procesos de ejecucion parte 21 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura procesos de ejecucion y procesos civiles especiales
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 03/08/2017
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optativa de 4º curso UAM

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Para conceder estas medidas previas hay que acudir a lo previsto en el artículo 771 LEC, tiene que primero una fase alegatoria y luego una fase probatoria y luego viene la decisión por medio de auto. Para que nos concedan las medida previas hay un procedimiento que es el del artículo 771 LEC que consta: de una fase alegatoria que es el escrito de medidas previas y la contestación del otro cónyuge. Luego a estas medidas previas que se piden, que son cualquiera de las establecidas en el artículo 102 y 103 CC, hay que probar no sólo la urgencia de la medida sino la necesidad de la misma a través de los medios de prueba que están en la LEC (por eso hemos dicho que están en desuso completamente).
Las medidas previas se piden por uno de los cónyuges (recordar que aquí aún no hay mutuo acuerdo ni demanda).
Se puede pedir: la custodia de los hijos, la prohibición de que salgan del territorio nacional, el uso de la vivienda.
A la vista de esta solicitud el Secretario Judicial va a citar a los cónyuges y al Ministerio Fiscal si hay menores o incapaces a una comparecencia para que logren, si es posible, un acuerdo. A esta comparecencia siempre tienen que acudir las partes en persona con su abogado y con su procurador, si no aparece alguna de las partes es como si le diera la razón a la parte contraria. Si las partes no están de acuerdo en esa comparecencia (seguimos en las medidas previas) se pasa a la prueba, es decir, cada parte propone las partes de las que intente valerse. Estas pruebas se van a practicar no sólo las que las partes propongan sino también de oficio aquellas que el juez proponga (dependiendo del asunto). Finalizada la comparecencia se decide por medio de auto respecto de las medidas previas (aún no estamos en la demanda) y este auto no es recurrible. Las medidas previas son una facultad de las partes, es decir, las pueden pedir o no y como ya he dicho antes no se suelen usar.
La interposición de la demanda se tiene que hacer en los 30 días siguiente a la solicitud de las medidas previas. La demanda es una demanda ordinaria del artículo 399 LEC con su encabezamiento, el cuerpo y el suplico. A esta demanda hay que acompañarla, como siempre, con el certificado de matrimonio, los certificados de nacimiento de los hijos (en su caso), los documentos en que la parte funde su derecho y si se solicitan medidas de carácter patrimonial los documentos de que disponga el actor que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges (por ejemplo: nóminas, declaraciones tributarias).
En la demanda hay que establecer la argumentación en la que se basan las medidas propuestas por el actor y proponer pruebas para acreditarlas (por ejemplo: respecto de la patria potestad, del régimen de visitas, del régimen de vacaciones, la custodia compartida, pensión compensatoria…). El petitum de la demanda ha de contener todas las pretensiones que la parte quiera que se le concedan como la guardia y custodia de los hijos, el petitum tiene que hacer referencia al uso del domicilio conyugal, a la pensión compensatoria y además en la demanda también se pueden pedir medidas cautelares que van a servir para asegurar el cumplimiento de la sentencia.
Además se propondrá ya como anticipación una serie de pruebas en la demanda, por ejemplo: que se libre algún tipo de oficio con carácter público o bien ya aquí aportamos manifestaciones del pediatra de los niños diciendo quién los lleva siempre al mismo, o informes del tutor del colegio… todo va encaminado a lograr el triunfo del suplico.
A continuación hay que hablar de las medidas provisionales (como ya hemos dicho las medidas previas se piden antes de la interposición de la demanda). Las medidas provisionales hay que pedirlas por escrito, por un escrito distinto del de demanda (tenemos un escrito de demanda y otro de medidas provisionales, que están íntimamente relacionadas). Las medidas provisionales y la demanda van a dar lugar a dos piezas separadas, una el pleito normal que se inicia por la demanda y otra que es la pieza de las medidas provisionales.
¿Qué se pide en las medidas provisionales? - uso del domicilio - guarda y custodia régimen de visitas régimen de vacaciones contribución a las cargas del matrimonio (todavía hay matrimonio y no ha recaído la sentencia y se pide la contribución a las cargas del matrimonio, son medidas provisionales hasta que recaiga la sentencia. Esta contribución a las cargas del matrimonio engloba la pensión de alimentos de los hijos y la pensión compensatoria al cónyuge y además también todo lo referente a las cargas del matrimonio. Por ejemplo: el pago de la hipoteca).
Entonces tenemos que las medidas provisionales son por escrito (distinto del de demanda) y se presentan una serie de medidas que son provisionales mientras se tramita el pleito (con sus correspondientes recursos).
¿Qué se pide en la demanda? Lo mismo que en las medidas provisionales pero ya no se pide la contribución a las cargas del matrimonio porque ya no va a haber matrimonio. Se pide, desglosadamente, la pensión compensatoria y las pensiones a los hijos hasta que alcancen una independencia (no la mayoría de edad).
Tenemos como ya hemos dicho dos piezas, pero lo que ocurre normalmente es que el órgano jurisdiccional las tramita conjuntamente, pero puede que no. Aunque lo más común es que sea vea conjuntamente y por eso cuando se llama a la comparecencia se ve tanto la demanda como el escrito de medidas provisionales, por razón de economía procesal.
El procedimiento sigue el esquema básico del artículo 753 LEC: fase alegatoria + fase probatoria + sentencia; pero se siguen los trámites del juicio verbal. El Secretario Judicial va a dar traslado de la demanda a la parte contraria y al Ministerio Fiscal siempre que haya hijos menores o incapaces. Hay que tener en cuenta que cuando estamos en un procedimiento ordinario que NO es matrimonial lo que se trata es de convencer al Juez de que yo tengo la razón, sin embargo en este procedimiento matrimonial se trata simplemente de resolver el petitum (toda la actividad probatoria va encaminada a conseguir el petitum). El Secretario Judicial es el que admite a trámite la demanda y emplaza a las partes y al Ministerio Fiscal (en su caso) para que contesten en el plazo de 10 días (artículo 438 LEC). Si se han concedido medidas previas entonces se convoca a las partes a una comparecencia para decidir si éstas deben complementarse, prorrogarse o modificarse. Si se han solicitado medidas provisionales o bien había medidas previas pero no se pidió la prórroga de las mismas, entonces hay que convocar a las partes a una comparecencia ante el órgano jurisdiccional para tratar el tema de las medidas provisionales.
Hay que tener en cuenta que esto que estamos viendo va discurriendo por su propios cauces ante el órgano jurisdiccional, quiere decirse por tanto que la comparecencia y la vista muchas veces por razones de economía procesal se hace coincidir, pero son dos piezas separadas.
La contestación es igual a todas las contestaciones del juicio ordinario. En la LEC se establece por principio general que en los juicios verbales no cabe reconvención, pero en los procesos matrimoniales en la contestación a la demanda si que cabe reconvención. Ejemplo: si se le ha pedido la separación puede reconvenir y pedir el divorcio; si se le ha demandado de nulidad puede reconvenir y pedir la separación; puede también pedir otras medidas definitivas que no hayan sido solicitadas en la demanda (si no hubiese reconvención las medidas circunscribirían a las medidas que ha pedido el actor, es decir, no cabrían la petición de otras medidas y se estaría ante una gran desventaja).
En la demanda y en la contestación (en su caso) se piden las medidas definitivas que son aquellas que van a perdurar cuando recaiga la sentencia.
Contestada la demanda se puede pedir la suspensión del pleito para acudir a la mediación excepto que el conocimiento del procedimiento corresponda a los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Las medidas provisionales y la demanda se sustancian de manera simultánea. En la vista principal se resuelven mediante auto que no es recurrible y estas medidas provisionales van a mantener su vigencia hasta que recaigan las medidas definitivas (las que estén en la sentencia firme). La vista de este juicio es igual que la vista del verbal pero con una particularidad: las partes tienen que comparecer necesariamente con su abogado y con su procurador y si no comparece alguno se considera que admite los hechos alegados de contrario. Las pruebas se practican en la vista y las que no se puedan practicar en la vista se practicarán en un plazo que no puede exceder de 30 días (artículo 770 LEC). El órgano jurisdiccional de oficio puede acordar las pruebas que estime convenientes y sobre todo tiene que velar por el cumplimiento del derecho a ser oídos de los menores e incapacitados; esto es lo que se llama exploración del menor, que debe ser llevada a cabo en los términos más favorables y menos traumáticos para los intereses del menor.
Para la guarda y custodia cuando hay contradicción de las partes, ya en la demanda cuando se prevé que va a haber conflicto o cuando surja él mismo ya se le pide al órgano jurisdiccional que se proceda a un informe psicosocial que tiene que ser llevado a cabo por psicólogos del órgano jurisdiccional.
Las partes, en cualquier momento del proceso contencioso, pueden decidir que continúe por los trámites del artículo 777 LEC, es decir, que se transforma el proceso contencioso en proceso de mutuo acuerdo. Para ello, lógicamente, tienen que estar de acuerdo los dos y entonces finaliza el contencioso y va a continuar por el procedimiento de mutuo acuerdo.
La competencia objetiva la tienen los Juzgados de Primera Instancia, que serán juzgados de familia pero que no son juzgados especiales sino que son juzgados especializados para conocer de estas cuestiones atendiendo a la LOPJ. También tienen competencia los Juzgados de Violencia contra la Mujer, pero para que conozcan éstos para este tipo de procesos es necesario que se cumplan alguno de los siguientes requisitos: - que alguna de las partes sea víctima de actos de violencia de género (artículo 87 LOPJ) - que alguna de las partes sea imputada como autor, cómplice, encubridor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia contra la mujer - también tendrán competencia en el supuesto de que se hayan iniciado ante los Juzgados de Violencia contra la Mujer actuaciones penales como consecuencia de la comisión de un delito o falta contra la mujer.
Una vez que se ha iniciado el procedimiento (matrimonial) ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer, éste mantiene su jurisdicción (perpetuatio iurisdictionis). Esto significa que la competencia ante éstos órganos no está condicionada en absoluto al resultado de la causa penal. Sin embargo esta vis atractiva de los Juzgados de Violencia contra la Mujer pierde totalmente su efecto cuando se pone fin al proceso penal, por tanto a partir de ese momento van a ser las normas de competencia establecidas en el artículo 769 LEC las aplicables. O sea que mientras dura el procedimiento civil que se ha iniciado ante los Juzgados de Violencia porque concurría alguna de las circunstancias mencionada el Juzgado de Violencia mantiene su competencia con independencia de lo que ocurra en el proceso penal, sin embargo una vez que termina el proceso penal ya pierde la competencia. Ejemplo: cuando ha terminado el proceso civil y lo han conocido los Juzgados de Violencia, sin embargo con el paso del tiempo se produce un incidente de modificación de medidas que tiene lugar porque las circunstancias de las partes han variado sustancialmente (no han variado poco). De este incidente de modificación de medidas ya no va a conocer el Juzgado de Violencia sino los Juzgados de Primera Instancia o Juzgados de Familia. Por otro lado, el artículo 49 LEC contempla la posibilidad de que el Juzgado de Primera Instancia pierda su competencia objetiva en los casos en que se produzcan actos de violencia contra la mujer, es decir, que un proceso iniciado ante los Juzgados de Primera Instancia en el momento de producirse actos de violencia y se tenga conocimiento de los mismos pasa a ser competencia de los Juzgados de Violencia contra la Mujer.
En cuanto a la competencia territorial rige el fuero del domicilio de la víctima cuando conocen los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Cuando conocen los Juzgados de Primera Instancia o los Juzgados de Familia entonces será el domicilio conyugal, el lugar del domicilio conyugal y si no hay un último domicilio conyugal será el lugar de residencia del demandado ...

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