Principios y bases del Derecho Penal (2014)

Resumen Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Derecho + Global Governance - 1º curso
Asignatura Derecho Penal
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 14/10/2014
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Resumen de las págs. 67-85 del libro de Quintero Olivares.

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Pag. 67 El DP tiene más funciones a parte de combatir la criminalidad  pretende ordenar la convivencia de todos. Importancia de la potestad punitiva.
Pag. 68 Según Wenzel, el DP promociona una ética colectiva; por eso las leyes penales son esenciales: definen las reglas ético-sociales básicas de una comunidad. El cumplimiento de estas normas es el mínimo ético-social necesario, y la potestad punitiva no debería ordenar la conducta ciudadana más allá de esos mínimos. En ese caso, se convertiría en antidemocrática.
Los bienes jurídicos son los intereses generalmente apreciados que reciben protección por parte de las leyes penales (vida, propiedad, etc.)  la población desea que se protejan.
Aunque algunas acciones del DP y sus leyes pueden ser reprobadas por un grupo de ciudadanos, no debe traspasar el mínimo tolerable que se le supone.
Pag. 69 Principios teóricos: a) Leyes penales  mínimo de reglas de convivencia; no son exactamente un código ético.
b) Ese mínimo se expresa en la prohibición de determinadas acciones u omisiones que atentan contra intereses apreciados por casi todos (ya que se tienen como esenciales).
c) Las leyes penales protegen bienes jurídicos. El bien jurídico lo será si sea visto como esencial y positivo. Así, si una ley penal prohíbe una acción no será porque “traspasa el mínimo ético socialmente comparable”.
d) Si la ley penal no ampara un interés no compartido por una mayoría, esa ley no será derecho  la potestad punitiva estará al servicio del grupo que la domine, no al servicio de la comunidad.
La lesión, destrucción o puesta en peligro del bien jurídico se suele considerar como injusta. La ley penal solo puede orientarse a la protección de estos bienes en torno a una coincidencia de opiniones acerca de los bienes jurídicos.
Pag. 70 Se debe prescindir de teorías más bien subjetivas (filosofía de valores) y de aquellas que confunden bienes jurídicos y derechos humanos, fundamentales y sociales  éstos ya están garantizados en la Constitución. Otros derechos son amparados por leyes no penales.
Entramado social con relaciones entre individuos y cosas en una compleja red que se quiere mantener de forma mayoritaria  sin ello no existiría el Estado de Derecho. Mantener esta red significa que algunos intereses (ya sean derechos humanos fundamentales o piezas necesarias para el funcionamiento de la red) sean penalmente punibles. La ley penal, sin embargo, sólo consigue la total custodia sobre algunos casos si se combina con otras leyes o con el control político y social. Por ejemplo, un control riguroso de las empresas contaminantes protege mejor el medio ambiente que la aplicación de leyes penales protegiéndolo.
Pag. 71 El DP es el instrumento delimitador del mínimo ético-social necesario y obedece al propósito de proteger la sociedad. Quien detenta la potestad punitiva la utilizará sólo con ese fin. Pero entonces se debe establecer un equilibrio entre la protección de la sociedad y la protección de los individuos.
El DP moderno puede situarse más o menos alrededor de la Revolución Francesa  antes el DP no era garante de la protección de la sociedad y del individuo, sino que pretendía defender el poder absoluto del soberano o en la imposición violenta de una moral o religión. A partir de la Revolución es posible hablar de un sentido jurídico de la función opresora del DP. En la primera mitad del siglo XIX aparece el Estado de Derecho liberal. Los derechos individuales dependen de la carga ideológica del ordenamiento jurídico-público. Pero no hay preocupación por lo social ya que los derechos individuales dependían de la consideración de los juristas que participaban en la gestión pública  no participaban los individuos.
Pag. 72 Segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX: plantea el delito como un problema social y comunitario. Se puede integrar al delincuente en la sociedad o apartarlo de ella. La reacción punitiva no debía ser sólo hacer pagar al delincuente en privación de su libertad, ya que entonces no se aplaca la problemática social que conlleva la comisión del delito. La sociedad, entonces, protege a la sociedad del individuo y no retribuye a éste.
Algunas doctrinas se radicalizaron al utilitarismo  defienden que se establezcan medidas preventivas (que restringirían las libertades y traicionarían las garantías mínimas del Estado de Derecho) y la pena de muerte para aquellos imposibles de resocializar.
Pag. 73 DP de la etapa nacionalsocialista (nazi): obsesión por el grupo compuesto por la raza aria y desprecio a los derechos individuales. Para los nuevos juristas, los antiguos sistemas de los siglos XIX-XX permitía escapar del castigo al transgresor mediante las subjetivas elucubraciones e interpretación de los juristas y complejos recursos jurídicos  los juristas son los obstaculizadores de la justicia del pueblo alemán. Por ello, las interpretaciones no debían hacerse según los textos legales sino en atención a los sentimientos de la raza aria. Esto conllevó al pisoteo de los derechos individuales. El terror penal nazi es un caso de hipertrofia del objetivo de protección de la sociedad, objetivo del DP y la potestad punitiva. La función represora debe estar a medio camino entre la pasividad despreocupada de la dimensión social del fenómeno delictivo y la represión inútil e innecesaria.
Pag. 74 Es imprescindible encontrar un equilibrio justo que satisfaga las necesidades sociales y las garantías democráticas o la protección de la sociedad y la del individuo, lo cual exige una sólida base en la Constitución. La potestad punitiva debe proteger los intereses sociales, no sólo de un grupo. Las leyes penales tienen que hacer un servicio a la sociedad (una utilidad social); las cadenas de larga duración son innecesarias y no colaboran con el problema social.
Asimismo la solución de un problema social no debe justificar la renuncia a los derechos individuales. La sociedad actual, sin embargo, suele exigir un uso indiscriminado de la represión penal sin entrar a valorar su utilidad social.
Pag. 75 El principio de intervención mínima a) Está ligado a la protección exclusiva del DP sobre bienes jurídicos. El DP no puede emplearse en defender intereses minoritarios y ni siquiera es adecuado recurrir a él si se puede acudir a otros instrumentos fuera del DP. La idea de que la pena es una solución imperfecta que se debe utilizar solo como último recurso (ultima ratio) obliga a reducir al máximo el recurso al DP  intervención mínima.
b) Para que la ley penal no se transforme en un instrumento al servicio de quienes detentan la potestad punitiva Y legislativa, se crea un límite fundamental: las leyes penales se justifican porque protegen a un valor/interés reconocido como esencial. Si el DP se aparta de este objetivo y las leyes se usan como deberes, serán formalmente leyes penales pero no derecho penal propio de un Estado de Derecho.
c) El principio de intervención mínima y la protección de bienes jurídicos deben acompañarse del equilibrio en la tutela de bienes jurídicos.
d) La intervención mínima debe evitar que el DP se utilice como mecanismo para imponer concepciones morales o ideológicas que sólo representan a un sector de la sociedad. En esos casos, la potestad punitiva se excedería de los límites democráticos.
Pag. 76 Principio de culpabilidad El DP también tiene una dimensión dinámica o aplicativa, es decir, la aplicación de las penas a los transgresores de la norma: reprime las voluntades que se han negado de todas las maneras a seguir la ordenación.
El concepto de culpabilidad es poco claro  su significado puro original era un “reproche que se hace al autor por haber decidido, en uso de su libre albedrío, optar por el mal.” La pena no se identifica con un reproche moral ya que confunde la moral con el derecho y porque en verdad es una solución de último recurso cuando no hay otro remedio, no un reproche.
Pag. 77 El concepto de culpabilidad es básico en el DP pues tiene funciones esenciales como a individualización de la responsabilidad, la fundamentación de la pena y la limitación de su duración. Estas cuestiones se explican jurídicamente en función de este concepto.
Se debe diferenciar el principio de culpabilidad y las garantías democráticas que supone del concepto en sí de culpabilidad, su fundamento y sus funciones. Aunque hay un relativo consenso en torno a las garantías del principio de culpabilidad, no lo hay en la idea misma de culpabilidad… aunque ésta es uno de los vertebradores del DP en un Estado de Derecho.
Pag. 78 El principio de culpabilidad es un criterio rector de la política criminal y de la legislación penal; se pretende así preservar unas garantías que se incluyen en el mismo principio y que son la consolidación de la evolución del DP.
Límites derivados del principio de culpabilidad: 1) Consecuencias limitadoras: a) La exigencia de dolo o culpa: no-aplicación de la pena si el hecho no es atribuible al autor a título de imprudencia.
b) La pena se contrae al hecho propio (individualización del delito).
c) Tener en cuenta la situación del autor al tiempo de cometer el delito para que las circunstancias puedan jugar su papel eximente o reductor. Es importante en este aspecto el grado de conocimiento que tenía el autor sobre la responsabilidad jurídica del hecho.
d) Principio de proporcionalidad: equilibrio entre el castigo y el injusto  que la pena no sea desproporcionada pero tampoco laxa.
2) Estos principios son exigidos porque lo impone el Estado de Derecho, sean o no consecuencias de la culpabilidad. Son garantías del principio de culpabilidad sin entrar a valorar el concepto esencial de culpabilidad.
Pag. 79 Estamos equivocados si pensamos que nuestro sistema penal garantiza que se realizará un examen preciso y personal de las circunstancias del malhechor en orden a comprender si era exigible y esperable o ni que respetara las prohibiciones, pues será demasiado exhaustivo.
Pero tampoco es cierto que no se respetan las garantías o que no se valoran las circunstancias personales al aplicar la justicia penal. Cuando se dice que la culpabilidad es el reproche al autor por el hecho se está usando un conjunto de elementos valorativos difíciles de demostrar o comprobar en cada caso. La culpabilidad se basa en referencia al llamado hombre medio, que no haría un delito. Por definición, el reo o acusado es tan distinto a ese hombre medio que incluso ha actuado haciendo un delito. Por ello no se debe caer en el simplismo con que se produce el juicio de culpabilidad.
Aunque, como vemos, el concepto de culpabilidad aún es inconsistente y poco claro, muchos criminalistas siguen aferrándose a él porque no parece que haya mejores alternativas.
Pag. 80 Los principios de humanidad de las penas y dignidad de la persona en cuanto a límites de duración y ejecución de las penas La pena es la última fase del ejercicio de la potestad punitiva. El ámbito penal se ha ido reduciendo hasta llegar a la concreción de la potestad punitiva sobre el transgresor: ya se puede actuar la represión, la duración de ésta debe ser proporcionada según el grado de importancia del bien jurídico violado y las características del hecho y autor. Hay que recordar que la pena es la ultima ratio  a la que acudir para que subsistan las reglas de convivencia. La pena es el reconocimiento también de la existencia de individuos que optan por la desviación criminal. Es por eso que la pena es un inevitable acto de fuerza. La aplicación de la pena sólo será aceptada cuando sea utilizada como ultima ratio, como solución imprescindible.
La duración máxima de la pena debe estar fijada en la Ley, y su ejecución debe responder a las ideas vistas antes de si es necesaria y resocializadora. En el Código español se establece una pena mínima. Estas ideas no se ligan a la benevolencia o caridad, sino al respeto a la persona humana y a la necesidad del castigo como último recurso.
Pag. 81 El principio de humanidad de las penas actúa como límite de la potestad punitiva, y por eso es incompatible con la existencia de la pena de muerte o los castigos corporales o infamantes (además, excluidos en la Constitución) así como las cadenas perpetuas.
La Constitución Española misma contempla las penas privativas de libertad como orientadas a la reeducación y reinserción social. El motivo de que se constitucionalice este aspecto del DP es que en él coinciden los derechos fundamentales y los deberes de la colectividad y del particular. Últimamente se pretendía resocializar al delincuente con el fin de terminar con las penas en sí mismas, pero este concepto parece haber entrado en crisis. La idea resocializadora puede distinguirse como fin legitimador del DP y como postulado garantista y limitador del DP.
Pag. 82 El principio de dignidad personal (también presente en la Constitución) es un postulado garantizador para impedir el terror estatal en el ámbito penal. Así se desarrolla la libre personalidad del individuo mediante el ejercicio de sus garantías y derechos fundamentales.
Las ideas en favor de un absoluto y máxima socialización y reinserción social se trazan siempre desde el Estado. Es difícil compatibilizar las funciones de protección de bienes jurídicos y de reinserción. Los fines de la resocialización están presentes en la Constitución en el catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas, y para interpretarla correctamente debe conjugarse con el concepto de dignidad humana.
Hoy en día en España es claro que el fin resocializador ha quedado subordinado al de la represión en aras del interés general.
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