DERECHO ADMINISTRATIVO_Apuntes del TEMA 3 y 4 (2012)

Resumen Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos - 1º curso
Asignatura Derecho Administrativo
Año del apunte 2012
Páginas 8
Fecha de subida 02/04/2016
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Apuntes/Resumen de los Temas 3 y 4.

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TEMA 3: CONCEPTO Y CARACTERES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Administración pública: organización social dotada de personalidad jurídica y de poder público con la finalidad institucional de servir al interés general, sometiéndose plenamente al Derecho y al control judicial. La sujeción de la administración al derecho y al control judicial, son dos rasgos característicos de primera importancia. La personalidad jurídica de cada administración es única, distinta a las de las demás.
La administración es una organización vicaria, que no persigue fines propios, sino en todo caso supeditados a la satisfacción del INTERÉS GENERAL. Y se determinan los intereses generales mediante el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, cuando el legislados dicta una norma, y apodera a a administración con la correspondiente facultad de actuación.
DESVIACIÓN DE PODER: se produce cuando la administración se aparta del interés general previsto por la norma para satisfacer otro interés distinto, SE ENTIENDE POR DESVIACIÓN DE PODER EL EJERCICIO DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS PARA FINES DISTINTOS A LOS FIJADOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
- Desviación de poder privada. Mediante el ejercicio de la potestad adm. se pretende alcanzar un fin privado, un beneficio particular.
- Desviación de poder público. La potestad se emplea para un fin distinto del ordenamiento jurídico, pero en beneficio del interés general.
PRINCIPIO DE EFICACIA: los poderes públicos atienden las necesidades de prestación de servicios que manifiestan los ciudadanos, incorporando la eficacia y logrando el máximo rendimiento de los recursos disponibles.
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA: vinculado con los principio de buena fe y seguridad jurídica. El principio beneficia a los ciudadanos que actúan en la confianza de que su actividad es lícita al haber sido consentida por la administración.
3. CONCEPTO Y CARACTERES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.
El derecho administrativo es una creación relativamente reciente, pues surge en la Europa continental como consecuencia del nuevo orden derivado de las revoluciones constitucionales del siglo XVIII. Podemos definirlo, como el DERECHO que regula la organización de las Administraciones públicas, el ejercicio que realizan de los poderes que se le confían, y su control judicial. El derecho administrativo es el DERECHO ESTATUTARIO de las administraciones públicas, pues ostentan unas peculiaridades y un régimen estatutario. Y POR TANTO ES EL ESTATUTO que regula la organización y el funcionamiento.
El derecho administrativo es también un DERECHO DE PRIVILEGIOS Y GARANTÍAS. Se caracteriza por conferir a la administración unos poderes EXORBITANTE, muy superiores a los propios de los sujetos privados; potestad sancionadora, expropiadora, ejecución de oficio… Los ciudadanos se encuentran resguardados por un completo cuadro de garantías ante la actuación de la administración, entre los que destacamos, el sometimiento pleno de la adm. al control judicial, la ordenación de la actuación administrativa a través de procedimientos repleto de trámites. El derecho administrativo se configura como un DERECHO ARMONIZADOR, un régimen jurídico mediante el que se pretende conjugar la atribución y el ejercicio de poderes exorbitantes por adm. con el respeto de los derechos de los ciudadanos.
TEMA 4: FUENTES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
1. LA CONSTITUCIÓN.
La Constitución es una norma, cuyos preceptos son de obligado cumplimiento y la infracción de los mismo constituye una conducta antijurídica. Lo característico de la Constitución es su posición en el ordenamiento jurídico, su relación con el resto de las normas que componen el ordenamiento, se constituye como una NORMA SUPREMA.
CONSTITUCIÓN <- LEYES <- REGLAMENTOS La CE 1978 declara su supremacía, al ordenar que los ciudadanos y los poderes públicos estan sujetos a la constitución, de este modo, los mandatos y normas constitucionales tienen mayor valor que los de cualesquiera otras formas jurídicas (SUPREMACÍA MATERIAL). Y para asegurar esta superioridad respecto de los poderes constituidos se prevén dos tipos de garantías; una ordinaria, la JUSTICIA CONSTITUCIONAL que se confía al TC, y otra extraordinaria, la REFORMA CONSTITUCIONAL. Y ambas garantías están íntimamente conectadas, pues la función del TC es desvelar las reformas solapadas de la constitución.
(SUPREMACÍA FORMAL), esto es la rigidez o resistencia de la Constitución a su modificación. La constitución tiene un carácter normativo con eficacia directa y vincula a todos los poderes públicos.
EL JUICIO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
Cada juez ha de examinar si la norma a aplicar es o no conforme a la constitución, para rechazar la aplicación de las normas contrarias a la misma. El juicio de constitucionalidad de las leyes se reserva con carácter exclusivo al TC, que ostenta el monopolio a declarar la inconstitucionalidad de las leyes (JURISDICCIÓN CONCENTRADA).
Si la norma o acto carece de fuerza de ley, los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos contrarios a la constitución. Si la norma tiene fuerza de ley, permite al juez plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante TC.
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.
- Para los jueces y tribunales ordinarios. El principio se traduce en una respecto del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, la cual solo procederá cuando por via interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional.
- Para el Tribunal Constitucional, el principio democrático encarnado en la ley impone una cierta presunción de constitucionalidad de la ley, en virtud de la cual el TC no debe declarar su nulidad cuando sea posible una interpretación de la misma conforme a la constitución, para considerar legítima una ley basta con que no sea contraria a ella.
2. CONCEPTO DE LEY.
La ley es el acto aprobado y publicado con ese nombre por las Cortes Generales y también, por las asambleas legislativas de las CCAA. Características: - Subordinación de la ley a la constitución. La ley no es ejecución de la Constitución. La ley actúa con plena libertad de configuración normativa, libertad que no puede reducirse a una discrecionalidad administrativa.
- Primacía de la ley. La ley presenta una expansividad ilimitada, ningún ámbito le está vedado. La ley puede ocuparse de cualquier materia e imponer así su voluntad incondicionalmente.
- Presunción de legitimidad de la ley. El TC solo debe proceder a declarar la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley cuando se haya producido una clara e inequívoca colisión con la constitución.
- Fuerza de ley. Las normas con rango de ley tienen una SUPREMACÍA JERARQUICA, de tal modo que pueden derogar a cualquier norma anterior de inferior rango (FUERZA ACTIVA9, y se resisten a ser derogadas por otra norma posterior de rango inferior (FUERZA PASIVA).
- Privilegio de inmunidad judicial. Los jueces y tribunales ordinarios están sometidos “al imperio de la ley”, la constitución establece un sistema de justicia constitucional concentrada, atribuida al TC.
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO.
- Iniciativa legislativa, la facultad para iniciar el procedimiento la tiene, en primer lugar, el gobierno, cuyas propuestas de ley una vez aprobada por el consejo de ministros se denominan PROYECTOS DE LEY gozando de prioridad en su tramitación. En segundo lugar, el Congreso y el Senado, debiendo el senado remitir sus PROPOSIONES DE LEY al congreso para su tramitación. En tercer lugar, las Asambleas de las CCAA que podrán solicitar la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una Proposición de ley. Y en cuarto lugar, la INICIATIVA POPULAR, respaldada por al menos 500.000 firmas acreditadas.
-Tramitación y aprobación. Inician su tramitación en el congreso, debiendo de aprobarse por el pleno del Congreso, salvo que se haya delegado en una COMISION LEGISLATIVA PERMANENTE, la aprobación de los proyectos o proposiciones de ley.
Una vez aprobado un proyecto de ley por el Congreso, deberá someteré a la deliberación del Senado. De todos modo, el Congreso goza en el procedimiento legislativo de una posición de PREEMINENCIA sobre el senado.
-Promulgación y publicación. Corresponde al Rey sancionar y promulgar en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales.
LAS RESERVAS DE LEY.
Constituyen un mandato constitucional en virtud del cual la Constitución establece que determinadas materias han de ser reguladas necesariamente por la ley.
La constitución impone que en muchas materias, que considera relevantes, la ley debe cumplir un contenido normativo mínimo. De este modo, la técnica de reservas de ley no implica sólo un límite a la potestad reglamentaria. El fundamento de la doctrina de las reservas de ley es doble. De un lado, es la legitimación democrática directa de los preceptos normativos emanados del órgano de representación política, y de otro lado, en la actividad del procedimiento legislativo presidido por los principios de publicidad y … LA LEY ORGÁNICA.
La CE ordena que la regulación de determinadas materias debe contenerse en una ley especial (LEY ORGÁNICA), que se caracteriza porque su aprobación, modificación o derogación se requiere la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. ÁMBITO MATERIAL la constitución reserva a ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la aprobación de los Estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
Naturaleza jurídica sería disconforme con la CE que la ley orgánica invadiera materias reservadas a ley ordinaria. No obstante, el TC admite que una ley orgánica puede incluir cuestiones ajenas a la reserva pero que constituyan un complemento necesario de la misma (MATERIAS CONEXAS). Con el objeto de EVITAR que las materias conexas queden sometidas al régimen de rigidez que le corresponde a las materias propias de ley orgánica (EFECTO DE CONGELACIÓN DE RANGO), debe excluirse por la propia ley orgánica indicando qué preceptos contienen solo materias conexas.
ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.
Norma institucional básica de cada CCAA, y lo es en un doble sentido: el estatuto es la norma que crea cada CCAA, y regula las instituciones de gobierno de cada CCAA y las competencias que asume. Pero, además, el estatuto constituye la norma de engarce entre el ordenamiento jurídico del estado y cada ordenamiento autonómico. La Constitución reserva al Estatuto de autonomía (RESERVA ESTATUTARIA) ls regulación de determinadas materias.
El estatuto es una ley orgánica, pues se aprueba como tal, y se reforma también mediante ley orgnáica. El estatuto no es una norma autonómica. El estatuto es una ley orgánica con importantes peculiaridades. Así, en el procedimiento de reforma, no sólo requiere la aprobación por ley orgánica, sino también la previa aprobación por la Asamblea legislativa median mayoría (2/3) y, además, exige un referéndum de ratificación.
La relación del estatuto con la constitución es de subordinación, el estatuto está subordinado a la constitución. Esto significa que un precepto de un estatuto puede ser anulado por ser contrario a la constitución. El estatuto es ley orgánica con idéntico rango al resto, y las leyes de la CCAA no pueden contradecir el estatuto.
LEYES AUTONÓMICAS: son leyes que gozan del privilegio de la inmunidad jurisdiccional, es decir, que están sometidas a la fiscalización del TC.
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO: suelen conceder con amplitud la iniciativa popular y de entidades locales del territorio. Es un procedimiento muy ágil, y el acto promulgación no es ejercido por el rey, sino por el presidente de la CCAA en nombre del rey. Su publicación es doble, por el Boletín oficial respectivo y por el BOE.
NORMAS GUBERNATIVAS CON FUERZAS DE LEY.
LOS DECRETOS LEGISLATIVOS.
La primacía de la ley permite a ésta regular de modo exhaustivo cualquier materia, con el grado de detalle que estime oportuno. Existen dos fórmulas de colaboración normativa entre el parlamento y el gobierno.
La más común, la REMISIÓN NORMATIVA, la ley habilita al gobierno a que proceda al desarrollo de su contenido mediante la aprobación de un reglamento (EJECUTIV), mediante el ejercicio por el gobierno de su propia potestad reglamentaria. La remisión no debe entregar al gobierno el núcleo esencial de las materias reservadas a ley, sino que el reglamento debe limitarse a ser el complemento indispensable de la ley.
La DELEGACIÓN LEGISLATIVA, las cortes delegan en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. En este supuesto, el gobierno no ejerce una potestad normativa propia, sino delegada por el parlamento. Modalidades de delegación: - Leyes de bases para la formulación de textos articulados. Regula una materia solo a nivel de grandes principios o directrices, encomendando al Gobierno la regulación de dicha materia, mediante la aprobación de un texto articulado.
- Ley de textos refundidos. No hay aquí una autolimitación del parlamento a regular una materia a nivel de principios, sino que se trata de asignar al Gobierno una operación de técnica legislativa, consistente en reducir a un texto unitario una serie de normas dispersas.
La delegación legislativa ha de otorgarse mediante ley de las Cortes Generales, debe otorgarse al gobierno y no a ningún otro órgano, no debe afectar a materias sujetas a reserva de ley.
La publicación del decreto legislativo conlleva a la extinción automática de la delegación legislativa. Entonces el decreto legislativo se incorpora al ordenamiento jurídico como norma dotada de rango de ley. El decreto legislativo está sujeto al control del TC pero la CE excepciona el monopolio jurisdiccional en este aspecto.
LOS DECRETO LEYES.
El gobierno podrá dictar disposiciones con fuerza de ley que adoptarán la forma de decreto-ley. Es una potestad propia, no es fruto de una delegación de las Cortes, ni está sujeta a autorización previa. Los decreto leyes aprobados por el Gobierno tienen un carácter PROVISIONAL y deben ser sometidos inmediatamente a la ratificación del Congreso de los diputados.
Al gobierno le corresponde una facultad de iniciativa y de determinación del contenido de la norma con efecto inmediato pero temporalmente condicionado, y al congreso le corresponde decidir si se incorpora o no definitivamente la norma al ordenamiento.
PRESUPUESTO HABILITANTE: el gobierno podrá dictar el decreto leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Podrá dictar mediante real decreto ley, normas con fuerza de ley, por lo que constituye una excepción al procedimiento legislativo. Se tendrá que someter a los continuos controles del Tc, ante la posibilidad de abuso por evidente inexistencia del presupuesto urgente o extraordinario.
LÍMITES: la CE prohíbe la utilización del decreto-ley en una parte de las materias reservadas a ley. Se podrán afectar dos derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I.
INTERVENCIÓN PARLAMENTARIA. Se establece que los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los diputados, en el plazo de 30 días a su promulgación. El acto de convalidación es voluntad exclusiva del gobierno y conforme a un procedimiento especial.
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