Tema 12. Delitos contra el patrimonio (III) (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 3º curso
Asignatura Derecho penal (Clasificación del delito)
Año del apunte 2015
Páginas 14
Fecha de subida 14/03/2016
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Derecho Penal TEMA 12. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO (III) I. EXTORSIÓN (art. 243 CP) Artículo 243.
El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.
Figura a caballo entre:  amenazas condicionales o coacciones: pq el objetivo económico se intenta conseguir coaccionando la voluntad del sujeto pasivo  robo con violencia o intimidación: por los medios comisivos  estafa: pq el sujeto pasivo es quien debe realizar u omitir el acto o negocio jurídico con efectos patrimoniales 3 elementos de la conducta típica: a) uso de violencia o intimidación b) coacción al sujeto pasivo a realizar un acto no querido c) realización de un acto o negocio jurídico con efectos patrimoniales perjudiciales para la víctima o un tercero (con la mera producción de este elemento se produce la CONSUMACIÓN).
Tipicidad subjetiva: a) ánimo de lucro b) intención de producir un perjuicio patrimonial (jurisprudencia) II. USURPACIÓN (arts. 245-247 CP) Capítulo dedicado a una serie de atentados al ejercicio de la posesión o de cualquier otro derecho real sobre los bienes inmuebles.
1. Ocupación y usurpación violentas Artículo 245. 1 Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.
Se requiere:  una apropiación y la correspondiente desposesión del inmueble o derecho real  una cierta permanencia Se impondrán separadamente las penas que correspondan por la violencia o intimidación ejercidas.
1 Derecho Penal 2. Ocupación pacífica (sin violencia ni intimidación) Artículo 245.2 El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.  Caso de los “okupas”.
Si se ha ejercido fuerza en las cosas para entrar en el inmueble sigue siendo de aplicación este precepto.
Requisitos del delito según el TS: a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia.
b) Riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado c) Que el realizador de la ocupación carezca de título jurídico que legitime esa posesión d) Constancia de la voluntad contraria del titular del inmueble a tolerar la ocupación e) Dolo en el autor + voluntad de afectación del bien jurídico tutelado por el delito 3. Alteración de términos o lindes Artículo 246 1. El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses.
2. Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.
La alteración puede producirse de diversos modos, pero en todo caso es necesario que se provoque inseguridad sobre el término de la finca que señalaban o que se convierta en imposible su determinación.
4. Distracción del curso de las aguas Artículo 247.
1. El que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso público o privativo de su curso, o de su embalse natural o artificial, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.
2. Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.
III. FRUSTRACIÓN EN LA EJECUCION E INSOLVENCIAS PUNIBLES (arts. 257-261 bis CP) Por estos delitos pueden ser responsables las personas jurídicas, si concurren los presupuestos previstos en el art. 31 bis. Además en ellos rige el principio de independencia del proceso penal y proceso concursal, así se evita que el deudor eluda su responsabilidad penal poniendo en marcha un procedimiento de concurso voluntario.
2 Derecho Penal 1. Protección del derecho a crédito Los delitos de frustración de la ejecución y las insolvencias punibles protegen el patrimonio de los acreedores y, en concreto, su derecho de crédito.
Éste comprende:  derecho al cumplimiento de la obligación  derecho a hacerse pago con los bienes del deudor, en caso de incumplimiento por parte del deudor 2. Frustración de la ejecución (art. 257) Art. 257 1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses: 1º) El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
2º) Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de reponsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder.
3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.
No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.
4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del artículo 250.
5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento concursal.
A. Las conductas típicas 1) Alzarse con los bienes en perjuicio de los acreedores(art. 257.1.1º). Abarca todos los comportamientos de ocultación del propio patrimonio para frustrar el derecho de crédito de los acreedores.
 Mediante operaciones materiales (ej. Ocultar físicamente los bienes)  Mediante operaciones jurídicas (ej. Donaciones, contratos reales o simulados) 2) Realizar cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de los procedimientos (embargos, procedimientos ejecutivos, etc.), iniciados o de previsible iniciación (art. 257.1.2º).
Solamente se puede consumar cuando el procedimiento ya está iniciado.
El acto de disposición o generador de obligaciones debe ser ex ante idóneo. Dos consideraciones: a) Se deben dejar fuera del tipo los casos en que la conducta del autor constituye un riesgo permitido (cuando el acto de disposición o generador de obligaciones tenga sentido económico en el seno de la actividad económica del deudor) 3 Derecho Penal b) Idoneidad para impedir la eficacia del embargo o procedimiento = idoneidad de la conducta del autor para generar una insolvencia.
3) Realización de actos de disposición o contracción de obligaciones que disminuyan su patrimonio, así como la ocultación por cualquier medio de elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles de derivadas del delito (art. 257.2) El círculo de autores se limita a quienes «hubieren cometido el delito» y a quienes «debieran responder» de él (responsables civiles subsidiarios).
Generalmente la doctrina rechaza la comisión por omisión de las conductas de alzarse (ocultar), realizar actos de disposición o de actos generadores de obligaciones, pues entiende que dichas conductas son de «medios determinados».
Existe un riesgo permitido de frustración de la ejecución. Sólo cuando los negocios tengan el sentido inequívoco de generar la insolvencia (esto es, que ex ante no puedan justificarse como económicamente razonables en el marco de su actividad) podrán considerarse típicamente relevantes.
B. Las deudas relevantes y la cuestión del vencimiento Las conductas del arto 257 CP son típicas cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada (art. 257.3 CP).
Según la jurisprudencia dominante, en el momento de la realización de la conducta típica los créditos pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, pero ello no es necesario, C. El resultado típico El delito de alzamiento exige que el comportamiento del autor conduzca a un resultado de insolvencia, aparente o real.
 Aparente: apariencia de que una persona no tiene patrimonio para hacer frente a sus deudas  Real: desequilibro patrimonial entre valores realizables y prestaciones exigibles.
Una opinión minoritaria viene exigiendo como resultado típico el perjuicio efectivo para el acreedor.
D. El tipo subjetivo Los delitos de frustración de la ejecución solamente son punible s en su forma dolosa: el Código Penal no prevé el castigo de la modalidad imprudente.
4 Derecho Penal E. Las modalidades agravadas Dos agravantes: 1) Art. 257.3.II No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.
2) Art. 257.4 Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del artículo 250.
5º) El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas.
6º) Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.
F. Concursos      Frustración de la ejecución (art. 257) + contrato simulado (art. 251.3)  concurso de leyes que se resuelve a favor del art. 257 (precepto más específico).
Frustración de la ejecución (art. 257) + falsedades documentales  concurso medial Frustración de la ejecución (art. 257) + falsedad cometida por particular en documento privado (art. 295)  concurso de leyes que se resuelve a favor del art. 257 Frustración de la ejecución (art. 257) + impago de pensiones (art. 227) o Opinión 1: Hay que castigar solamente por el delito de frustración de la ejecución o Opinión 2: Hay un concurso real, salvo que coincidan las víctimas de ambos delitos (en tal caso: concurso de leyes).
Frustración de la ejecución (art. 257) + delito fiscal (art. 305)  concurso de leyes a resolver en favor del delito fiscal, es decir, el art. 257 CP sería subsidiario.
3. La frustración de la ejecución del art. 258 Artículo 258.
1) Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.
La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.
2) La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.
3) Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.
5 Derecho Penal 4. El uso no autorizado de bienes embargados Artículo 258 bis.
Serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizados para ello.
Habría que excluir la tipicidad de aquellos usos no autorizados que no impliquen el deterioro del bien ni generen una mengua de su valor económico.
5. Los delitos de insolvencia del art. 259 Artículo 259.
1) Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas: 1º) Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.
2º) Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.
3º) Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.
4º) Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.
5º) Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
6º) Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
7º) Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.
8º) Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.
9º) Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.
2) La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.
3) Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.
4) Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.
5) Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa.
6) En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal.
6 Derecho Penal 6. El favorecimiento de acreedores del art. 260 Artículo 260 1) Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.
2) Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.
El arto 260 CP tipifica dos clases de favorecimiento de acreedores, a saber, por una parte, el favorecimiento de acreedores en situación de insolvencia real o aparente y, por otra, el favorecimiento en el procedimiento concursal.
Es objeto de discusión la naturaleza de la «admisión a trámite de la solicitud de concurso» que presupone el arto 260.2 CP. Tres interpretaciones: a. Para algunos (jurisprudencia), dicha admisión a trámite, que se produce con el auto de admisión previsto en el arto 15 Ley Concursal constituye un elemento del tipo, de manera que todo acto de favorecimiento cometido antes del auto de admisión queda fuera del ámbito de aplicación del art.
260.2 CP b. La admisión a trámite de la solicitud de concurso es una condición objetiva de punibilidad, por lo que es posible cometer el delito antes de dicho auto, si bien el castigo solamente procede una vez pronunciado el acto de admisión a trámite.
c. La admisión a trámite de la solicitud de concurso es una condición de perseguibilidad.
La consumación del delito, en sus dos modalidades, se produce en el momento en que se realiza el acto de disposición o generador de obligaciones destinado a pagar al acreedor o acreedores favorecidos, con la consiguiente posposición de los demás.
Se trata de un delito especial.
7. Obstaculización del esclarecimiento de la situación económica del deudor en un procedimiento concursal mediante la presentación de datos falsos relativos al estado contable Artículo 261.
El que en procedimiento concursal (entre el inicio del procedimiento concursal y el auto de declaración de concurso que pretende obtener) presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses.
7 Derecho Penal Tipo subjetivo:   Dolo Que la conducta se lleve a cabo «con el fin de lograr indebidamente» la declaración de concurso Se trata de un delito especial que solamente puede cometer deudor en procedimiento de concurso.
Cuando para cometer este delito se realice un delito contable (art. 310 CP)  concurso medial.
IV. DAÑOS (arts. 263-267 CP) Art. 263.1 El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño.
Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.
Los daños son infracciones contra el patrimonio en las que no existe un enriquecimiento.
La esencia de su castigo reside, precisamente, en una actuación sobre la cosa que, siendo inidónea para generar una nueva relación de dominio, la perjudica de modo no irrelevante corno objeto de la existente.
Concepto de daños: destrucción, inutilización, deterioro o menoscabo de una cosa.
Ejs: introducir azúcar en el depósito de gasolina, cortar las flores de un rosal, verter lejía sobre la ropa, etc.
Es necesario tener en cuenta el valor de uso de la cosa (y no sólo la lesión de su sustancia).
El delito de daños no requiere que se ocasione un perjuicio patrimonial a la víctima. La pena se impone en función del valor de la cosa dañada y no del perjuicio.
El objeto material del delito del art. 263 CP es una cosa ajena, económicamente valorable y susceptible de deterioro, inutilización o destrucción (por ejemplo, matar o herir a un animal).
Modalidades agravadas: Art. 263.2 Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si concurriere alguno de los supuestos siguientes: 1º) Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales.
2º) Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.
3º) Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.
4º) Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.
5º) Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.
6º) Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales.
Los arts. 264 a 264 quáter CP regulan los denominados daños informáticos.
8 Derecho Penal Artículo 264.  SABOTAJE DE DATOS INFORMÁTICOS 1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.
2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1º) Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.
2º) Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas informáticos.
3º) El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.
4º) Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus funciones.
5º) El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 264 ter.
Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la pena superior en grado.
3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.
Artículo 264 bis.  SABOTAJE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin estar autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno: a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior; b) introduciendo o transmitiendo datos; o c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.
Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio o de una Administración pública, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose alcanzar la pena superior en grado.
2. Se impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y multa del triplo al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en los hechos a que se refiere el apartado anterior hubiera concurrido alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior.
3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.
Artículo 264 ter.
Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores: a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores; o b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.
9 Derecho Penal Artículo 264 quater.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los tres artículos anteriores, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados con una pena de prisión de más de tres años.
b) Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Los arts. 265 y 266 CP contienen nuevas agravaciones.
 Art. 265. Por razón del objeto cuando los daños se refieran a medios o recursos afectados al servicio de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 Art. 266. Por el carácter extraordinariamente grave de los medios utilizados: incendio, estrago o puesta en peligro de la vida o integridad de las personas.
Artículo 265.
El que destruyere, dañare de modo grave, o inutilizare para el servicio, aun de forma temporal, obras, establecimientos o instalaciones militares, buques de guerra, aeronaves militares, medios de transporte o transmisión militar, material de guerra, aprovisionamiento u otros medios o recursos afectados al servicio de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el daño causado excediere de mil euros.
Artículo 266.
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años el que cometiere los daños previstos en el apartado 1 del artículo 263 mediante incendio, o provocando explosiones, o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva o que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad, o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.
2. Será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses el que cometiere los daños previstos en el apartado 2 del artículo 263, en cualquiera de las circunstancias mencionadas en el apartado anterior.
3. Será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años el que cometiere los daños previstos en los artículos 265, 323 y 560, en cualquiera de las circunstancias mencionadas en el apartado 1 del presente artículo.
4. En cualquiera de los supuestos previstos en los apartados anteriores, cuando se cometieren los daños concurriendo la provocación de explosiones o la utilización de otros medios de similar potencia destructiva y, además, se pusiera en peligro la vida o integridad de las personas, la pena se impondrá en su mitad superior.
En caso de incendio será de aplicación lo dispuesto en el artículo 351.
Artículo 267.
Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos.
Las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal también podrá denunciar cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida.
En estos casos, el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130 de este Código.
10 Derecho Penal En un Capítulo distinto se tipifican los llamados daños en cosa propia (art. 289).
Artículo 289.
El que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o cultural, o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.
El bien jurídico protegido parece hallarse en el derecho de cada miembro de la comunidad a disfrutar de la utilidad socio-económica de determinadas cosas de propiedad privada.
V. RECEPTACION Y BLANQUEO DE CAPITALES (arts. 298-304 CP) 1. Receptación Artículo 298.
1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
MODALIDADES AGRAVADAS  Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión en los siguientes supuestos: a) Cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención.
c) Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción.
2. Estas penas se impondrán en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial (SUBTIPOS AGRAVADOS), se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
3. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta; en tal caso, se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior.
El fundamento del castigo de la receptación es controvertido. La doctrina suele hallarlo en varios factores: 1. Con ella se favorece al autor de un delito patrimonial, a quien se ayuda a beneficiarse de los efectos del delito en el que ha intervenido (el receptador suele pagar una cantidad de dinero a cambio de tales efectos y obtendrá un beneficio ya que, normalmente, esa cantidad será menor de lo que en realidad valen).
2. La receptación afecta también al bien jurídico lesionado por el primer delito patrimonial, por cuanto ayuda a mantener la situación antijurídica que el delito de referencia ha producido (teoría del mantenimiento).
11 Derecho Penal 3. También se destaca la afectación a la Administración de Justicia como otro de los intereses que se lesionan con este delito.
Por todo ello puede afirmarse, con la doctrina dominante, que estamos ante un delito pluriofensivo.
La conducta típica admite dos grandes modalidades: a) Ayudar a los responsables a aprovecharse de los efectos del delito Comporta la prestación de un auxilio o colaboración para que el responsable del delito se beneficie de los efectos del mismo.
b) Recibir (aceptación de los efectos de forma gratuita), adquirir (comporta la presencia de una contraprestación por parte del receptador), u ocultar tales efectos.
Son formas indirectas de ayuda que se caracterizan por la existencia de una relación directa entre el receptador y los efectos.
El sujeto activo de este delito puede ser cualquiera que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice del delito del que proceden los efectos, pues de otro modo los actos de receptación serían impunes.
El objeto material lo conforman los efectos que procedan de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico. Por tales deben entenderse los comprendidos en el Título XIII.
Tipo subjetivo:  Ánimo de lucro. Si el ánimo de lucro es sobrevenido, no habrá receptación, sino encubrimiento  Conocimiento de la comisión de un delito previo contra el patrimonio o el orden socioeconómico.
Elemento nuclear, pero también el más controvertido. Presupone que el receptador tenga por cierto el origen ilícito de los efectos, pero ni se requiere un conocimiento preciso de la concreta figura delictiva, ni basta con la simple sospecha.
2. Blanqueo de capitales El bien jurídico protegido en este delito es una cuestión altamente discutida por la doctrina.
 Un sector afirma que pretende protegerse la correcta circulación de bienes en el mercado.
 Otro sector afirma que, además, existen otra serie de intereses que resultan afectados por estas conductas, como, por ejemplo, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la libre competencia.
Artículo 301.
1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.
12 Derecho Penal 2.
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También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.
Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.
Aquí cabría encuadrar conductas referidas a bienes que ya han experimentado una primera transformación y también conductas que podrían definirse como meros actos preparatorios o tentativas del primer apartado.
Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.
El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero (Excepción del principio de territorialidad).
Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.
Art. 301.1 CP  Se trata de una única modalidad, con dos finalidades distintas: a) Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes o realizar cualquier o acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes b) Adquirir poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes o realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción a eludir las secuencias legales.
No basta con adquirir, poseer o utilizar de cualquier modo las ganancias obtenidas ilícitamente para cometer delito de blanqueo, sino que es necesario atender a la idoneidad de los comportamientos imputados para incorporar bienes ilícitos al tráfico económico y a que esta idoneidad sea abarcada por la intención del autor, a través de su propósito de rentabilizar en canales financieros seguros las ganancias obtenidas.
Distinción entre blanqueo y receptación 1) El blanqueo puede tener como antecedente cualquier delito, mientras la receptación requiere un delito previo contra el patrimonio o el orden socioeconómico.
2) En el blanqueo las ganancias blanqueadas pueden proceder de la propia actividad delictiva del blanqueador.
3) En la receptación ha de concurrir ánimo de lucro propio. En el blanqueo no se exige.
4) Ambos delitos están sancionados con pena de prisión, con el mismo límite mínimo, seis meses, pero la pena máxima es superior en el blanqueo, seis años frente a dos años, y además la receptación contiene limitación punitiva que no existe en el blanqueo: en ningún caso podrá imponerse una pena privativa de libertad que exceda a la señalada al delito encubierto.
El objeto material de esta infracción penal son bienes que tengan su origen en un delito.
Sujeto activo puede serlo cualquiera, aunque haya participado en el delito del que originariamente provienen los bienes (“auto blanqueo”), en cuyo caso existirá un concurso real de delitos.
En el plano subjetivo es necesario que el sujeto activo obre sabiendo cuál es el origen de los bienes (si lo desconoce puede entrar en consideración la modalidad imprudente.
13 Derecho Penal El dolo debe proyectarse sobre el hecho de que los bienes proceden de un delito o de un acto de participación en el mismo. Basta con la conciencia de la anormalidad de la operación y la razonable inferencia de que el bien procede de un delito. Son indicios aceptados: a) la importancia de la cantidad del dinero blanqueado b) la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas c) lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto d) la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico e) la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones f) la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales g) la existencia de sociedades «pantalla» o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas Existencia de deberes de cuidado con relación a la concreta actividad desarrollada  Casos de personas especialmente obligadas  Resto de casos: deberes generales de comprobación de la procedencia ilícita de cualesquiera bienes antes de realizar operaciones que objetivamente contribuyan a ocultar o encubrir su verdadero origen.
Artículo 302.
1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Artículo 303.
Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma.
A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.
Artículo 304.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 301 a 303 se castigarán, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.
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