Tema 2 DDFF (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Llibertats i Drets Fonamentals
Año del apunte 2014
Páginas 10
Fecha de subida 10/06/2015
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Llibertats i Drets Fonamentals, DDFF

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TEMA 2 - LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CE 1978: 1. INTRODUCCIÓN: -Las Constituciones contienen una parte orgánica, y una parte dogmática. La declaración de derechos, de este modo, constituyen el núcleo esencial de la parte dogmática. En las declaraciones de derechos se definen, pues, los límites materiales que la dignidad humana impone al poder público.
-Conviene señalar que, además de la CE, algunos EEAA han recogido con una forma u otra referencias a derechos y a principios rectores, que conviven con el Título I de la CE en cuanto normas que vinculan a las correspondientes autoridades autonómicas en el marco de sus competencias.
-El legislador no puede legislar infringiendo los principios constitucionales establecidos en el Título I “De los derechos y libertades fundamentales”, principios que constituyen limites a la acción del legislador. Como consecuencia, estos derechos vinculan a los poderes públicos, tal y como establece el art. 53 CE: Art. 53 CE: “1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.” -El Título I representa pues, la declaración de derechos del ordenamiento español por cuanto en él, se enumeran los derechos fundamentales. “Fundamentales” por la importancia que poseen dentro del ordenamiento como elemento material básico para configurar el sistema jurídico y político.
  1   -Finalmente, podemos decir que los DDFF reconocidos por el Título I poseen una doble naturaleza: I.
Los DDFF poseen una naturaleza objetiva / axiológica que define la estructura política y jurídica del Estado.
II.
Los DDFF son derechos subjetivos / individuales, derechos de los individuales no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de existencia.
2. DERECHOS FUNDAMENTALES: PREGUNTAS PARA SU DEFINICIÓN Y CONCRECIÓN: -¿Están los Derechos Fundamentales recogidos solo en el Título I? -¿Es el Título I un título que solo recoge Derechos Fundamentales? -¿Como podemos establecer la reclamación de un Derecho Fundamental (según el art. 53 CE)? !Art. 53 CE establece 3 garantías diferentes en función del derecho.
! El Título I se divide en 5 capítulos, presididos, a su vez, por el art. 10 CE, precepto que actúa como “pórtico” introductorio de todo el título y en él se recalca el carácter básico del individuo, de su dignidad como tal, y de sus derechos para el orden político.
Art. 10 CE: 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
  2   CE 1978: [...] -TÍTULO I: “De los Derechos y Deberes fundamentales” (art. 10 – 55).
• CAPÍTULO I: “De los españoles y extranjeros”. (art. 11 – 13): regula las condiciones de ejercicio de los DDFF.
• CAPÍTULO II: “Derechos y libertades”. (art. 14 – 38): es el apartado en el que se sitúa la auténtica declaración de derechos.
o Sección I: “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”.
(art. 15 – 29).
o Sección II: “De los derechos y deberes de los ciudadanos” (art. 30 – 38).
• CAPÍTULO III: “De los principios rectores de la política social y económica” (art.
39 – 52): Reconoce los “principios rectores” que deben presidir la acción de los poderes públicos”.
• CAPÍTULO IV: “De las garantías de las libertades y derechos fundamentales” (art.
53 – 54): Está dedicado a regular las garantías que permiten asegurar la plena efectividad de los derechos constitucionales.
• CAPÍTULO V: “De la suspensión de derechos y libertades”. (art. 55): establece las bases de la regulación de la suspensión de los derechos fundamentales durante situaciones excepcionales o de crisis.
[...] 2.1 ¿ESTÁN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECOGIDOS SOLO EN EL TÍTULO I? -En el Título I Hay derechos similares a los Derechos Fundamentales (como los de protección), p.e. el art. 125 CE, que versa sobre el derecho de los ciudadanos a ejercer la acción popular: Art. 125 CE: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.” -De modo que podemos considerar que no todos lo derechos constitucionales son auténticos DDFF. En este sentido estricto, pues, sólo los derechos consagrados en los arts. 14 a 29 +   3   30 de la CE son auténticos DDFF, lo que se manifiesta en la especial rigidez exigida para su reforma, en el sistema reforzado de garantía para ellos previsto y en las garantías normativas impuestas a su desarrollo. En resumen: pese a que el Título I incluye diversos tipos de derechos, deberes, garantías, principios… los DDFF solo se encuentran recogidos en el Título I.
-A parte de esta distinción entre derechos, también tenemos que tener presente, para poder resolver la pregunta, el concepto de invocabilidad directa. Se entiende por INVOCABILIDAD DIRECTA la acción de invocar directamente los preceptos constitucionales, sin necesitar una Ley, ya que simplemente sirve que la materia esté regulada en la CE. Es el caso por ejemplo de los Centros de Internación de Extranjeros.
-La norma general, en este aspecto, es que todos los artículos del Título I (excepto los del Capítulo III “De los principios rectores de la política social y económica”, tal y como establece el art. 53.3 CE), pueden ser invocados directamente. (Los del Capítulo III, por el contrario, solo podrán ser invocados indirectamente).
Art. 53.3 CE: “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.” -En síntesis: el Art. 53 CE solo permite proteger como Derechos Fundamentales aquellos recogidos en el Título I (excepto capítulo III). Pero hay excepciones que ha ido creando la doctrina del TC, de forma que se establecen matices y excepciones: Podrán protegerse mediante recurso de amparo todos los artículos del Título I y además, también aquellos artículos fuera del Título I, que estén relacionados de forma directa con los derechos del Título I, por ejemplo el art. 118 CE, sobre la ejecución de las resoluciones judiciales firmes: Art. 118 CE: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.
  4   2.2 ¿ES EL TÍTULO I UN TÍTULO QUE SOLO RECOGE DERECHOS FUNDAMENTALES? -A parte de reconocerse Derechos Fundamentales, el Título I también recoge garantías institucionales –GI–, como la familia o matrimonio, (que no derechos, sino instituciones); principios rectores de la política social y económica y deberes.
2.2.1 GARANTÍAS INSTITUCIONALES: Art. 39 CE: “1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.” -Sin embargo, a estas Garantías Institucionales hay que darles, pese a que no sean Derechos Fundamentales, cierta importancia, ya que constituyen en cierta medida los principios rectores del Estado ! Capítulo III, Título I: “De los principios rectores de la política social y económica”. Estas instituciones además, de una forma u otra, también se podrán garantizar por el art. 53 CE, (tal y como ya hemos dicho acerca de los matices y excepciones creados por la doctrina del TC). Así como tampoco ninguna Ley podrá atentar contra estas GI. De este modo, los “principios rectores”, recogidos en el Capítulo III, Título I, no otorgan por sí solos facultades ejercitables al individuo; se trata sencillamente de normas dirigidas al poder público sin dimensión subjetiva autónoma.
2.2.2 DEBERES CONSTITUCIONALES: -Finalmente, acerca del contenido del Título I, este también recoge Deberes, como el art. 30 CE. La idea de establecer este tipo de derechos a los ciudadanos – como pagar impuestos – incluso llega a ser beneficioso, dado que si en lugar de estar en la CE, se aprobaran por leyes ordinarias (cada nueva legislatura), a saber los derechos que se nos impondrían.
  5   Art. 30 CE: “1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4.
Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”.
-Esto es: la CE, a parte de vincular a todos los poderes públicos, también vincula a los ciudadanos, a partir de imponer directamente deberes a los particulares. De esta manera, los mandatos deben interpretarse como dirigidos a los poderes públicos para que éstos establezcan los cauces mediantes los cuales queden obligados los ciudadanos.
-Limitándonos al ámbito del Derecho público, podemos definir los derechos y obligaciones como aquellos comportamientos, positivos o negativos, que se imponen a un sujeto en consideración a intereses generales de la comunidad.
• Los deberes jurídicos son aquéllos comportamientos cuya exigibilidad deriva directamente de una norma y que, en cuanto tales, tan sólo imponen el deber de facilitar el cumplimiento de dicha norma.
• Las obligaciones, en cambio, comprenderían los comportamientos exigibles en el marco de una relación jurídica en la que existe otro sujeto con capacidad de reclamar su cumplimiento.
-Aplicando estos conceptos a la noción de deber constitucional, puede afirmarse que la CE impone a los ciudadanos deberes jurídicos que, con la mediación de la ley, se concretan en obligaciones específicas. De los primeros se deriva un simple sometimiento a la norma constitucional, lo que supone una genérica obligación de no obstaculizar su cumplimiento.
A través de las leyes de desarrollo, en cambio, el particular queda obligado a determinados comportamientos concretos jurídicamente exigibles.
-Los derechos militares vienen establecidos en el art. 30 CE. En su apartado I, se establece que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. En el apartado 3, se contempla la posibilidad de establecer un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general, (solo el legislador puede imponer obligaciones de esa naturaleza a los ciudadanos, obligaciones que suponen, como poco, una limitación al principio general de libertad individual. Finalmente, en el apartado 4 se contempla la posibilidad de imponer deberes a los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
  6   -Por otro lado, la CE establece en su art. 31 la obligación de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Con el término de “todos” quedan incluidas, sin ninguna duda, todas las personas físicas y jurídicas residentes en España, con independencia de que posean la nacionalidad española. Este mismo artículo especifica determinados caracteres a los que debe ajustarse el sistema tributario. Así, éste ha de ser un sistema “justo” basado en la contribución de todos según su capacidad económica, y debe responder a los principios de igualdad y progresividad. Finalmente, de forma análoga a lo que sucede con los deberes personales contemplados en el art. 30, la CE establece una reserva de ley en relación con otras posibles prestaciones personales o patrimoniales de carácter público cuyo contenido queda indeterminado y abierto, por tanto, al legislador.
Aunque hay derechos similares a los DDFF, solo los del Título I pueden garantizarse mediante R. Amparo, con excepciones ! Doctrina TC. Son DDFF los regulados en el Título I, pero este Título no solo incluye DDFF, sino que además también cuenta con garantías institucionales y deberes de los ciudadanos.
! En sentido estricto pues, sólo los Derechos consagrados en los arts. 14 a 29 (+30) de la CE son auténticos DDFF.
2.3 ¿CÓMO PODEMOS ESTABLECER LA RECLAMACIÓN DE UN DERECHO FUNDAMENTAL (SEGÚN EL ART. 53 CE)? Art. 53 CE: “1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.”   7   -En primer lugar, podemos considerar la siguiente clasificación de los DD Constitucionales: -DDCC clasificados según la garantía: Tres niveles distintos pueden reconocerse dentro del Título I ! Clasificación desarrollada en la próxima página (la importante).
-DDCC clasificados según la naturaleza: • Derechos de libertad: imponen básicamente una actitud de abstención por parte, en especial, del poder público. (Delimitan la libertad del individuo, impidiendo intromisiones más allá de la fronteras por ellos trazados).
• Derechos de prestación: implican una actitud activa del poder público, que debe llevar a cabo las acciones oportunas para hacerlos efectivos.
(Se puede considerar que entre los derechos de libertad y los de prestación existe una “continuidad”. Por ejemplo: la libertad de información supone la inexistencia de intromisiones en el intercambio de noticias y opiniones, pero a la vez, supone la existencia de instalaciones radiotelevisivas e, incluso, de medidas de fomento).
-DDCC clasificados según su contenido (por Jellinek): • 1ª fase: el individuo abandona su condición de súbdito, para contar con un ámbito de libertad inmune a la acción del poder público. ! Derechos personales.
• 2ª fase: se hace del individuo un ser capaz de exigir al Estado el respeto de sus derechos como ciudadano ! Derechos civiles. (Destacan las garantías procesales).
• 3ª fase: el ciudadano no sólo limita al Estado y le exige respeto a determinadas garantías, sino que se convierte en un auténtico partícipes de la actuación de ese Estado ! Derechos políticos.
• 4ª fase (creada con el paso de un Estado democrático a un Estado social): se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales. ! Principios rectores de la política social y económica.
-En relación a la clasificación de los derechos constitucionales según su nivel de garantías, el art. 53 CE diseña un sistema de 3 tipos de garantías diferentes en función del derecho:   8   • 1er bloque de garantías: Derechos de protección excepcional: entre los que se incluyen: el derecho a la igualdad (art. 14 CE), los Derechos del Título I sección I (arts. 15 – 29 CE) + art. 30 CE (de la Sección II, Capítulo I).
Estos son los derechos que más se deben proteger, ya que son los principales derechos individuales reconocidos.
Los derechos de esta Sección presentan un sistema complejo y reforzado de garantías (art. 53.2 CE): o Vinculan a todos los poderes públicos o Reserva de Ley en todo aquello que les afecte ! desarrollo legislativo de los DDFF (LO, L ordinaria...).
o Recurso de Inconstitucionalidad o Procedimiento sumario* o Recurso de amparo • 2ndo bloque: Derechos de protección ordinaria: Se incluyen los artículos del Capítulo I y Sección Segunda del Capítulo II, Título I, “De los derechos y deberes de los ciudadanos”. Que son derechos igualmente importantes, pero que no requieren de una garantía igual (como el derecho a la propiedad privada, o de libertad de empresa).
Presentan las garantías siguientes: o Vinculación a todos los poderes públicos o Reserva de ley o Recurso de inconstitucionalidad Así pues, vemos que los derechos del Capítulo II (Sección I / Sección II) se distinguen por su nivel de garantías.
• 3r bloque: Los principios rectores de la política social y económica: Estos principios, del Capítulo III, Título I, tienen un sistema distinto de protección al de los derechos. En cuanto principios, poseen la protección general de la CE; en la medida en que se concretan posteriormente en derechos subjetivos por normas infraconstitucionales cuentan con la protección que el ordenamiento otorgue en cada caso.
  9   3. LA EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: -El Art. 53.1 CE establece que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I “vinculan a todos los poderes públicos”, principio reiteradamente recordado por el TC.
-La naturaleza que los DDFF poseen de auténticos derechos subjetivos hace que, en cuanto tales, sean plenamente exigibles frente a los poderes públicos; dicho de otra forma, cualquier persona, en cuanto de uno de los derechos comprendidos en los arts. 14 a 29 CE, puede exigir que dicho derecho sea respetado sin necesidad de atender desarrollo legal alguno.
-Los principios rectores, por el contrario, no poseen la naturaleza de derechos subjetivos.
Por ello, el art. 53.3 CE señala que “sólo podrán alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen”. Lo que este precepto significa es que los principios rectores no son exigibles como derechos subjetivos frente a los poderes públicos.
3.1 LA EFICIACIA DE LOS DDFF FRENTE A PARTICULARES: -Aún hoy, la razón de ser del reconocimiento y garantía de los DDFF se justifica desde la perspectiva de garantía frente al poder público. Sin embargo, el art. 9.1 CE establece que la CE vincula a “los ciudadanos y a los poderes públicos”. En consecuencia, no cabe duda de que los DDFF, en cuanto parte integrante de la CE, son predicables frente a los poderes públicos y frente a los particulares.
-En términos generales se habla de que la vinculación constitucional que generan los DDFF respecto de los poderes públicos es una vinculación directa o inmediata, mientras que la que desarrollan respecto de los particulares es de naturaleza indirecta. Esta vinculación indirecta procede del hecho de que deben ser los poderes públicos los que, a través de su acción, concreten los extremos de la eficacia de los DDFF en las relaciones entre particulares. Los 2 instrumentos más importantes a través de los cuales los poderes públicos deben hacer efectivos los DDFF son: la acción del legislador y la delos jueces y tribunales.
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