TEMA 16 Las asociaciones o fundaciones (2011)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2011
Páginas 9
Fecha de subida 20/06/2017
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TEMA 16 LAS ASOCIACIONES / FUNDACIONES.(Pg589) 1.LAS PERSONAS JURÍDICAS DE TIPO ASOCIATIVO Concepto y clases.
Como señala LACRUZ, por asociaciones han privadas constituidas por un grupo de personas para la realización de un fin al menos relativamente duradero. Este fin puede ser altruista, en cuyo caso nos encontramos con las asociaciones en su concepto más estricto, o de lucro, supuesto en que reciben el nombre de sociedades.
La concepción de los Códigos civil y del comercio de la sociedad como un contrato por el que dos o más personas ponen en común dinero, bienes o industria para realizar una actividad con el fin de repartir entre si las ganancias que de ella se obtengan, pone de relieve la esencialidad del ánimo de lucro en las sociedades, pero confunde tal concepto con el de ganancia partible, lo que no es del todo exacto. En realidad, el ánimo de lucro ha de ser entendido como intención de obtener un beneficio económico, tanto si se trata de un lucro directo que ingrese en el patrimonio social y que posteriormente se reparta entre los socios, como si lo que se pretende es conseguir un lucro indirecto, esto es, un ahorro para los socios debido a la prestación por la sociedad a éstos de determinados servicios. Este concepto amplio del ánimo de lucro permite hoy configurar como sociedades a las cooperativas, del mismo modo que la adopción del criterio estricto derivado de los Códigos civil y de comercio condujo en España a incluir aquellas, inicialmente, en el ámbito de aplicación de la Ley de asociaciones de 30 de junio de 1887.
El estudio de las sociedades civiles se ará en esta obra en el tomo correspondiente al Derecho de obligaciones, a propósito del contrato de sociedad el de las sociedades mercantiles compete a la disciplina del Derecho mercantil. Aquí nos limitaremos, por ello, a exponer el régimen de las asociaciones en sentido estricto.
Las asociaciones.
Como hemos ya indicado, en el ámbito del Derecho estatal las asociaciones sin fin de lucro se rigen por la Ley Orgánica 1-2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (LODA.).
Dicha ley vino a sustituir a la preconstitucional de 24 de diciembre de 1964. Lamentablemente, la nueva regulación perpetúa -bien que en un contexto distinto, formalmente conforme con la consideración del de asociación como derecho fundamental-, a nuestro juicio, los defectos que viene arrastrando, desde siempre, la legislación española en materia de asociaciones, y que es consecuencia )además del miedo a que sirvieran de cauce a agrupaciones políticas) de la desconfianza con que eran miradas por el primer liberalismo, que veía tras ellas el peligro de sustraer bienes del tráfico y generar manos muertas.
Por eso el art. 35.1.CC. no habla de las asociaciones sin mas, sino de las asociaciones de interés público¨(lo mismo que ocurre con las fundaciones, a las que también se aplica el mismo precepto, para que sean dignas de alcanzar la personalidad jurídica. Las ¨asociaciones de interés particular¨, sean o no realmente sociedades, quedan condenadas, o a funcionar como agrupaciones de puro hecho, o a regirse por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, que no resulta adecuado, tal y como lo regula el Código, para coger asociaciones sin fin de lucro. El resultado de todo ello salta a la vista: las asociaciones que no persiguen ¨intereses públicos¨, de beneficio a la comunidad, sino intereses particulares no lucrativos, han de optar por ¨vestirse¨de sociedades, lo que ha terminado siendo común, por acogerse a una legislación de asociaciones que les impone un régimen no pensado para ellas, plagado de normas imperativas y de irrazonables -para su caso, no para las declaradas de ¨utilidad pública¨, que si coadyuvan a los intereses generales. Y lo absurdo de este panorama termina de apreciarse si se observa que muchas de las asociaciones que sí podrían calificarse como ¨de interés público¨(partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, federaciones deportivas, asociaciones de consumidores, etc) se rigen por leyes específicas.
A ) Disciplina Constitucional.
La Constitución española contempla el derecho a asociarse como un derecho fundamental, incluyéndolo en la sección primera del capítulo II de su título I, concretamente en su artículo 22.
De la disciplina del art. 22 CE, se infieren las siguientes directrices fundamentales: Derecho de asociación ¨es, en esencia, un derecho de libertad frente a posibles interferencias de los poderes públicos¨. Como recuerda la primera de estas sentencias, el Tribunal Constitucional ha destacado que ¨el contenido fundamental de ese derecho se manifiesta en tres dimensiones o facetas complementarias; la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya creadas; la libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas; y, finalmente, la libertad de organización y funcionamiento internos sin injerencias públicas; a lo que hay que añadir -dice- una cuarta dimension inter privatos que garantiza un haz de facultades a los asociados considerados individualmente frente a las asociaciones a que pertenecen o a las que, en su caso, pretenden incorporarse.
El art. 2 LODA. enuncia estos principios como el contenido del derecho fundamental de asociación, bien que añadiendo, como novedad significativa, que ¨la organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deberán ser democráticas, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatuarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación.
Obligatoriedad de practicar la inscripción de las asociaciones en un registro público, ¨a los solos efectos de publicidad¨. Esto supone la existencia de una obligación para las asociaciones de solicitarla inscripción; pero también implica la obligación para la Administración de crear y llevar dicho registro. Por otra parte, como encargada del mismo, aunque aluna jurisprudencia haya afirmado que habrá que practicar siempre la inscripción. Parece lógico que pueda denegar la práctica del asiento por el incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para su válida constitución, pero absteniéndose de calificar las actividades o fines de la asociación y sin que estos -sean los que sean- puedan impedirla.
A estas ideas responde la disciplina que, para la inscripción, prevé la Ley orgánica reguladora del derecho de asociación: cfr. su art. 10.1 sobre la obligatoriedad de la inscripción ¨a los solos efectos de publicidad¨y su art.
24 sobre el derecho a la inscripción (que solo podrá denegarse cuando la asociación no reúna los requisitos exigidos por la Ley orgánica).
Control judicial de su legalidad. La Constitución reprueba las asociaciones ilegales, esto es, ¨las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito¨, entre las que se encuentran las ¨secretas y de carácter paramilitar. Pero la declaración de ilegalidad compete siempre a la autoridad judicial, cuya resolución motivada lleva consigo la disolución de la asociación, la cual, hasta que la misma se produzca, conserve su personalidad jurídica.
Dentro de estos parámetros, el legislador no puede poner obstáculos a la formación de grupos con personalidad jurídica al servicio de cualquier finalidad lícita, pero en cuanto estos grupos formas partes de la comunidad y reclaman la protección del Derecho para su autonomía y su acción, la ley puede y debe condicionar la estructura y funcionamiento de cada uno, en su vida interna y en su relación con los demás, al servicio de los intereses generales. Puede, así, imponer formalidades razonables para la creación y reconocimiento oficial del ente; y adoptar medidas para garantizar la responsabilidad del colectivo y su funcionamiento normal.
B) Constitución Conforme al art. 5.1 LODA, “las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, interés General lo particular, y se tratan en los estatutos que rigen el funcionamiento asociación”.
Este acuerdo de constitución, que debe incluir la aprobación de los estatutos, sin formalizar mediante el otorgamiento de un acto fundacional, en documento público o privado.
La asociación adquirir personalidad jurídica y plena capacidad de obrar con el simple tratamiento de acta fundacional. Es este acta la que han de presentarse para su inscripción en el registro administrativo de asociaciones a los efectos de publicidad. Según el artículo 10.2 LODA, la inscripción “hacer pública la constitución y los estatutos de las asignaciones y es garantía tanto para los terceros que con ella se relacionan como para los propios miembros”.
Esto se traduce en que, no estando inscrita la asociación, que obligaciones contraídas por terceros responden personal y solidariamente, junto con ella, los promotores en todo caso, y los asociados cuando, manifestando obrar en nombre de la selección, las hubiera contraído ellos (10.4 CE) En cambio, “las asociaciones escritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros” y “los asociados no responden personalmente que las deudas de la asociación” La administración sólo puede deniega la extinción por motivos formales “por ejemplo, por tener la asociación una denominación idéntica a otra el ya registrada) o por incumplimiento o requisitos legales (por ejemplo, ausencia acta constitutiva u omisión de alguno de los extremos que han de contemplar los estatutos”, pero tiene constitucionalmente velada cualquier clase de clasificación de los fines o actividades de la asociación.
En todo caso, la denegación de la inscripción no impide que la asociación tenga personalidad jurídica, que sólo quedará incluida si no cumple requisitos exigidos por la ley para su validez y que, en otro caso, sólo podrá excluir la administración instando al ministerio fiscal para que éste obtengan que los tribunales penales la declaración de ilegalidad de la misma, que conlleva su extinción.
C ) la Régimen Según el artículo 11.1 LODA “El régimen de las asociaciones, en lo que se refiere a su constitución inscripción, se terminará por lo establecido en la presente Ley Orgánica y en las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo”.
Pero, “En cuanto a su régimen interno, las asociaciones habrán de ajustar su funcionamiento o a lo establecido en sus propios estatutos, siempre que no estén en contradicción con las normas de la presente ley orgánica y con las disposiciones reglamentarias que se dictan para la aplicación de la misma” (art. 11.2) En los estatutos, además de cuálesquiera otras televisiones lícitas, han de establecerse: - la denominación de la asociación -su duración, si no se constituyó por tiempo indefinido -sus fines y actividades, descritos de forma precisa -los requisitos y modalidades de admisión y baja como sanción y separación de los asociados y, en su caso, clases de estos -los derechos obligaciones de los asociados -los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación -los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimientos para lección de sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, la forman de deliberar, adoptar y ejecutar los acuerdos de las personas o cargos con facultades para certificarlos y requisitos para que los citados órganos queden válidamente constituidos, así como la cantidad de asociados necesaria para poder convocar a sesiones de los órganos de gobierno o de proponer asuntos en el orden del día -el régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre del ejercicio asociativo -el patrimonio inicial y los recursos económicos -causas de extinción y el destino del patrimonio en tal supuesto.
Dada la trascendencia ante los estatutos en el régimen jurídico de la asociación, la aprobación de los mismos ha de constar en el mismo actor o documento fundacional.
Presenta particular interés, dentro del régimen de las es socio acciones, lo relativo al alta y baja de asociados.
En este punto, habrá de darse a lo previsto en los estatutos, que no podrán establecer, empero, limitaciones que desconozcan ninguno de los aspectos que comprende el derecho fundamental de asociación.
D) Órganos Conforme al artículo 11.30 LODA “la asamblea General es el órgano supremo del gobierno de la asociación, integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año” Además, ha de existir un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la asamblea General, del que sólo podrán formar parte los asociados y cuyos facultades, salvo que disponga otra cosa los estatutos, se extenderán, con carácter General, a todos los actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no quieran estatutariamente autorización expresa del asamblea General.
La asamblea General y el órgano de representación (anualmente, una junta directiva) son los únicos legalmente obligadas, pero estatutos pueden prever otros órganos, colegiados O unipersonales (como son el de Presidente o secretario de la solución, que lo son a la vez el asamblea General) E) Extinción Además de ir por las causas que hubiera estableció los estatutos, por voluntad de los asociados y por sentencia penal (en los casos de disolución dos acciones ilícitas) , se extinguen las asociaciones por las cosas determinadas en el art. 39 CC, esto es, por haber expirado el plazo durante el cual funcionaba legalmente, por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por sede será imposible aplicar a este la actividad de los medios de que disponían. O En tales casos, se abría un “periodo de liquidación, hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica”.
Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se convierten en liquidadores, salvo que los estatutos establezcan otra cosa o bien los designe la asamblea General O el juez que, su caso, acuerde la resolución.
Corresponde a los liquidadores del art por la integridad del patrimonio de la asociación, concurrir las operaciones pendientes y efectuar las que sean precisas para liquidación, cobrar los créditos de la asociación, liquidar el patrimonio pagar a los acreedores y aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines de vistas por los estatutos.
En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación O, sin ser caso, los liquidadores han de promover inmediatamente en oportuno procedimiento concursal ante el juez competente.
En estos casos de extinción, establecen los artículos 18.3 LODA y 39 CC que dará a los bienes de la asociación la aplicación prevista en los estatutos.
Téngase en cuenta que la LODA ordena, como determinación necesaria de éstos, la fijación del destino del patrimonio social para el caso de disolución; pero sí, pese a todo, “las hubiese establecido previamente, se aplicarán estos bienes (mediante la celebración de los correspondientes actos jurídicos por los liquidadores, en nombre de la asociación en liquidación) , a la realización de fines análogos, en interés de la región, provincia o municipio que principalmente dividan recoger los beneficios de las instituciones extinguidas” art.
39 CC.
FUNDACIONES.
CONCEPTO E HISTORIA.
Es la fundación o una persona jurídica privada que el ordenamiento reconoce cuando el sujeto de derecho (o varios), el fundador, dispone para el futuro el destino de los bienes al servicio el malentendido la finalidad de interés General.
Puede decirse, pues, que las fundaciones suponen la personificación de un fin: por ello no solamente carecen de asociados a un miembros (no son una persona colectiva con grupo), sino que, además, una vez constituidas, su existencia y configuración como tales personas no depende de la voluntad de ninguna otra, física o jurídica, sino de la persistencia del fin del fundador les asignó.
Teóricamente, estas personas jurídicas, que vivieron momentos de esplendor en las edades medias y modernas, tiene nuevo una existencia precaria, que sólo se ha visto superada raíz que en reconocer la constitución.
“ el derecho fundación para fines de interés General, con arreglo a la ley” (art 34 CE. Que él se remite, en cuanto a la ilegalidad de las fundaciones y a la posibilidad de su disolución suspensión de sus actividades a lo dispuesto para las asociaciones en el art. 22, a pesar de que el de asociación que le fundación son derechos constitucionales de diferente naturaleza, pues en segundo es un corolario en del de propiedad sino tienen la protección cualificada ante recurso de amparo).
Elementos esenciales.
Atendiendo al concepto que ofrece el art. 2.1 LF “ son fundaciones las organizaciones constituidas el fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés General”, son elementos esenciales de las fundaciones la finalidad de interés General y la asistencia de un patrimonio haya afectado.
a) La finalidad de interés General.
Es esencial a la fundación que los bienes vinculados en qué consiste el o en, precisamente, a servicios duradero de una finalidad de interés General.
Que la finalidad ha de ser de interés General significa, por una parte, desde punto de vista de los posibles beneficiarios de las actividades de la fundación, que los mismos no pueden ser personas concretas y determinadas, sino una colectividad (aunque número de sus componentes pueda ser, eventualmente, reducido) Y por otro, revela que la iniciativa cuyo servicio se pone la fundación ha de ser desinteresada por parte del fundador y valiosa para la comunidad. Dentro de estos límites, el aj electivo de la fundación puede ser cualquiera.
La exigencia del fin de interés General en las fundaciones excluye la tutela por parte del derecho de las de puro “interés particular”, entre las que se encuentran, señaladamente, las llamadas fundaciones familiares (que fueron proscritos definitivamente por la legislación de desvinculadora y desamortizadora).
No se trata, obviamente, de que no puedan destinarse bienes a atenciones cuyos beneficiarios sean personas concretas y terminadas, O interesadas por parte de quien dispone y valerosa sólo para su persona, pues ello es perfectamente posible y entra dentro del margen que han autonomía privada reserva el derecho civil: se trata, simplemente de que el ordenamiento niega la personalidad jurídica a semejantes vinculaciones, cuyo coste jurídico nos la creación de nuevos sujetos de derecho.
Por lo demás, que interesa generar no significa que de afectar a todos: al contrario, vale, interés General a cualquier actividad que interese a un número indeterminado de sujetos, aunque éste se han reducido. Lo importante es la generalidad del interés, aunque en acto o sea muy pocos los interesados.
b) La patrimonio. La dotación.
Para crear una fundación es imprescindible la existencia de un patrimonio efecto o al cumplimiento de su finalidad.
Al esencia capital o patrimonio inicial se llaman dotación. Esta “pueda consistir en bienes y derechos de cualquier clase” y, su cuantía Valor, debe ser “adecuado y suficiente para cumplimiento los fines fundacionales” Los artículos 4 y 5 del 12 LF “ se aceptará como dotación el compromiso ante aportación de terceros, siempre que dicho obligación consten títulos de los que llevan aparejada ejecución” Pero ningún caso “se considera la dotación del mero propósito de recordar donativos” Queda excluida la posibilidad de fundaciones por la mente recaudadoras, esto es, cuya dotación consiste sólo en el propósito de recordar donativos, cuotas o subvenciones: es precisa siempre asistencia de un patrimonio capital inicial de rendimientos sean suficientes para cumplir los fines de la fundación, aunque se conciban estos como objetivos mínimos susceptibles de ser ampliadas luego atrayendo nuevos recursos.
Lo que sí cabe es que atracción se aporte de forma sucesiva, siempre que el desembolso inicial se al menos del 25% debiendo hacerse efectivo el resto a un plazo no superior a 5 años contados desde norte rodamiento la escritura pública de constitución de la fundación.
En las fundaciones constituidas por actos mortis causa, este plazo habrá de contarse desde la muerte del testador.
A ese patrimonio inicial votación se le suman después los demás bienes y derechos que adquiere la fundación. De ellos, tendrán asimismo la consideración legal de tracción los que se afecten por el fundador o por el patronato, de forma permanente, a los fines fundacionales.
Todos estos, junto con sus demás bienes e ingresos, forma su total patrimonio, que podrá estar constituido por toda clase de bienes y derechos “susceptibles de valoración económica” Dentro del patrimonio de la fundación, solía distinguirse, a la vista de la normativa derogada, entre un patrimonio fundacional, constituido por la dotación o patrimonio inicial de los bienes y derechos adquiridos por el ente con momento de capital fundacional, y los demás bienes ingreso de la fundación: Sólo los primeros quedarían vinculados al establecimiento, siendo los otros bienes y derechos de libre disposición de gasto.
Ahora, la lista de la ley vigente, no hay tienes inalienables y ni siquiera como propiamente ninguna obligación de conservar al menos el Valor de un cierto patrimonio fundacional (aunque, lógicamente, al patronato debe evitar una descapitalización que impida cumplir los fines y en protectorado impedir que se produzca) Todos los bienes y derechos de la fundación pueden enajenar sí, sí bien tratándose de los que forman parte la tracción, te los que están directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales poderes o de los que representen un Valor superior al 20% del activo de la fundación.
CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN.
a) El negocio jurídico fundacional Las fundaciones se crean mediante un negocio jurídico, que puede ser inter vivos o mortis causa, en el cual el fundador expresa su voluntad de constituir esa persona jurídica, determina su fin in de asigna un patrimonio (dotación).
El acto fundacional es en todo caso, un negocio jurídico gratuito, lo que supone una transferencia de bienes que carece de correspectivo.
No es, sin embargo, una donación, puesto que en el no hay donatario: o no hay un sujeto de derecho que lo haya de aceptar la atribución patrimonial o que sea destinatarios de ella, sino que tal atribución es elemento esencial del acto de creación del sujeto de derecho, o la fundación, que sólo sea realmente nace para el derecho reciben los bienes que la integran.
Por ello, en la fundación creada por acto o inter vivos, en que son coetáneos y el nacimiento del ente fundacional del acto mismo atribución patrimonial, éste en ningún caso es revocable para fundador.
Como acto disposición a título gratuito, en negocio jurídico fundacional de son aplicables la reglas imperativas establecidas para ellos en el ordenamiento.
b) Capacidad para fundar Puede crear una fundación cualquier persona, física o jurídica, y sea una última privada o pública (art.
8.1 LF) El caso las personas físicas, negocio jurídico fundacional requiere que el fundador pena capacidad para disponer a título gratuito, inter vivos (capacidad para donar) o un mortis causa (capacidad para hacer testamento), de los bienes y derechos en que consista la dotación.
A tenor del artículo 8.3 LF “ las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerida en el acuerdo expreso del órgano competente para disponer gratuitamente de sus bienes, con arreglo a sus estatutos o a la legislación que les resulte aplicable. Las de índole institucional deberán contar con el acuerdo de su órgano rector”.
Como sede, también pueden fundar las propias fundaciones.
c) Forma La fundación por actitud inter vivos ha de hacerse en escritura pública (art. 9.2 L.F) en la que deben constar, al menos, los siguientes extremos (art 10 LF): a) El nombre, apellidos, edad de estado civil de los fundadores, sí son personas físicas, y la denominación o razón social sí son persona jurídicas y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.
b) La voluntad de constituir una fundación c) La rotación, su valoración de la forma finalidades o aportación.
d) Los estatutos de la fundación, con el contenido que les asigna al artículo 11 de la Ley.
e) La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno o patronato de la fundación, así como su aceptación sí se efectuó el momento fundacional.
La fundación por acto mortis causa ha de hacerse en testamento (art. 9.3 LF) , valiendo cualquiera de las formas de este admitidas en derecho (dos sólo, pues, las notarial).
En este caso, pueden hacerse constar en el testamento las menciones exigidas para el escritura de constitución por acto o inter vivos, ya expuestas; pero también es posible que el testador se limite a establecer su voluntad de tener la fundación y de dispoder de los bienes y derechos de la dotación, y cuyo caso las demás versiones necesarias establecidas por la ley de fundaciones para escritura de constitución se hará constar en una escritura complementarias que debe otorgar el albacea testamentario; en su defecto, los herederos testamentarias (no, pues, los que los sean abistentato); y, en caso de que éstos no exigirá la incumple las obligación, el protectorado previa autorización judicial.
D) Adquisición de la personalidad jurídica Para que la fundación adquiriera personalidad jurídica resulta imprescindible la concurrencia de requisitos: A) Que la declaración de voluntad que las crea (esto es, negocio fundacional) surta, en cuanto tal efectos jurídicos.
En el caso de las constituidas por acto o inter vivos, esto ocurrirá de ordinario (salvo que el acto se hubiera sometido condición o término suspensivos) en el mismo momento de otorgamiento de la escritura.
sin embargo, en las constituidas mortis causa habrá que esperar a la muerte del fundador.
B) Extinción en el registro de fundaciones la escritura pública o, en su caso, del testamento o no notarial en el que conste el negocio fundacional. Es transición, que sólo puede ser denegada cuando los documentos presentados no se ajusten a las prescripciones de la ley, es la que determina la adquisición de la persona jurídica, la que gozará la fundación desde la fecha en que se practique.
A tenor del artículo 13.1 LF, “otorgado en la escritura fundacional, y en tanto se produce a la inscripción en el correspondiente registro de fundaciones, el patronato de la fundación realizada, además de los actos necesarios para la inscripción, únicamente aquellos otros que resulten indispensables para la conservación de su patrimonio en las que no admitan demora sin perjuicio para fundación, los cuales se entenderán automáticamente asumidas por esta cuando tenga personalidad jurídica” Sí transcurren 6 meses desde el otorgamiento a la cintura pública fundacional sin que los patronos insten extinción, el protectorado procederá a su cese y al nombramiento de los patronatos, respondiendo solidariamente los censados de las obligaciones contraídas en nombre de la fundación de los perjuicios que ocasione la faltante inscripción.
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