Tema 4 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Contratación y Actividad de la Administración
Profesor N.D.L.M.
Año del apunte 2014
Páginas 9
Fecha de subida 08/04/2015
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Contratación y actividad de la administración Bloque II TEMA 4. LA ACTIVIDAD DE POLICÍA O DE ORDENACIÓN 4.1 Evolución histórica y significado actual.
Nos encontramos con que la actividad de policía no es nueva, sino que existía ya en el antiguo régimen, aunque ha ido sufriendo una transformación: • En el antiguo régimen esta actividad equivalía a cualquier intervención de carácter público y estaba destinada a ordenar la vida social. En definitiva, venía a ser un atributo que tenía el rey y que lo ponía en práctica para garantizar el orden.
• En el siglo XVIII la actividad de policía se refiere a garantizar el orden público, no solo por lo que respecta a la seguridad en las calles, sino que tenía que ver con la salubridad y la tranquilidad. En estos términos se expresaba la Constitución de 1912.
• En el Estado Liberal la actividad de policía se reducía únicamente a tutelar el orden público. Esto es así porque en el ámbito económico no intervenía para nada el Estado.
• En el Estado social, des de finales del s. XIX la intervención de la administración incrementa progresivamente y se refleja en diversos ámbitos, como en la creación de un sector empresarial público. En definitiva, se produce un incremento del control administrativo sobre la economía.
Paralelamente a este control va desarrollando una actividad de ordenación que viene a ser muy sensible en determinados sectores, con una regulación cada vez más detallada En el ejercicio de las actividades de policía se va a hacer primar que se reduzcan los márgenes de discrecionalidad administrativa y que se someta a la AP al control judicial.
• Hoy en día nos encontramos con que se ha producido un cambio en el rumbo de la economía y efectivamente, ha habido una excesiva intervención de los sectores públicos en este ámbito. Esto ha llevado a un exceso de regulación. La consecuencia de esto es que el contrapeso se ha buscado en la liberalización del régimen de las actividades económicas. Esta liberalización se ha traducido, por ejemplo, en la desregulación por una parte y en el cambio en las formas de intervención y control administrativo por otra.
Además, a esto le acompaña el cómo se han acentuado el control y la intervención de las entidades de crédito y de las entidades del mercado de valores, siendo que incluso se han impuesto obligaciones de transparencia a las sociedades que cotizan en bolsa, exigiéndoles que informen al público sobre su sistema de administración interna (tienen que dotarse de un código de buen gobierno corporativo).
Junto a esto se está produciendo una multiplicación de los entes reguladores, que quiere decir que ya no solo se condiciona a las entidades privadas a través del estado, sino que aparecen las CCAA, los entes locales y la UE, además de organizaciones internacionales.
Podríamos decir, por consiguiente, que estamos en un momento en el cual los poderes públicos tratan de ordenar y controlar las actividades privadas para salvaguardar el interés general. A través de esto, se pone de relieve como actualmente no es que se haya dejado de intervenir en la vida económica y social, sino que se interviene de forma distinta.
31 Contratación y actividad de la administración Bloque II 4.2 Los principios informadores de la actividad de policía.
4.3 La clasificación de las principales medidas de policía administrativa.
Dicho esto, las finalidades de la actividad de control se trata de conciliar dos intereses: la satisfacción del bien común con la libre iniciativa privada. Esto se traduce en garantizar la seguridad, que no se refiere solo a garantizar el orden público en la calle, sino a garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades. Esta libertad se traduce en distintos ámbitos (seguridad industrial, alimentaria, etc.).
Al servicio de esta actividad de policía hay ciertos INSTRUMENTOS. Por un lado hay instrumentos de ordenación y por otros instrumentos propiamente de control: 1. Instrumentos de ordenación: podemos encontrar: a. La ley y los reglamentos: en primer lugar es a través de las leyes que se regula el ejercicio de las actividades privadas, salvaguardando los intereses generales. Esto no quiere decir que las leyes no vayan acompañadas de los reglamentos correspondientes o que no haya normas europeas. En todo caso, sean cuales sean estas normas, lo que éstas harán será imponer limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades de las actividades privadas.
En el art. 53.1 de la CE se impone el principio de reserva de ley, donde no solo se refiere a los derechos fundamentales, sino a otros tales como el derecho de la propiedad.
Por tanto, es una ley la que primeramente va a determinar qué puede y qué no puede hacer un particular. Incluso diríamos, más: esa ley que va a intervenir es una ley que en ocasiones será orgánica y en otras no será necesario (cuando no se trate de derechos fundamentales).
Los reglamentos que se aplican han de ser reglamentos que desarrollan una ley, no reglamentos ex novo.
En todo caso, las leyes de intervención que la AP aplique van a tener que respetar el principio de proporcionalidad, un principio que es muy importante y que aparece recogido en la Ley 30/92 art. 39 bis, que fue introducido con ocasión de la directiva de transposición de servicios (2006/123): elegir la medida menos restrictiva, motivar la necesidad de la medida y la justificación de su adecuación para lograr los fines que se persiguen. Lo que supone que a la hora de elegir los diferentes instrumentos de control, estos tienen que cumplir con los requisitos de la proporcionalidad.
b. Los planes: este es un instrumento de ordenación distinto de los reglamentos, aunque en determinados casos se les atribuya carácter de norma reglamentaria, por lo que se puede impugnarlos si hay alguna irregularidad que se pueda corregir. A partir del siglo XX este instrumento se ha vuelto extremadamente importante en todos los niveles de intervención del Estado. El plan en general y los programas de acción administrativa son instrumentos que reflejan los objetivos de la administración.
La AP también aprueba planes de una forma indicativa o concertada para orientar las actuaciones de los particulares (por ejemplo, planes de desarrollo turístico).
Lo importante es que tengamos presente que en todos estos planes se va a seguir una mecánica de procedimiento que, solo en el caso del plan hidrológico nacional y algunos otros de ordenamiento de los territorios autonómicos y de protección del medio ambiente (que se aprueban por ley y por tanto se impugnan por recurso de inconstitucionalidad), los demás van a poder ser objeto de recurso ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.
32 Contratación y actividad de la administración Bloque II c. La autorregulación técnica: Son normas técnicas que elaboran organizaciones privadas y que aceptan empresas de determinados sectores y se declaran vinculantes por parte de la AP. Son normas que contiene especificaciones, características de productos determinados, de construcción, distribución, etc. La mayoría de ellas se aprueban a través de reglamentos.
Encontramos que cada vez es más frecuente que aparezcan organizaciones privadas que gozan de reconocimiento por las empresas de un determinado sector, a las que se les llama organismos de normalización. Se conocen por normas ISO y no tienen una naturaleza jurídica pública, por eso se las llama de autorregulación, porque implica la aceptación de las empresas implicadas.
2. Instrumentos de control: a. Inspección y vigilancia: se desarrollan en ámbitos con el propósito de que se asegure el cumplimiento de la legislación comunitaria.
i. Vigilancia: nos referimos a una actividad material de control de actividades privadas, con el objetivo de prevenir y de reprimir determinadas alteraciones de la legalidad.
Por eso se habla de potestad de vigilancia ejercida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Por ejemplo la guardia forestal. Por eso decimos que esta actividad se está ejerciendo por organizaciones privadas.
ii. Inspección: actividad formalizada que trata de garantizar que se cumplen una serie de derechos, deberes, límites, prohibiciones… Y por eso el art. 39 bis punto 2 dice que las AP velaran por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente para lo cual podrán comprobar, verificar, inspeccionar, comprobar los hechos, actos elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan. Normalmente, esta actividad va a comportar que la AP adopte una decisión administrativa que afecte al sujeto a inspeccionar. En otros casos la inspección tiene simplemente un mero objetivo de mejorar la información y a la vista de esto puede establecer medidas distintas.
Esta es una potestad administrativa que en muchos casos comporta el ejercicio de autoridad, por tanto, quien ejerce esta función debe ser funcionario público. Está función está reservada a ellos, en garantía de la imparcialidad y para proteger los derechos de los particulares afectados. Esto demuestra que en el ejercicio de esta actividad se va a seguir siempre un procedimiento administrativo que regula para cada tipo de inspección diferentes normas.
La regulación de esta actividad busca cumplir con el principio de eficacia y dotar a quien ostenta esta actividad de las facultades necesarias para cumplir los objetivos.
b. Imposición de deberes documentales y de registro: la imposición de este deber nace de un acto administrativo, no de una norma reglamentaria, y estos actos pueden ser de diferentes tipos; por ejemplo, singulares o generales (en función de a quién se dirige), o pueden ser negativas o positivas (en función de tener que hacer o no hacer algo).
En algunos casos, tienen un carácter preventivo, queriendo evitar posibles lesiones del interés público, o un carácter directivo, para dirigir la actuación del particular para proteger el interés público, o un carácter reparador, para restablecer una situación que se ha visto alterada. Para que pueda la AP dictar un acto de este tipo, tiene que existir previamente una habilitación legal; en definitiva, estos actos administrativas están sujetos a la habilitación legal expresa previa.
33 Contratación y actividad de la administración Bloque II La AP tiene que cumplir, al imponer estas órdenes, con el principio de proporcionalidad; es decir, las autoridades competentes de acuerdo con la Ley y los Reglamentos podrán dictar órdenes y prohibiciones estrictamente necesarias (solo caben estas, no más).
Además, estos actos que contienen deberes son actos de gravamen y como tales, se exige que la AP los motive cuando los dicte. Se distinguen de lo que se conocen como requerimientos, pues estos tienen un carácter más bien declarativo de un deber, mientras que el acto administrativo que impone una orden tiene un carácter constitutivo; aun así, incumplir uno como otro es una infracción.
c. Suministro de información: la AP no puede llevar a cabo un control exhaustivo de todas las actividades de los particulares, de tal manera que no hay medios materiales ni personas para hacerlo. Ante esto se impone que los particulares y empresas tengan que proporcionar información determinada a la AP, de forma periódica y que guarde relación con la actividad que desarrollan.
A veces, esta obligación de información, no se produce de una forma general, sino porque la AP requiere al particular específicamente información (cuando la Agencia tributaria nos pide datos de trascendencia tributaria).
En todo caso, sea de carácter general o particular, existe un deber d secreto que deben cumplir las AP sobre los datos que ponen en su conocimiento, de tal manera que solo van a cederse estos datos cuando exista un interés público prevalente que impone que se tenga que suministrar.
d. Deberes de registro y documentales: i. Registro: en determinadas ocasiones, el que te impongan la inscripción en un registro tiene no solo deber publicitario, sino una eficacia constitutiva de la personalidad jurídica y, en muchos casos, de carácter autorizatorio.
ii. Documentales: Junto a estos, aparecen los deberes documentales que exigen que una determinada documentación se tenga que guardar o presentar para el cumplimiento de determinadas obligaciones.
e. Evaluaciones y auditorías: son instrumentos más recientes; cuando se pone en marcha una auditoría se pretende conocer determinadas actividades. estas evaluaciones y auditorias, pueden tener un carácter simplemente interno, es decir, va dirigidas a saber el funcionamiento de la propia AP y sus empleados y servicios que presta; esto se denomina Auditorías de Gestión Económica y Financiera. Existen además evaluaciones realizadas por la AP o por encargo de ésta cuyo objeto son empresas privadas, y estas evaluaciones van a vincularse luego a la concesión o no de determinadas autorizaciones, entre otros.
En determinadas ocasiones la AP necesita la colaboración de entidades privadas y en ocasiones, de los propios sujetos administrados. Por ejemplo, en el sector industrial la AP recaba al organismo de control autorizado de colaboración que se someten a procesos de verificación para que puedan actuar y que controlaran el cumplimiento de la organización.
Nos podemos encontrar que se lleve a cabo un control por parte de entidades de certificación y éstas van a tener como objetivo controlar el cumplimiento de las normas de la organización industrial. En supuestos en que la empresa voluntariamente se somete a un control por razones de interés público serían, por ejemplo, a las empresas a las que les interesa contar con el distintivo de etiqueta ecológica, a lo cual se le añade la posibilidad de que en determinadas ocasiones se busque la colaboración técnica para que cuenten con el sistema EMAs (un verificador ambiental).
34 Contratación y actividad de la administración Bloque II 4.4 Las medidas de condicionamiento: la autorización administrativa, la comunicación previa y la declaración responsable.
A) LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA La autorización administrativa es un instrumento habitual en el que tradicionalmente se perseguía permitir la habilitación para ejercer un derecho que ya tenía (por ejemplo, una licencia de obras, se le autoriza a ejercer un derecho que ya tenía).
La denominación de autorización no es más que una denominación genérica par referirse a muchas otras. En todo caso, de acuerdo con el reglamento de los procedimientos para el otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones entendemos por autorización todo aquel acto administrativo, cualquier que sea su denominación específica, por el que el uso de una potestad de intervención legalmente atribuida a una AP se permite a los particulares el ejercicio de una activa previa comprobación de su adecuación al ordenamiento jurídico y valoración del interés público afectado. Se está habilitando a un particular el ejercicio de una actividad no reservada a la AP en origen, por lo que si hablamos de un uso privativo de un bien público, no estaremos ante una autorización, sino ante una concesión.
Todas estas denominaciones son autorizaciones y también las inscripciones con carácter habilitante, porque así lo preceptuó la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
Tipología: - Personal / real: las personales se otorgan en función de la persona (inscripción en el colegio de abogados), mientras que las reales se otorgan en función de la actividad (licencia de obras).
- Mixtas: personales y reales a la vez (instalar una oficina de farmacia, para lo cual se requiere que quien solicite la autorización sea farmacéutico [personal] pero además que la oficina reina unas características [real]) y es posible que la podemos transmitir (pues las reales son transmisibles, pero las personales no).
Regladas / discrecionales: si son regladas, la AP solo controlará la legalidad de lo que se puede hacer, mientras que si son discrecionales, la AP va a comprobar que no queden intereses de terceros o públicos perjudicados, por lo que va a utilizar una serie de elementos reglados, pero va existir una estimación subjetiva por parte de la AP para conceder esta autorización (autorizaciones medioambientales). Si se deniega la autorización discrecional, tendrá que motivarse.
- Simples (por actividad) / operativas (de funcionamiento): las autorizaciones simples son para realizar una sola actividad, la que se solicita que se autorice, mientras que las operativas se refiere a una actividad continuada, que puede tener un plazo determinado o carácter indefinido.
No existe un régimen jurídico general o básico, aunque sí que es verdad que, por impacto de la Directiva de Servicios de derecho comunitario, se ha establecido una regulación que ha incluido nuestro ordenamiento que ha provocado que se hayan aprobado dos normas básicas: Ley 27/2009 (ley paraguas) y Ley 25/2009 (ley ómnibus). La primera reproduce literalmente la Directiva de Servicios, mientras que la segunda es una ley que comportó la reforma de una serie de leyes con propósito de lo que establece la Directiva de Servicios.
35 Contratación y actividad de la administración Bloque II Hoy ha impactado también la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que establece la exigencia de una autorización administrativa 1 previa par ale acceso a una actividad económica, pero con carácter excepcional, e impone que esta exigencia solo se puede establecer por ley. En todo caso, establece que se tienen que respetar el principio de proporcionalidad y de necesidad, motivando suficientemente que se exija la autorización. Concurren estos principios en cuatro supuestos distintos: - Respecto de los operadores económicos, si está justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, que no pueda salvaguardarse mediante la presentación de una declaración del responsable; - Para el caso de infraestructuras o de instalaciones destinadas a actividades económicas, cuando pueda generar daños sobre el patrimonio urbano, la seguridad pública o el patrimonio histórico artístico; - Cuando por la escasez de recursos naturales, la autorización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos, el número de operadores económicos en un actividad deba ser limitado; - Cuando así lo disponga la normativa de la UE o convenios y tratados internacionales, incluyendo la aplicación el principio de precaución en su caso.
El art. 17 de esta Ley nos dice que, para el cumplimiento de estos supuestos deben concurrir tres requisitos conocidos como triple test: - Que el régimen establecido no sea discriminatorio respecto del prestador.
- Que la necesidad de establecer un régimen de autorización esté justificada por una razón imperiosa de interés general.
- Que el objeto perseguido no se pueda conseguir mediante una medida menos restrictiva, porque, tal y como dice la Ley paraguas, un control a posteriori sería demasiado tarde para ser eficaz. Esto no existe solo a nivel estatal, pues en el art. 84 bis de la Ley de Bases de Régimen Local se busca, de alguna forma, que se impongan medidas menos restrictivas, aunque es verdad que para determinadas actividades se exige una autorización, como puede ser en el ámbito urbanístico. Sí que es cierto que se suaviza la exigencia cuando se trata, por ejemplo, de obras menores, en cuyo caso no se exige licencia (por ejemplo, una pequeña obra en mi casa).
Concluimos pues que la Ley de garantía de mercado considera que concurren estos requisitos en los 4 supuestos distintos que nombramos.
Los requisitos y criterios para poder aprobar una autorización son, según la Ley paraguas, los del cumplimiento del triple test (vemos que son los mismos en ambas leyes). Esta exigencia se impone con carácter general e incluso también cumpliendo con las exigencias de la Directiva de servicios NO cabe la posibilidad de que se incluyan o se condicione la autorización a requisitos de naturaleza económica (como puede ser, por ejemplo, la demostración de una necesidad económica o demanda en el mercado). A modo de ejemplo, existe en la normativa catalana de equipamientos comerciales una exigencia en función de los metros cuadrados que fue impugnada.
Tampoco será posible que se exija un requisito que tenga que ver con el lugar de fabricación de los productos o el lugar de origen del operador económico.
1 La autorización administrativa supone un control previo, por lo que se diferencia de la declaración responsable y la comunicación previa, que operan con un control a posteriori.
36 Contratación y actividad de la administración Bloque II El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones administrativas ha de ser claro, objetivo, inequívoco e imparcial. En definitiva, se trata de un procedimiento reglado y que normalmente se inicia a instancia de los interesados.
Una vez ha finalizado el plazo para resolución expresa sin respuesta la Ley entiende que las autorizaciones se otorgan por silencio positivo. Aun así, esta norma general se establece para favorecer las tendencias liberalizadoras, pero existen en la realidad una serie de excepciones, como que en aquellas actividades que supongan un riesgo para los intereses público o por razones de interés general el silencio se considerará denegatorio.
Además, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, en su art. 7 (procedimiento de otorgamiento) busca el que se simplifiquen los procedimientos de autorización, de tal manera que se puedan realizar a través de medios electrónicos y lo que se conoce como ventanillas únicas, como ya establecía la Ley paraguas en su art. 8. Es verdad que ha habido inversiones por parte de los Gobiernos para favorecer esto, pero no se está cumpliendo efectivamente en la práctica.
Muchas veces la Administración limita estas autorizaciones, por distintas razones, como en el caso de que afecten a un bien de dominio público.
Se aplican en el procedimiento los principios de publicidad, de objetividad y concurrencia.
Estas autorizaciones tienen un tiempo limitado, que se pueden renovar, pero no de forma ilimitada. La duración y la transmisibilidad va a depender del tipo de autorización. Hay autorizaciones que se extinguen al cumplir con el objetivo para el cual se solicitó (por ejemplo, no puedo pedir licencia para hacer obras en mi jardín y, al cabo de un tiempo, sin pedir otra autorización, me pongo a hacer obras en la habitación de mi hijo). A veces se impone la obligación de renovarla, aunque en otras existe una prórroga de la misma. La regla es en función del tipo de autorización.
Es importante tener en cuenta que las autorizaciones, especialmente por lo que respecta a las de carácter real, se van a considerar siempre otorgadas sin perjuicio de tercero. Esto es, la autorización no va a entrar a cuestionar el objeto de la licencia (por ejemplo, yo pido una licencia para hacer obras en una vivienda y añadirle un piso. Pues en este caso, la admin. no entra a comprobar si esa vivienda es realmente mía o no).
Por lo que respecta a la eficacia territorial, la ley de unidad de mercado, en su art. 20, establece que las autorizaciones, licencias y comunicaciones tienen plena eficacia en todo el territorio nacional, sin que se puedan exigir nuevos requisitos. Sí que es verdad que en determinados ámbitos competenciales esto puede ir en contra de la regulación autonómica. Esto no opera en el caso de obligaciones reales relativas a una infraestructura, ni tampoco en el caso de autorizaciones de ocupación de un espacio de dominio público, entre otros.
En relación a las causas de extinción de las autorizaciones, hay regulación diversa, de manera que nos encontramos con que se puede revocar en los casos de (por ejemplo): una desaparición sobrevenida de las causas por las que se otorgo la autorización, o porque aparecen nuevos criterios de apreciación (normas posteriores que contienen la exigencia de nuevos requisitos o porque se considera que no se otorgó correctamente.
En el supuesto que se hagan peticiones concurrentes o acumulativas, la normativa pide que se establezca un procedimiento de otorgamiento único y que se articule y se resuelva de forma determinada por una sola autoridad, a través de la ventanilla única. Esto, sin embargo, es tan solo el propósito, pues a la práctica la 37 Contratación y actividad de la administración Bloque II realidad es otra. A esto se le añade que, por ejemplo, la LBRL exige que las entidades justifiquen las necesidades de mantenimiento de la actividad cuando son concurrentes con otras autorizaciones que otorgan otras administraciones. Dice que esta justificación la han de basar en que el interés general que pretenden proteger con la autorización local no está protegido a través de las otras autorizaciones que se exigen.
B) LA DECLARACION RESPONSABLE Y LA COMUNICACIÓN PREVIA Se trata de un control posterior. Es verdad que en ocasiones se impone a los obligados la obligación de comunicar a la AP de que va a realizar una determinada autoridad, aunque sea una actividad libre. Por ejemplo, para el ejercicio del derecho de manifestación se ha de comunicar a la AP se ha de producir la consiguiente comunicación.
La Ley 30/92 explica en qué consiste la declaración responsable y trata de imponer una serie de fórmulas flexible que simplifican el procedimiento y que comportan un control a posteriori.
La declaración responsable y la comunicación previa han sufrido una pequeña transformación en este texto, puesto que aparecen como una técnica principal y no auxiliar. Es decir, hasta ahora, cuando hablábamos de ellas nos referimos documentos que acompañaban a una autorización (auxiliares), en cambio, aquí estas técnicas son principales y por el simple hecho de presentarlas se produce el acceso a una actividad.
Además, esta declaración responsable (art. 78 bis) impone que el interesado que la presenta cuenta, en ese momento, con los documentos que avalan su derecho para realizar la actividad. Además, el interesado, aunque los tenga, no está obligado a acompañar la declaración responsable con esos documentos, ya que lo único que tiene que hacer es manifestar, bajo su responsabilidad, de que dispone de esos documentos.
En tercer lugar, si nos vamos a normas sectoriales, nos encontraremos con que la declaración responsable se usa para zonas más variadas: en ocasiones nos encontramos con que acompañan a autorizaciones; en otras se establece la declaración responsable como si fuese una autorización (porque habla como tal) e incluso en otras, la confunde con la autorización.
La Ley dice que se entiende por comunicación previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la AP competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el requisito de una actividad (art. 70.1).
Vemos que no distingue la comunicación de la declaración responsable. En definitiva, ambas pueden servir en buena parte para lo mismo, pero es que además, nos encontramos con que el art. es tan ambiguo que no sabemos, por ejemplo: - si producen sus efectos a partir de su presentación o si queda a lo que dictamine cada norma - no se regula el procedimiento a seguir para que se declare el cese de la actividad cuando el interesado esté en alguna causa que determina ese cese de la actividad - tampoco se dice nada de si se puede subsanar la falta de documentos que tienen que aportar 38 Contratación y actividad de la administración Bloque II - - tampoco regula si, tras presentar los documentos el interesado, la AP tiene que operar automáticamente o tiene que arbitrar algún mecanismo que a lo mejor le lleva a negociar con el interesado, consentirle vía silencio, etc.
tampoco se dice la validez territorial que tienen estas declaraciones responsables o comunicaciones previas no se habla de la validez temporal de estos títulos, causas de suspensión, etc.
Por lo que a la eficacia respecta, la Directiva de servicios establece un control a posteriori y, efectivamente, dando cumplimiento a esta exigencia, con carácter general, producen sus efectos a partir del día de su presentación. Por tanto, la regla general es la eficacia inmediata de esa declaración o esa comunicación, pero es verdad que hay autores que entiende que la Administración siempre va a poder oponerse a esa actividad que se pretende antes de que la eficacia empiece a producirse. Incluso la Ley dice que la comunicación podrá presentarse en un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
Por último, estas declaraciones y comunicaciones que se pretendan no son solicitudes, por lo que no vamos a aplicar para nada los criterios que se aplican en las relaciones entre administrados y administración. Los conflictos se resuelven vía incumplimiento del interesado, ya que no se está dictando ningún acto administrativo. Si se da falsedad, inexactitud u omisión de carácter general de cualquier dato o bien no se presentan ni la declaración ni la comunicación, esto determinará la imposibilidad de poder continuar con el ejercicio de la actividad, lo que es una incongruencia. Además, si la AP dicta una resolución en la que declara que efectivamente los documentos aportados son inexactos, etc. podrá determinar la obligación del interesado a restituir la situación jurídica previa al inicio de la actividad, imponiéndose la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado.
Estas son formulas que van a aparecer condicionadas a la regulación específica correspondiente por razón de territorio.
Permanentemente, las AP están obligadas a tener publicados modelos de declaraciones responsables u comunicaciones previas.
4.5 Las medidas de constancia: inventarios y registros (Remisión a epígrafe 4.3 d.) 4.6 Las medidas de comprobación: acreditación, normalización, homologación, e inspecciones técnicas 4.7 La incidencia de los poderes públicos sobre los derechos de los particulares y las medidas ablatorias: delimitación, limitación y sacrificio (Remisión tema 7) 39 ...