Tema 4 - los derechos de la personalidad (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Huelva
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 20/04/2016
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LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 1. CONCEPTO, NATURALEZA Y CARACTERES DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 1.1.
Concepto Se trata de derechos inherentes a la persona, que habilitan el goce y la protección de aspectos ligados a su personalidad. Se califican en: - Bienes esenciales a la persona: vida, integridad corporal y libertad.
- Bienes sociales e individuales, separables del propio ser de la personalidad: honor, intimidad, imagen y derechos de autor.
- Bienes corporales y psíquicos secundarios: salud psíquica y física, sentimientos, estima social.
1.2.
Naturaleza de los derechos de la personalidad: entre los derechos subjetivos y los derechos fundamentales Hay dos debates sobre este tema: el primero, resolver si los derechos de la personalidad son derechos subjetivos.
El segundo debate es el concerniente a la relación entre derechos de la personalidad y derechos fundamentales. Las constituciones recogen una serie de derechos inherentes a la persona. Son derechos que están en el núcleo duro de cualquier sistema de protección política y democrática.
No todos los derechos de la personalidad son derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales están pensados y diseñados en torno a la dignidad de la persona, derechos inviolables que le son inherentes, favoreciendo el libre de desarrollo de la personalidad.
1.3.
Caracteres - Esenciales o inherentes, e innatos: los derechos de la personalidad corresponden a las personas con independencia de sus circunstancias vitales y sociales.
- Extrapatrimoniales: son derechos que quedan al margen del comercio, no negociables.
- Absolutos: se refiere a que se trata de derechos ejercitables frente a todos, erga omnes.
Estos derechos se tutelan en tres ámbitos: - Tutela constitucional: dado que se pueden aplicar los mecanismos de protección propios de los derechos fundamentales.
Tutela civil: a través del resarcimiento de daños materiales y morales causados.
Tutela penal: cuando se incurre en conducta delictiva tipificada por la ley penal.
2. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD EN LA ESFERA CORPORAL: LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 2.1.
Derecho a la vida La constitución española, en su artículo 15, establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
La vida es el valor supremo del ordenamiento jurídico; es principal e instrumental.
Cuestión problemática se plantea con el nasciturus civil, de cuya configuración jurídica se deriva que no es titular de un derecho a la vida, ya que en nuestro ordenamiento está despenalizado el derecho al aborto en los casos en que la ley penal establezca.
La configuración constitucional del derecho a la vida no se traduce en un eventual derecho a elegir entre vivir o morir.
2.2.
Derecho a la integridad física El reconocimiento en el art.15 CE, plantea la duda sobre la disponibilidad a voluntad de las personas sobre su cuerpo y sobre sus órganos.
2.2.1.
Trasplante de órganos Esta posibilidad de disposición inter vivos o mortis causa de los órganos propios que afectan a la integridad física, ha de sujetarse a una serie de principios: a) La cesión de órganos debe ser gratuita y tener finalidad terapéutica.
El donante debe ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y haber sido previamente informado de las consecuencias de su decisión.
b) Con fines científicos, la extracción de órganos solo será admitida en cuanto se trate de personas fallecidas.
c) La cesión de órganos solo es legalmente posible cuando su extracción sea compatible con la vida del donante.
d) Desde el punto de vista del receptor de órganos, la ley exige que el destino del órgano extraído sea susceptible de mejorar su esperanza o condiciones de vida.
En cuanto a la extracción de órganos en caso de personas fallecidas, la extracción es posible siempre que no haya constancia expresa de la oposición del difunto.
2.2.2.
Técnicas de reproducción asistida Se centra en tres modalidades: inseminación artificial, fecundación in vitro y transferencia intratubárica de gametos.
Los principios generales en los que se asienta estas técnicas de reproducción de la vida son: a) Las técnicas de reproducción asistida se realizaran solamente cuando haya posibilidades razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud de la mujer o la posible descendencia y precia aceptación libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer.
La aceptación de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida por cada mujer receptora de ellas quedara reflejada en un formulario de consentimiento informado en el que se hará mención expresa de todas las condiciones concretas de cada caso en que se lleve a cabo su aplicación.
b) Solo se podrán llevar a cabo estas técnicas en Centros sanitarios debidamente autorizados.
c) La mujer receptora deberá ser mayor de edad; con plena capacidad de obrar. Si estuviese casada, se precisara además el consentimiento de su marido.
d) Se prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos.
e) La donación será anónima, confidencial, gratuita y no lucrativa. Los hijos nacidos tiene derecho a obtener información general de los donantes que no incluya su identidad. Solo excepcionalmente podrá revelarse la identidad de los donantes, siempre que dicha revelación sea indispensable para evitar el peligro.
f) Ni la mujer progenitora ni el marido podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación.
g) Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.
3. LAS LIBERTADES SUBJETIVAS Y PÚBLICAS La consagración de un Estado social y democrático de Derecho implica que existan y se recojan una serie de libertades públicas que contribuyan a crear y mantener una sociedad confortable en la que las personas puedan desarrollarse de acuerdo a sus principios, valores o creencias.
Podemos destacar ese elenco de libertades públicas: - Libertad personal y seguridad.
- Libertad ideológica y de expresión.
- Libertad de producción y creación.
- Libertad de enseñanza y libertad de creación de centros docentes: libertad de cátedra.
4. DERECHO A LA INTEGRIDAD MORAL 4.1.
Punto de partida y protección El Código Civil nunca previó la protección de los derechos de la personalidad: la única vía de acceso a ese mecanismo se buscó a través de la llamada responsabilidad civil del art.1902 CC. Pero se demostró que ese mecanismo era insuficiente e ineficaz.
Art.18.1: “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” 4.2.
Honor, intimidad y propia imagen. Conceptos a) El derecho al honor: se refiere a reputación social y a la idea de respetabilidad, fama o prestigio de un sujeto.
b) El derecho a la intimidad: toda persona ha de poder sustraer una esfera de su dignidad como tal a las intromisiones ajenas, 4.3.
reservando así una cuota de intimidad inaccesible sin su consentimiento.
c) La propia imagen: se traduce en el derecho de decidir, consentir o impedir la reproducción de la imagen de nuestra persona por cualquier medio.
Titularidad de estos derechos Estamos ante un derecho de carácter personalísimo que solo puede ejercitarse por la persona afectada.
Se discute qué ocurre cuando se lesionan derechos de una comunidad o grupo de personas.
a) Personas fallecidas. El reconocimiento y protección de estos derechos a favor de personas fallecidas post mortem, se regula en la LOPDH para tres supuestos: - Cuando el titular del derecho fallece sin haber podido ejercitar las acciones de protección frente a las intromisiones producidas en vida.
- Cuando fallece con el procedimiento iniciado, en cuyo caso sus causahabientes podrán continuar sosteniendo la acción para resarcir esos derechos.
- Cuando la lesión o intromisión en el honor, la intimidad o la imagen se produce una vez que la persona afectada ha fallecido.
En tales casos, la legitimación activa la tienen las personas designadas al efecto en testamento o cónyuge, descendientes y ascendientes.
4.4.
b) Protección de los menores. Entra en la definición de qué ha de entenderse por intromisión ilegítima referida al menor, lo que deja en el aire la duda de si las intromisiones ilegítimas en caso de menores son las que aparecen en esta Ley.
En cualquier caso, la Ley de protección del menor se refiere a la intromisión ilegítima “en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales” c) Personas jurídicas y comunidades de intereses o grupos.
La persona jurídica puede ver lesionada su intimidad o su honor, cuando se invada su espacio de intimidad o cuando se la difame o se la haga desmerecer en la consideración ajena.
Ámbito de protección Tanto la regulación como los usos sociales y sobre todo la confección que cada persona haga de sus derechos al honor, intimidad e imagen, delimitaran en cada caso el ámbito de protección aplicable.
Las matizaciones o excepciones son las recogidas en los artículos 2.2 y 2.3.
En cuanto a la primera, no hay intromisión cuando así lo marca la ley, cuando el titular del derecho hubiere consentido expresamente o cuando se trate de opiniones aforadas.
En virtud de la segunda, “el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse los daños y perjuicios causados.
4.5.
4.6.
Intromisiones ilegítimas tipificadas en la Ley y modalidades o categorías de lesión Las intromisiones ilegítimas previstas son las siguientes: 1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparato de escucha, filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.
2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o producción.
3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias y otros escritos personales de carácter íntimo.
4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.
5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada.
6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
Remedios jurídicos La actual protección de jurídica de estos derechos ha sido recogida en el artículo 9 de la Ley.
Mezcla diferentes posibilidades, civiles y penales, y dentro de las civiles, de cesación de la actividad, indemnizatoria y protectora del daño moral.
I.
Remedios civiles y penales. Se aplican en función de si el bien jurídico protegido es penal o no. De alguna forma, la Disposición Cuarta de la LO 5/2010 recién aludida, favorece que se acuda a la vía civil recordando que, primero, el carácter de ilícito penal no impedirá acudir a la vía judicial civil y, segundo, que “en cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada del delito”.
II.
Cese de la actividad ilícita y otras medidas cautelares. El art.9 prevé el cese de la intromisión ilegítima que se suele concretar en el secuestro de la publicación o en la suspensión de la emisión de programas de radio o de televisión.
Cabe la posibilidad de acoger otras medidas cautelares en relación con la intromisión que pueden ser acogidas por los jueces y tribunales, el derecho de replicar o la obligación de rectificar, la difusión de la sentencia en un medio que permita su conocimiento por el público.
III.
Acciones indemnizatorias. El art.9 prevé la indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados por la intromisión ilegítima.
La propia norma contiene una serie de reglas especiales a tener en cuenta: a) Se presumirá iuris tantum que siempre que se acredite la intromisión existe perjuicio reparable.
b) Junto con los perjuicios patrimoniales, la propia normativa alude expresamente a que la indemnización se extenderá al daño moral.
c) La indemnización corresponde al perjudicado y se trasmite a los herederos. Respecto del daño moral, la indemnización se transmite al cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de la persona fallecida; en su defecto, a los causahabientes o sucesores en la proporción que la sentencia estime que han sido afectados.
d) Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos cuatro años.
4.7.
Especial consideración del conflicto entre los derechos al honor, intimidad e imagen, y la libertad de expresión.
En la permanente tensión entre el derecho al honor, intimidad e imagen y el derecho a la libertad de expresión, ambos están constitucionalmente protegidos. Ambos actúan como limitación del otro.
El derecho a informas es prevalente cuando lo que se manifiesta tiene interés o relevancia pública; además, la información ha de ser veraz, aunque eso no significa que la veracidad sea incontestable.
Los personajes de proyección pública ven restringidos sus derechos al honor, intimidad e imagen, aunque por supuesto una crítica molesta o hiriente no implica que tengan que soportar expresiones insultantes que excedan el sano derecho de la crítica.
5. PROTECCION DE LA ESFERA RESERVADA DE LA PERSONA: PROTECCION DE DATOS Y SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.
OTROS DERECHOS; DERECHO AL NOMBRE 5.1.
Protección de datos. Tratamiento automatizado de datos de carácter personal El objeto de dicha Ley es proteger los derechos y libertades a las personas físicas en relación con sus datos personales.
La Ley se aplica a los datos personales que se contengan en cualquier tipo de fichero de titularidad pública o de titularidad privada.
La problemática que pretende abordar y resolver esta Ley está en quién supuestos un tercero puede acceder a los datos personales que figuran en cualquier tipo de archivo público o privado.
Se está abriendo paso el llamado “derecho al olvido digital”, que puede definirse como un derecho subjetivo para borrar de universo online cualquier tipo de rastro que afecte o haya podido afectar a algún aspecto relevante de la intimidad, honor o imagen de un sujeto.
Todas las empresas que operan en la UE deben cumplir con la legislación de protección de datos de cada país, pero no se puede “obligar a eliminar contenidos” producidos por otros. “los proveedores de servicios de motores de búsqueda no son responsables, sobre la base de la Directiva de protección de datos, de los datos personales que aparecen en las páginas web que el proceso”.
5.2.
El secreto de las comunicaciones El párrafo 3º del art.18 CE declara que “se garantiza el secreto de las comunicaciones y de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
Se trata de un derecho básico y fundamental para proteger el ámbito de la intimidad personal y familiar, y el honor de una persona. Una decisión judicial puede levantar ese secreto “cuando exista una investigación en curso por un hecho constitutivo de infracción punible grave.
5.3.
Otros derechos de la personalidad: derecho al nombre La identificación nominal de las personas es uno de los derechos que forman parte de sus derechos básicos; tanto desde el punto de vista de la identificación y desarrollo de la personalidad como desde el impacto en el orden público y social, el nombre supone la identificación absoluta de un sujeto.
El encargado del Registro Civil hará constar en la inscripción de nacimiento el nombre impuesto por los padres o guardadores.
Si no se expresa o es inadmisible, el encargado requerirá a aquellas personas para que en el plazo máximo de tres días, procedan a manifestarlo. La elección del nombre es libre y voluntaria, prohibiéndose los que perjudiquen a la persona, hagan confusa la identificación o induzcan a errores sobre el sexo; de igual modo, se prohíbe que dos hermanos ostenten el mismo nombre.
5.3.1.
Los apellidos La identificación nominal perfecta se realiza en unión de los apellidos, determinados por la filiación. Un ciudadano español toma como primer apellido el primero de su padre, y como segundo el primero de la madre.
Cuando se determine judicialmente una filiación contra la oposición del progenitor, el hijo no ostentara sus apellidos más que si los solicita él mismo o su representante legal.
Cuando la filiación no puede determinarse, el encargado del Registro Civil podrá imponer un nombre y unos apellidos de uso corriente.
El ordenamiento jurídico prevé dos mecanismos de protección civil del nombre: - Acción de impugnación: esta acción puede ejercitarla toda persona que entienda que su identificación nominal está siendo usurpada por otra persona.
- Acción de reclamación; trata de una acción eminentemente declarativa, con el objetivo de que se declare judicialmente que una persona tiene derecho a usar en lo sucesivo un determinado nombre y/o apellidos.
en la acción de impugnación, será habitual que la sentencia declare la prohibición de uso del nombre ajeno; de igual manera, obligara a la reparación de los daños y perjuicios que se acrediten si intervino dolo o culpa.
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