Tema 15 1/2 (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Tipologias penales
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 30/04/2016
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De este tema sólo se ha dado el primer apartado, seguridad vial.

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TEMA 15 Delitos contra la seguridad I. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Arts. 379–385 ter CP Cuestiones generales Bien jurídico La conducción de un vehículo a motor constituye un riesgo permitido y se desarrolla en condiciones de “seguridad vial”. En este sentido, la seguridad vial es el conjunto de las condiciones fijadas por el Ordenamiento jurídico —para la protección de la vida, la salud, la integridad física y otros bienes jurídicos individuales— en las que la conducción de un vehículo a motor representa un riesgo jurídicamente permitido. La seguridad vial constituye un bien jurídico autónomo de carácter colectivo. Esta dimensión colectiva está relacionada con el hecho de que, en muchas ocasiones, los riesgos vinculados a la circulación de vehículos a motor afectan a una pluralidad indeterminada de personas y el riesgo típico se refiere a una colectividad de sujetos indiferenciados. Pero la dimensión colectiva y la autonomía de la seguridad vial se diluyen si el acento se pone en los bienes jurídicos individuales que se intenta proteger, y se exige su propia puesta en peligro. Desde esta perspectiva, la atención se desplaza hacia los bienes jurídicos personales que en cada caso concreto pueden resultar lesionados mediante la conducción de un vehículo a motor u otras conductas relacionadas con ella, y la seguridad vial puede llegar a concebirse sólo como un ámbito específico en el que se amplía y refuerza la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas que proporcionan los delitos de homicidio y lesiones.
Naturaleza jurídica En el art. 379 se prevén dos delitos de peligro abstracto que consisten en conducir un vehículo a motor o ciclomotor concurriendo dos factores concretos de riesgo: una velocidad elevada, o la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Con penas no coincidentes se prevé otro delito de peligro abstracto cuya realización ya no requiere la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor.
También se prevé un delito de peligro abstracto, cuya singularidad radica en que el autor actúa “con manifiesto desprecio por la vida de los demás”.
En los arts. 380 y 381.1 se prevén dos delitos de peligro concreto, cuya diferencia radica en que el segundo también exige que el autor actúe con “manifiesto desprecio por la vida de los demás”.
Aquella regulación se completa con la modalidad específica del delito de desobediencia previsto en el art. 383, y los delitos formales previstos en el art. 384: conducir sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción, cuando éstos han perdido su vigencia debido a la pérdida de los puntos asignados, o cuando el autor ha sido privado judicialmente del permiso o licencia.
Ley penal en blanco La interpretación de los delitos contra la seguridad vial debe partir de lo dispuesto en la LSV y en la extensa normativa que la desarrolla, y de las infracciones administrativas allí previstas, cuya delimitación de las conductas delictivas obliga a prestar especial atención a la función y los límites propios del Derecho penal.
Objeto material Los conceptos vehículo a motor y ciclomotor son conceptos normativos. Se define el vehículo de motor como aquel provisto de motor para su propulsión, quedando excluidos los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de movilidad reducida.
Conducta típica La conducción, en determinadas circunstancias, es la conducta típica de distintos delitos contra la seguridad vial.
Como tal, requiere el control del mecanismo de dirección del vehículo, que el motor esté en marcha, y que sea lo que impulsa el movimiento del vehículo. La conducción sólo es típica cuando la longitud y el resto de las circunstancias del trayecto recorrido permiten afirmar la presencia de un peligro para la vida y/o la salud de terceros. Debe tenerse presente el ámbito de aplicación de la LSV y el RGCirc: a) “las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos”; b) “las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común”; y c) “en defecto de otras normas (…) las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios”.
Producción de resultados lesivos El art. 382 regula expresamente los supuestos en los que, además del riesgo derivado de la comisión de los delitos previstos en los arts. 379, 380 y 381, se produce un resultado lesivo constitutivo de delito: “los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiere originado” . Muy posiblemente, el legislador quiso configurar (a) una modalidad agravada de los delitos previstos en los arts. 379, 380 y 381 cuando su comisión supone también la de un delito de lesión que tenga señalada pena inferior, y (b) una modalidad agravada de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes cuando se cometen conduciendo un vehículo a motor en las condiciones allí descritas y el delito de peligro tiene prevista una pena inferior.
La interpretación del art. 382 plantea, como mínimo, las siguientes alternativas: 1º) Constituye una regla especial para la determinación de la pena sólo aplicable en los casos de concurso de leyes (el peligro generado por la conducción no se extiende a terceros); 2º) Constituye una regla especial para la determinación de la pena sólo aplicable a los casos de concurso ideal de delitos (el peligro generado por la conducción sí se extiende a terceros); 3º) Constituye una regla especial para la determinación de la pena en los casos de concurso de leyes y de delitos; 4º) Introduce una “modalidad agravada” de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes y de los delitos de peligro previstos en los arts. 379, 380 y 381, que desplaza la aplicación de la “modalidad básica” de aquellas figuras delictivas y la convierte en subsidiaria: sólo se apreciará la infracción más gravemente penada: Se excluye, así, la posibilidad de apreciar un concurso entre aquellos delitos contra la seguridad vial y los de homicidio y/o lesiones.
Penalidad La pena de prisión prevista con carácter alternativo en los arts. 379, 383, 384 y 385 podrá rebajarse en un grado, atendiendo a la menor entidad del riesgo y a las demás circunstancias del hecho.
En los arts. 379, 380, 381 y 382 se prevé, como pena principal, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores En el art. 47.3º se alude a un efecto de esta pena que no está claro si forma parte de lo que es estrictamente su contenido: “Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción (…)”.
Aquí se prevé la posibilidad de obtener nuevamente un per- miso o licencia tras la realización y superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial (con una duración máxima de 30 horas) y la posterior superación de las pruebas que reglamentariamente se determinen.
Cuando la pena de privación del derecho a conducir impuesta en la condena es inferior a dos años, la DA 13ª LSV establece que, para volver a conducir, el condenado “deberá acreditar haber superado con aprovechamiento el curso del citado artículo 63.7”.
de reeducación y sensibilización vial al que hace referencia el primer párrafo Decomiso El art. 385 bis dispone que se acordará el decomiso del vehículo, salvo cuando su valor no guarde proporción con la naturaleza y gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completa- mente las responsabilidades civiles.
Conducción con exceso de velocidad Art. 379.1 CP La realización del tipo objetivo requiere la conducción de un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
Es vía interurbana “toda vía pública situada fuera de poblado”, mientras la vía urbana es “toda vía pública situada dentro de poblado, excepto las travesías”, que son el “tramo de carretera que discurre por poblado”, salvo “aquellos tramos que dispongan de una alternativa viaria o variante a la cual tiene acceso”.
El art. 379.1 es una ley penal en blanco, que remite a los preceptos de carácter reglamentario que desarrollan lo dispuesto en el art. 19 LSV, que establece: “1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características, el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse. [./.] 2. La velocidad máxima y mínima autorizadas para la circulación de vehículos a motor se fijará reglamentariamente, con carácter general, para los conductores, los vehículos y las vías objeto de esta Ley, de acuerdo con sus propias características. Los lugares con prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente, o temporal en su caso. En defecto de señalización específica, se cumplirá la genérica establecida para cada vía.
[./.] 3. Se establecerá también reglamentariamente un límite máximo, con carácter general, para la velocidad autorizada en las vías urbanas y en poblado. Este límite podrá ser rebajado en travesías especialmente peligrosas, por acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la Corporación municipal. [./.] 4. Las velocidades máximas fijadas para las vías rápidas y carreteras convencionales que no discurran por suelo urbano, sólo podrán ser rebasadas en 20 kilómetros por hora, por turismos y motocicletas, cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas”.
En el art. 19 LSV se distingue entre: a) la velocidad máxima fijada con carácter general y a través de un reglamento; b) las prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad fijadas a través de la señalización; c) las rebajas fijadas respecto de travesías y vías urbanas mediante acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la vía, o decisión del órgano competente de la Corporación municipal.
El problema radica en decidir: a) cuáles son los preceptos reglamentarios a los que remite el art. 379.1; b) si los límites fijados reglamentariamente también delimitan la conducta típica cuando no se han fijado atendiendo únicamente a la peligrosidad que la velocidad del vehículo representa para la vida o la integridad de terceros.
Es discutible si el art. 379.1 remite sólo a los límites máximos de velocidad fijados con carácter general en el RGCirc. Al respecto, deben tenerse en cuenta los datos siguientes: 1º) El art. 48 RGCirc. fija las velocidades máximas que no deberán ser rebasadas en vías fuera de poblado, salvo en los casos de adelantamiento; 2º) Los límites de velocidad en vías urbanas y travesías se fijan en el art. 50 RGCirc. 3º) En relación con los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan establecido límites inferiores a 100 km/h, la propia LSV dispone que los excesos de velocidad se sancionarán con la multa económica correspondiente al cuadro de sanciones allí previsto.
Se trata de un delito doloso. El error sobre la velocidad a la que circula el vehículo será un error de tipo. El error sobre el límite máximo de velocidad podrá ser constitutivo de un error de prohibición.
La realización del tipo no será antijurídica cuando concurra una causa de justificación, Relación con otros delitos contra la seguridad vial. Como en el caso de la remisión a unas tasas de impregnación alcohólica cuya superación determina la relevancia penal de la conducción.
La prueba de la comisión del delito previsto en el art. 379.1 será muy difícil cuando no se haya producido una colisión, y cuando la velocidad del vehículo no haya podido determinarse mediante alguno de los instrumentos destinados a tal fin.
La identificación del conductor también puede ser problemática, cuando no se produce inmediatamente después de la comisión de la conducta típica.
Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otras sustancias Art. 379.2 CP Naturaleza jurídica Distintas modalidades de un delito de peligro abstracto. Cuando la conducción se considere manifiesta- mente temeraria y se ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, el art. 379.2 quedará desplazado por el art. 380, o por el art. 381 cuando concurran todos sus elementos.
Conducción bajo el influjo de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas Elementos típicos: a) que el conductor haya consumido drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas; b) que el consumo de aquellas sustancias influya negativamente en la conducción, por haber producido una afectación significativa de las facultades psíquicas y/o físicas del conductor, que permita afirmar la presencia de un peligro para la vida y/o la salud de terceros.
La superación de las tasas de alcohol en sangre o aire espirado prevista como infracción administrativa (0,5 gr. de alcohol por litro de sangre y 0,25 mgr. por litro de aire espirado) no determina, siempre y necesariamente, la comisión de aquella modalidad del delito descrito en el art. 379.2; lo decisivo es la influencia del alcohol en los términos antes indicados.
La prueba de la influencia de las sustancias mencionadas, como factor determinante (único o no) del riesgo típico, es un tema complejo y controvertido. En relación con el alcohol, tiene extraordinaria importancia el resultado de la verificación del aire espirado mediante etilómetros, junto con el análisis de sangre, orina u otros análogos. La comprobación de la concentración de alcohol en sangre, orina o aire espirado no es in- dispensable para afirmar la realización de la conducta típica.
En cuanto a las garantías que deben reunir aquellas comprobaciones, destacan especialmente: a) los etilómetros deben haber superado los correspondientes controles metrológicos; b) práctica de segunda prueba y ofrecimiento de contraanálisis; c) incorporación al juicio oral respetando los principios de inmediación, publicidad, oralidad y contradicción.
Conducción superando determinadas tasas de alcohol Partiendo de que: a) la conducción de un vehículo de motor con las facultades necesarias para ello disminuidas o limitadas por el consumo de bebidas alcohólicas disminuye la seguridad vial, e incrementa el peligro de lesionar bienes jurídicos individuales; b) la dificultad que puede suponer la comprobación por quienes carecen de conocimientos médicos de la presencia y grado de tal limitación o disminución mediante el examen externo del conductor o de la conducción del vehículo; c) el consumo de alcohol no afecta de igual manera a todas las personas, sino que sus efectos dependen de distintos factores; d) atendiendo también a los conocimientos científicos sobre la materia y a la regulación legal o a la jurisprudencia de los países de nuestro entorno, se introdujo la incriminación expresa de la conducción cuando se superan determinadas tasas de alcohol en aire espirado o en sangre, fijando así el límite del riesgo penalmente relevante, por lo menos en relación con aquella modalidad.
El tipo objetivo de la modalidad prevista en el inciso II del art. 379.2 se realiza con la mera superación de las tasas allí indicadas; no es necesario que la peligrosidad de la conducción pueda advertirse observando sólo la trayectoria y velocidad del vehículo.
Es posible la tentativa, tanto idónea (cuando el sujeto es sorprendido justo al iniciar la marcha o en el momento inmediatamente anterior), como inidónea.
Se trata de un delito doloso, que se puede cometer con dolo eventual. No puede descartarse la posibilidad de supuestos en los que el sujeto actúa con error, por desconocer la naturaleza y/o efectos de la sustancia consumida, o por minusvalorar la afectación de sus facultades.
La embriaguez que determina la tipicidad de la conducta no alcanza necesariamente la intensidad suficiente como para apreciar una disminución o exclusión de la culpabilidad.
Concursos Entre los delitos del art. 379 y 380 existe un concurso de leyes, incluso cuando el peligro abstracto se extienda a objetos distintos de aquel que se haya puesto en peligro concreto.
Conforme al art. 382, cuando la realización de los delitos previstos en el art. 379 ocasione, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, los Jueces o Tribunales sólo apreciarán la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y, condenando, en su caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.
Penalidad La LO 5/2010 ha vuelto a modificar las consecuencias penales previstas en el art. 379. Las penas de prisión, multa y trabajos en beneficio de la comunidad son ahora alternativas. Además, se impondrá la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
En atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho, el Juez o Tribunal podrá rebajar en un grado la pena de prisión prevista en el art. 379.
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