Organización Territorial del Estado, TEMA 8 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Organizació Territorial del Estado - Constitucional 2
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 22/10/2014
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TEMA 7 – Las relaciones institucionales de las CCAA Relaciones entre el Estado y las CCAA Las relaciones institucionales son necesarias para un mejor ejercicio de las competencias respectivas. El TS ha entendido que el principio de colaboración es inherente al modelo de organización territorial de la CE (aunque la CE no haga referencia a este principio, se deduce del modelo territorial) ! principio de colaboración: es un criterio general de funcionamiento de los entes, mediante el cual éstos se relacionan entre sí, con el fin de mejorar el ejercicio de sus competencias (actuación positiva de cada ente). La colaboración no significa que un ente se inmiscuya en las responsabilidades de otro, sino que fruto de la colaboración, las funciones de cada uno se ven reforzadas por la actividad del otro y pueden desarrollarse con mayor eficacia.
Además del principio de colaboración, hay otras en sentido amplio: • La cooperación: comporta un ejercicio competencial conjunto • La coordinación: implica cierta dirección por parte del Estado central en el ejercicio de competencias autonómicas • La lealtad institucional: exige el respeto y la consideración de las competencias del resto de entes.
Algunos de estos principios han sido acogidos por la CE y EEAA.
Los EEAA+CE han exigido las relaciones bilaterales y multilaterales Instrumentos de relación A. Ayuda mutua, lealtad institucional, información y asistencia Art.174 EAC afirma que la Generalidad y el Estado se prestan ayuda mutua y colaboran para el ejercicio eficaz de sus competencias y para la defensa de sus intereses.
Art.3.1 EAC cita la lealtad institucional como principio que fundamenta las relaciones de la Generalidad con el Estado La ayuda mutua + lealtad institucional ! se trata del establecimiento, como principio de funcionamiento en las relaciones institucionales, de los deberes recíprocos de información y de asistencia.
El deber de asistencia consiste en la obligación de las administraciones públicas de prestar, en su ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que otras administraciones puedan solicitar para el ejercicio eficaz de sus competencias. la asistencia se facilita, por ejemplo, mediante el uso de infraestructuras o la aportación de medios materiales. El ente reclamado puede negarse a prestar ayuda porque no dispone medios suficientes por ejemplo, pero esta decisión, puede estar sometida a control jurisdiccional.
B. Coordinación Sirve para articular las competencias del Estado central con las de las CCAA con la finalidad de evitar contradicciones o reducir disfunciones que, de subsistir, podrían impedir o dificultar la eficacia del sistema. Esta técnica permite al Estado imponer una orientación a los entes en el ejercicio de sus competencias.
La coordinación está prevista en la CE y en los supuestos previstos, es obligatoria, aunque se puede ampliar voluntariamente: • Obligatoria: prevista en los arts. 149.1.13ª (ámbito de actividad económica), 149.1.15ª (ámbito de investigación científica), 149.1.16ª (ámbito de la sanidad) de la CE.
La coordinación rige el procedimiento básico a seguir pero no las decisiones concretas.
Por ello, la coordinación implica un cierto poder de dirección y permite establecer un límite al ejercicio de competencias • Voluntaria: será más o menos intensa de acuerdo con la necesidad que tengan las CCAA. No se crea una competencia nueva en favor del Estado, sino que éste está a expensas de que las CCAA lo acepten y participen voluntariamente en instancias comunes o sigan procedimientos conjuntos más allá del mero intercambio de opiniones, pudiéndose desvincular en cualquier momento. Las CCAA mantienen intactas sus competencias y pueden permanecer al margen de los instrumentos de coordinación establecidos de común acuerdo por las otras CCAA junto con el Estado.
C. Conferencias sectoriales D. Colaboración bilateral La participación de la CCAA en las instituciones del Estado Esta participación se centra básicamente en tres mecanismos o vías: 1. La iniciativa legislativa de las CCAA y la iniciativa de reforma constitucional (art.
87.2 CE: dice “que las CCAA mediante sus asambleas legislativas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o ante el Congreso una proposición de ley”; habrá una toma de consideración y una defensa de la iniciativa por vía de tres comisionados de las CCAA.
Respecto a la iniciativa de reforma constitucional, tanto ordinaria como agravada, se remitirá a los art. 87.1 y 166 CE.
Las CCAA pueden participar en el procedimiento legislativo estatal: • • Directamente: presentando una proposición de ley ante las CG (art.87.2CE). este procedimiento tiene 2 fases: o Etapa autonómica: se establece el procedimiento dentro de la CA. Los EA y los reglamentos parlamentarios autonómicos establecen su regulación que sigue la tramitación ordinaria de una proposición de ley y tiene la particularidad de que se designan unos parlamentarios, como delegados del parlamento autonómico, para que la defiendan en el Congreso.
o Etapa estatal: La proposición se presenta ante la Mesa del Congreso que decide el trámite de su toma en consideración ante la cámara estatal y de admitirse, sigue el procedimiento ordinario de aprobación Indirectamente: solicitud al Gobierno central para que éste adopte un proyecto de ley y se tramite en las Cortes ! permite a las asambleas legislativas de las CCCAA solicitar al Gobierno central la adopción de un proyecto de ley, el cual, de ser presentado ante las CG no precisará someterse al acto de toma en consideración. El procedimiento previo autonómico es el mismo que en el caso anterior y luego, en la etapa estatal, seguirá la tramitación ordinaria de los proyectos gubernativos.
2. La participación de las CCAA en el Senado (mediante nombramiento de senadores en las asambleas autonómicas): 1 por cada CCAA + 1 por cada millón de habitantes.
(libro)Según la CE art.69.1 “El Senado es la cámara de representación territorial”, pero ni por su composición ni por sus funciones consigue ser la cámara de representación de las CCAA. La composición del senado es dual: 1) Una parte de los senadores, 4 por provincia, es elegida de acuerdo con un sistema electoral mayoritario (208 senadores) 2) El resto de senadores, 1 por CA + 1 por cada millón de habitantes de la respectiva CA, es designado por los parlamentos autonómicos (58 senadores más) Con respeto a los senadores de designación autonómica, su procedimiento de designación es determinado por cada CA. Normalmente se realiza por un sistema proporcional de distribución de los puestos de senador de acuerdo con las cuotas de representación política existentes en los parlamentos autonómicos (ej. art.61.a.EAC). La variación de la regulación se produce respecto a los requisitos que deben concurrir en los candidatos a senador autonómico (ej.si deben ser o no parlamentarios). Estos senadores permanecen en sus puestos al compás de la legislatura autonómica, no del mandato estatal.
3. La propuesta de magistrados del TC al Senado y otros órganos e instituciones estatales: La reforma del reglamento del Senado y de la LOTC en 2006, conlleva a participación de las CCAA en el nombramiento de los magistrados del TC. Al Senado le corresponde el nombramiento de 4 magistrados y a la CCAA la propuesta de 2 candidatos, que a posteriori serán elegidos por el Senado. El art.16.1 LOTC “Los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentador por las asambleas legislativas de las CCAA en los términos que determine el Reglamento de la cámara”. La regulación de la cámara indica:”El presidente del Senado comunicará a los presidentes de las asambleas legislativas de las CCAA la apertura del plazo para la presentación de las candidaturas. Cada asamblea legislativa podrá, en este plazo, presentar hasta dos candidatos…” ! la participación autonómica en la designación de los magistrados del TC se limita a la fase de presentación de candidatos y no implica que el Senado deje de ser titular de dicha facultad. De acuerdo con la STC 100/2008, ante la falta de idoneidad de los candidatos propuestos o la presentación de un número insuficiente, el Senado debe disponer de mecanismos para proponer otros candidatos, para cumplir con su obligación constitucional. La participación se concreta pues, en una propuesta que puede o no, se seguida por el Senado.
El EAC también participa en el nombramiento de miembros del CGPJ, del Banco de España, del Tribunal de cuentas, de la Agencia Tributaria, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, entre otros (art.180 y 182 EAC). En cambio, no puede proponer miembros del TS, porque necesita una reforma de LO del Poder Judicial.
El principio de participación autonómica en las instituciones y los órganos del Estado queda supeditado a cómo este criterio se materialice en las disposiciones legales estatales que regulan estas instituciones u órganos.
Las relaciones de colaboración entre el Estado y la CCAA El Estado que está organizado territorialmente de forma descentralizada, y es prácticamente imposible establecer un reparto competencial dónde las materias atribuidas a cada ente no se relacionen.
El auxilio entre la CCAA y el Estado implica asistencia técnica e intercambio de información (+pág.1 i 2). Está recogido en la ley 32/92 del Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, por el cual se establece el principio de auxilio y se crea un instrumento de exigibilidad jurídica mediante un requerimiento y la necesidad de motivar la negativa de auxilio. Es importantísimo que exista esta asistencia técnica e intercambio de información, ya que si no difícilmente se entenderían entre uno y otro ente.
Esta ley es posteriormente reformada por la ley 4/99, en lo que se refiere a los las formas de colaboración.
La CE hace referencia a los convenios de colaboración y cooperación entre las CCAA (+pág 1, 2) Instrumentos de colaboración: convenios, conferencias sectoriales, comisiones bilaterales y otros procedimientos y órganos conjuntos 1. Convenios Son acuerdos adoptados entre el Estado y las CCAA o entre éstas, sobre una decisión común y que resultan ser jurídicamente vinculantes. Hay 2 tipos de convenios, los horizontales y los verticales.
a) Horizontales (entre CCAA): están regulados en el art. 145.2 CE. Establecen relaciones de colaboración y versan sobre cualquier materia que sea competencia de las CCAA.
Sirven para la creación de órganos mixtos y para la prestación conjunta de servicios o para el establecimiento de proyectos planes y programas conjuntos. Es solo entre CCAA. En España siempre ha faltado esta colaboración. La CE no reguló la colaboración vertical, en cambio sí que contiene alguna referencia con la colaboración horizontal (art.145 “convenios entre CCAA”) Conferencia presidentes autonómicos (2009): reunión del presi gobierno con presis gobierno CCAA para instaurar un órgano de colaboración vertical multilateral.
La horizontal se ha materializado a partir del 2008 con encuentros entre CCAA (conferencia de gobiernos autonómicos) Estas dos conferencias es una decisión política, no hay cobertura legal (se rigen por aspectos de voluntad).
Existen dos tipos de convenios horizontales: a. Convenios de colaboración: tiene por objeto cuestiones de naturaleza administrativa y buscan establecer una gestión y prestación de servicios propios y/o comunes de las CCAA. La condiciones de suscripción deben estar previstas en los EA y deben ser comunicadas a las Cortes a efectos de información (art. 145.2. párrafo 1º CE) En el plazo de 30 días, las Cortes tienen facultades para modificar la calificación de dicho convenio y entenderlo no como un convenio de colaboración, sino de cooperación y por tanto, requerir la autorización de la Cortes.
b. Convenios de cooperación: tienen por objeto el desarrollo de una política conjunta.
No son convenios administrativos, y por lo tanto, requieren la autorización de las Cortes para su funcionamiento. La autorización expresa de las Cortes se ve por parte de las CCAA como un control de fiscalización encubierta y ha generado que sea un mecanismo poco utilizado por las CCAA.
El procedimiento a seguir para la autorización en la Cortes es: i.
Cada cámara examina los convenios, el Congreso en la comisión constitucional y el Senado sólo sí es solicitado por un grupo parlamentario o 25 senadores.
ii.
Si hay discrepancia entre el Congreso y el Senado, prevalece el Congreso.
iii.
Si la decisión final es denegar la autorización, el convenio no entrará en vigor, pero la CCAA puede interponer un conflicto de competencias.
b) Verticales: entre el Estado y una o todas las CCAA. Es el mecanismo más habitual y son jurídicamente vinculantes.
a. Relación bilateral: el Estado tiene relación con 1 CCAA b. Relación multilateral: el Estado tiene relación con todas o alguna CCAA c. General: para todo tipo de temas o materias d. Sectorial: para determinadas cuestiones o materias Ambos tipos se regulan en la ley 30/92, donde se especifica: i.
el contenido mínimo de los mismos ii.
la exigencia de publicación en el BOE y en el Boletín Oficial de la CCAA Obligan desde el momento de la firma y son controlados por la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Son la forma más frecuente de colaboración entre el Estado y la CCAA. En la práctica, los convenios vienen siendo usados también como territorialización de fondos estatales.
Es decir, poder de gasto del Estado: el Estado da un dinero para una determinada política.
A raíz de la STC 13/92, se dice que el poder de gasto no es un título competencial. Es decir, el Estado no podrá decir si da dinero, en qué debe gastarlo condicionadamente si son competencias exclusivas. En cambio, si son competencias compartidas SÍ podrá, ya que tiene la competencia.
Quiere decir con esto, que el Estado usa los convenios como territorialización: firma de convenio con la CCAA para el fomento de una determinada política, y condiciona el gasto presupuestario transferido por el convenio. Es una técnica efectiva y eficaz, pero las CCAA se quejan de que se les condicione hasta ese punto y no puedan gastarlo en otros temas.
2. Las conferencias sectoriales a) Las conferencias sectoriales verticales: es un mecanismo vertical y multilateral, es decir, el Estado y todas las CCAA. Órgano multilateral de coordinación sectorial donde se reúne el ministro de gobierno estatal competente por razón de la materia junto con sus homólogos autonómicos (los consejeros autonómicos del mismo rango).
Se toman decisiones mediante acuerdos o resoluciones políticamente vinculantes (sin efectos jurídicos) para las partes que las adoptan, pero no son acuerdos directamente aplicables si no hay una voluntad última. Son convocadas por los ministros pero no tiene la obligación de convocar un número de conferencias. Lo importante es la elaboración de un reglamento.
b) Las conferencias sectoriales horizontales: reunión periódica entre los presidentes de los entes subestatales o los consejeros de los mismos, con la finalidad de tratar asuntos comunes a todos los entes y buscar posiciones comunes. Es horizontal y multilateral es decir, todas las CCAA reunidas entre ellas. Hasta el momento solo hay 4 conferencias de presidentes. Las convoca el presidente en lugar de las CCAA.
Libro conferencias sectoriales: Son órganos en los que participan la Administración del Estado y la administración de las CCAA. Sirven para el intercambio de puntos de vista, el examen conjunto de los problemas comunes y el debate de las medidas para su resolución de los mismos por ámbitos competenciales. Tienen carácter multilateral y sectorial. La convocatoria la realiza la Administración central y los acuerdos que puedan alcanzarse son firmados por los ministros y consejeros autonómicos competentes. Vinculan a las partes desde el momento de su firma y tienen que ser comunicados al Senado y publicados en el BOE. Si surgen problemas de aplicación, se pondrán en conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa o del TC.
Dichas conferencias no pueden sustituir a los órganos propios de las CCAA, ni sus decisiones anulan las facultades decisorias de éstas, sino que son sólo órganos de encuentro para analizar problemas comunes y buscar soluciones específicas. La distribución de competencias no se distorsiona 3. Las comisiones bilaterales de cooperación: se desarrolla entre el la Administración general del Estado y los representantes del Consejo de gobierno de cada una de las CCAA para examinar y adoptar acuerdos sobre temas de interés estatal y de la CCAA.
Su origen está en las comisiones mixtas de traspasos que una vez finalizadas continuaron funcionando como un foro de negociación directa entre representantes estatales y de la CCAA.
La comisión bilateral sirve para llegar a un acuerdo para que no se impugne la ley entre el Estado y la CCAA. Se comunica al TC el acuerdo de reunirse en una comisión bilateral y el TC amplía el plazo a 9 meses para presentar el recurso de inconstitucionalidad en lugar de 3 meses. Se tratan aspectos de una sola CCAA.
Libro comisiones bilaterales de cooperación: Son mecanismos de colaboración de carácter bilateral. Se trata de: • Convenios firmados entre una CA y el Estado: estos convenios bilaterales pueden pretender la gestión o prestación de servicios, con el establecimiento o no de órganos comunes. Estos mecanismos no permiten innovar el orden competencial establecido por la CE y EA.
Se trata de un convenio que el Gobierno central firma con las diferentes CA El art.177 EAC prevé la regulación por la ley del Parlamento de Cataluña del régimen jurídico de estos convenios bilaterales en lo que le afecte y la obligación de publicarlos oficialmente Comisiones bilaterales entre una CA y el Estado: son órganos de participación y colaboración de las CCAA en el ejercicio de las competencias estatales que les afectan. Es una relación permanente entre una CA y el Estado. Sus funciones son de deliberación y proposición, adopción de acuerdos y no pueden sustituir las decisiones estatales sobre los asuntos que tratan. Constituyen una garantía de que dichas decisiones se toman con conocimiento formal de las posiciones e intereses de la CA afectada ...