Lección 9. Medidas de seguridad (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 3º curso
Asignatura Sistema de Penes i Sancions
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 10/04/2016
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LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS LECCIÓN 9. Las medidas de seguridad y reinserción social I.
PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES 1. El supuesto de hecho de las medidas de seguridad Art. 1.2 CP: «Las medidas de seguridad solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley» Art. 6.1 CP: «Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito».
Art. 95.1 CP: «Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias: 1ª) Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.
2ª) Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos».
Aplicación de medidas de seguridad en dos grupos de supuestos principales: a) A quienes, o bien sean declarados exentos de responsabilidad criminal por concurrir en ellos las causas de inimputabilidad de los tres primeros números del art. 20 CP (arts. 101 a 103), o bien se les aplique la correspondiente eximente incompleta (art. 104) b) Art. 106.2 CP: a sujetos peligrosos plenamente imputables (no en todos los delitos, sólo en los casos en que así se disponga expresamente).
c) Art. 108 CP: medida de seguridad de carácter sustitutivo de las impuestas en la sentencia al extranjero no residente legalmente en España.
Elementos del supuesto de hecho: a) El sujeto tiene que estar comprendido en una categoría determinada de personas b) En el sujeto debe apreciarse peligrosidad criminal La confluencia de ambos requisitos dará lugar a la constitución de los llamados «estados de peligrosidad criminal» típicos.
A) El requisito previo: comisión de un hecho punible La función que desempeña la exigencia de la previa comisión de un hecho delictivo es la de excluir del ámbito del Derecho penal las medidas predelictuales.
La peligrosidad criminal podría concurrir independientemente de que el sujeto haya cometido ya o no previamente algún hecho punible. Lo decisivo para la peligrosidad criminal es que lo que se estime de probable comisión por el sujeto en el futuro sean hechos punibles. Tipos de peligrosidad criminal:  Predelictual: aquella que no requiere para ser declarada la comisión previa de un delito (Romeo Casabona)  Postdelictual: aquella que precisa que el peligroso haya cometido con anterioridad una infracción criminal, cualquiera que fuere la gravedad de ésta, bastando con que constituya un hecho típico y antijurídico (no hace falta que sea culpable).
1 LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS El nuevo CP ha eliminado del derecho español las medidas predelictuales: es requisito imprescindible para la aplicación de una medida de seguridad la previa comisión de un «delito».
Concepto de delito:  Sentido amplio: graves + menos graves + faltas  Sentido estricto: graves + menos graves (todas las infracciones penales) Las medidas de seguridad no encuentran su fundamento en el hecho punible realizado ni, por lo tanto, en la gravedad del mismo, sino únicamente en la peligrosidad del sujeto y en la gravedad de los delitos que aparezcan de probable comisión en el futuro por aquél. Por ello, únicamente la interpretación del término delito en un sentido amplio y comprensivo se muestra conforme con los fundamentos y con los fines de las medidas de seguridad.
B) La inclusión del sujeto en una categoría de estado peligroso La aplicación de las medidas de seguridad está sujeta al principio de legalidad, y éste debe alcanzar también a los presupuestos de su aplicación. Esto significa que aquéllas sólo podrán aplicarse a los supuestos que estén definidos por la Ley. A éstos se les denomina «categorías o tipos de estado peligroso».
CP español  Dos categorías de estado peligroso:  Inimputables o quienes padezcan anomalías o alteraciones psíquicas —permanentes o transitorias— que excluyan plenamente su imputabilidad (arts. 101 y 21.1.ª CP) o quienes se encuentren al tiempo de cometer el hecho en un estado de intoxicación plena por la ingestión de determinadas sustancias, si su imputabilidad está también plenamente excluida (arts.
102 y 20.2.ª CP) o quienes padezcan alteraciones en la percepción excluyentes plenamente de su imputabilidad (arts.
103 y 20.3.ª CP).
 Semiimputables Mismos sujetos anteriores cuando las causas que afectan a su imputabilidad no determinan una exclusión plena de la misma y, por ello, no quedan exentos de responsabilidad penal, sino que se les aplica la eximente incompleta correspondiente (arts. 104 y 21.1.ª CP).
Reforma LO 5/2010:  Imputables peligrosos o Nueva medida de libertad vigilada —aplicable también a inimputables y semiimputables— dirigida a algunos delincuentes imputables peligrosos para que sea cumplida con posterioridad a la pena privativa de libertad que se les impuso por el delito cometido (art. 106.2).
o Fundamento: Garantizar «la seguridad y la libertad del resto de los ciudadanos, potenciales víctimas del delincuente no rehabilitado que el sistema penitenciario devuelve a la sociedad».
o Limitación: El CP restringe la aplicación de la medida de libertad vigilada a imputables peligrosos a dos grupos de sujetos: delincuentes sexuales condenados a penas de prisión (art. 192.1) y terroristas condenados a penas graves privativas de libertad (art. 579.3).
C) La peligrosidad criminal Peligrosidad criminal del sujeto: probabilidad de que el sujeto realice en el futuro hechos constitutivos de delito (art. 95.1.2.ª CP). Es el fundamento de las medidas de seguridad 2 LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS No puede ser presumida sino que ha de estar probada; en otro caso no será posible aplicarle al sujeto ninguna medida de seguridad.
La peligrosidad se orienta al futuro. Por esta razón, «su apreciación implica un juicio naturalístico (no ético, moral o de valor), un cálculo de probabilidad.
El juicio de peligrosidad se desenvuelve en dos momentos:  Diagnóstico de peligrosidad: comprobación de la cualidad sintomática de peligroso.
Se trata de analizar si el sujeto reúne los síntomas que pueden indiciar su peligrosidad: 1) Tener en cuenta el delito que haya cometido y ponerlo en relación con la personalidad del sujeto.
2) Inclusión del sujeto en alguna de las categorías de estado peligroso definidas por la Ley.
 Prognosis criminal: comprobación de la relación entre dicha cualidad y el futuro criminal del sujeto Se trata de formular ya el juicio de peligrosidad criminal, es decir el pronóstico acerca de la probabilidad de que el sujeto realice hechos delictivos en el futuro.
Métodos de prognosis: a) método intuitivo: se basa en las apreciaciones subjetivas del juez sin apoyo científico ni técnico; b) método científico: se basa en el estudio de la personalidad del sujeto por especialistas y técnicos mediante procedimientos científicos c) método estadístico: se basa en la aplicación de las tablas de predicción creadas por los criminólogos norteamericanos y alemanes, y consiste en la elaboración de un cálculo de probabilidades con la ayuda de dichas tablas y teniendo en cuenta los rasgos de personalidad del sujeto.
2. La proporcionalidad de la medida de seguridad Las medidas de seguridad deben estar sometidas al principio de proporcionalidad. La medida deberá ser proporcionada a la peligrosidad del sujeto y a la gravedad de los delitos que cabe esperar cometa en el futuro.
Criterio general de proporcionalidad La doctrina moderna se propone limitar la aplicación de medidas mediante la exclusión de determinadas especies de ellas, en particular la de las privativas de libertad, y, en tal caso, mediante la limitación de la posible duración de éstas por la de la pena que correspondería al delito cometido por el sujeto.
o Art. 6.2 CP: «Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder del límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor».
Exclusión de la posibilidad de aplicar medidas privativas de libertad a los sujetos peligrosos cuando el hecho cometido no esté castigado con pena privativa de libertad.
o Art. 95. 2 CP: «Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador sólo podrá acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 105».
II.
CLASES DE MEDIDAS Atendiendo al bien o derecho afectado con su ejecución: o Art. 96.1 CP: «Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son privativas de libertad y no privativas de libertad».
3 LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS 1. Medidas privativas de libertad Consisten en el internamiento del sujeto en un establecimiento adecuado a sus características de personalidad. En su ejecución suponen también, como la pena privativa de libertad, el sometimiento del sujeto a un régimen determinado de vida y a una disciplina, lo que hace que las diferencias formales con la ejecución de aquélla sean mínimas.
Art. 96.2 CP: «Son medidas privativas de libertad: 1.ª El internamiento en centro psiquiátrico; 2.ª El internamiento en centro de deshabituación; 3.ª El internamiento en centro educativo especial».
Estas medidas deberán ejecutarse, de acuerdo con el art. 11 de la LOGP, en «establecimientos especiales» (independientes de los demás establecimientos penitenciarios destinados a la ejecución de penas privativas de libertad). Según el citado precepto «los establecimientos especiales son aquéllos en los que prevalece el carácter asistencial».
2. Medidas no privativas de libertad No afectan a la libertad del sujeto en el sentido de que su aplicación no supone el internamiento del mismo en un establecimiento de un modo continuado durante la ejecución de la medida.
Art. 96.3: «Son medidas no privativas de libertad: 1ª) 2ª) 3ª) 4ª) La inhabilitación profesional.
La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
La libertad vigilada.
La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
5ª) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
6ª) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas».
Art. 105 CP: «En los casos previstos en los arts. 101 a 104, cuando imponga la medida privativa de libertad o durante la ejecución de la misma, el Juez o Tribunal podrá imponer razonadamente una o varias medidas que se enumeran a continuación. Deberá asimismo imponer alguna o algunas de dichas medidas en los demás casos expresamente previstos en este Código.
1. Por un tiempo no superior a cinco años: a. Libertad vigilada.
b. Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
2.
Por un tiempo de hasta diez años: a. Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Código.
b. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
c. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas previstas en este artículo, así como para concretar dicha obligación cuando por ley viene obligado a imponerlas, el Juez o Tribunal sentenciador deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales encargados de asistir al sometido a la medida de 4 LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS seguridad. El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administración correspondiente informarán al Juez o Tribunal sentenciador».
Libertad vigilada Art. 106 CP: 1.
La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas: a. La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente.
b. La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca.
c. La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.
d. La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del Juez o Tribunal.
e. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.
f. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.
g. La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.
h. La prohibición de residir en determinados lugares.
i. La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
j. La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.
k. La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el Juez o Tribunal deberá imponer en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta siempre que así lo disponga de manera expresa este Código.
En estos casos, al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad, de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento previsto en el artículo 98, elevará la oportuna propuesta al Juez o Tribunal sentenciador, que, con arreglo a dicho procedimiento, concretará, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 97, el contenido de la medida fijando las obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1 de este artículo que habrá de observar el condenado.
Si éste lo hubiera sido a varias penas privativas de libertad que deba cumplir sucesivamente, lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá referido al momento en que concluya el cumplimiento de todas ellas.
Asimismo, el penado a quien se hubiere impuesto por diversos delitos otras tantas medidas de libertad vigilada que, dado el contenido de las obligaciones o prohibiciones establecidas, no pudieran ser ejecutadas simultáneamente, las cumplirá de manera sucesiva, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal pueda ejercer las facultades que le atribuye el apartado siguiente.
3.
Por el mismo procedimiento del artículo 98, el Juez o Tribunal podrá: a. Modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas.
b. Reducir la duración de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del pronóstico positivo de reinserción que considere innecesaria o contraproducente la continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas.
c. Dejar sin efecto la medida cuando la circunstancia descrita en la letra anterior se dé en el momento de concreción de las medidas que se regula en el número 2 del presente artículo.
4.
En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista de las circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números anteriores, podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento fuera reiterado o grave, revelador de la voluntad de no someterse a 5 LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS las obligaciones o prohibiciones impuestas, el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del artículo 468 de este Código.
Art. 107 CP El Juez o Tribunal podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo, por un tiempo de uno a cinco años, cuando el sujeto haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la valoración de las circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20.
Art. 108 CP 1.
2.
3.
Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España.
La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de seguridad originariamente impuesta.
El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión.
El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.
III. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 1. Principios generales de la ejecución de medidas  Principio de jurisdiccionalidad El único título válido que puede habilitar para la ejecución de una medida de seguridad es una sentencia judicial firme.
Art. 3.1 CP: «No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales».
 Principio de legalidad Art. 3.2 CP: «Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto»  Control de la ejecución de las medidas Art. 3.2 CP: «La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes».
La propia dinámica de ejecución de la medida inicialmente impuesta irá produciendo efectos en y alterando la situación o el estado de peligrosidad del sujeto.
Art. 6.2 CP  La medida no puede exceder de lo necesario para prevenir la peligrosidad del sujeto Art. 97 CP  Establece los mecanismos adecuados para adaptar la ejecución de la medida a la incidencia que la misma vaya teniendo en el estado de peligrosidad del sujeto. La competencia para la revisión o modificación de la ejecución de la medida se atribuye al Juez o Tribunal sentenciador 6 LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS Art. 98 CP  El Juez o Tribunal sentenciador, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 98, debe resolver motivadamente a la vista de la propuesta o de los informes anteriores, «oída la propia persona sometida a la medida, así como el Ministerio Fiscal y las demás partes. Se oirá asimismo a las víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto».
2. Posibles variaciones en la ejecución de las medidas Art. 97 CP  Establece4 posibles variaciones en la ejecución de la medida inicialmente impuesta que rigen con carácter general: a) el mantenimiento; b) el cese; c) la sustitución; y d) la suspensión de la ejecución.
A) Mantenimiento de la ejecución de la medida de seguridad impuesta El Tribunal sentenciador puede resolver mantener la ejecución de la medida en sus términos iniciales, bien porque ése sea el sentido de la propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria, bien porque el Tribunal sentenciador rechace la propuesta de aquél tras la vista del correspondiente procedimiento contradictorio. En tal caso el sujeto podrá hacer uso, desde luego, de los recursos que le asistan, pero si éstos son desestimados la ejecución de la medida se mantendrá en sus términos iniciales.
B) Cese de la medida en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto Se trata de un supuesto en que ha desaparecido el hecho que fundamentaba la aplicación de la medida.
En caso de no cesar la medida cuando no hay peligrosidad Vulneración del principio de proporcionalidad, que extiende su eficacia también a la fase de ejecución de las medidas de seguridad.
C) Sustitución de la medida por otra más adecuada Art. 97 CP: «En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejará tal medida sin efecto».
D) Suspensión de la ejecución Art. 97 CP: «Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que lo impuso. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado, y podrá dejarse sin efecto si nuevamente resultara acreditada cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 95 de este Código».
Casos en que el tratamiento haya evolucionado favorablemente sin que, ello no obstante, exista garantía fundada de que la peligrosidad ha desaparecido -si así fuera debería decretarse el cese de la medida-.
La suspensión podrá revocarse no sólo si delinque durante ese plazo, sino también si durante el mismo se produjera un retroceso en la evolución del sujeto que revelara la probabilidad de que cometa algún delito.
E) Quebrantamiento de la medida Art. 100 CP: 1.
2.
3.
El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado.
Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad.
En ambos casos el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. A estos efectos, no se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. No obstante, el Juez o Tribunal podrá acordar la 7 LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate.
3. Extinción de las medidas. En particular, la prescripción Causas de extinción de la medida:  Muerte del sometido a la medida  Cumplimiento de la medida (en este caso tendrá lugar no sólo cuando se alcance el límite máximo impuesto en la sentencia sino también cuando desaparezca la peligrosidad del sujeto que sirve de fundamento a la medida)  Indulto  discusión o Opinión dominante  el indulto no es aplicable a las medidas de seguridad.
 Prescripción de la medida de seguridad (art. 135 CP)  controversia o Opinión favorable a su reconocimiento por razones de seguridad jurídica, así como por la imposibilidad de mantener abiertos indefinidamente los expedientes y procedimientos para el tratamiento de la peligrosidad.
Art. 135 CP: 1.
2.
3.
Las medidas de seguridad prescribirán a los diez años, si fueran privativas de libertad superiores a tres años, y a los cinco años si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido.
El tiempo de la prescripción se computará desde el día en que haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.
Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de ésta».
IV. CONCURRENCIA DE PENAS Y MEDIDAS Casos en que un sujeto es penalmente responsable (aunque sea de un modo atenuado) y es, además, criminalmente peligroso, pueden concurrir las dos consecuencias típicas del Derecho penal:  La pena adecuada a la medida de la culpabilidad del autor  La medida de seguridad adecuada a su peligrosidad.
La aplicación, a la vez, de la pena y de la medida de seguridad sería posible teóricamente sin que ello diera lugar ni a una infracción del principio ne bis in idem ni a una doble punición.
“Sistema vicarial” (art. 99 CP): consiste en la posibilidad de combinación de penas y medidas, pero de tal modo que la medida de seguridad va a «representar» a la pena, con la consecuencia de que el tiempo de medida que se cumpla podrá ser computado en el de la pena.
o Art. 99 CP: «En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 96.3».
8 LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS Regulación española del supuesto de concurrencia de pena y medida  características: 1) Cuando las medidas impuestas no sean privativas de libertad (cuando no puedan imponerse porque el sujeto no fue castigado con pena privativa de libertad / porque se estime innecesaria), entonces rige el sistema de acumulación, pudiéndose imponer íntegramente la pena y la medida que correspondan.
2) Cuando la pena y la medida concurrentes sean privativas de libertad, entonces entrará en aplicación el sistema vicarial previsto en el art. 99 CP.
Rasgos del sistema vicarial: a) El juez o el tribunal debe ordenar siempre el cumplimiento de la medida en 1r lugar. El tiempo de cumplimiento de la medida se descontará del de la pena.
b) Casos en que una vez alzada la medida quede todavía un resto de pena por cumplir  el juez dispone de 2 posibilidades según las circunstancias 1) ordenar el cumplimiento de ese resto de pena; 2) si dicho cumplimiento pudiera poner en peligro los efectos del tratamiento conseguidos con la medida, entonces puede suspender el cumplimiento del resto de pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o bien aplicar alguna de las medidas previstas en el art. 96.3.
Reforma del CP de 2010  supuesto de concurrencia de pena y medida que se realiza de acuerdo con el sistema dualista de acumulación.
o Arts. 98.1 y 106.2 CP al sujeto semi-imputable y al plenamente imputable se le impone, además de la pena, la medida de libertad vigilada (con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad).
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