Derecho de igualdad (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Constitucional II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 26/06/2017
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Tema 5: derecho de igualdad.
La igualdad es un principio, valor superior y derecho central. En términos lógicos, la igualdad es una categoría que hace referencia a la existencia de un mismo rasgo o elemento desde el cual se establece la comparación entre ellas. Como principio de acción, ofrece pluralidad de significados: 1. Desde el punto de vista del contenido de la acción: exigencia de trato rigurosamente igual, prescindiendo de cuales quiera diferencias que puedan existir entre los destinatarios o como una necesidad de adecuar la acción a las diferencias existentes en la realidad.
2. Dese el punto de vista de los destinatarios: como punto de partida o como finalidad a alcanzar.
No hay un solo artículo en el que se concentre todo lo que se refiere a él. El art. 14 CE es el central, peor también se habla de ella desde distintas perspectivas en los arts. 1.1, 9.2, 23.2, 31.1, 68.1, 139.1 y 149.1.1 CE. Cuando aparece como derecho es como la noción de un derecho a no ser indiscriminado, tratado igual. No significa que se parta de la base de que todos son idénticos o todas las situaciones han de ser tratados igual. El art. 14 CE establece un principio general y tras él una prohibición de discriminar.
Se plantea el problema de reconocer la diversidad en cuanto a circunstancias personales y en cuanto a contexto. Las condiciones de los individuos y los grupos intenta conseguir la igualdad de las condiciones, se consigue la igualdad de los ciudadanos en la tarea de participación o acceso a cargos públicos, representación igual en el poder legislativo e igualdad de los españoles en todo el territorio nacional frente a las CC.AA. en el disfrute de los derechos.
La libertad religiosa no puede partir de que todos procesen la misma religión o en las mismas condiciones, sino que nadie puede ser tratado peor o discriminado por la religión a la que haga culto. Por ejemplo, tampoco hay derecho a contraer matrimonio, sino a contraerlo en condiciones de igualdad.
La titularidad pertenece a los españoles. En los extranjeros queda excluida la igualdad en la ley con la salvedad de los derechos fundamentales. El TC ha sostenido la igualdad en personas físicas y jurídicas, pero estas últimas están en la misma situación que los extranjeros.
Obligados frente al derecho de igualdad están todos los poderes públicos y, en principio, los particulares.
La igualdad es un requisito trasversal que indica una obligación a los poderes públicos de introducir diferenciaciones no justificadas.
La primera diferencia que hay que mencionar es entre: igualdad en la ley e igualdad ante la ley.
Esta distinción radica en que “en la ley” se refiere a la igualdad en el trato que la ley dispensa en la regulación legal, vincula sobre todo al legislador cuando hace la ley. La ley no puede introducir diferencias no justificadas. La “igualdad ante la ley” vincula a los aplicadores de la ley (administración y jueces). Ni el funcionario ni el juez cuando aplican la ley deben introducir diferencias en la ley no justificadas. Es una manera de hacer efectivo el principio que contiene el art. 9.3 CE cuando se refiere a la seguridad jurídica y a la arbitrariedad.
Igualdad en la ley.
El requisito esencial es que el legislador cuando establece una regulación mediante ley y fija el ámbito de aplicación, no introduzca diferencias de trato injustificadas en situación que son sustancialmente iguales y a establecer una adecuada proporcionalidad entre las diferencias que la norma reconoce y las consecuencias jurídicas que a ellas han de anudarse. Hay que tener siempre en cuenta la finalidad de la ley. En la práctica, esto va a significar que la ley siempre va marcar un ámbito de aplicación en el que las personas que se encuentre en una situación parecida no se van a quedar fuera.
Lo normal es que el legislador en atención a los fines de la ley caracterice y establezca los destinatarios de la ley. No se excluye indebidamente a nadie ni introduce indebidamente a nadie. Cuando analizamos la ley desde el prisma de las exigencias de igualdad no pecara ni por defecto ni por exceso.
La jurisprudencia constitucional ha dicho que el art. 14 Ce garantiza la igualdad jurídica y formal, no la real, pues tal afirmación no hace referencia en rigor a la concordancia entre realidad y norma, sino más bien a la finalidad de esta última.
El derecho a la igualdad en la ley es en sentido de ley material, de norma jurídica, postula en principio la generalidad de la ley, pero no es incompatible con la ley singular siempre que tal singularidad tenga un fundamento objetivo y razonable. Se delimita el supuesto de hecho de tal forma que sea aplicable a todos aquellos que realmente, desde el punto de vista del fin perseguido, han de ser considerados iguales. Una parte de la doctrina considera incompatibles las leyes de caso único, el TC considera que si lo son.
Igualdad ante la ley.
El TC y la jurisprudencia lo consideran la igualdad en la aplicación de la ley. Solo hay diferencia ente aplicación administrativa y la aplicación judicial de la leu debido a la diferente situación de los órganos.
La infracción de la aplicación administrativa puede ser combatida por la jurisdicción contencioso administraba y por el recurso de amparo. No es violación la aplicación escalonada en el tiempo de la aplicación de la misma norma dentro del territorio al que se extiende su competencia si este escalonamiento es razonable y objetivo.
La aplicación judicial de la ley ha dado lugar a bastante jurisprudencia. El cambio de criterio en la interpretación de las normas ha de ser razonado y explícito. Posteriormente, se admite lícitamente los cambios de criterio cuya justificación no se razón explícitamente, pero puede considerarse implícita en la sentencia misma o deducirse de circunstancias extrínsecas.
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