Tema 12 1/2 (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Tipologías penales
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 28/04/2016
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TEMA 12 Delitos de falsedades I. TEORÍA GENERAL. FALSEDADES DOCUMENTALES Arts. 390–396; 400–400 bis CP Bien jurídico En los delitos de falsedad documental se protege la confianza y seguridad del ciudadano en el tráfico jurídico a través de la protección de las tres funciones atribuidas a los documentos: perpetuación, garantía y prueba. De este criterio se derivan dos consecuencias: a) son atípicas, por ausencia de antijuridicidad material, las falsedades burdas e inocuas por carecer de potencialidad para perturbar el tráfico jurídico; b) es necesario que el documento falsificado tenga vocación de introducirse en el tráfico.
Objeto material Concepto de documento El objeto material sobre el que recaen las conductas típicas es el documento. Se trata de una declaración corporeizada de una persona destinada a probar una relación jurídica. Según doc. y jur.may., para poder ser objeto material un delito de falsedad documental, todo documento debe cumplir tres funciones: de perpetuación, de garantía y probatoria.
La función de perpetuación se refiere a la capacidad del documento para materializar una declaración en un soporte, con vocación de perpetuarse en el tiempo.
La función de garantía alude a la capacidad del documento para identificar a su autor. Al autor de un documento normalmente se le reconoce mediante la firma, rúbrica o huella digital, aunque basta cualquier otro elemento en el documento que permita identificarlo. No es documento el anónimo, salvo que forme parte de otro documento que sí sea atribuible a su autor.
Por último, la función probatoria guarda relación con la capacidad del documento para ser instrumento de prueba de su contenido. El documento debe ser prueba de la declaración que se ha realizado, no de la veracidad de su contenido, salvo cuando la Ley así lo determine. La capacidad probatoria del documento depende de si se trata de un documento público o privado. La autenticación de una fotocopia le confiere el mismo carácter que corresponde al documento original.
El art. 26 incorpora un concepto legal de documento. Según este precepto, “a los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica”. Según doctrina y jurisprudencia, la noción de documento que recoge el art. 26 es más amplia que el concepto de documento como objeto material de los delitos de falsedad documental.
Clases de documento El CP distingue entre documentos públicos, oficiales o mercan- tiles y despachos transmitidos por servicios de telecomunicación, documentos privados, certificados y tarjetas de crédito y débito.
- Documentos públicos Son los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley (art. 1217 CC). Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste.
- Documentos oficiales a) Se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. También lo son los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o entidades; b) La jurisprudencia considera documentos oficiales el DNI, el pasaporte, visado emitido por un Colegio profesional, las recetas de la Seguridad Social, las notas de exámenes, el impreso de solicitud en un programa de metadona, el carné de conducir, los partes de alta o de baja de la Seguridad Social, la tarjeta de identidad profesional de miembro de la Guardia Civil, etc; c) Especialmente problemáticos es el caso de los denominados documentos públicos u oficiales por destino o incorporación (documentos en origen privados que se incorporan a expediente administrativo). Jur.may. considera que sólo son oficiales por destino o incorporación los documentos recepticios, esto es, los documentos privados que tienen como único fin su incorporación a un expediente administrativo.
- Documentos mercantiles a) La gran trascendencia de los documentos mercantiles en el tráfico jurídico explica su equiparación a los documentos públicos y oficiales. Jur.may. se muestra partidaria de un concepto amplio de documento mercantil, en virtud del cual lo será todo aquel documento que recoja operaciones de comercio. Doc.may. considera preferible interpretar restrictivamente el concepto “documento mercantil”. Se proponen dos criterios. El primero consiste en entender que sólo serán mercantiles aquellos documentos expresamente previstos en el C.Com. y demás leyes mercantiles, y que tengan una capacidad probatoria equiparable a los documentos públicos y oficiales. El segundo criterio consiste en exigir que el documento mercantil contenga un contrato que ostente validez según la legislación mercantil. b) De particular importancia entre los documentos mercantiles, particularmente importantes son las tarjetas de crédito y débito, a las que se dota de una protección específica.
- Otros documentos susceptibles de producir efectos en el estado de las personas o en el orden civil Se equiparan a los documentos públicos y oficiales ciertos documentos susceptibles de producir efectos en el estado de las personas o en el orden civil: certificaciones de matrimonio, testamento… - Documentos privados Certificados Lo son aquéllos que no son documentos públicos, oficiales ni mercantiles. En principio, se trata de documentos otorgados por un particular sin la intervención o autorización de fedatario público. Excepción: en ciertos ámbitos el particular tiene ciertos deberes administrativos de colaboración.
- Certificados En cuanto al concepto de certificado, no existe en el actual CP un concepto legal de “certificado” o “certificación”.
Por tales debe entenderse todo documento que advere algo. Se libra cuando, después de haber sido emitido, es entregado.
Falsedad en documento público, oficial o mercantil Arts. 390–393 CP Consideraciones generales Se distingue entre falsedades materiales y falsedades ideológicas. Las falsedades materiales suponen una intervención material del autor en el soporte del documento, que provoca una falta de correspondencia entre la declaración contenida en el documento y su autor, y la creación de una prueba documental inauténtica. Las falsedades ideológicas atentan contra la veracidad de los documentos, provocando una falta de correspondencia entre lo que se declara y lo que figura en el documento. El documento resultante constituye una prueba documental auténtica pero falsa.
Se trata, en todas sus modalidades, de un delito especial consistente en la in- fracción de deberes de veracidad, del que solo puede ser autor la autoridad o funcionario público. El requisito esencial consiste en que el sujeto se encuentre “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando la autoridad o funcionario público cometa la falsedad documental, pero no lo haga en el ejercicio de sus funciones, no se aplicará el art. 390.1.1º, sino el art. 392, con la circunstancia agravante prevista en el art. 22.7ª.
Por imposición del principio de legalidad, el particular nunca podrá ser autor del delito, sino, a lo sumo, partícipe.
A pesar de su condición de particular, el extraneus responderá por el mismo título de imputación que el autor.
Modalidades típicas - Alteración de elemento esencial de documento La primera modalidad exige la existencia previa de un documento, como diferencia fundamental con respecto a la modalidad de simulación parcial. Se produce una alteración de un documento en alguno de sus elementos de carácter esencial cuando, como consecuencia de añadir, sustituir o suprimir algo en el mismo, resulta afectada alguna de las funciones del documento. Para un sector doctrinal, la función de perpetuación resulta afectada cuando se destruye o se daña el soporte material. La función de garantía se altera cuando se sustituye la firma auténtica del documento por una falsa.
Según un sector de jurisprudencia, cuando el abuso de firma sea medio para cometer una estafa deberá apreciarse concurso medial de delitos entre éste último y el de falsedad documental. Por último, la función probatoria se altera, p. ej., cuando se modifica la fecha de un documento. Son atípicos los casos de declaración mendaz escrita mediante “contrato criminalizado”.
Cuando la conducta típica sea realizada por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. Cuando se trate de un particular, la pena será de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
- Simulación de documento Tiene lugar una simulación de documento cuando se elabora ex novo un documento inauténtico. Resulta afectada, por ello, la función de garantía atribuida al documento.
Se discuten especialmente los denominados casos de “negocio jurídico simulado”. Se trata de aquellos supuestos en los que la declaración que contiene el documento pertenece al sujeto que la emite, pero dicha declaración refleja un negocio jurídico que no se corresponde con la realidad.
No obstante, doc.may. y jur.min. entienden que la subsunción de los casos de simulación de negocio jurídico en el art. 390.1.2 es contraria al principio de legalidad.
Cuando la conducta típica sea realizada por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. Cuando se trate de un particular, la pena será de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
- Suposición falsa de intervención de persona en un acto El término “suponer” significa fingir que una persona que en realidad no ha intervenido en un acto sí lo habría hecho. El término “intervención” no se refiere a cualquier presencia, sino a participación en el acto, esto es, a una presencia significativa. Es típica la conducta consistente en fingir la letra, firma o rúbrica de otra persona.
En el caso de la firma, es necesario que la imitada sea la firma auténtica.
Se discute si sólo puede ser sujeto del delito un fedatario público o también puede serlo un particular. Se defiende dos posturas: a) nada se opone a que determinados particulares con deberes de veracidad equiparables a los de ciertos fedatarios públicos puedan ser autores del tipo; b) Sólo puede ser sujeto activo el fedatario público: el documento emitido por el particular es privado o mercantil, y esta clase de documentos no prueban la correspondencia de su contenido con la realidad. Jur. ha acogido el primero de estos dos puntos de vista.
Cuando la conducta típica sea realizada por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. Cuando se trate de un particular, la pena será de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
- Falsa atribución de manifestaciones Se castiga la atribución a personas que sí habrían intervenido en el acto de declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. El precepto presupone, por tanto, la intervención de la persona en el acto y la realización por su parte de manifestaciones.
Cuando la conducta típica sea realizada por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. Cuando se trate de un particular el art. 392 sólo impide al particular ser autor de la modalidad prevista en el art. 390.1.4º, un sector doctrina también cuestiona que pueda serlo de las falsedades previstas en el art. 390.1.3º, inciso II.
- Faltar a la verdad en la narración de los hechos En esta modalidad relativa a sólo puede ser autor la autoridad o funcionario público. Se trata de un delito especial propio consistente en la infracción de un deber jurídico especial de veracidad. La expresión “faltar a la verdad” alude a una falta de congruencia entre los hechos narrados y los que el correspondiente documento debería narrar.
El término “hechos” no se refiere exclusivamente a conductas o actos de una persona, sino a datos de la realidad.
No obstante, aunque el particular no puede ser autor del delito previsto en el art. 390.1.4º, se discute sobre la posible tipicidad de los supuestos en los que un particular realiza declaraciones inveraces ante un fedatario público que autoriza o interviene en la expedición de un documento público u oficial. Lo mismo ocurre con los casos en los que un particular hace constar datos falsos que hacen constar en documentos destinados a autoridades administrativas. Doc. y jur.may. entienden que, en general, en unos y otros casos la conducta del particular es impune, al carecer éste de un deber jurídico consistente en que sus declaraciones se correspondan con la realidad. No obstante, el CP recoge algunas excepciones a este principio. Existen delitos que consisten en la infracción por parte del particular de determinados deberes jurídicos de veracidad.
- Falsedad imprudente El delito consiste en la infracción de deberes de diligencia recogidos en la normativa extrapenal. Son atípicos los supuestos de falsedad cometidos por imprudencia leve. Son típicos, en cambio, los supuestos en que, por imprudencia grave, un fedatario público falta a la verdad en la narración de los hechos.
La punición se extiende a los casos en que, como consecuencia de la falta de diligencia de la autoridad o funcionario público, otro comete la falsedad.
En caso de que la conducta del fedatario público se considere típica, doc. may. considera que el principio de legalidad impide hacer responder al particular que le induce a error mediante engaño como autor mediato, debiendo hacerlo, a sumo, como partícipe.
- Tráfico o utilización de Documento Nacional de Identidad falso Este precepto dispone un tratamiento específico para el tráfico y la utilización de un documento nacional de identidad falso. El documento nacional de identidad tiene la consideración de documento oficial. Para que el uso de documento nacional de identidad falsificado por sujeto distinto al falsificador sea típico no es preciso que sea presentado en juicio, ni tampoco que la utilización del documento se lleve a cabo para perjudicar a otro. En cuanto a la pena, la de multa es de tres a seis meses menos un día, mientras que la de prisión es de seis meses a un año.
Cuando la utilización del documento nacional de identidad se lleve a cabo para perjudicar a otro, o consista en la presentación en juicio del documento falso, seguirá resultando formalmente aplicable el art. 393, que entrará en concurso de leyes con el nuevo art. 392.2.
El nuevo art. 392.2 considera el uso de documento nacional de identidad falso un caso especialmente grave de utilización de documento oficial falso.
En cuanto a los supuestos de tráfico de documentos nacionales de identidad falsos por parte de sujeto distinto al falsificador, el nuevo art. 392.2 representa un importante incremento de la pena asignada a la conducta. El legislador iguala penológicamente el tráfico de DNI a su falsificación.
El acto de tráfico puede producirse “de cualquier modo”. No obstante, para que la pena asignada al delito resulte proporcionada a la mayor gravedad del hecho en comparación con el mero uso de documentos de identidad falsos, es preciso realizar una interpretación restrictiva del concepto “tráfico”, reservando para el precepto únicamente aquellas conductas que constituyan una contribución relevante a la difusión de documentos de identidad falsos entre terceros.
- Presentación en juicio o utilización de documento público, oficial o mercantil falso Doc. y jur.may. entienden que el delito consiste en la utilización o presentación en juicio por persona distinta a la persona creadora del documento falso o certificado o que hubiese participado en dicha falsificación.
El término “juicio” debe ser interpretado como sinónimo de procedimiento judicial en cualquier orden jurisdiccional. La presentación podrá ser espontánea o como consecuencia de un requerimiento judicial. Hacer uso significa utilizarlo extrayendo un servicio. La expresión “documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes” se refiere a documento sobre el que haya recaído una acción constitutiva del tipo de injusto del art.
390 o 392, sin necesidad de que dicha acción sea culpable y punible.
En cuanto al tipo subjetivo, es necesario el conocimiento de la falsedad por parte del sujeto que lo utiliza (“a sabiendas de su falsedad”). La expresión “para perjudicar a otro” alude a un elemento subjetivo del tipo cuyo contenido no debe ser necesariamente económico.
Concursos La doctrina señala con frecuencia el carácter instrumental del delito de false- dad documental, ya que suele ser medio para cometer otro delito.
Con estafa agravada mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio. En la doctrina se defienden tres posturas: concurso de leyes, a resolver en favor del delito de estafa agravada por aplicación del principio de consunción; concurso medial de delitos entre falsedad y tipo básico de estafa, porque aplicar el tipo agravado infringiría el principio non bis in idem; concurso medial de delitos entre falsedad y tipo cualificado de estafa, sin que se entienda conculcado el principio non bis in ídem.
Con delitos de presentación en procedimientos concursales de datos falsos relativos al estado contable, falseamiento de cuentas anuales y delito contable: concurso de leyes, a resolver en favor del segundo por aplicación del principio de especialidad.
En cuanto a la problemática relativa a la unidad y pluralidad de acciones, deberá apreciarse una sola acción cuando, a pesar de la existencia de una pluralidad de manipulaciones referidas a uno o varios documentos, dichas manipulaciones respondan a la realización de una única decisión volitiva, y se realicen de modo simultáneo o en un breve espacio de tiempo. En caso contrario, procederá apreciar delito continuado.
Con el delito de falso testimonio suele apreciarse, en cambio, un concurso de leyes a favor del este último delito, en atención al principio de alternatividad.
Cuestiones procesales No se vulnera el principio acusatorio si se acusa por una conducta dolosa y se condena por otra imprudente. Se discute si existe vulneración de tal principio cuando se acusa por un delito de falsedad en documento público, oficial o mercantil y se condena por uno de falsedad en documento privado cometido por particular.
Falsificación de despachos transmitidos por servicios de telecomunicación Art.394 CP El fundamento de la menor punición de estas conductas reside en la limitada capacidad probatoria de los despachos telegráficos y de los restantes despachos de los servicios de telecomunicaciones. Por “despacho telegráfico” debe entenderse el telegrama que ya ha salido de los servicios de telecomunicaciones. No se precisa que el telegrama haya llegado a poder de su destinatario. Se discute si deben concurrir en dichos objetos materiales los elementos propios de un documento. La suposición o falsificación debe ser realizada por “autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación”, esto es, debe producirse antes de que el despacho salga de dicho servicio.
El principal objeto de discusión reside en quién puede ser autor del tipo. Dos posturas: a) sólo la “autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación”; b) cualquier persona, ya que ni el tenor literal del precepto ni su fundamento material lo impiden.
Falsedad en documento privado Arts. 395, 396 CP Falsificación de documento privado En la primera modalidad resultan especialmente problemáticos los casos de abuso de firma en documento total o parcialmente en blanco. El primer supuesto es atípico, ya que un documento completamente en blanco no es, en realidad, un documento. Sí es típica, en cambio, la conducta consistente en rellenar los espacios en blanco de un documento de forma que comporte una alteración.
Presentación en juicio o utilización de documento privado falso El delito consiste en la utilización o presentación en juicio por persona distinta a la persona creadora del documento falso o certificado. Es necesario conocimiento de la falsedad por parte del sujeto que lo utiliza.
Especialmente problemáticos en la práctica son los casos de uso en España de documento falsificado en el extranjero, ya que en estos supuestos la jurisdicción española no es competente.
Por lo que hace a los concursos, en el caso de la estafa jur.may. aprecia un concurso de leyes, a resolver en favor de este delito por aplicación del principio de consunción, al exigir el tipo que el uso del documento falso se haga “para perjudicar a otro”, y ser el perjuicio económico, a su vez, uno de los elementos de la estafa. En cuanto al falso testimonio, suele apreciarse concurso de leyes a favor de éste, por aplicación del principio de alternatividad.
Falsificación de certificado Art. 397–399 CP Cuestiones generales La certificación o certificado deberá considerarse falso cuando, faltando a la verdad en la narración de los hechos, certifique como cierto algo que no lo es. Las falsedades de certificados o certificaciones constituyen tipos privilegiados del delito de falsedad en documento oficial, en su modalidad de faltar a la verdad en la narración de los hechos.
Falsificación de certificado cometida por facultativo “El facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de multa de tres a doce meses”. La doctrina propone dos interpretaciones del término “facultativo”: a) interpretación sistemática, en relación con los arts. 222 y 303.2, relativos a la receptación y otras conductas afines; b) interpretación extensiva, como sinónimo de “perteneciente a una Facultad”. Cuando el facultativo es funcionario público, el precepto constituye un tipo privilegiado del delito previsto en el art. 390.1.4º.
Falsificación de certificado cometida por autoridad o funcionario público “La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años”. Teniendo en cuenta que las certificaciones emitidas por autoridad o funcionario público son documento público u oficial.
Falsificación de certificado cometida por particular Se castiga al particular que falsifique una certificación de las designadas en los arts. 397 y 398. Por “particular” debe entenderse todo aquel sujeto en quien no concurran las condiciones de autoría que exigen dichos preceptos.
Junto a la conducta consistente en la utilización de la certificación a sabiendas de su falsedad, ya prevista anteriormente, la reforma añade la cláusula “así como al que sin haber intervenido en su falsificación traficare con ella de cualquier modo”. Resulta cuestionable, de este modo, si puede cometer este último delito quien haya intervenido previamente en la falsificación de la certificación. La respuesta debe ser negativa. En tal caso se planteará un concurso de leyes que deberá ser resuelto en aplicación del principio de consunción a favor del tipo de falsificación (art. 399.1). La nueva cláusula resulta problemática, además, porque provoca la equiparación penológica de dos conductas posteriores a la falsificación de la certificación cuyo contenido de injusto es completamente distinto: el uso de certificaciones falsas y la distribución de tales documentos falsos con el objeto de conseguir su difusión a terceras personas y, con ello, la facilitación de su uso por terceros.
Falsificación de certificado en el extranjero Hasta la reforma, resultaban particularmente problemáticos en la práctica son los casos de uso en España de certificación falsificada en el extranjero. En estos supuestos, la jurisdicción española no es competente, excepción de aquellos delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. El legislador reformista incorpora al art. 399 un Ap. 3, en el que se hace extensivo el precepto a los casos en los que el certificado aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado en España.
Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje Cuestiones generales El legislador penal ha pretendido disponer un tratamiento específico para la falsificación de tales medios de pago.
Por lo que hace al objeto material del delito las tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje, hasta la entrada en vigor del CP 1995, la falsificación de tarjetas de crédito y tarjetas de débito y cheques de viaje era considerada como una falsificación de documento mercantil.
Pese a que en atención a su naturaleza jurídica tanto las tarjetas de pago como los cheques de viaje son documentos mercantiles, desde un punto de vista político-criminal un importante sector doctrina se muestra contrario a la equiparación penal de las primeras a los segundos, por considerar este segundo medio de pago de menor entidad en el tráfico comercial.
Concepto de tarjeta de crédito y tarjeta de débito Son tarjetas de crédito aquellas que facilitan la función de pago o cumplimiento de las obligaciones de dinero con las personas que prestan un servicio o venden bienes mediante la concesión de un crédito al titular de las mismas. Por el contrario, una tarjeta es de débito cuando permite realizar compras en establecimientos conectados informáticamente con la entidad emisora, que tras conceder la oportuna autorización para realizar el gasto, carga la operación directamente contra la cuenta corriente que el titular debe tener abierta, y con fondos suficientes, en una entidad financiera.
Resulta cuestionable si otras clases de tarjeta análogas a las de crédito y débito tienen cabida en el art. 399 bis. Ello ocurre, en primer lugar, con las tarjetas de caja abierta o permanente. Se trata de aquellas tarjetas que únicamente permiten a su titular obtener fondos y realizar otras operaciones típicamente bancarias a través de las redes de cajeros automáticos de una determinada entidad. Presuponen la preexistencia de una cuenta o depósito asociado a la tarjeta. Puesto que, en opinión de la doctrina dominante, esta modalidad de tarjeta no constituye medio de pago, deberá quedar excluida del ámbito de aplicación.
En el caso de las tarjetas de compra o de cliente, se trata de aquellas tarjetas elaboradas por una empresa dedicada a la explotación de un negocio, que sirven para facilitar a su titular determinadas ventajas en cuanto al pago de los bienes o servicios que éste adquiera en sus establecimientos. Cuando la tarjeta sirva para conceder un crédito, o como medio de pago, resulta perfectamente subsumible en el concepto “tarjeta de débito”. En cambio, cuando la tarjeta que ahora nos ocupa funcione, p. ej., como instrumento de pago aplazado, su falsificación será punible como falsedad en documento mercantil, y no como falsificación de moneda.
Lo mismo sucede con las tarjetas monedero, esto es, aquellas tarjetas en cuya memoria es posible cargar una cierta cantidad de dinero, para después utilizarlo en diversos establecimientos con el objeto de realizar pequeñas compras. La doctrina mercantilista considera, de forma mayoritaria, que tales tarjetas no son tarjetas de débito.
La doctrina penalista se encuentra dividida. Para algunos autores la falsificación de una tarjeta monedero es falsedad de moneda. Para otros, falsificación de documento mercantil.
Queda claramente excluida del art. 399 bis la libreta de ahorros habilitada como tarjeta para operar en cajeros automáticos mediante la inserción de una banda magnética.
Por su parte, los cheques de viaje (traveller’s checks) son títulos valores libra- dos por instituciones bancarias, financieras o grandes compañías turísticas a nombre de una persona que los firma en el momento de su emisión.
Conductas típicas - Alteración, copia, reproducción o falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje Art. 399 bis CP Las tres primeras conductas típicas previstas son, en realidad, modalidades de la cuarta conducta.
Mención especial merece la alteración de tarjetas de crédito.
“Las tarjetas de crédito o débito son medios de pago que tienen la consideración de ‘dinero de plástico’, que el art. 387 del Código penal equipara a la moneda, por lo que la incorporación a la ‘banda magnética’ de uno de estos instrumentos de pago, de unos datos obtenidos fraudulentamente, constituye un proceso de fabricación o elaboración que debe ser incardinado en el art. 386 del Código penal”.
La pena prevista es la de prisión de cuatro a ocho años, es claramente inferior a la asignada a los casos de falsificación de moneda del art. 386.
Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.
Se halla prevista la responsabilidad penal de la persona jurídica, siendo posible la imposición para la sociedad delictiva de alguna de las penas recogidas en las letras b) a g) del nuevo art. 33.7, párr. III.
- Tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados destinados a la distribución o tráfico Se trata de un delito de emprendimiento o preparación, análogo a los de fabricación, importancia, puesta en circulación y tenencia de medios preordenada para la comisión de un delito contra la propiedad intelectual, tenencia de precursores en los delitos contra la salud pública o fabricación o tenencia de medios para falsificar moneda o documentos.
La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados es una conducta preparatoria o de emprendimiento con respecto a la distribución o tráfico de aquellos documentos falsos. No obstante, las conductas de distribución o tráfico de tarjetas de crédito falsas no se encuentran expresamente previstas en el Código, ya que no se trata de simples conductas de “uso”. Así lo evidencia la pena de prisión de dos a cinco años prevista para esta última conducta.
La distribución o tráfico debe subsumirse en el art. 399 bis. 2, y recibir, por tanto, la misma pena que el delito de emprendimiento. Tal circunstancia provoca una evidente vulneración del principio de proporcionalidad de la pena.
Si el autor de la conducta ha intervenido previamente en la falsificación del documento, se dará un concurso de leyes a resolver a favor del art. 399 bis 1, en atención al principio de consunción, por ser la tenencia un acto posterior copenado con respecto a la falsificación.
- Utilización de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados Se recoge la utilización, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados. La exigencia de que la conducta sea realizada “a sabiendas de la falsedad” parece excluir del círculo de posibles autores a los falsificadores.
- Cuestiones procesales Se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer el delito previsto.
Disposiciones comunes a los delitos de falsificación de moneda y efectos timbrados y los delitos de falsedad documental Arts. 400, 400 bis CP Delitos de emprendimiento o preparación Art. 400 CP Se incriminan expresamente determinados actos preparatorios, aunque formalmente presentan la estructura de tipo consumado. Tras la LO 1/15 se incorporan al catálogo de conductas típicas, junto a la fabricación y la tenencia, la “recepción” y la “obtención”; y al de posibles objetos materiales, junto a los útiles, materiales, instrumentos, sustancias, máquinas, programas “informáticos” y aparatos, los “elementos de seguridad” y “otros medios”, en una suerte de cláusula de recogida. Deben ser objetivamente idóneos para realizar por sí solos la fabricación.
Utilización de documento auténtico por sujeto no legitimado Art. 400 bis CP Aquellos supuestos en los que el uso tiene por objeto un documento “auténtico”, pero es realizado “por quien no esté legitimado para ello”. El precepto sólo se refiere a casos que tengan por objeto documento, despacho, certificación o documento de identidad falsos. No se extiende, en cambio, al art. 399 bis (tarjeta de crédito y débito y cheques de viaje falsos), por lo que no resulta aplicable a los controvertidos supuestos de utilización de tarjeta de tarjeta de crédito o débito por sujeto distinto a su titular previa sustracción sin fuerza, violencia o intimidación.
El objeto material de la conducta típica recogida en este precepto consiste en un documento, despacho, certificación o documento de identidad “auténtico”. Según el art. 400 bis, lo que convierte el documento auténtico en falso es su uso “por quien no esté legitimado para ello”.
En aquellas situaciones en las que quien, sin encontrarse legitimado para ello, hace uso del documento auténtico para hacerse pasar por su titular, aparentemente se produciría un concurso medial de delitos entre el delito de falsedad documental y el de usurpación del estado civil. No obstante, debe tenerse en cuenta, a tales efectos, que usurpar significa quitar a alguien lo que es suyo de forma permanente. Por esta razón, en el delito de usurpación del estado civil no basta con un solo acto esporádico de suplantación, es necesario que haya cierta permanencia y continuidad en la sustitución.
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