TEMA 1 - RESUM MANUAL CONSTI (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Organització Constitucional de l'Estat i Fonts del Dret
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 20/09/2017
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LECCIÓN 1 – EL DERECHO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN LAS NOTAS DEFINITORIAS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 La Constitución española de 1978 se inserta en la larga tradición que se inicia la Constitución de 1812. Ha tratado de organizar a la comunidad política española. Esta tradición se ha visto rota al verse sustituido el orden constitucional por períodos de poder personal.
La actual norma constitucional recoge elementos propios de la tradición constitucionalista europea y americana, pero añade también elementos nuevos fruto de la experiencia histórica.
La Constitución de 1978 ordena los elementos fundamentales de la estructura política del Estado, con mucha mayor amplitud que las anteriores constituciones. Lleva a cabo esa ordenación mediante un texto legal al que se le da una especial rigidez.
La Constitución de 1978 supone una innovación en el constitucionalismo español, referente a: -Su dimensión ideológica: La Constitución de 1978 proclama las finalidades que persigue la comunidad política y los principios y valores en que debe fundarse la convivencia, mediante el Preámbulo constitucional; pero los puntos de este Preámbulo se ven reiterados y ratificados a lo largo de este artículo. La Constitución se configura como un norma organizativa de instituciones y garantizadora de derechos y como un sistema de valores.
La Constitución de 1978 va a tratar de precisar el espíritu y finalidad de interpretación de normas, proclamando los valores propios del Estado social y de acuerdo con las circunstancias de nuestro tiempo.
-Su pretensión de que las normas constitucionales tengan una efectiva fuerza vinculante, de manera que el cumplimiento de los mandatos constitucionales sea exigible por vías jurídicas.
Así pues, el Derecho Constitucional pasa a ser Derecho, al adquirir un carácter normativo.
Las previsiones de la Constitución de 1978 y la práctica de su cumplimiento han convertido los mandatos constitucionales en regla de comportamiento de los poderes públicos y en regla de conducta de los ciudadanos.
Elemento principal para el cumplimiento de los mandatos constitucionales ha sido la creación de instituciones jurisdiccionales y vías procedimentales.
La Constitución se inserta en el ordenamiento jurídico sin necesidad de que sus normas sean desarrollados por el legislador.
ANTECEDENTES DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCESO CONSTITUYENTE.
La Constitución de 1978 surge como resultado de un proceso de reforma política que permitió pasar de un sistema autoritario a uno constitucional, sin que se produjera una ruptura o solución de continuidad en la validez del ordenamiento.
En el proceso de elaboración de la Constitución de 1978 se siguieron las normas establecidas por el régimen político anterior para regular el cambio constitucional. Ello requiere una breve explicación: -Durante la dictadura del General Franco se aprobaron una serie de leyes fundamentales que establecían un aparato institucional, ejecutivo y legislativo, que hacían posible el funcionamiento del Estado. Eran normas de tipo organizativas, que excluían la participación demócrata y la garantía de los derechos fundamentales.
Uno de estos aspectos organizativos era la cuestión sucesoria. En virtud de allí, fue designado en la Jefatura del Estado, a título de Rey, y para el supuesto de muere, renuncia o incapacidad de Franco, don Juan Carlos de Borbón. Un segundo aspecto de las Leyes Fundamentales es la rigidez de su reforma, que incluía el referéndum popular y la aprobación de las Cortes, no elegidas democráticamente.
- La reforma política: La muerte del general Franco supuso la proclamación de Don Juan Carlos I, como Rey sucesor, y poco después la formación de un Gobierno presidido por Adolfo Suárez.
Este gobierno envió, en octubre de 1976, a las Cortes un proyecto de Ley para la Reforma política, que fue aprobada por las Cortes y sometido a referéndum. Esta Ley presentó una alteración de las Leyes Fundamentales.
La Ley para la Reforma política (LRP) era muy corta y : -Reformaba el sistema institucional, creando unas Cortes bicamerales, elegidas por sufragio universal a quien se confiaba el poder legislativo.
-Establecía un procedimiento de reforma constitucional, que requería la intervención de las Cortes y el posterior referéndum popular.
Esta Ley reconocía los derechos fundamentales de la persona como inviolables, daba el poder legislativo a la representación popular y preveía un sistema electoral inspirado en principios democráticos y de representación proporcional.
-El proceso constituyente: una de las tareas prioritarias de las Cortes fue la redacción de una Constitución. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados nombró siete diputados, que elaboraron un anteproyecto de la Constitución, que fue discutido y aprobado por el Congreso. A continuación, se procedió al examen del texto del Congreso por la Comisión Constitucional del Senado. Este texto fue aprobado, de modo que necesitó la intervención de una Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboró un texto definitivo, que fue votado y aprobado por las dos Cámaras. Finalmente, fue publicado en el BOE, después de haber sido ratificado y sancionado, el 29 de diciembre de 1978.
LA INFLUENCIA DEL PROCESO CONSTITUYENTE EN EL CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN La Constitución de 1978 aparece como la fuente primaria y esencial del Derecho constitucional español.
Presenta un carácter rígido, pero también se considera una norma con pretensión de especial estabilidad.
La Constitución de 1978 surge como resultado de la historia constitucional española, en que abundan los cambios de los textos constitucionales en vigor y en que las líneas directivas de la Constitución en vigor se identificaban con la posición ideológica de un partido político, de modo que eran rechazadas ir sectores de ideologías opuestas, dando lugar a la falta de legitimidad del sistema.
La experiencia histórica llevó a los constituyentes de 1977-78 a tratar de evitar la Constitución de un partido, buscando que el nuevo texto recogiese principios aceptables por todas las fuerzas políticas, y hiciera posible la convivencia y la concurrencia de todas ellas. Cuando esto es aceptado, la Constitución de 1978 se define como una Constitución de consenso.
Cabe destacar, pero, tres consecuencias derivadas del consenso constitucional en relación con el contenido de la Constitución: -La amplitud de las materias de regulación constitucional: En el Derecho constitucional se incluyen epígrafes o “têtes de châpitre” de los restantes sectores del Derecho. En España, en consecuencia y como resultado del consenso y de una amplia pretensión garantista, se ha dado importancia constitucional a los principios del Derecho civil, financiero, penal, etc.
-La diversa precisión e intensidad de la regulación constitucional de las materias sobre las que la Constitución trata: Fue posible efectuar una regulación más detalla a aquellas instituciones o derechos sobre los que existía mayor acuerdo. Pero en otras materias, las normas constitucionales se redujeron a aquellos aspectos que eran posible la coincidencia de opiniones, dejando que el legislador, posteriormente, completase el tratamiento jurídico. De modo que son abundantes las remisiones al legislador en el texto constitucional. Ciertamente, la Constitución no podía pretender regular en detalle gran cantidad de materias sobre las que tratan sus mandatos, sino supondría convertir la Constitución en un Código onmicomprensivo.
Pero la remisión al legislador supuso evitar confrontaciones sobre puntos que no existía el acuerdo.
-La presencia de fórmulas, en materias objeto de especial y confrontación, que precisan una integración e interpretación detallada para hallar su verdadero sentido.
EL CARÁCTER FUNDAMENTAL DE LA CONSTITUCIÓN Los constituyentes no crearon únicamente un documento destinado a ofrecer una sensación de acuerdo, pero sin establecer mandatos fundamentales, de forma que el legislador pudiera alterar las bases de la convivencia. Del mismo texto constitucional resulta evidente la voluntad de establecer fundamentos firmes e inamovibles de la convivencia civil y de la actuación de los poderes públicos, sujetando a estos normas de comportamiento y garantizando derechos. Esta voluntad se manifiesta indudablemente (en los procedimientos dificultados para su reforma que impiden al legislador alterar los mandatos constitucionales o en la creación de un órgano guardián del cumplimiento de la Constitución).
Decimos que la Constitución es una norma cuyo objetivo es organizar las instituciones del Estado y garantizar los derechos de los ciudadanos. En este sentido, la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento. Y ello se traduce en dos características: -El texto constitucional ostenta un carácter supralegal, ya que la Constitución solo podrá reformarse mediante un procedimiento específico y más dificultoso que el procedimiento legislativo ordinario.
-Las normas constitucionales no pueden ser alterados, pero tampoco contradichos o ignorados por la acción u omisión de los poderes públicos. De modo que la Constitución tiene un valor de Derecho más fuerte.
Constitución norma fundamental: Se debería convertir la Constitución en un código inabarcable y se debería olvidar que no son previsibles las cambiantes circunstancias.
En consecuencia, la Constitución no puede ser un programa para los poderes públicos, que establezca objetivos a conseguir y medios para lograrlos, y esto se ve reflectado en la Constitución de 1978. Esta determina el tipo de funciones y las competencias que corresponden a cada uno de los poderes públicos y precisa algunas de las tareas que deben realizar. Por tanto, el poder público no actualiza o concreta mandatos políticos.
La Constitución parte del pluralismo político como valor superior, de modo que se admite la pluralidad de concepciones de la sociedad, de los fines a cumplir por los poderes públicos y de las vías para obtenerlos.
Pero la Constitución contiene declaraciones de determinados objetivos como valiosos y prevé su consecución por los poderes públicos. Pero estos preceptos están formulados con un nivel de generalidad que permite una amplia pluralidad de opciones para la consecución o defensa de los objetivos previstos. Estas disposiciones aparecen como la afirmación de valores mantenidos por la Constitución, traducidos en objetivos defendidos como comunes a todas las opciones políticas. De modo que el carácter fundamental de la Constitución es que sus mandatos no son alterables o modificables por los poderes públicos en su actuación ordinaria, así pues, los preceptos constitucionales son básicos e inatacables. Por ello, los mandatos de la Constitución han de entenderse como limites a los poderes del Estado, intocables por la acción política.
La Constitución, pues, es un marco jurídico normativo, dentro de cuyos limites se mueven las fuerzas políticas y sociales y los poderes públicos.
Estos limites son de diversos tipos: -Formales: para adoptar una decisión se requiere seguir un procedimiento específico, y solo dentro de él la decisión será válida.
-Materiales: la Constitución establece un contenido intocable de una institución o derecho.
Ambos limites varían según las materias de que se trate. En algunos casos, la Constitución disciplina una materia con cierto detalla, de modo que en el ámbito de libertad del legislador es reducido. Mientras en otras ocasiones, la Constitución se limita a una regulación mínima, que deha una amplia libertad de configuración al legislador..
-Genérico-valorativos: limites derivados del respeto a una serie de valores y principios que se expresan en la Constitución, sin relación con una institución o derecho concreto, pero que participan del carácter fundamental de la Constitución y de las propiedades que se asocian a este. La Constitución pretende ser elemento básico del ordenamiento jurídico, de modo que establece mandatos aplicables en todos los aspectos del ordenamiento.
LA CONSTITUCIÓN COMO SISTEMA DE VALORES La Constitución es un conjunto coherente de normas, debido a que sus mandatos responden unos criterios comunes ordenados.
La Constitución va más allá de las regulaciones concretas que contiene, y sienta unas líneas directrices que han de ser respetadas por todo el ordenamiento, incluso en aquellos aspectos no tratados por las normas constitucionales.
Toda ley que se oponga a las normas constitucionales en que se contienen esas afirmaciones, podrá ser declarada inconstitucional.
La proclamación de la existencia de unos criterios inspiradores del ordenamiento, tiene consecuencias jurídicas y supone la fijación de unos elementos básicos.
Para designar estos criterios generales o líneas directrices, la Constitución emplea “valores” (valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político) y “principios” (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, descentralización, desconcentración), criterios que se consideran aplicables a todo el ordenamiento mientras que en otros se predica de ellos una aplicabilidad más reducida. Puede afirmarse que estos valores tienen un contenido más abstracto, mientras que los principios tienen una dimensión más jurídica y una mayor concreción. Pero, se tratan de cánones o criterios materiales, que pretenden orientar e inspirar el ordenamiento, y que participan de la fuerza vinculante de la Constitución.
Se impone que las normas sean interpretadas de forma que no se enfrenten con los valores superiores y promuevan su realización. De entre las varias interpretaciones posibles de una norma, resultará constitucionalmente correcta la que responda a los valores consagrados por el texto fundamental.
Los valores constitucionales no pueden servir para justificar una contradicción con las normas expresas de la Constitución. Pero sí que tienen una potencialidad interpretativa. Los principios y valores ayudan a precisar y determinar el sentido de los mandatos contenidos en la Constitución, y la forma en que han de aplicarse a situaciones nuevas. Son los valores constitucionales los que permiten la adaptación de la Constitución a realidades cambiantes. Se trata de una función técnico-jurídica, que se caracteriza por la necesidad de explicitar y justificar el alcance que se da a los valores y principios constitucionales que se aplican y fijar su contenido como punto de referencia para el futuro. Como intérprete de la Constitución se configura el Tribunal Constitucional. La Constitución, pues, positiviza unos principios de carácter valorativo y meta-jurídico, ya que su validez no se reconoce solo al campo jurídico. La fijación de ese significado y alcance ha de ser resultado de un proceso lógico-jurídico, razonado, que no entre en contradicción con la letra de la Constitución, y que conduzca a criterios interpretativos estables.
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