Unidad 03. Garantías jurisdiccionales de la Constitución (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional I
Año del apunte 2015
Páginas 10
Fecha de subida 16/03/2015 (Actualizado: 01/05/2015)
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Unidad 3 de derecho constitucional sobre las garantías jurisdiccionales de la Constitución. Orden y modelos de justicia constitucional; los modelos de control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional; Efectos y valor de las sentencias del Tribunal Constitucional;
La interpretación y la doctrina constitucional

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Derecho Constitucional Unidad 3. Las garantías jurisdiccionales de la Constitución 1. Origen y modelos de justicia constitucional La justicia constitucional es la actividad jurisdiccional que tiene por finalidad asegurar el respeto a la Constitución frente a todo acto del poder público. Es consecuencia de su superioridad formal y material. Su garantía requiere: - Órganos que aseguren esa superioridad.
- Procedimientos adecuados para realizar ese control.
El control constitucional se asienta en dos pilares: en la competencia de aprobación y en la competencia de rechazo. En cuanto a la competencia de aprobación hace referencia a la capacidad que, el órgano asignado de garantizar la constitucionalidad, tiene que tener para elaborar un juicio abstracto de compatibilidad de cualquier ordenamiento/ley y la constitución.
En cuanto a la competencia de rechazo hace referencia a la capacidad de adoptar decisiones ejecutivas y vinculantes sobre aquellos actos normativos que no sean compatibles con la constitución, para aceptarlos, inhabilitarlos o anularlos.
Modelos de justicia constitucional Hay diferentes modelos de justicia constitucional: difuso o norteamericano, el francés y el concentrado o austriaco.
 Modelo de control difuso. Todos los jueces y tribunales pueden apreciar y declarar la inconstitucionalidad de las leyes, es decir, ejercen el control de constitucionalidad de las leyes, y lo hacen en el momento de seleccionar la normativa aplicable al caso.
Por tanto, no hay órgano específico, sino una atribución general a todo el Poder Judicial, sin la existencia de un Tribunal Constitucional como tal. Es el Tribunal Supremo quien tiene la última palabra quien conoce del tema por vía de apelación contra las decisiones de tribunales inferiores. Posee una intervención potestativa vía recurso y una obligatoriedad del presente. Esto sucede como consecuencia del principio de stare decisis por el que su doctrina vincula a todos los tribunales inferiores al que, al añadirle el hecho de ser un tribunal único en su grado, sus decisiones unifican la jurisprudencia.
Está vinculado a la concepción de los jueces y tribunales como intérpretes y aplicadores de la Constitución antes que de la Ley (art. VI.2 DE LA Constitución Marbury v. Madison, 1803). Es un modelo incidental ya que está vinculado a un proceso concreto que tiene como finalidad pedir la aplicación en un caso determinado de la norma de rango superior e impedir que la aplicación de una norma legal dé como resultado un acto inconstitucional.
Sus efectos de inaplicación sólo inter partes, es decir, en un caso concreto. Hay, por tanto, una inexistencia de acción general y es una obligación de los jueces el no aplicar una ley si se cree que es inconstitucional. Es decir, si el juez o Tribunal considera que la norma legal es inconstitucional debe ser inaplicada al caso que se está juzgando, pero la ley sigue vigente y con plena fuerza de obligar, es decir, sigue siendo aplicable para supuestos de hecho que no sean idénticos.
1  Modelo de control francés. El control lo realiza un órgano político antes de la entrada en vigor de las normas.
Este es el Consejo Constitucional formado por nueve miembros y los expresidentes de la República y siempre que quieran formar parte.
Es obligatorio para Leyes Orgánicas, Reglamentos de las Cámaras y leyes que se vayan a someter a referéndum.
En el resto de los casos es potestativo a petición del Ejecutivo, es decir, el Gobierno, los presidentes de las Cámaras o 60 miembros de cualquiera de las dos partes.
El control previo supone que una vez acabado los trámites parlamentarios y antes de que esta entre en vigor el consejo constitucional tendrá que pronunciarse diciendo si es constitucional o no, si lo es sigue a trámite y entra en vigor; y si dice que no, no se anula en sentido estricto la ley ya que no ha entrado en vigor y no ha formado parte del Ordenamiento por lo tanto, no hay nada que echar del Ordenamiento y si solo es una parte la que no cumple la constitucionalidad esta no sigue adelante pero el resto de la ley si (depuración previa de la ley).
Al ser un control de tipo previo, existe una eficacia general aunque no implica anulación. Si por cualquier caso, una ley se incorpora al Ordenamiento sin este control aun siendo inconstitucionalidad, no había manera de anularla por inconstitucional. Por este motivo, desde 2008 existe la cuestión prioritaria de constitucionalidad sobre leyes en vigor, respecto de las que surjan dudas en un procedimiento y sobre derechos y libertades constitucionales. Los efectos generales de las sentencias es su derogación.
 Modelo de control concentrado o austriaco. Control de constitucionalidad de las leyes en vía directa mediante un órgano jurisdiccional. Existe, por tanto, un órgano específico y un procedimiento especial para esta función.
Este órgano es llamado Tribunal Constitucional, un modelo que aparece por primera vez en la Constitución Austriaca de 1920, siguiendo las construcciones teóricas de Hans Kelsen, que va a tener la capacidad de anular las leyes que considere inconstitucionales modificando así el Ordenamiento Jurídico, con unas sentencias con efectos generales.
El modelo español de justicia constitucional La Constitución Española de 1978 adopta el modelo concentrado aunque con matices. Hay que destacar que en el momento de elaborarse la vigente Constitución Española, el sistema de justicia constitucional concentrado o europeo se encuentra consolidado en el Derecho continental, y al él acude el constituyente. A partir de su primera aparición en las constituciones austríaca y checa de 1920, el perfeccionamiento del sistema se justicia constitucional tiene lugar con la Constitución Italiana de 1947 y con la Ley Fundamental de Bonn el año 1949.
Crea el Tribunal Constitucional como único órgano capaz de anular leyes. El TC encarna una auténtica jurisdicción, aunque por su naturaleza y funciones no se incorpore en el seno del Poder Judicial. En caso de los reglamentos, el sistema tiene una pequeña concisión al modelo difuso, ya que son los Tribunales Ordinarios los que pueden resolver sobre su validez o inaplicarlos.
El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional pero no judicial, es independiente y sólo sometido a la Constitución y a su Ley Orgánica (LO 2/1979, de 3 de octubre). Existen dos posibilidades de intervención del Tribunal Constitucional en lo que se refiere al control de constitucionalidad en su sentido estricto.
- Recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1 CE).
- Cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE) - Recurso previo de inconstitucional. No estaba en la constitución y se suprime sin saber si en algún momento se va a volver a incorporar o no.
2 Solo valora actos expresos (art. 27 LOTC), es decir, no actúa de oficio. No cabe recurrir la falta de regulación de una determinada materia, ya que es inconstitucionalidad por omisión). Por último, no puede incorporar nuevas leyes en el Ordenamiento.
2. Los procedimientos de control de Constitucionalidad del Tribunal Constitucional El primer problema que plantea el control de constitucionalidad es determinar cuáles son las normas que deben incluirse en esa categoría. El artículo 27.2 de la LOTC da la respuesta a esta pregunta, incluyendo los siguientes actos normativos: - Leyes. Cualquier tipo de ley con independencia del proceso de aprobación, de la materia, de que sea orgánica y ordinaria. Absolutamente todas las leyes del estado son recurribles.
- Actos normativos del Gobierno con fuerza de Ley; es decir, el caso de los decretos leyes, o los decretos legislativos.
- Actos con fuerza de ley de los órganos del Estado. Son autorizaciones de las Cortes Generales para dictar determinados tratados internacionales. Por tanto, son actuaciones del legislativo equiparables a una ley de manera que su constitucionalidad ha de ser considerada.
- Tratados internacionales cuando se incorporan al Ordenamiento interno. Esto lleva a una paradoja ya que se valora con el derecho interno algo que procede del derecho internacional.
- Reglamentos de las Cámaras y Estatuto del personal de las Cortes Generales, este último si existiese.
- Actos equiparables a los anteriores dictados por parte de las Comunidades Autónomas; leyes, decretos-ley, decretos legislativos y reglamentos de sus Asambleas Legislativas.
- Normas fiscales dictadas por los Territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, éstas en virtud de la Disposición Adicional Quinta de la LOTC.
Aunque la función originaria y más característica del Tribunal Constitucional sea valorar la constitucionalidad de las leyes, no es la única actividad que este realiza ni la más relevante. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional no legisla.
El parámetro principal para enjuiciar la constitucionalidad de las normas es la propia Constitución aunque también se contrasta con el bloque de constitucionalidad que son actos normativos a los que la Constitución se refiere expresamente como desarrollo directo de ciertas cuestiones, especialmente formales o relativas a la distribución de competencias (28.1 LOTC).
El Recurso de inconstitucionalidad El artículo 161.1 CE establece el recurso de inconstitucionalidad como primer instrumento procesal para controlar la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley. Procesalmente, se caracteriza por ser una acción jurisdiccional nacida precisamente con ese fin de controlar la adecuación a la Constitución de las normas con fuerza de ley; se trata por tanto, de una impugnación directa de la norma. Tiene carácter abstracto ya que no está conectada a un procedimiento judicial.
Es accesible sólo a los órganos del Estado y cumple un fin de depuración del ordenamiento. Permite valorar leyes aprobadas y expulsaras del Ordenamiento si se consideran que son inconstitucionales. Se presupone, eso sí, su constitucionalidad pero esto no quiere decir que así lo sea.
3 La legitimación Los sujetos legitimados para presentar un recurso de inconstitucionalidad, según el artículo 162.1 de la CE son: - El Presidente del Gobierno. Esto supone dotarle de una facultad de evidente importancia, tanto en el ámbito de las relaciones Gobierno-Parlamento, como en el del reparto de poder entre Estado y Comunidades Autónomas.
Pese a que pueda obviamente consultar al Gobierno, la decisión corresponde al Presidente individualmente considerado.
- El Defensor del Pueblo. La legitimación otorgada al Defensor del Pueblo podría penarse que debería restringirse al campo de la protección de los derechos fundamentales, única tarea atribuida por el artículo 54 CE a dicha institución. Ahora bien, no puede olvidarse que el concepto mismo de protección de los derechos fundamentales tiene un amplísimo alcance, por lo que pocas son las normas que directa o indirectamente no pueden conectarse con dicha tarea.
- Cincuenta Diputados o cincuenta Senadores. La legitimación de esta capacidad aparece básicamente como un instrumento de protección de minorías parlamentarias frente a la acción de la mayoría.
- Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, es decir, los Gobiernos Autonómicos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo interno y sólo frente a aquellos actos del Estado que afecten a su ámbito de actuación.
Su legitimación es la que más problemas ha planteado en la práctica. Ello porque el artículo 32.2 LOTC, al regular esta legitimación, exige que las normas con fuerza de ley del Estado que se impugnen por los citados órganos autonómicos “puedan afectar a su ámbito de autonomía”.
La legitimación para recurrir directamente normas con fuerza de ley, por tanto, está muy restringida, de manera que sólo determinados órganos o instancias políticas pueden impugnar este tipo de normas; e excluye, así, que cualquier persona pueda recurrir normas con fuerza de ley, aunque y con determinados filtros, existen instrumentos para que se controle la constitucionalidad de una norma con fuerza de ley a instancias de quien se sienta sujeto pasivo de esa vulneración.
El plazo El plazo general es de tres meses desde la publicación de la norma impugnada (art. 33 LOTC). El plazo de tres meses se alarga a nueve meses en los supuestos en los que se ponga en marcha el mecanismo de cooperación previsto en el artículo 33.2 LOTC. Es para los recursos presentados por el Presidente del Gobierno o Gobierno autonómico en caso de negociación en la Comisión Bilateral para resolver la controversia objeto de recurso. En cuanto las alegaciones, se pueden presentar a lo largo de los 15 días posteriores.
El procedimiento La demanda debe de incluir la identidad de los recurrentes, la concreción de la ley, la disposición o acto impugnado parcial o totalmente y el precepto constitucional que se entiende infringido. El Tribunal Constitucional, admitido a trámite, da traslado del recurso al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y, en el caso de que la norma impugnada sea de una Comunidad Autónoma, a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo correspondientes.
De los anteriores órganos, los que lo consideren oportuno, pueden personarse y formular alegaciones; a la vista del recurso y de las alegaciones, el Pleno del Tribunal Constitucional debe dictar sentencia (art. 34 LOTC).
4 Los efectos Resuelve el Pleno del Tribunal Constitucional en 10 días, un plazo prorrogable a 30 días (aunque difícilmente estos plazos se cumplan). La admisión a trámite no suspende la vigencia del acto normativo, es decir, que mientras se resuelve el recurso, la Ley en cuestión debe seguir aplicándose.
Des del punto de vista temporal, las sentencias del Tribunal Constitucional despliegan sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (art. 164 CE).
Solo hay una excepción y es cuando el Presidente del Gobierno recurre un acto normativo de una Comunidad Autónoma (arts. 161.2 CE y 30 LOTC). Esta suspensión debe pedirse expresamente y a los 5 meses como máximo el Tribunal Constitucional debe decidir si la ratifica o la levanta.
Las decisiones del Tribunal Constitucional no pueden ser recurridas en el ámbito interno y tienen efecto de cosa juzgada.
En consecuencia, resulto un asunto por el Tribunal, no puede volver a plantearse ante él.
Cuestión de inconstitucional El segundo instrumento procesal a través del cual es posible controlar la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley es la cuestión de inconstitucionalidad. Se trata de una acción incidental, que permite al Tribunal Constitucional comprobar la constitucionalidad de una norma con motivo de su aplicación.
Así se establece en el artículo 163 de la CE: “cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez depende el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos” Tiene la misma finalidad, por tanto que el recurso; expulsar del Ordenamiento todo aquello que no se adecue a la Constitución. Esta siempre la va a plantear un juez al Tribunal Constitucional cuando se vea en la situación de tener que aplicar en un proceso concreto una norma ante la cual tiene dudas sobre su validez.
Los requisitos Ese planteamiento no depende de la simple voluntad del titular o titulares del órgano judicial, sino que deben cumplirse determinados requisitos. Esa norma tiene que ser en primer lugar, una ley o acto normativo con rango de ley, que además sea aplicable al caso que se está juzgando, aplicabilidad que decide el propio juzgador, es decir, el juez del caso decide si esa norma es aplicable o no, si es aplicable se puede presentar la cuestión.
Es decir, la duda sobre la constitucionalidad de la norma con fuerza de ley ha se surgir en el seno de un procedimiento del que conozca el órgano judicial, bien planteada por éste, bien por alguna de las partes en ese procedimiento En tercer lugar tiene que ser una norma cuya validez sea esencial para la resolución del caso que se está juzgando (que el caso depende de si esta norma es constitucional o no). Por tanto, la relevancia tiene una doble dimensión lógica, la de la aplicabilidad y la relevancia propiamente dicha: la norma debe de ser aplicable al caso y de su validez debe depender el fallo.
Esto es una potestad del juez, el juez está vinculado por la Constitución y las leyes y por lo tanto, no puede decidir sobre la validez de una ley, sino que debe preguntárselo al órgano supremo, es decir, al Tribunal Constitucional. Tiene que ser el juez que se esté ocupando del caso en el que se encuentra la cuestión de inconstitucionalidad, y además, es el juez quien decide libremente si la plantea o no.
5 Las partes en el proceso pueden pedir (si les favorece, siempre que tenga su fundamento) que plantee la cuestión de inconstitucionalidad. Ahora bien el juez puede hacerle caso o no, ya que la decisión última le pertoca a este. También puede ser el propio juez quien decida por sí mismo plantear la cuestión o porque no lo ve claro o porque se ve incapaz de interpretar la norma en cuestión de forma salvable. Todo esto con independencia de si haya otras normas o no aplicables al caso y que lo pudieran llegar a resolver.
Procedimiento Al órgano judicial le corresponde controlar que se cumplen los requisitos legalmente exigidos: aplicabilidad y relevancia de la cuestión para el fallo. El órgano judicial debe buscar una interpretación de la norma cuestionada que la haga compatible con la Norma Fundamental; sólo si no encuentra esa interpretación o si estima que ésta es insatisfactoria, ha de plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional.
Formalmente la cuestión se plantea mediante un auto que tiene que dictarse una vez terminados todos los trámites procesales, momento en el cual se deja el proceso en suspenso a falta de sentencia. La exigencia de esperar a que el correspondiente procedimiento se encuentre concluso tiene una doble finalidad: - Por un lado se trata de evitar que la cuestión de inconstitucionalidad sea utilizada con fines exclusivamente dilatorios.
- Por otro, a menudo sólo estando concluso el procedimiento puede valorarse realmente la relevancia de la norma cuestionada para el fallo.
En dicho auto han de concretarse la norma cuestionada y los motivos por los que el órgano judicial estima que puede ser contraria a la Constitución, y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la constitucionalidad de la norma cuestionada. Si el juez decide que puede existir una cuestión de inconstitucionalidad se lo traspasa a las partes que deben alegar sus argumentos en 10 días y en los 3 días posteriores el juez dictara sentencia.
Este auto tiene que identificar la norma o normas cuestionadas (que preceptos plantean dudas de inconstitucionalidad), en segundo lugar, el precepto constitucional infringido y finalmente, el auto tiene que determinar de manera suficiente cual es la importancia de la decisión de la inconstitucionalidad de la norma en relación al proceso que se está juzgando en términos de relevancia constitucional (no del interés de los partidarios), por este motivo se realiza un juicio de relevancia que explique por qué se considera que es inconstitucional y que pasaría si se aplicara al caso.
El auto debe acompañarse de los documentos procesales y las alegaciones de las partes (si las hubiera), cuando se envíe al Tribunal Constitucional, quien en principio no valora sobre la aplicabilidad de la normal al caso ya que es potestad del juez. El Tribunal Constitucional no interferirá salvo en casos que la norma y el caso no tengan nada que ver.
Una vez admitida a trámite el Tribunal Constitucional la traslada a los órganos del Estado afectado que tienen 15 días para presentar alegaciones, igual que las partes. Pero mientras el procedimiento queda en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie (su fallo es obligatorio), una vez este lo haga el juez podrá pronunciar sobre el caso en cuestión. Aunque el procedimiento quede suspenso lo que no queda suspenso es la vigencia de la norma que se está cuestionando.
La sentencia tiene un doble efecto entre los particulares (caso concreto) ya que va a condicionar el fallo del juez, pero además, al igual que el recurso, tiene un efecto general ya que toda norma considerada como inconstitucional será anulada y expulsada del ordenamiento, pero además, cabe el caso que el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de aglutinar diferentes casos de inconstitucionalidad sobre una misma norma y esto hará que todos estos procedimientos se resuelvan bajo el dictado de una única sentencia formulada por el Tribunal Constitucional.
6 El Recurso previo de Constitucionalidad Este recurso previo era una mezcla entre el recurso de inconstitucionalidad normal y el del ordenamiento francés. Este se podría definir como una acción directa para valorar la constitucionalidad de ciertas normas tras acabar el trámite parlamentario y antes de su promulgación. Este recursos únicamente se podía aplicar a leyes orgánicas y a estatutos de autonomía, el problema es que el discurso previo era una herramienta muy utilizada por la oposición, para obstaculizar o demorar la creación de ciertas leyes orgánicas. En España en el año 1983 se modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para eliminar el recurso previo de constitucionalidad.
En el año 2014 se rumorea que los partidos políticos PP-PSOE trataron de recuperar el recurso previo de constitucionalidad pero que en este caso solo sería aplicable a los Estatutos de Autonomía. Este se podría aplicar a los tres días posteriores de finalizar el trámite parlamentario de los estatutos.
Si el Tribunal Constitucional considera que alguno de los preceptos de los Estatutos no son constitucionales no los anula pero tampoco los elimina sino que exige al legislador que lo modifique para que se adecue a la constitución. Cabe recordar que este es una propuesta de ley que actualmente está parada desde hace un año y dada la proximidad de las elecciones generales, acabará perdiéndose sin llegar a su aplicación.
El control de constitucionalidad que lleva el Tribunal únicamente puede caer sobre actos expresos, es decir, sobre leyes que ya estén en vigor y no cabe la posibilidad de realizar juicio de inconstitucionalidad por omisión, es decir, no se puede recurrir el hecho de que no se haya regulado una materia o que una determinada ley haya dejado de regular una materia que parecía que regulaba.
Del mismo modo el Tribunal Constitucional puede interpretar, anular o inhabilitar leyes pero no puede incorporar normas expresas al ordenamiento. Así un proceso constitucional puede caer sobre cualquiera de estos actos normativos.
3. Efectos y valor de las sentencias del Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional va a resolver todos los casos mediante sentencias constitucionales, que son resoluciones motivadas mediante las que este órgano pone fin al proceso de constitucionalidad decidiendo sobre el fondo del asunto.
Esta al igual que una sentencia ordinaria tiene el valor de cosa juzgada, obligatoria por lo tanto, desde el día siguiente a su publicación en el BOE sin caber recurso contra ellas (art. 164.1 CE). El Tribunal Constitucional a nivel interno es instancia única y última de estos procesos. En el caso de las cuestiones de inconstitucionalidad el efecto en el proceso se produce desde la comunicación del fallo al juez.
El artículo 164 CE establece que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho (amparo) tienen plenos efectos frente a todos. Las sentencias vinculan a todos los poderes públicos: administraciones públicas, jueces, gobiernos. Tal y como recoge el artículo 87.1 LOTC estos están obligados a cumplir cualquier resolución del Tribunal Constitucional.
Los efectos de la nulidad Solamente se entenderán nulas y se expulsarán del Ordenamiento aquellas normas que expresamente dicte la sentencia, preceptos que por otro lado tendrán que haber sido determinados por las partes en el recurso o la cuestión, esto es lo que se llama precisión de la declaración de constitucionalidad.
La nulidad en principio solo afecta a lo declarado expresamente, salvo mención expresa en contra. El artículo 39.1 LOCT dice que la inconstitucionalidad equivale a la nulidad de: 7 - Preceptos impugnados.
- Otros preceptos de la ley, disposición normativa o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia.
Pero existe una posible alteración del principio de congruencia (correlación entre acusación, prueba y sentencia, en virtud de que ésta tiene que fundamentarse en los hechos discutidos y pruebas recibidas en el proceso). En la STC 11/1981 que esta alteración se podrá producir cuando: - La sentencia declara la inconstitucionalidad.
- Hay conexión o congruencia entre los preceptos declarados inconstitucionales y aquellos otros a los que la inconstitucionalidad se extiende.
- Forman parte del mismo acto normativo Además existe el principio iura novit curia que se basa en recurso a argumentos no alegados por las partes. El principio, sirve para que las partes se limiten a probar los hechos, y no los fundamentos de derecho aplicables. El juez debe someterse a lo probado en cuanto a los hechos, pero puede ampararse en ese principio para aplicar un derecho distinto del invocado por las partes a la hora de argumentar la causa.
Los efectos Las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional tienen efectos generales y efectos declarativos ya que declaran, ponen de manifiesto una contradicción entre la norma y la constitución. Es decir, no crean la inconstitucionalidad sino que únicamente la constata. En el momento que el Tribunal Constitucional anula una norma esta se declara como nula desde el origen (eficacia ex tune; “desde siempre”).
Pero toda aplicación de esta norma hasta el momento no será considerada nula salvó un matiz (art. 161.1 CE) en el caso de las sentencias basadas en los preceptos anulados siguen siendo válidas y no pierden el valor de cosa juzgada (ex nune, “desde ahora”). Pero existen dos excepciones al matiz recogidos en el artículo 401 LOTC: - Procesos penales - Procesos sancionadores contenciosos Como consecuencia de esta nulidad se puede producir una reducción de la pena o su exclusión, tanto si exime o limita la responsabilidad.
La interpretación de la Constitución Estas sentencias del Tribunal Constitucional en sentido estricto pueden tener dos orientaciones: o bien se determina que la norma es constitucional o bien se determina que la norma es inconstitucional. Pero el Tribunal Constitucional no solo es el órgano encargado de validar las leyes sino que también es el máximo intérprete de la Constitución así que también realizan sentencias atípicas, es decir, fuera de la regla general, que se basan en no declarar la validez o nulidad de las normas impugnadas.
Pero el número de sentencias atípicas debe ser el mínimo posible, ya que se considera que el Tribunal Constitucional implicándose en temas que no son de su competencia puede traicionar el principio de conservación del ordenamiento ya que no sigue el precepto de reducir la constitucionalidad a lo imprescindible.
8 Un ejemplo de sentencias atípicas podrían ser las sentencias interpretativas que se basan en decir que una norma es constitucional pero solo y únicamente si se interpreta de un sentido específico, así el Tribunal Constitucional define ese único sentido posible.
Otra opción es dictar sentencias en las que se dice que cierto precepto es inconstitucional pero no se anula sino que la propia sentencia contiene un mandato al legislador para que lo modifique rápidamente. El problema de estas surge cuando además hace recomendaciones sobre el contenido ya que se implica y por lo tanto podríamos decir que el Tribunal Constitucional traiciona el principio de conservación cosa que pone en riesgo la seguridad jurídica del Ordenamiento jurídico.
4. La interpretación y la doctrina constitucional Existe una labor interpretativa por parte del Legislador y del TC: con precisión y límites. La actividad del legislador es la que va a dar unos contenidos más generales a las leyes del ordenamiento, por eso el TC tiene la labor de indicar cuando este se ha podido exceder o ha interpretado mal.
El TC para interpretar va a utilizar las misma técnicas que puede utilizar cualquier operador jurídico (generales), pero su estructura normativa peculiar hace que además se necesiten determinadas técnicas especiales, ya que si las normales no fuesen suficientes y se necesitaría recurrir a especiales relativas a la Constitución por la ambigüedad y el carácter abierto de ciertos preceptos y por los contenidos axiológicos. (Axiología: teoría de los valores)  Criterios interpretativos generales - Gramatical. Sentido de las palabras - Sistemático. Contexto unitario - Histórico. Antecedentes, aunque hasta el propio Tribunal Constitucional los ha definido como no determinantes.
 Teleológico. Finalidad, valores y principios.
Criterios interpretativos específicos - Unidad de la Constitución. Todas las normas constitucionales tienen que ser concebidas como actos normativos que tienen cierta posición en el sistema.
- Concordancia práctica. Ninguna norma constitucional en principio contradice a otra, hay que recurrir a la especialidad y siempre y a la hora de dotar de sentido a cierto artículo hay que hacerlo de manera que el posible sentido atribuido sea acorde a lo dictado por la Constitución., - Fuerza normativa de la Constitución. Todo lo que hay ya sea ambiguo, concreto... son normas y deben ser interpretadas como tales.
- Principio de corrección funcional. Este dice que toda interpretación de la Constitución debe realizarse teniendo en cuenta la división de poderes y la distribución competencial en el sistema que se establece.
Con la aplicación de todos estos se construye lo que se llama la doctrina constitucional, la jurisprudencia constitucional que es la suma de todas las manifestaciones interpretativas del ordenamiento y la constitución que se contienen en los fallos del TC en cualquier tipo de proceso constitucional.
Por lo tanto la doctrina constitucional es una fuente del Derecho que en parte innova el Ordenamiento, ya que lo dispuesto por esta se incorpora/expulsa al ordenamiento con el rango de norma interpretada o expulsada del mismo.
En todo caso esta doctrina son obligatorias para los jueces y tribunales (art. 5 LOPJ) cuando tengan que resolver algún 9 litigio, sobre todo cuando se trata de sentencias interpretativas, por tanto, es una argumentación que obligatoriamente tendrán que seguir los órganos judiciales incluyendo el Tribunal Constitucional.
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