Tema 13 - Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. Procedimiento tributario.Aplicación de tributos (2014)

Apunte Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Administración y Dirección de Empresas (BBA) + Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Fiscal I
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 24/03/2015 (Actualizado: 24/04/2015)
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Sergio Gomollón de las Muelas — Apuntes Derecho Tributario I MÓDULO IV. LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS.
Lección XIII. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. La aplicación de los tributos.
La aplicación de los tributos.
La aplicación de los tributos da nombre al Título III de la Ley General Tributaria, y contiene éste las normas generales de procedimiento tributario y la regulación específica de cada uno de los procedimientos.
! Podemos definir la aplicación de los tributos como “el conjunto de operaciones destinadas a la realización efectiva de la imposición tributaria.” En la anterior ley, el legislador nombró gestión tributaria al conjunto de actividades de imposición tributaria; contraponía el procedimiento de gestión a los de inspección y recaudación.
La LGT vigente, incluye otras novedades; hoy en día los administrados colaboran con la Administración, por ejemplo, y hay aspectos de información y asistencia a los obligados tributarios: la Agencia Tributaria les ayuda a cumplir con sus obligaciones (formales).
! Así pues, pueden englobarse tres categorías de actuación de la aplicación de los tributos: en primer lugar, actuaciones de información y asistencia a los obligados tributarios; en segundo lugar, actuaciones de gestión, inspección y recaudación (punto al que la ley exclusivamente se refería anteriormente); y en tercer lugar, las actuaciones de los obligados tributarios en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.
Podría añadirse a estas tres, una cuarta categoría de actuación administrativa de aplicación de los tributos, que tiene un tema específico en el programa (ver infra Lección XIX) que es la revisión de los actos administrativos en vía tributaria.
! Finalmente, añadir que para los procedimientos tributarios, antes de acudir a los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, deben ser revisados los actos por la Administración en los tribunales económico-administrativos, que harán el primer — !52 — Sergio Gomollón de las Muelas — Apuntes Derecho Tributario I control de legalidad de los actos administrativos tributarios, para evitar ir a juicio si no es necesario (v. art. 83.2 LGT). 18 ! [El procedimiento administrativo.] A efectos de explicar el procedimiento tributario, es preciso antes tener unas nociones básicas del procedimiento administrativo, pues el tributario está fundamentado y en gran medida se parece al administrativo.
! Podemos definir el procedimiento administrativo como el conjunto ordenado de actuaciones de la Administración o de los particulares, que determinan la formación de un acto administrativo.
! Normas comunes sobre el procedimiento tributario.
La regulación del procedimiento administrativo viene establecido en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. La Disposición Adicional 5ª de dicha ley, establece que en materia tributaria, los procedimientos y materias administrativas se regularán por una norma específica, y que con carácter supletorio se aplicará la ley 30/1992.
! El art. 97 LGT establece los rangos de aplicación de las normas tributarias (“Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán: a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo. b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.”) pero concretando más, podemos dar el siguiente orden: 1. Normas con rango de ley específicas de cada procedimiento (por un lado, incluyendo las normas procedimentales específicas de gestión, inspección y recaudación de la LGT; y por otro lado las leyes reguladoras de cada tributo con las especialidades procedimentales que contuvieran.) 2. Normas reglamentarias de desarrollo de los procedimientos específicos (cada procedimiento tiene un reglamento específico, si bien rige también el RGR - RD 939/2005) Stricto sensu no puede decirse que estos son verdaderos tribunales, pues son meros órganos administrativos, sin perjuicio de que sean independientes a la Agencia Tributaria.
18 — !53 — Sergio Gomollón de las Muelas — Apuntes Derecho Tributario I 3. Normas comunes sobre procedimientos tributarios previstas en el Cap. II del Tít. III de la LGT.
4. Para todo lo que no esté previsto en la normativa anterior se aplicará la Ley 30/1992.
! Fases del procedimiento tributario.
Los procedimientos tributarios tienen las siguientes fases: 1. Fase de inicio del procedimiento.
2. Fase de desarrollo del procedimiento.
3. Fase de terminación del procedimiento.
Pasaremos a analizarlos, uno por uno.
! Fase 1: Inicio del procedimiento tributario.
De acuerdo con el art. 98 LGT, las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse: a) de oficio; b) a instancia del obligado tributario, mediante (1) autoliquidación; (2) declaración; (3) comunicación; (4) solicitud; (5) cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
Una mayoría abrumadora de procedimientos instados por el obligado tributario se inician y gestionan mediante autoliquidación.
! Fase 2: Desarrollo del procedimiento tributario.
El art. 99 LGT recoge los derechos del obligado tributario en el ámbito del procedimiento 19.
{En concreto, dice la ley: (1) que la Administración facilitará a los obligados el cumplimiento de sus derechos y obligaciones; (2) que los obligados pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos previamente presentados por ellos mismos; (3) que los obligados tienen derecho a que se les expida certificación de sus autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones; (4) que el obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de documentos que figuren en el expediente; […]} ! Fase 3: Terminación del procedimiento.
El art. 100 de la Ley General Tributaria recoge las modalidades por las que puede acabar un procedimiento tributario, que son: (1) resolución (a la que se dedica el siguiente Cfr. art. 35 Ley 30/1992; pero esta disposición no rige en este caso, esta anotación es a meros efectos comparativos.
19 — !54 — Sergio Gomollón de las Muelas — Apuntes Derecho Tributario I epígrafe); (2) desistimiento20; (3) renuncia21; (4) imposibilidad material de continuación por causas sobrevenidas; (5) caducidad22; (6) el cumplimiento de la obligación requerida por parte del obligado tributario; (7) cualquier otra causa prevista por el ordenamiento.
! La resolución del procedimiento tributario.
La Administración tiene obligación de resolver, no puede dejar indefinidamente nada pendiente, y establece una regla general de plazo. Con carácter general, esta es de 6 meses, sin embargo las normas especiales de procedimiento pueden disponer otra cosa; o bien las leyes de cada tributo o la normativa comunitaria podrían establecer un plazo distinto.
! El plazo se comienza a computar, en procedimientos iniciados de oficio, desde la notificación del acuerdo de inicio; y en los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde que se registra el documento que determine el inicio. La terminación se produce siempre con la notificación del acto, basta un intento de notificación que contenga el texto íntegro para considerarlo notificado.
! El silencio administrativo en los procedimientos tributarios.
Si la Administración no resuelve a tiempo, entra en juego la institución de Derecho administrativo del silencio administrativo. Este silencio es una ficción jurídica que hace que el ordenamiento jurídico considere producidos ciertos efectos jurídicos aun cuando no exista actuación administrativa.
La LGT regula el silencio administrativo, (1) en los procedimientos iniciados mediante solicitud, salvo regulación específica en norma tributaria, el silencio es positivo (estimatorio), con dos excepciones: (a) que sea ejercicio del derecho de petición, (b) que se trate de impugnación de actos y disposiciones; y (2) en los procedimientos iniciados de oficio (a) desestimación; (b) caducidad.
! El desistimiento es un modo de terminación a instancia del interesado por el cual este abandona su posición procedimental.
20 La renuncia al derecho en el que se fundamente la solicitud es un modo de terminación a instancia del interesado que supone el abandono por parte del obligado tributario del derecho en el que fundamentaba su solicitud. A diferencia del desistimiento, una vez hecha la renuncia no puede volver a formularse solicitud alguna amparándose en dicho derecho, ni ejercerlo por ninguna otra vía.
21 Se da la caducidad por la imposibilidad de la Administración de continuar su tramitación del procedimiento por haber excedido el tiempo máximo previsto por la ley.
22 — !55 — Sergio Gomollón de las Muelas — Apuntes Derecho Tributario I Las liquidaciones y autoliquidaciones tributarias: concepto, clases y caracteres.
El art. 101 de la Ley General Tributaria define la liquidación como “el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.” ! Existen dos clases de liquidaciones (art. 101.2 LGT): las provisionales (art. 101.4 LGT) y las definitivas (art. 101.3 LGT).
! Las autoliquidaciones, en cambio, son actuaciones (NO actos) del obligado tributario en las que se declara un hecho imponible, se cuantifica el importe de su deuda y normalmente procede a su ingreso. Las autoliquidaciones no son impugnables.
La Ley General Tributaria tiene previsiones específicas y apartados concretos que regulan los mecanismos para, a raíz de una autoliquidación, poder generar un acto impugnable, bien presentando una declaración complementaria obligando a la Administración a dictar resolución (que será impugnable), bien realizando la correspondiente solicitud de devolución de ingresos indebidos.
 — !56 — ...