Tema 11 la persona física (2011)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2011
Páginas 24
Fecha de subida 20/06/2017
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TEMA 11: LA PERSONA FÍSICA. (PÁG 319) 1 . LA PERSONALIDAD: 1.1 El ser humano como sujeto del derecho y sujeto de derechos.
El ser humano es, por naturaleza, el protagonista de la vida social, y del derecho,.
Todo hombre, por el hecho de serlo, es además titular de los derechos y deberes fundamentales, derivados de su dignidad humana, frente a los demás seres humanos con el que se relaciona.
Lo primero permite afirmar que ser humano, es por naturaleza sujeto de derecho (objetivo).
Lo segundo conduce a la afirmación de que el ser humano, es por naturaleza al sujeto de derechos (subjetivos).
El derecho existe porque existen seres humanos, y porque los seres humanos viven en la sociedad y se relación entre sí. Tales relaciones interpersonales tienen necesariamente una dimensión de justicia, de la que deriva la juridicidad natural del ser humano.
O con hemos dicho, el ser humano es el sujeto por excelencia del derecho objetivo, al decir esto, lo que se hace en subrayar que la relaciones sociales tienen lugar primariamente entre seres humanos: son protagonizadas por ellos, y sin ellos no asistirían. Esta idea es la que se recoge en esta frase “hominum causa omne ius constitutum sit” El derecho no solo existe porque existen seres humanos, existen a su servicio: para organizar óptimamente la convivencia entre los hombres según criterios de justicia. El ser humano es, no sólo un presupuesto necesario el derecho, sino también un referente el tecnológico, en cuanto señala la finalidad a que debe tender todo ordenamiento jurídico.
Por otro lado, el hombre, por hecho de serlo, es titular efectivo de derechos subjetivos como básicos frente a otros seres humanos en el que se relacionan y frente al estado: derechos de los que son inherentes y derivan directamente su dignidad humana.
Esta caracterización del ser humano como sujeto de derechos subjetivos, y sujeto del derecho objetivo, no depende de que le se atribuía por el derecho, sino que deriva, han de su propia naturaleza, y la dignidad que le es inherente.
No se trata, de que el ser humano deba ser reconocido como sujeto de derechos, sino que sujeto de derechos, aunque su condición de tal pueda serle eventual injustamente negada, en todo o en parte, por un ordenamiento positivo correcto.
Así pues, la personalidad jurídica del ser humano (su condición de sujeto de derechos y de protagonista de la relación es jurídicas) no depende de que sea reconocida por el derecho positivo, sino que les innata.
Este planteamiento o lo proteger la Declaracíon Universal de Derechos Del Hombre, art.1 : “ todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” Art 6: un “ todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica” Si eran para fundamentar, ahora desde otra perspectiva, el carácter innato de los derechos humanos, su anclaje en la dignidad natural del hombre, y su incidencia sobre el reconocimiento de personalidad jurídica ordenamientos positivos.
Por lo que se refiere a nuestro derecho, los artículos antes citados de la DUDH, sino para interpretar las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales (art. 10.2 CE) Si no es el derecho positivo al que atribuye personalidad jurídica al ser humano, sino que éste le tiene por su propia naturaleza, tampoco derecho positivo le puede privar de ella.
Lo que sí ha hecho en ocasiones el derecho positivo o, mejor, el poder es tratar algunos seres humanos, sino fueran sujeto de derechos: en el fondo, como si no fueran seres humanos, con violación entonces de los derechos más elementales: por ejemplo, cuando un ordenamiento positivo admite la esclavitud.
1 .2 Concepto ordinario concepto jurídico de persona. Persona física y persona jurídica.
En el lenguaje común, persona es sinónimo de ser humano.
Entonces se puede afirmar que la persona (el ser humano) es, por naturaleza, sujeto de derechos y del derecho.
Se producen de este modo una identificación entre ser humano, persona y sujeto de derecho.
Sin embargo, las identificaciones completa. Junto al ser humano el derecho conoce, desde hace siglos, otros sujetos de derechos distintos: se trata de organizaciones sociales a las que el ordenamiento conceder un protagonismo en las relaciones jurídicas similares al que corresponde al ser humano (asociaciones, sociedades como corporaciones …), Tales sujetos de derecho, que no son seres humanos, reciben la consideración de personas jurídicas coman de forma que se produce una importante modificación del concepto de personal, de arce serán derecho un significado distinto del común, de carácter más formal y abstractos: para el derecho, persona ya no es tanto ser humano, como sujeto de derechos: y son sujetos de derecho tanto el ser humano, algunas organizaciones sociales a las que el ordenamiento atribuye esa cualidad.
Esto conduce a distinguir entre: - Persona física (el ser humano) Persona jurídica (sujetos de derechos distintos al ser humano) Según esto, a la pregunta por el concepto de persona para el derecho, hay que responder que jurídicamente persona equivale a sujeto de derechos. En la pregunta de quién spersona para el derecho, habrá que contestar que primaria innecesariamente, más allá incluso del poder decisorio del derecho positivo, el ser humano: de junto a él algunas organizaciones sociales a las que el derecho atribuye esa misma condición de sujetos de derecho.
Conclusión no cabo identificar que jurídicamente persona con ser humano, porque hay personas que no son seres humanos y que son calificadas como personas precisamente en la medida en que un ordenamiento es atribuye la colección de sujetos de derecho.
Desde el punto de vista jurídico-formal, persona equivale a sujeto de derechos, y comparten esa condición jurídica de personas ante el ser humano (persona física) como algunas organizaciones sociales (personas jurídicas).
Esto lo que decir que jurídicamente la persona física y la jurídica sean equivalentes: comparten únicamente una condición de sujetos de derechos, y de protagonistas de la vida jurídica pero nada más.
Así, solo de las personas físicas puede decirse que el derecho existe por y para ellas, así como que gozan de una dignidad inherente a su propia naturaleza humana: “el derecho no es libre para atribuir a negar la condición de persona ser humano, siendo yo consecuencia, entre otros, el principio consagrado en el art.10 CE, pues considerar a un ser humano como no persona atentaría contra su dignidad. Por el contrario, era D de libertad del ordenamiento para personificar o no a las organizaciones sociales es el ave, pudiendo dispensar ese atributo en función de diferentes criterios de utilidad, razonabilidad, conveniencia …”.
Este planteamiento jurídico-formal, en que la persona es sinónimo de sujeto de derechos, responde a una concepción abstracta del derecho, entendiendo como un entramado de relaciones jurídicas.
Esta concepción, la relación jurídica pasa a ser la clave, acudió alrededor giran, instrumentalmente, los demás conceptos. En efecto es claro que esta relación jurídica media entre sujetos, entendiendo por tal el centro autónomo de imputación de derechos y deberes desde el punto de vista jurídico.
La necesidad de existencia de sujeto de derecho es una consecuencia lógica ante la misma asistencia de relaciones jurídicas: si éstas existen, es evidente que debe mediar entre diversos sujetos.
La aparición del concepto de persona jurídica aparece como clave en esta transformación del concepto ordinario de persona (ser humano), al concepto jurídico (sujeto un de derechos).
1.2 Significado técnico en institucional de la persona.
La persona física es para el derecho mucho más que el sujeto de relación jurídica, o de los derechos subjetivos.
¿qué significa en el orden jurídico reconocer al hombre como persona? Creemos que no basta con reconocer el amplitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, o si se quiere, relaciones jurídicas, pues sería minimizar la. Significa sobre todo que las normas jurídicas han de darse desarrollarse teniendo en cuenta la dignidad del hombre como personas o tributos.
Este planteamiento o, que tiende a devolver al ser humano el puesto centrar en el derecho, por encima de construcciones lógico-formales que ven en el meramente uno de los posibles sujetos de alegaciones jurídicas, es tributario un de la fundamental propuesta sobre significado técnico esto e institucional de persona: a) Significado técnico: la persona un, por su carácter de individualidad, pues unidad, continuidad de identidad a través de cambios locales y estructurales y por su permanencia en el tiempo, es imprescindible como punto de convergencia y centro imputación de derechos y deberes. El significado técnico se reconocen pues, a la subjetividad jurídica y alcanza con la capacidad jurídica y de obrar.
b) Significado institucional: la persona tiene un propio significado interno, un Valor específico que se manifiesta las normas que le afectan, y sin que quepa expresaron conceptos abstractos o técnicos, se exterioriza en los principios jurídicos que imponen ese su especial matriz (personal) a toda relaciones jurídicas que implican directamente a la persona.
La importancia básica, General y permanente para todo el ordenamiento jurídico, hace que se pueda designar a ese aspecto como el significado institucional de la persona, este significado institucional se deriva del Valor intrínseco un de la persona, de su especial dignidad, de su carácter de ser como propios fines, qué derecho tiene que respetar y debe proteger. El significado constitucional, va más hayan de la subjetividad jurídica y enlaza con la consideración del ser humano como causa eficiente y final del derecho: el derecho existe porque existen seres humanos, y el derecho existe servicio de los seres humanos.
1.3 El Derecho de la persona.
Dentro de la visión sistemática del derecho civil, se entiende por derecho de la persona, sentido estricto, o el conjunto de normas que regulan la situación de la persona como tal en el ordenamiento jurídico civil.
Es ésta una visión relativamente estrecha del derecho a la persona, puesto que frente a la amplitud de esa misma and denominación parece dar a entender que en realidad ha se ocupa únicamente de la regulación de los aspectos más generales y nucleares de la situación de la persona física ante el derecho.
También es habitual incluir aquí una referencia, pretende dignamente genera, las personas jurídicas, lo que presenta algunas dificultades derivadas de la heterogeneidad, de hecho y de derecho, de las personas jurídicas, que hace muy difícil construir una doctrina General preferible por igual a todas ellas, por más que en el código civil contenga efectivamente algunas normas destinadas aparentemente a establecer ese régimen General homogeneo.
Salvo algunas precisiones generales de índole más bien introductoria, lo habitual es que el estudio de la persona jurídica, acabe siendo el de y en dos tipos concretos de personas jurídicas: asociaciones y fundaciones. De ahí que parezca razonable optar por una diferenciación sistemática entre el estudio la persona física y el estudio la persona jurídica.
En una aproximación legal, la base normativa del derecho las personas se encuentra en el libro I Cc, dedicado precisamente las personas.
2. COMIENZO DE LA PERSONALIDAD: NACIMIENTO, PROTECCIÓN DEL CONCEBIDO, LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA. (pág 331) 2.1 EL NACIMIENTO: 2.1.1 El artículo 30CC: Antecedentes.
De acuerdo con el artículo 29 CC “el nacimiento determinada la personalidad” a continuación, el art. 30 CC, en la relación dada a este precepto con la disposición final tercera de la ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que “la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el edil entero desprendimiento del seno materno” de Este importante reforma del artículo 30CC a entrada en vigor al día siguiente la publicación de la ley del registro civil en el BOE (22 de julio de 2011) (pág 332 no) 2.1.2 La adquisición de la personalidad por el nacimiento.
El vigente art. 30 CC exige para de conocimiento la personalidad, simplemente, el nacimiento con vida, y el entera desprendimiento del seno materno.
En relación con este último requisito, parece razonable seguir entendiendo que tal desprendimiento se produce con el corte del cordón umbilical: esto quiere decir que sea nacido está vivo en el momento en que se produce este corte, adquiere y un de inmediato plena personalidad jurídica, a todos los efectos, sin necesidad de ulterior requisitos.
Pero no es necesario esperar, al orden cinco atrevo las que exigía el antiguo art. 30 CC para aquel nacimiento producirá “efectos civiles” (efectos que en, una vez transcurrido este plazo, tendrían eficacia retroactiva, hasta el momento en que el nacimiento tuvo lugar).
En relación con la redacción derogada se discutía cuales eran esos “efectos civiles” del nacimiento que no se producirá hasta pasados dichas 24h: la opinión más segura es la que los derechos subjetivos privados de carácter patrimonial, de manera que desde el nacimiento, y sin necesidad de esperar ningún plazo, el recién nacido en era titular de derechos fundamentales y de la personalidad, gozaba de la más plena protección penal al igual que cualquier otro nacido, incluso podía ser sujeto de relaciones jurídico-privadas (filiación, parentesco), y titular de eventuales derechos subjetivos privados de contenido patrimonial directamente ligados con la protección de su persona.
Por otro lado, la nueva redacción del artículo 30 CC, afecta a la reglas de la Ley 14/2007 de investigación Biomédica (LIB), art 28, regula la donación de embriones y fetos humanos: Art 28.3: “ los fetos expulsados prematura y espontáneamente serán tratados clínicamente mientras mantengan su viabilidad biológica, con el único fin de favorecer su desarrollo y autonomía en vital.” Art 28.4: “ antes de proceder a cualquier intervención sobre embriones humanos que hayan perdido su capacidad de desarrollo biológico o sobre embriones de fetos muertos, se dejarán constancia por el personal facultativo correspondiente de que se han producido tales circunstancias” Tras la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 30 CC, hay que entender que todo ser humano nacido con vida tiene plena personalidad jurídica con independencia de su viabilidad biológica, y por tanto goza de la más plena protección por parte del ordenamiento jurídico: a cualquier actuación una intervención sobre ellos de debe quedar sujeta a las reglas legales de la (LIB) en relación con la investigación y experimentación sobre las personas nacidas (art. 13 y 20 de LIB) 2.1.3. Nacimientos múltiples.
De acuerdo con el artículo 31 CC “la prioridad del nacimiento, en el caso de partos dobles, daba al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito” El precepto un estable en el criterio conforme al cual se rigen las eventuales preferencias ligadas a la primogenitura, en caso de partos dobles que es el de prioridad en el nacimiento el (en prever nacida es el primogénito) Este mismo criterio, es aplicable en caso de nacimientos múltiples, tanto por una razón de analogía evidente, como por concordancia con la legislación registral.
El precepto no contiene una atribución de derechos al primogénito, sino únicamente la forma de establecer quién lo es, en caso de partos dobles o múltiples.
A partir de allí corresponderán al primogénito así determinado los derechos que cualesquiera leyes otorguen a la primogenitura.
No primogenitura a perdido prácticamente ante importancia nuestros días. Cabe mencionar como casos más importantes, LOLR de sucesión en la corona y en títulos nobiliarios. (Como criterio supletorio del de preferencia del varón sola mujer).
La aprueban de la prioridad de nacimiento, derivarán como regla ante la inscripción de nacimiento, en que debe figurar la hora en que tuvo lugar, por la calidad de cada uno de los partos. Sin orden de los nacimientos no pueden acreditar son por medio registrales, Cabra emplear cualquier medio de prueba, pasando la cadena sobre quien afirme la prioridad de uno de los nacimientos.
2.1.4 La inscripción del nacimiento en el Registro Civil.
A ) Inscribibilidad inmediata del recién nacido.
La inscripción de nacimiento en el registro civil es la prueba habitual, y primordial del nacimiento.
No es, sin embargo, requisito para la adquisición de la personalidad, de manera que la no inscripción o privado personalidad a quien la tiene conforme al código civil, en extinción otorga personalidad a quien carecería de acuerdo con ese mismo código.
Dispone el artículo 40 LRC. “ son inscribibles los nacimientos en que concurran las condiciones establecidas en el art.30 CC” El precepto se completa con las previsiones contenidas en el art.171 RRC: “ se entiende por criaturas abortivas las que no regule las circunstancias exigidas para que un feto en se reputen nacido a los efectos civiles” Dado que trae la reforma de 2011, tales condiciones o circunstancias consiste simplemente, como se ha visto, en un hacer con vida y están enteramente desprendido del seno materno, bastará con ellas para que se pueden proceder a la inscripción de recién nacido, desde ese mismo momento: sin necesidad, por tanto en esperar que transcurra ningún plazo. En este sentido deberán ser interpretadas ahora las normas de legislación sobre el registro civil que contienen alusiones al desapareció plazo de supervivencia de 24 horas.
B) Regulación registral de la inscripción del nacimiento Conforme previene el art.42 LRc, adaptado a la vigente en redacción del artículo 30, y a los pactos internacionales antes mencionados, la inscripción se practicara en virtud de declaración formulada entre el momento del nacimiento y los 8 días que le siguen: el plazo, sin embargo puede ampliarse hasta 30 días mediante una causa justa. Después, sólo cabe inscribir el nacimiento a través del expediente en para la inscripción de nacimiento fuera de plazo.
La extinción del nacimiento foral el plazo es siempre posible, previo expediente en en que se acredite la existencia el identidad del nacido, y la ausencia de previa inscripción. Un en circunstancias excepcionales, cabe también la inscripción en cualquier tiempo, mediante acta.
La declaración en cuya virtud se practican extinción de nacimiento o puede ser formulada por cualquier persona que tenga conocimiento cierto del nacimiento (art. 42 Rlc). Además hay algunas personas obligadas especialmente a formular la: El padre y la madre, parientes próximos… (art- 43 RLC).
El artículo 44 Rlc añade que en “ en todo caso el médico, comadrona o ayudante técnico sanitario que asista nacimiento o estará obligado a dar inmediatamente parte escrito del mismo al encargado del registro” Como regla General, el nacimiento ha de inscribirse en el Registro Municipal o consular de lugar en que ha sucedido (art 16.1 LRC) .
Esta regla General debe ser matizada por el importante papel que la voluntad de los representantes de nacido recoge (art. 16.2 LRC) “Los nacimientos acaecidos en territorio español, cuando su inscripción se soliciten dentro del plazo, podrán inscribirse en el Registro civil Municipal correspondiente a domicilio ante el progenitor o progenitores legalmente conocidos” Si se desconoce el lugar del nacimiento o, la inscripción “se hará en el registro correspondiente a aquel en que se encuentre en niño abandonado” (art. 16.1 LRc) La extinción hacer fe derecho, fecha, hora y lugar de nacimiento, así como el sexo y, en su caso en coman de la filiación del inscrito. (art. 41 LRc) El artículo170 RRC, establece el siguiente al contenido de la inscripción: “1ºla hora, fecha y lugar de nacimiento. En los partos múltiples, de la conocerse la hora exacta de cada uno en constar a la prioridad entre ellos, o que no ha podído determinarse. 2º si el nácido es varón o mujer y el nombre impuesto. 3º los pares, cuando legalmente conste la filiación.4º el número que se asigne en el legado al parte o comprobación. 5ºla hora de la inscripción” C) La constancia registral del aborto. El legado de abortos.
El artículo 45 LRC, dice que las personas obligadas a declarar olvidar el parte de nacimiento en están también obligados a comunicar en la misma forma el alumbramiento de las criaturas abortivas de más de 180 días de vida fetal.
En el registro civil se llevará un legado con las declaraciones y partes de estos abortos. El legado de abortos debe queda reservado, tras la modificación introducida en nuestro derecho por la nueva redacción del artículo 30 CC, a los casos que son realmente de aborto, es decir, aquellos en los que el feto nació muerto.
Sea nacido en vivo, aunque falleciera antes de 24 h de ser inscritas en el libro de nacimientos, y la muerte en el defunciones, conforme a las reglas generales.
Esto tiene como consecuencia que toda las previsiones, tanto de la ley del registro civil (LRc) como del RRc, en que se consideran criatura por tirón el nacido vivo que no es llegar a vivir más de 24 h, y se regula la constancia al registrar de su alumbramiento un y posterior fallecimiento en el legado han de abortos carecen de aplicación.
El legado de abortos tienen limitada su publicidad, conforme establece en el art.21.1.5º RRC, requiriendo sea tal efecto o autorización especial, que sólo se darán a tiene justifiquen interés legítimo y razón fundada para pedirla. Los Padres no precisarán de dicha autorización especial.
2.2 PROTECCIÓN AL CONCEBIDO. (en el libro se titula Concepción de la persona física) (pág 337) 2.2.1 La situación del concebido: el artículo 29 CC.
Dispone el artículo 29 CC que “ el nacimiento determina la personalidad, pero concebido se tienen por nácido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazcan con las condiciones que expresan el art.
Siguiente”.
Esto quiere decir: -por un lado, que el concebido carecían de personalidad jurídica (la cual los adquiere en plenitud hasta nacimiento) -por otro lado, que su existencia no es indiferente para el derecho, que le atribuye consecuencias jurídicas importantes, en beneficio del propio concebido.
La regla contenida en el art. 29 CC tiene su origen en el derecho romano, que consideró injusto que dijo prematuro no pudiese (concebido antes de fallecer su Padre, pero nacido después de su fallecimiento), no pudiese heredar a su progenitor simplemente por no haber sido nácido al tiempo de la apertura de la sucesión: o esto se solucionó entendiendo que el póstumo un puede también concurrir a la herencia paterna, como siguiera hubieran nacido.
Con el tiempo se amplió esta esfera de protección, de los hijos póstumos a cualquier concebido, y, más allá se amplió esta esfera de protección, de los hijos póstumos a cualquier concebido, y, más allá o del campo puramente sucesorio, a otros derechos patrimoniales, o incluso personales y, a cuyos efectos (siempre beneficiosas para concebido) se tiene ya por nácido.
Esta protección cristalizó, ya en el derecho Justinianeo, en la formulación de una regla General en cuya virtud se consideran al concebido como nácido un para todos los efectos que le sean favorables.
La evolución posterior mantuvo esta regla, y y es en el derecho intermedio cuando se formula la máxima nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur.
Las partidas la recogen con gran amplitud.
El código napoleónico se ocupa de la protección al concebido al hilo de situaciones o problemas concretos, pero no contiene una regla de alcance General.
A este mismo planteamiento o responder el proyecto de 1851. La primera redacción del artículo 29 CC, se situó entre el proyecto de 1851, y la formulación de un arreglan de alcance General: “el nacimiento determina la personalidad sin perjuicio de los casos en los que la ley retrotrae a una fecha anterior los derechos del nacido” 2.2.2 Alcance y contenido de la protección otorgada al concebido por el art. 29 CC.
La protección que se le dispensa al hijo concebido por el art.29 CC se presente común excepcional de la clara en cuya virtud es el nacimiento que determina la personalidad.
Pero se tratan de una sección formulada con alcance General, y no sólo para los casos expresamente contemplados por el CC: la protección se extiende a favor de todo concebido, y respecto a cualesquiera derechos que le sean favorables. En relación con ello, pueden hacerse algunas precisiones: A) El artículo 29 CC se refiere principalmente a efectos favorables de carácter patrimonial: destacan entre ellos los derechos sucesorios de las donaciones al concebido. Pero no es son éstos los únicos efectos favorables a que alcanzar precepto que extiende su eficacia también al ámbito personal.
B) Los efectos para los que se considera nácido al concebido son los que los sean favorables. Esto o no quiere decir que en cada situación que afecte a un concebido deban separase los efectos favorables y los desfavorables, para atribuir la aquellos y no éstos: El juicio acerca del carácter favorable o no de una situación General, y de orden abstracto.
Una vez calificado, en abstracto y genéricamente, como favorable un derecho, O una atribución o situación, el concebido en la adquiere con sus eventuales componentes desfavorables.
El efecto ha de ser favorable para concebido y no para terceros.
2.2.3 Casos más importantes de actuación del artículo 29.
El artículo 29 Cc, formula la regla de protección del concebido con alcance en General. Sin embargo, hay algunos casos concretos en que el código civil han recoge en lo que cabrían considerar como aplicaciones concretar de dicha regla: clases de coincide en, además, con los supuestos más importantes de aplicación del aforismo nasciturus pro iam habetur, desde el punto de vista histórico.
A) La atribución de derechos sucesorios al concebido: Los artículos 959 a 967CC contienen una regulación detallada de las consecuencias que tiene en el ámbito sucesorio en la presencia de un concebido con eventuales derechos sobre una herencia.
“Las precauciones que deben tomarse cuando la vida entera en cinta tienen un doble objetivo: la protección de las personas que tenga en la herencia un derecho de tal naturaleza en que puedan desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo (art 959) y la protección del mismo póstumo (art 965) a) Por un lado, se suspende la división de la herencia (art 966 Cc), que queda sometida a la administración (art 965 CC) en tanto se verifica nacimiento o en las condiciones del art. 30, o aseguró que no se va a producir (art 965 y 967).
No hay más pues, atribución de la herencia al concebido, sino paralización del fenómeno sucesorio hasta que por el nacimiento o o poseer estrella imposible, quede claro quién o quiénes van a ser herederos.
b) Junto con anterior, se adoptan medidas dirigidas a evitar el fraude en a los terceros que podían ver afectado sus derechos por la presencia y posterior nacimiento en en las condiciones legalmente exigidas del concebido. Esta finalidad por ejemplo, de las previsiones relativas a la suposición del parto.
El CC, también tienen reglas dirigidas a evitar que se da por viable a un ácido que en realidad no lo es (art 959), pero tales disposiciones carecen hoy he sentido tras la reforma del artículo 30 CC, que elimina cualquier requisito de viabilidad del nacido en en este sistema legal.
B) Las donaciones a favor del concebido: De acuerdo con el artículo 627 CC, las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por la persona que legítimamente en los representarían, si se hubiera verificado ya sus nacimiento.
Estas previsiones tienen una sencilla explicación. El CC, dice que la donación no obligan y produce efecto sino desde la aceptación (art 629 CC) El concebido, como se ha visto, carece de presión vida jurídica y por tanto un calle también de un representante legal que pueda aceptar la donación en su nombre, de manera que el donante en podía revocar la libremente en antes de nacimiento o la donación de venir ineficaz por la muerte del donante.
A fin de evitar esas consecuencias perjudiciales, se introdujo esa posibilidad de que la donación fuera aceptada por quienes serían representante del concebido caso de haber nacido, deviniendo así la donación irrevocable durante el periodo de gestación.
La aceptación de la entonación pueden realizarla, para el concebido, “las personas que legítimamente la res presentarían, si se hubiera verificado ya su nacimiento”: fundamentalmente en los Padres (art 156 CC) El donante no está obligado a entregar los bienes donados a quien ha aceptado la donación en nombre del concebido. Cosa distinta es que quieran voluntariamente entrenarlos, en cuyo caso, sea nacimiento no tiene lugar, había que proceder a la devolución de los bienes, con sus fotos y rentas desde la fecha de la entrega, salvo que las partes acuerden otra cosa.
C) Otros casos: Junto a los ya vistos, se han señalado todavía otros ámbitos en las que puede desempeñar un papel el art. 29 CC. Algunos de esos casos han sido ya mencionados: por ejemplo, el reconocimiento de la filiación, por adquisición originaria de la nacionalidad española al concebido. Quedan sin embargo, algunos supuestos relevantes a) “El nacido tiene derecho a ser indemnizado por los daños sufridos durante el periodo de gestación, en los bienes que le correspondan, en su situación familiar (muerte del Padre de la Madre en andaluz) y respecto a su misma persona (defectos físicos, presiones orgánicas que le fueron ocasionados, artículos 1902, 1905, 1907, 1908) b) Del mismo modo no hay inconveniente en que nascitu los sean beneficiario de un seguro, en cuyo caso el asegurador vendría obligado a “reservar y custodiar los bienes destinados al concebido en las mismas condiciones que las expresadas para donante” c) Algo más problemática se presente la cuestión de que si en el art.29 CC incluye también en su régimen protector los derechos de personalidad. Se hace preciso distinguir entre los derechos naturales primarios (vida, integridad física), que serán objeto de especial consideración más adelante, y los demás derechos de personalidad.
En cuanto a estos, no parece haber especial inconveniente en considerar los incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 29 punto este sometimiento tendría dos concreciones distintas: -por un lado las violaciones de los derechos de la personalidad del concebido daría lugar a la indemnización correspondiente a su favor, una vez hubiera nacido vivo.
-por otro lado, los ataques a esos derechos de la personalidad podrían provocar una reacción jurídica antes del nacimiento, dirigida a preservar, en ya desde ese momento, el contenido esencial del derecho de que se trate.
No es descartable en que se puedan producir actuaciones contrarias a la intimidad hubo el honor del concebido, con eventuales repercusiones en esas mismas esferas tras su nacimiento: éstos serían bastante en van a provocar una reacción por parte del ordenamiento, dirigida a impedir la pues mi ciudad de ese dato, a fin de preservar el buen nombre actual y futuro de ese ser humano en gestación común o simplemente la que en su momento en serían su espera de intimidad personal.
En estos casos, cuando parezca necesario o simplemente conveniente para defensa de los intereses del nasciturus, habrá quien designarle un cuasi-representante (sus Padres, el ministerio fiscal un Df son judicial) d) Por último, la Lec. Reconoce capacidad para ser parte en los procesos seguidos ante los tribunales civiles al “concebido y no nacido, para todos los efectos que le sean favorables”, en cuya representación comparecerán de “las personas que legítimamente ante los representarían siguiera hubieran nacido).
La doctrina procesalista entiende y mayoritariamente que la limitación a los efectos favorables quiere decir que en el nasciturus puede ser demandante, pero no han demandado; pero esto no deja de presenta algunos problemas relevantes.
2.2.4 Modo de actuar la protección al concebido en el art. 29 CC.
Para explicar el funcionamiento del art.29 CC, conviene diferenciar dos modos distintos cada uno con su eficacia propia: -el relativo al período de gestación, durante el que concebido carece de personalidad jurídica, pero su presencia producción determinados efectos.
-el posterior al nacimiento o en las condiciones del art. 30 CC, a partir del cual se le reconoce personalidad jurídica con eficacia retroactiva al momento de la concepción.
A) durante la gestación, la presencia ante el nasciturus se traduce en la paralización de los efectos jurídicos favorables que pueden afectar ley, que quedan a la espera, de manera que ni son atribuidos al concebido, ni lo son tampoco las personas que eventualmente se beneficiarían de ellos sea el concebido no llega a nacer: quedan en situación del pendencia. ( mirar ejemplo pag 342, letra pequeña, es un ejemplo con personas) B)Produciendo el nacimiento, con los requisitos del art.30 CC, sean retrotrae la personalidad adquirida con ese nacimiento al momento de la concepción: humanas, concretamente, al momento en que se producirán los efectos favorables de que se trate, a fin de permitir su adquisición, cuando sea necesario desde tal fecha: los efectos se consolidan en él como si en ese momento en que estuviera ya nacido. Se habló entonces de ficción de personalidad.
(hay tmb un ejemplo debajo con letra pequeña, pag 342) C)El sistema protector dispuesto por el art.29 CC cesa con el nacimiento en las condiciones del art.30 CC o cuando es de aseguró que no va a tener lugar.
2.2.5 Prueba del tiempo de la concepción.
La prueba del momento en que efectivamente se produjo la concepción es básica, puesto que el art.29 cc, únicamente extiende su protección sobre quienes estuvieran Jean concedidas en el momento en el que se pretende su aplicación.
A falta de una específica previsión legal, la doctrina entiende mayoritariamente que es aplicable en el plazo legal de gestación con tenido en el art.116 cc “ al ser LA solución más error able al nacido entender que fue concebido lo antes posible” Según esto, habrá que entender que el concebido en podría beneficiarse de cualquier efecto favorable, por reducido un dentro de los 300 días anteriores a su nacimiento, salvo que se prueben que la concepción no había tenido lugar todavía en dicho momento. Un Esta prueba normalmente será una prueba pericial médica, en referida al momento de la concepción.
El recurso al plazo legal de 300 días tiene pleno sentido cuando el nacimiento se ha producido ya, y ha transcurrido el tiempo un apreciable en después del mismo. Sin embargo, durante el periodo de la gestación, and es fácil comprobar, con los medios y médicos actuales, and sí hay o no embarazo, y eso desde fecha muy temprana.
Esto podría bastar, cuando al producirse el efecto un favorable en de que se trate en, se denuncia la asistencia del concebido, hoy está conste que han previamente.
2.3 LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA: Entre el concebido mediante técnicas de reproducción asistida, y quien lo ha sido por métodos naturales no hay diferencias que justifican un tratamiento distinto. Un Desde el punto de vista sustantivo, en el resultado de la concepción es (biológicamente) idéntico, sea cual sea el método que su delicia: un embrión humano.
Desde el punto de vista jurídico, se han resaltado también que el art.29 CC tiene amplitud suficiente como para englobar tanto los concedidos naturalmente, como quienes lo han sido de forma artificial.
Conviene, sin embargo, distinguir más pronto no es indiferente, en primer lugar, en el método conforme al que se producen una concepción artificial. Se trata de una inseminación artificial, efectivamente no hay diferencias significativas con el concebido naturalmente: en ambos casos la fecundación es intracorpórea, y la gestación se desarrolla sin solución de continuidad. En la plena equiparación entre el concebido de una forma y de otra, a efectos de la aplicación del artículo 29 CC parecen obligada.
Más problemático es el caso de la fecundación in Vitro, O extracorpórea.
Los problemas son menores y la fecundación en seguida, inmediatamente coman de implantación del embrión en el seno materno, y desarrollar la gestación. Un En tal caso no debe haber especiales dificultades para entender que el así concebido en quedar bajo el amparo del artículo 29 desde el mismo momento en de su concepción (in vitro): No hay en el proceso ninguna interrupción o paralización, sino que se desarrolle sin solución de continuidad desde que tiene lugar la fecundación, hasta el nacimiento, en un plazo muy similar (por no decir idéntico) al de la concepción natural. Sin embargo, lo más habitual (por el momento hasta el momento) es fecundar varios óvulos, y congelar los que no son implantados, con vistas a posteriores implantes: los embriones y congelados pueden pasar años en esa situación.
En estos casos, entender que existe un concebido efectos del art. 29 CC, sino durante los que el envión puede ser congelado durante la ley de técnicas de reproducción humana asistida. Estas consideraciones justifican que los embriones congelados queden fueran desestima protector del art. 29 CC, tal y como ha quedado el descrito, en tanto no sean implantados.
La situación jurídica del concebido en el Derecho español. (pág 334) (esta es la pag que no estamos seguras) A) Planteamiento general: Como hemos visto, el art. 29 CC dispone que el nacimiento determina la personalidad, de afirmación, pide la regulación término precepto o a fin de la situación del concebido, se duce con claridad que el nasciturus carecen de personalidad jurídica.
A partir de la consideración de que el concebido es un ser humano, es todo puede parecer contradictorio ya que en todo ser humano es sujeto de derechos, y como cabo y definen el párrafo anterior, el concebido no tiene personalidad jurídica.
Desde punto de vista teórico, no tiene porque haber contradicción.
Hay razones que aconsejan no reconoce la persona jurídica en plenitud hasta el momento del nacimiento.
Estrictamente, ello obedeció a la limitación de los conocimientos médicos y biológicos, así como la carencia de medios técnicos que permitirán comprobar asistencia de un embarazo, o el carácter humano el concebido.
En la actualidad, con los conocimientos científicos, este planteamiento carece de sentido. Hay, otras razones que aconsejan mantener la opción tomada por el art. 29.
En efecto, hemos visto en el derecho tiene como presupuesto o la vida social, y quienes protagonizan el derecho (de sujeto de derecho) son primariamente en quienes protagonizan la vida social ( los hombres).
Del este punto de vista, el concebido carece debía social. A partir de ahí se puede fácilmente justifica que concebido carece en como regla los derechos obligaciones, en la medida que carece la vida social autónoma (ya que éste depende la Madre).
Este es incompatible con la idea de que y, en cuanto al ser humano, en cuanto tiene relaciones con otros seres humanos y en cuando esas relaciones tienen una necesaria y dimensión de justicia, es titular de derechos naturales primarios frente a ellos, y por tanto sujeto de derechos mismos.
B) El concepto legal de preembrión: “a los efectos de esta ley se entiende por preembrión el embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundo hasta 14 días más tarde” Es un concepto clave porque sólo sobre preembriones y no sobre embriones (en sentido restringido), pueden realizarse actividades de investigación, experimentación… 3. FIN DE LA PERSONALIDAD: MUERTE, CONMORIENCIA Y PREMORIENCIA. (PÁG 347) 3.1 MUERTE.
3.1.1 El fallecimiento como única causa de extinción de la personalidad de las personas físicas: Artículo 32 CC: “la personalidad civil se extingue por la muerte las personas” Si el ser humano es, por su naturaleza, sujeto de derechos obligaciones, está claro que lo será mientras viva; sólo la muerte puede privar la dicha subjetividad jurídica.
Esto es lo que viene en el art. 32 CC, nuestro ordenamiento desconocer cualesquiera otras causas de privación de la personalidad jurídica, que deben ser consideradas como contrarias a la dignidad humana, y a nuestro derecho, a la constitución.
No existe ninguna de las causas que históricamente provocan la perdían de subjetividad jurídica por parte de una persona:atimia, capitis deminiutio máxima, muerte civil, esclavitud todas ellas deben considerarse como contrarios a la dignidad humana.
3.1.2 Constatación al momento de la muerte.
El concepto de muerte no es propiamente jurídico. El derecho se apropian de un concepto que, a la vez que éste le uso común, presentan acusados perfiles médicos. En lo que respecta a la constatación del fallecimiento, la determinación de momento en que se produjo, cabe señalar que en: -por un lado, la muerte ha sido asociada tradicionalmente han a la parada cardiorrespiratoria, que determinan la irreversibilidad del cese de funcionamiento del organismo.
-Por otro lado, que no es una cuestión estrictamente jurídica, sino más bien médica: serán los especialistas quienes determinarán, con criterios médicos, cuando una persona ha fallecido.
Este planteamiento que ha sobrepasado la actualidad, como consecuencia ante los avances médicos que en permite mantener artificialmente convida a personas cuyos órganos vitales, sólo son capaces de funcionar gracias a la ayuda que recién.
Por otro lado, la generalización y creciente éxito los trasplantes de órganos plantea algunos problemas relevantes, desde este punto de vista.
El principal estos problemas es la escasez de órganos trasplantados les, que muchas veces sólo pueden extraerse una vez fallecido donante, ahí es según e el hecho de que la extracción del órgano destinado a ser trasplantado en no debe demorarse excesivamente tras la constatación del fallecimiento, a fin de que en la funcionalidad del órgano citado no se ve afectada.
Desde punto de vista, es clave en la determinación de momento la muerte, en cuanto señala en el momento a partir del cual los órganos de trasplantar podrán ser extraídos.
Estas consideraciones ha motivado, en este ordenamiento o como en otros, intervenciones legislativas, dirigidas a establecer los criterios médico-legales de carácter normativo, conforma los cuales se deben determinar el efectivo fallecimiento del donante, aspecto de la extracción de sus órganos para ser trasplantados.
La finalidad de tales intervenciones legislativas es la de regular el difícil equilibrio entre la seguridad del fallecimiento del eventual donante, y la precocidad del diagnóstico de muerte, que permita una rápida extracción de órganos, a fin de su vitalidad y funcionalidad no se resientan.
La regulación positiva, en los ordenamiento, está constituida por los siguientes textos: 1) Art. 5.1. de la Ley 30/1979, 27 de octubre, sobre Extracción y trasplante de órganos (LETO).
“ la extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá hacerse previa comprobación de la muerte. Cuando dicha comprobación se base inasistencia de datos de irreversibilidad de las lesiones cerebrales y, por tanto, incompatibles con la vida, el certificado de defunción será suscrito por tres médicos, entre los que deberán figurar un neurólogo o neurocirujano y el jefe de servicio del unidad médica correspondiente, o su sustituto: ninguno de estos facultativos podrá formar parte del equipo que vaya a proceder a la obtención de órganos o a efectuar el transplante” 2) Art 10 del RD 2070/1999 de 30 de diciembre, por el que regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la corporación terrorial en materia de la nación y transplante de órganos y tejidos.
Conforme a dicho precepto o, “2. La extracción de órganos de fallecidos sólo podrá hacerse el previa comprobación y certificación de la muerte realizadas en la forma, con los requisitos, y por profesionales cualificados, con arreglo a lo establecido en en este en la forma, con los requisitos, y por los profesionales cualificados, con arreglo a lo establecido en en este real decreto y teniendo en cuenta los protocolos incluidos en el anexo 1 del presente real decreto, las exigencias éticas, los avances científicos en la materia y la práctica médica generalmente aceptada … La muerte de individuo pueda certificarse tras la confirmación de expresión irreversible de las funciones cardiorrespiratorias udc es irreversible de las funciones encefálica es. Sea registrada como hora de fallecimiento el paciente la hora en que se completó diagnóstico de la muerte.
3) Art. 8.1 y 4 RD 1301/2006, por el que se regulan las actividades relativas a la utilización de células y tejidos humanos: “1. La extracción de tejidos humanos de personas fallecidas, podrá realizarse, en el caso de que no hubieran dejado constancia expresa de su posición segundo dispuesto en el art. 11 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre… 4. La obtención de células y tejidos se realizarán tras la correspondiente en certificación de la muerte la práctica de las diligencias policiales y judiciales, si las hubiere”.
3.1.3. Efectos jurídicos del fallecimiento.
A) Planteamiento general: Con el fallecimiento de la persona física, “desaparece la persona como tal, con sus atributos y cualidades, cesando de ser el centro de poder y gran responsabilidad: se extinguen los derechos y relaciones personalísimo supo vitalicios que le competirán y se abre la sucesión en los restantes, transformándose el patrimonio en herencia del cuerpo de la persona en cosas: el cadáver” La extinción de la persona nos supones aparición de la realidad es jurídicas sustentadas por dicha personalidad.
Al contrario, la regla General es la de la transmisiblidad de la genialidad de derechos y obligaciones de que el difunto es titular, salvo aquellos que se extiendan por su muerte (art 659 y 661 Cc).
La muerte tiene una multiplicidad de consecuencias jurídicas: uno, extintivas alteraciones jurídicas, otras transmisivas de relaciones non extinguidas, a través básicamente de importantísimo fenómeno hereditario, que se habre precisamente con el fallecimiento: los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen, pasar a tener la conservación de herencia, y se transmiten a los herederos.
B)Régimen jurídico del cadáver.
Con la muerte en el cuerpo de la persona se transforman cadáver, y pasa a tener la consideración de cosa, los sujeta a un régimen jurídico peculiar que impide su asimilación con cualquier otra cosa.
A la hora de terminar el régimen jurídico a que estar sometido cadáver, debe ser tenidos en cuenta los siguientes datos: 1. En el cadáver se respeta la dignidad del ser humano fallecido, y por tanto en el trato que se le dispensa debe ser acorde con ese un respeto debido: de allí por ejemplo, que sea firme su extrapatrimonialidad, se excluya la libre disponibilidad sobre el cadáver o sus partes, y se limiten la posibilidad de realizar negocios jurídicos que lo tengan por objeto.
2. La eventual existencia de una voluntad conocida del propio difunto acerca del destino de su cuerpo tras ofrecimiento (in humo acción o o incineración, en lugar de la sepultura, destino de las cenizas, utilización de los órganos o tejidos para trasplantes, puede su cuerpo con fines médicos o científicos) 3. El respeto a las pietas familiar, con lo que se alude al dos legítimos derechos y sentimientos de la familia del fallecido, a quienes corresponde el cuidado de su cadáver y, en cierta medida en (en cuanto no haya quedado en dispuesto en por el fallecido, o su voluntad sea de imposible cumplimiento) la determinación de su destino.
C)La protección de la personalidad pretérita: La muerte extingue la personalidad, pero la personalidad extinguida proyectan eficazmente es un relevancia jurídica, más hayan del límite temporal de su existencia.
Esto ocurre fundamentalmente, en dos ámbitos: 1) La operación de la voluntad del fallecido en cuanto al destino a su cuerpo y su patrimonio.
2) La protección de determinados derechos, ligados a su esfera más directamente personal: básicamente, pero no sólo, algunos derechos de la personalidad vinculadas a la estimación personal y social de muerto (honor, intimidad, propia imagen, …).
3.2 PREMORIENCIA Y CONMORIENCIA: A) planteamiento y antecedentes: En ocasiones dos personas implicadas en una ventana atribución de derechos han fallecido, y nos posible probar cuál de ellas falleció primero, o si fallecieron simultáneamente.
Surge entonces el problema determinan sí se ha producido transmisión de derechos entre ellas, y en este caso a favor del cual de las dos.
Frente a estos antecedentes el CC, en su artículo 33 adopta definitivamente criterio en de simultaneidad del fallecimiento en: “ sí se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, entre sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probar la: a falta de prueba, se presume muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro”.
B)Requisitos y ámbito de aplicación.
Para la aplicación del artículo 33 CC cabe señalar varios requisitos, que actúan también como determinantes de su ámbito de aplicación: - El primero, que se haya producido el fallecimiento de todos o más personas: la todo no recae sobre sí han fallecido o no, sino sobre el orden cronológico entre se producirán los fallecimientos.
El segundo, que exista un estado de duda acerca del cual ha sido el orden cronológico de los fallecimientos.
A partir de del estado, la dudan es caracterizada como incertidumbre invencible, que no puede ser resuelta a través de los medios de prueba admitidos por el derecho (entre los que cuentan las presunciones, pero no las meras conjerturas, verosimilitud o el cálculo de probabilidades) Ej STS 4 diciembre de 1948 (pág 351) - En tercer lugar, el precepto un pie de la asistencia de dos o más personas llamadas a sucederse. Con respecto a ello, la doctrina ha llevado a cabo una interpretación extensiva concluyendo que el ámbito de aplicación del precepto “se extiende a todo caso de duda sobre la realización de supervivencia entre dos personas fallecidas”: no sólo por tanto un en el ámbito de la sucesión mortis causa, ni cuando los fallecimientos se producen como consecuencia ante un mismo suceso.
C)Efectos: Acreditado el estado de duda acerca de cuál de los fallecidos murió primero, artículo 33 CC “ se presume muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de una otros” 3.3.1 La prueba del fallecimiento.
La prueba oficial del fallecimiento de una persona es la inscripción de la inscripción de la defunción en el Registro Civil, que “ hace defiende la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que acontece” (art. 81 LRc.) En la inscripción deben constar tanto las menciones den identidad del fallecido, como la hora, fecha y lugar del fallecimiento (art 280 RRc.) La inscripción se practicara en virtud de declaración de quien tenga conocimiento cierto la muerte (art. 82 LRc.), que se formulará inmediatamente de la misma (art. 273 RRc) y en todo caso antes del enterramiento.
Art 84 LRC: están obligados a efectuar la declaración correspondiente los parientes del difunto, los habitantes de su misma casa o, en su defecto, los vecinos.
Art 83 LRc: El entierro precisan licencia previa, y no tendrá lugar hasta transcurridas vendió cuatro horas desde el momento la muerte.
La legislación registral civil prevé, para que pueda llevarse a cabo la extinción, la comprobación médica de fallecimiento o, bien a través y de certificación médica en que consten la existencia de señales inequívocas de muerte, bien mediante dictamen emitido por el médico forense adscrito un al registro civil, o su sustituto, cuando el certificado médico debe mencionar la causa de la muerte, dicha cosa no se hará constar en la inscripción.
Con carácter excepcional se prevé la posibilidad de inscribir la defunción cuando el cadáver ha desaparecido, cuya ha sido enterrado antes de la inscripción: pero entonces “será necesaria sentencia firme, ex pendiente gubernativo un orden de la autoridad judicial que se instruyan las diligencias seguidas por muerte violenta, que afirmen sin duda el fallecimiento” (art. 86 LRc).
La identificación de la persona: derecho al nombre El nombre de la persona es el conjunto de palabras con las que jurídica y oficialmente se individualiza, identifica y designa a cada persona.
Art. 53 de la Ley de Registro civil establece que: “ las personas son designadas por su nombre y apellidos, correspondientes a ambos progenitores, que la Ley ampara frente a todos” Para dotar de seguridad y certidumbre al tráfico jurídico, también para evitar fraudes en ámbitos de control público (como el militar, el fiscal o el policial), los estados modernos imponen una forma obligatoria de designación de la persona.
Desde este punto de vista, el nombre se muestra como una institución administrativa, de policía civil, que impone a la persona el deber de identificarse con arreglo a su nombre legal.
La doctrina bienes reconociendo la existencia de un derecho al nombre, en cuanto que éste constituye un medio de individualización de la persona a través del cual se proyectan socialmente su personalidad.
Regulación legal El nombre y apellidos se configuran como un elemento de identidad el nacido derivado del derecho de la personalidad y como tal se incorporan a la inscripción de nacimiento en el Registro civil.
El régimen jurídico del nombre (nombre propio y apellidos) en el ordenamiento español se encuentra en la Ley del Reglamento Civil de 1957 (artículos 53 A 62) y preceptos correspondientes de su Reglamento (artículos 192 a 219) cuya regulación, preocupada fundamentalmente por dotar de certidumbre y seguridad a la identificación de la persona, establece límites a la imposición de nombres, así como la posibilidad de cambiar nombres y apellidos.
El Nombre a) Imposición del nombre En la inscripción de nacimiento o se expresaba el nombre que se da al nacido (art. 54 LRc).
Su elección corresponde a los Padres conjuntamente.
La Dirección General de los Registros y del Notariado han entendido que, por aplicación del artículo 156. V Cc, en caso de discrepancia, corresponde a aquel progenitor con quien conviva el hijo.
Sólo para suplir a los padres o guardadores puede el encargado del Registro imponer al nacido un nombre, en los términos del artículo 193.II RRc Artículo 193.II RRc “ el encargado hará constar en la inscripción de nacimiento o el nombre impuesto o por los Padres se guardadores, según lo manifestado por el declarante. No expresándose nombre o siendo éste inadmisible, el encargado requerirá a las personas mencionadas en el párrafo anterior para que de nombre al nacido, con apercibimiento o de que, pasados tres días sin haberlo hecho, se procederá a la inscripción de nacimiento, imponiéndose el nombre por el encargado” Elección del nombre (art. 54 Lrc. Y 192 RRc): 1) No pueden imponerse más de dos nombres simples, que se unirán por un guión y ambos se escribirán con mayúsculas, o un nombre compuesto.
Se trata de evitar dudas acerca de cuándo acaban en los nombres propios y comienza los apellidos.
Ejemplo: José-María, María de los Ángeles.
2) No puede imponerse al nacido el mismo nombre que ostente uno de sus hermanos, a no ser que hubiese fallecido, así como tampoco su traducción usual a otras lenguas.
Se trata de evitar la homonimia entre hermanos, por lo que parece que tal límite no existe cuando les correspondan diferentes apellidos.
3) El nombre puede ser elegido libremente: nombres de fantasía, nombres extranjeros, mitológicos, legendarios, geográficos, valores constitucionales … Sin embargo, se establecen algunos límites dirigidos a proteger tanto la dignidad del nacido como el interés público en identificar a los ciudadanos.
Así, el art. 54.II.LRc. Prohíbe “ los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo” Ejemplo: “Caín”, “Judas”, “Skylab”(estación espacial) , “Cheyenne” La Ley 3/2007, de 15 de marzo, ha suprimido la prohibición de imponer como nombres los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad, lo que hasta entonces planteaba numerosos recursos de Padres a quienes se denegaban la inscripción de nombres como: Marián, Pepe o Lola.
b) Cambios del nombre La Ley permite el cambio de nombre, previa autorización del Juez encargado del Registro o de la Dirección General de los Registros y del Notariado (por delegación del Ministerio de Justicia) si media “justa causa y no hay perjuicio para terceros” (art.60 LRc).
La autorización del cambio de nombre no surte efectos mientras no se inscriba al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento (artículos 62 LRc. 218 RRc.) Por RD. 29 agosto 1986, se suprime la referencia al nombre “impuesto canónicamente” .
El Juez encargado del Registro Civil puede autorizar, previo expediente, el cambio de nombre impuesto con infracción de normas establecidas, la traducción de nombre extranjero y el cambio de nombre propio por el usado habitualmente.
La Ley 3/2007, de 15 de marzo, regula expresamente la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y lógicamente, establece que la rectificación del sexo conlleva el cambio del nombre propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral.
No es preciso para el cambio de nombre que el transexual se haya sometido a una intervención quirúrgica. El cambio de nombre se permite como una consecuencia de la rectificación registral de la mención de sexo y para esta vasta que la persona solicitante acredite mediante informe del médico o psicólogo clínico, que le ha sido diagnosticada disforia de género y ha sido tratada médicamente durante al menos 2 para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado.
En esta materia, inicialmente, la Dirección General, admitió el cambio de nombre propio de un transexual por el que venía usando habitualmente (“Trinidad”, precisamente por ser uno de los que en castellano conviene a ambos sexos). Con posterioridad, la jurisprudencia reconoció el derecho del transexual operado a cambiar el nombre de varón por el de hembra, aludiendo al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
El Apellido a) Determinación de los apellidos Establece el artículo 109 Cc que “ la afiliación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la Ley”. Los españoles tienen dos apellidos y tradicionalmente, primero que era el primero del Padre y luego el primero de la Madre.
Invocado el principio de igualdad reconocido la constitución, la Ley de 5 de noviembre de 1999 modificó en los artículos 109 Cc y 55 Lrc. “ si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.
Sí no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la Ley” Sí no se ejercita, es aplicable lo dispuesto en el art.194 RRc “primer apellido de una español en es el primero del Padre y el segundo apellido el primero de los personales de la Madre” Conforme al artículo 49.2 LRc/2011 “ si la afiliación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordaran el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. En caso de desacuerdo cuando no se haya hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el encargado del Registro civil requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de 3 días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido en dicho plazo sin comunicación expresa, el encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor” En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, está determina los apellidos, “pudiendo el progenitor que reconozca su condición de tal determinar, al tiempo de inscripción, el orden de los apellidos” (art.55.II LRc.) Para los hijos que posteriormente tengan el mismo (para el caso de una sola filiación determinada) o los mismos progenitores regirá el orden inscrito para el mayor, con independencia de que se haya ejercido o no la opción prevista en la Ley (“el orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus Hermanos del mismo vínculo” (artículo 109.III Cc)) En todos los casos, sea cual sea el orden de los apellidos inscritos, que dijo, al alcanzar la mayoría de edad, puede solicitar que se altere el orden de los apellidos (art. 109.III Cc y art.55.IV LRc) Si la filiación no está determinada respecto de ningún progenitor, el encargado del Registro civil “ impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente” (art.55. V LRc), sin que pueda imponer el que “Expósito ” u otro indicador de origen desconocido (art. 196.I RRc) A conforme al artículo. 111 Cc, cuando el progenitor haya sido condenado a causa de las relaciones a la que obedezca la generación, según sentencia penal firme, o cuando la filiación haya sido determinada jurídicamente contra su posición, “ el hijo no ostentará el apellido del progenitor en cuestión más que sí lo solicita el mismo o su representante legal” No existen reglas legales específicas para los apellidos te los hijos adoptados. Debe entenderse, en consecuencia, que las mismas reglas explicadas son aplicables a los supuestos de adopción por dos personas o por una sola (art. 108 Cc), no será necesario modificar los apellidos del adoptado cuando, por excepción, la adopción no extingue los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior (art. 178 Cc).
Conforme al artículo 213 RRc, y la interpretación que de él ha llevado a cabo la Dirección General, para el extranjero que adquiere la nacionalidad española y cuya afiliación este determinada han de mantenerse, en principio, los apellidos fijados por la filiación según la Ley española (primero del Padre, primero de los personales ante la Madre), que se sobreponen a los meramente usados de hecho. Para evitar perjuicios en su identificación, el art. 199 RRc. Permite al extranjero que adquiere nuestra nacionalidad conservar los apellidos que ostentará con anterioridad si así lo declara, sin que ello le permita tener un solo apellido.
Con arreglo al principio de primacía del derecho comunitario, la doctrina sentada por el tribunal de justicia, debe prevalecer frente al aplicación de las normas de derecho interno español, con arreglo a las cuales el nombre los apellidos de los españoles, aun cuando tengan además otra nacionalidad, se rigen por la Ley española.
La Instrucción de la DGRN. 24 feberero 2010 estableció que “los españoles que nazca fuera de España en el territorio de un estado miembro de la unión europea cuyo nacimiento se haya registrado en el Registro civil local del país del nacimiento con los apellidos que resulte de la aplicación de las Leyes propias de este último, siempre que en el mismo tenga fijada su residencia habitual al menos 1 de los progenitores del nacido o la nacida, podrán inscribirse con esos mismos apellidos en el Registro civil consular española competente” b) Cambios de apellidos Los cambios de apellidos que no obedezcan a cambios en la filiación requieren previa autorización del encargado del Registro civil o de la Dirección General de los Registros y del Notariado (por delegación del Ministerio de Justicia).
En todo caso se requiere justa causa y que no haya perjuicio para terceros (art. 60 LRc.) Para que la autorización de cambio de apellidos surta efecto es precisa su inscripción al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento (artículos 62 LRc).
Los cambios de apellidos alcanzan a los sujetos a la patria potestad y también a los demás descendientes que expresamente lo consideran (artículos 61 LRc y art. 217 RRc.) El Juez de Primera Instancia, encargado del Registro civil, puede autorizar, previo expediente: el cambio de apellido Expósito u otros análogos, indicadores de origen desconocido por otro que pertenezca peticionario, en su defecto, por un apellido de uso corriente. El de apellidos impuesto con infracción de normas establecidas. la conservación por el hijo o sus descendientes de los apellidos que viniere usando, siempre que insten el procedimiento dentro de los dos meses siguientes a la inscripción de la filiación o, en su caso, a la mayoría de edad. La adecuación gráfica a las lenguas españolas de la fonética del apellido extranjero.
El Ministerio de justicia puede autorizar cambios de apellidos cuando se den los siguientes requisitos (art.57 LRc y art.205 RRc): 1. Que el apellido en la formas propuesta constituya una situación de hecho no creada por el interesado.
Es decir, que el interesado se ha conocido habitualmente con los apellidos que se pretenden legalizar.
Este requisito no es necesario para cambiar o modificar un apellido contrario al decoro o que ocasione graves inconvenientes o para evitar la desaparición de un apellido español.
2. Que el apellido o apellidos que se traten de unir o modificar pertenezca legítimamente al peticionario (es decir, cualquiera de los apellidos de sus ascendientes consanguíneos, sin límites temporales) 3. Que los apellidos que resulte en después del cambio no provengan de la misma línea.
Cuando se den circunstancias excepcionales y a pesar de faltar los requisitos del art. 205 podrá accederse al cambio por Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia. En el caso de que el solicitante de la autorización de cambio de apellidos sea objeto de violencia de género de un cualquier otro supuesto en que la urgencia de la situación así lo requiera podrá hacerse el cambio por orden del Ministerio de Justicia, en los términos previstos en el Reglamento.
El art. 195 RRc. Permite que, a petición del interesado, ante el Encargado, se anteponga la preposición “de” al primer apellido cuando fuere usualmente nombre propio o empezaré por tal.
Tutela civil del nombre.
La Ley protege el nombre erga omnes.
Conforme al artículo 53 de la Ley de Registro Civil: “ las personas son designadas por su nombre y apellidos, paterno y materno, que la Ley ampara frente al todos” Aunque el precepto no lo detalla, la doctrina entiende que la tutela civil del nombre se concreta fundamentalmente en dos acciones: a. Acción de reconocimiento o afirmación del nombre, dirigida a que se declare el derecho de una persona a llevar un nombre, frente al quién se lo niega o discute.
b. Acción de impugnación o usurpación del nombre, dirigida a hacer cesar el uso indebido del propio nombre, sino autorización del titular. Además sí se ha producido un perjuicio podrá obtenerse la reparación del daño (art. 1902 Cc) La protección dispensada cuando se trata de marcas o de nombres comerciales no va dirigida a tutela del derecho al nombre en sí mismo considerado, ni siquiera en su proyección sobre la personalidad, sino intereses comerciales. Tanto las marcas como el nombre comercial pueden estar constituidas por las palabras que sirven para identificar a las personas.
Está prohibido, sin embargo, el Registro como marca o nombre comercial del nombre o apellidos del solicitante que sean idénticos a otros anteriores inscritos para designar las mismas actividades, así como el Registro del nombre civil que le identifique a personas distinta del solicitante, a menos que medie autorización.
El artículo 9 de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, de marcas, establece que no pueden registrarse como marcas, sin la debida autorización, el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, ni el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. Tampoco puede registrarse como marca el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, sí, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público Otros signos individualizado horas de la persona.
El seudónimo o los títulos nobiliarios son signos que identifican a la persona, pero no forman parte del nombre civil ni están sometidos al mismo régimen jurídico.
 El seudónimo Es práctica frecuente en los medios artísticos el uso de un seudónimo o el nombre falso (cantantes, autores literarios, actores o toreros: “Fígaro”, “Clarín”, “Rocío Jurado”).
Su composición, a diferencia de lo que sucede con el nombre, es totalmente libre, pero en la medida en que haya alcanzado notoriedad e importancia social, la individualidad de la persona se identifica con el seudónimo, por lo que parece razonable reconocer a su titular que pueda impedir perturbaciones o intromisiones por terceros.
El empleo como seudónimo de un hombre ajeno, puede suponer, a su vez, apropiación indebida de tal nombre, por lo que debe reconocerse a su titular el ejercicio de la correspondiente acción de impugnación o usurpación de nombre.
La Ley de propiedad intelectual (RDLeg. 1/1996, 12 abril) reconoce como derecho moral del autor el de decidir la divulgación de su obra bajo seudónimo. Según el artículo 6.2 “ cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad”  Los títulos nobiliarios La pervivencia de títulos nobiliarios en una sociedad democrática y no estamental ha llevado a considerarlos como una “ preeminencia o prerrogativa de honor”, un nomen honoris cuyo contenido jurídico se agota “ en el derecho a adquirirlo, a usarlo y a protegerlo frente a terceros de modo semejante a lo que sucede con el derecho al nombre”.
De esta forma, los títulos sumarían a la función honorífica la individualizadora de las personas, dado su carácter exclusivo y personalísimo.
A diferencia de lo que sucede con el nombre, que no se pierde aunque transcurra largo tiempo sin utilizarlo su titular, ni se adquiere por su prolongado de una ajeno, la jurisprudencia ha admitido la usucapión o prescripción adquisitiva de los títulos nobiliarios por posesión o uso de los mismos durante 40 años.
El art.1 de la Ley 33/2006,de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios establece que el hombre y la mujer tienen igual derecho a suceder en las Grandezas de España y títulos nobiliarios, sin que pueda preferir se a las personas por razón de su sexo en el orden regular de llamamientos. Pero, de acuerdo con la disposición transitoria única de la Ley, las transmisiones del título ya acaecidas no se reputarán inválidas por el hecho de haberse realizado al amparo de la legislación anterior.
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