5: Libertad de Información y Expresión (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Derecho y Factor Religioso
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 29/07/2017
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Tema 5

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Tema 5: Libertad de Información y Expresión La opinión pública libre es el pilar fundamental de toda sociedad democrática, es más, las libertades de expresión e información son los derechos que permiten que se construya esa opinión pública libre.
En la formación de la opinión pública tienen un papel fundamental los medios de comunicación. En consecuencia, las libertades de información y de expresión son consideradas, además de derechos, una garantía institucional, ya que son necesarias para la realización de los principios de pluralismo y la tolerancia.
La Constitución en el artículo 20 garantiza la comunicación pública libre como un principio de legitimidad democrática.
Esta es la razón por la que se otorga a las libertades previstas en el artículo 20 una protección especial.
1. El Código Informativo.
En primer lugar encontramos la Constitución, que se refiere a estas dos libertades en el artículo 20. En este artículo se recogen y reconocen los derechos fundamentales relacionados con el proceso de la comunicación, y se establecen las garantías necesarias para su protección. Se prohíbe la censura, así como el secuestro, y se concretan los límites a estos derechos fundamentales. Otros artículos relacionados con estas libertades en la Constitución son el artículo 1.1 relativo al pluralismo, el artículo 16.1 en cuanto al ejercicio de la libertad ideológica y religiosa, y el artículo 14 sobre el principio de igualdad, tolerancia y no discriminación.
Todos estos artículos, además, en relación al 9.2, que condiciona el alcance y ejercicio, así como la cooperación de los poderes públicos. Por último, el artículo 10 destaca la dignidad de la persona y los derechos que son inviolables, siendo estas dos libertades parte del contenido de estos derechos.
Los tratados internacionales sobre esta materia ratificados por España son fundamentalmente: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En los tres expresamente se reconoce el ejercicio de las libertades de información y expresión, otorgándole una máxima protección.
Entre las leyes de la legislación de desarrollo que existen, vamos a destacar las siguientes: - La Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.
- La Ley Orgánica reguladora del derecho de ratificación.
- La Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- La Ley Orgánica de protección jurídica del menor.
2. Libertad de Información y Libertad de Expresión.
La libertad de expresión protege la difusión de ideas y opiniones, por tanto libertad de expresión es igual a protección de ideas. La libertad de expresión protege todo acto mediante el que se comunican ideas, incluyendo los pensamientos y los juicios de valor, y, en consecuencia, es un derecho cuya titularidad corresponde por igual a todos los ciudadanos.
Por otro lado, la libertad de información ampara la comunicación de hecho, se refiere a hechos que, además, tienen trascendencia pública, es decir, que por su relevancia puedan ser considerados de interés público. La libertad de información, por tanto, no es un derecho de titularidad de todos los ciudadanos, sino únicamente de las personas que lo realizan cumpliendo determinados requisitos.
La libertad de información aparece recogida en el artículo 20.1.d de la Constitución. Comprende dos derechos: - El derecho que defiende la posición del emisor en el proceso de comunicación, esto se llama la posición activa.
- El derecho del receptor en el proceso de la comunicación, la posición pasiva.
La posición activa sería el derecho que defiende la posibilidad de comunicar, mientras que la pasiva sería el derecho a recibir la información. Este derecho a la información, además, exige determinados requisitos para que merezca una protección especial. Estos son los siguientes: que se trate de una información veraz y que tenga interés público.
Por información veraz se entiende que esta tiene que estar contrastada de forma suficiente, y por una información de interés público se entiende que esta tiene que ser relevante y relativa a personas con trascendencia o notoriedad pública.
El ejercicio de la libertad de información debe, además, armonizarse con otros derechos, en concreto con los derechos relativos a las personas y a su dignidad, y de ahí nace el llamado derecho de rectificación, que no es otra cosa que un derecho defensivo. Es la defensa que el individuo tiene frente a la libertad de información, y que pretende resarcir la posible intromisión en los derechos al honor o a la imagen que se pudieran haber causado en el ejercicio del derecho de información. El derecho de rectificación en realidad no está recogido en la Constitución, sino que su regulación se lleva a cabo a través de una ley orgánica, y es el derecho que tiene toda persona, ya sea natural o jurídica, a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación sobre hechos que le aludan, y que considera inexactos y cuya divulgación pueda causarle un perjuicio. El derecho a la rectificación lo puede ejercitar tanto el aludido como su representante, y si el aludido hubiere fallecido lo ejercitan sus herederos o los representantes de estos. El derecho de rectificación solo se refiere a la difusión de hechos, no la emisión de opiniones. La rectificación consiste en la publicación gratuita e íntegra de la versión de los hechos del afectado en el mismo medio en el que se publicó y con la misma extensión o relevancia.
Además, la rectificación no debe llevar ningún comentario o apostilla. La finalidad del derecho de rectificación es evitar los posibles perjuicios, y esta debe limitarse únicamente a los hechos aludidos. El derecho de rectificación de ejercita mediante un escrito dirigido al director del medio y presentado durante los siete días siguientes a los que se publicó la información. Una vez recibido, el director del medio, siempre que se cumplan los requisitos, tiene obligación de publicar íntegra y gratuitamente el escrito dentro de los tres días siguientes a su recepción. En el caso de que no se publique o que lo publicado no se corresponda con lo remitido, el interesado tiene el derecho a acudir ante el juez de Primera Instancia solicitando que se ordene la publicación de la rectificación, y el juez resolverá ordenándola o denegándola.
Respecto a los límites de la libertad de información, el artículo 20 prohíbe la censura y el secuestro, pero esto más que un límite es una garantía. Ningún derecho, tal y como tiene reconocido nuestro Tribunal Constitucional, es ilimitado. Los principales límites de la libertad de expresión e información son: - El respeto al resto de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
- Específicamente aparece como límite el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.
- La protección de la juventud y la infancia. Esto se refiere tanto a aquellos casos en que el menor es objeto de información como en el supuesto en el que el menor es consumidor de la información.
- Existen otros límites establecidos en la ley y relativos a la suspensión temporal de estos derechos por circunstancias excepcionales, como son la situación de sitio o cuando se refiere a los secretos oficiales que pueden poner en peligro la defensa del Estado democrático.
3. La Posición de los Profesionales de la Información.
Los profesionales de la información poseen dos derechos especiales: La cláusula de conciencia, que es un derecho reconocido a todos los profesionales de la información, y consiste en que se les permite rescindir el contrato que les une con la empresa periodística obteniendo una indemnización siempre que se produzca un cambio notable y de carácter general en la línea informativa o ideológica de la empresa de comunicación. La cláusula de conciencia está regulada en una ley orgánica, y establece el derecho del periodista a recibir una indemnización, que será o bien la pactada en el contrato o la que correspondería en el caso de despido improcedente. Evidentemente, la cláusula de conciencia, en principio, solo podría ser alegada en empresas periodísticas de titularidad privada, ya que las de titularidad pública están recogidas por el principio de neutralidad. El fundamento de esta cláusula se encuentra no solo en garantizar la libertad de conciencia del periodista, sino sobre todo garantizar la independencia del periodista y, en consecuencia, garantizar el pluralismo y la formación de la opinión pública libre. Los titulares de la cláusula de conciencia son siempre los profesionales de la información, y esto a aquellas personas que tengan una relación laboral estable y a los que realizan una actividad remunerada de contenido siempre informativo e ideológico.
El segundo derecho especial de los periodistas es el secreto especial. Este aparece recogido en el artículo 20.d de nuestra Constitución, y consiste en el derecho de los informadores de no revelar las fuentes de información ni a terceros, ni a su empresa, ni a los poderes públicos. Esa facultad de no revelar las fuentes abarca tanto el derecho a no indicar dato alguno que pudiera suponer la identificación como la prohibición al registro de sus locales, sus archivos o cualquier tipo de elemento que ponga en peligro el secreto de su fuente.
El fundamento del secreto profesional se encuentra en la búsqueda libre de información, que a su vez garantiza el derecho de información de la colectividad. Se trata de un derecho fundamental, y además es una garantía del sistema al garantizar la formación de la opinión pública libre.
Los sujetos del secreto profesional, los titulares, son los profesionales de la información que realizan labores informativas, y también los colaboradores del periodista que contribuyen a formar la opinión pública libre.
4. Libertad Religiosa, Derecho de Información y Libertad de Expresión.
La libertad de expresión y el derecho de información presentan una relación directa con la libertad religiosa. El ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información religiosa significa que las confesiones religiosas pueden ser titulares de medios de comunicación, y además pueden reclamar el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de forma gratuita. Por último, el ejercicio de la libertad de expresión e información exige el respeto al derecho de libertad religiosa.
El derecho de acceso es la posibilidad de que las confesiones religiosas desarrollen la libertad de expresión e información en los medios de comunicación públicos. El derecho de acceso viene reconocido únicamente para los medios públicos, excluyendo expresamente los medios privados y la prensa escrita. Presenta una doble dimensión: es por una parte un derecho autónomo y por otro un derecho instrumental. Se apoya en el pluralismo, en la formación de la opinión pública libre, en la necesidad de que los grupos se expresen libremente y en el derecho a recibir una información veraz y objetiva.
La televisión pública se configura como un servicio público y, además, para los grupos religiosos es muy complejo tener medios de comunicación propios, por ello el medio público debe estar abierto a los diferentes credos religiosos de la misma manera que lo está a los diferentes credos e ideologías. En virtud de este mandato, el derecho de acceso se establece por dos vías: la primera a través de la participación de los grupos en las informaciones o programaciones de carácter general y la segunda mediante espacios específicos.
En el segundo caso, la distribución se establece actualmente de la siguiente manera: tienen acceso al medio las confesiones religiosas con acuerdo, es decir, los islámicos, los judíos y los protestantes, que tienen casa uno un programa semanal de 15 minutos y que se emite los domingos uno detrás de otro, y también la Iglesia católica, que cuenta con espacios de un tiempo total de 2 horas. El derecho de acceso incluye la obligación de la empresa televisiva de realizar estos programas sin coste económico para las confesiones. El contenido de los programas es determinado por cada confesión religiosa, y no pueden ser interrumpidos para publicidad si su duración es inferior a 30 minutos. Por último, los servicios religiosos no pueden ser interrumpidos nunca para publicidad, sin independencia de su duración.
Las confesiones religiosas, así como los grupos religiosos que legalmente estén reconocidos, pueden ser titulares de medios de comunicación en los mismos términos que cualquier otra entidad, es decir, sometidos al derecho común. Las empresas informativas de titularidad confesional, a su vez, pueden tener una finalidad de información general o un objetivo exclusivo de difusión del mensaje religioso. Dentro de las primeras, el ejemplo más claro es la cadena COPE, que tiene como objetivo la información general y no la religiosa de forma exclusiva, y como ejemplo típico que posea el objetivo de difusión del mensaje religioso nos encontramos Radio María.
El derecho de libertad religiosa, que es un derecho fundamental en nuestra Constitución, goza de una valoración positiva, pero la valoración de las distintas confesiones religiosas debe ser indiferente para el Estado. Esto no quiere decir que la libertad religiosa no sea un bien de protección especial sino todo lo contrario, el artículo 20.4 de la Constitución establece que las libertades de expresión e información deberán respetar determinados derechos, entre otros el de libertad religiosa. Esto significa que las confesiones religiosas pueden ser objeto de crítica e interpretación, pero, según ha establecido el Tribunal Constitucional, esas críticas no pueden pasar a constituir vejaciones o expresiones insultantes de carácter innecesario que en nada ayudan a la formación de la opinión pública libre. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que el límite de la libertad de expresión radica en que su ejercicio no implique un nivel de injuria tal que atente a la libertad de religión del otro, pues en este caso la libertad de expresión pierde el derecho a ser tolerada por la sociedad.
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