DP libro, Lección 4 resumen (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Derecho Penal (atribución de la responsabilidad penal)
Profesor L.
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 31/03/2015
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Lección 4.
puniendi Los límites del ius I. EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO COMO FUNDAMENTO DEL IUS PUNIENDI Y SUS LÍMITES El principio de Estado Derecho defiende el postulado de un sometimiento a la potestad punitiva del derecho, lo que dará lugar a los límites derivados del principio de legalidad. La idea de Estado social sirve para legitimar la función de prevención en la medida que sea necesaria para proteger a la sociedad. La concepción de Estado democrático obliga en lo posible a poner el Derecho penal al servicio del ciudadano.
II. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMO EXIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO 1. ORIGEN Y SENTIDO POLÍTICO El principio de legalidad se derivó de un principio de la teoría ilustrada del contracto social y presuponía una organización política basada en la división de poderes, en la que la ley fuese competencia exclusiva de los representantes del pueblo. El ciudadano sólo admite el paso del estado de naturaleza al estado civil en virtud de un pacto (el contrato social) en el que asegura su participación y control de la vida política de la comunidad. Tal participación se lleva a cabo a través del Poder Legislativo, representante del pueblo. Sólo él, puede emanar la ley que constituye la voluntad popular.
El principio de legalidad no es sólo una exigencia de seguridad jurídica, que requiera sólo la posibilidad de conocimiento previo a las penas y a los delitos, sino que es también una garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los jueces a penas que no admita el pueblo.
2. GARANTÍAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Por una parte, se distinguen aspectos del principio de legalidad: - Garantía criminal: Exige que el delito se halle determinado por una ley.
- Garantía penal: Requiere que la ley señale la pena que corresponda al hecho.
- Garantía jurisdiccional o judicial: Exige la existencia del delito y la imposición de la pena se determinen por medio de una sentencia judicial y según un procedimiento legalmente establecido.
- Garantía de ejecución: Requiere que la ejecución de la pena se sujete a una ley que la regule.
Por otra parte, se imponen ciertos requisitos a la norma jurídica que debe ofrecer las garantías anteriores: - Lex praevia: Expresa la prohibición de retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o agravan su punición (es preciso que el sujeto pueda saber en el momento que actúa si va a incurrir en algún delito o en alguna nueva pena). No está prohibida en cambio, la retroactividad de las leyes más favorables para el sujeto.
- Lex scipta: Queda excluida la costumbre como posible fuente de delitos y penas.
Además, tampoco basta cualquier norma escrita, sino que es preciso que tenga rango de ley emanada del Poder legislativo, como representación del pueblo. Quedarías - excluidas como fuente de delitos y penas las normas reglamentarias emanadas del Poder Ejecutivo como Decretos Órdenes Ministeriales… Lex stricta: Grado de precisión de la ley penal y excluye la analogía en cuanto perjudique al reo. El postulado de la precisión de la ley da lugar al mandato de determinación.
o Mandato de determinación Plantea especiales problemas es relación con las medidas de seguridad, puesto que es difícil delimitar con una precisión suficiente el presupuesto de la peligrosidad del sujeto y la duración y características concretas de las propias medidas. De ahí que convenga exigir la comisión de un delito previo que demuestre la peligrosidad y que señale límites máximos a la duración de las medidas.
3. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL DERECHO ESPAÑOL El principio de legalidad se halla regulado en la Constitución y en el Código Penal.
- La CE se refiero a este principio en su art. 25, 1: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento” . Pero este precepto no recoge todas las exigencias del principio de legalidad, sino sólo la garantía criminal y la exigencia de irretroactividad de las leyes que establecen delitos o faltas.
- El CP proclama el principio de legalidad a través de varios preceptos:  En el art. 1 se formula la garantía criminal “1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración” “2.
Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley”  En el art. 2 confirma la garantía penal “1. No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de seguridad.” También se precisa aquí l principio de irretroactividad. En el nº 2 del mismo art.
Consagra a su vez la excepción del principio: “2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo”.
Se discute en la doctrina si el régimen general de retroactividad de las leyes penales más favorables debe mantenerse o no cuando ello determine la inaplicación de una ley temporal más severa. Son leyes temporales las dictadas por un plazo previamente determinado, y se llaman “de excepción” cuando obedece a circunstancias excepcionales, cuya duración se calcula limitada.
 La garantía jurisdiccional se halla recogida por el art. 3, 1 CP: “No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”.
 El art. 3, 2 CP se refiere a la garantía de ejecución al establecer que “Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes” 4. LA PROHIBICIÓN DE LA ANALOGÍA Un aspecto del principio de legalidad es la prohibición de la analogía contra el reo. Frente a esta siempre se considera lícita aquella aplicación de la ley penal que no desborda los límites que permiten su interpretación. La diferencia entre interpretación y analogía es la siguiente: mientras que la interpretación es búsqueda de un sentido del texto legal que se halle dentro de su “sentido literal posible”, la analogía supone la aplicación de la ley penal a un supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra, pero análogos a otros sí comprendidos en el texto legal.
La analogía no será admisible si perjudica al reo (analogía in malam partem). Será admisible cuando favorezca al reo (analogía in bonam partem).
III. LÍMITES AL IUS PUNIENDI EN UN ESTADO SOCIAL 1. EL PRINCIPIO DE LA UTILIDAD DE LA INTERVENCIÓN PENAL En contra de la eficacia de la pena podrían alegarse los elevados porcentajes de reincidencia pese al cumplimiento de una pena anterior. Sin embargo, la eficacia de la pena no debe medirse sobre la base de los que ya han delinquido. Precisamente en éstos el hecho de haber delinquido demuestra inevitablemente que para ellos la pena ha resultado ineficaz. La eficacia de la pena no puede valorarse por esos fracasos, sino por sus posibles éxitos, y éstos han de buscarse entre los que no han delinquido y acaso lo hubieran hecho de no concurrir a la amenaza de la pena. Existen ciertas experiencias históricas y presentes que ponen de manifiesto un aumento de la delincuencia cuando disminuye de forma sensible a la intervención del DP: momentos de caos político, revoluciones, guerras… Sin embargo, cuando se demuestre que una determinada reacción penal es inútil para cumplir su objetivo protector, deberá desaparecer aunque sea para dejar lugar a otra reacción más leve.
2. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Y CARÁCTER FRAGMENTARIO DEL DP El DP deja de ser necesario para proteger la sociedad cuando esto puede conseguirse por otros medios, que serán preferibles en cuanto sean menos lesivos para los derechos individuales.
El Estado debe buscar el mayor bien social con el menor costo posible.
El principio de subsidiariedad defiende que el DP tiene que ser el último recurso a utilizar.
El carácter fragmentario del DP constituye que el DP no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino sólo las modalidades de ataque más peligrosas para ellos .Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima.
3. EL PRINCIPIO DE EXCLUSIVA PROTECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS Los intereses sociales que por su importancia pueden merecer la protección del Derecho se denominan bienes jurídicos. Un Estado social y democrático de derecho sólo deberá amparar como bienes jurídicos condiciones de la vida social, en la medida en la que afecten a las posibilidades de participación de individuos en el sistema social. Y para que dichos bienes jurídicos merezcan ser protegidos penalmente y considerarse bienes jurídico-penales será importante que tengan una importancia fundamental IV. LÍMITES DEL IUS PUNIENDI EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO 1. PRINCIPIO DE HUMANIDAD DE LAS PENAS En nuestros días se aprecia una importante y progresiva sustitución de las penas privativas de libertad por otras penas menos lesivas como la multa o el trabajo en beneficio de la comunidad. En esta línea se inscribe también la tendencia internacional a la despenalización de ciertas conductas antes punibles. Especial importancia tiene la progresiva humanización que se reclama por la doctrina y se exige por los textos legales para el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Las cárceles tienen que garantizar unas condiciones de humanidad mínimas.
2. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD El término de culpabilidad se contrapone al de inocencia. No se ha de hacer responsable al sujeto por delitos ajenos principio de personalidad de las penas. No pueden castigarse formas de ser, personalidades sino sólo conductas, hechos principio de responsabilidad por el hecho.
Aún así, no basta requerir que el hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele responsable de él. Es preciso que el hecho hay sido querido o debido a una imprudencia principio de dolo o culpa. Por último, para que pueda considerarse culpable del hecho doloso o culposo a su autor ha de poder atribuírsele normalmente a éste, como producto de una motivación racional normal, principio de culpabilidad (impide culpar al autor de un hecho que no alcance determinadas condiciones, ser menor o un enfermo mental).
3. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD La pena debe ser proporcional al delito. La exigencia de que la medida de la proporcionalidad se establezca en base a la importancia social del hecho. La necesidad misma de la proporción se funda ya en la conveniencia de una prevención general no sólo intimidatoria, sino capaz de afirmar positivamente la vigencia de las normas en la conciencia colectiva (prevención general positiva).
También las valoraciones sociales deben orientar la proporcionalidad de las medidas de seguridad. Hay que añadir que éstas deben guardar proporción no sólo con los beneficios sociales que pueden aportar, sino más en concreto el grado de peligrosidad criminal del sujeto y con la gravedad del hecho cometido y de los que sea probable cometer.
4. EL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN La exigencia democrática de que sea posible la participación de todos los ciudadanos en la vida social conduce a reclamar que el DP evite la marginación indebida del condenado a una pena del sometido a una medida de seguridad. Cuando la privación de libertad sea inevitable, habrá que configurar su ejecución de forma tal que evite en lo posible sus efectos desocializadores, fomente cierta comunicación con el exterior y facilite una adecuada reincorporación del recluso a la vida en libertad.
Por tanto, el principio de resocialización de un Estado democrático debe entenderse como un intento de ampliar las posibilidades de la participación en la vida social, una oferta de alternativas al comportamiento criminal. Ello ha de suponer la libre aceptación por parte del recluso, que no ha de ser tratado como el mero objeto de la acción resocializadora de un Estado intervencionista, sino como un sujeto no privado de su dignidad con el cual se dialoga.
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