Tema 5: Interpretación del Derecho (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Teoria del Derecho
Año del apunte 2013
Páginas 6
Fecha de subida 02/10/2014
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Teoria del Derecho completo - Castellano

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Tema 5. Interpretación del Derecho 1. Aclaraciones lingüísticas Deberemos diferenciar el valor semántico de cada una de las palabras siguientes: Signos/Símbolos. Los primeros son naturales, los segundos responden a un significado que se les atribuye por un convencionalismo. No es lo mismo ver una nube y pensar que va a llover, que interpretar que no se debe cruzar una calzada porque el semáforo está en rojo.
Nombres propios/Palabras de clase. Los primeros designan una realidad concreta, las segundas agrupan nombres propios que poseen propiedades comunes. “Londres” es un nombre propio, mientras que “ciudad” es una palabra de clase.
Denotación/Connotación. Las palabras de clase tienen estas dos funciones.
La denotación de “ciudad” es todas y cada una de las ciudades. La connotación es el conjunto de propiedades necesarias para que algo reciba el nombre de “ciudad” (conjunto de más de 10.000 habitantes, p.e.) 2. Problemas de interpretación Son causados por el carácter impreciso de todos los llamados “lenguajes naturales” (es decir, el castellano, el catalán, etc.), a diferencia de los “racionales”.
Distinguimos tres grandes problemas en la interpretación jurídica de textos normativos: Ambigüedad. Concepto propio de las palabras.
Una palabra es ambigua cuando posee más de un significado o, lo que es lo mismo, expresa más de un concepto.
Distinguimos diversos tipos de ambigüedad: La provocada por una mera homonimia se resuelve observando el contexto. Si la palabra a interpretar es “banco”, acudiremos a la oración en que se encuentre y decidiremos si se habla de un establecimiento de crédito o de un tipo de asiento.
La ambigüedad relacional consiste en que los significados posibles de una palabra están relacionados entre sí (como en el caso de “interpretación”, que puede ser a la vez producto y causa) y resulta difícil discernir cuál de ellos es el más adecuado.
La ambigüedad sintáctica se da en construcciones como las de relativo, en que no se sabe a ciencia cierta si la subordinada se refiere a un sintagma o a un conjunto de sintagmas coordinado por una conjunción. Se resuelve mediante una estipulación de cuál es la interpretación correcta, que no parte de un conocimiento lingüístico sino de una decisión. Por ejemplo, lo vemos en “son bienes privativos de cada uno de los cónyuges: las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor” (art.
1347.7.º CC).
Vaguedad. Concepto propio de los significados.
Una vez interpretado o estipulado el significado de una palabra, puede surgir el conflicto de descubrir a qué objetos se puede aplicar tal palabra.
Distinguiremos varios tipos de vaguedad: La referida a aquella que se deriva de la imposible concreción de su aplicación (no de su significado). Carece de sentido preguntarse a qué edad se deja de ser joven o cuántos pelos se pueden perder antes de ser considerado calvo; lo que se hace es dividir la línea continua de propiedades a tener en cuenta, para usar uno u otro término, con varias palabras: así, la edad con “joven”, “viejo”, “adulto”.
La que resulta de una duda acerca de cuáles son los semas más importantes dentro del significado de una palabra, con el objetivo de discernir si un objeto puede ser encuadrado dentro de tal palabra o no. Si tenemos en cuenta que un sema de “vehículo” es “que transporta cosas o personas en cualquier dirección”, ¿podemos decir que un ascensor es un vehículo? Así pues, vemos que solucionar la vaguedad de una palabra no depende, una vez más, del conocimiento lingüístico de una persona, sino de la decisión interpretativa que tome.
Textura abierta del lenguaje.
Concepto que se basa en el hecho de que no podemos afirmar qué propiedades tendrán los objetos en un futuro, por lo que se crea una vaguedad potencial o “textura abierta del lenguaje”, según Waismann.
Todas las palabras y, por ende, textos normativos poseen esta vaguedad potencial, ya que no podemos concluir que todos los casos posibles de aplicación de éstos van a ser invariables, o que no se le va a añadir nunca jamás un caso no contemplado en ese momento.
Así, por ejemplo, la expresión “bienes de lujo” no implica lo mismo en todo momento. Una televisión ahora no es un bien de lujo, y cuando se inventó sí que lo era. La vaguedad potencial, pues, ayuda al mantenimiento de las normas como vigentes, puesto que hace necesario que se vayan reinterpretando continuamente.
3. Lenguaje jurídico y lenguaje natural Si bien el lenguaje jurídico es más técnico que el natural, no se puede afirmar que carece de ambigüedad y vaguedad, como los lenguajes formales (mates, lógica), en tanto que las definiciones de sus tecnicismos vienen explicadas en lenguaje natural.
Numerosas sentencias vienen a minimizar el problema de la ambigüedad y vaguedad del lenguaje jurídico, pero siempre queda al designio de los jueces la interpretación de toda formulación normativa aplicable a un caso concreto.
4. Teorías de la interpretación jurídica Un enunciado interpretativo es todo aquél que responde a la estructura “F significa S”, de tal manera que F es una formulación normativa determinada y S es el significado definido.
La discusión acerca de la fuerza que tales enunciados poseen es analizada desde tres concepciones diferentes: 4.1.
Concepción cognoscitivista Para ellos, interpretar una formulación normativa F es, en cualquier caso, detectar el significado de F, informando que F tiene el significado S. De esta concepción extraemos enunciados interpretativos proposicionales, susceptibles de falsación y verificación.
Limita la interpretación de las normas al mínimo, puesto que una vez estipulado el significado de una formulación normativa, sólo cabe ya su aplicación.
4.2.
Concepción no cognoscitivista Para ellos, interpretar una formulación normativa F es, en cualquier caso, adjudicar un significado a F, estipulando que F tiene el significado S. De esta concepción extraemos enunciados interpretativos no proposicionales, no susceptibles de falsación y verificación.
De esta forma, ninguna cuestión jurídica tiene una respuesta correcta previa a la decisión judicial, por la sencilla razón de que los textos legales son esencialmente indeterminados.
Esta concepción es problemática en la medida que, al fijarse sólo en el proceso judicial, puede ofrecer una imagen distorsionada del Derecho, como si todo lo relacionado con el Derecho fuera de carácter oscuro y problemático.
Existen contratos legales que se cumplen sin problema alguno, y hay formulaciones normativas que no ofrecen excesivos problemas de interpretación, como el art. 12 de la CE: “la mayoría de edad se alcanza a los 18 años”.
4.3.
Concepción intermedia Para ellos, interpretar una formulación normativa F puede ser, o bien adjudicar un significado a F, estipulando que F tiene el significado S, o bien detectar el significado de F, informando que F tiene el significado S.
De acuerdo con esta concepción, pues, en determinados casos la actividad interpretativa es una acción cognoscitiva y en otros es decisoria. Los textos legales, pues, estarían parcialmente indeterminados: en los casos típicos, el Derecho se halla determinado y hay respuesta concreta para ellos; en los atípicos, el Derecho no se halla previamente determinado y no existe respuesta correcta anterior a la decisión judicial.
5. Técnicas interpretativas Toda interpretación puede ser clasificada como literal o como correctora.
5.1.
Interpretación literal Definición Es aquella que se adecúa al uso común de las palabras y reglas gramaticales en una determinada comunidad.
Argumentos justificadores de una interpretación literal Algunos justifican que no se debe ir más allá de lo que el legislador quiso decir, basándose en la máxima de in claris non fit interpretatio.
Se suele usar un argumento a contrario para justificar una interpretación literal. Pero este argumento arroja imágenes tan diversas, que lo mejor será distinguir tres variantes del mismo: En una primera variante, diríamos que el argumento excluye toda interpretación correctora. Se diría que el legislador dijo exactamente lo que quiso decir, excluyendo que haya que interpretar más de lo que dijo, pero también menos de lo que dijo. Una formulación normativa que hable de “animales”, pues, no hablará de “plantas”, pero tampoco de “animales irracionales”, sino de todos los animales (seres humanos incluidos).
En la segunda, vemos que el argumento excluye una de las dos interpretaciones correctoras: la extensiva. La restrictiva, sin embargo, la permite.
El argumento pasa a poder ser utilizado ya por las interpretaciones literales y por las correctoras restrictivas. Una formulación normativa que hable de “animales”, pues, no hablará de “plantas”, pero sí podrá no hablar de “animales racionales”.
La tercera es la que prevalece entre los juristas. No concibe este argumento como un argumento interpretativo, sino como el justificador de una nueva norma.
En las lagunas normativas se aplica mucho este tipo de razonamientos a sensu contrario. En la sentencia del TC 21/1981, 15 de junio se interpreta el art. 25 de la CE, que reza: “La Administración Civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad”. De este art., el TC extrae que la Militar sí puede imponer tal tipo de sanciones.
Si bien este razonamiento incurre en una falacia y no es lógicamente defendible, puesto que de la proposición “A C” no se infiere que “B ¬C”, lo cierto es que, como ya hemos dicho, es el más extendido.
5.2.
Interpretación correctora Definición Se define por oposición a la literal. Atribuye a un texto normativo un significado distinto al que tendría según el uso común de las palabras y reglas gramaticales en una determinada comunidad.
Puede ser extensiva o restrictiva. Es extensiva si amplía el significado literal de una formulación normativa (la denotación usual de las palabras).
Es restrictiva si reduce el significado literal de una formulación normativa, excluyendo de su campo de aplicación supuestos que, interpretados literalmente, entrarían en él.
Argumentos justificadores de una interpretación extensiva Dos son los argumentos que la justifican. El analógico (o a simili) y el a fortiori.
Argumento analógico: Se resuelven los casos no contemplados por el sistema jurídico (llamémosles C’) mediante la comparación con casos sí contemplados (llamémosles C’’) y con una solución normativa (S), de tal manera que “Si C’’, entonces S”, tendremos que “Si C’, entonces S”. A este respecto, el CC dispone que: Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.
Vemos que el argumento analógico llega a la misma consecuencia que el a sensu contrario (tercera versión): la creación judicial de una nueva norma para un caso en el que existe una laguna normativa. Sin embargo, mientras que el a sensu contrario establecería, en la siguiente formulación municipal: “Los perros deben ser vacunados” que los gatos no tienen por qué ser vacunados; mientras que eso sucedería, un argumento analógico crearía una relación de similitud por identidad de razones (evitar infecciones y enfermedades) y aplicaría la norma a los gatos.
Argumento a fortiori: Usa el mismo sistema que el analógico, pero en vez de por similitud aplica la S de C’’ a C’ por una mayor razón. Esta mayor razón tendrá dos variantes: a majori ad minus, si interpreta disposiciones que confieren permisos (los bancos pueden cobrar un interés del 20%, por lo que pueden cobrar un 10%); a minori ad majus, si interpreta obligaciones o prohibiciones (si se prohíbe viajar con perros, no se puede viajar tampoco con elefantes).
Argumentos justificadores de una interpretación restrictiva Los argumentos que se suelen utilizar son los de ad absurdum o el teleológico; añadir matices a una disposición normativa con el fin de ajustarla a lo que se considera que era el objetivo del legislador, para que no nos lleve a situaciones absurdas o aludiendo a la finalidad que se perseguía con la normativa.
5.3. Argumentos justificadores de una interpretación literal o correctora Los siguientes argumentos pueden ser usados para reforzar cualquiera de las interpretaciones posibles expuestas arriba, así como cualquier argumento de los explicados.
Argumento psicológico Se acude a la voluntad que se le supone al legislador que creó la norma en cuestión, según lo que éste expresase en el Preámbulo de la Ley o similares.
Argumento sedes materiae Se acude a la posición de los textos normativos a tener en cuenta. En un conflicto entre dos derechos expresados en la CE, por ejemplo, tendrá preferencia el que pertenezca a los principios rectores, frente a un derecho de la ciudadanía.
Argumento teleológico Se atiende a la finalidad objetiva que se le supone a la norma analizada, partiendo del razonamiento de que tal norma se creó para dar solución a una determinada finalidad.
Argumento económico Se interpreta una formulación normativa prescindiendo de aquellos significados ya expresados por otras formulaciones ya interpretadas, para “economizarlas”.
Argumento a coherentia Se interpreta una formulación normativa prescindiendo de aquellos significados que contradigan a los expresados por otras formulaciones ya interpretadas.
Argumento ad absurdum Se interpreta una formulación normativa prescindiendo de aquellos significados que dén lugar a consecuencias absurdas o que contrasten con valoraciones del sentido común.
Argumento pragmático Se interpreta una formulación normativa optando por aquel significado que lo haga más eficaz para lograr su finalidad, prescindiendo de aquellos significados que la conviertan en ineficaz a ese respecto.
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