigue un solo juicio y se dicta una sola sentencia (art. 74 LEC).
64 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 9: LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA ü ü ü ü ü ü Presentada la demanda se le comunica al demandado, ofreciéndole un plazo para que la conteste.
El demandado puede manifestar su conformidad con la demanda, allanándose a la misma.
Cualquier respuesta que formule el demandado cabe dentro de la contestación a la demanda.
El demandado puede formular excepciones, controvertir los hechos o los fundamentos de derecho de la demanda o introducir hechos nuevos en el pleito y sacar sus propias conclusiones.
El demandado también puede formular reconvención contra el actor, convirtiéndose así en demandante.
Si el demandado no acude al llamamiento, se le declara en rebeldía y el juicio se sigue en su ausencia.
1. Emplazamiento del demandado Cuando el juez recibe la demanda del demandante, requiere al demandado y le emplaza para que conteste la demanda en un plazo de 20 días desde que se interpone la misma (art. 404 LEC).
Esta diligencia es sumamente importante para las garantías del demandado. Practicar esta diligencia correctamente condiciona los derechos constitucionales procesales del demandado, principalmente los derechos de audiencia y contradicción pero también muchos otros: el derecho de prueba, el derecho a designar un abogado de oficio, derecho a los recursos, etc. Si uno no sabe que hay un juicio contra él, no podrá participar en el procedimiento y, por lo tanto, no podrá llevar a cabo todos los medios previstos para su defensa.
El juicio no puede desenvolverse en la ignorancia del demandado y, por ello, trata de asegurarse su presencia en el mismo, aunque limitada a su presencia jurídica, como veremos.
Tanto es así que la infracción de esta garantía es susceptible de amparo constitucional.
El emplazamiento del demandado se realiza de acuerdo con las modalidades previstas en la teoría general de las notificaciones (art. 155 LEC). La primera notificación al demandado se hace en el domicilio con “correo certificado con acuse de recibo” y el resto de notificaciones del procedimiento se hacen a través del procurador. ! Recordar que se puede modificar tanto el domicilio habitual como el lugar de trabajo habitual.
Aparte del demandado hay otras personas que pueden recibir la notificación (familiares mayores de 14 años, la portera, etc.). El art. 155 LEC nos dice qué personas pueden recibir la notificación válidamente en nombre de otro.
La ley exige del tribunal una especial diligencia para averiguar el domicilio del demandado al objeto de que pueda ser emplazado regularmente (art. 156 LEC). Si la parte actora no ha dado domicilio o el que ha dado es incorrecto, el tribunal puede investigar cuál es en realidad (EJ: puede preguntar a Hacienda, a los Mossos d’Esquadra, etc.). Se trata de las averiguaciones del tribunal contenidas en el art.
156 LEC.
Las posiciones del demandado una vez recibida la demanda son muy diversas. Se pueden distinguir 2 grandes grupos de posturas: 65 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil v Unas de sentido positivo (tener una actitud activa) que pueden ir desde la simple comparecencia del demandado hasta una postura extrema en la que éste llega a convertirse en demandante (mediante la “reconvención” à reconvertir es plantear una demanda contra el demandante, contra la parte actora). Dentro de estas actitudes activas también está el allanamiento.
v Y otras meramente negativas, caracterizadas por su inactividad o incluso su ausencia. El silencio del demandado (no hacer nada ante la demanda) se traduce en “rebeldía” (conducta omisiva, absoluta pasividad del demandante).
DEMANDANTE Demanda TRIBUNAL Emplazamiento DEMANDADO Allanamiento Contestación Reconvención Rebeldia EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO 2. Allanamiento - Concepto El allanamiento (regulado en el art. 21 LEC), es un reconocimiento expreso de la pretensión del actor efectuada unilateralmente por el demandado.
“Se le dice al demandante: tienes razón, que me condenen en parte o en todo”. Por eso existen 2 tipos de allanamiento: el total y el parcial (aceptas parte de lo que pide el demandante), con diferentes efectos el uno y el otro: ü En caso de allanamiento total (en el que el demandado acepta totalmente lo que dice la parte actora), el tribunal dicta sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por el actor (art.
21.1 LEC).
66 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil ü Cuando se trata de un allanamiento parcial, a petición del demandante (NO de oficio), el tribunal puede dictar auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento (! por AUTO, no por sentencia).
Limitación à Estas pretensiones deben ser separables (escindibles) del resto de pretensiones del actor, de manera que no se pre-juzgue la solución del resto de pretensiones no allanadas, respecto de las cuales continua el juicio (art. 21.2 LEC).
El allanamiento tempestivo del demandado puede evitarle la condena en costas. No se imponen las costas al demandado allanado a no ser que el juez aprecie mala fe en su conducta o que no haya respondido a los intentos del actor de evitar el juicio (art. 395 LEC).
- Límites objetivos del allanamiento El allanamiento tiene unos límites, no vale cualquier allanamiento. Hay algunos casos en los que la prohibición es total y otros en los que el juez deberá decidir si es posible o no.
Existen las siguientes restricciones para el allanamiento: - En los procesos NO dispositivos (hay procedimientos civiles que por excepción son NO dispositivos, por ejemplo: procedimientos de familia, separación, incapacitación, etc.) el juez deberá vigilar si el allanamiento es posible o no. Si se están discutiendo cuestiones económicas el allanamiento SÍ que es posible. Ahora bien, si en lo que te allanas tiene que ver con cuestiones de orden público, el tribunal no lo aceptará.
Posibilidades restringidas de allanamiento en los procedimientos no dispositivos, dependerá de lo que es objeto de allanamiento aceptarlo o no. EJ: Procedimientos que tienen que ver con la custodia de niños. El padre demandado acepta no ver nunca al niño à el Ministerio Fiscal dirá que esto no puede ser objeto de allanamiento porque su deber como padre es ver al niño un mínimo.
- El allanamiento es imposible respecto a derechos irrenunciables (prohibición total). EJ: no puedo renunciar a un derecho fundamental. Supongamos que la parte actora me pide que renuncie a mi derecho al honor, el juez no lo aceptaría.
- NO se admite el allanamiento cuando suponga una renuncia contra el interés general o en fraude de ley (art. 21.1 LEC).
- Tampoco se admite el allanamiento cuando éste se intenta hacer en perjuicio de terceros, para evitar juicios fraudulentos (art. 21.1 LEC). Si tu te allanas pero tu allanamiento afecta a una persona concreta, el juez no lo aceptará.
- El allanamiento es irrelevante si se trata de pretensiones imposibles o ilícitas, porque no puede producir ningún efecto. EJ: Si el actor pide la luna y el demandado se la quiere dar (se allana), eso es imposible.
67 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 3. Contestación de la demanda - Concepto Por “contestación a la demanda” entendemos cualquier postura que puede adoptar el demandado frente a la demanda (se trata de un concepto muy amplio de contestación): desde el allanamiento hasta la reconvención, pasando por todas las situaciones intermedias (art. 405 LEC). También hay que tener en cuenta que puede no haber contestación a la demanda, sin que ello impida la continuación del juicio.
La forma externa (esquema) que adopta la contestación es muy similar a una demanda y deberá ir acompañada de los documentos y de las copias (tantas copias como demandados haya y una para el tribunal). Generalmente son los procuradores los que se encargan de hacer las copias.
La forma de la contestación a la demanda es: - Encabezamiento à Aquí identificamos al tribunal y el número de autos (el procedimiento).
Después identificamos a las partes à parte acotra y demandada (nombre, apellidos, domicilio, abogados, procuradores, D.N.I.).
Después planteamos si queremos hacer algunas cuestiones previas à si el juez las estima ya no analizaremos el resto de cosas.
Hechos según la versión del demandado.
Fundamentos de derecho à generalmente primero ponemos los fundamentos procesales y después los fundamentos sustantivos.
Petición à como demandados pediremos que se desestime la demanda con imposición de costas a la parte actora.
Y por último: lugar, fecha y firma à firmas de abogado y procurador en los procedimientos en los que sea necesario que acudan los 2.
MODELO DE ESTRUCTURA DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 1. IDENTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL Y DEL LITIGIO 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Nombre Domicilio Abogado Procurador JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº29 DE BARCELONA Juicio ordinario: 980/2012 Demandado: Abogado: Procurador: Demandante: DISTRIBUIDORA CATALANA S.A.
San Augusto 414 08066 BARCELONA Tel.: 93 402 58 58 Fax: 93 402 51 51 Correo: distribuidora@distribución.com MIGUEL LARA COS (Colegiado 340) Diagonal 1 08000 BARCELONA Tel.: 93 455 00 00 Fax: 93 455 00 01 Correo electrónico: lara@abogados.com ALEX MARIMON OLIVERAS INTERNACIONAL DEL CAFÉ, S.A.
Via Imperial 1 20135 TARRAGONA Tel.: 977 21 00 30 Fax: 977 21 00 31 Correo electrónico: café@cafe.com 68 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Nombre Domicilio Abogado Procurador Demandante: Abogado: Procurador: Objeto del escrito: 3. CUESTIONES PREVIAS INTERNACIONAL DEL CAFÉ, S.A.
Via Imperial 1 20135 TARRAGONA Tel.: 977 21 00 30 Fax: 977 21 00 31 Correo electrónico: café@cafe.com ANDREU PUIG ROIG (Colegiado 2.006) Rambla 1 43000 TARRAGONA Tel.: 977 22 00 00 Fax: 972 22 00 01 Correo electrónico: puig@despacho.com JAVIER PEDEMONTE FOLQUET Contestación a la demanda de juicio ordinario CUESTIONES PREVIAS Litispendencia Falta de litisconsorcio necesario … 4. HECHOS HECHOS DE LA CONTESTACIÓN Primero: … Documento nº1: Segundo: … Documento nº2: 5. FUNDAMENTOS DE DERECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO I. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA EN CUANTO AL FONDO II. COSTAS PETICIÓN QUE SE FORMULA 6. PETICIÓN Desestimar íntegramente la demanda, con imposición de costas a la parte actora.
7. LUGAR, FECHA Y FIRMA Barcelona, veintiuno de junio de dos mil doce.
Ldo. Miguel Lara Cos (Col. 340) Alex Marimon Oliveras - Contenido En relación con el contenido de la contestación a la demanda, lo que NO habrá en la contestación es la “declinatoria”. La declinatoria la debermos haber utilizado ANTES. El demandado puede utilizar la declinatoria para denunciar la falta de jurisdicción y de competencia de todo tipo del tribunal, o la sumisión de la cuestion a arbitraje o mediación (art. 63 LEC).
69 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Esta actuación, que debe hacer en escrito independiente del de contestación a la demanda, es determinante, porque en otro caso se produce sumisión.
Plazo para interponer la declinatoria à 5 o 10 días (10 días si se trata de un juicio verbal).
Dentro de los 20 días que el demandado tiene para contestar a la demanda, en los 10 primeros puede interponer la declinatoria.
Cosas que SÍ incluirá la contestación a la demanda: v Por lógica, el demandado empezará alegando sus excepciones y demás cuestiones de índole procesal que resulten procedentes (se discutirán en la audiencia previa pero las debe incluir en el escrito de contestación). En el catalogo posible se encuentran (art. 416 LEC): § § § § § § § § La falta de capacidad de los litigantes o de representación en sus diversas clases.
La acumulación de acciones improcedente.
La falta del debido litisconsorcio.
La litispendencia.
La cosa juzgada.
La inadecuación del procedimiento, por razón de la cuantía o por razón de la materia.
El defecto legal en el modo de proponer la demanda, por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o de la petición que se deduzca.
Otras circunstancias análogas a estas (art. 425 LEC), cláusula de recogida de cualquier cuestion peregrina que pueda plantearse.
v Una vez hecho esto, la admisión o negociación de los hechos aducidos por el actor. La ley dice que el silencio o las respuestas evasivas del demandado en relación con los hechos del demandante se puede entender como reconocimiento tácito de esos hechos (art. 405.2 LEC).
v La negociación de los fundamentos jurídicos de la demanda. EJ: El actor dice que es aplicable el art.
1124 CC pero no lo es.
v La alegación de hechos nuevos, excepciones materiales o fundamentos jurídicos de su oposición a la demanda (art. 405.1 LEC). No se está discutiendo si los hechos afirmados por el actor son verdaderos o falsos sino que se añaden otros (cosas que en la demanda no se han dicho). EJ: El art.
1124 CC que el actor dice que es aplicable, no lo es porque esto es una acción de culpa extracontractual y por lo tanto, el artículo aplicable es el 1203 CC.
v En relación con la compensación y la nulidad del negocio jurídico, si se plantea ello debe ir siempre por vía de “reconvención”. EJ: El actor dice que le debe 2.000€ y el demandado dice que son 1.000€ à alegación de compensación de deudas.
Cuando el demandado alegue compensación de deudas o nulidad del negocio jurídico, éste las deberá plantear por “reconvención” (art. 408 LEC) y si no lo hace expresamente el tribunal las tratará como “reconvención”. Las cuestiones que van por vía reconvencional, se le da la 70 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil oportunidad al actor de contestarla en 20 días y aportar la prueba para rebatir esta demanda de reconvención.
4. Reconvención - Concepto La reconvención es la demanda que, a su vez, formula el demandado contra el demandante, aprovechando la oportunidad de la contestación a la demanda (art. 406.1 LEC). Obedece, pues, a un criterio de oportunidad y de economía procesal à Lo que es objeto de reconvención podría ser materia de un juicio independediente. Si se plantea dentro del juicio que ya está iniciado es por las razones apuntadas.
- ¿Cómo se gestiona la reconvención? v La reconvención debe proponerse a continuación de la contestación a la demanda y tiene la forma de demanda (es una demanda, ni más ni menos). La ley ha acabado con la denominada “reconvención implícita” (art. 406.3 LEC). Es una demanda que podría ser objeto de un juicio aparte, pero por razones de economía procesal se plantea en el mismo procedimiento.
No es posible una reconvención implícita à Si se hace una reconvención contra el demandante, debe hacerse claramente: “estoy demandando al actor”. Esta es la única manera de que el actor pueda contestar a la demanda que se le formula y aportar prueba. No podría ser implícita porque se le estarían negando derechos a la parte actora.
v Se puede reconvenir contra personas distintas del demandante, “siempre que puedan considerarse litisconsortes voluntarios o necesarios del actor reconvenido por su relación con el objeto de la demanda reconvencional” (art. 407.1 LEC).
v Se exige un criterio de conexión entre lo que es objeto del juicio principal y de la reconvención (art. 406.1 LEC) à Será necesario que la acción reconvencional esté relacionada con la acción principal (EJ: si yo demando a alguien por incumplimiento de un contrato, el otro no me podrá reconvenir alegando el incumplimiento de un contrato distinto). La definición de conexión la encontramos en la ley pero no es necesario estudiarla.
v El contenido de la reconvención (o la acción reconvencional) deberá respetar la competencia objetiva del tribunal por razón de la materia o de la cuantía. Pero se admite la reconvención de una acción conexa que, por razón de la cuantía, habría de tramitarse en juicio verbal (art. 406.2 LEC). Es decir, que si tu en una acción reconvencional acciones y esto debería ser tramitado a un juzgado jerárquicamente superior no se podrá tramitar en el juzgado en el que estás (el juez inadmitiría la reconvención). Ahora bien, si esta acción reconvencional debería resolverse por el tribunal de primera instancia de Madrid, por ejemplo, entonces sí (apuntes clase).
No se admite la reconvención cuando la acción que se ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza (art. 406.2 LEC).
71 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil En cuanto al tipo de procedimiento, la acción reconvencional deberá ser del mismo tipo y naturaleza que la principal, pero no pasa nada si la acción reconvencional se tramita por el juicio verbal por razón de la cuantía.
La contestación a la reconvención se hace en 20 días desde que se notifica la reconvención al sujeto reconvenido (mismo plazo que tiene el demandado para contestar a la demanda à “se les da igualdad de armas”). Deben contestar en la forma prevista para la contestación a la demanda (art. 407.2 LEC).
v ¿Se puede reconvenir contra la reconvención? ¿El actor puede formular otra demanda contra la demanda de reconvención que le ha formulado el demandado? à La ley no lo resuelve. Hay teóricos que dicen que “lo que no está prohibido, está permitido” y hay otros que piensan que si el legislador quisiera permitirlo, lo habría regulado. Si se diera un caso así, la respuesta dependería del tribunal en el que se planteara (dependería del criterio del juez).
Los principales efectos de la reconvención son los siguientes: ü Como que la reconvención es una demanda, produce una litispendencia propia. Se trata de un juicio pendiente del demandado contra el actor y una vez resuelta, la reconvención tendrá los efectos de cosa juzgada (igual que la acción principal, igual que una demanda).
ü En el fondo, la reconvención implica una acumulación objetiva de acciones (se acumulan la acción del actor y del demandado) y por lo tanto aumentan el objeto del juicio. Son 2 acciones en un mismo procedimiento (acción principal y acción reconvencional).
ü La reconvención recibe un tratamiento conjunto con la cuestion principal del pleito, resolviéndose en una única sentencia (art. 409 LEC). El juez debe contestar expresamente a las 2 acciones e imponer las costas en las 2 acciones en una sola sentencia, pero la decisión sobre la reconvención es autónoma, en el sentido de correr una suerte distinta que la cuestion principal.
5. Rebeldía La falta de respuesta del demandado al emplazamiento se traduce en una postura negativa de ausencia. El derecho toma en cuenta este dato para declarle en rebeldía y seguir el curso del juicio (art. 496.1 LEC) à La rebeldía es consecuencia del silencio del demandado (de no contestar a la demanda). La ley atribuye a la rebeldía los siguientes efectos: - Se incluyen los datos del demandado rebelde en el Registro central de rebeldes civiles (art. 157 LEC). Este registro depende del Ministerio de Justicia.
- A los rebeldes NO se les notifican todas las resoluciones del procedimiento sino sólo 2 (art. 497.1 LEC), las más importantes: § La resolución que declara su rebeldía, que se notifica al demandado por correo si su domicilio es conocido y, si no lo es, mediante edictos. Si se notifica por edictos, en el momento en que 72 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil § se conoce el domicilio del declarado rebelde, se le notificará también en su domicilio la pendencia del juicio, de oficio o a instancia de parte (art. 498 LEC).
Y la resolución que pone fin al juicio (sentencia final).
- La rebeldía no significa aceptar todo lo que pide el actor. No es un allanamiento ni tampoco supone admitir los hechos de la demanda, excepto los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario (art. 496.2 LEC). Si el actor no convence al juez con los hechos que aporta, no habrá sentencia condenatoria. No es automatico, esto es: si el actor pide una barbaridad y no la prueba, no se condenará al rebelde.
- La declaración de rebeldía no comporta la adopción automática de medidas cautelares à el actor deberá acreditar los requisitos de las medidas cautelares igual que en otros procedimientos.
- El rebelde puede comparecer en cualquier momento del juicio, sin que éste retroceda en su curso (art. 499 LEC). Podrá realizar todas las actuaciones procesales que no hayan precluido (igual que la parte actora). Ahora bien, los trámites que ya han pasado no puede realizarlos.
- La sentencia o resolución que ponga fin al juicio se notifica al demandado personalmente (art.
161 LEC). Esta notificación se hará en su domicilio. Si se halla en paradero desconocido, la notificación se hace publicando un extracto por medio de edicto en el “Boletín Oficial de la Comunidad Autonóma” o en el “Boletín Oficial del Estado”. Esta publicación por edictos NO es necesaria en el caso de juicios sumarios (art. 497 LEC).
- Una vez notificada personalmente la sentencia al rebelde, éste sólo podrá interponer: el recurso de apelación, el extraordinario por infracción procesal o el de casación, cuando procedan, si los interpone dentro del plazo legal.
El rebelde a quien no se ha notificado personalmente la sentencia (se ha hecho por edictos) puede utilizar los mismos recursos, pero en este caso el plazo para interponerlos se cuenta desde el día siguiente al de la publicación del edicto de notificación de la sentencia en los “Boletines Oficiales del Estado”, de la comunidad autónoma o de la provincia (art. 500 LEC). Así, vemos que el computo del plazo para interponer los recursos dependerá de si se le ha notificado la sentencia final por edictos o si era una notificación personal a domicilio.
- La ley otorga al rebelde la posibilidad de “rescisión de la sentencia firme” (arts. 501-508 LEC), cuando su desconocimiento del litigio se debe a fuerza mayor ininterrumpida o a desconocimiento involuntario del pleito, dentro de ciertos límites. EJ: Ha estado 11 meses en coma en el hospital.
Si el demandado no contestó a la demanda porque no pudo (no porque no quiso), existe un procedimiento específico denominado “rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde” que busca anular el procedimiento que se ha celebrado pensando que el rebelde era un rebelde voluntario. Este procedimiento se inicia a instancia de parte (5 años desde la firmeza de la sentencia o 3 meses desde la notificación de la última sentencia).
73 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 10: LA AUDIENCIA PREVIA ü ü ü ü ü ü En el juicio ordinario, después de las alegaciones, se convoca una audiencia previa.
El primer objetivo es explorar la posibilidad de una conciliación o transacción del asunto.
Descartada tal posibilidad, se despejan todas las cuestiones procesales que se hayan planteado.
Sigue la sesión para fijar los términos del debate, identificando los hechos admitidos y los controvertidos precisando las alegaciones sobre ellos.
Acto seguido se enumeran las pruebas que deben ser objeto de recepción en el acto del juicio y se toman las oportunas previsiones de soporte de las mismas.
Finalmente se fija la fecha para la celebración del juicio.
1. Convocatoria A continuación de las alegaciones iniciales de las partes, la ley fija una audiencia previa con ambiciosos y loables objetos. Se ha querido asegurar por todos los medios disuasorios la asistencia obligatoria al acto, en condiciones de tomar decisiones. Pero, bien visto, a la postre, todo el peso de estas previsiones recae sobre el abogado del demandante, que es el único que de verdad se la juega (art. 414 LEC).
2. Contenido El contenido posible de la audiencia previa en cada caso está descrito con minuciosidad: - Intento de solución extrajudicial El tribunal se limita a preguntar si subsiste el litigio entre las partes, si han llegado a un acuerdo y desean homologarlo, o si desean someterse a mediación o arbitraje (art. 415.1 LEC).
- Examen y resolución de cuestiones procesales Descartado el acuerdo entre las partes, el tribunal debe examinar la concurrencia de cualquier posible defecto procesal que pueda impedir la prosecución del juicio y, entre ellos (art. 416.1 LEC): § § § § § § § Defectos de capacidad o representación (art. 418 LEC).
Admisión indebida de la acumulación de acciones (art. 419 LEC).
Discusión sobre casos de litisconsorcio necesario (art. 420 LEC). Ello permite, en su caso, reproducir la demanda contra el litisconsorte preterido, integrándolo en el juicio pendiente.
Discusión de la existencia de litispendencia o cosa juzgada (art. 421 LEC).
Examen de la adecuación del procedimiento, tanto por razón de la cuantía (art. 422 LEC), como por razón de la materia (art. 423 LEC).
Corrección de los defectos de claridad o precisión en los escritos de alegaciones (art. 424 LEC).
Para agotar posibilidades, la norma (art. 425 LEC) deja abierta la puerta para poder dar respuesta por vía analógica a cualquier otro tipo de defecto procesal que pueda plantearse.
Quedan excluidos del debate la falta de jurisdicción (incluida la sumisión a arbitraje) o de competencia de todo tipo (art. 416.2 LEC). Claro que el demandado ya ha tenido tiempo con 74 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil anterioridad para formular estas cuestiones mediante la declinatoria (art. 63 LEC) y de suspender entretanto el curso del juicio (art. 64.1 LEC). Pero también el tribunal puede, si todavía no se ha mirado el tema cuando debía hacerlo (art. 404 LEC), verificar de oficio su jurisdicción o competencia.
En esta materia, la ley apuesta por el criterio de subsanación de cualquier defecto procesal que pueda ser disipado (arts 418.1, 420.1 y 424.1 LEC, entre otros).
- Fijación de los términos del debate Superado el capítulo de los defectos procesales, la audiencia previa continua con un grupo de actividades destinadas a depurar los términos del debate, tanto desde el punto de vista de los hechos como de los argumentos jurídicos. En ese momento del juicio y en relación con el objeto del mismo cabe: ü Efectuar alegaciones complementarias (art. 426.1 LEC) à en la audiencia los litigantes podrán, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos expuestos en sus escritos, efectuar alegaciones complementarias.
ü Aclarar, rectificar o precisar alegaciones o argumentos motu proprio (art. 426.2 LEC), o por iniciativa del tribunal (art. 426.6 LEC), respecto los hechos y argumentos contenidos en sus escritos de demanda o contestación.
ü Añadir peticiones accesorias o complementarias (art. 426.3 LEC), de las formuladas en sus escritos. Se admitirá tal adición si la parte contraria se muestra conforme. Si se opusiera, el tribunal decidirá su admisibilidad, que sólo acordara si entiende que no impide a la parte contraria ejecutar su derecho de defensa en condiciones de igualdad.
ü Alegar hechos nuevos (art. 426.4 LEC), cuando sean hechos de relevancia para fundamentar las pretensiones de las partes.
ü Fijar hechos controvertidos (art. 428.1 LEC), para que las partes fijen los hechos sobre los que exista conformidad y disconformidad de los litigantes.
- Intento de acuerdo entre las partes o de conformidad en los hechos Depurado el objeto del litigio, se establece nuevamente la posibilidad de que el tribunal exhorte a las partes a llegar a un acuerdo (art. 428.2 LEC). Alternativamente, si no es posible el acuerdo, la ley se interesa por ver si hay conformidad en los hechos para concluir anticipadamente el juicio, aunque en este caso mediante sentencia (art. 428.3 LEC).
- Organización de la prueba En la audiencia previa también hay una serie de actuaciones muy importantes relativas a la prueba y no sólo reducidas a la mera solicitud del recibimiento de prueba. Este grupo de actividades incluye las actuaciones siguientes: 75 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil v Depurar la prueba documental ya presentada (art. 427.1 LEC) à en la audiencia previa cada parte se pronunciará sobre los documentos aportados hasta ese momento, manifestado si los admite, los impugna o los reconoce o sí, en su caso, propone prueba acerca de su autenticidad.
v Depurar la prueba pericial ya presentada e informes de investigadores privados (art. 427.2 LEC) à las partes expresaran lo que convenga a su derecho acerca de los dictámenes periciales presentados hasta ese momento, admitiéndolos, contradiciéndolos o proponiendo que sean ampliados.
v Aportar documentos o dictámenes periciales en relación con las actividades de fijación del debate realizadas en la audiencia previa (art. 426.5 LEC) o solicitar estos dictámenes (arts. 427.3 y 4 LEC).
v Desvelar la identidad de la persona física que intervino en los hechos en representación de una persona jurídica, al objeto de que pueda ser interrogada (art. 309.1 LEC).
v Proponer el resto de las pruebas (art. 429.1.I LEC) à Si no hubiera acuerdo de las partes para finalizar el litigio ni existiera conformidad sobre los hechos, la audiencia proseguiría para la proposición y admisión de la prueba. Por lógica, no hace falta reiterar las que ya están aportadas.
v Ejercer el tribunal su iniciativa probatoria (art. 429.1.II LEC) à Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando que el hecho podría verse afectado por la insuficiencia probatoria; podrá señalar también la prueba que considere conveniente.
v Solicitar la citación judicial de testigos y peritos (art. 429.5.I LEC) à por tanto, indicar los testigos y peritos que se comprometen a presentar en juicio y cuáles, han de ser citados por el tribunal.
v Indicar qué declaraciones e interrogatorios consideran que han de realizarse mediante auxilio judicial (art. 429.5.II LEC) à el tribunal en éste caso indicara lo que crea necesario.
v Tachar a los peritos autores de dictámenes aportados con la demanda o contestación (art. 343.2 LEC).
v Solicitar la practica anticipada de la prueba (art. 429.4 LEC).
v Admitir el tribunal las pruebas pertinentes y útiles (art. 429.2 LEC).
v Concluir, anticipadamente el juicio, si no hay necesidad de prueba (art. 429.8 LEC) à cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando se hayan presentado informes periciales y ni las partes ni el tribunal solicitarán la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe, el tribunal procederá a dictar sentencia, sin previa celebración del juicio, dentro de los 20 días siguientes a aquel en que termine la audiencia.
76 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil - Señalamiento del juicio Admitidas las pruebas, el tribunal debe señalar la fecha del juicio (art. 429.2 LEC) y, en su caso, de las sesiones sucesivas (art. 429.7 LEC), sin necesidad de citar de nuevo a ls partes comparecidas en la audiencia previa (art. 429.6 LEC).
77 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 11: EL JUICIO ü ü ü ü ü ü ü El acto central del juicio se celebra en una audiencia oral, que por antonomasia recibe el nombre de “juicio”.
El juicio se inicia constituyéndose formalmente el tribunal con las partes y sus defensores.
Aunque todas las cuestiones previas han debido quedar despejadas con anterioridad en la audiencia previa, existe la posibilidad de poner al día cualquier novedad que se haya podido producir.
El grueso de la sesión se dedica a recibir las pruebas presenciales.
Terminadas las pruebas, las partes tienen la oportunidad de exponer sus conclusiones.
Es posible completar el material probatorio mediante las diligencias finales, que pueden suscitar las partes.
Finalmente, el juicio queda concluso para sentencia.
1. Secuencia del acto del juicio En el juicio ordinario todas las actividades se instrumentan en función de la celebración de una sesión oral, concentrada, con inmediación de juez y partes, en las que tiene lugar la práctica de las pruebas y las conclusiones (art. 431 LEC).
- Comparecencia e incomparecencia de las partes Al juicio deben asistir las partes personalmente, si son objeto de algún interrogatorio, y en todo caso sus abogados y procuradores (art. 432.1 LEC). La incomparecencia de ambas partes conlleva a que el tribunal proceda a declara el pleito visto para sentencia. Pero, si comparece al menos una parte, el acto se celebra (art. 432.2 LEC). ! Aunque en el caso de que el demandante no venga y el demandado no alegue en contra, el juicio se dará por terminado.
Cabe solicitar un nuevo señalamiento del juicio, si cualquier de los que ha de acudir al acto no puede asistir por causa de fuerza mayor u otro motivo análogo (art. 430 LEC).
- Alegación de hechos nuevos En segundo lugar y con carácter previo, en el juicio es posible alegar hechos acaecidos o conocidos con posterioridad a la audiencia previa y proponer prueba sobre ellos (art. 433.1.II LEC), aunque todas las cuestiones previas han debido de quedar despejadas con anterioridad en la audiencia previa.
- Cuestiones previas sobre pruebas ilícitas Se ha de resolver con carácter previo cualquier cuestión que se haya planteado o se plantee en relación a la vulneración de derechos fundamentales en la obtención u origen de alguna prueba (art.
433.1.I LEC). Esto debería tratarse en la audiencia previa y no entorpecer la realización de un juicio, pero en el acto del juicio el juez deberá también analizar la ilicitud de las pruebas.
- Recepción de las pruebas Superadas las posibles cuestiones previas, el grueso de la sesión se dedica a la recepción de pruebas que tiene un componente de oralidad o escenografía auditiva o visual, cada una de ellas a tenor de las reglas que le son propias.
78 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La ley menciona expresamente la declaración de las partes, testigos, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial y reproducción de palabras, imágenes y sonidos (art. 431 LEC).
MEDIOS DE PRUEBA (art. 299 LEC) 1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son: a) Interrogatorio de las partes b) Documentos públicos c) Documentos privados d) Dictamen de peritos e) Reconocimiento judicial f) Interrogatorio de testigos 2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.
3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.
Al terminar las pruebas, que se van desgranando una a una, vendría la última parte del juicio.
- Conclusiones orales Al término de las pruebas, las partes formulan sus conclusiones oralmente, con la posibilidad de intervención del tribunal (art. 433.2.3 y 4 LEC). Como resulta del texto de la ley, el informe se espera exhaustivo y detallado.
DESARROLLO DEL ACTO DEL JUICIO (art. 433 LEC) 1. El juicio comenzará practicándose, conforme a lo dispuesto en los artículos 299 y siguientes, las pruebas admitidas, pero si se hubiera suscitado o se suscitare la vulneración de derechos fundamentales en la obtención u origen de alguna prueba, se resolverá primero sobre esta cuestión.
Asimismo, con carácter previo a la práctica de las pruebas, si se hubiesen alegado o se alegaren hechos acaecidos o conocidos con posterioridad a la audiencia previa, se procederá a oír a las partes y a la proposición y admisión de pruebas previstas en el artículo 286.
2. Practicadas las pruebas, las partes formularán oralmente sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa, sí, a su juicio, los hechos relevantes han sido o deben considerarse admitidos y, en su caso, probados o inciertos.
A tal fin, harán un breve resumen de cada una de las pruebas practicadas sobre aquellos hechos, con remisión pormenorizada, en su caso, a los autos del juicio. Si entendieran que algún hecho debe tenerse por cierto en virtud de presunción, lo manifestarán así, fundamentando su criterio. Podrán, asimismo, alegar lo que resulte de la carga de la prueba sobre los hechos que reputen dudosos.
En relación con el resultado de las pruebas y la aplicación de las normas sobre presunciones y carga de la prueba, cada parte principiará refiriéndose a los hechos aducidos en apoyo de sus pretensiones y seguirá con lo que se refiera a los hechos aducidos por la parte contraria.
79 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 3. Expuestas sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, cada parte podrá informar sobre los argumentos jurídicos en que se apoyen sus pretensiones, que no podrán ser alteradas en ese momento.
4. Si el tribunal no se considerase suficientemente ilustrado sobre el caso con las conclusiones e informes previstos en los apartados anteriores, podrá conceder a las partes la palabra cuantas veces estime necesario para que informen sobre las cuestiones que les indique.
2. Diligencias finales Antes de dictar sentencia, todavía se abre la posibilidad de solicitar diligencias finales. Estas son diligencias de prueba complementarias, que pueden resultar necesarias por razones diversas. El régimen legal (art. 435 LEC) puede esquematizarse como sigue: § § § § § Las diligencias se acuerdan por el tribunal sólo a instancia de parte.
No pueden practicarse pruebas que hubieran podido ponerse en tiempo y forma por las partes, incluidas las que hubieran podido proponerse tras la iniciativa probatoria del tribunal.
Caben en este momento la práctica de pruebas admitidas que, por causas ajenas a la parte que las ha propuesto, no se hubiesen practicado.
También se deben admitir y practicar las pruebas pertinentes y útiles, que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia.
Excepcionalmente el tribunal puede acordar, de oficio o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos.
En este caso, al acordar la práctica de las diligencias han de expresarse detalladamente aquellas circunstancias y motivos.
§ Las diligencias que se acuerden se llevan a cabo, dentro del plazo de 20 días, en la forma establecida en la ley para las pruebas de su clase.
§ Una vez practicadas, las partes pueden, dentro del 5º día, presentar escrito de resumen y valoración del resultado (art. 436.1 LEC).
3. Sentencia Concluido el acto del juicio, o, en su caso, realizadas las diligencias finales, el juez debe dictar sentencia en el plazo de 20 días (arts. 434 y 436.2 LEC).
80 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 12: SENTENCIA ü ü ü ü ü ü La sentencia es el modo habitual de concluir el juicio y es tarea del tribunal el redactarla, aclararla y completarla.
La sentencia crea el derecho para el caso concreto.
La sentencia ha de ser coherente con las peticiones deducidas en el pleito.
La sentencia recaída en un juicio, si no se impugna en el corto plazo señalado por la ley, gana firmeza, de tal manera que el caso se convierte en cosa juzgada.
Los casos juzgados sirven de ejemplo para otros posteriores similares.
Un juicio puede concluir también por renuncia, transacción, desistimiento, caducidad y sobreseimiento.
1. Conclusión del tribunal Terminada la vista o audiencia de pruebas (que la ley denomina “juicio”), corresponde al tribunal enjuiciar el caso y tomar una decisión. La expresión externa de esta actividad de enjuiciamiento es la sentencia.
De la trascendencia de este acto da fe el conjunto de garantías constitucionales que lo rodean à El derecho a obtener una resolución fundada en derecho, manifestación de la tutela efectiva, es la contraprestación del sistema al ciudadano por su renuncia a la autotutela.
La parte debe recibir una respuesta sobre el problema que ha planteado, motivada suficientemente y congruente con su petición. De aquí que la ley regule minuciosamente estos aspectos, que afectan tanto a la forma (art. 209 LEC), como al contenido y los efectos de la sentencia.
Las sentencias civiles sólo pueden dictarse por escrito (art. 210.3 LEC) y deben contener una amplia motivación, expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho. La motivación debe incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón (art. 218.2 LEC).
Apuntes clase à Por motivación se entiende como explicar los motivos por los que le han hecho llegar a una solución determinada. Las sentencias sin motivación son nulas, porque infringe la garantía constitucional (que nos permiten un autocontrol al propio juez).
Las sentencias pueden ser (art. 5 LEC): v Declarativas à la sentencia se limita a declarar el derecho preexistente de una parte en un caso concreto.
v Constitutivas à la sentencia crea un derecho, es decir, está creando el derecho para el caso concreto. Se admite que creen el derecho en el momento en que se pronuncian, i a partir de aquí existe ese derecho.
v De condena à hay dos tipos de condenas: la condena pecuniaria i la condena no dineraria (es decir, de hacer/no hacer/entregar una cosa determinada).
81 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Por regla general, es exigible cuantificar exactamente las condenas económicas (art. 219 LEC). Son admisibles las condenas de futuro (art. 220 LEC), cuando se reclama el pago de intereses o prestaciones periódicas que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte.
2. Congruencia de la sentencia - Respuesta coherente con las peticiones de las partes Congruencia es la adecuación entre las peticiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito y la parte dispositiva de la resolución judicial. Aparece como un requisito interno de armonía de la sentencia y de respeto a los principios de aportación de parte y contradicción que rigen el juicio civil (art. 216 LEC).
Se considera una garantía constitucional que rige la actividad jurisdiccional (art. 218.1 LEC), por ello, las sentencias tiene que ser congruentes, y en el caso de no hacerlo se puede presentar un recurso de amparo ante el TC.
El primer elemento que se toma en cuenta para determinar la congruencia son las pretensiones de las partes à Estas son las contenidas en los escritos de alegaciones (no sólo las contenidas en la petición de la demanda, sino también las introducidas por el demandado en sus escritos de alegaciones).
Las peticiones han de haber sido deducidas oportunamente en el pleito, y no pueden tenerse en cuenta las deducidas extemporáneamente.
ART. 218.1 LEC. Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación.
ü Las sentencias deben ser claras, ü precisas ü y congruentes con las demandas ü y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito.
ü Harán las declaraciones que aquéllas exijan, ü condenando o absolviendo al demandado ü y decidiendo sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.
ü El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, ü Resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.
Desde el punto de vista negativo, NO constituyen elemento de la congruencia los hechos y pretensiones que no han sido objeto de discusión en el pleito.
El segundo elemento para determinar la congruencia de la sentencia es la parte dispositiva de la misma o fallo y no los fundamentos del mismo. No hace falta que el fallo se ajuste literalmente a las peticiones de los escritos de alegaciones, pero hace falta que se pronuncie sobre todos los pedimentos contenidos en ellos.
- Parámetros de la congruencia - 82 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Los extremos que el juez ha de respetar en el momento del fallo son 2: los hechos y fundamentos de derecho alegados por las partes. El alcance de ambos extremos es diferente: Ø El juez viene estrechamente vinculado al respeto de los hechos alegados por las partes, sin que pueda basar su resolución en hechos distintos, máxime cuando el hecho haya sido admitido expresamente o exista allanamiento.
También puede apreciar un hecho distintivo o impeditivo que resulte probado en el juicio, aunque no lo haya alegado el demandado, pero no puede apreciar un hecho excluyente, si no lo ha hecho valer aquel.
Tampoco puede apreciar excepciones distintas a las formuladas por el demandado o extemporáneas, salvo que sean de las que puede estimar de oficio.
Ø En cambio, respecto a los fundamentos de derecho rige el principio iura novit curia. Ello implica que las normas jurídicas alegadas por las partes NO vinculan al juez. En consecuencia, el juez puede aplicar los fundamentos legales que mejor se adapten al caso de autos, pero con una limitación à que NO se modifique o altere la causa de pedir alegada por las partes (art. 218.1.2 LEC).
3. Aclaración y complemento de sentencias Por regla general, se aspira a que la sentencia judicial sea completa y agote el tema. Tomada la decisión, no se permite al tribunal dar marcha atrás y de ahí que la ley establezca la invariabilidad de la resolución. Sin embargo, es posible aclarar conceptos oscuros o rectificar los errores materiales o aritméticos (art. 214 LEC).
Se pueden también completar las sentencias que omitan manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el juicio y también subsanar o completar los defectos que sea necesario remediar para llevarlas a efecto (art. 215 LEC).
4. Cosa juzgada - ¿Cuándo se entiende que un caso está juzgado? El sistema de tutela procesal tiene una organización finita. El juicio no aspira a durar siempre y la decisión judicial en algún momento debe ser definitiva. Ello produce determinadas consecuencias en cuanto a la organización del propio instrumento: -­‐ Por un lado, la sentencia está sometida inicialmente a la posibilidad de recurso. Pero no indefinidamente. Si el recurso no se aprovecha, la sentencia deviene definitiva, es decir, la cuestión se convierte en cosa juzgada (pasados los 20 días de plazo). Esta firmeza de la sentencia se conoce en la dogmatica procesal como cosa juzgada formal (art. 207.2 LEC).
-­‐ Por otro lado, el juicio tiene un aspecto creativo del derecho, que repercute en el ordenamiento jurídico. El juicio crea el derecho para las partes y la decisión se convierte para éstas en el 83 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil “derecho” sin más. Este aspecto de la cuestión se rotula por la dogmatica clásica como cosa juzgada material (art. 222 LEC).
A efectos prácticos ello se traduce en dos consecuencias: v Un efecto negativo, que se traduce en un non bis in idem (art. 222.1 LEC) à es decir, la exclusión de un ulterior juicio cuyo objeto sea idéntico al del juicio en que aquélla se produjo.
v Un efecto positivo, que vincula a los tribunales respecto de futuras decisiones (art. 222.4 LEC), cuando lo decidido sea un antecedente lógico del juicio posterior.
- Límites Los efectos vinculantes de la cosa juzgada no se producen ilimitadamente, sino que están sometidos a límites. La ley señala los siguientes: v Unos límites subjetivos (art. 222.3 LEC), afectando sólo a las partes y a sus causahabientes, excepto en juicios sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad, en los que la cosa juzgada produce efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.
v Unos límites objetivos (art. 222.2 LEC), que alcanzan a todo lo que haya constituido objeto del juicio.
5. Otras maneras de conclusión del juicio Normalmente el juicio concluye por sentencia. Sin embargo, existen también otras formas de terminarlo, que se apartan de este cauce general. Los modos de conclusión del juicio sin sentencia son: EXTINCIÓN à hay hechos que pueden determinar la extinción del juicio, tales como la satisfacción extraprocesal de la pretensión, la carencia sobrevenida de objeto (art. 22.1-3 LEC), o la enervación del desahucio por pago o consignación de las rentas o cantidades debidas (art. 22.4 LEC).
RENUNCIA à La renuncia es una manifestación de voluntad en el sentido de abandonar lo pretendido en el juicio, de hacer dejación del objeto litigioso por cualquier razón. Al renunciar se deja de pedir el derecho por el que se litigaba, lo cual comporta, en definitiva, la desestimación de la demanda (art. 20.1 LEC).
TRANSACCIÓN à La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación del pleito o ponen término al que habían comenzado (art. 1890 CC).
Hay 2 clases posibles de transacción à la judicial y la extrajudicial: o La transacción judicial es un acto procesal que supone precisamente poner término a un pleito ya empezado.
84 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil o Y la transacción extrajudicial tiene un carácter extraprocesal y es un contrato o negocio jurídico de derecho privado.
La transacción exige poder de disposición sobre el objeto litigioso, que no resulte prohibición legal o perjuicio de tercer y presentaciones recíprocas (art. 19 LEC).
DESISTIMIENTO à es la renuncia por parte del actor al juicio, es decir: la declaración de voluntad del actor en el sentido de apartarse del seguimiento del juicio.
Tanto el acto como su contenido son estrictamente procesales. No afectan para nada al objeto del juicio, a diferencia de la renuncia. Como tal, puede tener lugar en cualquier momento del juicio.
Ahora bien, sus efectos son radicalmente distintos según el momento procesal en que ocurra. En particular, es diferente el desistimiento durante la primera instancia del juicio (art. 20.2-3 LEC), del desistimiento de un recurso, que deja intacta la resolución previa (art. 450 LEC).
El desistimiento, que tiene las mismas limitaciones que la renuncia (art. 19.1 LEC), determina la condena en costas al actor, salvo que el demandado lo consienta (art. 396 LEC).
CADUCIDAD à La caducidad de la instancia es la extinción del juicio por inactividad de las partes durante los plazos señalados por la ley (arts. 236-237 LEC). No obstante, el mero transcurso del plazo es irrelevante si la paralización se debe a fuerza mayor o a cualquier otra causa contraria o no imputable a la voluntad de las partes (art. 238 LEC). Tampoco opera la caducidad en materia de ejecución (art. 239 LEC).
La caducidad puede sobrevenir en cualquier estudio del juicio, pero las consecuencias son diversas, según el momento procesal en que ocurra (art. 240 LEC).
SUSPENSIÓN à La ley admite con carácter general la suspensión del juicio, por un plazo que no supere los 60 días, a solicitud de ambas partes, siempre que no perjudique el interés general o a tercero (art. 19.4 LEC).
SOBRESEIMIENTO à La ley prevé el sobreseimiento del juicio ante ciertos hechos o conductas que abocan a la inactividad, tal como la incomparecencia de las partes a la audiencia previa al juicio (arts. 414.3, 418.2, 423.3, 424.2 LEC, entre otros).
El sobreseimento determina el archivo de las actuaciones, no produce cosa juzgada y permite volver a abrir el juicio en el punto que fue sobreseído.
85 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil BLOQUE DE CONTENIDO V: PRUEBA TEMA 13: LA PRUEBA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Con el término prueba se designa la actividad de comprobación en que consiste la prueba jurídica, los medios que se utilizan, la escenificación de estos en un juicio y el resultado positivo de tal actividad.
La prueba jurídica es una actividad de comprobación, que resulta necesaria para la fijación de los hechos del caso cuando son controvertidos. Es pues una de las expresiones más genuinas de la garantía constitucional de la defensa.
Esta tarea se vale de los medios de prueba, que son instrumentos que permiten aportar al juicio datos que se puedan contrastar con las alegaciones realizadas por las partes.
Los medios de prueba admitidos por la ley son el reconocimiento judicial, interrogatorio de las partes, testigos, documentos, medios audiovisuales, archivos de datos y peritos.
En el reconocimiento judicial no existen intermediarios: el tribunal percibe por si mismo, de forma directa, cualquier dato que pueda tener relevancia probatoria. La prueba se utiliza para examinar lugares, objetos o personas.
Cada uno de los medios de prueba tiene una disciplina específica, que explica para qué sirve, cómo hay que usarlo y qué valor tiene el resultado que se obtiene.
Cada parte debe tomar la iniciativa para producir las pruebas que soportan sus pretensiones, indicando los medios concretos que se pretende usar.
Las pruebas son sometidas a contradicción en el juicio.
Al final del mismo, el tribunal debe valorar el resultado que arrojan las pruebas, plasmando en la sentencia los hechos probados y la motivación de su decisión.
Cuando un tribunal necesita aplicar en un litigio conocimientos científicos, técnicos o prácticos que no posee, se acude a peritos que se los proporcionen.
El perito debe elaborar su dictamen u opinión, con absoluta imparcialidad e independencia.
El dictamen del perito puede ser ampliamente debatido en el acto del juicio para comprobar la solidez de sus conclusiones.
A pesar de todo, el tribunal no está vinculado por el dictamen del perito y puede apreciarlo libremente.
El tribunal puede inferir nuevos hechos probados a partir de los datos que constan en el pleito mediante las presunciones.
La falta de prueba o las deficiencias de ésta perjudican a la parte que tenía la carga de probar.
1. La prueba jurídica La prueba jurídica es un acto de disciplina y humildad para las partes. Como contrapartida a la libertad de la que gozan para formular alegaciones, en caso de que la versión de los hechos no sea coincidente, se les impone recurrir a medios ajenos a ellas, que pueden servirles para introducir datos en el juicio que corroboren su versión à estos instrumentos son los medios de prueba.
Pero la prueba no sólo exige la actividad de las partes. El tribunal es el principal destinatario de la prueba à ésta va encaminada a formar su convicción. Su intervención se proyecta sobre la admisión o recepción de las pruebas propuestas, y sobre todo, en la valoración de los resultados obtenidos o, en su caso, en la determinación de a quién ha de perjudicar la falta de prueba.
La prueba es una manifestación típica de la garantía constitucional de defensa. El artículo 24.2 CE establece que “todos tiene derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa”; pero esta afirmación tiene un límite: la prohibición de pruebas ilícitas (art. 11.1 LOPJ) à “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violando los derechos o libertades fundamentales”.
86 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La prohibición afecta tanto a las fuentes de prueba como a los métodos de investigación, en mayor o menor grado, según el tipo de derecho fundamental afectado. La discusión procesal de esta cuestión se canaliza como una cuestión previa en el acto del juicio (art. 287 LEC).
LA PRUEBA JURÍDICA ü Condiciones de uso Medios de prueba Secuencia de la prueba ü ü ü ü ü ü Garantía constitucional de defensa à Si a una parte no le dejan practicar una prueba, se produce indefensión (vulnerando así el derecho fundamental reconocido en la CE).
Se prohíben las pruebas ilícitas (vulnerando un derecho o libertad fundamental).
Sobran las pruebas innecesarias.
Las pruebas tienen que guardar relación con el caso.
Tienen que ser pruebas útiles.
La prueba no tiene que estar prohibida por ley.
¿Sobre qué recae la prueba? à Debe recaer sobre los hechos controvertidos, cuando las partes no estén de acuerdo.
ü ü ü ü ü ü ü Reconocimiento judicial.
Interrogatorio de parte.
Testigos.
Documentos.
Medios audiovisuales.
Archivo de datos.
Peritos.
ü ü ü ü ü ü ü Solicitud à de parte, ¿de oficio? Proposición à ¿Quién, cuándo, cómo? Admisión à relevancia, pertinencia Práctica à Inmediación, contradicción Valoración à libre, legal Presunciones à legales, judiciales Falta de prueba à carga Apuntes clase: La prueba es una de las manifestaciones básicas mediante las cuales el juez enjuiciará.
¿Con la prueba conseguimos la verdad absoluta o son un mero juicio de valor? à En el fondo, la afirmación de hechos son juicios de valor (tanto los que provienen de una parte como de otra), pero el juez, cuando ha escuchado todas las pruebas, emite un juicio de valor (“a mi me ha convencido más el de A o el de B”). Para el juez, los hechos han transcurrido de una determinada manera. Con los elementos de enjuiciamiento el juez debe resolver dando la respuesta más adecuada (es revisable). No pasa de ser un mero juicio de valor.
Limitaciones legales en relación a la prueba que comporta la normativa (derecho probatorio) à existe una afirmación bastante elocuente que dice que el principal enemigo de la prueba es el derecho a la prueba, la normativa que regula cómo practicarla. Veremos que atendiendo a la normativa que regula cada uno de los instrumentos probatorios, se crean dificultades para la práctica de la prueba. No 87 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil debería ser así, se debería reconstruir todo el sistema probatorio para facilitar la práctica de todas las pruebas que sean necesarias, respetando, obviamente, los límites legales. Estos limites de legalidad se establecen en la propia CE.
¿En qué derecho fundamental descansa el impedimento o no del derecho a prueba en un procedimiento? à Si se impide a las partes practicar pruebas se les genera indefensión (art. 24 CE).
¿Se trata de un derecho absoluto? à Tiene su contrapeso, pero de entrada, atendiendo a este derecho es un error de base que si alguna de las partes pide la apertura de la fase de pruebas, el juez no la admeta. Si alguien tiene la necesidad de probar alguna cosa se le debe abrir la fase de prueba (otra cosa será que se admitan todo tipo de pruebas).
No se admitirán aquellas pruebas obtenidas ilícitamente (vulnerando derechos y libertades fundamentales). EJ: pruebas que deriven de una escucha telefónica. ¿Es posible pinchar teléfonos? à SÍ pero no indiscriminadamente, se necesitará la debida autorización judicial (si no tenemos autorización, la prueba no valdrá para ser autorizada en el caso concreto).
El problema en estos casos es: ¿qué se hace con estas pruebas ilícitas? ¿Hasta qué punto puede dárseles uso? à Hay una doctrina de tribunales anglosajones sobretodo, que dice que si la prueba principal está contaminada (es ilícita), toda la información que se obtenga de ella que sin la misma no se habría podido obtener, también está contaminada.
Podemos usar las pruebas legales, lícitas y PERTINENTES (que guarden relación con el caso concreto).
Si la prueba no tiene relevancia para el caso, el juez la puede inadmitir. La impertinencia de la prueba debe ser muy clara para que el juez la pueda inadmitir.
La fase de prueba está montada de una manera demasiado rígida à la LEC obliga a presentar determinadas pruebas en el estado inicial del juicio. En la demanda deben adjuntarse las pruebas documentales tangibles que se tengan (periciales y documentales en un sentido amplio).
¿Por qué se limitan las alegaciones al estadio inicial? à Las alegaciones, en muchos casos no las podremos completar hasta que hayamos oído al demandado. Se debería ser más flexible con la prueba.
¿Se han de demostrar en prueba todos los hechos que van con alegaciones? à Se deben demostrar con prueba SÓLO los hechos controvertidos. Incluso, podría existir algun juicio en el que no fuera necesario la prueba atendiendo a los hechos mencionados por las partes.
¿Por qué se obliga al demandante a cargar con todas las pruebas en la demanda, cuando muchas de ellas no harán falta? à No serán necesarias porque no habrá hechos controvertidos hasta que no escuchemos al demandado.
2. Objeto y necesidad de la prueba - Objeto - 88 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Son objeto de prueba los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener (art. 281.1 LEC). Nunca se prueban directamente hechos, lo que se prueban son siempre nuestras afirmaciones sobre diversos hechos.
Además de las afirmaciones sobre hechos, pueden ser objeto de prueba algunas reglas de experiencia común que pertenecen al acervo de un determinado grupo cultural, y, por lo tanto, también al tribunal. Normalmente no hace falta que sean objeto de prueba, ya que se presupone que el tribunal las tiene y, en realidad, de ellas se vale para las operaciones de valoración de la prueba. Pero otras veces, habrá que aportarle al tribunal esa experiencia que no posee à ello ocurre normalmente con aquellas reglas especializadas, propias de una determinada ciencia o arte. En estos casos se articula la llamada prueba pericial para proporcional al tribunal estas reglas específicas.
No son objeto de prueba las normas jurídicas, pero si la costumbre y el derecho extranjero (art. 281.2 LEC): o La prueba de la costumbre no es necesaria si las partes están conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectan al orden público.
o El derecho extranjero debe ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pero el tribunal puede valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.
Apuntes clase: Objeto sobre el que recae la prueba à El punto de partida es que la prueba ha de ser sobre hechos controvertidos (por lo tanto, sobre los hechos en los que las partes están de acuerdo no es necesaria la prueba). Tampoco es necesario demostrar los hechos notorios ni los que sean consecuencia de una presunción legal.
¿Las normas jurídicas se pueden probar? à Hay un principio básico que dice que: “el tribunal conoce el derecho”. Desde esta perspectiva es claro que no haría falta demostrarle el derecho al tribunal porque él ya es el experto. Las leyes, a la hora de valorar la prueba, dicen que se debe probar la costumbre y el derecho extranjero. Sin duda las costumbres son una fuente del derecho, el problema es que se traten como hechos.
La falta de demostración de hechos perjudicará a aquella parte que tenga la carga de probar los hechos.
- Necesidad Una cosa es el objeto de la prueba y otra determinar cuándo necesitan de prueba las afirmaciones vertidas en el juicio. Pueden establecerse los siguientes supuestos: ü No necesitan prueba los hechos expresamente admitidos por ambas partes, salvo que el objeto del juicio sea indisponible para los litigantes (art. 281.3 LEC).
ü Tampoco necesitan prueba los hechos que gocen de notoriedad absoluta o general (art. 281.4 LEC).
89 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil ü Necesitan prueba los hechos controvertidos. Los hechos controvertidos resultan de la comparación entre los diversos escritos de alegaciones de las partes, que se fijan en la audiencia previa (art. 428 LEC).
ü Se consideran impertinentes las pruebas que no guarden relación con el objeto del juicio y por esta razón deben inadmitirse (art. 283.1 LEC).
ü Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos (art. 283.2 LEC).
ü No se admiten como pruebas actividades prohibidas por la ley (art. 283.3 LEC).
3. Medios de prueba Los medios de prueba son los instrumentos de que se valen las partes para llevar a juicio las nuevas afirmaciones que han de corroborar las vertidas en los escritos de alegaciones, y también el contenido que arrojan dichos instrumentos.
La actividad probatoria se basa en la posibilidad que ofrecen ciertos instrumentos de suministrar datos independientemente de los proporcionados por las partes. La ley enumera los que considera útiles para este propósito, pero también deja la puerta abierta a cualesquiera otros (art. 299 LEC): MEDIOS DE PRUEBA (art. 299 LEC) 1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son: a) Interrogatorio de las partes b) Documentos públicos c) Documentos privados d) Dictamen de peritos e) Reconocimiento judicial à Desplazamiento al lugar de los hechos. Hay una cierta reticencia a practiarlo (los tribunales van a tope de asuntos como para encima desplazarse al lugar de los hechos). Se limita el reconocimiento judicial: si es una cuestión técnica es suficiente con que vaya el perito (apuntes clase).
f) Interrogatorio de testigos 2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.
3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.
4. Reconocimiento judicial El reconocimiento judicial alude a la percepción inmediata por parte del juez, con cualquiera de sus sentidos, de los hechos o datos que se trata de probar.
Lo característico de este medio de prueba es la ausencia de cualquier instrumento que se coloque entre el juez y la cosa litigiosa. La percepción del tribunal es inmediata, directa y sin intermediarios.
90 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Por lo tanto, está en condiciones de extraer sus propias conclusiones con absoluta libertad, sin otras limitaciones que las impuestas por las reglas de la lógico y del buen juicio humano.
La prueba es útil cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos, es necesario o conveniente que el tribunal examine por si mismo algún lugar, objeto o persona (art. 353.1 LEC).
La ley disciplina el uso de la prueba: v Las partes han de expresar los extremos principales a que quiere que se refiera el reconocimiento e indicar si pretenden concurrir al acto con alguna persona técnica o práctica en la materia (art.
353.2 LEC).
v La ley deja abiertas todas las posibilidades para que el reconocimiento se pueda realizar en la forma más conveniente y adecuada a las circunstancias. El objetivo es que el tribunal examine por si mismo un lugar, algún objeto o alguna persona. No siempre será necesario el desplazamiento físico. El objeto o la persona también pueden ser llevados a presencia del tribunal (art. 354 LEC).
v El reconocimiento judicial de una persona se efectúa a través de un interrogatorio realizado por el tribunal, adaptado a las necesidades de cada caso concreto. Dicho interrogatorio puede practicarse, si las circunstancias lo aconsejan, a puerta cerrada o fuera de la sede del tribunal, y en él pueden intervenir las partes siempre que el tribunal no lo considere perturbador para el buen fin de la diligencia. En todo caso, se garantiza el respeto a la dignidad e intimidad de la persona (art. 355 LEC).
v Cuando la prueba se centra en el examen directo de un lugar u objeto, puede ser conveniente realizarla conjuntamente con alguna otra, tal como el interrogatorio de partes o testigos (art. 357 LEC) o la pericia (art. 356 LEC).
5. Producción y secuencia de la prueba o o o o o La iniciativa probatoria corresponde a las partes y, con restricciones, al tribunal (art. 282 LEC) – cuando así lo establezca la ley, por ejemplo: art. 429.1 LEC-.
Los documentos se acompañan a la demanda y el resto de pruebas se enuncia en la audiencia previa (art. 284 LEC).
El tribunal debe resolver sobre la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas (art. 285.1 LEC). Las partes pueden controlar esta decisión mediante el recurso de reposición y, si se desestima, puede formularse protesta para hacerla valer en la segunda instancia (art. 285.2 LEC).
Las pruebas se practican contradictoriamente en vista pública, a presencia judicial o del secretario (art. 289 LEC), en unidad de acto (art. 290 LEC), previa citación de las personas que deban intervenir (arts. 291-292 LEC).
Es posible, en casos excepcionales, anticipar (arts. 293-296 LEC) o asegurar la prueba (arts. 297298 LEC), antes de comenzar el pleito; en caso de urgencia o necesidad muy justificada y razonada. En el caso de anticiparla es para poder asegurar practicar la prueba en juicio.
91 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 6. Valoración de la prueba - Reglas de la sana crítica Practicadas las pruebas, el tribunal debe formar juicios sobre el material portado por las partes, fundamentalmente con criterios psicológicos y humanos. Dicha operación es absolutamente necesaria ya que la traducción de los hechos de la realidad la han llevado a cabo las partes libremente.
Esta actividad espiritual de fijación de los hechos controvertidos mediante la apreciación y depuración de los resultados que arrojan los medios de prueba es lo que se denomina valoración de la prueba.
Cuando el tribunal interpreta y valora los resultados probatorios, lo hace emitiendo juicios de valor que se apoyan en su propia experiencia humana y cultural, que la ley llama reglas de la sana crítica o, según expresión que ha hechos fortuna en la doctrina procesal, en sus máximas de experiencia.
Las máximas de experiencia pueden ser: -­‐ Generales o comunes / Particulares o especializadas: o Las máximas de experiencia generales o comunes pertenecen a la experiencia general de cualquier ciudadano.
o En cambio, las máximas de experiencia particulares o especializadas normalmente sólo las poseen las personas que han estudiado específicamente una ciencia, un arte o una actividad práctica. Por esto, se denominan peritos.
-­‐ También por su ámbito de difusión se podrían distinguir unas máximas generales, de otras locales y restringidas.
Esta diversidad permite extraer una consecuencia à Las reglas de la sana crítica ya las posee el tribunal y, por lo tanto, las aplica directamente. Las reglas especializadas, en principio, no tiene por qué conocerlas el tribunal y de aquí surge la necesidad de prueba pericial.
Los peritos aportan al juicio su conocimiento especializado, pero la aplicación a los resultados probatorios la sigue haciendo el tribunal. Por lo tanto, si el tribunal conoce las reglas especializadas , es superflua la prueba pericial (esto es: si el tribunal tiene los conocimientos que le habían de proporcionar los peritos, éstos sobran). La prueba pericial no la necesitan las partes, sino el tribunal.
- Sistemas de valoración En la generalidad de los casos las reglas de la sana crítica no están codificadas, pero en algunos casos la ley ha preferido hacerlo, por razones de seguridad en su aplicación por los tribunales. Ello permite distinguir dos sistemas de valoración de la prueba à legal o tasada y libre.
PRUEBA LEGAL O TASADA à En algunos casos, la ley fija las reglas de la sana crítica estableciendo un determinado efecto para el resultado de un medio de prueba. Se habla entonces 92 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil de prueba legal o tasada. Manifestaciones concretas de este sitema en la LEC son: la valoración del interrogatorio perjudicial a la parte (art. 316.1 LEC), la eficacia del documento público (art. 319.1 y 2 LEC), y la del privado no impugnado o reconocido (art. 326.1 LEC).
LIBRE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA à Cuando no existen reglas legales de prueba, el tribunal ha de valorar libremente el resultado que arrojan los medios de prueba, de acuerdo con sus reglas de la sana crítica. Son manifestaciones de este sistema en nuestro derecho positivo: la valoración del interrogatorio de parte sobre hechos no perjudícales (art. 316.2 LEC), de documentos privados no adverados (art. 326.2 LEC) o de las copias reprográficas (art. 334.1 LEC), de las declaraciones de testigos (art.
376 LEC), dictámenes periciales (art. 348 LEC), reproducciones de imagen, sonido y datos (arts. 382.2 y 384.3 LEC).
APRECIACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA à La apreciación conjunta de la prueba implica la necesidad de que el resultado de las pruebas se hayan de valorar en conjunto, es decir, poniéndolos en relación unos con otros. Si esto es así, el concepto de apreciación conjunta de las pruebas es una redundancia, porque esa operación debe ser común en todos los juicios. No obstante, puede tener un significado cuando existe contradicción entre los resultados que arrojan dos medios probatorios o cuando las pruebas son complementarias entre sí (art. 316.1 LEC).
- Resultado de la valoración de la prueba Efectuada la valoración, el tribunal llega a unas conclusiones o resultados que sirven de término de comparación con las afirmaciones iniciales de las partes en los escritos de alegaciones. Estos resultados no se pueden traducir en términos de certeza, duda o probabilidad ya que el mito de la verdad formal y de la verdad material es irrelevante para el juicio. Y más cuando el tribunal se ve obligado a fallar siempre el pleito, aun en el caso de que falte la prueba.
Por ello, bastaría con que una resolución contuviera tan sólo el apartado decisivo del fallo. No obstante, por garantía de los justiciables y posibilidad de control de la valoración judicial, es preciso la expresión de los motivos de la resolución.
Desde el punto de vista del juicio, el resultado de la valoración se puede traducir en uno de los siguientes extremos: v La prueba, como resultado típico de la convicción judicial. Es decir, la constatación de que un hecho controvertido resulta acreditado, probado. Este hecho queda fijado y de él ha de partir la resolución para establecer el fallo. Otras veces este hecho puede servir de base para la formación de una presunción.
v La falta de prueba, porque no se ha probado o no se ha conseguido probar un determinado hecho controvertido. Puesto que también en este caso el non liquet está prohibido, el tribunal echa mano de las reglas de la carga de la prueba para ver a quién ha de perjudicar su falta.
v Fuera de estos dos extremos, no puede señalarse ningún resultado intermedio en el capítulo de valoración de la prueba. Procesalmente un hecho se prueba o no se prueba. El problema, si puede 93 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil parecer cuestionable en materia civil, se ve con claridad en materia penal: la duda favorece al acusado y se resuelve siempre en falta de pruebas (in dubio pro reo).
- Control de valoración de la prueba Es posible y necesario un control de la valoración a lo largo de las diversas etapas del juicio: • • • En principio, al propio tribunal se le exige un autocontrol de su valoración, que se traduce en el deber de motivar sus resoluciones (arts. 206 y 208.2 LEC).
Durante la primera instancia de un juicio, únicamente se puede prevenir el resultado de la valoración con una producción adecuada de los medios de prueba. Tan sólo en materia de presunciones cabe argumentas contraprueba o prueba de lo contrario.
En las etapas ulteriores del juicio, el control de la valoración se realiza a través de los recursos que se interpongan contra la sentencia y no tiene limitación. Por lo tanto, puede fundamentarse en cualquier momento del discurso valorativo.
7. Peritos - Perfil del perito La pericia es necesaria cuando se precisan conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos (art. 355.1 LEC). Por tanto, es un medio sustitutivo de las deficiencias del conocimiento global o particular del tribunal en cualquier materia, incluso jurídica.
Cuando el tribunal ya posee los conocimientos que aspiran a suministrarle los peritos, éstos no son necesarios. La pericia puede ser también necesaria para conocer el contenido o alcance de otras pruebas, como los medios de reproducción de imagen, sonido, datos, etc. (art. 352 LEC).
El perito es la persona que posee determinados conocimientos especializados. Se eligen preferentemente titulados (art. 340.1 LEC), aunque no en exclusiva. Ello no excluye que también puedan peritar Academias, instituciones culturales y personas jurídicas (art. 340.2 y 3 LEC).
La misión del perito es emitir dictamen, actuando con la mayor objetividad posible y tomando en consideración tanto lo que puede favorecer como lo que sea susceptible de causar un perjuicio a cualquiera de las partes. Aun tratándose de perito de parte, este deber de imparcialidad se refuerza con la exigencia de juramento o promesa de decir verdad y con la tipificación de sanciones penales en caso de incumplimiento de su deber como perito (art. 335.2 LEC).
Aparte de esta configuración de la imparcialidad como deber, la ley da un paso más y somete a un ulterior control esta exigencia: o Los peritos designados judicialmente deben abstenerse (art. 105 LEC) y, en su caso, puede ser objeto de recusación (arts. 124-128 LEC).
94 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil o Respecto de los peritos de parte, se puede poner en entredicho su imparcialidad (arts. 343-344 LEC).
Se otorga a los peritos el derecho a cobrar honorarios por su trabajo. También pueden solicitar provisión de fondos, con carácter previo a la emisión del dictamen (art. 342.3 LEC).
- Modalidades de aportación del dictamen pericial Los dictámenes periciales de parte se pueden aportar con la demanda o contestación (art. 336 LEC), o con posterioridad, cuando surge la necesidad debido a la estrategia defensiva de las partes (art. 338 LEC).
Ante la perentoriedad de ciertos plazos procesales, las partes también puede anunciar los dictámenes que se encuentran en elaboración (art. 337 LEC), con tal de presentarlos antes de la audiencia previa o vista del juicios.
Además de las 2 opciones anteriores, las partes siempre tiene la posibilidad de interesar un dictamen elaborado por un perito designado por el tribunal. La puesta en marcha de esta modalidad puede hacerse solicitándolo en los escritos iniciales de alegaciones (art. 339.2 LEC) o en la audiencia previa, si ello es consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias en ella permitidas, o en el propio acto del juicio verbal, en iguales circunstancias (art. 339.3 LEC).
El perito se puede designar de mutuo acuerdo entre tribunal y las partes (art. 339.4 LEC). En este caso, el abono de los honorarios corresponde realizarlo a ambos litigantes por partes iguales, sin perjuicio de lo que se decida sobre costas. De no haber acuerdo, el nombramiento se realiza por sorteo (art.
341 LEC), entre candidatos incluidos en las listas remitidas por los colegios profesionales.
- Dictamen La ley no ha dedicado una norma clara a algo más relevante que las diversas modalidades de aportación de la prueba pericial, sobre todo cuando se solicita la designación judicial del perito y que es una cuestión que debe explicitarse con carácter previo à qué tipo de pericia se requiere y cuáles son las cuestiones que debe responder el perito. Apenas una mención, cuando se da preferencia a la prueba realizada por un solo perito (art. 339.6 LEC).
La ley tampoco se refiere expresamente al tipo de operaciones periciales a realizar por el perito designado judicialmente, aunque sí la posibilidad de intervención de las partes en tal ocasión (art. 345 LEC). Ello significa que las actividades serán las que exija en cada caso la naturaleza de la pericia.
El perito judicial debe emitir su dictamen por escrito (art. 346 LEC).
La previsión legal más importante es la posibilidad de establecer un debate contradictorio sobre el dictamen pericial en el acto del juicio. La previsión es utilísima, porque permite un verdadero interrogatorio libre y espontáneo, que puede servir para cribar la fiabilidad del perito (art. 347 LEC).
95 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La valoración del dictamen pericial es libre, según las reglas de la sana critica (art. 348 LEC).
8. Presunciones - Estructura de la presunción La presunción es una actividad lógica de inferencia de nuevos hechos, que se realiza en el momento de valoración de la prueba, a partir de las afirmaciones base ya fijadas en el juicio, en virtud del nexo que existe entre ellas.
La presunción se compone de los siguientes elementos: o o o La afirmación base o indicio La afirmación presumida o consecuencia El enlace o nexo lógico que existen entre ambas A pesar de que la presunción es una actividad, hay que tener en cuenta que la inferencia parte de determinados datos que hay que introducir en el juicio a través de las alegaciones y los medios de prueba.
Teniendo en cuenta la estructura de la presunción, la actividad de la prueba puede ir encaminada a destruir la realidad de la afirmación base (contraprueba) o bien a demostrar una consecuencia distinta de la afirmación normalmente presumida (prueba de lo contrario).
PRESUNCIONES PARA HACER USO DE LAS PRESUNCIONES ü ü ü Hay que introducir los hechos base en el juicio Hay que probarlos Si existe una presunción legal, hay que invocar la norma.
PARA DEFENDERSE CABE Atacar los indicios Demostrar que la afirmación presumida es distinta Contraprueba Prueba de lo contrario - Presunciones legales Cuando el enlace entre una afirmación base y una afirmación presumida está predeterminando y fijado por la ley nos encontramos ante una presunción legal. Las presunciones que la ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca (art. 385 LEC).
- Presunciones judiciales Cuando el enlace entre la afirmación base y la presumida lo efectúa directamente el tribunal, nos encontramos ante una presunción judicial. En este caso, el nexo no está fijado por la ley, sino que se efectúa a base de máximas de experiencia comunes por el propio tribunal. Por ello se exige que el enlace sea preciso y directo según las reglas del criterio humano (art. 386 LEC).
96 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 9. Carga de la prueba CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA ACTOR DEBE PROBAR • • Hechos constitutivos demanda Hechos impeditivos, extintivos y excluyentes de su oposición a la reconvención CORRECTIVOS: • • DEMANDADO DEBE PROBAR • • Hechos impeditivos, extintivos y excluyentes de la contestación Hechos constitutivos de la reconvención • Facilidad de acceso a las pruebas.
Disponibilidad de las pruebas.
Existencia de reglas legales específicas.
- El fracaso de la prueba Al término de la valoración de la prueba y antes de emitir el fallo, el tribunal se puede encontrar con hechos necesitados de prueba y que, sin embargo, no han sido probados. A pesar de tal situación, el tribunal se ve obligado a fallar el pleito, pues así se lo impone la propia ley. No puede escudarse en la falta de prueba para omitir su pronunciamiento, en estos casos tiene que desestimar las pretensiones de aquella parte a quien correspondía la carga de la prueba (art. 217.1 LEC).
- Distribución de la carga de la prueba El problema radica en determinar quién es la parte gravada por la carga de probar. Criterio de justicia distributiva à cada parte ha de probar en principio aquello que normalmente le resulta más fácil y que constituye la regla general para su postura (EJ: el actor ha de probar la existencia del contrato y con ello cumple; el demandado ha de probar aquellas causas que alegue en contra de la vigencia de tal contrato, tales como el dolo, la simulación, etc.).
Ello no quiere decir que cada parte no pueda ampliar su actividad probatoria a todos los hechos. En efecto, la prueba redunda en provecho y perjuicio a la vez de ambas partes, en virtud del principio de adquisición procesal.
Pero ante todo, la igualdad de las partes exige la distribución inicial del riesgo de la falta de prueba entre las mismas. Esto es lo que pretende la ley con las siguientes reglas: § El actor y el demandado reconviniente tienen la carga de probar los hechos constitutivos de la demandada y de la reconvención, respectivamente (art. 217.2 LEC).
§ Al demandado y al actor reconvenido incumbe la prueba de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes de su oposición (art. 217.3 LEC).
97 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil § La aplicación de estas reglas de reparte se debe hacer teniendo en cuenta la facilidad y disponibilidad que cada parte tiene en relación con las pruebas (art. 217.6 LEC).
§ Existen en las leyes, además, reglas especificas de carga de la prueba para supuestos concretos.
Estas reglas tiene preferencia en cuanto a su aplicación (art. 217.4 y 5 LEC).
CARGA DE LA PRUEBA (art. 217 LEC): 1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.
2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.
3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.
4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.
5. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.
6. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.
7. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.
98 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 14: PRUEBAS PERSONALES Partes: ü ü ü ü ü Se pueden extraer datos probatorios útiles de la declaración de una parte cuando admite espontáneamente hechos que le perjudican.
Por ello, una parte siempre está obligada a declarar cuando la parte contraria lo solicita.
Tanto la falta de colaboración del interrogado como las respuestas evasivas pueden ser tomadas en consideración para dar por probados hechos controvertidos.
El interrogatorio se lleva a cabo en el acto del juicio, con publicidad y contradicción plenas.
El tribunal debe asumir los hechos enteramente perjudiciales que resulten de la propia declaración y valorar libremente el resto.
Testigos: ü ü ü ü ü Testigos son las personas distintas de las partes que, por haber tenido alguna relación con los hechos del caso, pueden aportar sus conocimientos al litigio.
Los testigos no se inventan, sino que son las personas que han tenido un conocimiento de los hechos lo más próximo posible al momento en que ocurrieron.
La ley describe las condiciones de idoneidad y de credibilidad del testigo.
Los testigos son sometidos a interrogatorio contradictorio en el acto del juicio, previo juramento o promesa de decir verdad.
Las declaraciones de los testigos se valoran libremente por el tribunal.
1. Declaración de partes y testimonios 99 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Se trata de 2 medios de prueba en los que el instrumento es una persona: la parte o el testigo.
PARTES En este caso, el medio de prueba tiene por objeto la declaración de una parte, a propuesta de la contraria, sobre hechos y circunstancias de los que pueda tener conocimiento y que guarden relación con el objeto del juicio.
Sus principales características son: TESTIGOS Cuando se recurre a personas ajenas a las partes para introducir en el juicio nuevas afirmaciones sobre los hechos controvertidos, nos encontramos ante la prueba testifical.
Testigo es una persona determinada, que por su relación con el objeto litigioso puede suministrar determinadas noticias acerca de los hechos por él percibidos, aportando sus afirmaciones al juicio (art. 360 LEC).
1. El sujeto de la prueba es el litigante contrario al que la propone. Pero también cabe la solicitud de declaración de un colitigante que tenga intereses contrapuestos con el proponente (art.
301.1 LEC) y del Estado, Comunidades Autónomas, entidades Locales y cualquier otro organismo público (art. 315 LEC).
1. Pueden ser testigo todas las personas, salvo las que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos.
2. El quid del interrogatorio es que éste recaiga sobre hechos personales o de los que tenga conocimiento personal el declarante. Por ello, en caso de que no sea así, puede responder según sus conocimientos, dando razón del origen de éstos, o proponer a la persona que sí tenga conocimiento personal de los hechos.
2. Las tachas son circunstancias relevantes que pueden poner en entredicho la veracidad del testigo. En estos casos, lo relevante es que la tacha sea conocida por el tribunal para que éste sea consciente de tal circunstancia, no para rechazar su declaración.
Ello requiere la aceptación de la parte que ha propuesto la prueba o, en su caso, el llamamiento de esta persona al juicio como testigo (art. 308 LEC). Esta característica la ha acentudado la ley en el caso de personas jurídicas (art. 309 LEC).
3. Según las reglas de experiencia, la utilidad Los menores de 14 años pueden declarar como testigos siempre que a juicio del tribunal, posean el discernimiento necesario para conocer y para declarar verazmente (art. 361 LEC).
Por tanto, cuando el testigo, al responder a las preguntas que se le hacen al inicio del interrogatorio, la pone de manifiesto o la admite, ya no es necesario nada más. Se ha logrado el objetivo. No obstante, la ley mantiene un sistema formal de tachas (arts. 377-379 LEC).
3.
Los testigos se identifican por sus 100 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil probatoria del interrogatorio estriba en que se produzcan declaraciones perjudiciales al declarante para fijar así los hechos (arts. 307 y 316.1 LEC).
circunstancias personales en el acto de la audiencia previa o, en su caso, en el acto del juicio, a la par que las otras pruebas (art. 362 LEC).
4. Aunque no está limitado el número de testigos que se pueden proponer, la ley muestra una cierta reticencia en cuanto los que excedan de 3 por cada hecho discutido (art. 363 LEC).
5. La ley también prevé el interrogatorio de investigadores privados sobre los informes escritos que hayan emitido (art. 380 LEC) y el de testigos sobre informes emitidos por escrito por personas jurídicas y entidades públicas (art. 381 LEC).
2. Interrogatorio El instrumento a través del que se desarrollan estos medios de prueba es un interrogatorio, que aparece configurado de la forma siguiente: - Comparecencia PARTES TESTIGOS El interrogatorio está previsto para que sea personal, imponiendo a la parte gravada la carga de comparecer para responder a las preguntas.
Los testigos tienen el deber de comparecer al acto del juicio para ser interrogados. La La ley refuerza esta carga doblemente à inobservancia se sanciona con multa y la Estableciendo la posibilidad de que el tribunal obligación de volver a comparecer cuando sea considere reconocidos los hechos personales y citado, bajo apercibimiento de proceder contra él perjudiciales a quien debía comparecer y no lo por desobediencia a la autoridad (art. 292 LEC).
hizo, e imponiéndole una multa, si no media excusa (arts. 304 y 292.4 LEC).
Se restringen los casos en que la prueba puede realizarse fuera del acto del juicio a los casos de enfermedad o circunstancias especiales (arts.
Están previstas las excepciones lógicas, por enfermedad o circunstancias restrictivas que pueden dar lugar al auxilio judicial, y que 101 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 311-312 LEC), o residencia fuera de la demarcación del tribunal, cuando concurran circunstancias que hagan gravosa la comparecencia (art. 313 LEC).
justifican la declaracion domiciliaria del testigo (art. 364 LEC).
En contrapartida a esta carga de comparecer, los testigos tienen derecho a una compensación económica por razón de los gastos (art. 375 LEC).
- Examen PARTES TESTIGOS El testimonio se refuerza con el juramento o la El interrogatorio está concebido para ser promesa de decir verdad, con la conminación de espontáneo, es decir: para ser realizado sobre la las penas establecidas para el falso testimonio, marcha en el acto del juicio o vista.
salvo para restigos menores de edad, que no se les exige (art. 365 LEC).
Si la parte llamada a declarar se niega a hacerlo, el tribunal la apercibe en el acto, salvo que concurra una obligación legal de guardar secreto, de que puede considerar reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resulte perjudicial en todo o en parte (art. 307.1 LEC).
Antes que nada se dirigen al tesitgo preguntas encaminadas a averiguar sus relaciones con las partes o con el objeto litigioso, que nos aperciben de su grado de imparcialidad (art. 367 LEC).
Seguidamente, comienza el interrogatorio propiamente dicho, con las preguntas relativas a lo que es el objeto del pleito.
Las preguntas se han de formular oralmente y en sentido afirmativo, con la debida claridad y precisión, sin incluir valoraciones, ni calificaciones (art. 302.1 LEC).
Según la ley, las preguntas han de formularse oralmente, en sentido afirmativo y con la debida claridad y precisión. No deben incluir valoraciones, ni calificaciones y, si éstas se incorporan, se tienen por no realizadas (art. 368 LEC). A pesar de esta previsión legal, la práctica se ha decantado por un interrogatorio libre.
102 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Para velar que las preguntas se ajusten al modelo, se establece un doble control incontinente, tanto de oficio por el tribunal (art. 302.2 LEC), como por parte de quien debe responder o de su abogado (art. 303 LEC).
La parte contraria tiene derecho a controlar el tenor y pertinencia de las preguntas (art. 369 LEC).
Las repuestas han de ser afirmativas o negativas y, de no ser ello posible según el tenor de las preguntas, serán precisas y concretas. El declarante puede agregar, en todo caso, las explicaciones que estime convenientes y que guarden relación con las cuestiones planteadas.
El testigo comienza siendo interrogado por la parte que lo ha propuesto. En cada una de sus respuestas el testigo debe indicar la razón de ciencia de lo que diga (art. 370 LEC).
La parte interrogada ha de responder por sí misma, sin valerse de ningún borrador de respuestas; pero en el acto se le permite consultar documentos y notas o apuntes, cuando a juicio del tribunal sean convenientes para auxiliar a la memoria (art. 305 LEC).
Cuando las respuestas son evasivas o no concluyentes, el tribunal, de oficio o a instancia de parte, le apercibe de que puede considerar como reconocidos los hechos (art. 307.2 LEC).
Respondidas las preguntas, pueden intervenir libremente en el interrogatorio: las demás partes, de nuevo el abogado de la proponente y también el tribunal, conformándose de esta manera un interrogatorio cruzado (art. 306 LEC).
Sucesivamente, el testigo es interrogado por las demás partes y el tribunal, mediante un interrogatorio libre (art. 372 LEC).
En cuanto a la forma de desarrollarse el examen, la ley toma en consideración la debida separación e incomunicación de testigos (art. 366 LEC).
El testigo puede invocar su deber de guardar secreto profesional (art. 371 LEC).
Esta posibilidad de repreguntas puede escurrirse en los casos de interrogatorio domiciliario (art.
311 LEC) o por la vía de auxilio judicial (art. 313 LEC).
No procede la reiteración del interrogatorio sobre los mismos hechos, que ya hayan sido objeto de declaración (art. 314 LEC).
Para agotar las posibilidades probatorias, existe la posibilidad de careos entre testigos o entre éstos y las partes (art. 373 LEC).
103 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Cuando deben declarar 2 o más personas sobre unos mismos hechos controvertidos, se deben adoptar las medidas necesarias para evitar que puedan comunicarse y conocer previamente el contenido de las preguntas y de las respuestas (art. 310 LEC).
También es posible interesar el interrogatorio de organismos públicos mediante un cuestionario escrito (art. 315 LEC).
3. Valoración INTERROGATORIO DE TESTIGOS: 104 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil PARTES TESTIGOS Se consideran ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales, si intervino personalmente en ellos, su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial y no lo contradice el resultado de las demás pruebas.
Los tribunales deben valorar la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que han dado, las circunstancias que en ellos concurren y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado (art. 376 LEC).
En todo lo demás, los tribunales valoran estas declaraciones, según las reglas de la sana crítica (art. 316 LEC).
105 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 15: DOCUMENTOS ü ü ü ü ü ü ü ü ü Los diversos tipos de documentos utilizados en la vida moderna y en el tráfico jurídico recogen datos que pueden tener trascendencia probatoria en caso de litigio.
Cualquier documento, en cualquier soporte, es susceptible de ser aportado como prueba en un juicio.
Por regla general, los documentos deben ser aportados junto con los escritos de alegaciones. Los que las partes no pueden conseguir por si mismas se tratan de obtener por mediación del tribunal.
La información debe ser introducida en el juicio y reproducida si es necesario para que pueda ser valorada contradictoriamente su fiabilidad, de acuerdo con el estado de la técnica en cada momento.
Desde ese momento, el documento queda sometido a la contradicción de las partes, que pueden admitirlo, impugnarlo o invocar su contenido en función de sus intereses.
Los documentos controvertidos son susceptibles de verificación, de acuerdo con la naturaleza y tipología del documento. En muchos casos, la controversia se refiere exclusivamente a la interpretación de su contenido.
Los documentos públicos hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha de su otorgamiento y de las personas que han intervenido en su producción.
Los documentos privados, cuya autenticidad no es impugnada, tienen la misma fuerza probatoria que los públicos.
El resto de documentos se valora de acuerdos con las reglas de la sana crítica.
1. El documento como medio de prueba Hay un reconocimiento judicial en el que el medio interpuesto entre la aportación i la percepción no necesita intermediario. Pero las demás pruebas sí que lo necesitan.
Este medio de prueba incorpora mediante la escritura la representación de un pensamiento, de un conocimiento o de cualquier actividad humana y, entre ellas, las que pueden tener trascendencia jurídica. Estas características son aprovechadas para extraer de ellas elementos probatorios. En concreto, el documento, permite aportar al proceso datos de lo que ha pasado en el pasado.
La aparición de nuevos soportes documentales distintos del papel y el desarrollo tecnológico producido en el almacenamiento, tratamiento y recuperación de la información han aportado nuevas expectativas en cuanto a su uso como medios de prueba. La ley establece que “también se admitirán, conforme a lo dispuesto por esta ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables de otra clase, relevantes para el proceso” (art. 299.2 LEC). Cualquier documento, en cualquier soporte, es susceptible de ser aportado como prueba general.
El documento tiene una cierta permanencia, y es una de las bases importantes en el ámbito judicial. El documento permite fijar un contenido que entonces será útil, se podrá utilizar más adelante como un recuerdo de lo que se ha dicho anteriormente o como un elemento fijado de lo que hay pasado en un momento anterior. No es un mecanismo exclusivamente jurídico, sino que está muy vinculado al razonamiento humano.
Las fórmulas previstas por la ley para incorporar documentos al juicio son: o La aportación física de éstos.
o La exhibición, cuando la aportación no es posible.
o Y, en su caso, la reproducción.
106 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 2. Clases CLASES DE DOCUMENTOS • • • • • • Públicos (art. 317 LEC) / Privados (art. 324 LEC) Procesales (art. 264 LEC) / de fondo (art.
265 LEC) / especiales (art. 266 LEC) Indubitados (art. 350 LEC) / legalizados Extranjeros (art. 323 LEC) Libros de empresarios (art. 327 LEC) Notariales / judiciales / administrativos La ley ofrece un listado indicativo de documentos a acompañar a la demanda, clasificándolos en procesales, de fondo y especiales (arts. 264, 265 y 266 LEC).
Siguiendo la tradición legislativa, la ley ofrece un listado casuístico de lo que se consideran documentos públicos, hecho que va ligado normalmente a la intervención de algun funcionario o institución pública (art. 317 LEC).
El perfil del documento privado se define por su exclusión del listado de documentos públicos (art.
324 LEC). Dentro de esta categoría, la ley mantiene la referencia a los libros de los empresarios exigidos por las leyes mercantiles (art. 327 LEC).
3. Aportación Esta es la fórmula de incorporación del documento al pleito a la que la ley da prioridad.
- Momento Por regla general, todos los documentos deben ser acompañados con la demanda o contestación (arts.
264, 265 y 266 LEC), bajo riesgo de no poder aportarlos con posterioridad (arts. 269 y 272 LEC).
Se puede aportar con posterioridad sin restricciones los documentos relativos al fondo del asunto destinados a desvirtuar las alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación de la demanda (art. 265.3 LEC).
También se pueden aportar, restrictivamente, documentos de fecha posterior a los escritos de alegaciones, o cuando se justifique no haber tenido conocimiento antes de su existencia o cuando no se han podido obtener con anterioridad (art. 270 LEC).
Precluye definitivamente la posibilidad de aportar documentos después de la vista o juicio, salvo algunas excepciones relativas a resoluciones judiciales o administrativas que puedan resultar relevantes para el litigio (art. 271 LEC).
- Modalidades de presentación Según los tipos de documento y las circunstancias, se establecen diferentes modalidades de aportación del documento (arts. 267, 268, 318 y 325 LEC): ü Mediante copias simple o reprográficas, como regla general.
107 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Mediante testimonio del documento en las actuaciones, previa exhibición del original.
Mediante copias autentificadas por fedatario público competente.
Aportando el original del documento.
Designando el archivo, protocolo, expediente o lugar en el que se encuentra. Sin embargo, si se trata de un registro público accesible, la ley exige de la parte la diligencia de obtener una copia en forma (art. 265.2 LEC).
ü Los documentos redactados en una lengua extranjera o que no sea oficial en el territorio deben de ser acompañados por una traducción.
ü Cuando el soporte son imágenes, sonidos o datos archivados electrónicamente, la parte puede acompañar también transcripción escrita del contenido del soporte de que se trate (art. 382.1 LEC).
ü ü ü ü - Copias De cada documento hay que acompañar copias fidedignas con destino a las otras partes (arts. 273 y 280 LEC). La omisión de copias puede subsanarse, pero si no se remedia la omisión, los documentos se tienen por no aportados (art. 275 LEC).
4. Exhibición La exhibición es la fórmula prescrita para la prueba documental cuando el documento no se halla a disposición de la parte o cuando es de tal naturaleza que resulta desaconsejable o desproporcionado aportarlo a los autos.
Se regulan los siguientes supuestos: v Entre partes v De terceros v De entidades oficiales - Entre partes No existen restricciones en cuanto al deber de exhibición entre partes (arts. 328-329 LEC). En caso de negativa injustificada a la exhibición, el tribunal, tomando en consideración las restantes pruebas, puede atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por el solicitante de la exhibición o a la versión que del contenido del documento hubiese dado.
La exhibición es también la fórmula general para acceder a los libros de los empresarios, fundamentalmente la contabilidad (art. 327 LEC).
- De terceros En caso de documentos en poder de terceros se somete a la apreciación del tribunal la exigencia de exhibición (art. 330 LEC).
- De entidades oficiales - 108 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Tampoco existen restricciones respecto a documentos en poder de entidades oficiales, salvo las relativas a materias legalmente clasificadas como reservadas o secretas (art. 332 LEC).
- Modalidades de la exhibición La opción más ambiciosa es obtener la disponibilidad del documento para su incorporación a los autos, pero ello no siempre es posible. Como alternativa, se saca un testimonio del documento por el secretario judicial, en el domicilio del propietario del documento o en la sede del tribunal (arts.
330.1, 331 y 333 LEC).
5. Reproducción La mera aportación de documentos en soportes distintos al papel puede ser insuficiente para la utilidad de esta prueba. En estos casos, es necesario activar la reproducción a presencia del tribunal en el momento del juicio. Ello comporta el suministro de los instrumentos técnicos que permitan tal puesta en escena y su documentación (arts. 382-384 LEC).
6. Verificación Cuando se impugna o se pone en duda la autenticidad de un documento, hay que adverarlo. Es decir: verificar que es genuino. Los casos son los siguientes: - De documentos públicos Si se impugna la autenticidad de un documento público, para que pueda hacer prueba plena, se procede a cotejar por el secretario judicial la copia con el original, donde quiera que se encuentre (arts. 320-321 LEC).
Hacen prueba plena en juicio, sin necesidad de comprobación o cotejo y salvo prueba en contrario y la facultad de solicitar el cotejo de letras cuando sea posible, las escrituras públicas que carezcan de protocolo o éste haya desaparecido y cualquier otro documento público que, por su índole, carezca de original o registro con el que pueda cotejarse o comprobarse (art. 322 LEC).
- De documentos privados La regla general, si el documento está firmado o contiene un texto manuscrito, es una prueba pericial grafológica (arts. 326 y 349 LEC), comparando el documento con otros indubitados (arts. 350-351 LEC).
Cuando se trata de adverar la exactitud de copias reprográficas, fotografías, planos, etc., puede bastar una comprobación del original por parte del secretario judicial, pero sin que se excluya una prueba pericial en regla (art. 334 LEC).
109 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil ¿CÓMO SE VERIFICAN LOS DOCUMENTOS? PÚBLICOS PRIVADOS Su reconocimiento puede resultar de los escritos de alegaciones o audiencia previa Lo necesitan: • Si se impugnan • Caso extremo: falsedad Se realiza mediante COTEJO: • No todos lo necesitan (art. 322 LEC) • El cotejo consiste en la comparación con el original (arts. 320 y 321 LEC) • ¿Qué ocurre cuando no hay matriz? (arts. 322 LEC y 1221 CC) En otro caso, se realiza: • Mediante cotejo copia reprográfica con el original (art. 334 LEC) • Reconocimiento firma mediante interrogatorio de la parte o testigos • Mediante COTEJO pericial de letras en documentos manuscritos (arts. 326 y 349 LEC) • Documento indubitado (art. 350 LEC) • Pericial caligráfica (art. 351 LEC) Exhibición libros empresarios y prueba pericial Pericias sobre documentos electrónicos - De archivos de datos La adveración puede requerir la práctica de otros medios de prueba encaminados a demostrar su autenticidad (art. 382.2 LEC). Se observará que las cuestiones que preocupan a la ley (reproducción, fiabilidad), son las que más fácilmente se mejoran cada día por el propio desarrollo tecnológico.
7. Valoración En esta materia la ley también adopta un sistema mixto de valoración, estableciendo reglas de prueba tasada y libre.
El listado de documentos públicos catalogados y no cuestionados hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella (art. 319. 1 LEC).
La fuerza probatoria de los documentos administrativos públicos es la que establezcan las leyes que les reconozcan tal carácter. En defecto de disposición expresa, los hechos, actos o estados de las cosas que consten en los referidos documentos se tienen por ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado (art. 319.2 LEC).
En cuanto a documentos públicos extranjeros, cuando éstos incorporan declaraciones de voluntad, la existencia de éstas se tienen por probada, pero su eficacia es la que determinen las normas españolas y extranjeras aplicables en materia de capacidad, objeto y forma de los negocios jurídicos (art. 323.3 LEC).
110 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Los documentos privados tienen la misma fuerza probatoria que los públicos, cuando su autenticidad no es impugnada por la parte a quien perjudique (art. 326.1 LEC).
Cuando las dudas sobre la autenticidad de un documento no se despejan mediante alguna de las fórmulas de adveración, el tribunal puede valorarlos de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art.
326.2 LEC).
Estas mismas reglas se aplican a la valoración de archivos de datos y documentos electrónicos (arts.
382.3 y 384.3 LEC).
111 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil BLOQUE DE CONTENIDO VI: IMPUGNACIONES TEMA 16: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Existen numerosos instrumentos de control de la regularidad de un juicio y de las decisiones que en él se toman.
La oferta se extiende desde el autocontrol hasta la posibilidad de un nuevo juicio.
La impugnación de las decisiones judiciales, tanto burocráticas como finales, se canaliza preferentemente a través de los recursos.
Son recursos ordinarios la reposición, la revisión, la apelación y la queja.
La apelación introduce la segunda instancia del juicio civil.
Son recursos extraordinarios la infracción procesal y la casación.
La casación es el último recurso posible dentro del sistema judicial.
Cuando una sentencia gana firmeza, precluye toda posibilidad de control a través de los recursos.
En estos casos, ante la presencia de infracciones que la ley considera extremadamente graves, se articulan diversos medios de fiscalización de la regularidad de juicios ya fenecidos.
Los casos contabilizados se reducen a la rescisión de sentencias dictadas en rebeldía, a la revisión de sentencias firmes y a la nulidad después de sentencia por infracción de garantías constitucionales, todos ellos dentro de presupuestos restrictivos.
1. Control de la actividad procesal El control de la actividad procesal es ante todo una regla del comportamiento técnico esperado del tribunal y de las partes. Siendo el juicio una sucesión de actos ordenada, con las tareas de cada uno asignadas de antemano, se espera que cada cual cumpla con su deber por simple responsabilidad profesional.
Pero, además de ello, existen instrumentos que permiten controlar tanto la regularidad del juicio como las propias decisiones que en él se adoptan, ya sean meros actos de impuso, ya sean resoluciones finales.
La ley es prodiga en su oferta, que abarca las siguientes posibilidades: o o o o o o La nulidad de las actuaciones, cuando el juicio se desvía de su cauce reglado.
Los recursos ordinarios y extraordinarios, como medios de impugnación de las resoluciones burocráticas y de fondo del tribunal.
La doble instancia del juicio, que es la regla general en materia civil.
La reapertura de un juicio concluido, mediante la rescisión de sentencias en rebeldía, la revisión de sentencias firmes, la nulidad después de sentencia y la oposición de tercero a la cosa juzgada.
La apertura de un juicio sucesivo para cuestiones no resueltas o que no tienen cabida en los juicios sumarios.
La posibilidad de controles externos al sistema judicial, mediante el amparo ante el Tribunal Constitucional y la demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
112 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil DENTRO DEL SISTEMA JUDICIAL AUTOCONTROL DOBLE INSTANCIA Regularidad actuaciones procesales Nulidad de actuaciones REAPERTURA JUICIO CONCLUIDO APERTURA JUICIO SUCESIVO Amparo ante el TC Recurso individual TEDH Comité ONU Sentencias finales y resoluciones significativas Ordinarios RECURSOS CONTROLES EXTERNOS • • • • Reposición Revisión Apelación Queja Extraordinarios • • Infracción procesal Casación Rescisión de sentencias rebeldía Revisión sentencias firmes Nulidad después de sentencia Oposición de terceros cosa juzgada Cuestiones no resueltas en juicio sumario 2. Recursos En general, se entiende por recurso la impugnación de una resolución judicial desfavorable para la parte, en los casos señalados en la ley (art. 448.1 LEC).
Recurrir significa manifestar disconformidad ante cualquier tipo de resolución judicial recaída en un juicio. El principio general es que cualquier resolución es impugnable, salvo que la ley haya excluido expresamente el recurso (esto es: el recurso sólo cabe en los casos señalados en la ley).
Hoy en día, el legislador español entiende que los procedimientos de cuantía inferior a 3.000€ no merecen una segunda oportunidad porque el sistema está demasiado colapsado como para atender a reclamaciones pequeñas (apuntes clase).
El fundamento de tal actitud (la de recurrir) reside en el gravamen à En general, gravamen es la diferencia perjudicial entre lo pedido y lo concedido a la parte, fundado tanto en razones jurídicas, económicas o en la inobservancia de las reglas de procedimiento.
El recurso es una garantía constitucional incluida en la tutela efectiva. Una vez el legislador ha decidido que aquella resolución es recurrible, tenemos el derecho a que el derecho al recurso se respete (sin embargo, en la CE no exise un derecho que admita la doble revisión). Por eso, cuando decimos que el derecho al recurso forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva quiere decir que una vez el legislador lo concede, se debe respetar.
113 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La finalidad de los recursos es impedir la firmeza de la resolución recurrida, es decir: que se convierta en definitiva.
Los recursos previstos por la ley son los siguientes: o o o o o o Reposición (arts. 451-454 LEC) Revisión (art. 454 bis LEC) Apelación (arts. 455-466 LEC) Infracción Procesal (arts. 468-476 LEC) Casación (arts. 477-493 LEC) Queja (arts. 494-495 LEC) 3. Reposición y revisión La reposición es un recurso ordinario previsto contra providencias y autos no definitivos dictados por cualquier tribunal civil y diligencias de ordenación y decretos no definitivos dictados por el secretario judicial.
! Si fueran autos y decretos definitivos, el recurso que podría interponerse seria el de apelación, NO el de reposición.
La tramitación de este recurso es muy sencilla à Se interpone ante el mismo tribunal o secretario judicial que ha dictado la resolución (según qué decisión se esté discutiendo – art. 451 LEC) en un plazo de 5 días desde la notificación de la decisión (art. 452 LEC). Se da traslado a la otra parte para que manifieste lo que considere oportuno y decide el mismo tribunal o secretario judicial que ha resuelto la decisión impugnada (así pues, oídas las partes recurridas, se resuelve – art. 453 LEC).
El tribunal “a quo” es el que dicta la decisión impugnada y el tribunal “a quem” es el que resuelve el recurso (que normalmente será superior) à En el recurso de reposición, el tribunal “a quo” y el tribunal “a quem” coinciden. La mayoría de recursos de reposición no prosperan porque es muy difícil que el mismo juez cambie de opinión (muchas veces es un mero trámite para poder acudir a un recurso superior).
Cuando el tribunal o secretario resuelven el recurso de reposición, la resolución no es recurrible pero se puede volver a reproducir la cuestión en el recurso contra la sentencia final (art. 454 LEC).
El recurso de revisión se trata de una revisión contra decretos del secretario judicial.
! La revisión de sentencias firmes es otra cosa, se revisan las decisiones del juez y no del secretario judicial.
La revisión funciona de la misma manera que la reposición (art. 454 bis LEC) à Se presenta escrito en 5 días, la otra parte contesta en 5 días y resuelve el mismo tribunal. La diferencia es que la revisión se plantea contra decisiones del secretario judicial y quien resuelve es el juez, pero como que es dentro 114 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil de un mismo tribunal continua siendo un recurso no evolutivo. Esta revisión del secretario es distinta de la revisión de sentencias firmes.
4. Apelación - Objetivos de la apelación La apelación sirve para impugnar o discutir sentencias dictadas en primera instancia en toda clase de juicios, los autos definitivos y aquéllos otros que la ley señala expresamente. Por lo tanto, la apelación procede contra: ü Sentencias dictadas en 1ª instancia.
ü Autos definitivos (!! los no definitivos son susceptibles de reposición).
ü Aquellas otras resoluciones que diga la ley.
Se excluyen de apelación únicamente los juicios civiles de cuantía inferior a 3.000€ (art. 455.1 LEC).
La apelación se configura como una segunda instancia à esto significa que en este recurso se pueden revisar todas las cuestiones que se han decidido en 1ª instancia (tanto la prueba como la aplicación del derecho). El tribunal de segunda instancia se pone en la piel del juez de 1ª instancia y puede decidir y revisar todas las decisiones tomadas en 1ª instancia.
Como contrapartida, pueden revisarlo todo pero NO más allá del que ha sido objeto de 1ª instancia (las partes no pueden aportar más argumentos ni pruebas nuevas), salvo en algunos supuestos excepcionales que se encuentran en el art. 460 LEC.
En el ámbito civil existe la posibilidad de ejecutar provisionalmente la sentencia de primera instancia (art. 456.3 LEC). En el ámbito penal esto no pasa: las penas privativas de libertad hasta que no son firmes no se ejecutan, es una ejecución siempre definitiva.
- Procedimiento ¿Cómo se desarrolla la apelación? à El recurso de apelación se interpone en un plazo de 20 días ante el tribunal que ha dictado la resolución (tribunal “a quo”).
Este escrito interponiendo la apelación requiere motivación (esto es: por qué impugnas la resolución recurrida). Los motivos del recurso de apelación son: o Tanto motivos de fondo (infracción de normas sustantivas) – art. 458 LEC.
o Como motivos procesales (infracción de normas o garantías procesales) – art. 459 LEC.
Sobre si se pueden pedir pruebas en 2ª instancia, en principio hemos dicho que es objeto de 2ª instancia aquello que ha sido visto en 1ª instancia. No obstante, el art. 460.2 LEC permite solicitar algunas pruebas que no se han practicado en 1ª instancia (son supuestos excepcionales) à No hay que memorizar el artículo pero sí entender las 3 excepciones: 115 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil ü Casos en los que el tribunal de 1ª instancia ha inadmitido indebidamente una prueba.
ü Pruebas admitidas pero que no se llegaron a practicar por causas ajenas a la voluntad de la parte que las propuso (EJ: Yo pido que venga un testigo, el tribunal lo admite, pero el día de la vista el testigo no viene o enferma).
ü Pruebas relativas a hechos nuevos ocurridos en un momento posterior al de la práctica de la prueba.
SOLICITUD DE PRUEBAS (art. 460.2 LEC) 2. En el escrito de interposición se podrá pedir, además, la práctica en segunda instancia de las pruebas siguientes: 1ª. Las que hubieren sido indebidamente denegadas en la primera instancia, siempre que se hubiere intentado la reposición de la resolución denegatoria o se hubiere formulado la oportuna protesta en la vista.
2ª. Las propuestas y admitidas en la primera instancia que, por cualquier causa no imputable al que las hubiere solicitado, no hubieren podido practicarse, ni siquiera como diligencias finales.
3ª. Las que se refieran a hechos de relevancia para la decisión del pleito ocurridos después del comienzo del plazo para dictar sentencia en la primera instancia o antes de dicho término siempre que, en este último caso, la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad.
3. El demandado declarado en rebeldía que, por cualquier causa que no le sea imputable, se hubiere personado en los autos después del momento establecido para proponer la prueba en la primera instancia podrá pedir en la segunda que se practique toda la que convenga a su derecho.
En estos supuestos se podría pedir la prueba en 2ª instancia y se practicaría si el tribunal “ad quem” la admite.
Una vez presentado el recurso de apelación, el tribunal “a quo” da traslado a la otra parte, que tiene un plazo de 20 días para impugnar el recurso o, a su vez, impugnar directamente la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable. Puede decir: “la parte recurrente no tiene razón” (impugna el recurso) o puede decir “no tiene razón pero el juez se equivoca en esto, esto y esto” (impugna la sentencia recurrida). También puede solicitar la prueba (art. 461 LEC).
Una vez las 2 partes han dado su versión y tenemos los 2 escritos con los arguementos de ambas partes, el tribunal “a quo” eleva los autos al tribunal “ad quem” (envía el expediente al tribunal que debe resolver el recurso de apelación – art. 463.1 LEC).
En otros recursos, se plantea el escrito ante el tribunal inferior, éste envía el expediente y es el tribunal superior el que da traslado a las partes.
Cuando los autos y el expediente se encuentran en la Audiencia Provincial, este tribunal es el que dedide qué pruebas de las excepcionales son las que se admiten y si se celebra o no la vista (la vista en apelación no es preceptiva, lo decide el tribunal – art. 464 LEC).
La sentencia que se dicta en apelación resuelve sobre los temas de fondo y los temas procesales que se hayan planteado (art. 465 LEC): o Si estima la apelación por motivos de fondo, dictará una sentencia.
116 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil o En cambio, si estima uno de los motivos procesales, no resolverá sobre el fondo sino que la sentencia de apelación retrotraerá el procedimiento hasta el momento en que se dio el defecto formal (hasta que se dio el problema procesal).
Por último, la decisión tomada en apelación es susceptible de recurso extraordinario de casación o de recurso extraordinario por infracción procesal (art. 466 LEC).
1ª instancia à 2ª instancia (apelación) à y si cabe: recurso extraordinario de casación o recurso extraordinario por infracción procesal.
5. Infracción procesal - Infracciones susceptibles de recurso El recurso extraordinario de infracción procesal se resuelve por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 468 LEC). Se plantea contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la 2ª instancia, por los motivos siguientes, que exigen denuncia previa en la instancia (art. 469 LEC): o o o o Infracción de las normas de jurisdicción y competencia objetiva o funcional.
Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia.
Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determina la nulidad conforme a la ley o haya podido producir indefensión.
Vulneracion, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE.
! Todos los motivos de este artículo son cuestiones procesales (NO cuestiones de fondo). La casación, en cambio, es un recurso extraordinario por motivos de fondo.
! Los asuntos de cuantía inferior a 3.000€, como que no acceden a apelación, tampoco lo hacen a infracción procesal o casación.
Además, se exige al recurrente quejarse en el momento en que detecta este problema procesal à debe poner de manifiesto el defecto en el momento en que se da cuenta. EJ: No vale no haber dicho nada sobre la falta de competencia y después plantear un recurso extraordinario de infracción procesal alegando que el tribunal no era competente. Debe quejarse en el momento procesal oportuno.
- Procedimiento Este procedimiento es distinto del de apelación à El recurso se interpone (art. 470 LEC), motivándolo por escrito (art. 471 LEC), ante el propio tribunal que ha dictado la sentencia (tribunal “a quo”) en un plazo de 20 días desde que se notifica la sentencia que se quiere recurrir (en el cómputo se descuentan los días inhábiles).
Luego se remiten las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Civil y Penal, tribunal “ad quem” - art. 472 LEC), y este tribunal és el que admitirá a tramite o no el recurso (art. 473 LEC).
Admitido el recurso, éste es el momento en que se da traslado a la otra parte para que tenga ocasión 117 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil de oponerse al mismo en un plazo de 20 días (art. 474 LEC). Aquí no hay posibilidad de impugnar la sentencia como en la apelación.
Sucesivamente la sala decide si celebra vista, sobre todo cuando se han solicitado pruebas (art. 475 LEC). Se celebra vista sólo si el TSJ entiende que es procedente y sobre todo cuando se hayan propuesto pruebas, pero son pruebas limitadas a los motivos de este recurso tipificados en el art. 469 LEC (EJ: pruebas que acrediten que hay falta de competencia o que se ha vulnerado un derecho fundamental).
Finalmente, dicta sentencia, cuyo contenido viene determinado por la naturaleza de las infracciones denunciadas. La sentencia dictada en este recurso es irrecurrible à No hay más posibilidad de recurso, lo cual no quiere decir que no haya posibilidad de acciones autónomas de impugnación (porque éstas no son recursos).
Efectos de la sentencia à La sentencia anula/retrotrae el procedimiento hasta el momento en que se dictó una resolución que afectaba estos derechos fundamentales o que el tribunal se declaró competente y no lo era (retrotracción al momento de cometer la infracción - art. 476 LEC) .
6. Casación - Resoluciones susceptibles de recurso La casación coincide con la infracción procesal en el sentido de que puede usarse para impugnar sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales pero la diferencia es que los motivos que se discuten en casación son motivos de fondo.
Son recurribles en casación las sentencias dictadas en 2ª instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos (art. 477.2 y 3 LEC – las hemos de estudiar): o o o Sentencias dictadas en procedimientos de tutela de derechos fundamentales (excepto los que reconoce el art. 24 CE) à es susceptible de casación independientemente de la cuantía.
Sentencias dictadas en procedimientos de cuantía superior a 600.000€.
Casos en los que hay interés casacional (independientemente de la cuantía). Existe interés casacional (art. 477.3 LEC) cuando hay infracción de doctrina del Tribunal Supremo y cuando hay doctrinas contradictorias de Audiencias Provinciales (EJ: La AP de Madrid dice “A” y la de Barcelona dice “B” en supuestos muy similares).
RESOLUCIONES RECURRIBLES EN CASACIÓN (art. 477.2 LEC) Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos: 1. Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.
2. Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros.
3. Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.
118 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil - Motivo El único motivo que abre la casación es la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del juicio (art. 477.1 LEC). Así como la infracción procesal se da para discutir normas procesales, aquí se discuten cuestiones de fondo.
¿Si tengo motivos procesales y motivos de fondo, interpongo los 2 recursos? à La disposición final 16 de la LEC da solución a estos problemas pero nosotros no la tenemos que estudiar.
- Procedimiento De la casación conoce el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia, dependiendo del derecho que se haya aplicado: o Si se ha aplicado derecho español será el Tribunal Supremo (infracción de las normas del derecho civil común).
o Pero si se ha aplicado la norma foral o autonómica de la CCAA correspondiente, será competente el Tribunal Superior de Justicia à si el recurso se funda en infracción de las normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad (siempre que el propio Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución – art. 478 LEC).
El recurso se interpone por escrito ante el tribunal que ha dictado la sentencia (tribunal “a quo” – Audiencia Provincial – arts. 479-480 LEC) en el plazo de 20 días, motivándolo convenientemente (art.
481 LEC).
Las actuaciones se remiten luego al tribunal competente para entender del recurso (tribunal “ad quem” – art. 482 LEC), que permite o no su admisión a trámite (arts. 483-484 LEC). Es ante este tribunal “ad quem” donde se da traslado a la otra parte para que se pronuncie en el plazo de 20 días (diferencia con la apelación).
La parte recurrida únicamente se puede oponer al recurso (art. 485 LEC), NO puede plantear recurso contra la sentencia (diferencia con la apelación).
El tribunal decide con vista o simplemente mediante votación y fallo, según su criterio (art. 486 LEC).
Habrá decisión con o sin vista à lo decidirá el Tribunal Supremo o el TSJ que conozca de la casación pero lo normal es que no haya vista porque no es un problema fáctico.
Si se estima el recurso, a diferencia de lo que ocurre con la infracción procesal, en este caso no se retrotraen las actuaciones porque el motivo es un motivo de fondo del asunto y lo que hacen es dictar una sentencia sobre el fondo que sea apropiada al caso (art. 487 LEC) à el Tribunal Supremo o TSJ dicta la sentencia según la interpretación de la norma que cree correcta.
7. Queja La queja es un recurso instrumental que persigue la admisión de otro recurso, al objeto de que el tribunal que debe resolverlo tenga conocimiento de la impugnación planteada.
119 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La queja la encontramos cuando no nos han admitido a trámite el recurso de apelación, casación o infracción procesal. Se interpone directamente ante el tribunal al que corresponda resolver el recurso no tramitado (se plantea directamente al tribunal “ad quem”).
Los anteriores recursos se iniciaban en el tribunal inferior (tribunal “a quo”) pero en este caso vas directamente a la Audiencia Provincial, al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo (según proceda), y ese tribunal será el que resolverá.
El trobem quan no ens han admes l’apelacio, la cassacio o la infraccio processal. Per discutir això interposem una queixa. Es planteja directament al tribunal que hauria d’haver resolt aquell recurs que no ens han deixat plantejar (es planteja directament al tribunal “a quem”). Tots els anteriors comensaven en el tribunal inferior pero en aquest cas vas directament a la AP o al TSJ o al TS i ell será el que resoldrà.
ACCIONES AUTONÓMAS DE IMPUGNACIÓN (no son recursos): 8. Rescisión de sentencias firmes dictadas en rebeldía - Rebeldía involuntaria La rescisión de sentencias firmes dictadas en rebeldía procede en casos de rebeldía involuntaria. En un procedimiento civil, si el demandado no contesta a la demanda se le declara rebelde y el procedimiento continua à Presuponemos que el rebelde no asiste al procedimiento porque no quiere.
Ahora bien, cuando se descubre que no ha comparecido porque no ha PODIDO (no porque no ha querido), tiene abierta esta vía de impugnación.
En este procedimiento hay 2 partes muy separadas del procedimiento: v Hay un juicio que anula la sentencia impugnada. En este primer momento se decide únicamente sobre si procede o no la rescisión de la sentencia firme.
v Y un juicio en el que se repite el procedimiento con la presencia del rebelde (juicio que celebra los autos con la asistencia del demandado). El juicio lo celebra el tribunal que haya conocido de la primera instancia.
- Procedimiento Para que proceda la audiencia del litigante rebelde es necesario que se cumplan los siguientes presupuestos: o o o o Haber estado permanentemente o constantemente en rebeldía (art. 501 LEC).
La audiencia del litigante rebelde sólo es admisible en juicios plenarios (art. 503 LEC). Los juicios plenarios son aquellos que deben finalizar en cosa juzgada (a diferencia de los sumarios).
La rescisión sólo se concede al demandado que no ha podido comparecer en juicio por causas ajenas a su voluntad à fuerza mayor no interrumpida o desconocimiento de la demanda y del pleito, por no haber llegado éste a su conocimiento (art. 501 LEC).
La solicitud de rescisión está sometida a diversos plazos de caducidad, según las hipótesis (art.
502 LEC).
120 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Así, los motivos se encuentran en el art. 501 LEC à Fuerza mayor, haber sido notificado y no estar enterado, etc.
RESCISIÓN DE SENTENCIA FIRME A INSTANCIAS DEL REBELDE. CASOS EN QUE PROCEDE (art.
501 LEC): Los demandados que hayan permanecido constantemente en rebeldía podrán pretender, del tribunal que la hubiere dictado, la rescisión de la sentencia firme en los casos siguientes: 1. De fuerza mayor ininterrumpida, que impidió al rebelde comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en forma.
2. De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando la citación o emplazamiento se hubieren practicado por cédula, a tenor del artículo 161, pero ésta no hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa que no le sea imputable.
3. De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando el demandado rebelde haya sido citado o emplazado por edictos y haya estado ausente del lugar en que se haya seguido el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma, en cuyos Boletines Oficiales se hubiesen publicado aquéllos.
Los plazos de caducidad (no se interrumpen) son los recogidos en el art. 502 LEC: ü 20 días si la notificación de la sentencia firme ha sido personal.
ü 4 meses si la notificación de la sentencia firme se hizo por edictos.
PLAZOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE RESCISIÓN (art. 502 LEC): 1. La rescisión de sentencia firme a instancia del demandado rebelde sólo procederá si se solicita dentro de los plazos siguientes: a) De veinte días, a partir de la notificación de la sentencia firme, si dicha notificación se hubiere practicado personalmente.
b) De cuatro meses, a partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme, si ésta no se notificó personalmente.
2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior podrán prolongarse, conforme al apartado segundo del artículo 134, si subsistiera la fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia, pero sin que en ningún caso quepa ejercitar la acción de rescisión una vez transcurridos dieciséis meses desde la notificación de la sentencia.
- Procedimiento de la rescisión La rescisión se solicita ante el tribunal que ha dictado la sentencia (tribunal “a quo” – art. 500 LEC).
Se tramita como un juicio ordinario, que pueden incoar quien hayan sido parte en el juicio (art. 504.2 LEC) à la demanda tiene la forma de una demanda ordinaria y la contestación también.
Estan legitimadas para interponer la rescisión las partes del procedimiento que acrediten que han sido rebeldes involuntarios (existe una interpretación jurisprudencial que dice que también están legitimados aquellos que deberían haber sido parte).
En principio, la demanda no suspende la ejecución de la sentencia (art. 504.1 LEC), pero puede solicitarse del tribunal. Si se otorga, lo es contra la prestación de una caución (art. 566 LEC). Interponer esta vía excepcional no implica que el juez automáticamente suspenda la ejecución (su mera interposición no lo supone), sino que el recurrente podrá pedirlo al juez y 121 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil éste valorará si lo hace o no. El requisito indispensable para que se estime esta petición (la de suspender la ejecución de la sentencia) es que el recurrente preste caución (un aval) por los daños y perjuicios que se hayan podido causar a la otra parte.
En el juicio se debe practicar prueba sobre los presupuestos que justifican la rescisión (art. 505.1 LEC) à Hay posibilidad de prueba pero limitada a los motivos de la rescisión, siempre para demostrar al tribunal que debe resolver que has sido rebelde en contra de tu voluntad.
La sentencia que se dicte es irrecurrible (NO es susceptible de recurso alguno – art. 505.1 LEC): o o Si se estima el recurso (esto es: se rescinde la sentencia), se suspende la ejecución de la sentencia (si no estuviera ya acordada con anterioridad – art. 505.2 LEC) y no se imponen las costas a ninguna de las partes salvo que el tribunal aprecie que alguna de ellas ha actuado con temeridad (art. 506 LEC).
Si se desestima el recurso (esto es: la sentencia declara no haber lugar a la rescisión), se imponen las costas al recurrente / solicitante.
- Nuevo juicio - Cuando se decreta la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía, se celebra un nuevo juicio abreviado, que se inicia con la contestación a la demanda (arts. 507-508 LEC).
La ley regula como se hará este nuevo procedimiento con la presencia del demandante. La ley lo regula com un procedimiento abreviado (todos los plazos están acotados a la mitad) à Éste empezará con la contestación a la demanda (demanda que en su día se presentó y que aún se conserva). La contestación se realiza en 10 días en vez de en 20, y así con todos los plazos.
9. Revisión de sentencias firmes - Motivos La revisión de sentencias firmes es una acción autónoma de impugnación (NO es un recurso), basada en alguno de los siguientes motivos (art. 510 LEC – nos los tenemos que estudiar): MOTIVOS (art. 510 LEC): Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme: 1. Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
2. Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente.
3. Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
4. Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.
Todos los motivos son casos de injusticia de la sentencia.
122 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Son sentencias injustas porque se basaron en un documento como prueba y después es declarado falso en un proceso penal; se dictaron en base a un testimonio que después es declarado falso en una sentencia penal firme à en definitiva: son decisiones que se basaron en pruebas declaradas falsas.
o El primer supuesto del art. 510 LEC son casos en los que se retuvo un documento por causas ajenas a la voluntad del recurrente (EJ: una de las partes tenía una escritura pública de herencia y no la enseñó en su momento. Si la hubiera aportado al procedimiento, la sentencia habría sido otra, y el fallo hubiera dado la razón al otro).
o El último supuesto dice: “sentencias obtenidas con violencia, cohecho o maquinación fraudulenta” à Si hemos amenazado al juez pistola en mano, es una sentencia obtenida con violencia. “Si me das la razón te regalo un coche”, estamos ante el cohecho.
Siempre son contra sentencias firmes.
REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES: MOTIVOS ¿Cuándo? Documentos recobrados Tres meses Máximo 5 años Documentos falsos ¿Dónde? Tribunal Superior de Justicia Tribunal Supremo ¿Cómo? Demanda + depósito Reclamar antecedentes Contestación demanda Informe Ministerio Fiscal Falso testimonio Cohecho Violencia Fraude procesal Se revisa RESCISIÓN JUICIO FRAUDULENTO JUICIO VERBAL - Procedimiento La revisión de sentencias firmes se solicita a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo o a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 509 LEC), dependiendo del derecho que se esté aplicando (si se aplica derecho español será el TS y si se aplica derecho autonómico el TSJ).
123 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Legitimación à Puede solicitar la revisión quien hubiera sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada (art. 511 LEC). Aquí nuevamente la jurisprudencia añade que también podrán solicitarla aquellos que deberían haber sido parte.
Plazo à La revisión puede solicitarse antes de que transcurran 5 años desde la fecha de publicación de la sentencia (art. 512 LEC). No obstante, dentro de este plazo absoluto hay un plazo relativo de 3 meses desde que se conoce de la causa de injusticia (EJ: desde que recupero el documento indispensable, etc.).
Además, se requiere un depósito de 300€ (art. 513 LEC).
Presentada y admitida la demanda de revisión, el tribunal solicita que se le remitan todas las actuaciones del pleito cuya sentencia se impugna y emplaza a cuantos en él hayan litigado, o a sus causahabientes, para que dentro del plazo de 20 días contesten a la demanda, sosteniendo lo que convenga a su derecho.
Se trata como un juicio verbal à Contestada la demanda de revisión o transcurrido el plazo anterior sin haberlo hecho, se da a las actuaciones la tramitación establecida para los juicios verbales (art. 514.1 y 2 LEC).
En todo caso, el Ministerio Fiscal debe informar sobre la revisión antes de que se dicte sentencia sobre si hay lugar o no a la estimación de la demanda (art. 514.3 LEC). En la revisión de sentencias a instancia del rebelde no se pedía la opinión del fiscal. La mera interposición de la revisión no supone la suspensión de la ejecución de la sentencia a no ser que el demandado lo pida y de caución (igual que en la revisión de sentencias a instancia del rebelde). – arts. 515 y 566 LEC.
La sentencia que dicte el tribunal de revisión es irrecurrible (contra ella no se da recurso alguno – art.
516.3 LEC).
- Efectos Si el tribunal estima procedente la revisión solicitada, lo declara así, y rescinde la sentencia impugnada. A continuación manda expedir certificación del fallo, y devolver los autos al tribunal del que procedan para que las partes usen de su derecho, según les convenga, en el juicio correspondiente.
En este juicio han de tomarse como base y no pueden discutirse las declaraciones hechas en la sentencia de revisión.
Si el tribunal desestima la revisión solicitada, se condena en costas al demandante y pierde el depósito realizado (art. 516.1 y 2 LEC).
Por lo tanto: o Si se estima la revisión, se remiten las actuaciones al tribunal competente para que las partes, si quieren, celebren el juicio que corresponda (no dicen cuál).
124 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil o Si se desestima la revisión, se confirma la sentencia y se pierde el depósito.
10. Nulidad después de sentencia La ley le llama “incidente de nulidad de actuaciones” pero no es un incidente sino una acción autónoma de impugnación. El motivo de esta nulidad de actuaciones es para discutir vulneraciones de derechos o garantías fundamentales y siempre contra sentencias firmes contra las que ya no hay posibilidad de recurso. Debe ser por defectos que no se han discutido antes, que se dan en la sentencia por primera vez.
Este instrumento permite examinar anticipadamente y con carácter previo ante un tribunal ordinario lo que sería objeto de un amparo constitucional. Consumado sin éxito el incidente, queda expedita la vía ante el Tribunal Constitucional à Esta nulidad de actuaciones es lo último que se hace inmediatamente antes de llegar al TC. Es un recurso de amparo dentro del poder judicial.
De manera que para impugnar: 1º recursos à luego acciones autónomas de impugnación (y dentro de éstas, la nulidad de actuaciones es la úlima).
125 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil BLOQUE DE CONTENIDO VII: EJECUCIÓN TEMA 17: TÍTULOS EJECUTIVOS ü ü ü ü ü ü ü Integran la ejecución el conjunto de actividades idóneas para el cumplimiento forzoso de resoluciones judiciales, cuando no se asumen espontáneamente.
La ejecución se funda en un título ejecutivo, que puede ser una resolución judicial o determinados documentos a los que la ley les otorga directamente fuerza ejecutiva.
La ejecución se inicia mediante demanda que se apoya en el título ejecutivo que la autoriza.
El tribunal controla la regularidad formal del título y despacha la ejecución, sin audiencia previa del ejecutado.
Despachada la ejecución, se notifica tal hecho al ejecutado y, si no paga o cumple de inmediato, se inician las actividades ejecutivas idóneas.
El ejecutado tiene la posibilidad de oponerse en un plazo breve, pero los motivos son tasados.
La ejecución sigue su curso hasta la completa satisfacción del ejecutante.
1. Tutela efectiva es ejecución De nada sirve obtener una resolución jurisdiccional favorable si luego no puede obtenerse una efectiva realización, o si no puede conseguirse aquello que el juicio ha reconocido. El derecho está abocado a la efectividad à perordenado a la ejecución. En este sentido, la ejecución no es más que el ejercicio y desarrollo de la acción y de la jurisdicción hasta la encarnacion del derecho en la vida.
Tanto es así que el sistema procesal ofrece también la posibilidad de juicios que comienzan precisamente por la ejecución, sin más. Ello es una opción de política legislativa, factible en los casos en que puede crearse convencionalmente un título con un contenido económico determinado de antemano. En estos casos, el juicio es pura ejecución.
Las leyes fundamentales apuestan por la ejecución a ultranza, prescribiendo el cumplimiento de las sentencias en sus propios términos (art. 118 CE). La ejecución prescinde de la voluntad del ejecutado para el cumplimiento à es forzosa y, respetando un criterio de proporcionalidad, puede utilizar todos los medios necesarios para llevar a cabo lo ordenado.
A grandes rasgos, la ejecución se organiza de la siguiente manera: TÍTULOS EJECUTIVOS Demanda ejecutiva DINERARIA Despacho EJECUCIÓN Embargo Apremio Oposición NO DINERARIA Entregar Hacer No hacer SATISFACCIÓN DEL EJECUTANTE 126 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 2. Títulos ejecutivos La acción ejecutiva debe fundarse en un título que tenga aparejada ejecución (art. 517.1 LEC), que puede ser judicial o no.
- Títulos judiciales Se incluyen en este grupo: o o o o o La sentencia de condena firme (art. 517.2.1º LEC). Las sentencias meramente declarativas y constitutivas son también susceptibles de ejecución impropia (arts. 521-522 LEC).
Los laudos, resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, protocolizados estos últimos en escritura pública (art. 517.2.2º LEC).
Las resoluciones judiciales que aprueban u homologan transacciones judiciales y acuerdos logrados en el juicio (art. 517.2.3º LEC).
El auto que establece la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en casos de rebeldía del acusado o de sentencia absolutoria o sobreseimiento en juicios penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor (art. 517.2.8º LEC).
Otras resoluciones procesales que señale la ley (art. 517.2.9º LEC), tales como el auto que aprueba la tasación de costas (art. 242.1 LEC), el auto que aprueba las indemnizaciones a testigos (art.
375.2 LEC), etc.
La ejecución fundada en títulos judiciales, laudos arbitrales o acuerdos de mediación CADUCA si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los 5 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución (art. 518 LEC).
- Títulos no judiciales La ley atribuye fuerza ejecutiva a determinados documentos o contratos, que recogen prestaciones de contenido exclusivamente económico y reúnen ciertas formalidades, con el objeto de facilitar su realización.
Los títulos concernidos son los siguientes: o o o Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia; o si es segunda que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes (art. 517.2.4º LEC).
Las copias o testimonios autorizados por notario de pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por el propio notario que las intervenga (art. 517.2.5º LEC).
Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios (art. 517.2.6º LEC).
127 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil o o Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores (art. 517.2.7º LEC).
Los demás documentos que, por disposición legal, lleven aparejada ejecución (art. 517.2.9º LEC).
- Títulos extranjeros - Los principios generales que rigen la ejecución de los títulos extranjeros son: -­‐ Su fuerza ejecutiva en España se rige por lo dispuesto en los Tratados internacionales y las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional (art. 523.1 LEC).
No obstante, los títulos que proceden de la UE se rigen por los reglamentos del Consejo, que son de aplicación directa en nuestro país como si fuese derecho interno.
-­‐ El resto de títulos procedentes de otros países exigen un procedimiento previo para su homologación o exequátur en España.
-­‐ La ejecución de sentencias y títulos ejecutivos extranjeros, una vez homologados, sigue el mismo régimen que los títulos españoles, a menos que estuviera prevista otra cosa en los tratados internacionales suscritos por España (art. 52.2 LEC).
3. Reparto de roles en la ejecución Son parte de la ejecución: v La persona o personas que piden y obtienen el despacho de la ejecución, v Y la persona o personas frente a las que ésta se despacha (art. 538 LEC).
La competencia en materia de ejecución se distribuye entre el tribunal y el secretario judicial.
Corresponde al tribunal que conoció del asunto en primera instancia o ante el que se homologó la transacción o acuerdo, DESPACHAR la ejecución y DICTAR la orden general que la autoriza (art.
545.1 LEC).
El secretario judicial concreta luego los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, adopta las medidas necesarias para la efectividad del despacho, ordena los medios de averiguación patrimonial que sean necesarios y las medidas ejecutivas concretas que procedan (art. 545.4º LEC).
La regla específica de competencia objetiva y territorial permite que, además de los fueros generales de la ley, la ejecución de títulos no judiciales pueda instarse también, a elección del ejecutante, ante el tribunal de 1ª instancia del lugar de cumplimiento de la obligación, según el título, o ante el de cualquier lugar en que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser embargados, sin que sean aplicables, en ningún caso, las reglas sobre sumisión expresa o tácita (art. 545.3 LEC).
128 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil SECUENCIA DE LA EJECUCIÓN: DÍA 0 DÍA 1 DEMANDA EJECUTIVA Redacción demanda Documentación de soporte Análisis del título Orden general de ejecución Ampliación de la ejecución Denegación de la ejecución DESPACHO EJECUCIÓN Dinerarias DÍA X INICIO INMEDIATO ACTIVIDADES EJECUTIVAS DÍA X NOTIFICACIÓN AL EJECUTADO DÍA X+10 DÍA X+11 OPOSICIÓN EVENTUAL DEL EJECUTADO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN HASTA SATISFACCIÓN EJECUTANTE Requerimiento de pago Pago Consignación Embargos No dinerarias Hacer No hacer Entrega Recurso contra despacho ejecución Motivos procesales Motivos de fondo Oposición a actos concretos Cumplimiento condenas hacer, no hacer, entrega Apremio condenas dinerarias Indemnizaciones sustitutivas 4. Demanda ejecutiva - Estructura y contenido La demanda ejecutiva responde al siguiente esquema (art. 549.1 LEC): • • La indicación del tribunal ante el que se solicita la ejecución, fundando su competencia.
Los datos de identificación del ejecutante y, en su caso, de su defensa y representación procesales.
129 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil • • • La identificación del ejecutado, frente al que se pretende el despacho de la ejecución, por aparecer en el título como deudor o por estar sujeto a la ejecución según lo dispuesto en la ley (art. 549.1.5º LEC).
El título en que se funda el ejecutante (art. 549.1.1º LEC).
La tutela ejecutiva que se pretende, en relación con el título ejecutivo que se aduce, precisando, en su caso, la cantidad que se reclama en concepto de principal, intereses y costas (art. 549.1.2º LEC).
Cuando la ejecución versa sobre saldo de operaciones o de cuenta o intereses variables, hay que expresar en la demanda los cálculos realizados o acompañar los documentos que los expliquen (art. 575.3 LEC).
• En caso de ejecución dineraria, los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que se tiene conocimiento y, en su caso, si se consideran suficientes para el fin de la ejecución (art.
549.1.3º LEC) y las medidas de localización e investigación del patrimonio del ejecutado que puedan ser relevantes (arts. 549.1.4º y 590 LEC).
La demanda suele concluirse con una petición genérica de despacho de ejecución en los términos solicitados.
- Documentación de soporte A la demanda deben acompañarse los siguientes documentos: • • • • El título ejecutivo y documentos complementarios que lo integren (art. 550 LEC).
Los documentos relativos a la liquidación del título de contenido dinerario no líquido (art. 573 LEC).
El requerimiento de pago, cuando es necesario (art. 581.2 LEC).
Los poderes, si no constan (art. 550.1.2º LEC).
- Ampliación y acumulación de ejecuciones - La ejecución se puede ampliar a plazos que vayan venciendo. La previsión es propia de las condenas dinerarias y puede dar lugar a una mejora de embargo (art. 578 LEC). Tambien es posible acumular las diversas ejecuciones que se sigan contra un ejecutado (art. 555 LEC).
5. Despacho de la ejecución - Análisis del título Solicitada la ejecución, el tribunal realiza una tarea de enjuiciamiento, centrada en comprobar la tipicidad y regularidad formal del título ejecutivo y verificar que los actos de ejecución que se solicitan son conformes con la naturaleza y contenido de aquél (art. 551.1 LEC).
130 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil El límite de este control estaría en no apreciar de oficio motivos de oposición que corresponde alegar al ejecutado, sobre todo si se trata de excepciones en sentido estricto.
- Orden general de ejecuciónLa ejecución se despacha inaudita parte, mediante auto, que, si se concede, no es recurrible, sin perjuicio de la oposición del ejecutado. Esta orden general de ejecución debe indicar (art. 553.2 LEC): o o o Las personas a cuyo favor se despacha la ejecución y las personas frente a las que se despacha, indicando si se hace en forma mancomunada o solidaria.
La cantidad, en su caso, por la que se despacha la ejecución, por todos los conceptos.
Las precisiones que resulte necesario realizar respecto de las partes o del contenido de la ejecución, según lo dispuesto en el título ejecutivo, y asimismo respecto de los responsables personales de la deuda o propietarios de bienes especialmente afectos a su pago o a los que ha de extenderse la ejecución.
- Medidas ejecutivas concretas - Justo después de la orden general de ejecución, el secretario judicial debe dictar un decreto con el siguiente contenido (art. 551.3 LEC): o o o Las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuera posible el embargo de bienes.
Las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan.
El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor, en los casos en que la ley establece este requerimiento.
- Denegación de la ejecución - El enjuiciamiento del título puede resultar negativo y en consecuencia dar lugar a la denegación de la ejecución. Cuando se trata de una sentencia, la hipótesis es residual.
El auto que deniega el despacho de la ejecución es directamente apelable, sustanciándose la apelación sólo con el ejecutante. Este también puede intentar recurso de reposicion, previo al de apelación (art. 552.1 y 2 LEC).
Una vez firme el auto que deniega el despacho de la ejecución, el acreedor sólo puede hacer valer sus derechos en el juicio ordinario correspondiente, si no obsta a éste la cosa juzgada de la sentencia o resolución firme en que se ha fundado la demanda de ejecución (art. 552.3 LEC).
6. Notificación e inicio de la ejecución En este momento se realizan cumulativamente las siguientes actividades, que son decisivas para la ejecución: 131 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La notificación al ejecutado del despacho de la ejecución, ya que ésta se ha despachado sin oírle previamente (art. 553.2 LEC).
Cuando se trata de un título no judicial, procede, ante todo, efectuar un requerimiento de pago de principal, intereses y costas, al ejecutado, si no lo ha hecho el ejecutante con al menos 10 días de antelación a la demanda y acompaña justificación (art. 581 LEC).
o o Efectuado el requerimiento de pago, cuando es necesario, la primera alternativa del ejecutado es pagar, pechando con las costas (art. 583 LEC).
El ejecutado también puede consignar total o parcialmente la cantidad reclamada (arts. 585586 LEC). Pero si no lo hace en el acto, se le embargan bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad por la que se haya despachado la ejecución y las costas de ésta (art.
581.1 LEC).
La ejecución de condenas no dinerarias se inicia de inmediato. En muchos casos la propia sentencia tiene eficacia ejecutiva inmediata respecto de conductas de hacer o no hacer.
7. Oposición a la ejecución - La defensa del ejecutado El ejecutado puede defenderse: Ø Mediante los recursos contra el despacho de la ejecución en contra de lo previsto en el título judicial (art. 563 LEC), o la impugnación de actos concretos de ejecución (art. 562 LEC).
Ø Mediante la oposición a la ejecución tanto por motivos procesales (art. 559 LEC), como de fondo (arts. 557-558 LEC).
- Motivos procesales Es aplicable tanto a la ejecución de títulos judiciales como no judiciales, y se puede fundar en los siguientes motivos: ü La falta de capacidad o de representación del ejecutante, o de no acreditar el carácter o representación con que demanda (art. 559.1.2º LEC).
ü Que el ejecutado carezca del carácter o representación con el que se le demanda (art. 559.1.1º LEC).
ü Nulidad del despacho de la ejecución, por: • No contener la sentencia o laudo arbitral pronunciamientos de condena, • No cumplir el documento presentado los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, • O no alcanzar el título no judicial la cuantía mínima de 300€ (art. 559.1.3º LEC).
132 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil ü Falta de autenticidad del laudo no protocolizado notarialmente (art. 559.1.4º LEC).
Esta oposición abre un debate contradictorio que aspira a subsanar el defecto (si es posible), con carácter previo a la eventual discusión de motivos de fondo (art. 559.2 LEC).
- Motivos de fondo A) Respecto de títulos no judiciales à Respecto de títulos no judiciales que sólo tienen un contenido económico, cabe invocar los siguientes motivos de fondo: ü Pago, que puede acreditarse documentalmente (art. 557.1.1ª LEC).
ü Compensación de crédito líquido, que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva (art.
557.1.2ª LEC).
ü Pluspetición o exceso en la computación a metálico de las deudas en especie (art. 557.1.3ª LEC).
ü Prescripción y caducidad (art. 557.1.4ª LEC).
ü Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente (art. 557.1.5ª LEC).
ü Transacción, siempre que conste en documento público (art. 557.1.6ª LEC).
A diferencia de la oposición fundada en motivos procesales, la alegación de motivos de fondo como causa de oposición SUSPENDE momentáneamente el curso de la ejecución (art. 557.2 LEC).
B) Respecto títulos procesales o arbitrales à Las causas generales de oposición del ejecutado en cuanto al fondo, cuya alegación no suspende la ejecución son: ü ü ü ü El pago.
El cumplimiento de lo ordenado en el título.
La caducidad de la acción ejecutiva.
Y los pactos y transacciones que se hayan convenido para evitar la ejecución (art. 556.1 y 2 LEC).
En materia de ejecución de autos relativos al seguro obligatorio de responsabilidad civil automovilística, se pueden alegar la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo y la concurrencia de culpas (art. 556.3 LEC).
C) ¿Cómo se tramita la oposición por motivos de fondo? à En estos casos, la oposición se canaliza a través de un trámite escrito que, con todo, permite excitar al tribunal para que convoque una vista.
Esta resulta obligatoria si se solicita prueba (art. 560 LEC).
Las decisiones posibles son (art. 561 LEC): o Declarar que la ejecución siga adelante, o O declarar que no procede la ejecución.
La resolución es recurrible en apelación (art. 561.3 LEC).
133 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Las costas de la ejecución son a cargo del ejecutado, sin necesidad de expresa imposición (art.. 539 LEC).
- Motivos no previstos en la ley La oposición se limita exclusivamente a los motivos recogidos en la ley. Sin embargo, la ley deja abierta la posibilidad de llevar al juicio declarativo que corresponda, la discusión de cuestiones distintas de las previstas como motivos de oposición (art. 564 LEC).
8. Continuación de la ejecución hasta la satisfacción del ejecutante La ejecución forzosa sólo termina con la completa satisfacción del ejecutante (art. 570 LEC). La ejecución no se agota con el despacho de la ejecución o con las posibilidades de oposición a ésta.
Cuando la ejecución persigue una suma de dinero, la demanda ejecutiva que la inicia apenas consiente solicitar el primero de los actos de ejecución típicos à el embargo, las medidas de aseguramiento y las medidas de localización de elementos patrimoniales, entre las más habituales.
Hasta que éstas no se llevan a cabo, no puede pasarse al apremio de los bienes embargados.
La ejecución está apenas comenzada y debe continuar su curso, con las actividades que sean necesarias, hasta lograr la completa satisfacción del ejecutante, hasta donde sea posible.
Cuando la ejecución es no dineraria, ocurre exactamente igual. Según el tipo de prestación que se espera del ejecutado (hacer, no hacer, entrega, etc.), se utilizan los instrumentos previstos en la ley para lograr tales resultados o, cuando no hay otro remedio, un equivalente económico.
134 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 18: EL EMBARGO ü ü ü ü ü ü ü Obtener dinero para ejecutar una sentencia de condena pecuniaria exige ante todo seleccionar bienes del ejecutado para poderlos convertir en dinero.
La ley regula minuciosamente qué es lo que se puede embargar, cuánto se puede embargar y cómo se embarga.
En general, se pueden embargar bienes que pertenezcan al ejecutado, que tengan contenido patrimonial y que puedan cambiar de manos.
La ley reserva un mínimo de patrimonio de subsistencia al ejecutado, que resulta inembargable.
Realizar el embargo exige tener la información sobre el patrimonio del ejecutado. Esta se consigue del propio ejecutado y de todas las fuentes accesibles a una investigación judicial.
Los bienes se seleccionan por el tribunal, de acuerdo con un orden legal, en cantidad suficiente para cubrir las responsabilidades del ejecutado.
Es aconsejable asegurar el embargo mediante las medidas adecuadas a la naturaleza de los bienes embargados. Entre ellas, se puede echar mano de los requerimientos e intimaciones judiciales, la consignación, el depósito, la anotación preventiva de embargo, la administración y la intervención judicial.
1. Ejecución de condenas pecuniarias Cuando de un título ejecutivo, judicial o no judicial, deriva el pago de una cantidad de dinero, el objetivo de la actividad ejecutiva es conseguir dicha suma de dinero para pagar al ejecutante, a pesar de la resistencia o oposición del ejecutado. Ello supone en definitiva la compulsión sobre el patrimonio del ejecutado, integrado por todos sus bienes y derechos.
Para cumplir su objetivo, la actividad ejecutiva debe aprehender dinero o, si no se encuentra, elementos patrimoniales del ejecutado en cantidad suficiente de donde extraerlo. Sucesivamente, si dichos elementos patrimoniales no consisten precisamente en dinero, la actividad ejecutiva debe proseguir hasta su realización y conversión en dinero, con que pagar al ejecutante.
o o La afectación a la ejecución de elementos patrimoniales pertenecientes al ejecutado se denomina embargo.
Aquellas actividades sucesivas tendientes a la entrega o realización de los bienes embargados se conocen en nuestra ley con el nombre de apremio.
Estas 2 grupos de actividades ejecutivas (embargo y apremio) constituyen el núcleo central de la ejecución dineraria en nuestro sistema.
EJECUCIÓN DE CONDENAS PECUNIARIAS: TIPO DE CONDENA OBJETIVOS EJECUCIÓN ACTIVIDAD EJECUTIVA EMBARGO Obtener dinero Cantidad líquida Dinero Liquidación condenas líquidas Otros activos Pagar al ejecutante APREMIO Conversión en dinero 135 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 2. Afectación del patrimonio del ejecutado El embargo es aquella actividad ejecutiva por la que se individualizan bienes o derechos del ejecutado y se los sujeta a la ejecución. El embargo presenta las siguientes características: v La afección de elementos patrimoniales del ejecutado a la ejecución se funda en una declaracion expresa del tribunal en ese sentido, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento (art. 587.1 LEC).
v El embargo recae sobre un elemento patrimonial del ejecutado susceptible de realización. Es NULO el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste (art. 588.1 LEC).
v El embargo constituye una actividad previa al apremio. Cualquier subsiguiente actividad de realización de bienes o derechos presupone el embargo de los mismos. El embargo especifica qué debe ser objeto de apremio.
v El embargo no limita la facultad dispositiva del ejecutado, ni le expropia su titularidad dominical.
v El embargante no obtiene ningún tipo de derecho real con el embargo. El embargo se limita a atribuir al embargante el ius persequendi sobre dicho elemento, aunque cambie de titularidad, y un ius prioritatis, harto recortado, para resarcirse con el valor económico que de él resulte.
3. ¿Qué se puede embargar? La finalidad del embargo es conseguir dinero o algo que pueda transformarse en dinero, a fin de que el ejecutante pueda cobrar. Por ello, todo lo que tenga un valor económico susceptible de realización es, en principio, idóneo para ser embargado.
Esta idoneidad se configura a partir de la concurrencia de determinadas circunstancias: ü ü ü ü La pertenencia del bien al ejecutado, Su aptitud para cambiar de manos, La inexistencia de causas legales de inembargabilidad, Y la observancia del orden de prelación en el embargo.
- El objeto debe pertenecer al ejecutado- En principio, se debe afectar todo aquello que conste que pertenece al ejecutado sin ningún tipo de duda. También se puede trabar aquello que, en el momento de realizar la actividad ejecutiva, se encuentre dentro del señorío del ejecutado, si por las circunstancias se puede presumir que es de su pertenencia. También se pueden embargar bienes o derechos del ejecutado en poder de terceros (art.
626.2 LEC).
NO se puede trabar lo que, en el momento de practicar el embargo, resulte acreditado que no es de pertenencia del ejecutado, o aquello respecto de lo que exista una fundada presunción de que no lo es. La ley ha tratado de compilar alguna reglas operativas sobre el particular, tratando de cohonestar los intereses contrapuestos que concurren en estos casos (arts. 541 y 593 LEC).
136 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil - El objeto debe ser apto para cambiar de manos Los elementos patrimoniales que pretenden embargarse deben ser susceptibles de transmisión. Esta alienabilidad no se define tanto por dicha aptitud intrínseca, cuanto por las simples previsiones legales al respecto (art. 605 LEC): o o Son inalienables los bienes de dominio público, que son también inembargables y no susceptibles de ejecución forzosa.
Son inembargables los derechos accesorios, que no son alienables con independencia del principal. Se cuenten entre éstos elementos patrimoniales à la clientela, el fondo de comercio, la clasificación bancaria, las servidumbres, los derechos de retracto legal, hipoteca, prenda y anticresis, las partes en copropiedad en los casos de régimen de propiedad horizontal.
o o Tampoco son embargables los bienes que no tienen un valor económico susceptible de realización independiente de la persona y por lo tanto no son aptos para su transmisión. En esta situación se encuentran la mayor parte de los derechos de la personalidad à derecho a la vida, al nombre, a la propia imagen, a la libertad, etc. También los derechos de carácter político, social o honorífico.
Existen supuestos en los que la norma restringe o prohíbe el tráfico jurídico de determinados derechos, como los derechos de uso y habitación, de arrendamiento de viviendas o fincas rústicas, el derecho a alimentos, etc. Pero, en cambio, sí son embargables las pensiones alimenticias, incluso las futuras.
- El objeto no debe haber sido declarado inembargable por ley - La ley excluye la posibilidad de embargo de algunos bienes, en atención a diversos criterios de oportunidad, sociales o de interés público.
En unos casos, la regla de inembargabilidad es absoluta. En la mayoría, la inembargabilidad se limita a determinadas cuantías o porcentajes (art. 606. 4º y 5º LEC). Los casos más relevantes pueden agruparse de la siguiente manera: o o o El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo se excluyen del embargo (art. 606.1º LEC).
Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedica el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada (art.
606.2º LEC).
El caso más significativo de inembargabilidad parcial es el del salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional (art. 607 LEC). Pero no las cantidades que rebasen ese importe, las cuales son embargables, con arreglo a una escala que fija la ley.
El límite se incrementa en las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual que resulten insuficientes para pagar la deuda.
137 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil o Por causas de utilidad pública o social son inembargables bienes como las explotaciones ferroviarias; las concesiones de transporte por carretera o de autopistas de peaje; la propiedad forestal catalogada; los montes vecinales en mano común; las aeronaves, pero sin interrumpir el servicio público a que están destinadas; las concesiones de tierras destinadas a constituir explotaciones familiares o comunitarias agrarias; los productos mineros, parcialmente; los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas; las cuotas sindicales.
- Catálogo de objetos embargables - La ley ha establecido un listado, con unas previsiones de rango basadas en la facilidad de realización (art. 592 LEC), que sirve de recordatorio de lo que puede estar disponible (catálogo de objetos embargables): o o o o o o o o o o Dinero y cuentas corrientes Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo Joyas y objetos de arte Rentas en dinero Intereses, rentas y fruto de toda especie Bienes muebles y acciones Bienes inmuebles Sueldos y pensiones Créditos y derechos realizables a medio y largo plazo Empresas 4. Investigación del patrimonio del ejecutado A la hora de embargar, la primera tarea que se fija consiste en buscar activos patrimoniales del ejecutado susceptibles de embargo.
- Informes previos al juicio El primer interesado en la investigación es el propio ejecutante. La buena praxis de los negocios ha trasladado el grueso de las actividades de información sobre el patrimonio al mismo momento de la contratación.
Pensando en las dificultades futuras que pueden rodear un eventual ambiente litigioso, se le pide al candidato a contratar o a hacer negocios información detallada y verificable sobre su solvencia patrimonial à inventario de activos, balances, declaraciones fiscales, etc. El suministro voluntario de esta información se convierte así en requisito obligado de la contratación y, a la vez, es un arsenal de datos para facilitar una eventual ejecución futura.
- Manifestación de bienes La primera fuente de información es el propio ejecutado, a quien se obliga a hacer una manifestación de bienes (art. 589 LEC), bajo apercibimiento de sanciones y multas coercitivas.
138 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil - Investigación judicial del patrimonioFinalmente, para agotar el círculo, las pesquisas trascienden al propio ejecutado, que es sometido a una investigación judicial de su patrimonio, que se proyecta sobre todas las fuentes susceptibles de proporcionar información (art. 590 LEC), incluida la colaboración de terceros (art. 591 LEC).
5. ¿Cómo se realiza el embargo? - Elección de activos a embargar El embargo recae sobre objetos concretos y determinados. Por ello, la actividad de selección requiere completarse con la elección de bienes o derechos exactamente individualizados que han de quedar sujetos a la traba.
La elección puede realizarse ya en la solicitud de despacho de ejecución por el propio ejecutante, si conoce bienes concretos del ejecutado (art. 549.1.3º LEC).
El secretario judicial debe incluir en el decreto de concreción de medidas ejecutivas las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado que procedan, así como el embargo de bienes concretos, si es posible (art. 553.3 LEC). En estos casos, puede ser innecesaria una ulterior diligencia de embargo.
En último extremo, se realiza en la propia diligencia de embargo, con intervención de la comisión judicial, ejecutante y ejectuado.
- ¿Cúanto hay que embargar? El principio general es la suficiencia de los elementos patrimoniales embargados para responder de la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, intereses y las costas causadas (art. 584 LEC).
- ¿Cómo puede evitarse el embargo? El embargo es INNECESARIO si el ejecutado decide pagar (principal, intereses y costas – art. 583 LEC). Son admisibles pagos parciales, pero en este caso el embargo continuaría por el resto.
El ejecutado también puede evitar el embargo mediante consignación, en cualquier momento (art.
585 LEC).
- Mejora, reducción y modificación del embargo La insuficiencia de lo embargado para cubrir el montante pecuniario de la ejecución da lugar a su ampliación a nuevos elementos patrimoniales. Esta extensión del contenido del embargo se conoce con el nombre de “mejora”.
139 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil En sentido inverso, cuando el importe de lo embargado excede con creces de las necesidades de la ejecución, el ejecutado puede solicitar la reducción del embargo.
Entre ambos extremos, cabe la modificación del embargo o de las garantías de la traba (art. 612 LEC).
- Reembargo y embargo de sobranteUn objeto embargado es susceptible de nueva traba en otra ejecución contra el mismo ejecutado. A esta modalidad que implica la concurrencia de embargos sobre un mismo objeto se la denomina reembargo (art. 610 LEC).
La figura se diferencia del embargo de sobrante. El reembargo supone la existencia de una traba previa y consiste en una nueva traba sobre el mismo objeto, que queda afectado en su totalidad a la ejecución. En cambio, el embargo de sobrante recae exclusivamente sobre el producto líquido excedente de la realización de un bien embargado. Es un embargo autónomo e independiente sobre dicho exceso para el caso de que llegue a producirse (es decir: una expectativa – art. 611 LEC).
- Alzamiento del embargo El alzamiento del embargo hace referencia al levantamiento de la traba, que básicamente puede deberse a causas como la terminación de la ejecución, el pago o consignación de la cantidad reclamada, intereses y costas.
SECUENCIA DEL EMBARGO: BÚSQUEDA LOCALIZACIÓN SELECCIÓN EJECUTANTE ¿CUÁNTO? Informes previos Recopilación datos EJECUTADO Manifestación bienes Activos suficientes Mejora embargo Reducción embargo Reembargo ACTIVOS DEL EJECUTADO EMBARGO TRIBUNAL Investigación judicial del patrimonio MEDIDAS ASEGURAMIENTO 140 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 6. Aseguramiento del embargo El embargo existe desde que el tribunal lo decreta. Sin embargo, para fijar la afección, evitar la desaparición de los bienes y advertir a terceros de la carga, es necesario en muchos casos realizar alguna actividad complementaria.
Entre las medidas disponibles hay que referirse: ü ü ü ü ü ü A los requerimientos o intimas judiciales La consignación, El depósito, La anotación preventiva de embargo, La administración judicial, Y a la intervención judicial.
- Requerimientos e intimas judiciales - Uno de los mejores instrumentos de aseguramiento del embargo y el más sencillo proviene del hecho de que, en nuestro sistema, las actividades materiales de ejecución están encomendadas directamente al tribunal y, en todo caso, se realizan todas ellas bajo su control. Todo ello se plasma en un simple requerimiento judicial que contiene una orden de colaboración o de realización de alguna actividad útil para la ejecución.
La fuerza del requerimiento judicial en estos casos se basa en determinadas consecuencias legales, de la mayor relevancia, que lo han dotado de toda la seguridad que es posible en el ordenamiento jurídico. Los datos siguientes son indicativos de ello: v El acto de intima aprovecha el rango constitucional que tiene el deber de colaboración de todos los ciudadanos en la ejecución de resoluciones judiciales.
v Recibido el requerimiento por el destinatario, éste no puede desconocer la orden de embargo, porque cualquier actuación suya a la contra es INEFICAZ (art. 625 LEC).
v El desconocimiento de este tipo de órdenes e intimas judiciales puede dar lugar a la imposición de multas coercitivas (art. 591.2 LEC) e incluso a los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos.
Este tipo de íntimas son útiles para asegurar, entre otros, el embargo de dinero del ejecutado en poder de un tercero, el de cuentas corrientes, valores e instrumentos financieros, valores anotados en cuenta, acciones y participaciones sociales, créditos y derechos, rentas, intereses y frutos, bienes muebles en poder de terceros y salarios.
- Consignación Cuando se embarga dinero en efectivo, el embargo supone la localización y aprehensión física de dicho dinero. La garantía adecuada en este caso consiste en la consignación de la cantidad aprehendida. Dicha consignación ha de efectuarse en la cuenta bancaria que, bajo la denominación 141 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil “cuenta de depósitos y consignaciones”, ha de figurar abierta a nombre del órgano judicial que ha practicado el embargo (art. 621.1 LEC).
- Depósito El depósito es una de las medidas típicas orientadas fundamentalmente hacia la conservación de los elementos patrimoniales embargados. La medida exige el nombramiento de un depositario (art. 626.3 y 4 LEC y art. 627 LEC).
La medida puede ser adecuada en el embargo de valores, instrumentos financieros, acciones y participaciones sociales, bienes muebles (art. 626 LEC) y semovientes.
- Anotación preventiva de embargoLa anotación preventiva de embargo es un asiento registral, de vigencia limitada temporalmente, que publica la existencia de un embargo que afecta a un elemento patrimonial inscrito en los libros de un registro público.
Su objetivo principal es advertir a terceros de la existencia de la carga, que pesa sobre el bien, de la que está llamado a responder en el curso de una ejecución pendiente. La carga NO impide el tráfico jurídico de los bienes embargados, pero acompaña al bien en todo momento mientras no se cancele, aunque cambie de manos. La medida es eminentemente conservativa y NO es un elemento constitutivo del embargo.
La medida es la idónea por antonomasia en el embargo de inmuebles, aunque no estén inmatriculados, si son susceptibles de inscripción registral (art. 629 LEC). Es también aplicable al embargo sobre bienes muebles suceptibles de hipoteca mobiliaria, prenda sin desplazamiento de la posesión y participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada.
- Administración judicial La medida idónea para garantizar el embargo de bienes productivos es la administración judicial.
Esta puede aplicarse a los más variados objetivos procesales ligados a la conservación y explotación de elementos patrimoniales. El mínimo de actividad es, claro está, la de conservación para evitar el deterioro de los bienes. Pero ésta, por si misma, no justifica la institución. Existen muchas otras alternativas, más sencillas en su aplicación, si el único objetivo es la mera conservación de los bienes.
Lo específico de la administración es la gestión de elementos patrimoniales productivos para que no pierdan su capacidad de generar rendimientos económicos, para aprovechar todas las oportunidades de mejorarlos y, en fin, rentabilizarlos al máximo para poder extraer de ellos un rendimiento útil para los propósitos satisfactivos de la ejecución.
La figura puede resultar de utilidad en el caso de embargo de empresas o grupos de empresas, acciones o participaciones mayoritarias (art. 630 LEC), valores, productos financieros, pero incluso 142 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil cuentas corrientes o depósitos bancarios, intereses, frutos y rentas, cuando lo aconsejan la naturaleza de los bienes y derechos productivos, la importancia de los intereses, las rentas o los frutos embargados o las circunstancias en que se encuentre el ejecutado.
- Intervención judicial Cuando, a pesar del embargo, los administradores actuales de bienes productivos embargados le ofrecen garantías al tribunal, el aseguramiento de la traba puede conseguirse decretando la simple intervención judicial de los mismos. Ello asegura suficientemente la fiscalización de la actividad de los administradores existentes.
7. Tercería de dominio Cuando se embargan bienes que no son propiedad del ejecutado, un tercero sufre una agresión en su patrimonio. El instrumento para liberar de la traba los activos embargados es la llamada “tercería de dominio” (arts. 595-604 LEC).
143 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 19: EL APREMIO ü Se denominan apremio los diversos sistema de realización de los activos embargados.
ü La ley prevé como mecanismos de apremio la entrega directa de los activos al ejecutante, las ventas directas, los convenios de realización, la realización por entidades especializadas, la administración de los activos y la subasta.
ü La subasta, que es el sistema general de apremio, consiste en una venta pública de los activos embargados al mejor postor.
ü La subasta se prepara haciendo una valoración de los activos y recabando los títulos de propiedad de los mismos, cuando son necesarios.
ü La subasta se convoca para una sesión pública, advirtiendo tanto al ejecutado como a los titulares de cargas posteriores de la fecha del señalamiento.
ü Los interesados en participar en la subasta deben constituir un depósito, excepto el ejecutante que también puede pujar y, además, hacerlo con la previsión de ceder el remate a un tercero.
ü La subasta se lleva a cabo en la oficina judicial, mediante pujas libres al alza.
1. Sistemas de apremio Según la naturaleza de los bienes embargados y su mayor o menor facilidad para transformarse en dinero, la ley establece el sistema de apremio apropiado: o o o Cuando es posible, es suficiente la entrega directa al ejecutante de lo embargado y las ventas directas en sus diversas modalidades.
En los casos en que se exige una verdadera actividad de apremio, se priman las modalidades basadas en acuerdos de las partes plasmados en convenios de realización entre las partes y los interesados, aprobados por el tribunal (art. 636.1 LEC).
A falta de convenio, se ofrecen, en principio, 2 alternativas plenamente compatibles (art. 636.2 LEC): • La enajenación por persona o entidad especializada • Y la subasta judicial.
Independientemente de ello, se admiten fórmulas alternativas a la realización de bienes: o o Adjudicacion al ejecutante en pago, que no deja de ser una venta directa, dentro de ciertos mínimos y condiciones.
Y la administración para pago, en cualquier momento.
SISTEMAS DE APREMIO: MODALIDAD Entrega directa al ejecutante APLICACIÓN Dinero efectivo Saldos en cuentas de inmediata disposición Divisas Bienes con valor nominal igual al de mercado 144 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Venta directa Convenio realización Realización por especialistas Valores públicos o privados Sueldos y pensiones Créditos realizables en el acto Adjudicación al ejecutante en pago Iniciativa voluntaria de las partes Cualquier contenido o método de realización Autorización del tribunal Iniciativa voluntaria de las partes Expertos en el mercado, públicos o privados Autorización judicial Alcance que se convenga Prevención de precio vil Administración para pago Activos embargados susceptibles de explotación En cualquier momento Subasta judicial Fórmula general de realización 2. Entrega directa al ejecutante La entrega directa al ejecutante es el sistema general y más simple de apremio, aplicable cuando los bienes embargados consisten en dinero efectivo, saldos de cuentas corrientes, sueldos y pensiones (art. 607.7 LEC) y de otras, de inmediata disposición, divisas convertibles, cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado, o que, aunque inferior, el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal (art. 634 LEC).
En todos los casos, la naturaleza del objeto embargado excluye la necesidad de ulteriores actividades de realización o reduce éstas a la mínima expresión.
3. Ventas directas El siguiente sistema de apremio es el de venta directa, que sólo es aplicable a valores, públicos o privados, cotizados o no, en el mercado específico de dichos valores (art. 635 LEC) y a la adjudicación al ejecutante de lo subastado en pago, cuando fracasa la venta en subasta judicial (art.
647.3 LEC).
145 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil En este último caso (adjudicación al ejecutante en pago), el ejecutante puede voluntariamente adjudicarse los activos a precios ventajosos, que oscilan entre el de importe de la deuda y el 30%, 50% o 70% del valor de tasación (arts. 650.3 y 4, 651, 670.3 y 4, 671 LEC).
4. Convenio de realización El convenio de realización apuesta por olvidar el carácter forzoso de la ejecución, da cabida a cualquier convenio sobre la realización de los bienes, a que puedan llegar las partes y homologar el tribunal (art. 640 LEC).
5. Realizacion por persona o entidad especializada La ley también da pie al concurso de profesionales en las tareas de apremio. La fórmula es abierta, pues permite todo tipo de alternativas à la venta directa o la subasta, cuyas reglas y, en su caso, organización, corren por cuenta del que reciba el encargo.
Con ello se pretenden soslayar la mayor parte de las complejas reglas que rigen las subastas judiciales (arts. 641-642 LEC).
6. Administración para pago La administración como sistema de apremio consiste en la explotación de los bienes embargados por el ejecutante para hacerse pago con sus rendimientos. La ley ofrece esta modalidad como una alternativa más de apremio, en cualquier momento, cuando la naturaleza de los bienes embargados así lo aconseje (arts. 651 y 671 LEC).
7. Subasta judicial En la subasta judicial, el apremio opta por la realización del valor económico de los activos patrimoniales embargados a través de un mecanismo de subasta, que organiza el propio tribunal. Las reglas son complejas y cubren los diversos momentos del evento que se quiere organizar, desde la preparación hasta la liquidación del resultado.
SECUENCIA DE UNA SUBASTA JUDICIAL: PREPARACIÓN Formación de lotes Examen situación jurídica bienes Notificaciones de apremio Convocatoria Requisitos para pujar DESARROLLO DE LA SUBASTA REMATE EL DÍA DESPUÉS Pago del precio Impago del precio Distribución del dinero Entrega de lo subastado 146 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil - Preparación de la subasta La subasta y algunos otros sistemas de apremio pueden exigir que previamente se valoren los elementos patrimoniales embargados, a precios de mercado (art. 639 LEC), con deducción de las cargas y derechos anteriores (art. 666 LEC). La ley ha establecido reglas generales para dicho avalúo.
La venta puede organizarse en uno o varios lotes, según lo que resulte más conveniente para el buen fin de la ejecución (art. 643.1 LEC).
Cuando se subastan bienes inmuebles se solicita al Registro de la Propiedad la certificación de dominio y cargas (art. 656 LEC), se actualiza la información sobre las extinguidas o aminoradas (art.
657 LEC) y se comprueba si el bien figura inscrito a nombre de persona distinta del ejecutado (art.
658 LEC).
Si existen cargas posteriores, se pone en conocimiento de sus titulares la ejecución en curso, encargándose de la comunicación el propio registro (arts. 659-660 LEC).
También se comunica a arrendatarios y ocupantes, respecto de su derecho a seguir ocupando el bien embargado después de la subasta (art. 661 LEC).
- Convocatoria de la subasta Las subastas judiciales se convocan señalando fecha, hora y lugar (arts. 644 y 667 LEC) y publicando el edicto en el tablón de anuncios del juzgado con los datos de los bienes a subastar (arts. 645, 646 y 668 LEC).
- Requisitos para pujar Todo el que quiere concurrir a una subasta judicial debe identificarse de forma suficiente y declarar que conoce las condiciones generales y particulares de la subasta (art. 647.1 LEC).
Como garantía para la selección de licitadores interesados en pujas serias, se requiere un depósito previo para tomar parte en la subasta, del 20% del valor de tasación en el caso de muebles y del 30% en caso de inmuebles. Si hay licitadores, el ejecutante también puede pujar para mejorar las posturas, sin necesidad de depósito previo (art. 647.2 LEC).
Asimismo, el ejecutante es el único que puede hacer posturas, reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero, previsión que pretende ayudar a disminuir la actividad de los subasteros (art.
647.3 LEC).
Son admisibles las posturas por escrito, desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, cumpliendo también los demás requisitos para tomar parte en la misma (art. 648 LEC).
- Desarrollo de la subasta - 147 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil El acto de la subasta se celebra en la sede del tribunal, en audiencia pública presidida por el secretario judicial. Las pujas son libres en relación con el precio de salida. El secretario subastador documenta las posturas que se produzcan y anuncia la mejor, al final del acto (art. 649 LEC).
La ley permite la subasta simultánea de inmuebles en varias sedes judiciales, cuando lo aconsejen las circunstancias (art. 673 LEC).
En cualquier momento ANTERIOR a la aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor, el ejecutado puede, directamente o por medio de tercero, liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas (arts. 650.5 y 670.7 LEC).
- Remate El remate es la culminación de la subasta con la mejor postura. Los resultados homologados por la ley son los siguientes: A) Remate superior al 50% (muebles) – 70% (inmuebles) à Es el resultado más brillante que prevé la ley, según se hayan subastado bienes muebles o inmuebles. En este caso, la subasta se considera un éxito ya que el remate se aprueba y sólo queda esperar el pago del precio (arts. 650.1 y 670.1 LEC).
B) Remate superior al 50% (muebles) – 70% (inmuebles), pero pago a plazos à En estos casos, el resultado de la subasta se somete a la consideración del ejecutante, que tiene opción de quedarse los bienes. De no ejercitar la opción, el remate se aprueba a favor de la mejor de las posturas (arts. 650.3 y 670.3 LEC).
C) Remate inferior al 50% (muebles) – 70% (inmuebles) à En este caso, antes de dar por buena la adjudicación, la ley busca desesperadamente opciones que permitan maquillar el resultado desastroso de la subasta.
o o o Primero, se incita a terceros, a través del propio ejecutado, que puedan mejorar la postura.
Luego se ofrece al propio ejecutante quedarse con los bienes en condiciones ventajosas.
Si estos intentos fracasan, el mejor postor se lleva el gato al agua con el precio ofertado, si cubre el importe de la deuda (arts. 650.4 y 670.4 LEC).
D) Remate inferior al 30% (muebles) – 50% (inmuebles), que no cubre la deuda à En fin, no queda más remedio que considerar también las previsiones menos optimistas de fracaso de la subasta. Este horizonte tampoco es muy exigente ya que se ha fijado en el 30% (bienes muebles) o 50% (bienes inmuebles) del valor a efectos de subasta de los activos, cuando las pujas realizadas no cubren siquiera el importe de la deuda.
En este caso, el tribunal tiene en sus manos la aprobación o desaprobación del resultado. La ley trata de proporcionarle algunos elementos de juicio, según las circunstancias del caso: o La conducta del deudor (ejecutado) en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede.
148 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil o o Las posibildades de lograr la satisfacción del acreedor (ejecutante) mediante la realización de otros bienes.
El sacrificio patrimonial que la aprobación del remate supone para el deudor (ejecutado) y el beneficio que de ella obtiene el acreedor (ejecutante) – arts. 650.4 y 670.4 LEC.
E) Subasta sin postores à Puede ser que, a pesar de los cuidados en la organización, la subasta no suscite el interés de nadie. En estos casos parece que la única opción legal es que el ejecutante pida la adjudicación de los bienes por el 30% (bienes muebles) o 50% (bienes inmuebles) del valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos (arts. 651 y 671 LEC).
El resultado es tan lamentable que, para ayudar a paliarlo en la actual crisis económica, se ha incrementado el límite de la adjudicación hasta el 60% cuando la venta afecta a la vivienda habitual.
- El día después de la subasta Pago del precio à El rematante que ha tenido éxito en la puja debe pagar el precio de adjudicación, menos el depósito efectuado para tomar parte en la subasta (arts. 650, 652 y 670 LEC). En caso de impago del precio, se convoca de nuevo la subasta (art. 653 LEC).
El adquirente se subroga en las cargas y gravámenes anteriores que puedan existir (art. 670.5 LEC).
Distribución de la suma recaudada: Si el rematante paga el precio de remate, se le entrega al ejecutante, a cuenta de la cantidad por la que se ha despachado la ejecución. Si sobrepasa dicha cantidad, se retiene el remanente a disposición del tribunal, hasta que se efectúe la liquidación de lo que, finalmente, se deba y del importe de las costas de la ejecución.
Si lo recaudado no cubre el total de las responsabilidades exigidas en la ejecución, la cantidad se debe imputar con preferencia a las costas y el resto a cuenta de capital e intereses hasta donde alcance. La parte de deuda no saldada, sigue siendo un crédito vivo del ejecutante.
Cuando concurren varios acreedores que pretenden el sobrante, la ley fija algunos criterios de reparto (art. 672.2 LEC).
Entrega de lo subastado à Al que ha comprado en la subasta se le debe entregar el lote, que ahora es de su propiedad.
En el caso de bienes muebles, realizado el pago por el adjudicatario, se le pone en posesión de los mismos (art. 650.1 LEC).
En cuanto a bienes inmuebles, el tema es más complejo: o En primer lugar, se provee al comprador de un título bastante para la inscripción de la compra en el Registro de la Propiedad, aun cuando sea financiada (art. 674 LEC). Las 149 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil actividades de titulación se completan con la limpieza del registro, en lo que sea procedente (art. 674 LEC).
o Pero todo ello no es suficiente para el efectivo goce del bien por parte del comprador. Se necesita la puesta en posesión efectiva. Por ello, si el adquirente lo solicita, se le pone en posesión del inmueble que no se halle ocupado. Ahora bien, lo importante es la posibilidad de lanzamiento de los posibles ocupantes. En este punto, la ley arbitra algunas soluciones que tratan de cohonestar todos los intereses en juego (art. 675 LEC).
8. Tercería de mejor derecho Si durante la ejecución se presenta un tercero que alega un crédito preferente al del ejecutante, puede intervenir en la misma mediante la tercería de mejor derecho (arts. 614-620 LEC). En este caso, el tercero no pretende el alzamiento del embargo, sino cobrar con preferencia al ejecutante. Por ello, el apremio sigue su curso y el día después de la subasta se procede en consecuencia.
150 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 20: EJECUCIÓN NO DINERARIA ü ü ü ü ü ü Las condenas no pecuniarias pueden tener los contenidos siguientes: entregar una cosa determinada, ejecutar un hacer y abstenerse de hacer.
En cada caso, se trata de compelar al ejecutado para que realice la prestación, conminándolo con hacerlo a su costa o con multas coercitivas.
Cuando es posible realizar la prestación por medio de un tercero, la ejecución simplemente persigue dinero para poder retribuir el servicio de esa persona.
La ejecución también se extiende a deshacer lo mal hecho.
Cuando el cumplimiento en especie deviene imposible o no interesa ya al ejecutante, se opta por una indemnización sustitutiva. En este caso, la ejecución sigue su curso por los cauces de las condenas pecuniarias hasta obtener una suma de dinero.
Las condenas ilíquidas requieren un proceso de liquidación antes de hacerlas efectivas.
1. Condenas no pecuniarias Se comprenden bajo la rúbrica “condenas no pecuniarias” la ejecución de condenas a entregar cosas determinadas (arts. 701-704 LEC) y la ejecución de condenas de hacer y no hacer (arts. 705-711 LEC).
El supuesto es específico del grupo de títulos judiciales y asimilados.
En estas hipótesis el objetivo de la ejecución es el cumplimiento específico o in natura de la propia condena. Ello depende, ante todo, de una conducta del condenado, que se espera se produzca voluntariamente. Pero en todo caso, ello sería irrelevante desde el punto de vista de una ejecución, que tiene carácter de forzosa.
Por esto, la ley establece medios de coerción o compulsión personal que tienden a mover la voluntad del condenado. Estos medios actúan normalmente con un mecanismo de disuasión, que se espera surta efectos para hacer que el ejecutado cumpla.
La ejecución, que puede realizarse por simple solicitud, sin necesidad de demanda ejecutiva (art.
549.2 LEC), puede tener, según los casos, el siguiente contenido: o o o o o o Un requerimiento o intimación al ejecutado para que cumpla en sus propios términos lo que resulte del título judicial.
En su caso, la fijación de un plazo.
El apercibimiento coercitivo idóneo para el caso de incumplimiento o cumplimiento defecutoso.
Los modelos manejados expresamente por la ley son: • Los apremios personales, • Las multas pecuniarias, • Y la desobediencia penal al tribunal.
El embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar el pago, en su caso, de la indemnización sustitutoria y de las costas de la ejecución.
Las medidas de garantía adecuadas para asegurar el cumplimiento de la condena, cuando ésta no pudiese tener inmediato cumplimiento.
La ejecución sustitutiva por medio de una compensación económica, cuando no hay alternativa de cumplimiento en sus propios términos.
151 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 2. Entrega de cosas determinadas - Objetivo de la ejecución Cuando el contenido de la condena es la entrega o dación de cualquier bien material, el objetivo de la ejecución es meridiano à poner en posesión de dicho bien al ejecutante.
- Requerimiento al ejecutado La actividad ejecutiva comienza por un requerimiento al ejecutado para que cumpla, que puede incluir el apercibimiento de emplear apremios personales o multas coercitivas (art. 699.2 LEC).
Aun sin necesidad, tanto en el caso de muebles (art. 701.1 LEC), como en la entrega de cosas genéricas (art. 702.1 LEC), la ley prevé la fijación de un plazo para que el condenado reaccione. En el caso de los inmuebles, por el contrario, la ley dispone una ejecución inmediata (art. 703.1 LEC).
- Localización del bien Cumplimentado el requerimiento personal y desatendido, la actividad ejecutiva se descompone en 3 momentos sucesivos, sin perjuicio de su gestión en unidad de acto, si ello resulta factible: Ø El bien estará identificado plenamente en las actuaciones porque es el objeto de la condena.
Ø Identificado el bien, al menos jurídicamente, la siguiente ocupación es su localización. Ello puede dar lugar a actividades de investigación, que incluyen el interrogatorio del ejecutado (art. 701.2 LEC) y que podrían ser también realizadas por profesionales de la investigación, a cargo del ejecutado.
Ø Localizada la cosa, la actividad subsiguiente se traduce en un quehacer físico à aprehender la cosa, desapoderando a la persona que la tenga en su poder. Como soporte, el tribunal puede ordenar la entrada en lugares cerrados y requerir el auxilio de la fuerza pública, si es necesario (art. 701.1 LEC).
Ante tal despliegue, lo único que teóricamente puede frustrar la ejecución in natura es que el bien no exista, no pueda ser hallado, no se identifique plenamente o esté en poder de tercero de forma irreivindicable.
- Puesta en posesión El logro de este objetivo se acomoda a la naturaleza de los bienes y a la concurrencia de determinadas situaciones: o o De tener éxito la aprehensión de una cosa mueble, la actividad ejecutiva se completa con la entrega o tradición del bien al ejecutante, con todos sus accesorios y, en su caso, se adecua el registro a la realidad.
Si se trata de la entrega de cosas genéricas o indeterminadas, el ejecutante puede pedir que se le faculte para adquirir las cosas génericas o indeterminadas, a costa del ejecutado y también que se 152 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil o o o o o ordene al mismo tiempo el embargo de bienes suficientes para pagar la adquisición (art. 702.1 LEC).
Las actividades típicas de ejecución para la entrega de inmuebles son el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro, actividades perfectamente fungibles frente a la rebeldía del condenado. En estos casos, también se puede proceder a la cancelación de asientos contradictorios con el inscrito, si ello es posible y a dar a conocer la nueva situación a terceros interesados.
Cuando se hallan cosas que no deben entregarse, el tribunal requiere al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retira, se consideran bienes abandonados a todos los efectos (art. 703.1 LEC).
La existencia de cosas o instalaciones no separables, que no deban entregarse, puede dar lugar al abono de su valor (art. 703.2 LEC).
Los desperfectos advertidos por el ejecutante dan lugar a la correspondiente indemnización (art.
703.3 LEC).
En este caso, la actividad ejecutiva exige el desalojo o lanzamiento de los ocupantes, aunque en muchos casos el problema depende de la situación jurídica de éstos y de la existencia o no de medidas cautelares (art. 704 LEC).
- Ejecución sustitutiva - Si por cualquier razón no puede seguirse el cumplimiento de la condena en sus propios términos, entra en juego un mecanismo sustitutivo de cumplimiento por equivalente e indemnización de daños y perjuicios (arts. 701.3, 702.2 y 703.3 LEC).
3. Condenas de hacer - ¿Necesitan ejecución las condenas de hacer? En estos casos, la satisfacción idónea del sujeto activo de la conducta pasa por el cumplimiento específico de la misma, es decir: por la realización concreta de la prestación en sus propios términos.
Esto presupone siempre la colaboración del obligado y, en caso de negativa, el camino a recorrer por la actividad ejecutiva es arduo y dificultoso, cuando no limitado.
Sin embargo, no toda condena de hacer exige para su cumplimiento actividad ejecutiva. Esta supone una cierta injerencia en la esfera jurídica del ejecutado, que falta en aquellos supuestos en que la parte se limita a actuar dentro de la esfera de su propio derecho creado por la sentencia. En estos casos no existe más que libertad jurídica, ejercicio del derecho.
Dentro de este tipo de condenas (las de hacer), la ley se refiere a las conductas no personalísimas, a las personalísimas y a la condena a emitir una declaracion de voluntad, según es tradicional.
- Acciones no personalísimas y personalísimas Una conducta es no personalísima o fungible cuando la actividad en que consiste la prestación puede ser realizada por una persona distinta del ejecutado.
153 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Por el contrario, una conducta es personalísima o no fungible cuando la actividad en que se traduce es patrimonio exclusivo del obligado, esto es, depende únicamente de su libertad de acción.
EJECUCIÓN DE HACER • • • • • Requerimiento judicial al condenado Medios coercitivos (multas, desobediencia) Ejecución por medio de tercero Publicidad de la sentencia Indemnizacion sustitutiva De suyo, un hacer prescrito por una sentencia judicial es exigible de inmediato. Sin embargo, la dosificación de la actividad ejecutiva lleva a formular un requerimiento judicial al condenado para que realice la actividad, dentro del plazo que se le fije, según la naturaleza del hacer y las circunstancias que concurran (art. 705 y 709.1 LEC).
Transcurrido el plazo del requerimiento sin cumplir, tanto si la conducta es fungible como no fungible, se puede considerar la oportunidad de los apremios personales, tales como multas pecuniarias (art. 709 LEC), o la tutela penal a través del delito o falta de desobediencia a la autoridad judicial. El cumplimiento defecutoso del ejecutado puede dar lugar también a nuevas medidas coercitivas.
Siendo la conducta fungible, puede ser idóneo para la ejecución in natura el realizarla por medio de tercero, a costa del ejecutado, si ése es el interés del ejecutante (art. 706 LEC). A esta misma actividad sustitutiva conduce el cumplimiento defecutoso del condenado. En este caso, la ejecución puede ampliarse a un nuevo cometido à deshacer lo mal hecho.
Un supuesto específico de conducta fungible es el de la publicación de la sentencia en medios de comunicación, a costa del ejecutado (art. 707 LEC).
- Emisión de una declaración de voluntad También son fungibles muchos quehaceres jurídicos, como la condena a emitir una declaracion de voluntad, que se sustituye por la actividad del tribunal (art. 708 LEC).
- Entrega de un equivalente pecuniario En el caso de no poderse lograr el efectivo cumplimiento de la condena, por cualquier causa que sea, o como última opción del ejecutante, queda abierto el camino del resarcimiento sustitutivo con indemnización de daños y perjuicios (art. 706.2 y 709 LEC).
4. Condenas de no hacer - Ejecución de comportamientos negativos Una condena de no hacer es aquella que impone la observancia de un comportamiento negativo, de una omisión. La condena puede suponer tanto la abstención de realizar un acto, como tolerar la realización de otro.
154 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Como objetivo primario, en este caso la ejecución procesal tiene una función preventiva à evitar que se produzca la conducta prohibida, que es algo no fungible. Pero en caso de quebrantamiento de la condena, la ejecución procesal ha de reparar la inconsecuencia.
Si a ello se añade que la conducta exigible tiene en muchos casos un carácter durativo, se comprende que la ejecución tiene que mantener asimismo una cierta eficacia perdurable. Esto se puede conseguir adelantándose a los acontecimientos o reaccionando contra los sucesivos actos de quebrantamiento de la condena.
- Exigibilidad inmediata de la conducta negativa En las condenas de no hacer, su tenor es eficaz desde el mismo momento de la sentencia à la conducta está vedada y no puede persistir o reiterarse. No hace falta ninguna actividad complementaria para exigir respeto a la condena.
A lo sumo, habrá que reaccionar contra la inobservancia del ejecutado, es decir: contra los actos que supongan una no adecuación al mandato judicial o transgresión de la condena.
Lo idóneo ante esta situación puede ser realizar un requerimiento o intimación formal al condenado para que se abstenga de realizar la conducta prohibida, o permita la realización de una actividad a favor del ejecutante (art. 699 LEC).
- Medios coercitivos De persistir la necesidad de ejecución, más allá de dicha intimación, sólo cabe acudir al empleo de medios coercitivos de la voluntad del condenado, de manera que le resulte más ventajoso el cumplimiento que el quebrantamiento de condena.
Entre ellos, son apropiados las multas pecuniarias y el apercibimiento por desobediencia, en caso de reiteración del quebrantamiento de condena (art. 710 LEC).
- Quebrantamiento de la condena EJECUCIÓN DE NO HACER • • • • • Exigibilidad inmediata de la conducta Intimación al condenado Medios coercitivos (multas, desobediencia) Deshacer lo mal hecho Indemnización sustitutiva La no consecución del objetivo de la ejecución in natura y los actos contarios al requerimiento de abstención o tolerancia de una conducta, suponen el quebrantamiento de la condena.
En estos casos, aparte de la eventual reiteración del requerimiento, con los apremios coercitivos, la ejecución se extiende a deshacer lo mal hecho, si es posible (art. 710.1 LEC).
- Indemnización sustitutiva En último término, cabe acudir a la indemnización sustitutiva de daños y perjuicios (art. 710.2 LEC).
155 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 5. Ejecución dineraria sustitutiva - Frustración de la ejecución in natura Para cerrar el ciclo de posibilidades, no hay que descartar que la ejecución in natura, a que aspiran todos los supuestos de ejecución dineraria, fracase, devenga imposible o resulte desaconsejable para el propio ejecutante.
En estos casos, el sistema reconduce el quiebro a la posibilidad de obtener un resarcimiento equivalente, además de la indemnización de daños y perjuicios. Con ello se desemboca en una ejecución dineraria.
La frustración de la ejecución in natura puede ocurrir, entre otras causas, por imposibilidad natural o jurídica, e incluso por falta de interés del ejecutante en el cumplimiento específico.
- Cuantificación del equivalente pecuniario En este punto hay que distinguir entre el equivalente pecuniario de la prestación no ejecutada y los daños y perjuicios subsiguientes: o o El primero (equivalente pecuniario de la prestación no ejecutada) es de concesión obligada en todos los casos. De hecho, el único problema probatorio es el quantum de la indemnización.
Los segundos (daños y perjuicios) son un plus añadido, que pueden acumularse a la indemnización sustitutiva.
En todas las condenas a entregar un bien determinado, pueden exigirse, además, los menoscabos sufridos.
- Multa por incumplimiento de acciones personalísimas En las condenas a hacer personalísimas, en el caso de no poderse lograr el efectivo cumplimiento de la condena, por cualquier causa que sea, queda también abierto el camino del resarcimiento de perjuicios. En estos casos, la ley prevé, además, la imposición al ejecutado de una única multa (art.
709 LEC), que puede ascender al 50% del valor de la conducta omitida (art. 711 LEC).
- Liquidación del equivalente pecuniario La determinación del quantum del equivalente de la condena frustrada y de los daños y perjuicios sufridos se realiza a través del mecanismo de liquidación de condenas ilíquidas (art. 717 LEC).
6. Liquidación de condenas ilíquidas Cuando del título ejecutivo se deriva una condena al pago de cantidad de dinero, ya sea por vía principal o como sustitutivo de una ejecución no dineraria imposible, y dicha cantidad no es líquida, 156 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil es preciso proceder a su liquidación, como tarea previa al desarrollo de la actividad ejecutiva. En estos casos, se inicia un procedimiento de liquidación de la condena, que permita proceder después al embargo (como si de ejecución por cantidad de dinero líquida se tratase) y, en su caso, al apremio.
La necesidad de liquidación del título puede resultar tanto de una condena genérica (sea de daños, perjuicios, frutos, rentas, etc.), como de una indemnización ilíquida, ante la imposibilidad de cumplimiento específico de la condena.
Al regular la liquidación de condenas, la ley lo hace pensando en hipótesis predeterminadas y no en casos generales. Tales son (art. 712 LEC): o o o o La determinación del equivalente pecuniario de una condena no dineraria frustrada.
La fijación de los daños y perjuicios.
La liquidación de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase.
La determinación del saldo resultante de una rendición de cuentas de una administración.
157 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil TEMA 21: EJECUCIÓN PROVISIONAL ü ü ü ü ü ü La ley permite con carácter general la ejecución provisional de sentencias que no son firmes con el propósito de anticipar en el tiempo la tutela efectiva.
La ejecución provisional sigue las mismas reglas que la ejecución general en cuanto a su iniciación y actividades ejecutivas a implementar.
No es posible una oposición global a la ejecución provisional de condenas dinerarias, aunque cabe oponerse a actos concretos de ejecución.
Tampoco es posible impedir la ejecución provisional de condenas no dinerarias, salvo en casos de imposible o extrema dificultad para restaurar la situación anterior a la ejecución.
Cuando la sentencia ejecutada provisionalmente se revoca, hay que revertir todas las actividades ejecutivas realizadas, junto con la indemnización de daños y perjuicios y las costas causadas.
La ley ha asumido el riesgo de insolvencia del ejecutante, que no puede devolver lo recibido. En estos casos, hay que entender que existe responsabilidad directa del propio Estado legislador.
1. Ejecución de títulos no firmes En principio, la actividad ejecutiva se funda en un título firme, dotado de la fuerza vinculante de la cosa juzgada. Ello supone un tiempo de espera para la parte victoriosa, que puede ser más o menos largo. Sin embargo, el derecho positivo concede la posibilidad de ejecución inmediata, sin esperar a que el título sea firme y bajo determinadas reglas de juego.
2. Las sentencias no firmes pueden ejecutarse provisionalmente La ley ha generalizado la ejecución provisional de sentencias de condena, sin simultánea prestación de caución (art. 526 LEC). El ejercicio de la opción sólo depende de la voluntad del litigante victorioso, sin que quepa discrecionalidad por parte del tribunal a la hora de concederla.
La regla general tiene excepciones, que hay que interpretar con carácter restrictivo. No son susceptibles de ejecución provisional (art. 525 LEC): Ø Las sentencias dictadas en los juicios sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del juicio.
Ø Las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad.
Ø Las sentencias que declaran la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.
Ø Están sometidos a restricciones determinados aspectos ejecutivos de las sentencias dictadas en rebeldía (art. 524.4 LEC).
3. ¿Cómo se gestiona la ejecución provisional? La ejecución provisional no supone más que un adelanto de la ejecución, por lo que el esquema del procedimiento a seguir es sustancialmente coincidente, salvo las reglas específicas de la oposición.
158 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil DEMANDA + DESPACHO OPOSICIÓN Global ACTIVIDADES EJECUTIVAS A actos concretos Confirmación sentencia Revocación sentencia Mantenimiento ejecución Reversión ejecución 4. Oposición a la ejecución provisional - Motivos La oposición global a la ejecución provisional sólo puede fundarse en una de las siguientes causas (art. 528.2 LEC): o Haberse despachado la ejecución provisional sin ser Global A actuaciones concretas procedente.
o En el caso de condena no • Existencia de restricción dineraria, resultar imposible o de legal • ¿Insolvencia ejecutante? extrema dificultad, atendida la • Imposibilidad de reversión • Oferta por el ejecutado de naturaleza de las actuaciones condenas no dinerarias otras actuaciones ejecutivas • ¿Caución del ejecutado? ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional Procedimiento (art. 529) o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimientos de los daños y perjuicios que se le causaren, si aquella sentencia fuese revocada.
OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN (art. 528) La oposición a actuaciones ejecutivas concretas, cuando la condena es dineraria, que permite al ejecutado ofrecer alternativas o una caucion (art. 528.3 LEC).
El pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, así como los pactos y transacciones sobre la ejecución provisional, debidamente documentados (art. 528.4 LEC).
- Procedimiento - 159 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La oposición se sustancia en procedimiento contradictorio (art. 529 LEC) y, en caso de prosperar, implica la reversión de las actuaciones ejecutivas realizadas (art. 530 LEC).
5. Confirmación o revocación de la sentencia Los riesgos de la ejecución anticipada de una sentencia no firme afloran cuando ésta gana firmeza.
Algunos de ellos han sido tenidos en cuenta por el legislador anticipadamente, al permitir ponerlos de relieve mediante el mecanismo de la oposición. Pero, al final, si se quiere que la institución sea útil, no hay más remedio que asumir algunos más.
- Confirmación de la sentencia En este caso, los riesgos se disipan por si solos. La ejecución continúa, si no está terminada aun: con carácter provisional, si la sentencia todavía no es firme; y con carácter definitivo, si aquélla ha ganado firmeza, salvo desistimiento del ejecutante (art. 532 LEC).
- Revocación de la sentencia Aquí las soluciones legales son ciertamente ambiguas y no garantizan la solvencia del ejecutante para devolver lo percibido anticipadamente.
La revocación de una sentencia de contenido meramente económico da lugar a la restitución, más el resarcimiento de daños y perjuicios y las costas, con la extensión que tenga el fallo (art. 533.1 y 2 LEC).
Si la sentencia con condena dineraria revocada todavía no es firme, la marcha atrás de la ejecución se canaliza a través de la vía de apremio ante el propio tribunal, con posibilidad de oposición por parte del obligado a devolver (art. 533.3 LEC).
La revocación de una sentencia con condena no dineraria da lugar también a la restitución en especie, según el contenido de la condena, más la indemnización de daños y perjuicios y las costas (art. 534.1 y 2 LEC).
Si la sentencia con condena no dineraria revocada todavía no es firme, se canaliza la devolución directamente a través de la vía de apremio, con posibilidad de oposición del obligado a restituir (art. 534.3 LEC).
160 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil BLOQUE DE CONTENIDO VIII: MEDIDAS CAUTELARES TEMA 22: LA TUTELA CAUTELAR ü ü ü ü ü ü La medida cautelar anticipa todo lo posible la ejecución futura como medio de prevenir los riesgos derivados de la duración de un juicio.
Para obtenerla es preciso acreditar cuáles son los riesgos concretos del caso y la apariencia de buen derecho del solicitante.
La medida se concede previa la prestación de una caución para responder de los daños y perjuicios que puedan causarse y con la exigencia de que se promueva de inmediato un juicio sobre el fondo del asunto.
Por regla general, la medida se discute contradictoriamente en una audiencia con el demandado.
En casos de urgencia, la medida se puede conceder sin audiencia previa del demandado, pero luego éste puede oponerse a su concesión.
La medida tiene siempre un carácter provisional, no es autónoma y puede modificarse.
1. ¿Se puede asegurar el resultado de un juicio? El juicio está organizado como una sucesión de actuaciones con una determinada dimensión temporal. Debido a las limitaciones de la capacidad cognoscitiva humana es necesario consumir un cierto tiempo para definir el derecho. La creación de éste en el juicio no es un acto instantáneo, sino que se realiza a través de lo que procesalmente se denomina “processus iudicii”.
Por otro lado, el juicio tiene una indudable vocación de eficacia. Su finalidad no estriba meramente en la obtención de un pronunciamiento jurisdiccional sino también en que éste se cumpla. Para paliar de alguna manera los riesgos de la tardanza de una resolución definitiva, que puedan hacer ilusorio el pronunciamiento jurisdiccional, hay que arbitrar un sistema de protección, más o menos amplio. Surge así la medida cautelar como respuesta a esta necesidad.
¿QUÉ HACE UNA MEDIDA CAUTELAR? DURACIÓN DE UN JUICIO Recursos 1º Instancia Ejecución Ej. provisional MEDIDAS CAUTELARES Anticipar la ejecución La medida cautelar es el remedio arbitrado por el derecho para obviar de alguna manera los riesgos de la duración temporal del juicio, en orden a su eficacia.
Su mecanismo operativo es sencillo à el juicio eficaz es el que otorga una completa satisfacción jurídica a las partes. No se limita a la mera declaración del derecho, sino que se extiende, en caso necesario, a la ejecución, para cumplir en todo su alcance el 161 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil pronunciamiento jurisdiccional. Sólo cuando la sentencia ha sido cumplida por completo se puede decir que ha habido eficacia.
Como esta meta se vislumbra ciertamente lejana al inicio del juicio, la solución idónea estriba en anticiparla o al menos asegurarla de alguna manera. La medida cautelar anticipa la ejecución o asegura su éxito, desde el propio momento inicial del juicio.
2. Características generales de las medidas cautelares En sentido estricto, las medidas cautelares responden a unas características generales, que la ley, con una técnica manual, ha fijado en una declaracion programática (art. 726 LEC): o El tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes características: • • o Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente.
No ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.
Con el carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el tribunal podrá acordar como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte.
Explicitando el sentido de la ley, ueden enuclearse las siguientes notas distintivas: - Instrumentalidad La medida cautelar aparece siempre configurada en función de un juicio pendiente, al cual se subordina instrumentalmente (art. 730 LEC). Más aún, su verdadera razón de ser no estriba en la pendencia del juicio, sino en su dependencia del objeto litigioso que en él se ventila.
La medida cautelar se instrumentaliza en función de la pretensión hecha valer, anticipando o asegurando la continuación de la ejecución en caso de éxito de la demanda.
- Temporalidad La medida cautelar no nace con una vocación de perpetuidad, sino con una duración limitada. La institución está pensada para cubrir el lapso de tiempo que tarda el juicio en llegar a su fin. La medida no dura más de lo que dura el juicio principal (arts. 744-745 LEC).
Esta característica permite asimismo la modificación de la medida a lo largo del juicio por variación de sus presupuestos (arts. 736.2 y 743 LEC). Esto también significa que la medida no aspira a ser una 162 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil solución definitiva, sino tan sólo una regulación temporal de las posiciones de las partes mientras se crea el derecho.
- Anticipación de la ejecución La anticipación de la ejecución es la nota que define específicamente a las medidas cautelares en sentido estricto.
LA TÉCNICA DE LA ANTICIPACIÓN ¿Gradación? • Aseguramiento • Conservación • Satisfacción ANTICIPACIÓN DE LA EJECUCIÓN ¿Opta la ley por una medida asegurativa con preferencia a una satisfactiva? (art. 726) ¿Se puede otorgar pensiones a cuenta? ¿Qué significa “órdenes y prohibicionesde contenido similar a lo que se pretenda en el proceso”? (art. 726.2) ¿HASTA DÓNDE LLEGA EN LA EJECUCIÓN? • • • • Los medios que fueran necesarios, incluso los previstos para la ejecución de sentencias (art. 738) ¿A qué viene la limitación de la manifestación de bienes en el embargo preventivo? La dosis de proporcionalidad (art. 726.1.2ª)? - Injerencia mínima - Menos gravosa - Equivalencia - Sustitución ¿Tiene el tribunal facultad para fijar medidas menos gravosas? (art. 721.2) ¿CÓMO SE ANTICIPA LA EJECUCIÓN? ¿Son realmente TÍPICAS las medidas cautelares? El catálogo legislativo (art. 727) La concesión a la perspicacia del foro (art.
727.11ª): el diseño de la medida cautelar Las medidas cautelares extravagantes: juicios especiales, laudos (art. 722) La medida cautelar opera anticipando en alguna medida los efectos de lo que será la futura ejecución de la sentencia à Traslada al momento inicial del juicio los actos de ejecución propios de esta etapa del juicio.
La medida cautelar, en realidad, no hace más que anticipar la ejecución in natura, adaptándose al tipo de condena futura. Si se quiere medida cautelar, hay que pensar en anticipar las actividades ejecutivas en mayor o menor medida. La tutela cautelar es y debe ser una técnica de anticipación de la ejecución de la sentencia (art. 726.2 LEC). Los actos de ejecución de la medida son exactamente los mismos que los actos de ejecución dineraria o no dineraria.
- Proporcionalidad - 163 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Dado que las medidas cautelares anticipan en gran medida la ejecución, les es también aplicable el criterio de proporcionalidad que rige para ésta. Se adopta siempre la medida menos gravosa, si es que los objetivos de cautela lo consienten (art. 726.1.2ª LEC). Ello justifica que, como regla general, se pueda ofrecer la sustitución de la medida por una caución (art. 746 LEC).
3. Presupuestos de las medidas cautelares - Apariencia de buen derecho La medida se concede no porque el solicitante ostente un derecho indiscutido sobre el objeto del juicio, sino simplemente porque prima facie su petición aparece como susceptible de tutela con la medida cautelar.
No existe ningún criterio general respecto de la definición del fumus boni iuris à La apariencia de derecho resulta de la valoración de la posición de ambas partes en relación con la cosa litigiosa al inicio del juicio, es decir: es pura actividad de enjuiciamiento adecuada al momento y a los datos de que se dispone.
Normalmente, el fumus debe resultar acreditado por un principio de prueba de carácter documental.
Pero la ley ha querido cubrir todas las hipótesis, aceptando cualquier tipo de datos, argumentos y cualquier otro medio de prueba (art. 728.2 LEC).
- Peligro por la mora procesal Este presupuesto hace referencia al fundamento de la medida cautelar. La medida trata de paliar los riesgos de la duración temporal del juicio.
La perspectiva tradicional del tema sostiene que, si existen o se dejan entrever riesgos, cabe el otorgamiento de la medida. El pronunciamiento definitivo no ha de ser ilusorio y, por ello, si existen indicios que puedan hacer peligrar su eficacia, debe concederse la medida cautelar. Los riesgos clásicos son: la frustración de la ejecución, el malbaratamiento del patrimonio, etc.
Esta aproximación es insuficiente en el momento actual à Los pleitos tardan y con ello las sentencias también. Las condiciones sociológicas de los pleitos son sustancialmente diferentes. De entrada, hay una cierta percepción de la rentabilidad del pelito, de tal manera que, en muchos casos, se renuncia a litigar si no existe una cierta seguridad de ejecución. Podría decirse que litiga el que no tiene más remedio.
Pero las situaciones de espera tampoco son las mismas à víctimas que aspiran a una indemnización, empresas que pueden desaparecer, economía que gira a ritmo vertiginoso, avances técnicos que pueden convertir en obsoleta cualquier sentencia, etc. En situaciones así, al exigir indicios de matiz subjetivo para apreciar el periculum puede anular la medida cautelar. En muchos casos el indicio se confundirá con el hecho consumado, cuando ya cualquier medida es tardía.
Es pues razonable pensar que el periculum in mora es algo objetivo, que deriva de la propia naturaleza del processus iudicii y del hecho de que éste no pueda ser instantáneo. No hace falta 164 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil añadir ninguna connotación subjetiva sobre las circunstancias personales del demandado. Por muy sólidas que sean, son tan volubles como el tiempo en la montaña.
La ley ha entrado en el buen camino de la objetivación, al suprimir todas las referencias subjetivas que históricamente se exigían para la concesión de la medida cautelar. Ahora, el solicitante ha de centrarse en explicar cómo afecta la mora procesal a la cosa litigiosa, dadas las circunstancias del caso (art. 728.1 LEC).
- Caución La concesión de la medida cautelar supone desde luego una gran ventaja inicial para el favorecido por la medida à nada menos que obtiene al inicio del juicio un adelanto de la ejecución.
Como contrapartida, la persona gravada por la medida debe obtener una garantía que la ponga a salvo de posibles abusos y que le asegure a su vez la indemnización de daños y perjucios en caso de que, a la postre, se revele injustificada la concesión de la medida.
Por ello, el otorgamiento de una medida cautelar debe ir subordinado en la mayor parte de los casos a la prestación de una caucion por parte del solicitante de la misma. Esta cumple una función de equilibrio de las posiciones del demandante y del demandado cuando el periculum tiende a objetivarse y debe graduarse adecuadamente. Es legítimo que la parte gravada los recupere sin grandes aspavientos.
La ley ha reconocido la necesidad de este presupuesto como regla general pero ha dejado la puerta abierta a que el tribunal pueda no exigirla, encomendándose a la valoración de las circunstancias del caso (art. 728.3 LEC). En los casos en que la medida se otorga bajo caucion, la prestación de ésta es previa a cualquier acto de ejecución de la medida (art. 737 LEC).
- Revocación de la sentencia Como se ha dicho, la medida cautelar no tiene autonomía propia sino que aparece subordinada instrumentalmente a un juicio. Por ello, toda verdadera medida cautelar está concebida en función de un juicio pendiente. En ocasiones, puede incluso solicitarse la cautela anticipadamente, pero siempre ha de seguir el juicio en un corto plazo de tiempo.
Esta instrumentalización de la medida la distingue de otras medidas autónomas y también de actuaciones procesales con finalidades más o menos parecidas. La ley impone la iniciativa del juicio principal al solicitante de la medida y es lo razonable en el esquema de esta solución técnica (arts.
728.1 y 730 LEC).
En todo caso, el juicio al que se subordina la medida no tiene por qué estar radicado en territorio español. También puede preordenarse la medida en función de un arbitraje. Ambas posibilidades están homologadas por la ley (art. 722 LEC). Por lo tanto, hay que entender que en estos casos, el hecho de solicitar la medida cautelar no supone sumisión al tribunal donde se solicita, que pueda atraer el pleito principal.
165 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil 4. Medidas cautelares concretas Siguiendo la tradición, la ley ha hecho un esfuerzo recopilador de las hipótesis de medidas cautelares que pueden utilizarse en un juicio (art. 727 LEC): MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS (art. 727 LEC): Conforme a lo establecido en el artículo anterior, podrán acordarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: 1. El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos.
Fuera de los casos del párrafo anterior, también será procedente el embargo preventivo si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el demandado.
2. La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se pretenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiere recaer.
3. El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla y se encuentre en posesión del demandado.
4. La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga.
5. La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos.
6. Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución.
7. La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo.
8. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual.
9. El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción.
10. La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o demandantes representen, al menos, el 1 o el 5 % del capital social, según que la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de la impugnación, estuvieren admitidos a negociación en mercado secundario oficial.
11. Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio.
En realidad, si se repasa el catálogo, se verá que las medidas se remiten a actividades propias de la ejecución, de las que son instrumentos. Si éstas son fundamentalmente anticipación de la ejecución, cualquier actividad ejecutiva es suceptible de integrar una medida cautelar.
166 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Con esto se hubiera llegado a una cláusula general, de ahorro, que puede entenderse condensada en las 3 últimas líneas del preceptto: pueden acordarse como medidas cautelares “las que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio”. Bajo esta advocación, pues, el catálogo deja de parecer que tiene numerus clausus.
CATÁLOGO MEDIDAS CAUTELARES: MEDIDA TIPOLOGÍA Administración judicial Gestión bienes litigiosos productivos Intereses, frutos, rentas Empresas Entrega bienes o derechos litigiosos Anotación preventiva demanda Asientos publicidad registral juicio Acciones registral Depósito Valores Instrumentos financieros Acciones y participaciones Bienes muebles Bienes semovientes Objetos que infringen derechos Conservación bienes litigiosos Embargo preventivo Elementos patrimoniales embargables Condenas pecuniarias Intervención judicial Control externo gestión demandado Entrega bienes o frutos Inmovilización de buques USO con trascendencia Créditos marítimos Inventarios Herencias Juicios matrimoniales Identificación bienes litigiosos Medidas innominadas Las que se estimen necesarias Cualquier situación Medidas provisionales Uso domicilio conyugal Situación de los hijos Régimen económico matrimonial Alimentos Juicios matrimoniales Órdenes judiciales Retener cantidades Retener instrumentos financieros Retener bienes Poner a disposición del tribunal Hacer, no hacer, dar, pagar Prohibiciones judiciales Cesar una conducta o actividad Prohibición de realizar conducta Suspensión actividad ilícita Suspensión servicios Cese intromisión ilegítima Prohibiciones negociación títulos Prohibiciones enajenar No pagar Suspensión emisiones o publicaciones Condenas hacer y no hacer Secuestro Ingresos obtenidos actividad ilícita Propiedad industrial e intelectual 167 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil Ejemplares de obras ilícitas Instrumentos hacer copias ilícitas Separación provisional Suspensión de acuerdos Juicios matrimoniales Sociedades de todo tipo Comunidades de propietarios Impugnación de acuerdos sociales.
5. Ciclo vital de la medida cautelar - Solicitud La medida se solicita a instancia de parte. El principio en la justicia civil es claro y sólo admite algunas excepciones en juicios especiales (art. 721 LEC).
Como regla general, las medidas cautelares se solicitan ante el tribunal que esté conociendo o deba conocer del litigio (arts. 723-724 LEC), aunque son posibles también medidas a prevención ante tribunal incompetente (art. 725 LEC).
En cuanto al momento de la solicitud, se mantienen las 3 alternativas tradicionales à antes de la demanda, con ella y después. Academicamente se pretenden graduar los momentos. Se prima como regla general la presentación con la demanda. Craso error, que puede dinamitar la utilidad de la institución, si ello se combina con la audiencia previa del demandado. Se castiga la solicitud tardía, sujeta a que sea necesaria “en esos momentos”.
La práctica inteligente deberá hacer caso omiso de las reglas dogmáticas y atenerse al criterio de eficacia de la medida. Cuando se soliciten anticipadamente las medidas, el pleito principal tiene que seguir en los 20 días siguientes (art. 730 LEC).
Donde el trámite se agranda innecesariamente es en la forma de la solicitud à Ésta debe ser razonada (justificar los presupuestos de las medidas), documentada (acreditarlos y pedir prueba), ofrecer caución (tipo y justificación del importe) y razonar si debe concederse sin audiencia previa del demandado.
La técnica puede ser necesaria cuando se solicita la medida con antelación a la demanda principal. Cuando es una petición accesoria de ésta, es superabundante (art. 732 LEC).
- Decisión sin audiencia previa del demandado El secreto de una medida cautelar es un cierto factor sorpresa, que no permita al demandado organizar su insolvencia o la frustración de los objetivos del juicio. Por eso, la regla general homologada constitucionalmente debe ser la decisión y, en su caso, concesión de la medida cautelar sin audiencia previa del demandado.
Para la ley esto es la EXCEPCIÓN à La regla general por la que opta en este punto es la decisión sobre la medida cautelar con audiencia previa del demandado (art. 733.1 LEC).
168 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil No obstante, a reglón seguido, la ley concede la oportunidad de solicitar la medida inaudita parte.
Eso sí, con razonamientos abundantes, que debe corresponder el tribunal al motivar “separadamente” su decisión (art. 733.2 LEC).
La concesión de la medida inaudita parte no es un salto al vacio. No se pretende dejar al demandado sin su justa y equilibrada dosis de audiencia. El auto que acuerda una medida cautelar sin audiencia previa es irrecurrible (art. 733.2 LEC). Pero, a cambio, se abre para el demandado la posibilidad de oposición en toda regla, en el plazo de 20 días, a contar desde la notificación de dicho auto (art. 739 LEC). La oposición se articula por escrito, en el que se exponen los motivos (art. 740 LEC). Y seguidamente el debate se reconduce a la audiencia oral ya conocida (art. 741 LEC).
- Decisión con audiencia del demandado En todos los casos, en que el factor sorpresa o la esencia de la medida solicitada no lo impida, es legítimo respetar la oportunidad de contradicción por parte del demandado (así lo ha primado la ley también). Esta se plasma en una vista en toda regla, con oportunidad de discutir cada uno de los presupuestos de la medida y de practicar pruebas (art. 734 LEC).
EL CICLO VITAL DE LA MEDIDA CAUTELAR: SUBORDINACIÓN A UN JUICIO • • • Medidas en prevención (art. 725.2) + (64,70,23,31) La vinculación a un juicio principal (art. 730): − Solicitud anticipada o Petición o Urgencia o necesidad − Solicitud con la demanda − ¿Por qué denigrar la petición posterior o tardía ¿Por qué resulta – NO ES – tan difícil modificar una medida cautelar? (art. 743) ¿HAY QUE OÍR PREVIAMENTE AL DEMANDADO? • • • • ¿Cuál es el tenor de la regla? Presupuestos (art. 733.2) − Petición expresa − Razones de urgencia − Que se pueda comprometer el buen fin de la medida − Motivación expresa en la resolución ¿Hay medidas que por su naturaleza deben acordarse inaudita parte? Vista / oposición a la medida (art. 734-739) El tribunal debe resolver por medio de auto, cuyo contenido debe ser exhaustivo y, en algunos casos, precisar el régimen exacto de la medida cautelar. Algunas medidas, de tipo flexible (EJ: administración judicial), admiten cantidad de variantes que es preciso que la decisión judicial fije, para evitar problemas en su desarrollo práctico (art. 735 LEC).
- Recursos La concesión de la medida es recurrible en apelación, SIN efectos suspensivos, por razones lógicas (art. 735.2 LEC).
169 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil La denegación de la medida también es recurrible en apelación (art. 736.1 LEC). También puede optarse por reproducir la solicitud de la medida, si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición (art. 736.2 LEC).
- Ejecución El momento más importante de la medida es, desde luego, su efectiva realización. Aparte de la prestación de caución previa (art. 737 LEC), hubiera bastado a la ley con remitirse a los preceptos generales de la ejecución, que es lo obvio (art. 738 LEC).
6. Sustitución, modificación y alzamiento de las medidas cautelares La medida cautelar es una institución flexible à se acomoda tanto a las circunstancias del caso, como a las del propio objeto litigioso. Independientemente de que, por definición, no tienen vocación de permanencia, su vida está sujeta a diversas expectativas dinámicas. Las más relevantes se exponen a continuación.
- Sustitución de la medida por caución Uno de los principios sobre los que reposa la concesión de medidas cautelares es respetar el equilibrio entre las posiciones de las partes. La medida, a la par que es necesaria para evitar los riesgos de duración del juicio, no debe gravar más de lo estrictamente necesario al demandado. La ley fija correctamente el principio (art. 726.1.2ª LEC).
Una de las consecuencias más relevantes de esta regla es la posibilidad de que el demandado preste, a su vez, una caución para evitar la medida. La opción no es automática, pues el ámbito de cobertura de la medida cautelar puede ser mucho más amplio que el mero contenido económico. Ello ocurre por lo general en todos los casos que la demanda persigue una condena no dineraria. Por esta razón, la ley somete a contraste la petición del demandado. El tema está correctamente solucionado en la ley (arts. 746-747 LEC).
- Modificación de las medidas La posibilidad de variación de los presupuestos tenidos en cuenta para la adopción de la medida abre la posibilidad de su modificación (art. 743 LEC).
- Alzamiento de las medidas En general, la vocación de la medida no es de permanencia indefinida sino que una de sus notas fundamentales es la temporalidad. Pueden ocurrir las siguientes hipótesis: o o El punto máximo lo marca la posibilidad de ejecución de la sentencia, que da lugar a una posible transformación de la medida cautelar en medida ejecutiva (art. 731 LEC).
La posibilidad de alzamiento se reconsidera aun cuando la sentencia no sea firme, si ésta absuelve al demandado (art. 744 LEC).
170 Cristina Vega Martínez-Zurita Derecho Procesal Civil o El alzamiento de oficio es la regla lógica en caso de sentencia absolutoria firme, renuncia o desistimiento (art. 745 LEC).
- Liquidación de daños y perjuicios - La medida se concede en un escenario de anticipación, que da ventajas al demandante. Como se recordará, el punto de equilibrio lo debe establecer por regla general la caución, que debe presentarse antes de ejecutar la medida. Al final del camino es hora de hacer balance. En este momento, el demandado recupera su protagonismo con la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios ocasionados por la medida cautelar.
La opción está abierta como regla general para todo tipo de medidas (arts. 742 y 745 LEC). La liquidación de daños se produce a través del procedimiento general de ejecución para esots menesteres (art. 712 LEC) y sucesivamente se procede a su exacción por la vía de apremio (art. 742 LEC).
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