Tema 6: La edad de la persona. La emancipación (2012)

Apunte Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Administración y Dirección de Empresas (BBA) + Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2012
Páginas 7
Fecha de subida 10/10/2014
Descargas 6

Vista previa del texto

Marcos  Sauquet  Trías   Derecho  Civil  I  –  Tema  6   Tema 6: La edad de la persona. La emancipación La edad es el tiempo que una persona física lleva viviendo desde su nacimiento hasta el momento en que se computa.
El derecho reconoce una mayor o menor aptitud para actuar jurídicamente acorde a la edad, así pues es ésta la que hoy determina, por regla general, la capacidad de obrar de la persona.
El transcurso del tiempo aumenta la inteligencia de la persona. Es decir la capacidad natural de entender y querer las cosas, y después asumir las consecuencias de lo que se hace. El derecho generaliza este desarrollo de la madurez uniendo a cada edad un determinado grado de capacidad de obrar.
El Ordenamiento Jurídico ha establecido la edad como determinante de las capacidades abstractas de la persona, determinando que se alcance la plena capacidad de obrar con la mayoría de obrar. Aún así, la regla general puede ser corregida, restringiendo la capacidad del que ha llegado a la edad plena (incapacitación) o adelantando la del que todavía no la ha alcanzado (emancipación).
La mayoría de edad Acorde al artículo 315.1 Cc y 12 CE, a los 18 años se alcanza la mayoría de edad y se obtiene capacidad de obrar plena.
El umbral de 18 años quedó establecido en el año 1978 por un Real Decreto Ley previo a la constitución. El artículo 322 del Cc contempla que el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales. Con la mayoría de edad la persona adquiere la plena capacidad de obrar y deja de estar sujeta a patria potestad (alcanza la independencia personal desde un punto de vista jurídico). La mayoría de edad se produce de modo automático y no depende de la voluntad del mayor o de quienes hasta entonces tenían la potestad sobre el, ni puede cambiarse la fecha.
Las excepciones previstas no atañen, en realidad, a la capacidad de obrar propiamente dicha, sino que establecen capacidades especiales para ciertos actos, o acaso prohibiciones específicas. Un ejemplo de excepción sería el caso de la adopción, que no se puede realizar si no se tienen 25 años.
A tenor del 315.2 para el para el cómputo de los años se incluirá el día completo del nacimiento, sin importar la hora en que éste se produjo.
Cabe destacar que, la jurisprudencia penal, prefiere tener en cuenta la hora del nacimiento para establecer la mayoría de edad por ser más favorable, ya que excluye los delitos cometidos el día del cumpleaños.
Esta obtención de la plena capacidad de obrar se basa en la presunción en que se tiene suficiente capacidad natural para tener plena capacidad de obrar. Es una presunción iuris tantum. Si se manifiesta la falta de capacidad natural de forma permanente, el derecho arbitra la posibilidad de incapacitar a la persona cuando existe una imposibilidad psíquica o física de autogobernarse. A esa Marcos  Sauquet  Trías   Derecho  Civil  I  –  Tema  6   persona mediante la incapacitación se le priva total o parcialmente de la capacidad de obrar. Gracias a la incapacitación se puede alargar la patria potestad de sus padres o otorgarla una tutela.
La incapacitación no es automática, se debe iniciar un proceso judicial.
La tutela se puede llevar a cabo por personas jurídicas y físicas. Si los padres fallecen y no hay nadie para ejercer la tutela, automáticamente la tutela será por parte de la Generalitat.
Hay tres excepciones de la obtención de capacidad de obrar plena con la mayoría de edad: la incapacitación, la emancipación y la exigencia de requisitos de edad especiales para determinados actos.
*Presunción iuris et de iuris: no se puede modificar a pesar de que se pruebe lo contrario Presunción iuris tantum: admite prueba en contrario para ser desvirtuado.
Menor de edad y su régimen jurídico Un niño es todo ser humano desde el momento en que nace hasta que alcanza la mayoría de edad.
El menor tiene capacidad jurídica y como regla general no tiene capacidad de obrar, pero conforme va adquiriendo capacidad natural, el Ordenamiento Jurídico le va reconociendo cierta capacidad de obrar limitada.
Al menor de edad, por regla general, no se le reconoce capacidad para gobernar su persona en términos generales.
Queda sometido a la patria potestad de sus padres, que no solo están obligados a alimentarlo sino también a velar por el y tomar las decisiones que crean oportunas, siempre que no sean directamente perjudiciales al niño. Si no puede gobernar su persona tampoco podrá gobernar sus bienes, no puede tomar decisiones jurídicamente vinculantes respecto al patrimonio. Los padres actúan como representantes legales del menor, por propia iniciativa y criterio sin estar sujetos a las instrucciones o deseos del menor, aunque, si éste tuviera suficiente juicio deberán oírle antes de adoptar cualquier decisión (154 Cc). Para algunos actos patrimoniales que el legislador considera de especial transcendencia los padres necesitarán previa autorización judicial.
Respecto a los contratos celebrados por menores éstos son anulables, pero no nulos de pleno derecho, ya que el menor no puede prestar válido consentimiento contractual. Esta anulabilidad no puede hacerla valer la persona mayor de edad que contrató con el menor, sino sólo éste, sin necesidad de alegar perjuicio, durante cuatro años a partir de la mayoría de edad o emancipación, o su representante legal hasta entonces. Ésto tiene como consecuencias practicas la exclusión del menor del tráfico jurídico, pues nadie querrá contratar con él en tales condiciones.
En general, es suficiente para la plena validez del contrato el consentimiento prestado por el menor con autorización previa o posterior confirmación de su guardador legal. Si el acto del menor por sí solo podría ser confirmado luego por su padre o tutor, no parece que haya obstáculo a que la declaración de voluntad de estos, previa o contemporánea al acto, lo haga válido desde el principio. En la práctica, es el guardador legal el que actúa en representación del menor o presta validez a lo hecho por éste. Se debe destacar que, en los casos en que los padres o tutores no podrían actuar sin autorización previa en Marcos  Sauquet  Trías   Derecho  Civil  I  –  Tema  6   representación del menor, tampoco es válido lo hecho por el menor con su consentimiento. Únicamente se consideraría válido sin autorización judicial si el menor hubiese cumplido los dieciséis años y consintiere en documento público.
El niño puede realizar ciertos actos por si solo sin consentimiento de sus padres, especialmente aquellos que la ley explícitamente estipula: • En la esfera patrimonial: o Un menor de edad con capacidad natural puede someter donaciones puras (que no están sujetas a obligaciones) o Un menor puede otorgar testamento notarial a partir de los 14 años o Podrán contratar su propio trabajo los menores mayores de dieciséis años siempre que vivan de forma independiente con consentimiento de sus padres o que tengan autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
o Los menores mayores de 16 pueden hacer acto de administración ordinaria los bienes que hayan ganado con su industria y trabajo, pero necesitan el consentimiento de los padres para los actos que la excedan.
• En la esfera personal: o A partir de los 14 años se podrá casar si hay dispensa judicial.
o Cumplidos los 14 años podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con el asentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación.
o Puede ejercer la patria potestad sobre sus hijos con asistencia de sus propios padres (salvo que esté emancipado).
o Un menor de edad puede reconocer un hijo extramatrimonial pero con autorización judicial.
o Con 14 años podrá optar por una vecindad civil, por la nacionalidad española o solicitar carta de naturaleza.
Existen otros casos de los que la ley no habla explícitamente pero se admitirá la validez de los actos celebrados por quien tenga aptitud psíquica para entender y querer aquel acto concreto. Ésto es lo que ocurre con la aceptación de donaciones puras y la adquisición de la posesión de las cosas, junto con los derechos que la posesión de éstas le otorga. El menor podrá realizar los actos precisos para la defensa y conservación de su derecho cuando no requieran una capacidad especial.
Los menores van desarrollando una actividad contractual creciente con arreglo a su edad. Cuando un menor contrata dentro de los límites que los usos señalan a su edad y situación, ha de presumirse que tiene una autorización tácita del guardador; o mejor que tanto él como su guardador han renunciado tácitamente a la impugnación del negocio. Así pues, aunque la ley no lo estipule explícitamente, se considerará, porque así lo aceptan los usos, que un niño puede comprar chucherías o una entrada de cine sin tener una autorización explicita de sus padres, pues se presumirá que existe autorización tácita. Los usos ordinarios consideran que el menor tiene capacidad natural para ciertas actividades.
Marcos  Sauquet  Trías   Derecho  Civil  I  –  Tema  6   La voluntad y la opinión del menor en el gobierno de su persona El derecho a ser oído, muy relacionado con el reconocimiento de la dignidad personal del menor, le confiere cierta intervención en las actuaciones o negocios relativos a sus estados civiles. Así pues se requerirá su consentimiento para la emancipación, ser adoptado (si es mayor de 12 años)… En estos casos y otros muchos la ley estipula una edad determinada, pero existen otros supuestos en los que se prevé una intervención del menor dependiendo de las condiciones de madurez concretas. De aquí que lo que dice el artículo 154 del Código Civil o el 9º de la Ley 1/1996 de protección jurídica del menor. Artículos en que se estipula que se deberá oír al menor antes de la adopción de decisiones que le afecten. Ésto no implica que la opinión del menor tenga carácter vinculante ni que las decisiones tomadas, en interés del menor, aún contra su opinión y deseos sean menos legítimas.
Prestaciones personales: Acorde al 162 Cc, se deberá tener el consentimiento del hijo, si tuviere suficiente juicio, para celebrar contratos que obliguen a éste. En caso de que el hijo no tuviese suficiente juicio se podrá celebrar un contrato de los padres en nombre propio que les vincula a ellos, y no a su hijo, a procurar un resultado del hijo.
Este artículo intenta regular los contratos celebrados fuera del ámbito laboral por los padres en representación del hijo, pues los contratos laborales son celebrados por el propio hijo con consentimiento de los padres.
Actos relativos a los derechos de la personalidad A tenor del 162.1 se exceptúa la representación de la representación legal de los hijos por sus padres los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo pueda realizar por si mismo.
Los actos relativos a los derechos de la personalidad son indisponibles, por lo que no son de disposición de los mismos ni creadores de obligaciones para el titular del derecho. El goce de los derechos de la personalidad más importantes no requieren capacidad de obrar alguna.
Respecto a la intromisión de terceros en aspectos personales se suele decir lo siguiente: Si la persona tiene discernimiento suficiente, sólo su voluntad puede legitimar la intromisión de tercero; si no lo tiene, sólo la necesidad o el beneficio del menor puede legitimar la intromisión en sus derechos de la personalidad: entonces, sin su consentimiento. En este último caso corresponderá a sus padres o guardadores o al Juez en casos extremos, dar la autorización.
La valoración del interés del menor que hacen los padres puede estar sujeta al criterio de una autoridad del Estado. Así pues, la prestación del consentimiento que legitima la intromisión en los derechos protegidos por la Ley de 1982 de protección al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, cuando no puede prestarlo el menor, se otorga “mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez.
La intervención del Ministerio Fiscal ante “la difusicón de información o la utilización de imágnenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses”, y esto “incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales”. Además, Marcos  Sauquet  Trías   Derecho  Civil  I  –  Tema  6   sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada o entidad pública”.
Es el menor el que ejercita el derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, de modo que los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.
Emancipación La emancipación es la salida de la patria potestad. En un sentido más técnico corresponde a una fase intermedia, que no tiene lugar siempre, en que un menor de edad es prácticamente equiparado a un mayor de edad. El menor adquiere casi la plena capacidad de obrar. En la esfera personal actúa como un mayor de edad pero en la patrimonial no completamente.
Según el Código civil las causas de emancipación son las siguientes (art. 314): • Con carácter general o Por matrimonio àart. 316, si se obtiene la dispensa judicial para el matrimonio y éste se contrae el menor podrá emanciparse. Es la única causa de emancipación que se aplica a menores que no han alcanzado los 16 años. Los requisitos son: mayor de 14 años y dispensa judicial para el matrimonio. No se necesita ninguna declaración dirigida a emancipar, sino por el hecho de haber contraído matrimonio válido.
• Solo aplicables a los menores sujetos a patria potestad o Por concesión de los que ejercen la patria potestadà El menor debe tener 16 años cumplidos, debe prestar su consentimiento y los que ejercen la patria potestad también deberán prestar consentimiento. No será necesario que se justifique la conveniencia de la emancipación. Debe ser presentado ante notario o juez encargado del Registro Civil para dar fe de los tres requisitos. Si se cumplen estos requisitos la emancipación es válida y obtiene efecto, es irrevocable. Se requiere inscripción en el Registro Civil de la emancipación para que tenga efecto ante terceros. Éste no es un requisito exigido para la validez de la emancipación, pero si para la validez ante terceros. (317 y 318) o Por concesión judicialà La emancipación es concedida por el juez a menores mayores de 16 años. Solo puede ser solicitado el niño, nunca por parte de los padres. Deberá haber previa audiencia de los padres (el juez deberá escuchar a los padres), pero lo que ellos digan no será vinculante, pues el juez atenderá a los intereses del menor. Además, el menor solo la podrá solicitar si concurre alguna de las causas establecidas: si hay segundas nupcias del progenitor que ejerce la patria potestad, si los progenitores viven separados o si se da cualquier otra causa Marcos  Sauquet  Trías   Derecho  Civil  I  –  Tema  6   que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad. (art.
322) o Por vida independienteà Es la única causa de emancipación que admite revocación. Se requiere: 16 años, que viva independientemente (que tenga independencia económica, que pueda satisfacer sus necesidades con sus propios recursos), que haya consentimiento de los padres (no hace falta consentimiento expreso, únicamente hace falta que los padres conozcan la vida independiente de su hijo y no se opongan a ella). No se requerirá audiencia del tutor. (art. 319) • Solo aplicables a menores sujetos a tutelaà en vez de usar emancipación se utiliza la expresión habilitación de edad o beneficio de la mayor edad o Por habilitación de edad o beneficio de la menor edadà Requisitos: debe ser mayor de 16 años, lo concede el juez, únicamente la puede solicitar el menor y deberá haber un informe del Ministerio Fiscal. (art. 321). No es el tutor quien puede acordar la terminación de la tutela, sino sólo el juez.
El 314 también habla de que la mayoría de edad es una causa de emancipación, aunque esto es técnicamente erróneo, pues la salida de la patria potestad por mayoría de edad no es emancipación.
Causas de emancipación según el Código Civil de Cataluña: • Por matrimonio • Por consentimiento de los que ejercen la patria potestad o la tutelaà Deberá ser mayor de 16 años, el menor deberá prestar consentimiento, se deberá otorgar en escritura pública y se deberá inscribir en el Registro Civil para que tenga eficacia ante terceros. En el caso de tutela, además de todo esto se requerirá autorización judicial y un informe previo del Ministerio Fiscal.
• Por concesión judicialà Deberá tener más de 16 años, es concedida por el juez, solicitada por el menor tanto sujeto a patria potestad como tutela. Deberá haber audiencia de los guardadores y previo informe del Ministerio Fiscal. Se exige la concurrencia de una causa que lo justifica: o bien imposibilidad de convivencia del menor con sus guardadores legales, o bien entorpecimiento o dificultad grave de convivencia. (21110 CcC) • Vida independiente del menorà Deberá tener 16 años, vida independiente y consentimiento de los padres o tutor.
En el CcC no hay tres grupos de clases de emancipación, sino que todas son generales y se pueden aplicar a los niños tanto si están sujetos a patria potestad como a tutela. El informe del Ministerio fiscal se solicita para velar mejor por la seguridad del niño.
Efectos de la emancipación Marcos  Sauquet  Trías   Derecho  Civil  I  –  Tema  6   Según el Código Civil Estatal, todas las emancipaciones producen los mismos efectos sin importar la vía seguida durante el proceso. La emancipación es una situación definitiva, excepto cuando se obtiene por vida independiente, caso en el que podrá ser revocada.
Por regla general el menor emancipado queda prácticamente equiparado al mayor de edad tanto en el ámbito personal como en el ámbito patrimonial. Aún así, hay excepciones por las que para según que actos el emancipado necesitará autorización de los que ejercían la patria potestad o el curador. El menor emancipado no podrá tomar dinero prestado, enajenar (vender, donar…) o gravar (una hipoteca, un aval…) bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el del curador. (art. 323 Cc) El menor no emancipado no puede actuar ni por si mismo ni por si solo, pero el menor emancipado puede actuar, en según que casos, por si mismo aunque no siempre por sí solo. El emancipado no podrá, además, ser administrador de una sociedad anónima.
El supuesto especial es que según el régimen de gananciales del matrimonio se requerirá consentimiento de los padres o curadores, si ambos son menores o únicamente de la pareja si uno de los dos es mayor.
El consentimiento debe prestarse individualmente para cada acto, aunque no tiene que ser necesariamente explícito. Los padres o el curador no representan al emancipado, sino que complementan su capacidad.
En cuanto al Código Civil de Cataluña, básicamente es lo mismo pero hay unas diferencias básicas (211-7 y 211-12 CcC). La primera es que la lista de excepciones es mucho más alta, así pues el menor emancipado Catalán tiene la capacidad más restringida. La segunda diferencia hace referencia a las personas que complementan la capacidad del emancipado en los actos que éste no puede realizar por si mismo, pues en Cataluña siempre será el cónyuge, si este es mayor de edad, y únicamente en caso de que no lo sea los padres o el curador.
...