Derecho Tributario (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Procedimientos del sistema tributario español
Profesor J.R.
Año del apunte 2014
Páginas 39
Fecha de subida 22/03/2015
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APUNTES DE IRPF Y PARTE HISTORICA

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qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Derecho Tributario: Parte especial wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Profesor: José Andrés Rozas Valdes opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Año 2014-2015 Lorena Muñoz Fernández DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II Introducción al sistema financiero español Actividad financiera y derecho financiero - Características de la actividad financiera y diferencias con la actividad económica ACTIVIDAD ECONÓMICA Sector privado y sector público Individual o comunitaria Bienes y servicios individualizables ACTIVIDAD FINANCIERA Sector público Comunitaria Bienes y servicios de difícil o imposible individualización Provisión coactiva Prestación y norma Intereses generales Actividad reglada Provisión libre Precio y mercado Intereses “particulares” Libertad condicionada - Ámbito subjetivo y objetivo de la actividad financiera o Entidades públicas responsables de la ordenación y gestión de sus recursos financieros: el fisco (Conjunto de los servicios encargados de establecer y percibir los impuestos).
o Sistema de ingresos y gastos públicos “El sistema financiero público” Impuetos Ingresos Tributos Tasas Deuda pública Contribuciones especiales Patrimoniales Transferencias Multas Sistema financiero público Presupuesto europeo Presupuesto estatal Gastos Presupuesto autonómico Presupuesto local Seguridad social Presupuesto institucional Otros entes públicos o Bienes, derechos y obligaciones de naturaleza económica de titularidad pública: “El erario público”; “El patrimonio público”.
2 El Tesoro Público o erario es el departamento del Ministerio de Economía y Hacienda que se ocupa de la recaudación de impuestos y dictar órdenes (a las personas públicas) de pago para atender a los gastos presupuestarios.
o Disciplinas científicas que tienen por objeto el análisis de la actividad financiera - Ámbito subjetivo y objetivo de la actividad financiera Ente público Estado Normativa básica Tit. VI y arts. 149, 1, 10ª, 11ª, 14ª, 17ª, 18ª CE CCAA Arts. 156-158 CE Corporaciones locales Art. 140 y 142 CE Entes públicos internacionales Su normativa propia - Ámbito competencial - Hacienda general: Armonización, coordinación, compensación.
- Hacienda estatal.
- Establecer y exigir tributos propios o cedidos.
- Emisión de deuda pública.
- Elaboración y aprobación de sus presupuestos.
- Ordenación de su patrimonio.
- Disponer de recursos tributarios.
- Emitir deuda pública.
- Elaborar y aprobar sus propios presupuestos.
Sólo podrán exigir tributos cuando una ley expresamente los habilite para ello.
Límites La CE y los Tratados internacionales Los del Estado, la LOFCA, los Estatutos y la normativa estatal que les sea de aplicación.
Los del Estado, la normativa estatal y la autonómica.
Limitado a la habilitación legal expresa.
Concepto y ámbito del derecho financiero o Perspectivas desde las que abordar el fenómeno financiero: 1. Económica: economía del sector público 2. Sociología: sociología financiera 3 3.
4.
5.
6.
Política: política financiera Estadística: estadística financiera Psicología: psicología financiera Jurídica: derecho financiero o Ordenación jurídica del sistema de ingresos y gastos de las entidades públicas.
- Contenido del derecho financiero o El derecho presupuestario: principios y normas que rigen la ordenación de los presupuestos de las entidades públicas.
o El derecho tributario: principios y normas que rigen la ordenación de los tributos.
o El derecho patrimonial público: principios y normas que rigen la ordenación de los bienes y derechos de titularidad pública.
o El derecho del crédito público: principios y normas que rigen el endeudamiento de las entidades públicas.
- El derecho presupuestario y el derecho tributario o Derecho presupuestario: Ley general presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre Ley de finanzas públicas de Cataluña, Decret Legislatiu 3/2002 de 24 de septiembre Ley de Haciendas locales, RDL 2/2004 de 5 de marzo o Derecho tributario: Ley general tributaria 58/2003 de 17 de diciembre Tributos (ver esquema) Tributos autonómicos -El sistema autonómico de régimen común Las Comunidades Autónomas tienen capacidad para la creación de tributos propios de acuerdo con lo previsto en los artículos 133.2 y 157.1b) de la Constitución Española y 6.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Ahora bien, la LOFCA (artículos 6.2 y 3 y artículo 9), establece límites a la potestad tributaria autonómica en relación con el sistema tributario estatal y local impidiendo que las CCAA puedan crear tributos propios sobre hechos imponibles 4 ya gravados por el Estado o por los tributos locales. Asimismo, impone a los tributos propios autonómicos otros límites derivados de principios como el de territorialidad y el de libre circulación de personas, mercancías y servicios.
Los impuestos propios (de régimen común): - Bingo y depósitos bancarios Terrenos y edificaciones infrautilizadas Impuestos medioambientales: o Aguas (saneamiento, vertidos, embalses) o Contaminación atmosférica o Instalaciones, riesgos y establecimientos o Depósito de residuos Normativa y gestión de los impuestos cedidos: En la sección 2.ª del Título I de la Ley se regulan los recursos financieros del sistema en el año base que se destinan a financiar las necesidades globales de financiación, como son los tributos cedidos, la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global.
1. Los tributos cedidos, que conforman lo que se denomina en la Ley la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas, son, básicamente, los que ya recogía la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, aunque en algún caso se produce una elevación en los porcentajes de cesión. Por tanto, forman parte de la capacidad tributaria los siguientes recursos tributarios: a. Recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de los Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los servicios transferidos.
b. Recaudación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
c. La Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que asciende al 50% de los residentes en la Comunidad Autónoma.
d. Cesión del 50% de la recaudación líquida por Impuesto sobre el Valor Añadido.
e. Cesión del 58% de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco.
f. Cesión del 100% de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad.
5 - Regímenes especiales Canarias: o Incentivos a la inversión (RIC y ZEC) o Impuestos del REF (IGIC 5%, 2%, 0%; AIEM; IEMT) o Atenuación o inaplicación de los especiales Dentro del régimen común, conviene apuntar brevemente que en el caso de Canarias, nos encontramos que por razones históricas y geográficas las islas cuentan con algunas diferencias respecto del resto de las CC AA a las que se aplica este régimen común, ya que la financiación canaria cuenta con las especificidades previstas por la normativa de la Unión Europea respecto de las regiones ultra periféricas. Dicha singularidad del archipiélago encuentra su respaldo constitucional en la disposición adicional tercera de nuestra norma fundamental.
La Ley 22/2009 en sus disposiciones adicionales establece que la aplicación del sistema de financiación al Archipiélago Canario teniendo en cuenta su peculiar régimen económico-fiscal. La disposición adicional octava atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencias normativas en el impuesto general indirecto canario y en el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias.
Estas medidas tratan de homogeneizar la estructura económica y fiscal de Canarias respecto al resto del territorio español, pero manteniendo relevantes especificidades y ventajas. Al disminuir la presión fiscal y aumentando los incentivos económicos, se pretende que Canarias adquiera un componente de atracción que compense los efectos negativos y desfavorables de su lejanía e insularidad.
Los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF, en adelante) canario son compatibles con la actual normativa comunitaria. Lo cual ha sido corroborado por la Comisión Europea el 16 de diciembre de 1997, que confirma que los incentivos fiscales recogidos el REF son ayudas compatibles con el mercado común conforme con lo dispuesto por el Tratado de la Unión Europea y al Acuerdo CEE.
Ceuta y Melilla: o Impuesto indirecto municipal (IPSICM) o Bonificaciones en los impuestos cedidos y locales o Atenuación o inaplicación de los especiales Más peculiar es el caso de Ceuta y Melilla, que son dos ciudades que participan de la financiación autonómica en la medida en la que cuentan con su propio estatuto de autonomía de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria quinta del texto constitucional.
Circunstancias geográficas e históricas han dificultado la evolución económica de las ciudades de Ceuta y Melilla, dando lugar a un tratamiento fiscal diferenciado del que tradicionalmente han recibido los territorios peninsulares y las Islas Baleares.
6 Las Leyes de 18 de mayo de 1863 y de 14 de julio de 1894 declararon, respectivamente, puertos francos a las ciudades de Ceuta y Melilla con objeto de facilitar su desarrollo económico, posibilitando la entrada y salida de mercancías con un menor coste.
Con la Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la que se aprueba el Arbitrio sobre la producción y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla, se crea un arbitrio específico para las ciudades de Ceuta y Melilla, adaptado a las especiales circunstancias económicas y fiscales de estas ciudades, pero que se integra en la normativa general recogida en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, de 28 de diciembre de 1988, en todos los aspectos relativos a la gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los tributos.
Siguiendo la línea marcada por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las CC AA de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía que en su disposición transitoria primera recogía la posible cesión de tributos a las ciudades de Ceuta y Melilla, ya que las mismas –al carecer de asambleas legislativas– no podrán asumir las competencias normativas sobre los tributos cedidos, la nueva Ley 22/2009 de cesión de tributos en sus disposiciones adicionales pri mera y segunda regula las especialidades en la aplicación del sistema de financiación en atención a los territorios.
Sistema Foral: En España existen dos modelos de financiación de las CC AA. Por un lado encontramos el régimen común, que incluye a todas las CC AA salvo a Navarra y el País Vasco que cuentan con un régimen específico denominado régimen foral. Se puede decir que en España conviven cinco administraciones fiscales: la del régimen común, la de Navarra y las tres correspondientes a los territorios históricos que conforman el País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).
a) Navarra De acuerdo con la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, Navarra se incorporó al proceso histórico de formación de la unidad nacional española manteniendo su condición de Reino, con la que vivió, junto con otros pueblos, la gran empresa de España.
Avanzado el siglo XIX, Navarra perdió la condición de Reino, pero la Ley de 25 de octubre de 1839 confirmó sus Fueros, sin perjuicio de la unidad constitucional, disponiendo que, con la participación de Navarra, se introdujera en ellos la modificación indispensable que reclamara el interés de la misma, conciliándolo con el general de la Nación y de la constitución de la Monarquía.
A tal fin, se iniciaron negociaciones entre el Gobierno de la Nación y la Diputación de Navarra y, en el acuerdo que definitivamente se alcanzó, tuvo su origen la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, aprobada por las Cortes de la Monarquía española.
7 Al amparo de las citadas leyes, que traían causa de sus derechos originarios e históricos, Navarra conservó su régimen foral y lo ha venido desarrollando progresivamente, conviniendo con la Administración del Estado la adecuación de facultades y competencias cuando fue preciso, acordando fórmulas de colaboración que se consideraron convenientes y atendiendo siempre las necesidades de la sociedad.
En justa consideración a tales antecedentes, la Constitución, que afirma principios democráticos, pluralistas y autonómicos, tiene presente la existencia del Régimen Foral y, consecuentemente, en el párrafo primero de su disposición adicional primera, ampara y respeta los derechos históricos de Navarra y, en el apartado 2 de su disposición derogatoria, mantiene la vigencia en dicho territorio de la Ley de 25 de octubre de 1839. De ahí que, recién entrada en vigor la Constitución se promulgara, previo acuerdo con la Diputación Foral, el Real Decreto de 26 de enero de 1979, con el que se inició el proceso de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Es, pues, rango propio del Régimen Foral navarro, amparado por la Constitución que, previamente a la decisión de las Cortes Generales, órgano del Estado en el que se encarna la soberanía indivisible del pueblo español, la representación de la Administración del Estado y la de la Diputación Foral de Navarra, acuerden la reforma y modernización de dicho Régimen. Dada la naturaleza y alcance del amejoramiento acordado entre ambas representaciones, resulta constitucionalmente necesario que el Gobierno, en el ejercicio de su iniciativa legislativa, formalice el pacto con rango y carácter de Proyecto de Ley Orgánica y lo remita a las Cortes Generales para que éstas procedan, en su caso, a su incorporación al ordenamiento jurídico español como tal Ley Orgánica.
En virtud de su régimen foral, la actividad financiera y tributaria de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico. En el mismo se determinarán las aportaciones de Navarra a las cargas generales del Estado, así como los criterios de armonización de su régimen tributario con el régimen general del Estado, y que comenzó a gestarse en 1841 con la Ley promulgada dicho año de Modificación de los Fueros de Navarra, momento en el que se establece la obligación de Navarra de realizar una aportación al gobierno central de carácter obligatorio y de cálculo objetivo, ya que hasta ese momento su aportación era a título de donativo.
De acuerdo con su régimen foral, amparado y respetado por la Constitución en su disposición adicional primera, la actividad financiera y tributaria de Navarra se ha venido rigiendo por el sistema tradicional de Convenio Económico.
El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto-Ley 16/1969, de 24 de julio, por el que se fija la aportación de Navarra al sostenimiento de las cargas generales del Estado y se armoniza su peculiar régimen fiscal con el general del Estado, resultó inadecuado a principios de los años 90, ya que no regulaba adecuadamente las relaciones financieras y tributarias entre ambas Administraciones, habida cuenta de la profunda transformación operada en la organización territorial del Estado al amparo de la Constitución de 1978, de las nuevas facultades y competencias reconocidas a 8 Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento de su Régimen Foral y de las importantes reformas de que ha sido objeto el sistema tributario estatal, con las que el vigente Convenio Económico sólo ha podido armonizarse provisional y parcialmente.
En consecuencia, y con la finalidad de adecuar sus relaciones financieras y tributarias a las referidas circunstancias, ambas Administraciones han establecido, de común acuerdo, un nuevo Convenio Económico que fue suscrito por sus respectivas representaciones el 31 de julio de 1990.
Aprobado por el Parlamento de Navarra en sesión celebrada el 20 de septiembre de 1990, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, fue aprobada la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
El Convenio vigente se aprobó el 26 de noviembre de 1990 y establece una serie de reglas armonizadoras respecto a la normativa estatal. El Convenio Económico es el acuerdo entre la administración de la Comunidad Foral de Navarra y la central de España para establecer, por una parte, la aportación que le corresponde al sostenimiento de las cargas generales del Estado, y por otra para armonizar el régimen fiscal privativo navarro con el mismo. Su contenido es inalterable por las partes y sólo puede ser modificado por acuerdo. Navarra tiene, como derecho histórico plasmado en su régimen foral, potestad para establecer, regular y mantener su propio régimen tributario.
A grandes rasgos este Convenio establece que en virtud de su régimen foral, Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. En el ejercicio de su actividad financiera, corresponden a Navarra las competencias que se le reconocen en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. En el ejercicio de la potestad tributaria, la Comunidad Foral de Navarra deberá respetar: 1. Los criterios de armonización del régimen tributario de Navarra con el régimen general del Estado establecidos en este convenio económico.
2. Las competencias que, conforme a lo dispuesto en el presente convenio económico, correspondan al Estado.
3. Los tratados o convenios internacionales suscritos por el Estado, en especial los firmados para evitar la doble imposición, así como las normas de armonización fiscal de la Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda practicar como consecuencia de la aplicación de tales convenios y normas.
4. El principio de solidaridad a que se refiere el artículo 1 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
5. Las instituciones, facultades y competencias del Estado inherentesa la unidad constitucional, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Por otro lado, la Comunidad Foral de Navarra podrá establecer tributos distintos de los convenidos respetando los principios mencionados anteriormente y los siguientes criterios de armonización: 9 1. Se adecuará a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente convenio.
2. Establecerá y mantendrá una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado.
3. Respetará y garantizará la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios.
4. Utilizará la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas pueda llevar a cabo la Comunidad Foral.
Para la exacción, gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos propios de la Comunidad Foral, la Hacienda Pública de Navarra ostentará las mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del Estado.
De conformidad con lo establecido en este Convenio, el Estado y la Comunidad Foral de Navarra colaborarán en la aplicación de sus respectivos regímenes tributarios y, a tal fin, se facilitarán mutuamente las informaciones y ayudas necesarias.
El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de la Comunidad Foral de Navarra en los Acuerdos Internacionales que incidan en la aplicación del presente Convenio Económico.
El Estado y la Comunidad Foral arbitrarán los procedimientos de intercambio de información que garanticen el adecuado cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales del Estado y, en particular, de la normativa procedente de la Unión Europea en materia de cooperación administrativa y asistencia mutua.
Corresponderá, en todo caso, al Estado la regulación, gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido y quedará siempre a salvo la alta inspección del Estado, en garantía de las facultades que se le reservan en el presente convenio económico.
b) País Vasco En el caso del País Vasco, el sistema foral tradicional de Concierto Económico se aplicará en la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Estatuto de Autonomía.
El Concierto nace después de ser suprimidos los derechos forales de las Vascongadas en 1878 por real decreto del Gobierno de Cánovas del Castillo al finalizar la guerra carlista. Franco suprimió el Concierto para los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa mediante Real Decreto de fecha 23 de junio de 1937 por su condición de Provincias traidoras al Movimiento Nacional, aunque siguió vigente el Concierto con Álava.
10 La Ley 12/1981, de 13 de mayo, pone en vigor el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, que ha sido sustituido por el Concierto Económico aprobado por la Ley 12/2002, actualmente vigente.
Estos Territorios Históricos funcionan independientemente entre sí y es por ello por lo que al principio de este apartado hemos mencionado que en España conviven cinco administraciones fiscales: la del régimen común, la de Navarra y las tres correspondientes a los territorios históricos que conforman el País Vasco.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece el principio esencial en esta materia, conforme al cual las instituciones competentes de los territorios históricos del País Vasco pueden mantener, establecer y regular su propio sistema tributario.
La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco establece que el marco jurídico-positivo del Concierto Económico tiene su elemento fundamental en la disposición adicional primera de la Constitución, en virtud de la cual se amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales, a la vez que se ordena la actualización general de dicho régimen foral en el marco de la propia Constitución y del Estatuto de Autonomía.
El ejercicio de esa potestad tributaria foral, como elemento material constitutivo de la especialidad vasca, requiere, a su vez, el adecuado ordenamiento de las relaciones de índole financiera y tributaria entre el Estado y el País Vasco, a cuyo fin el antes citado Estatuto de Autonomía dispone que las relaciones tributarias vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenios.
Consecuencia lógica de este principio, es la existencia de los flujos financieros entre ambas Administraciones que deben ser recogidos en dicho Concierto.
Se confiere, por lo demás, al Concierto Económico un carácter indefinido, con el objeto de insertarlo en un marco estable que garantice su continuidad al amparo de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, previéndose su adaptación a las modificaciones que experimente el sistema tributario estatal.
Como ocurre en el caso de Navarra, en este Concierto Económico aparecen reguladas las distintas competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos: Así dispone que las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario.
La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales.
Como principios generales del sistema tributario que establezcan los Territorios Históricos, se establecen los siguientes: 11 Primero. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
Segundo. Atención a la estructura general impositiva del Estado. Tercero.
Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de acuerdo con las normas del presente Concierto Económico.
Cuarto. Coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las instituciones de los Territorios Históricos según las normas que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.
Quinto. Sometimiento a los Tratados o Convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a los que éste se adhiera.
En particular deberá atenerse a lo dispuesto en los Convenios internacionales suscritos por España para evitar la doble imposición y en las normas de armonización fiscal de la Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda practicar como consecuencia de la aplicación de tales convenios y normas.
Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria para la interpretación de las normas tributarias.
En aras de la armonización fiscal se establecen las siguientes reglas que los Territorios Históricos deberán acatar en la elaboración de la normativa tributaria: 1. Se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico.
2. Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado.
3. Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.
4. Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas pueda llevarse a cabo.
Las instituciones competentes de los Territorios Históricos comunicarán a la Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria. De igual modo, la Administración del Estado practicará idéntica comunicación a dichas instituciones.
El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las Instituciones del País Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del presente Concierto Económico.
El Estado y los Territorios Históricos, en el ejercicio de las funciones que les competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejor exacción.
12 En particular, ambas Administraciones: 1. Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la información que precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria.
Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática fiscal.
2. Los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados, así como sobre contribuyentes que hayan cambiado de domicilio, entidades en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades.
El Estado y las Instituciones del País Vasco arbitrarán los procedimientos de intercambio de información que garanticen el adecuado cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales del Estado y, en particular, de la normativa procedente de la Unión Europea en materia de cooperación administrativa y asistencia mutua.
Al igual que en el caso del Convenio navarro, en este Concierto se reservan una serie de competencias exclusivas del Estado: La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los derechos de importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido y la alta inspección de la aplicación del presente Concierto Económico, a cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, un informe sobre los resultados de la referida aplicación.
Tributos Locales - Los impuestos municipales Los Impuestos Municipales son tributos que se pagan a los Gobiernos Municipales, por activos que una persona (natural o jurídica) posea. Estos tributos se gravan en función al valor del bien y se cancelan una vez al año, después que la gestión ha vencido, es decir que los impuestos del año 2004 se pagan durante el 2005.
Los Ayuntamientos exigirán obligatoriamente los siguientes impuestos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
Podrán exigir si así lo acuerdan mediante ordenanza fiscal, ICIO, IIVTU, y las tasas y precios públicos que estimen.
Todos los tributos están regulados en el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y concretados en las ordenanzas de cada ayuntamiento.
Los conceptos por los que los ciudadanos deben pagar a su municipio, cuando concurran las circunstancias que determinen cada hecho imponible, son: 13       Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) Impuesto sobre las Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) Tasas y precios públicos - Otras entidades locales y regímenes especiales o Recargos provinciales sobre el impuesto de actividades económicas o Recargos de entidades metropolitanas sobre IBI o Regímenes especiales: Ceuta y Melilla, Canarias y Baleares (Cabildos) y Territorios Forales (Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).
14 Tema 1. Sistema tributario español - Los impuestos en el sistema tributario español o Contexto histórico y sociopolítico: 1845: Los primeros intentos de crear una contribución única y la reforma tributaria de Mon-Santillán.
En este año se tiende a decir que es el momento del nacimiento del sistema tributario español. No obstante, no hemos de olvidar que antes de esa época ya hubo intentos de racionalizar el panorama tributario primero en los Reinos de Aragón y de Castilla y posteriormente cada provincia y ciudad de España, con excepción de Navarra y País Vasco que continuarán conservando su autonomía financiera.
El deseo reside en conseguir la unificación fiscal del conjunto de figuras tributarias existentes en las dos grandes monarquías hispánicas. El 23 de mayo de 1845 se aprueba la ley de presupuestos también conocida como la reforma tributaria de Mon-Santillán. En esta se introduce la imposición directa (ejemplo del modelo francés), es decir, un sistema tributario analítico basado en impuestos separados sobre las distintas fuentes de producción de la renta.
Tributos de imposición directa: - - - Contribución de Bienes inmuebles, cultivo y ganadería (1865): se recauda por un sistema de cupos basado en un rendimiento anual global a obtener que la ley fijaba en función de los amillaramientos (padrones donde los propietarios registraban sus bienes y así se distribuía la cuota que habría de pagar cada provincia).
Subsidio de Industria y comercio (antecedente del IAE): se grava el producto de estas fuentes de renta junto con la de los profesionales. Se recaudaba por el sistema de cuota en que la ley tenía en cuenta los hechos que revelan la capacidad económica de cada contribuyente.
Contribución de Inquilinatos: se gravan los alquileres satisfechos por el contribuyente.
Impuesto sobre sueldos y asignaciones y Cédulas personales.
Tributos de imposición indirecta: - Contribución sobre consumo de determinados productos.
Impuesto de los estancos Impuesto del sello Derecho de hipotecas (gravar las transmisiones mortis causa o intervivos de bienes inmuebles así como algunos derechos reales como el subarriendo o arriendo).
15 - Impuesto de aduanas.
1900: La reforma tributaria de Fernández Villaverde y la segunda república Es la reforma llevada a cabo mediante la ley 27 de marzo del 1900 que pretendía lograr un equilibrio presupuestario por medio de una reducción del déficit público provocado por la independencia de las colonias y una mayor racionalización del sistema tributario.
Tributos de imposición directa: - - Desdoblamiento de la Contribución de Bienes inmuebles, cultivo y ganadería en: contribución territorial rústica y urbana (cuota directa) y la contribución de utilidades de la riqueza mobiliaria que se dividía en tres tarifas: 1. Tarifa I: encargada de gravar las rentas que procedían del trabajo personal 2. Tarifa II: sometía a imposición ciertos rendimientos de capital 3. Tarifa III: gravaba los rendimientos mixtos del trabajo y capital obtenidos por ciertas sociedades anónimas o cooperativas (bancos, compañías de seguros…).
Contribución Industrial y del Comercio Tributos de imposición indirecta: - - Mantenimiento y ampliación del Impuesto del timbre e introducción en el impuesto de derechos reales y transmisiones patrimoniales un gravamen progresivo.
En el ámbito local se llevan a cabo una serie de reformas por las que se sustituyen los derechos sobre consumos por un conjunto de impuestos de igual naturaleza.
A partir de la reforma de Villaverde y hasta 1940 se producen algunas modificaciones que mantienen en lo básico el sistema anterior “la reforma silenciosa de Flores de Lemus” en esta se modifica la tarifa III, creación dentro de la Contribución industrial de un gravamen proporcional, creación del impuesto sobre los bienes de determinadas personas jurídicas y la creación del impuesto sobre el caudal relicto que gravaba la herencia yacente.
Se introduce la ley carner antecedente del IRPF, en esa época el gravamen sólo recaía sobre las rentas superiores a 100.000 pts.
1940: Reforma Larraz obedece a un nuevo incremento del gasto público pero derivado esta vez de las necesidades de reconstrucción tras la Guerra civil mediante la elevación de los tipos de gravamen y la generalización en el ámbito de aplicación de los impuestos.
16 En el ámbito de imposición indirecta se crea una nueva Contribución de usos y consumos dividida en cinco tarifas. La reconstrucción de las haciendas locales se llevó a cabo mediante la ley de bases del régimen local de 1945 que suprime los arbitrios sobre los inquilinatos y fija las exacciones municipales.
1957: esta reforma tenía como consecuencia positiva el incremento de recaudación ya que sin aumento de los tipos de gravamen aumentaba de manera ostensible los ingresos tributarios; sus graves defectos concretados en la generalización del fraude y de una doble contabilidad, quebramiento de los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y capacidad económica y reconocimiento de la insuficiencia de los medios materiales y personales al servicio de la Administración.
1964: Reforma del sistema tributario obedecía a un deseo de adecuar el sistema tributario a los cambios fiscales internacionalmente vigentes. La imposición directa se va a estructurar en tres impuestos generales y cinco impuestos a cuenta reales o de producto.
Impuestos generales: - IRPF Impuesto general sobre la renta de sociedades Derechos reales se crea el Impuesto general sobre las sucesiones y transmisiones patrimoniales o Contexto internacional: la estructura impositiva caracterizada por un aislamiento internacional y una política económica autosuficiente basada en recursos propios duró hasta la primera mitad del régimen franquista etapa a partir de la cual se empieza a apreciar una creciente apertura internacional y en la que se precisaba una reforma del sistema tributario que permitiera no sólo un desarrollo y crecimiento económico sino también un incremento del gasto público. Dicha reforma es la ley de presupuestos del estado, contribuciones e impuestos.
o Contexto económico: En 1957, ante la insuficiencia del sistema para financiar las cargas existentes, y como preparación de lo que dos años después sería el Plan Nacional de Estabilización Económica el sistema fiscal existente se transformó para tratar de incrementar la recaudación. Se trató de racionalizar el conjunto de tributos estatales a través de una sistematización más adecuada y por otra parte corregir la insuficiencia del sistema, tratando de atajar el fraude fiscal, esto se realizó a través de la utilización de los sistemas de evaluaciones globales y convenios con grupos de contribuyentes 17 o Contexto jurídico: es el conjunto sistematizado y coherente de tributos (tasas, contribuciones especiales e impuestos) exigidos por los poderes públicos con arreglo a unos principios constitucionales (igualdad, progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica) para así alcanzar un nivel suficiente de ingresos con los que satisfacer las necesidades públicas.
- Reforma y sistema de 1978 o Insuficiencia y agotamiento del sistema de 1964: debido a que se avecinaban cambios con la democracia. Los cambios eran necesarios debido a la nueva estructura territorial del Estado que a su vez exigía la autonomía financiera de las CCAA y la suficiencia financiera de las Corporaciones locales. Además se busca eliminar las evaluaciones globales y los jurados tributarios y el establecimiento de verdaderos impuestos sobre la renta.
o Demandas socio-políticas de impuestos personales progresivos y de medidas efectivas de represión del fraude: las primeras cortes democráticas elaboraron la ley 50/1977 de 14 de noviembre “Medidas Urgentes en Materia fiscal” se pretendía cambiar el clima tributario del país en base a un conjunto de iniciativas tomadas en orden a acentuar el grado de responsabilidad tributaria: regularización voluntaria de la situación fiscal de aquellas personas físicas o jurídicas, supresión de supuestos de elusión fiscal, modificación y tipificación del delito fiscal, supresión del secreto bancario.
o Marco político-administrativo de organización territorial:  LOFCA 8/1988  LRHL 39/1988 o Marco constitucional: LGT 58/2003 o Complementos necesarios:  LTPP 8/1989  Introducción del IVA (1986)  AEAT: art. 103 de la ley 31/1990 18 - Mapa del sistema tributario de 1978 RENTA IRPF IS IRNR IAE IIVTNU PATRIMONIO IP ISD IBI IVTM Contribuciones especiales REGISTRO ITPAJD ICIO Juego Tasas CONSUMO IVA IE (alcoholes, tabaco, hidrocarburos, electricidad, seguros, matriculación) Aduanas Explicación del esquema número 1 SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL: el conjunto de figuras impositivas se integran clasificándose en impuestos directos e indirectos.
Impuestos directos: - Impuestos personales sobre la renta: Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica y sirve para apreciar la capacidad económica real de cada contribuyente al gravar la renta global de las personas físicas residente en territorio español atendiendo a las circunstancias personales y familiares, es decir, la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales así como las imputaciones de renta establecidas por ley.
Es un impuesto cedido a las Comunidades autónomas al 50% de recaudación también podrán regular bajo ciertos límites el importe mínimo personal y familiar.
También lo disponen los territorios forales.
Impuesto sobre sociedades (IS): gravar a las sociedades y demás entidades con personalidad jurídica por la obtención de renta de carácter sintético, es decir, por la diferencia entre ingresos y gastos.
Es un impuesto no cedido a las Comunidades Autónomas pero si a los territorios forales.
Impuesto sobre la Renta de no residentes (IRNR): gravar tanto a personas físicas como a entidades con o sin personalidad jurídica que no sean residentes en territorio español por las rentas que se entiendan producidas por el mismo. Éste gravamen difiere según si la persona o entidad no residente actúe en España a través de un establecimiento permanente o sin él: - A través de un establecimiento permanente: las rentas le serán imputables al mismo.
19 - A través de un establecimiento no permanente: la tributación del contribuyente se hace de forma separada por cada devengo de renta sometida a gravamen y sin posibilidad de compensación.
Respecto a la cesión de éste impuesto la tienen los territorios forales.
- Impuestos personales sobre el capital: Impuesto sobre el patrimonio (IP): grava la titularidad por una persona física determinada de un conjunto de bienes, derechos y obligaciones sin tener en consideración sus circunstancias personales y familiares.
Es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas con competencia tanto recaudatoria como normativa si la comunidad no las ejerce será aplicada la ley.
También está cedido a los territorios forales.
Impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD): grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas, derivados de la adquisición gratuita de bienes o derechos ya sea por actos inter vivos o mortis causa.
Tienen competencia normativa, de gestión y recaudación las Comunidades Autónomas y los territorios forales.
Impuestos indirectos: Impuesto sobre el valor añadido (IVA): se pone de manifiesto la capacidad económica del contribuyente por el consumo de bienes y servicios realizados en el territorio donde es de aplicación el impuesto.
Es un impuesto cedido parcialmente (50%) a las Comunidades Autónomas con sólo competencia en materia de recaudación. También está cedido a los territorios forales.
Impuestos especiales (IE): gravan una serie de consumos específicos y concretos como bebidas alcohólicas, tabaco, hidrocarburos, electricidad… Se transfiera a las Comunidades Autónomas hasta el 58% de la recaudación.
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD): esta cedió a las Comunidades Autónomas y los territorios forales.
SISTEMA TRIBUTARIO AUTÓNOMICO: art. 157 CE, donde gozarán las Comunidades Autónomas de impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales, impuestos propios, tasas y contribuciones especiales.
20 En las Comunidades de régimen común su financiación viene dada en mayor parte por su participación en aquellos impuestos en los que se cede o bien el importe íntegro de la recaudación derivada de las deudas tributarias como: - IP ISD IE (sobre determinados medios de transporte) Y en la cesión parcial: IRPF, IVA, IE Las Comunidades Autónomas pueden establecer sus propias tasas, contribuciones especiales e impuestos aunque el poder no es ilimitado ya que no pueden gravar hechos imponibles que ya han estado sometidos por imposición del Estado. Por eso la mayoría de tributos propio tiene un componente extrafiscal.
SISTEMA TRIBUTARIO LOCAL: el Estado además de estructurarse en Comunidades Autónomas se organiza en entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones y Consejos insulares). Así pueden aplicar tasa, impuestos y contribuciones especiales pero no tienen potestad legislativa para crear tributos.
La aplicación se da a través de las Ordenanzas fiscales. Hay dos tipos de impuestos: - De carácter obligatorio: son impuestos de creación y regulación estatal que deben existir en todo el municipio.
Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI): derecho real de superficie.
Impuesto sobre Actividades económicas (IAE): gravan el mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional de personas jurídicas sin exención. Están exentas las sociedades civiles y entidades sin personalidad jurídica.
Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM): gravar tanto personas físicas como jurídicas o entidades sin personalidad sólo por la tenencia de vehículos aptos para circular.
- De carácter potestativo: sólo podrán ser exigidos por los municipios que lo hayan establecido y regulado su Ordenanza fiscal.
Impuesto sobre Gastos Suntuarios: aprovechamiento de cotos de caza y pesca.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO): gravan al dueño de cualquier construcción, instalación u obra que requiera licencia urbanística.
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU): grava al adquirente o quien transmita un terreno urbano o simplemente tenga el derecho.
21 - Situación actual y perspectivas Reformas de 1998/2002/2006: - Crisis de la tributación conjunta y progresividad del IRPF Modulación del carácter sintético del IRPF: tributación del ahorro.
Armonización y acentuación de la imposición indirecta Federalismo fiscal: - Financiación autonómica Financiación local Tributación ambientalizada Financiación desagregada de servicios, con tasas y precios públicos: LTE 25/1998 Tributación armonizada del capital y de los beneficios societarios (directiva 2003) 22 Tema 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2.1. IRPF. Fundamentos. Hecho imponible. Exenciones.
La ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, constituye el instrumento legal encargado de configurar la estructura y caracteres generales de este impuesto. El desarrollo reglamentario se hace a través del RD 439/2007 de 30 de marzo.
Naturaleza y ámbito de aplicación: art. 1 LIRPF “El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares.” Caracteres: - Personal: referencia a una persona física determinada, a la que se le atribuyen las rentas que resultan sometidas a gravamen.
- Directo: grava una realidad económica la obtención de la renta que era la indicativa de la capacidad económica manifestada.
- Subjetivo: la cantidad que deberá abonare se adecuara a las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente tomando en consideración la edad, grado de discapacidad, etc.
- Periódico: lapso temporal al que resultarán imputables las rentas tomadas en consideración para la liquidación del impuesto (periodo impositivo entre el 1 de enero y 31 de diciembre).
- Progresivo: la cantidad a pagar por el contribuyente aumenta a medida que lo hacen sus rentas (manera más que proporcional) respecto de la capacidad económica manifestada.
Ámbito espacial de aplicación: Art. 4 LIRPF “1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se aplicará en todo el territorio español. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. 3. En Canarias, Ceuta y Melilla se tendrán en cuenta las especialidades previstas en su normativa específica y en esta Ley.” El art. 3 LIRPF nos viene a decir que reconoce la capacidad de las Comunidades Autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía asumir competencias normativas sobre aspectos tales como el establecimiento de la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, la determinación del importe mínimo personal y familiar, establecimiento de deducciones en la cuota íntegra autonómica, realización de inversiones no empresariales y la percepción de subvenciones.
23 El art. 5 LIRPF reconoce a los convenios y tratados internacionales sobre lo dispuesto en la normativa interna, gracias al considerable número de convenios bilaterales que surgen para eliminar aquellos supuestos en los que una misma renta puede ser sometida a gravamen por varios Estados.
Hecho imponible: El art. 6 LIRPF: “1. Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente.
2. Componen la renta del contribuyente: a. Los rendimientos del trabajo.
b. Los rendimientos del capital.
c. Los rendimientos de las actividades económicas.
d. Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
e. Las imputaciones de renta que se establezcan por ley.
3. A efectos de la determinación de la base imponible y del cálculo del Impuesto, la renta se clasificará en general y del ahorro.
4. No estará sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
5. Se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del capital.” Objeto del impuesto: se halla constituido por la renta del contribuyente que es entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que cualquiera que sea la residencia del pagador.
La única limitación de la necesaria determinación del sujeto a la que resulta atribuible conforme a las reglas establecidas en el art. 11 LIRPF.
Tipo de rendimiento Rendimientos del trabajo Rendimientos del capital Rendimientos de actividades económicas Ganancias y pérdidas patrimoniales Regla de individualización Sujeto que genera o al que se reconoce el derecho a su percepción.
Titular de los elementos patrimoniales de los que proceden los rendimientos.
Sujeto que ordena por cuenta propia los recursos humanos y materiales afectos a la actividad.
a) derivadas de transmisión previa: titular de los elementos patrimoniales de los que procedan.
b) no derivadas de transmisión previa: sujeto al que corresponda el derecho a su obtención o que las haya ganado directamente.
24 Clases de renta: DUAL TAX - Renta general: estará constituida (art. 45 LIRPF) por los rendimientos del capital inmobiliario (RCI), rendimientos del trabajo personal (RTP) los rendimientos de actividades económicas (RAE), las imputaciones de renta (IR), los rendimientos del capital mobiliario derivados de actividades no relacionadas con el ahorro (RCM) y las ganancias patrimoniales de generación no superior al año o no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales (GP y PP). La compensación e integración de los resultados positivos y negativos conformarán la base imponible general sobre la que se aplicarán las reducciones legalmente establecidas permitiendo hallar la base liquidable general que resultará sometida a un gravamen progresivo. (proporcional) - Renta de ahorro: estará constituida (art. 46 LIRPF) por las ganancias y perdidas patrimoniales manifestada siempre que su periodo de generación sea igual o superior al año (GP y PP) y por los rendimientos del capital mobiliario que puedan derivarse de alguna de las actividades relacionadas con el ahorro (RCM) como por ejemplo los que derivan de la participación en los fondos propios de entidades.
La compensación e integración de los resultados conformarán la base imponible del ahorro y las reducciones permiten hallar la base liquidable del ahorro.
Supuestos de no sujeción: son las rentas que por razones de carácter técnico o por ausencia de alguno de los elementos objetivos que integran la conducta descrita en el hecho imponible no quedarán sujetas al mismo.
- Razones de carácter técnico (art. 6.4 LIRPF): “No estará sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”.
- Supuestos de no sujeción originados por falta de concurrencia de alguno de los elementos objetivos que integran la conducta descrita en el hecho imponible (art. 33.2 LIRPF): “a) En los supuestos de división de la cosa común. b) En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación. c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros.” Exenciones: Se contemplan un variado elenco de supuestos, pese a que el contribuyente manifiesta una capacidad económica, que justifican que las rentas obtenidas en estos no resulten sometidas a gravamen.
Art. 7 LIRPF: a. Prestaciones públicas extraordinarias, así como la derivadas de medallas y condecoraciones, concedidas por actos de terrorismo: se exceptúan de gravamen todas las cantidades concebidas por el Estado u otras entidades públicas para paliar daños personales, materiales derivados 25 de este tipo de actos delictivos con independencia de la persona que tenga el derecho a su percepción sea el propio damnificado o sus familiares.
b. Ayudas percibidas por los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana como consecuencia de su contagio en el sistema sanitario público.
c. Pensiones concebidas por lesiones o mutilaciones producidas como consecuencia de la Guerra Civil.
d. Indemnizaciones por daños personales: daño físico, psíquico o moral estableciendo un diverso régimen fiscal según tengan su origen en una declaración de responsabilidad civil (el responsable del daño está obligado a indemnizar al sujeto perjudicado) o en un contrato de seguro de accidentes (indemnización percibida como consecuencia del contrato de seguro de accidentes).
e. Indemnización por despido o cese del trabajador: finalización de una relación laboral estable por causas ajenas a la voluntad del trabajador, la empresa tiene la obligación de indemnizar. No quedan exentas las indemnizaciones que se abonan por finalizar obra o servicio o por expirar el plazo o cese voluntario del trabajador.
Real decreto ley 3/2012 de 10 de febrero (cuantía equivalente a 33 días de salario por año de servicio, con un límite de 24 mensualidades). Si es anterior a esta reforma se aplicará (cuantía equivalente a 45 días de salario por año). La indemnización sólo puede producirse por la desvinculación permanente a la empresa por un mínimo de 3 años.
f. Prestaciones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas: concedidas por la Seguridad Social o mutuas en concepto de incapacidad absoluta y gran invalidez (necesitan de una persona).
g. Pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas: se exceptúan de gravamen las prestaciones ordinarias o extraordinarias percibidas por los funcionarios públicos que sufran una lesión u enfermedad que les inhabilite por completo para toda profesión u oficio.
h. Prestaciones familiares de carácter público: prestaciones por orfandad, por hijo a cargo, por nacimiento, parto múltiple o adopción.
i.
Prestaciones públicas por acogimiento o para financiar la estancia en residencias o centros de día.
j.
Becas concedidas por entes públicos o entidades sin fines lucrativos: permitir al beneficiario cursar estudios reglados o financiar la realización de labores de investigación.
26 k. Anualidades por alimentos percibidas por los hijos en virtud de decisión judicial.
l.
Premios literarios, artísticos o científicos relevantes: siempre que halla falta de interés por el concedente y ejecución de la obra con anterioridad a la convocatoria. Además no se pueden poner limitaciones a la participación por razones ajenas a la esencia del premio.
m. Ayudas a deportistas de alto nivel: hasta un importe de 60.100 euros/año.
n. Prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único: fomentar el autoempleo del trabajador con derecho a prestación por desempleo que opta por percibirla íntegramente en un solo pago para destinarla al desarrollo de una actividad económica como trabajador autónomo.
o. Gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por participación en misiones de paz o humanitarias: indemnizaciones por daños sufridos.
p. Rendimientos del trabajo percibidos por servicios efectivamente realizados en el extranjero: incentivo de las prestaciones transnacionales de servicios efectuadas por trabajadores residentes en España. Requisitos: 1. Que el trabajo se realice de manera efectiva en el extranjero exigiéndose desplazamiento físico del trabajador fuera de España y que los trabajos se efectúen realmente en el extranjero.
2. El destinatario del trabajo sea una entidad no residente en España o un establecimiento permanente situado en el extranjero.
3. Que el territorio donde se realicen los trabajos no tenga la consideración de paraíso fiscal.
El importe exento no podrá superar los 60.100 euros/año y para su determinación se tendrán en cuenta las retribuciones especificas (servicios prestados en el extranjero) y las retribuciones ordinarias (días que estuvo desplazado en el extranjero).
q. Indemnizaciones por daños personales derivadas de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
la r. Prestaciones por entierro o sepelio.
s. Ayudas económicas a las personas contagiadas de hepatitis C: consecuencia de tratamientos médicos percibidos.
t. Rentas derivadas de instrumentos de cobertura del interés variable: préstamos hipotecarios.
27 u. Indemnizaciones por privación de libertad.
v. Rentabilidad acumulada en los planes de previsión social o patrimonios protegidos constituidos en favor de personas con discapacidad.
w. Prestaciones públicas concedidas para el cuidado de personas en situación de dependencia x. Dividendos y otras participaciones en los beneficios de una sociedad y. Prestaciones y ayudas familiares de cualquier Administración Pública 2.2. IRPF. Contribuyente. Período impositivo. Criterios de individualización e imputación.
Contribuyente: una persona física adquiere la condición de contribuyente por el IRPF español cuando concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el art.
8 LIRPF se contempla: 1. una regla general (art. 9 LIRPF) basada en la residencia habitual de ese sujeto en territorio español: - - Cuando permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español salvo que el contribuyente desvirtúe esta presunción alegando que su ausencia ya no es temporal sino definitiva acreditando su nueva residencia en otro Estado. El régimen será diverso según se haya trasladado a un país con una fiscalidad normal o un país calificado como paraíso en donde deberá probar su permanencia durante más de 183 días.
Cuando se sitúe en España el núcleo de sus intereses económicos por obtener en nuestro país el mayor volumen de rentas Cuando se sitúe en España su centro de intereses personales resida en España su conyugue e hijos mayores de edad.
2. una regla especial (arts. 8.1 b) y 10 LIRPF) aplicable a determinados nacionales españoles desplazados al extranjero para el ejercicio de un cargo público: - Tendrán condición de contribuyentes los nacionales españoles, conyugues no separados legalmente e hijos menores de edad que tengan su residencia habitual en el extranjero por su condición de miembros de misiones diplomáticas o consulares, delegaciones y representaciones permanentes.
3. una regla de cuarentena (art. 8.2 LIRPF) que es aplicable a los nacionales españoles que acrediten su residencia fiscal en un paraíso fiscal: - Cualquier nacional español que traslade su residencia fiscal a un paraíso fisca continuara siendo el contribuyente del impuesto durante el ejercicio en el que efectúe el cambio de residencia y los cuatro periodos impositivos 28 siguientes. Independencia de la permanencia durante más de 183 días en el paraíso fiscal.
4. Un régimen opcional donde se permite a determinados sujetos no residentes tributar (art. 46 LIRPF) y a ciertos sujetos residentes hacerlo conforme a las reglas de tributación establecidas en el IRNR (art. 93 LIRPF): Hay que especificar en todo momento la Comunidad Autónoma en la que reside el contribuyente (art. 72 LIRPF): - Las personas físicas que permanezcan en su territorio el mayor número de días del periodo impositivo en el territorio de la Comunidad Autónoma en el que se ubica su vivienda habitual.
- Las personas físicas que tengan en el territorio de esa Comunidad Autónoma su principal centro de intereses por obtener en el mismo la mayor parte de su base imponible del impuesto o su centro de trabajo, sus bienes inmuebles o centro de gestión de sus actividades empresariales o profesionales.
- Lugar de su última residencia declarada a efectos de este impuesto.
El art. 72.3 LIRPF establece una clausula de cierre mediante la que se pretenden evitar los cambios de residencia que pudieran responder a la finalidad esencia de lograr una menor tributación efectiva salvo que la nueva residencia establecida en otra Comunidad Autónoma se prolongue durante más de 3 años no existirá cambio de residencia. Circunstancias: - - La base imponible del IRPF sea superior en al menos un 50% a la del año anterior.
Su tributación efectiva por IRPF sea inferior a la que habría correspondido conforme a la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma en la que inicialmente residía.
Vuelva a tener su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que residía inicialmente.
Período impositivo: coincidirá con el año natural teniendo una duración inferior sólo en el supuesto de que el fallecimiento del contribuyente se produzca en una fecha anterior al 31 de diciembre.
Devengo: el último día de cada periodo impositivo esto es el 31 de diciembre o el día en el que se produce el fallecimiento del contribuyente.
Criterios de individualización e imputación: art. 14 LIRPF, que establece unos criterios para delimitar el periodo impositivo al que resultara imputable cada tipo de renta: - Rendimientos del trabajo y del capital: se imputan al periodo impositivo en el que resulten exigibles entendiendo que la exigibilidad concurre cuando 29 las disposiciones legales y convencionales que resulten aplicables confieran al contribuyente el derecho a reclamar su percepción.
- Ganancias y pérdidas patrimoniales: se imputan al periodo impositivo en el que se produzca la alteración en la composición del patrimonio del contribuyente provocada por la entrada y/o salida de bienes y derechos.
- Rendimientos de actividades económicas: imputación producida por el devengo conforme a los ingresos y gastos.
Reglas especiales (de imputación temporal que resultan aplicable en determinados supuestos): a. Rentas pendientes de resolución judicial: se imputaran al periodo impositivo en el que adquiera firmeza la resolución judicial que pone fin al litigio.
b. Atrasos salariales: se imputaran al periodo en el que resultaban exigibles.
c. Operaciones a plazo o con precio alzado: el contribuyente podrá optar por imputar las rentas obtenidas íntegramente al periodo en el que se produce la alteración patrimonial o por periodos en los que resulte exigible el cobro.
d. Ayudas públicas percibidas como compensación por defectos estructurales de la vivienda, para el acceso a la primera vivienda en propiedad o para la conservación de bienes integrantes del patrimonio histórico español.
e. Diferencias derivadas de la variación en la cotización de las divisas.
f. Seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión: cada año se imputará la diferencia entre el valor liquidativo de los activos a la póliza (principio y fin de cada periodo impositivo).
2.3. IRPF. Rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario.
Base imponible: fijación del importe de la renta del contribuyente que será sometida a gravamen. El art. 15 LIRPF establece reglas sobre las fases en que deberá desarrollarse el proceso de determinación de la base imponible (calificación y cuantificación): 1. Rendimientos netos que se determinan por la diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles 2. Ganancias o pérdidas patrimoniales que se determina por la diferencia entre los valores de transmisión y adquisición de los bienes que las generan.
3. Imputaciones de renta conforme las reglas cuantificación.
Rendimientos del trabajo: art. 17 LIRPF, son las contraprestaciones que con independencia de su denominación o naturaleza deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de una relación laboral y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas. Se incluyen las percepciones periódicas y los beneficios. Supuestos: - Típicos (art.17.1): salarios, dietas (alojamiento, manutención, locomoción, traslado, jurado), representación, desempleo, aportaciones de planes de pensiones.
30 - Asimilados (art. 17.2): pensiones y prestaciones asimiladas, conferencias y derechos de autor.
Excluidos (art.17.3): todo lo que sea actividad económica no es rendimiento de trabajo.
Rendimiento íntegro del trabajo: de un contribuyente asciende al importe que resulte de computar las retribuciones dinerarias y en especie que hubiera percibido a lo largo del periodo impositivo.
A. Retribuciones dinerarias: el rendimiento coincide con el importe total de las cantidades en metálico que el trabajador haya percibido por cualquiera de las contraprestaciones o utilidades que integran el concepto de rendimientos del trabajo.
Supuestos en los que la cantidad abonada por el empleador que deberían computarse como rendimientos del trabajo no resultan sometidos a gravamen: - Locomoción: se exceptúan de gravamen cuando el empleado deba desplazarse para realizar su trabajo a un lugar distinto de la fábrica, taller, oficina o centro de trabajo siempre que no exceda: de transporte público (justificación) y en otros medios de transporte (0,19 euros por kilometro recorrido más gastos de peaje y aparcamiento justificados).
- Manutención: el desplazamiento se efectúe a un municipio distinto del lugar de trabajo habitual y residencia (inferior a 9 meses y que la cuantía no supere 53,34 o 91,35 euros diarios). Pero si esta dentro del municipio o lugar de residencia no debe superar los 26,97 euros o 48,08 diarios.
- Estancia: el trabajador pasa la noche en un municipio distinto al del lugar del trabajo y residencia se exceptúan de gravamen los gastos de peaje siempre que la estancia no sea superior a 9 meses y se justifique el importe.
Los conductores de vehículos o transportes de mercancías por carretera que no exceda el importe de 15 (territorio español) o 25 (extranjero) euros diarios B. Retribuciones en especie: o Bienes, derechos o servicios o Para fines particulares o De forma gratuita o subvencionada Artículo 42.1 LIRPF “Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior normal de mercado aun cuando no supongan un gasto real para quien las concreta. Cuando el pagador de las rentas entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración dineraria”.
31  Ejemplos: vivienda, vehículo, acciones, seguros y aportaciones.
Exenciones tasadas de rendimientos del trabajo en especie: 1. Entrega gratuita o subvencionada a los trabajadores en activo de acciones o participaciones de la propia empresa o de otra siempre que no exceda de los 12.000 euros/año y se mantenga durante un período mínimo de 3 años. La participación no puede superar el 5%.
2. Dinero destinado a la capacitación, actualización o reciclaje de la persona contratada si previamente viene exigido por el puesto del trabajo.
3. Comidas dentro de la empresa o en restaurantes de forma gratuita o con una subvención cuando el servicio se preste mediante fórmulas indirectas (ticket del restaurante) la cuantía no supere los 9 euros diarios.
4. Servicios sociales y culturales, por ejemplo una empresa pone una guardería dentro de esta para el servicio a favor de las madres trabajadoras o también el uso de un gimnasio o servicios médicos.
5. Primas y cuotas de seguro de accidente laboral o responsabilidad civil del trabajador.
6. Primas y cuotas satisfechas a entidades aseguradoras en cobertura de enfermedad: mutua (propio trabajador, cónyuge e hijos) y que no exceda de 500 euros/año por cada uno de ellos.
7. Servicio de educación (infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP) prestado gratuitamente o de forma subvencionada a los hijos de los padres profesores del mismo centro.
8. Empresas de transporte de viajeros que facilitan a los trabajadores más retirados acceder a la empresa donde trabajan siempre que esa cantidad abonada no supere los 1.500 euros/año o también fórmulas indirectas como entrega de tarjetas hasta un máximo de 136,36 euros/mes.
El rendimiento coincide con el importe que resulte de aplicar las reglas de valoración de los bienes (art. 43 LIRPF), derechos o servicios que el trabajador haya obtenido para sus fines particulares de forma gratuita o subvencionada, añadiendo el importe del ingreso a cuenta cuando se le haya exigido al trabajador el abono de su importe. La normativa laboral prohíbe que el salario es especie pueda superar el 30% de las retribuciones totales percibidas por el trabajador.
32 Rendimiento íntegro en especie = valor retribución en especie + ingreso a cuenta no repercutido Criterios de valoración de retribuciones en especie (art. 43 LIRPF): A. Vivienda: el importe de la retribución en especie obtenida por el contribuyente será distinto dependiendo de que la vivienda cuyo uso se cede sea o no propiedad del pagador de dicha retribución.
- Vivienda propiedad del pagador (empresa): art. 43.1.1º LIRPF, la retribución en especie resultará de aplicar un porcentaje del 5 o 10% sobre el valor catastral del inmueble. Si no existe valor catastral se tomará como base de imputación el 50% del de mayor cuantía entre el valor de adquisición valorándose la retribución en especie obtenida en un 5%.
En ningún caso se imputará al trabajador la obtención de un rendimiento en especie superior al 10% - Vivienda no propiedad del pagador: art. 43.1.1º LIRPF, la retribución en especie será igual al coste en que incurrió el pagador para poder ceder al trabajador el uso de la vivienda, incluyendo los tributos que graven la operación y sin que en ningún caso la valoración resultante pueda ser inferior a la que correspondería en caso de que la vivienda fuera propiedad del pagador.
B. Automóviles: el importe de la retribución en especie obtenida anualmente por el trabajador se determinará atendiendo a las circunstancias en las que se efectúa la cesión del vehículo: Tipo de cesión Importe de la retribución en especie Coste de adquisición + tributos que graven la operación Uso vehículo propiedad de la empresa 20% coste de adquisición Uso vehículo no propiedad de la 20% valor de mercado vehículo nuevo empresa Uso y posterior entrega Coste adquisición – valor resultante del uso anterior Entrega C. Préstamos: el empleador conceda un préstamo a un tipo de interés inferior al legal del dinero del importe de la retribución será la diferencia que resulte de aplicar al capital prestado el tipo de interés legal del dinero y el interés efectivamente pagado.
Rendimiento íntegro en especie = (capital x % interés legal) – (capital x % interés satisfecho) 33 - - Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social: se valoraran por su importe sin que en ningún caso pueda adicionarse la cuantía del ingreso a cuenta (art. 102.2 RIRPF).
Otras rentas: se valorarán por el coste para el pagador, incluyendo los tributos que graven la operación, las siguientes retribuciones en especie: o Prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes y similares.
o Primas correspondientes a contratos de seguro no exceptuados de gravamen.
o Gastos de estudio y manutención del contribuyente o sus familiares.
No obstante, cuando los bienes, derechos o servicios (vivienda, automóvil o préstamo) constituyan el objeto de la actividad empresarial del empleador la retribución en especie no podrá valorarse por un importe inferior al precio por el que dicha empresa los ofrece al público. Si no es vivienda, automóvil o préstamo ese bien, derecho o servicio la retribución será igual al valor normal del mercado.
C. Rendimiento neto: es el resultado de minorar la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo en el importe de los gastos fiscalmente deducibles que se dicen en el art. 19 LIRPF.
- Reducciones por irregularidad (art.18 LIRPF): para atenuar la progresividad del impuesto evitando los aumentos de la cuota derivados de la imputación a un único periodo impositivo de rentas que se han generado durante un lapso temporal superior. El importe de la renta sometida a gravamen se reducirá en un 40%.
Rendimiento íntegro reducido = retribución total – (retribución total o importe máximo x 40%) Supuestos donde se aplica la reducción: 1. Plazo de generación superior a 2 años: si no son periódicos o recurrentes es decir que se trate de reducciones aisladas por ejemplo el importe de las indemnizaciones por despido.
2. Rendimientos obtenido de forma irregular mencionados en el art. 11.1 LIRPF. Por ejemplo, las cantidades percibidas por la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral.
- Gastos deducibles (art.19 LIRPF): resultado de minorar la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo en el importe de los gastos fiscalmente deducibles: o Cotizaciones a la seguridad social o mutualidades obligatorias de funcionarios.
o Detracciones por derechos pasivos o Cotizaciones a colegios de huérfanos o entidades similares o Cuotas satisfechas a sindicatos o Cuotas satisfechas a colegios profesionales hasta 500 euros anuales.
34 o Gastos de defensa jurídica derivados de litigios suscitados con el empleador siempre que no excedan de 300 euros anuales.
Rendimiento neto del trabajo (RNT) = rendimiento íntegro – gastos deducibles - Reducción general (art.20 LIRPF): aplicación sobre el rendimiento neto del trabajo la reducción general sobre las rentas del trabajo así como los porcentajes incrementados de la reducción por movilidad geográfica, prolongación de la actividad laboral o discapacidad.
Rendimiento neto reducido del trabajo (RNRT) = rendimiento neto – reducciones RNT IMPORTE DE LA REDUCCIÓN Hasta 9.180 € 4.080 € Entre 9.180,01 y 13.260 € 4.080 € - [(RNT-9.180)X 0.35] Desde 13.260,01 € (u otras rentas 2.652 € superiores a 6.500 €) El importe de la reducción se incrementará en un 100 % cuando: - Se de la prolongación de la actividad laboral para trabajadores mayores de 65 años.
Contribuyentes desempleados que acepten un puesto de trabajo que exija un traslado de su residencia habitual o localidad.
Rendimiento del capital: los que se obtienen por el titular de bienes inmuebles (rústicos o urbanos) así como derechos reales que recaigan sobre tales bienes como consecuencia del arrendamiento, la constitución o la cesión de derechos o facultades de uso o disfrute de los mismos.
Requisitos para calificar las rentas: - Titularidad - No afectación No forman parte de los rendimientos las cantidades obtenidas como consecuencia de la transmisión de la propiedad del inmueble, el subarrendamiento y cuando ese inmueble está sujeto a la actividad económica del contribuyente.
Capital inmobiliario: - Ingresos computables: cesión de bienes inmuebles rústicos o urbanos y la cesión de derechos reales (art.22).
- Actividad económica o rendimiento (local y personal) En la cuantificación (art. 22.2 LIRPF) se computa el importe que deba satisfacer al propietario o titular de derechos reales sobre inmuebles.
35 Rendimiento neto del capital inmobiliario: es el resultado de minorar los rendimientos íntegros de capital inmobiliario en el importe de los gastos fiscalmente deducibles que se correspondan con el periodo durante el que el inmueble estuvo generando rendimientos.
Rendimiento neto del capital inmobiliario = rendimiento íntegro – gastos deducibles - Gastos necesarios para la obtención de unos rendimientos íntegros (art.23 LIRPF): o Intereses: capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien o derecho por ejemplo abonar los que haya tenido que abonar a la entidad bancaria con la que suscribió el préstamo que le permitió adquirir o mejorar el inmueble. También se incluyen los gastos derivados de la financiación ajena por ejemplo las comisiones de apertura.
o Gastos por el mantenimiento: los efectuados para mantener el uso normal de los bienes materiales o para sustituir elementos como por ejemplo la instalación de la calefacción.
o Tributos: se incluyen los no estatales como el IBI y las tasas locales; y los estatales como el IVA siempre y cuando afecten a los bienes y derechos que generan rendimientos.
o Servicios personales: prestación de servicios por terceros (servicio de portería, vigilancia, etc.) o Formalización de un contrato y defensa jurídica del bien, derecho o rendimiento.
o Saldos de dudoso cobro (justificados por hallarse el deudor en situación de concurso de acreedores o haber transcurrido 6 meses) o Seguro (importe de las primas) o Amortización del bien inmueble y de los bienes muebles cedidos: inmuebles un 3% y muebles el resultado de aplicar a su coste de adquisición los coeficientes expresados en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda.
REDUCCIONES DEL CAPITAL NETO: - - Reducción general de vivienda: se efectúan sobre una edificación habitable. Dos porcentajes del 60% aplicable a los rendimientos netos positivos declarados y un 100% en caso de que el contribuyente tenga entre 18 y 30 años, unas actividades económicas superiores o que el arrendatario remita al arrendador una comunicación.
Reducción por irregularidad del 40 % (traspasos, indemnizaciones y cesiones de derechos) 36 - Rendimientos imputados por propiedad de segundas viviendas desocupadas Mínimo indiciario por parentesco (art. 24 LIRPF) -Rendimientos del capital inmobiliario: utilidades, contraprestaciones o ventajas derivadas de los bienes o derechos de naturaleza mobiliaria cuya titularidad corresponda al contribuyente siempre que no se hallen afectos en actividades económicas dentro de éste. Se destacan los rendimientos que integran la renta del ahorro: o Participación en los fondos de cualquier entidad como socio, accionista, asociado o participe.
o Cesión a terceros de capitales propios: el principal exponente son los intereses.
o Operaciones de capitalización: seguros que no tributen como trabajo o ISD y rentas vitalicias/temporales, inmediatas/diferidas.
o Otros: propiedad intelectual e industrial y asistencia técnica o arrendamiento de un negocio.
- Rendimiento neto del capital mobiliario y reducciones aplicables: es el resultado de minorar los rendimientos íntegros en el importe de los gastos de administración y depósito de valores negociables en los que hubiera podido incurrir.
Cuando el rendimiento proceda de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de valores para la determinación del rendimiento se computaran los gastos accesorios de adquisición - Gastos necesarios en caso de asistencia técnica y arrendamiento de negocio.
Reducciones por irregularidad del 40% en el caso de otros rendimientos.
Transitoriedad del régimen de reducciones del 40 al 75% en seguros.
Rendimientos de las actividades económicas: aquellos que proceden del conjunto del trabajo personal y del capital o de uno solo de estos factores.
Suponen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Tres elementos lo configuran: 1. Procedencia conjunta del trabajo personal y del capital: el contribuyente se implicará en el desarrollo de la actividad económica empleando su propio esfuerzo personal al tiempo que invertirá su patrimonio en la adquisición de los elementos necesarios para la prestación de los bienes o servicios que constituyen el objeto de su actividad.
2. Ordenación por cuenta propia de los medios de producción: el contribuyente adopta de manera autónoma todas las decisiones relevantes al proceso de elaboración y distribución de los bienes y servicios que constituyen el objeto de su actividad.
3. Finalidad lucrativa: el contribuyente desarrolla la actividad económica con la finalidad de obtener un beneficio.
37 FALTA EL PUNTO DE LAS GANANCIAS 2.5. Base liquidable y deuda tributaria La base liquidable (art. 54 LGT) es el resultado de aplicar sobre la base imponible las reducciones establecidas por la ley de cada tributo. En el IRPF se diferencian dos bases imponibles: - Base liquidable general: es la que resulta de aplicar en la base imponible y de forma ordenada las siguientes reducciones.
a. Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (art. 51 y 52 LIRPF): Planes de pensiones: tres modalidades el sistema de empleo, sistema asociado y sistema individual. Los planes de pensiones definen los derechos de las personas a cuyo favor se constituyen a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez. Reducirán la base imponible las aportaciones realizadas por los participes a tales planes de pensiones.
- Seguros de vida concertados con mutualidades de previsión social: esas mutualidades de previsión social son las entidades aseguradoras que ejercen esa voluntad de forma voluntaria y como complemento de la seguridad social mediante aportaciones a prima fija o variable de los mutualistas (personas físicas o jurídicas). Las primas satisfechas a estos seguros reducirán la base imponible.
- Planes de previsión asegurados: contratos de seguro en los que el asegurado y beneficiario son la misma persona y participan de una serie de características comunes con los planes de pensiones. El beneficiario de las prestaciones será el tomador, salvo en caso de fallecer que en su caso lo serian sus causahabientes.
- Planes de previsión social empresarial: modalidad de los seguros de vida colectivos que tienen por objeto el pago de prestaciones en supuestos idénticos a los establecidos para los planes de pensiones.
- Seguros de dependencia: se permite la reducción de las primas anuales satisfechas a contratos de seguro privados que cubran de forma exclusiva la dependencia.
Limites de esas reducciones (art. 52 LIRPF):  Menor de 10.000 euros anuales o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente.
 Cuando el contribuyente es mayor de 50 años será de 12.500 euros anuales o el 50% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas.
 A partir del 2013 se aplica un límite cuantitativo de 5.000 euros para primas satisfechas por la empresa a seguros colectivos de dependencia que instrumenten compromisos por pensiones - 38 b. Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de una persona con discapacidad (art. 53 LIRPF): aportaciones realizadas por el c.
d.
e.
f.
contribuyente a cualquiera de los 5 sistemas de previsión social a favor de personas con discapacidad física superior o igual al 65% o psíquica superior o igual al 33% o una incapacidad declarada judicialmente sin atender al grado. La reducción máxima será de 10.000 euros anuales Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad (art. 54 LIRPF), por ejemplo los patrimonios específicos donde tú tienes un descendiente con una discapacidad importante y tienes miedo de morirte y que esa persona se quede solo entonces creas ese patrimonio para esa persona. Si ud. muere el discapacitado gozara de los frutos de ese patrimonio pero este está blindado ya que está afectado al sostenimiento del descendiente. Este patrimonio lo desagregas de tu patrimonio y por lo tanto habrá una reducción de la base imponible.
Reducciones por pensiones compensatorias (art. 55 LIRPF) Reducciones por cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos (art. 61 LIRPF) Reducciones por aportaciones a mutualidades de previsión social de deportistas profesionales (disp. Adic. 11ª LIRPF) UNIDAD FAMIILIAR INTEGRADA POR EL CONYUGUE, DESCENDIETES EN HIJOS MENORES O MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD.
Si las personas que integran una unidad familiar optan por tributar conjuntamente en el IRPF, la base imponible general se reducirá previamente a las reducciones anteriores en la cuantía de: - 3.400 euros anules si la unidad familiar está integrada por los cónyuges no separados legalmente e hijos menores.
- 2.150 euros anuales si la unidad familiar está integrada por el padre o la madre y los hijos menores.
Como consecuencia de la aplicación de estas reducciones la base liquidable no podrá ser negativa. La base liquidable general sólo puede ser negativa cuando la base imponible resulte negativa. Si se da esa negatividad en la base liquidable el importe podrá ser compensado con las bases liquidables positivas que se obtengan en los 4 años siguientes (art.50.3 LIRPF).
- Base liquidable del ahorro: Las aportaciones a planes de pensiones es un instrumento de previsión social.
Los patrimonios específicos. También entrarían las pensiones compensatorias (que tienen que ver con rendimiento del trabajo va aquí porque existe una reducción) El concepto de minimo exento art. 56, no sujetar a gravamen la renta ingresada sino la renta de la que la persona dispone 39 ...