TIPO DESLEALTAD (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Penal III
Año del apunte 2013
Páginas 7
Fecha de subida 07/04/2016
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CINTIA SARDIÑA BORDÓN TIPOS PENALES DE DESLEALTAD PROFESIONAL DESLEALTAD POR CONFLICTO DE INTERESES DESCRITO EN EL ARTÍCULO 467.1 DEL CP Dentro de este supuesto podemos diferenciar dos modalidades: una dolosa y otra imprudente: En cuanto a la modalidad dolosa se refiere, es aquella en la que los abogados y procuradores con su actuación profesional, procesal o extraprocesal, perjudican de forma manifiesta, por acción u omisión, intereses que le hayan sido encomendados, tal y como lo establece el artículo 467.2 I del actual Código Penal; la modalidad imprudente es aquella en la que los intereses del cliente se han visto perjudicado por imprudencia grave profesional, por la omisión de diligencias mínimas en la actividad procesal o extraprocesal. En este sentido se castigará como tipo atenuado del tipo básico, tal y como lo establece el apartado 2 II del mencionado artículo. No obstante, cuando se trate de una imprudencia leve esta quedará para el ámbito de las sanciones civiles y/o disciplinarias.
Estos comportamientos ya se encontraban dentro del anterior Código Penal, dentro del Capítulo I del Título VII relativo a los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargo, pero más concretamente en lo relativo a la prevaricación, motivo por el cual, estos delitos eran denominados “prevaricación de abogados y procuradores”. Dicha concepción de los referidos delitos, fue discutida por, entre otros, García Arán quien afirmaba que “las conductas de abogados y procuradores son las de quienes colaboran en el desarrollo del proceso, mereciendo con mayor propiedad la rúbrica que ahora reciben”. Por ello se consideró que tal denominación era impropia, porque estaba unida a la condición de funcionario público y porque parecía más adecuada para los supuestos de resolución desviada en cuanto a la aplicación del derecho se refiere. Ahora, y debido a dichas aclaraciones ya mencionadas, las conductas aquí descritas han pasado a formar parte de los delitos contra la Administración de Justicia de forma que quedan totalmente independizados de la prevaricación judicial y administrativa.1 Por lo tanto, consideremos que lo que se quiere proteger con la denominación de estos delitos es la función estatal de administrar justicia.
1 GARCIA ARÁN.Ostruccion a la justicia y deslealtad profesional en el Código Penal de 1992. cit,pp.295.
En cuanto a la incriminación de estos comportamientos, hay que entender que una vez forman parte del desarrollo del proceso abogados y procuradores, ya pasan a entrar en contacto con el desempeño de la función jurisdiccional, por lo que entendemos que son colaboradores de la Administración de Justicia al llevar a cabo las debidas actuaciones procesales en el ejercicio de su actividad profesional.
Por tanto, y en este sentido, las deslealtades profesionales de los abogados y procuradores, atentarán directamente contra el derecho a un proceso debido, vulnerando de la misma forma el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de defensa.Pero vamos a centrarnos en las notas diferenciadoras que existen entre, el antiguo artículo 360 del anterior Código Penal y el actual artículo 467.2o del Código Penal de 1995.
El artículo 360 del Código Penal de 1973 disponía expresamente que: “ Será castigado con la pena de suspensión y multa de 100.000 a 500.000 pesetas al abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio o negligencia inexcusable, perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos habiendo tenido conocimiento de ello en el ejercicio de su profesión “. Pero el vigente artículo 467.2o establece lo siguiente: “El abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados, será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para el empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años”. Bien, según esto, podemos establecer las diferencias entre ambos artículos de la siguiente forma: por un lado el derogado artículo 360, comprendía dos tipos penales (el perjuicio al cliente y la revelación de secretos), y el artículo 467.2o ha pasado a integrar el supuesto del artículo 466.1o(2) si la revelación de secretos afecta al secreto sumarial, justificándose así su inclusión en los delitos contra la Administración de Justicia. Por otra parte, el Código Penal de 1973 utilizaba la fórmula de “perjudicar al cliente”, pero el Código Penal de 1995 opta por emplear otra fórmula al describir en este tipo penal la expresión “perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueron encomendados”; se suprime el carácter genérico de la existencia de un perjuicio al cliente, y pasándose a declararlo sólo cuando sea manifiesto. Además también se modifica la expresión “cliente” por la de “los intereses que le fueron encomendados”. Por último hay que hacer referencia a la posibilidad de la modalidad de comisión comisiva, puesto que el artículo 360 del Código Penal de 1973 no hacía ninguna alusión a ella.
Especial mención debemos hacer también a la interpretación de los diferentes elementos del tipo ya que el artículo 360 encuadra las mencionadas conductas dentro del Título de los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, en la actualidad en Código Penal los establece dentro de los delitos contra la Administración de Justicia ( Título XX).
Dice el artículo 466.1o: “El abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial, será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para el empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años”.
En la STS de 14 de Julio de 2000, se considera al artículo 467.2o (“en su actual redacción “más favorable por restrictivo, y de obligada observancia, por consiguiente, (...)siendo la definición del delito que ofrece más precisa y respetuosa con el principio de legalidad que la del artículo 360 CP.”) Ahora vamos a centrarnos en los intereses de los clientes, puesto que podemos analizar dos tipos: el interés en acceder al proceso que se corresponde con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, y el interés en obtener una resolución favorable que responde a sus pretensiones concretas( aunque como ya ha reiterado el TC, no pertenece dicho interés al derecho fundamental aquí mencionado).
Al hablar del primero de los intereses, hacemos referencia a los intereses procesales, esto es, el interés en la satisfacción de la pretensión que se refiere a un interés claramente público que se fundamenta en el correcto desarrollo del proceso debido y en que ese es el motivo por el cual el abogado o procurador puede ser reprochado penalmente si lesiona los intereses procesales del cliente. Ahora bien, puede darse una colisión entre el segundo de los intereses del cliente y sus pretensiones, por ejemplo una dilación en el proceso a consecuencia de una actuación irregular del profesional, puede ser beneficiosa para aquél.
Por lo tanto los intereses lesionados han de ser compatibles con derecho y proceso ya que los intereses procesales se vinculan al derecho al proceso debido como cauce reglado y exclusivo de prestación de tutela judicial efectiva. En este sentido no podemos hacer caso omiso al derecho de defensa puesto que incluye también la defensa de las pretensiones materiales del cliente y su resolución favorable, que a diferencia del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, contiene la satisfacción de dicha pretensión material. En consecuencia el derecho a la defensa es el derecho a la defensa técnica cuyo fin no es sólo garantizar el correcto desarrollo del proceso, sino también asegurar la defensa de las pretensiones del cliente.
Finalmente podemos concluir que, las conductas desleales de los abogados y procuradores que afectan a los intereses de sus clientes, vulneran directamente los derechos recogidos en el artículo 24 de la Constitución española de 19782.
2Dice el artículo 24 de la CE: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de DESLEALTAD POR PERJUICIO GRAVE A INTERESES DE CLIENTES.
El núcleo del artículo 467.1 del CP se constituye por los siguientes requisitos; el abogado que ha asesorado o defiendido a alguien en un proceso y el procurador que se ha ocupado de la representación, y que , sin su consentimiento defiende o representa a quien en el mismo asunto tiene intereses contrarios.
En cuanto a la interpretación de la conducta típica, se deben diferencias los componentes de la misma. Son distintos los deberes profesionales de los posibles sujetos activos del delito, que son los abogados y los procuradores, por lo tanto, debemos describir la conducta típica respecto a cada uno de ellos.
Por lo que se refiere a los abogados, la conducta típica consistirá en asesorar o asumir a defensa de alguna persona en un asunto, para, sin su consentimiento, asumir, en el mismo asunto, la defensa de la persona con intereses contrarios . Tanto la defensa como el asesoramiento jurídico forman parte del ejercicio profesiona del abogado, y así lo establece el artículo 436 de la LOPJ y el artículo 6 del EGA. La defensa aparece como una actividad relacionada de modo directo con el proceso y comporta la asunción por parte del letrado de actuaciones encaminadas a la protección de los intereses de su cliente, mientras que en el acesoramiento el letrado se limita a proporcionar una opinión profesional. Solo debe ser típico el consejo o asesoramiento conducente a un perjuicio para la otra parte. No basta con mero contacto informal, en el que se solicita simplemente la opinión profesional es precios que se tenga un conocimiento efectivo y esencial sobre el asunto.
Deben quedar fuera del tipo penal las simples conductas en las que el abogado no ha tenido conocimiento más que de documentos públicos y en las que, aún no ha aceptado la relación de servivios para con el cliente. Según todo lo expuesto anteriormente, las únicas modalidades delictivas de posible perpetración por los profesionales de la abogacía del art.467.1 del CP, según el tenor literal del precepto citado debe reducirse a dos: 1. Asesorar a una persona y, sin su consentimiento, asumir la defensa de persona o personas con intereses contrapuestos en el mismo asunto; 2. Tomar la defensa del primer cliente, y sin su consentimiento, defender en el mismo los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.” asunto a quien tenga intereses contrarios.
Por lo que se refiere a las conductas punibles realizadas por los procuradores , en concreto, sólo cabe la doble representación, debido a que sus funciones no abarcan, en principio, la defensa ni el asesoramiento jurídico, por lo tanto, la conducta típica se límitará al supuesto del procurador que habiendo tomado la representación de una persona en un proceso, sin el consentimiento de ésta asuma la representación de quien tiene intereses contrapuestos. La representación viene a ser la concesión de un poder de legitimación a determinada persona (representante) para qe obre en interés y por cuenta de otra persona (representado). Los requisitos de la representación son los siguientes: 1. capacidad suficiente del representante; 2. que el representante ostente un título; 3. que el representante obre en nombre y por cuenta del representado.
La posesión de capacidad para ser parte y capacidad procesal puede no ser suficiente para actuar válidamente en un proceso, pues a ellos se añade la necesidad de intervenir por medio de un representante, deniminado procurador. Se obliga a las partes, salvo ciertas excepciones, a actudar mediante un representante cuya intervención se justifica por razones técnicas, en beneficio de las propias partes e incluso del buen funcionamiento de la Administración de Justicia. El procurador tiene una función estrictamente procesal y del contenido de la relación que liga al cliente con el procurador se desprende un mandato representativo, que no sólo obliga a actuar por cuenta del mandante sino también a actuar en su nombre propio.
Por tanto, por lo que concierne al procurador, la doble intervención debe plasmarse en la asunción de dos representaciones incompatibles y es indiferente que se continúe o haya cesado la representación del primero de los clientes.
Finalmente, es posible destacar la posibilidad de una conducta mixta consistente en el supuesto de que la relación profesional con un cliente fue a título de abogado, y posteriormente, con la parte con intereses contrarios como procurador, o viceversa.
El consentimiento es el requisito esencial para estimar cometido el tipo del artículo 467.1 del CP y que la persona a la cual se acesora, defiende o representa no consienta que se haga lo propio con la persona o personas que en el mismo asunto tiene intereses contrarios, de modo que, de concurrir el consentimiento otorgado por el primer cliente se convertiría dicha conducta en atípica.
El artículo 467.1 sólo recoge de manera textual la referencia del primer cliente, pero no menciona nada respecto del consentimiento del segundo, no requerido, al menos de forma expersa, que el segundo cliente tenga conocimiento de la anterior o vigente relación profesional entre las partes del proceso.
Los requisitos que debe reunir el consentimiento son los siguientes: 1. que ha de ser precedente, es decir, que debe haber sido prestado con anterioridad a la acción del sujeto activo. Un consentimiento posterior a la asunción de las funciones de defensa o representación determina la preexistencia del delito y sólo puede ser entendido en términos del perdón. El consentimiento hasta a ejecución de la acción es revocable; 2.
ha de ser expreso: Aceptado el requisito del carácter expreso del consentimiento, se extrae como consecuencia lógica, que la revocación del mismo una vez prestada también deberá ser expersa; 3. el consentimiento debe ser libre y consciente. El consentimiento viciado, es ecir, el prestado bajo coacción, engaño, violencia, intimidación o error no provoca efectos algunos; 4. deberá añadirse también la capacidad y la titularidad, debido a que el sujeto que presta el consentimiento posea la capacidad natural de discernimiento que le permita advertir el significado y las consecuencias de su consentimiento.
Por otro lado, el derecho a la defensa, quiere decir, tener la oportunidad de defender las propias posiciones en todo proceso judicial que afecte a derechos o intereses propios y conlleva un mandato para el legislador en orden a promover la defensión. La interdicción de la indefensión se proyecta sobre todo el proceso y debe basarse en tres pautas interpretativas: 1. las situaciones de indefensión han de valorarse segín las circunstancias de cada caso; 2.
la indefensión no nace de la sola y simple infracción de las reglas procesales, sino se produce cuando esa infracción de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho de defensa; 3. -no se protegen situaciones de indefensión formal, sino en supuestos de indefensión material en lo que se haya podido causar daños o prejuicios.
Tradicionalmente el término asunto se ha venido utilizando en la práctica para hacer referencia a la cuestión de fondo que es objeto del proceso que, en este caso, es la causa motivadora del conficto de intereses entre los sujetos. La identidad del asunto se encuentra vinculada a la propia contraposición de intereses, otro de los elementos esenciales que integran el tipo objetivo. El asunto surge antes del proceso, pero no adquiere relevencia penal a los efecos que nos ocupan mientras ese asunto o confilcto entre los sujetos no se incorpora a la esfera jurisdiccional para su resolución, pues es en esa esfer en la que la posibe conducta desleal del abogado o procurador puede constituir un ataque al bien jurídico de la Administración de Justicia.
El artículo 467.1 del CP exige la existencia de intereses contrapuesos entre las personas a las que por partida doblre el abogado o procurador prestan sus servicios profesionales. Dicha exigencia resulta lógica dado que de otra forma no se generaría el riesgo que las conductasdescritas en la norma penal. Es la posición contrapuesta de intereses en conflicto y de sus titulares lo que determina la posibilidad de actuación del abogado o procurador. La expresión de ``a quien tenga intereses contrarios´´ se ha interpretado en el sentido de que la satisfacción de una de las personas implique el detrimento de la otra.
La existencia de intereses contrapuestos es un elemento del tipo que deberá ser determinado en cada caso concreto, en función de los intereses que el sujeto haya confiado al profesional, al igual que la interpretación de estos desde el punto de vista material o exclusivamente procesal.
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