Tema 5 - Capacidad de obrar 3/3 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Huelva
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 21/04/2016
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1. RESTRICCIONES AL CONCURSADO Ante la existencia de varios acreedores y un deudor común en estado de insolvencia, nuestro ordenamiento arbitra el denominado procedimiento concursal, cuya finalidad esencial es la satisfacción de los acreedores.
Para lograr este fin es necesario mantener la integridad del patrimonio del deudor. La declaración de concurso supone la adopción de las medidas precisas para asegurar aquella integridad patrimonial.
La declaración de concurso produce el efecto de limitar las facultades del deudor de administrar y disponer sobre los bienes, derechos y obligaciones que se integran en el concurso.
El procedimiento concursal ha sido dotado por el legislador de una gran flexibilidad, lo que permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones.
Los efectos que la declaración concursal produce sobre las facultades patrimoniales del deudor varían en función de si la solicitud de la declaración de concurso la presenta el propio deudor (concurso voluntario) o bien son los acreedores quienes la solicitan (concurso necesario).
En caso de concurso voluntario el legislador prevé que el deudor conserve las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales. En el concurso necesario dichas facultades se suspenderán, siendo sustituido el deudor por los administradores concursales.
El Juez puede intervenir o suspender las facultades patrimoniales del deudor, surgiendo un régimen de asistencia o sustitución que puede ser modificado en cualquier momento mediante auto judicial.
Es importante diferenciar la incapacitación judicial anteriormente estudiada de estas limitaciones que afectan al deudor sometido a un procedimiento concursal en el ejercicio de sus facultades de administrar y disponer de sus bienes. La incapacitación es una limitación de la capacidad de obrar dirigida a la protección de la persona afectada. Las restricciones que se imponen al concursado están orientadas a la protección de los acreedores.
La declaración de concurso, además de limitar las facultades patrimoniales del deudor, impone deberes específicos de colaboración con los órganos del concurso que pueden llegar incluso a limitar alguno de sus derechos fundamentales.
2. LOS CARGOS TUTELARES 2.1.
Consideraciones generales Para aquellos supuestos en los que la persona tiene limitada su capacidad de obrar, nuestro Derecho prevé distintos mecanismos o instituciones de protección con el fin de sustituir o asistir a aquella persona.
Los cargos tutelares constituyen un deber y se han de ejercer siempre en beneficio del tutelado, estando bajo el control de la autoridad judicial.
Se trata de cargos de carácter obligatorio, si bien se admite la excusa de su ejercicio en algunos supuestos legalmente previstos.
El Código civil protege a la persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios, reconociéndole el derecho a la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado.
El Código civil establece una serie de prohibiciones atinentes a quien ostente un cargo tutelar.
Las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares habrán de inscribirse en el Registro Civil a efectos de su conocimiento por terceros.
pág. 1 Mireia Gómez Muñoz @Unybook “mgomezmunoz” 2.2.
La tutela Art.222 CC. La tutela es la institución de guarda y protección prevista para los siguientes supuestos: los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad; los incapacitados; los sujetos a la patria potestad prorrogada; los menores que se hallen en situación de desamparo. En este último caso se habla de tutela automática, tutela ex lege o tutela administrativa.
2.2.1.
Tutela automática, ex lege o administrativa Esta tutela procede cuando se constata que un menor de edad está en situación de desamparo. Se entiende por tal situación la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores. La declaración de dicha situación de desamparo por la entidad pública competente supone el inicio de un procedimiento administrativo que aboca a la constitución de la mencionada tutela automática. Ésta se caracteriza por la no intervención de la autoridad judicial. De ahí que se le denomine automática, ex lege o administrativa, pera diferenciarla de la tutela ordinaria.
2.3.
Se trata de un cargo de origen judicial, es decir, el nombramiento del tutor le corresponde al Juez.
Los cargos tutelares son obligatorios. El ejercicio de la tutela constituye un deber del que solo se puede excusar el designado tutor por las causas legalmente previstas.
La tutela conlleva la representación legal del tutelado. El tutor es el representante legal del menor o incapacitado y actúa en su nombre e interés. Se excluyen de la representación legal aquellos actos que el menor o incapacitado pueda realizar por sí solo.
Entre sus funciones, el tutor está obligado a velar por el tutelado y a procurarle alimentos, a educar al menor y procurarle una formación integral… El tutor ha de ejercer su cargo de acuerdo con la personalidad de su pupilo.
La administración del patrimonio del tutelado por parte del tutor deberá ejercerse con la diligencia de un buen padre de familia. El tutor necesitará la autorización judicial para la realización de determinados actos.
La tutela se ha de ejercer bajo la vigilancia del Ministerio fiscal. El ministerio público podrá en cualquier momento exigir al tutor que le informe sobre la situación del menor. El juez podrá establecer medidas de vigilancia y control que estime oportunas.
El artículo 223.2 CC regula la que se conoce como autotutela, al disponer que cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes.
La curatela La curatela es un cargo estable pero de actuación intermitente, que se caracteriza porque su función no consiste en la representación de quien está sometido a ella, sino en completar la capacidad de quien la posee.
La diferencia con la tutela se encuentra entonces en que el sometido a pág. 2 Mireia Gómez Muñoz @Unybook “mgomezmunoz” 2.4.
2.5.
tutela carece de capacidad de obrar y por ello la medida de protección es la representación legal, mientras que el sometido a curatela es capaz, pero requiere de un complemento de capacidad.
El cargo de curador se prevé legalmente para los siguientes supuestos: los emancipados cuyos padres han fallecido o están impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley; los que obtuvieron el beneficio de la mayor edad… Procede la curatela para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o la resolución judicial que la modifique, designen esta forma de protección del incapacitado en atención a su grado de discernimiento.
Su ejercicio constituye también un deber del que solo se puede excusar el designado por las causas legalmente previstas. Las normas sobre nombramiento, excusa y el régimen jurídico de la tutela anteriormente expuesto resulta aplicable con carácter supletorio a la curatela.
El defensor judicial El nombramiento del defensor judicial procede ocasionalmente cuando en algún asunto exista un conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador.
El defensor judicial es designado judicialmente, pero se diferencia de la tutela y la curatela porque no tiene el carácter estable de éstas, sino que es temporal y se limita a un asunto concreto.
El nombramiento del defensor judicial tiene lugar en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal.
El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya concedido el Juez, al que deberá rendir cuentasLa guarda de hecho La guarda de hecho es precisamente la figura prevista para estas situaciones en las que una persona, sin nombramiento a tal efecto, se encarga de la guarda de un menor no sometido a la patria potestad o de alguien en quien concurre una causa de incapacitación.
La guarda de hecho está reconocida como figura dotada de un cierto estatuto legal o jurídico y sustantividad propia, merecedora de respeto durante el tiempo imprescindible para que se establezcan y entren en funcionamiento las instituciones tutelares o de protección de menores dotadas de normalidad.
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