Apuntes 1 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Derecho Administrativo I
Año del apunte 2014
Páginas 10
Fecha de subida 02/08/2017
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Apuntes 1 El autónomo persigue el interés propio, mientras que el heterónomo persigue el interés ajeno. El fundamento del heterónomo es la satisfacción de intereses de otros sujetos cuya tutela le ha sido concedida externamente.
En ocasiones la ley protege los intereses colectivos, como por ejemplo el de la familia, frente al interés individual.
La satisfacción de intereses ajenos es el fundamento de las posiciones jurídico-subjetivas, que denominamos heterónomas o potestativas.
El Derecho Administrativo va sobre potestades. Las administraciones públicas son sujetos heterónomos, pues no poseen interés propio jurídicamente. Si se desvían de esas potestades conllevará ciertas consecuencias jurídicas.
En una administración pública, el ejercicio o no de un poder que le ha sido concedido no es jurídicamente legítimo; es su deber su ejercicio.
La posición de las administraciones públicas no es jurídicamente una posición de representación, su posición es estrictamente potestativa.
La potestad que poseen las administraciones públicas de manejar el interés ajeno le es dada por la ley.
La administración recibe títulos potestativos.
La potestad es un título habilitante; habilita para actuar jurídicamente (para conceder derechos y constituir obligaciones).
La potestad conlleva el otorgamiento de prerrogativas y de privilegios, pero también de limitaciones. Además, la potestad tiene una consideración de cargo para quien la recibe, pues, a diferencia del apoderado, no se considera legítimo rechazar dicha potestad. Quien recibe la potestad debe ejercerla.
El origen de la potestad es la ley.
La potestad debe ser explícita, nunca se presume.
El alcance de la potestad se establece en el título que la estipula y nunca poseerá mayor alcance que este.
Las administraciones públicas son sujetos; no pueden ser personas físicas, son personas jurídicas o personas morales.
Son organizaciones a las que el ordenamiento le atribuye personalidad jurídica.
La potestad no es un reconocimiento sino un otorgamiento; capacita para obrar.
La administración pública es capaz para obrar por el hecho de que posee ciertas potestades.
El origen de la capacidad de obrar de las administraciones públicas son las potestades, no la autonomía de la voluntad.
La administración pública es capaz de obrar como sujeto en lo que la potestad se lo permite.
Las potestades le son concedidas a las administraciones públicas de manera expresa y con carácter constitutivo.
Los funcionarios que trabajan en las administraciones públicas no poseen ninguna relevancia dentro de ellas, solo poseen la noción de órgano.
Los órganos son los elementos esenciales de actuación jurídica de las administraciones públicas; son el elemento fundamental en la actuación jurídica de las administraciones públicas.
Cada administración pública como sujeto actúa siempre a través de un órgano (órgano competente).
La administración pública es una estructura de órganos.
La competencia se divide en dos aspectos: la competencia del sujeto y la competencia del órgano.
La competencia del sujeto es la potestad desde el punto de vista de su alcance material y geográfico y sus condiciones específicas de ejercicio.
En sentido material, la competencia del sujeto no es más que la potestad.
La competencia del órgano no es más que una parte de la competencia del sujeto que le ha sido asignada a ese órgano.
Potestad -> Competencia del Sujeto -> Competencia del Órgano Cada órgano de una administración pública posee competencias distintas.
El sujeto actúa a través del órgano.
No hay aspecto más importante en la administración pública que el órgano.
Existe un instrumento de atribución de competencias a los órganos dentro de cada sujeto.
El elemento decisivo que configura definitivamente a un órgano es su competencia.
La competencia del órgano, en sentido técnico, es la aptitud del órgano para configurar con su decisión la voluntad del sujeto. Quien actúa es el sujeto, pero a través del órgano.
Los órganos son instancias funcionales; son un conglomerado de recursos materiales y humanos.
La teoría del órgano es el núcleo esencial del Derecho Administrativo, ya que este nos hace saber cómo actúan las administraciones públicas.
Existen instancias funcionales aparentemente idénticas a los órganos pero que no son órganos, pues no poseen ninguna competencia. Su actuación no configura voluntades del sujeto.
En un ayuntamiento existen dos órganos: el pleno y el alcalde.
Por lo general, la mayoría de las instancias funcionales de una administración pública no son órganos.
El principal problema de que el sujeto actúe mediante órganos es la reconducción hacia una unidad de sentido en la actuación del sujeto; los órganos tienen que actuar representando fielmente la voluntad del sujeto. Este es el principal problema al que se enfrenta el derecho de la organización administrativa.
Si se pone un excesivo énfasis en la unidad de sentido en la actuación del sujeto se puede llegar a un entorpecimiento de la acción del sujeto.
Si no hay suficiente unidad de sentido en la actuación del sujeto no existirá una suficiente coordinación en la acción del sujeto.
Existe una noción degradada de competencia llamada competencia impropia, competencia derivada, competencia secundaria, competencia de mera tramitación o competencia de tramitación. Se trata de tareas o funciones de asistencia prestadas por instancias funcionales al órgano competente para el ejercicio de la competencia.
Una misma instancia funcional puede ser un órgano porque tiene unas competencias, y a su vez puede poseer competencias de mera tramitación en relación con las competencias de otros órganos. También existen instancias que solamente poseen competencias de mera tramitación.
La competencia en sentido propio es una materia que suele estar celosamente guardada.
El derecho de la organización administrativa posee una pluralidad de métodos para hacer frente al principal problema que este tiene (la reconducción hacia una unidad de sentido en la actuación del sujeto). El principal conjunto de métodos que usa se denomina técnicas de relación interorgánicas, y van encaminadas a regir y disciplinar la relación entre los órganos.
Las relaciones entre órganos poseen una gran importancia y trascendencia jurídica en términos de relaciones entre sujetos.
Estas relaciones jurídicas se dan entre órganos de un mismo sujeto.
El sujeto actúa a través de órganos porque no puede hacerlo de otra forma.
Una adecuada especialización de los órganos proporciona una buena conducta del sujeto.
Las técnicas de relación inter-orgánica pretenden abordar el principal problema, y cada técnica intenta solucionar los problemas de dispersión y de exceso de la unidad de sentido del sujeto. Por tanto, pretenden buscar el punto medio ideal.
Jurídicamente actúa el sujeto, no el órgano.
Lo más curioso del Derecho Administrativo es que obedece a mecanismos que nada tienen que ver con la representación.
El territorio es el elemento al que la ley acude como herramienta técnica para determinar la comunidad social, cuyo interés es confiado a la administración.
La utilización de las técnicas de relación inter-orgánica configura de forma decisiva el modo de ser del sujeto.
Cada administración pública posee un territorio propio; las administraciones públicas son sujetos territoriales.
Se acude al territorio para configurar el modo de ser de las administraciones públicas porque es muy difícil hacerlo de otra forma.
El territorio tiene un carácter de fijeza y proporciona un asentamiento.
La administración pública posee un componente territorial que le define como sujeto; cada administración pública tiene un ámbito territorial preestablecido.
La territorialidad influye en la configuración interna del sujeto (órganos). Los órganos pueden tener la misma territorialidad que el sujeto o inferior.
Solo las administraciones de base territorial son en sentido propio administraciones públicas. Nos encontramos con entidades públicas similares a las administraciones públicas pero que no poseen una base territorial.
Los sujetos de base territorial necesitan la delimitación de un territorio para su delimitación constitutiva; están totalmente definidas por ese factor territorial.
En sentido impropio, hay otros sujetos de base no territorial, que son entidades instrumentales de las administraciones territoriales.
En los sujetos de base territorial, el territorio tiene un alcance constitutivo y autónomo.
La entidad instrumental es un vehículo creado por la entidad territorial; el sujeto de base territorial es la matriz, y genera sujetos instrumentales.
Una entidad instrumental no es más que un órgano del sujeto dotado de personalidad jurídica.
La administración de carácter territorial se desprende de una parte de sí y la convierte en una entidad instrumental.
La entidad instrumental posee una personalidad jurídica independiente de la de la entidad territorial.
Formalmente, la entidad instrumental posee una voluntad propia distinta de la de su entidad territorial matriz. Sin embargo, internamente no es así.
Las relaciones de control de dirección que ejercen las entidades territoriales sobre sus entidades instrumentales se denominan relaciones de tutela.
Solo las administraciones territoriales tienen una verdadera plenitud potestativa.
No existe relación de dependencia alguna entre administraciones territoriales.
Los sujetos instrumentales se generan para que estas tengan una disciplina y un régimen de control más atenuado que el del sujeto territorial, pudiendo conseguir así un mayor poder.
Se trata de crear una entidad controlada de manera más atenuada que el control primigenio.
Con las entidades instrumentales se pretende huir de la fuerte disciplina del Derecho de la Organización Administrativa.
La disciplina organizativa del Derecho de la Organización Administrativa es tan eficaz que supera a la disciplina que podría tener un representado con su representante.
El secreto del buen funcionamiento del poder es el control.
El Derecho de la Organización Administrativa ofrece a las administraciones públicas un nivel de control enormemente eficaz y enormemente justo.
Una de las técnicas de relación inter-orgánica es la jerarquía.
Entre las administraciones públicas no existe ningún tipo de interdependencia.
Cada administración pública es un sujeto del derecho, y por tanto actúa jurídicamente y con su propia personalidad jurídica.
Artículo 3.4 Ley 30/92: cada una de las administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Artículo 2.2 Ley 30/92: las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas tendrán asimismo la consideración de administración pública. Estas entidades sujetarán su actividad a la presente ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.
Las entidades instrumentales se denominan entidades de derecho público cuando ejercen potestades administrativas.
Tanto las administraciones públicas territoriales como las entidades de derecho público reciben la denominación de administraciones públicas.
Hay administraciones de derecho público que poseen ámbitos de actuación no potestativos.
Las entidades de derecho público poseen un ámbito de actuación potestativo y otro no potestativo; poseen ámbitos extra-potestativos de actuación, lo cual les asemejan a los sujetos de derecho común.
Las administraciones públicas instrumentales también poseen la denominación de administraciones públicas institucionales.
El sujeto es el que distribuye su competencia entre sus órganos (de la competencia del sujeto a las competencias de los órganos), y la ley le dice al sujeto cómo lo tiene que hacer.
Hay casos en los que la propia ley designa a los órganos competentes (supuestos de predeterminación legal del órgano competente).
Por tanto, el sujeto puede distribuir sus competencias entre sus órganos en la medida en que no contravenga lo que dice la ley, y en todo lo no previsto por la ley lo hará el propio sujeto.
En ocasiones, la predeterminación por la ley del órgano competente es debido a la desconfianza política.
Si el sujeto no reparte ciertas potestades entre sus órganos, estas no podrían ser ejercidas (mal reparto de competencias).
Esto es habitual, y también ocurre que dos órganos distintos posean la misma competencia.
Artículo 12.3 Ley 30/92 (regla de atribución residual de competencias): si alguna disposición atribuye competencia a una administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de materia y del territorio, y, de existir varios de estos, al superior jerárquico común.
Si ni la ley ni el sujeto reparten una competencia, esa competencia será ejercida por los órganos inferiores.
Para las administraciones públicas, las potestades son una carga onerosa.
El problema del reparto de competencias ocurre siempre en sujetos grandes, ya que en las administraciones públicas de las Corporaciones Locales rige con carácter general la predeterminación legal del órgano competente.
En las administraciones locales, las competencias no atribuidas por la ley ni por el reglamento orgánico les corresponden al órgano unipersonal (alcalde o presidente).
Las administraciones públicas grandes necesitan tener una estructura jerárquica.
Podemos encontrarnos administraciones públicas de distintos tamaños, tanto grandes como pequeñas.
Artículo 3.1 Ley 30/92: las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.
Las administraciones públicas sirven un interés que no es el suyo propio.
La adscripción de los administrados es una adscripción territorial; se utiliza el territorio para identificar una comunidad social. Se trata de servir a una comunidad social y política que se encuentra en un territorio delimitado.
Las administraciones públicas necesitan un territorio porque este les permite identificar a un colectivo social.
El interés heterónomo de las administraciones públicas apela a una comunidad social delimitada por un territorio.
No todo lo nombrado en el artículo 3.1de la Ley 30/92 son técnicas de relación inter-orgánica.
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