Tema 4 4/4 (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Tipologías penales
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 08/04/2016
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Tipos privilegiados Dejar en libertad a la persona detenida dentro de los tres primeros días de la detención. El Ap. 2 del art. 163 prevé un subtipo atenuado (pena inferior en grado), siempre que no se haya logrado el objeto que se hubiera propuesto. Doc. y jur.may., entienden que la atenuación prevista en el art. 163.2 responde a razones político-criminales. Consideran que lo que se pretende con la atenuación es que el autor deje en libertad al detenido lo más pronto posible, exigiéndose que el cese de la situación de privación de libertad responda a un acto voluntario y espontáneo del autor. El precepto es interpretado por un sector de la doctrina como una modalidad específica de arrepentimiento espontáneo. Sin embargo, el precepto no exige forma alguna de arrepentimiento. El art. 163.2 sólo establece dos requisitos objetivos: a) que sea el propio autor el que deje en libertad al detenido dentro de los tres primeros días de su detención; b) que no logre el objeto que se había propuesto, más allá de la propia detención. Por tanto, cuando el autor tiene previsto desde el principio mantener a la víctima privada de libertad por un breve espacio de tiempo, no hay razón para excluir la aplicación del tipo atenuado.
Queda excluida aplicación del subtipo atenuado cuando, pese a cumplirse el requisito cronológico, el autor logra el objeto que se había propuesto con la detención.
Aprehende a la persona para presentarla inmediatamente a la autoridad. El Ap. 4 del art. 163 prevé una pena de multa. Según doc.may., se trata de un subtipo privilegiado que integra un elemento subjetivo del injusto consistente en el ánimo de presentar al detenido a la autoridad. Parte de doc. y jur. considera que es un supuesto específico de error de prohibición vencible que recae sobre los elementos que integran la causa de justificación de ejercicio de un derecho prevista en el art. 490 LECrim.
V. DELITOS COMETIDOS POR LOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD Artículos 529–533 FUNCIONARIOS CONTRA LAS GARANTIAS Bien jurídico El bien jurídico protegido en estos delitos se vincula al derecho a que la afectación del derecho fundamental a la libertad se realice respetando las formalidades establecidas en las leyes. Con estas figuras delictivas de lo que se trata es de garantizar los derechos fundamentales de la persona frente al ejercicio arbitrario y abusivo del poder estatal. La vulneración del derecho fundamental se produce aquí como consecuencia de no respetar las exigencias legales que rodean la restricción de la libertad cuando hay razón material para practicarla.
Entrega ilegal de causa criminal El bien jurídico protegido es el derecho a la tutela efectiva de los tribunales y la garantía al juez ordinario predeterminado por la Ley.
Sujetos activos: delito especial propio, autores sólo pueden serlo Jueces o Magistrados del orden jurisdiccional penal a quienes según la Ley y el orden de reparto deban conocer o estén conociendo de una determinada causa criminal.
Conducta típica: “entregar una causa criminal” a otra autoridad o funcionario que la haya reclamado ilegalmente. La “entrega” supone el desplazamiento físico de una parte o de la totalidad del expediente. La expresión “causa criminal” comprende cualquier fase procesal en que ésta se encuentre, ya sea de instrucción, juicio o ejecución. La autoría de quienes hagan ilegalmente la reclamación está castigada en el art. 508.2.
La pena prevista para este delito en su modalidad básica es de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 meses a 2 años. Cuando además de la causa se entrega a la persona del detenido, es de aplicación la agravación de la pena establecida en el 529.2.
Cabe establecer un concurso ideal de delitos entre este subtipo agravado y el atentado contra la libertad individual previsto en el art. 530 en la medida en que se lesionan bienes jurídicos distintos.
La consumación se produce con la entrega del expediente y/o el detenido quedando bajo custodia y conocimiento de una autoridad incompetente para ello.
Atentados contra la libertad de los detenidos, presos o sentenciados por in- cumplimiento de los plazos o demás garantías constitucionales o legales Artículo 530 CP Se trata de un delito especial propio, puesto que el círculo de sujetos activos queda limitado a los funcionarios como de las autoridades.
Su presupuesto lo constituye una inicial detención policial legítima efectuada “mediando causa por delito” pero que posteriormente se lleva a cabo, o se mantiene, violando las garantías constitucionales y legales.
Resulta determinante establecer el alcance de la expresión “mediando causa por delito” que opera como presupuesto de la detención o privación de la libertad inicialmente legítima y de la aplicabilidad del tipo.
El precepto establece varias modalidades típicas: a) Plazos de la detención policial: Prolongación de la misma sin poner a disposición judicial al detenido superando el plazo de 72 horas o, aun dentro de dicho plazos, la detención se prolongue más allá del tiempo mínimo, necesario e imprescindible para efectuar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos; b) Plazos de la prisión preventiva: Cuando el juez o magistrado instructor la acuerde sin mediar las causas legales para aplicar esta medida cautelar o se mantenga en ella al sujeto superado los plazos legales o, aun dentro de dicho plazos, se supere el tiempo imprescindible para alcanzar sus fines o desaparezcan los motivos que justificaron su adopción; c) Plazos de la prisión: todo incumplimiento por parte de juez, magistrado o funcionario de prisiones referido a la resolución de libertad o permanencia del penado una vez extinguido el tiempo de la condena o concedido el indulto.
La consumación del delito se produce en el instante en que la persona que- da privada de libertad sin la cobertura legal que justificaba su status de privación de libertad.
Incomunicación ilegal de un detenido, preso o sentenciado Artículo 531 CP El art. 531 tipifica las conductas que puedan atentar contra la incomunicación de los detenidos, presos o sentenciados, siempre que medie causa por delito.
Por “incomunicación” debe entenderse la medida dictada por un juez o magistrado destinada a restringir la libertad de comunicación del afectado con el objeto de impedir que se vea dificultada o en peligro la investigación.
Atentados contra la libertad individual imprudentes Artículo 532 CP Se castiga la comisión, mediante imprudencia grave, de los delitos previstos en arts. 530 y 531, a diferencia de las detenciones ilegales del art. 167, respecto a las que no se prevé la modalidad imprudente. Cabe reconducir a éste los casos de error de tipo vencible y de error respecto de los presupuestos objetivos de una causa de justificación.
Excesos cometidos por funcionarios de prisiones o de centros de protección o corrección de menores Artículo 533 CP Delito especial propio Destinado a proteger el derecho de presos o menores recluidos en centros penitenciarios o educativos. El círculo de sujetos activos está configurado por los funcionarios penitenciarios o de centros de protección o corrección de menores, dejando no obstante fuera a los funcionarios de otros centros en los que tienen lugar privaciones de libertad.
El precepto prevé dos modalidades típicas: a) Imponer sanciones o privaciones indebidas: doc.may. entiende como típica la imposición de una sanción o medida arbitraria y manifiestamente injusta por carecer del mínimo juicio de necesidad. Sólo así cabe distinguirlas de las meras infracciones administrativas; b) Emplear un rigor innecesario: se alude al uso de medidas cuya severidad resulte desproporcionada para los fines del art. 45 LOGP. La normativa de régimen penitenciario faculta el empleo de la coerción para: 1º impedir actos de evasión o violencia entre los internos; 2º evitar daños de los internos a sí mismos o a otras personas o cosas; 3º vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes de los funcionarios en ejercicio de sus funciones. Las medidas coercitivas deben perseguir exclusivamente el restablecimiento del orden y durarán el tiempo estrictamente imprescindible para ello.
En el ejercicio del rigor innecesario pueden suscitarse distintos supuestos de concurso de delitos en relación con las lesiones, torturas y otros atentados contra la integridad moral.
En los casos en que la sanción o privación indebida consista en una prolongación del tiempo privado de libertad del interno, así como la de la situación de incomunicación de éste, los hechos deberán clasificarse de acuerdo a los tipos penales del art. 530 y 531, respectivamente (principio de especialidad).
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