Habeas Corpus (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Constitucional II
Año del apunte 2014
Páginas 10
Fecha de subida 12/12/2014
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HABEAS CORPUS ¿En qué normas de carácter nacional e internacional se encuentra reconocido el derecho a la libertad y a la seguridad? El derecho a la libertad y a la seguridad se encuentra recogido en la Constitución Española en el artículo 17.1: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”.
El artículo 17 de la CE se encuentra en el Título I, Capítulo II, sección I, por consiguiente el derecho a la libertad y a la seguridad es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales se caracterizan por ser derechos subjetivos, relativos de la persona, los cuales están recogidos en la Constitución y garantizados por ésta, a causa de su gran importancia y su conexión directa con valores primordiales del ordenamiento, en este caso este derecho fundamental está íntimamente ligado con la libertad. ART 1.1 “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Sin embargo, el artículo 17 no es el único precepto que recoge el derecho a libertad y a la seguridad, pues también se encuentra en el artículo 9.2 : “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, y otras disposiciones normativas relacionadas con la libertad religiosa, la libertad de expresión, y la libertad persona entre otras.
Los derechos fundamentales fuera del ámbito estatal, son conocidos como humanos, ya que los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados dentro de un ordenamiento jurídico estatal. Hay un seguido de normas y tratados realizados por organismos internacionales los cuales recogen el derecho a la libertad y a la seguridad.
1 En primer lugar, el texto más importante en cuanto a derechos humanos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 3 recoge dicho derecho: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. El Convenio Europeo de los Derechos Humanos, recoge en su protocolo, en su artículo número 5, y en todo su articulado en general, la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. La Carta de Derecho Humanos de la Unión Europea, también hace hincapié en la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, art. 6: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”, así como la Carta de las Naciones Unidas, la cual tiene una importante relevancia en el ámbito del Derecho Internacional, ya que vincula a todos los estados miembros de las Naciones Unidas, y aquellos estados que no sean miembros. Las normas que componen su articulado son consideradas normas de ius cogens, es decir, normas básicas que todo estado ha de seguir y respetar, sin olvidar que uno de los objetivos principales de esta Organización Internacional es el mantener la paz y la seguridad mundial. Art. 1.3 “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Cabe añadir que en la Declaración Americana De Los Derechos Y Deberes, Carta Africana Sobre Derechos Humanos Y De Los Pueblos y en Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos, se recoge este derecho primordial dentro del ordenamiento tanto estatal como internacional.
¿Cuál es el objeto del derecho reconocido en el artículo 17.1 CE? ¿Incluye este precepto un derecho fundamental a la libertad genérica del individuo? El término “objeto de derecho” hace referencia al bien jurídico el cual la Constitución intenta proteger mediante garantías, y el quebrantamiento del cual puede incial un procedimiento jurídico ante el órgano judicial competente. En el derecho a la libertad y a la seguridad el bien jurídico protegido es la no coacción del individuo en cuanto a sus acciones, es decir, el actuar conforme a la voluntad propia sin que ningún otro individuo pueda privarte de esa libertad, es un principio innato, relativo de la persona como la capacidad jurídica. El término seguridad hace referencia al estar fuera de una situación 2 de peligro o de ataque inminente. Si bien es cierto, libertad y seguridad son vocablos cuyo significado es muy amplio y pueden presentar muchas connotaciones. Hay ocasiones en las cuales este derecho se quebranta de una manera lícita, ya sea para la protección y seguridad de un colectivo mayor, o por una razón reeducativa, como puede ser el ingreso en prisión; por lo tanto, todos los individuos tienen el derecho de ser libres siempre y cuando sus actos no perjudiquen a otros bienes protegidos, o quebranten normas imperativas.
Seguridad jurídica: Seguridad frente a la arbitrariedad.
Libertad: Libertad deambulatoria.
¿Cuál son los sujetos activos y sujetos pasivos del derecho a la libertad y a la seguridad (17.1CE)? El derecho a la libertad y a la seguridad es un derecho fundamental, por consiguiente los titulares/sujetos activos de este derecho son las personas físicas las cuales tienen capacidad jurídica, es decir, la titularidad de derechos. La persona física adquiere esa capacidad de forma innata, por el simple hecho de ser un ser humano. En este caso no cabe controversia alguna con los menores, los discapacitados o los extranjeros (comunitarios o no comunitarios), pues los derechos fundamentales son comunes para todos los seres humanos, y su quebrantamiento puede ser alegado frente a un órgano judicial. Este derecho no puede ser aplicado a personas jurídicas, ya que se trata de derechos en los que se protege la integridad física, de la cual éstas carecen.
Los sujetos pasivos/destinatarios son los poderes públicos, que tienen la vinculación negativa de no quebrantar los derechos fundamentales, y la vinculación positiva de crear políticas que ayuden y fomenten el cumplimiento de dichos derechos. Asimismo, las personas físicas no quedan vinculadas únicamente a la esfera de titulares, pues también tienen esa vinculación negativa de no quebrantar los derechos fundamentales, pero eso no los desplaza a ser los destinatarios del derecho, ya que siempre serán los beneficiados, los protegidos frente a los actos de los poderes públicos.
3 Afectan a la dignidad humana, la cual no permite regulación. Valor primordial del ordenamiento jurídico español recogido en el art. 1.1 CE.
¿Según la jurisprudencia constitucional, qué obligaciones impone al legislador la reserva de ley del artículo 17.1 CE? ¿Qué significa esta reserva para el Juez? Reserva de ley supone que un determinado derecho únicamente puede ser regulado por ley, por lo tanto el reglamento tiene vetado el acceso a no ser que la ley indique lo contrario. Tal y como lo dispone el artículo 53.1: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)”. El límite para el legislador radica en el hecho de que los derechos fundamentales más protegidos y garantizados por la Constitución, tienen que ser regulados por ley y en todo momento tiene que respetarse su contenido esencial. El contenido esencial es difícil de definir ya que se tiene que ir regulándolo derecho por derecho y en cada caso en concreto, por ese motivo, la delimitación supone una tarea un tanto ardua para el legislador, y la limitación supone una herramienta mucho más eficaz y más fácilmente controlable mediante el juicio de proporcionalidad, averiguar si la restricción en la aplicación del derecho a un caso concreto es adecuada o no lo es.
Cabe agregar que los derechos fundamentales, no solo han de ser regulados mediante ley, sino que han de ir regulados mediante Ley Orgánica. Éstas leyes se diferencian de las leyes ordinarias por el procedimiento de creación, modificación o derogación, las cuales exigen mayoría absoluta del congreso en una votación final, art. 81.1 CE.
Para el juez la reserva de ley supone que el quebrantamiento de estos derechos protegido, tiene una especial consideración dentro del ordenamiento, y por lo tanto, en el proceso han de cumplir las garantías procesales que tienen que estar presentes en cualquier litigio, tutela judicial efectiva, derecho a la defensa, derecho a la igualdad, a la elección de juez o asignación de éste, a un proceso sin dilaciones, y derecho a un proceso justo y equitativo, asimismo como un proceso que tenga preferencia frente al resto, y donde rija la sumariedad. El juez forma parte del poder judicial, el cual es un órgano 4 público, así que la propia figura del juez puede quebrantar esos derechos protegidos por reserva de ley, con lo cual se tiene que tener una especial consideración frente a los derechos fundamentales.
Remisión a la ley y que nadie puede ser privado de su libertad. Lo establecido en este artículo: casos y formas previstos en la ley. Establece una reserva de ley.
Art. 5 CEDH ¿Qué condiciones sustantivas se establecen a la detención preventiva según la Constitución (art. 17.2 CE) y la interpretación del Tribunal Constitucional? La prisión provisional es una medida cautelar, recogida en el artículo 58 del Código Penal español, que afecta de manera directa al derecho de la libertad personal durante un plazo de tiempo, normalmente hasta la celebración del juicio revocable mediante auto motivado por el juez. El artículo 17.2 CE señala que dicha detención no pude durar más del tiempo estrictamente necesario, y el plazo máximo es de 72 horas. El Tribunal Constitucional al no declarar esta práctica inconstitucional, se presume de iuris tantum, que es lícita y de acuerdo con la ley. La prisión provisional no puede declararse constitucional de iuris et de iure, ya que atenta contra la libertad de la persona, y afecta al latinismo in dubio pro reo. Si bien es cierto, la prisión provisional no se aplica en todos los casos en los que haya un proceso penal, sino únicamente en aquellos previstos en la ley.
Finalidad: Esclarecer los hechos. Convenio, indicios razonables para esta detención.
Sospechoso de haber cometido un delito.
Duración: Tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes hasta la aclaración de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. ART. 55, plazo suspendible. Estado de alarma, sitio o excepción. 48 horas más de las habituales 5 ¿Qué condiciones establecen la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos a la regulación por ley de la prisión provisional? ¿Y a la resolución judicial sobre la prisión provisional? La constitución Española establece en el artículo 17.2, las condiciones que han de darse en la prisión provisional, mencionadas en el anterior ejercicio; no podrá durar más de 72 horas y una vez se ha cumplido el plazo estimado, el detenido tendrá que ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Asimismo, en el artículo 17.3, se recogen los derechos de los que dispone toda persona detenida, indistintamente de que vaya a ser puesta en prisión provisional: “Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”. La regulación por ley dela prisión preventiva tiene una estrecha relación con el principio de legalidad y seguridad jurídica, art. 9.3 CE, pues tal y como se afirma en el art. 17.1, dicha práctica se realizará en los casos previstos en la ley, en ausencia de ley, la prisión preventiva sería ilícita y coincidiría con el hecho típico del habeas corpus, es decir, la detención ilegal de un individuo. La ley que regula las detenciones provisionales en el ordenamiento jurídico español, es la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. Las leyes orgánicas tienen su fundamento en la regulación de derechos con una especial relevancia constitucional.
La ley manifiesta que solo podrá decretar la prisión provisional el juez o magistrado instructor, o el juez que conozca la causa. Cabe señalar que dicha prevención de la libertad solo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, y cuando no existan medidas menos gravosas para el derecho a la libertad, es decir, mediante el juicio de la proporcionalidad el cual ayuda a la definición del contenido del derecho fundamental, la medida que se aplica tiene que buscar un fin y no puede ser abusiva. El juez antes de adoptar la prisión provisional ha de considerar las circunstancias del imputado, ya que podría ser contraproducente para el alcance del fin, y por último, no se podrá privar de libertad a una persona que pueda alegar alguna causa de justificación: 1) Legítima 6 defensa, 2) Estado de necesidad, 3) actuar en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, cargo u oficio. La obediencia debida. 4) El consentimiento.
En los artículos siguientes de la ley, se prevén las concurrencias a darse para que pueda proceder la prisión provisional, entre ellas que el imputado sea peligroso, es decir, que haya una alta probabilidad de que reincida, o que sea altamente probable que se dé a la fuga para evitar el litigio.
En el ámbito internacional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos regula en su artículo 5 titulado: Derecho a la libertad y a la seguridad, las condiciones bajo las cuales ha de producirse cualquier actividad que provoque la privación de libertad de una persona, y que se efectúe siempre según lo establecido en la ley y conforme a derecho.
      Si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente; Si ha sido detenido o privado de libertad, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley; Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido ; Si se trata de la privación de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente ; Si se trata de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de en enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo; Si se trata de la detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.
Como puede observarse, muchas de las condiciones coinciden con los artículos 17.1, 17.2 y 17.3 de la Constitución, y con los artículos de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.
7 En cuanto a la resolución judicial sobre la prisión provisional, una vez el reo haya cumplido el cupo de horas legalmente permitidas para estar en prisión provisional, tal y como indica la Constitución (art. 17.2), la LO que regula la prisión provisional, y el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el imputado ya no podrá alegar la protección que afecta las detenciones provisionales, pues será o puesto en libertad o puesto a disposición judicial, donde regirán otros preceptos jurídicos. El juez antes de dictar dicha resolución ha de escuchar al reo, o a su representante legal/ Abogado, así como al Ministerio Fiscal. De esta manera la resolución no carecerá de fundamento jurídico.
Art. 17.4 Después del Habeas Corpus. Prisión provisional.
Según el Tribunal Constitucional, ¿puede el legislador restringir la libre elección de abogado del detenido y su derecho a la comunicación reservada con su abogado (17.3 CE)? ¿En qué supuestos y con qué condiciones? Como norma general, el legislador no puede restringir la libre elección de abogado del detenido y su derecho a la comunicación reservada con su abogado, pero hay determinados supuestos previstos en la ley, en los que el legislador puede efectivamente realizar tales acciones. En el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se regula la prisión provisional destinada a personas las cuales hayan participado en algún delito tipificado en el artículo 384 bis, es decir, delitos que tengan relación con bandas armadas, terroristas o rebeldes. La persona que se encuentre en prisión preventiva y esté relacionada con alguno de los delitos mencionados anteriormente, tendrá que ser puesta a disposición judicial en menos de 72 horas, o excepcionalmente, en un plazo 48 horas una vez se hayan cumplido esas 72.
En dichos casos, se podrá solicitar del Juez que decrete la incomunicación, mediante una resolución motivada, en el plazo de 24 horas. Si se efectúa la incomunicación, la persona a la persona se le asignará un abogado de oficio (art. 527 LECrim), pues como en todo proceso judicial, ha de darse la garantía de la defensa.
8 ¿En qué casos es aplicable el habeas corpus (17.4 CE)? ¿Qué procedimiento debes seguir? El habeas corpus es una institución jurídica, regulada en la Constitución Española en el artículo 17.4, que asegura los derechos básicos de la víctima que ha sufrido arrestos o detenciones arbitrarias, es decir, injustificadas: “La ley regulará un procedimiento de hábeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional”. Del mismo modo que la prisión provisional, el habeas corpus se regulara por Ley Orgánica, en concreto por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus, ya que es una figura tipificada que cumple los requisitos de los artículos 52.1 CE y 81.1 CE.
Habeas Corpus es aplicable en los siguientes casos, recogidos en el artículo 1, LO que regula el Habeas Corpus: A los efectos de esta Ley se consideran personas ilegalmente detenidas: a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes.
b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida.
El procedimiento a seguir tras unas detenciones injustificadas por parte de la autoridad judicial, se encuentra regulado en el artículo 4 de la misma ley mencionada anteriormente. El juez competente para conocer la cuestión es el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad, y si éste no inicia de oficio el proceso, se hará por medio de escrito o comparecencia. En dicho escrito deberá constar: 9 a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta Ley.
b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes.
c) El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus».
Esta solicitud de habeas corpus deberá ponerse en conocimiento del juez competente de forma inmediata, el cual examinará las causas de dará traslado del hecho al Ministerio Fiscal, encargado de defender la legalidad y promover la justicia. El juez citará a la persona que haya ordenado la detención del individuo, y antes de dictar el auto resolutorio de la cuestión, deberá escuchar al detenido o su representante, y a la persona citada.
El auto puede desestimar la solicitud de Habeas Corpus, lo cual provoca que se archive la causa pues se ha actuado conforme a la legalidad, y si se estima la solicitud, la persona no pude continuar estando privada de libertad en el caso que su detención fuese ilegal, y si es legal pero no se han cumplido algunos de los requisitos que la ley expresamente firmaba, se tendrán que subsanar esos errores y efectuar la detención provisional en el caso que fuera necesario, conforme a la legalidad.
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