Lecciones de Processal parte 2 (2014)

Resumen Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Dret processal
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 25/11/2014
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Resumen de las lecciones del libro de Derecho procesal del Profesor Ormazabal

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Lección 1: La potestad jurisdiccional La relatividad del concepto de jurisdicción: las dificultades para ofrecer una noción abstracta de esta potestad Históricamente en toda comunidad política, una vez alcanzado un cierto grado de organización institucional, el poder público tiende a asumir la función de resolver o dirimir los conflictos y disputas jurídicas entre sus miembros, así como la de infligir los castigos o penas más graves previstas por el Derecho. La función de esta potestad es pues, realizar o actuar el Derecho.
La manera de que esta función surge y se configura en el transcurso de los siglos y en las diferentes comunidades políticas ha sido y es diversísima, sobre todo respecto a los siguientes elementos:     La titularidad de la función puede recaer en el Rey o en la persona que reviste la condición de soberano, o bien en el Estado, que a su vez la recibe del pueblo.
La clase de órganos que la ejercen. Jueces profesionales, ocasionales, etc.
El estatuto jurídico a que quedan sometidos los titulares de aquellos órganos. Principalmente juzgadores independientes o vinculados a instrucciones u órdenes de órganos públicos.
El ámbito o alcance material en el que opera. Si se extiende o no a los conflictos entre los particulares y el poder público, por ejemplo.
Por lo que desde la justicia del Antiguo Régimen, monopolizada por el monarca y ejercida por sus subalternos, hasta la justicia independiente de un Estado de Derecho moderno se puede apreciar, una enorme diversidad o multiplicidad de formas y configuraciones de la potestad estatal que ahora nos ocupa.
La mayor parte de los autores parecen convenir en el carácter relativo del concepto de jurisdicción, una excepción es Serra que opina que la jurisdicción puede definirse de forma absoluta y con total abstracción respecto de cualesquiera coordenadas políticas o sociales y con completa independencia de cuál sea el sujeto que históricamente haya ostentado la potestad jurisdiccional. Lo esencial en el concepto de jurisdicción sería el poder de un tercero enderezado a la determinación del Derecho en el caso concreto, en definitiva, cualificado y singularizado por la nota de irrevocabilidad.
Para nosotros un concepto de jurisdicción que pretendiera ser absoluto en el tiempo y en el espacio habría ue de se ecesa ia e te de asiado a plio o ge e al. E uest a opi ió , la ju isdicció supo e la determinación irrevocable del Derecho en un caso concreto, seguida e su caso, de su actuació p áctica .
Concluye con que el concepto de jurisdicción ha de basarse con en la realidad de nuestro país y de nuestro tiempo. Partir de que se trata de una de las potestades del Estado es hoy ineludible y cualquier construcción que lo desconozca es meramente teórica.
La actuación del Derecho no realizada por Jueces y Tribunales independientes, no merecer ser denominada jurisdicción. El establecimiento de una función jurisdiccional sometida al poder ejecutivo o a las cámaras legislativas pugnaría con las más fundamentales convicciones ideológicas y culturales de nuestra civilización occidental y resultaría absolutamente inaceptable en cualquier sociedad mínimamente avanzada de nuestra época. Conviene no exagerar el protagonismo conceptual de la independencia en la definición de la potestad jurisdiccional.
La abolición de la justicia privada o autoayuda La existencia de esta función representa un notable avance o conquista civilizadora, al implicar la abolición de la denominada justicia privada o de autoayuda. Cuando el poder público no se hace cargo de dirimir quién de los ciudadanos enfrentados en un conflicto es efectivamente el titular del derecho en disputa, o se desentiende de la aplicación de las penas o castigos, son los propios ciudadanos quienes han de hacer triunfar su pretensión sobre la del otro.
Esto como es evidente, comporta evidentes riesgos, derivados sobre todo del subjetivismo e implica permitir que los ciudadanos hagan uso de la violencia o de la coacción a su arbitrio para hacer prevalecer su concepción de la justicia. Esto provocaría una alteración de la paz social y el orden público (crisis del poder público). En todo caso, la realización del derecho por la propia mano constituye una conducta sancionada penalmente en el art. 455 CP, que tipifica el delito de realización arbitraria del propio derecho.
La jurisdicción como potestad pública encaminada a la actuación o realización del derecho en el caso concreto La jurisdicción está concebida en el ordenamiento jurídico español como potestad estatal (art. 117.3 CE). Se especifica que la potestad consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En estos preceptos se incluyen las dos actividades u operaciones en que se concreta el ejercicio de esta potestad estatal: juzgar y ejecutar.
  Juzgar: designa la operación de discernir y declarar la respuesta del ordenamiento jurídico ante unos hechos determinados, o si se prefiere, la operación de aplicar el Derecho a unos hechos.
Ejecutar: materializar, hacer real o efectivo el pronunciamiento o declaración que resulte de la operación de juzgar.
Ejemplo: si la aplicación del Derecho en un determinado supuesto tiene como consecuencia declarar que A debe a B una cierta cantidad de dinero, ejecutar este pronunciamiento o declaración significa poner aquella suma a disposición de B, utilizando, si es preciso, la fuerza o la compulsión.
Sin la potestad que acabamos de explicar el Derecho no pasaría de ser una puta admonición vacío de contenido, el acatamiento o sumisión al cual quedaría abandonado a la voluntad de los agentes sociales, sin posibilidad de hacerlo efectivo si éstos no lo quisieran observar. La seguridad jurídica, la efectividad del Derecho y la coercividad de sus mandatos hacen necesaria la existencia de esta potestad pública. Lo que acabamos de denominar actuación del Derecho se concreta en los cinco aspectos siguientes que deben ser contemplados tanto desde su vertiente declarativa como desde la ejecutiva: 1.
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La tutela de los derechos subjetivos y de los intereses legítimos de los ciudadanos (art. 24 CE) El monopolio de la imposición de penas (art. 25 CE) La tutela de los derechos y libertades fundamentales (art. 53.2 CE) El control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE) El control de constitucionalidad de las leyes (art. 161 CE) Nuestro ordenamiento jurídico, la jurisdicción se concibe como la potestad pública que tiene como misión la actuación o realización del derecho objetivo en el caso concreto.
La jurisdicción y el resto de potestades básicas del Estado La jurisdicción, junto con la potestad ejecutiva y la legislación, se acostumbra a considerar como una de las tres potestades básicas del Estado, siguiendo la tripartición clásica de los poderes estatales.
Jurisdicción y legislación La distinción entre la potestad legislativa y la jurisdiccional resulta relativamente sencilla.
La legislación: tiene como finalidad la promulgación de las leyes, por lo tanto produce normas jurídicas de rango legal, instrumento mediante el cual se regulan los aspectos centrales o más importantes que afectan a la comunidad política. El mandato legal es:    Abstracto: se dicta en consideración a una pluralidad indefinida de casos que potencialmente pueden acontecer.
General: no tiene un destinatario concreto sino que se proyecta sobre todos aquellos ciudadanos que realicen el supuesto hecho de la norma.
Innovador: la legislación innova el ordenamiento jurídico, añadiendo normas nuevas o derogando las existentes.
La jurisdicción: su función es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, diferenciaremos esta potestad, con la legislativa gracias a su mandato:    Concreto: hace referencia a un acontecimiento concreto que ha tenido lugar en la realidad.
Especial: solo produce sus efectos respecto de los que han sido parte en el proceso.
Declarativo: traslada la respuesta del Derecho declarando la voluntad de éste en un supuesto determinado.
Jurisdicción y administración En una primera aproximación, la distinción entre la potestad ejecutiva y la jurisdiccional no resulta problemática. Con una descripción superficial, podríamos decir que la potestad ejecutiva le atañe proveer la multitud de maneras al bien de la cosa pública ejecutando y desarrollando las leyes dictadas por los órganos legislativos, depositarios de la representación popular. Pero la Administración lleva a término con frecuencia actividades que consisten en la realización del Derecho en el caso concreto y se asemejan notablemente a la actividad que realizan los Tribunales. Pero podemos diferenciar estas actividades cuando son realizadas por la Administración o por los órganos jurisdiccionales.
    Independencia: a la Administración le corresponde un modo de actuación jerarquizada, una escala de mando. La jurisdicción como podremos comprobar después se ejerce con absoluta independencia, no existe jerarquía propiamente dicha entre ellos, ya que ningún órgano puede dirigir órdenes a otro (independencia interna), como que nadie, ningún órgano administrativo puede dirigir órdenes a los Tribunales ni inmiscuirse en sus funciones (independencia externa).
Imparcialidad: no se puede distinguir entre la actuación del Derecho y la actuación de la Administración, ya que unos y otros están obligados a ser imparciales, en el sentido de que deben dictar sus resoluciones sin el menor asomo de prevención o predisposición que los mueva a resolver a favor de alguna de las personas implicadas en el procedimiento, expediente o actuación que esté tramitándose. Actuación con pleno desinterés subjetivo, aplicación estricta de la legalidad.
La actuación de la Administración y de la potestad jurisdiccional: trata de una potestad instrumental respecto de las funciones que tienen asignadas, es decir, dirigida a posibilitar el desempeño de las tareas que tiene encomendadas por la ley. La Administración actúa con interés objetivo (cosa propia). Mientras que la potestad jurisdiccional, no tiene como misión auxiliar el desempeño de su función, es una finalidad en sí misma. Actúan con desinterés objetivo (cosa ajena).
Revisión de la actuación: la realización del Derecho operada por los órganos administrativos es siempre susceptible de revisión por parte de los órganos jurisdiccionales, que se presentan así como últimos garantes de la legalidad de la actuación administrativa. Solo las resoluciones de los órganos jurisdiccionales son capaces de generar la autoridad de la cosa juzgada, por lo tanto no se puede revisar lo que se ha decidido. Ahora bien, que tan solo las resoluciones de los órganos jurisdiccionales sean idóneas para generar la autoridad de la cosa juzgada no significa que todas las resoluciones dictadas por los Tribunales gocen siempre de esta autoridad. La autoridad de cosa juzgada tampoco es criterio absoluto para distinguir la actividad jurisdiccional de la actividad administrativa.
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