Tema 4: Fuentes del Derecho Eclesiástico del Estado español (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Eclesiástico
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 16/03/2016 (Actualizado: 16/03/2016)
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RCOSTA 4. Fuentes del Derecho Eclesiástico del Estado español La Constitución de 1978 como fuente de Derecho Eclesiástico La fuente primordial es la Constitución de 1978. La Constitución española de 1978 es fuente de Derecho Eclesiástico como lo es todo el ordenamiento jurídico positivo. Los artículos fundamentales son los Artículos 1.1, 9.2, 10, 14, 16, 27, 30 y 32CE. Desde el punto de vista formal también resultan relevantes los Artículos 53, 81, 93 a 96, 148 y 149CE.
Hay dos artículos fundamentales en el Derecho Eclesiástico: • Artículo 14CE: principio de igualdad.
• Artículo 16CE: en el apartado primero regula libertad ideológica, religiosa y de culto. En el segundo apartado regula el derecho al silencio. En el apartado tercero regula la separación poder político y poder religioso, el Estado español no se identifica con ninguna confesión en concreto (principio de laicidad).
La Iglesia Católica tiene personalidad jurídica internacional, ninguna otra confesión religiosa lo tiene.
Estos artículos hay que relacionarlos con otros artículos de la Constitución como el Artículo 1.2, 9.2, 10, 27CE.
De esta fuente primaria del Derecho Eclesiástico se deduce la importancia de la libertad religiosa como perspectiva de toda la regulación sobre la materia; esta libertad se expresa funcionalmente también a través de la no confesionalidad y la cooperación del Estado español con los grupos religiosos. La Constitución está abierta al ámbito jurídico internacional, sobre todo en lo que se refiere a los derechos fundamentales, en razón de la función integrativo-interpretativa que cumple el Artículo 10.2CE.
Clasificación de las fuentes del Derecho Eclesiástico Las disposiciones jurídicas de carácter general, relativas a materia religiosa, pueden clasificarse sobre la base de distintos criterios. De entre ellos, dos revisten particular importancia: Atendiendo a su procedencia u origen Nos remite al origen unilateral (el Estado) o acordado de las mismas (Tratados o Convenios bilaterales o multilaterales, Leyes internas con origen de pacto).
• Unilaterales: la norma procede solo del poder legislativo.
• Bilaterales: procede de dos Estados, o cuando el Estado español pacta con la Iglesia Católica, confesión evangélica, etc.
Se basa en el principio de jerarquía normativa Esté consagrado en el Artículo 9.3CE. Este principio significa que las normas de rango inferior no pueden contradecir nunca a las de rango inferior. Nos hace atender al criterio formal establecido en la Constitución.
Fuentes pactistas (bilaterales): RCOSTA Se plantea la noción de un Derecho Eclesiástico internacional, surgido de la concorde voluntad de los Estados y constituido por aquellas normas y obligaciones con las que los Estados se comprometen a adoptar una determinada legislación y práctica jurídica. Situamos aquí diversos Convenios e instrumentos internacionales de Protección de los Derechos Humanos: • Convenios internacionales: además de tener en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 diciembre 1948, tenemos que tener en cuenta otros Tratados muy importantes que tienen que ver con la libertad e igualdad religiosa. Hay que tener en cuenta siempre: o Convención Europea de Salvaguarda de Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales: elaborada en el Consejo de Roma el 4 noviembre 1950 y fue ratificada por España el 4 octubre 1979.
o Lucha Contra la Discriminación en el Campo de la Enseñanza: que fue elaborada en la UNESCO (París) el 14 diciembre 1960, y entro en vigor en España el 20 noviembre 1969.
o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: elaborado en la ONU el 19 diciembre 1966 y que entra en vigor en España el 27 julio 1977.
• Acuerdos con las confesiones religiosas (Articulo 16.3CE): constituyen fuente peculiar del Derecho Eclesiástico español: o Con la Iglesia Católica: la Santa Sede, como cabeza de la Iglesia Católica, ha estipulado en multitud de ocasiones, Acuerdos con autoridades civiles, con los Estados en general, en las que se ha establecido soluciones sobre materias de interés común entre ambas partes. La Iglesia Católica ya desde tiempos antiguos que el interlocutor válido y original para entenderse con los Estados es la Santa Sede; dicha proposición viene apuntada por la personalidad jurídica internacional de ésta ante los Estados, realidad que empieza en el siglo VIII. Ello le permite estipular en un plano de igualdad con el Estado las condiciones en que se despliega la libertad religiosa, y disfrutar de los beneficios que otorga el Derecho Internacional Público respecto de los pactos bilaterales internacionales en caso de incumplimiento. Con relación a la Santa Sede, cabe recordar, que desde el Siglo VIII, la Santa Sede nunca ha estado sometida a los poderes políticos, poderes temporales, sino que ha sido titular de la soberanía de un Estado que hasta 1870, eran los Estados pontificios, y que en la actualidad encuentra cierta continuidad con el Estado de la Ciudad del Vaticano, cuyas bases se aprobaron en los famosos Pactos de Letrán, que se estipularon entre la Santa Sede y el reino de Italia en 1929. La consecuencia que se deriva de todo esto, es que la Iglesia Católica, Santa Sede, tiene su propia soberanía e independencia con respecto al resto de los Estados, además el romano pontífice, el Papa, no es súbdito de ningún Estado, y otra consecuencia muy importante es que la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede, tiene personalidad jurídica internacional, reconocida por todos los Estados del mundo. La Santa Sede, estipula los acuerdos con otros Estados a través de la diplomacia, porque los Estados utilizan la vía diplomática cuando quiere hacer Acuerdos con otros estados: En razón a la materia de los Acuerdos o Concordatos: se suelen ocupar de problemas que afectan al estatuto jurídico de la Iglesia Católica en el ordenamiento interno del otro Estado, y además también, hace referencia a los derechos y deberes de los católicos en relación con la libertad religiosa.
Respecto a la forma de los Acuerdos o Concordatos: son considerados como negocios jurídicos de derecho público externo celebrados por vía diplomática.
Con relación al nombre que se les da: el nombre de Concordato es cuando el documento afecta a múltiples materias, es un convenio solemne cuyo objeto es regular, con carácter general, con pretensiones exhaustivas, las relaciones entre la Iglesia y un determinado Estado. Los Concordatos tienen consideración de Tratados Internacionales y poseen reglas jurídicas específicas en orden a la determinación de los sujetos, RCOSTA elaboración, interpretación y extinción de la relación concordataria; y en cambio, reciben el nombre de Acuerdos o Convenios cuando tratan de materias específicas.
Naturaleza jurídica de los Concordatos: la mayoría de la doctrina entiende que los Concordatos son Convenciones bilaterales de derecho público externo y que su naturaleza es muy parecida a los Tratados Internacionales.
Causas de extinción: hay varias causas: Mutuo consentimiento de las partes.
Las causas que estén previstas en el propio documento.
Cuando una de las partes ha violado lo acordado, en este caso, la otra parte deja de estar obligada a cumplir lo acordado.
Rebus sic stantibus, que consiste que cuando se produce un cambio profundo en las circunstancias concretas en que se aprobó el documento, entonces se puede alegar esta cláusula de extinción.
Acuerdos que están vigentes: hay cinco: Acuerdo de 28 julio 1976 sobre la renuncia a la presentación de obispos y privilegio del fuero Acuerdos de 3 enero 1979 sobre asuntos jurídicos; Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales; Acuerdo sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de los sacerdotes y religiosos; y Acuerdo sobre asuntos económicos.
Estos cinco acuerdos son los que sustituyen el Concordato de 1973, aunque son Acuerdos por materias específicas, son considerados por la doctrina en su conjunto como un Concordato, aunque cada uno de ellos puede ser denunciado individualmente.
o Con otras confesiones religiosas (Artículo7.1Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980): esta Ley no va dirigida a la Iglesia Católica, sino que va dirigida exclusivamente a las otras confesiones religiosas. Estos acuerdos no se firmaron hasta el 10 noviembre 1992. Son tres acuerdos que están vigentes: Cooperación del Estado Español con la Federación de Comunidades Israelitas de España.
Cooperación del Estado Español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
Cooperación del Estado Español con la Comunidad Islámica de España.
Sujetos: por parte del Estado, quien interviene es el Subdirector General de relaciones con las confesiones religiosas, por parte de las confesiones religiosas, son las personas que son los representantes legales de las confesiones religiosas y que están inscritas en el Registro de Entidades Religiosas como tales representantes reales.
Naturaleza jurídica: en la elaboración de estos acuerdos hay dos fases: una primera fase, que es la negociación entre el Gobierno y la confesión religiosa, y la segunda fase, es que esta Ley, según establece el Artículo 7.1LOLR, debe ser aprobada por las Cortes, por lo tanto, podemos decir que estos Acuerdos son Leyes Estatales Internas pero con negociación previa.
Contenido: es muy parecido al que tienen los Concordatos, y regulan un número elevado de materias de interés común entre las partes.
Ley Orgánica de Libertad Religiosa (unilateral) La propia Constitución confía el desarrollo del derecho fundamental de libertad religiosa a otra fuente unilateral, la Ley Orgánica 7/1980, de julio. Esta Ley tiene dos partes perfectamente diferenciadas. La primera, recoge las derivaciones fundamentales de la libertad religiosa (Artículos 1 y 2LOLR), establece de RCOSTA forma genérica los límites del derecho fundamental y la exclusión de determinados grupos de la regulación contenida en ella (Artículo 3LOLR) y reafirma los medios judiciales de defensa de la libertad religiosa (Artículo 4LOLR). Una segunda parte, dedicada a la regulación del fenómeno religioso colectivo, establece el cauce para la obtención de personalidad jurídica por parte de los grupos religiosos (Artículo 4 y 5LOLR), reconoce la autonomía de las iglesias, comunidades y confesiones en orden a su organización y regulación internas (Artículo 6LOLR), establece la posibilidad de Acuerdos con las confesiones religiosas (Artículo 7LOLR) y, por último, crea la Comisión Asesora de Libertad Religiosa para las cuestiones relativas a la aplicación de la propia Ley y la preparación y dictamen de los Acuerdos o Convenios del Artículo 7LOLR.
La estructura que tiene es que es una Ley Orgánica y lo que viene a desarrollar es el Artículo 14 y 16CE.
Es una Ley muy breve, consta de 8 artículos, una disposición final, una disposición derogatoria, y dos disposiciones transitorias.
Esta Ley Orgánica ha servido de inspiración en otros países (como Colombia, México y Perú) a la hora de desarrollar las implicaciones del derecho fundamental de libertad religiosa.
A partir de la Constitución y de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el desarrollo de fuentes unilaterales ha sido muy intenso. Téngase en cuenta además que las Comunidades Autónomas han elaborado normativa propia en cuestiones de su competencia.
Límites: el derecho fundamental de libertad religiosa el único límite que tiene es el orden público (Artículo 16CE y 3LOLR).
Real Decreto 593/2015, 3 julio, declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en España Requisitos Requisitos para que una confesión religiosa pueda acceder a la declaración de notorio arraigo (Artículo 3RD 593/2015): • Llevar inscritas en el Registro de Entidades Religiosas 30 años o que tenga o que acredite un reconocimiento en el extranjero de al menos 60 años de antigüedad, y a su vez lleve inscrita en el Registro de Entidades Religiosas 15 años.
• Tiene que acreditar su presencia en al menos 10 Comunidades Autónomas o ciudades como Ceuta y Melilla.
• Tener 100 inscripciones o anotaciones en el Registro de Entidades Religiosas (lugares de culto, congregaciones, etc.).
• Contar con una estructura y representación adecuada y suficiente para su organización.
• Acreditar su presencia y participación activa en la sociedad española.
Procedimiento El procedimiento de declaración de notorio arraigo (Artículo 4RD 593/2015) se iniciara mediante una solicitud de la confesión dirigida al Subdirector General de relaciones con las confesiones religiosas. En esta solicitud debe constar: • • La identificación de la entidad, indicando el número que tiene en el registro de entidades religiosas.
En la solicitud deben constar la identificación de los representantes legales de la entidad.
RCOSTA • Una memoria explicativa que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 3RD 593/2015.
• Domicilio a efectos de notificación.
Instrucción y propuesta La instrucción y propuesta corresponderá a la Subdelegación General de relaciones con las confesiones religiosas. Hay un plazo de 10 días para subsanar algún defecto de forma.
De acuerdo con lo que establece el Artículo 3 del Real Decreto 932/2013, 29 noviembre, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, será preceptivo que se solicite un informe a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, informe que no será vinculante.
Una vez instruido todo el procedimiento, y antes de redactar la resolución definitiva, se concederá a la entidad religiosa que lo haya solicitado un plazo entre 10 y 15 días para que pueda alegar o presentar algún documento más que crea conveniente, y si la parte interesada dice que no quiere presentar ningún documento, se da por realizado el trámite.
Resolución Resolución (Artículo 5RD 593/2015): el órgano competente para resolver el procedimiento es el Ministro de Justicia mediante una Orden Ministerial, y en la resolución se hará constar si se ha tenido en cuenta o no el informe emitido por la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. La resolución se publicará en el BOE, además de notificarla a la parte interesada. Por otra parte, si han transcurrido 6 meses desde que se ha presentado la solicitud en el Ministerio de Justicia, y no se hubiera pronunciado el Ministro, se entenderá estimada favorablemente (silencio administrativo positivo). Contra la resolución que se dicte, se podrá interponer recurso de reposición, ante el Ministro de Justicia o se puede ir directamente al Tribunal Contencioso Administrativo. Si la solicitud que la presenta es una federación, tanto si es positiva o negativa, afecta a todas las entidades que forman parte de esta federación.
Quien consiga la declaración de notorio arraigo, los miembros de la entidad ya podrán casarse con efectos civiles reconocidos por el Estado.
Pérdida Pérdida de la condición de notorio arraigo, se produce por la modificación substancial de algunos de los requisitos establecidos en el Artículo 3RD 593/2015. El procedimiento se inicia de oficio por el titular o por el Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones Religiosas.
Previamente, el Director General dará audiencia a la parte interesada, y en función de la vista, decidirá si inicia o no el procedimiento para la pérdida de la condición de notorio arraigo. La instrucción y propuesta de la resolución corresponderá a la subdelegación general de relaciones con las confesiones religiosas, y se solicitara informe a la comisión asesora de libertad religiosa. Antes de emitir la resolución, se dará un plazo entre 10 y 15 días para que la parte interesada pueda formular las alegaciones oportunas. El órgano competente para resolverlo es el Ministro de Justicia a través de una Orden Ministerial, en la que hará constar si se ha tenido en cuenta o no el informe de la comisión asesora de libertad religiosa, la resolución se publicará en el BOE, y se notificará a la parte interesada. Transcurridos 6 meses desde que se haya acordado el inicio del procedimiento, sin que haya recaído resolución alguna, se producirá la caducidad del procedimiento, y se ordenará el archivo de las actuaciones. Si la resolución se emite, se puede interponer en contra un recurso de reposición ante el Ministro de Justicia. Si la pérdida de la condición de notorio arraigo RCOSTA afecta a una federación, afectará a todas las entidades que formen parte de esta federación. Toda la tramitación para la declaración de notorio arraigo se podrá hacer por vía electrónica.
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