Explicaciones cortas derecho (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura derecho mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 63
Fecha de subida 11/09/2014
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Derecho mercantil

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DERECHO MERCANTIL (2º Semestre) TEMA 4. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Aunque la LSC regula conjunta y homogéneamente muchos aspectos de las 3 sociedades de capital (SRL, SA y SCA), nosotros vamos a estudiar de forma separada el régimen de cada una de ellas, empezando por la SRL.
 Introducción. Desde sus orígenes se ha discutido sobre su naturaleza capitalista o personalista, ya que en lo interno (gestión por parte de los socios e imposibilidad de transmitir libremente las participaciones sociales) se asemeja a las sociedades personalistas, en cambio en lo externo (responsabilidad limitada de los socios por las deudas sociales) tiene los rasgos de las sociedades capitalistas.
Se trata de un tipo de sociedad que por su gran flexibilidad permite ser utilizada por pequeñas, medianas o grandes empresas (en éste último caso para filiares de multinacionales).
Aunque en un principio estuviera pensada para empresas con pocos socios.
 Concepto. La sociedad de responsabilidad limitada es la sociedad mercantil de capitales, de carácter cerrado, con un capital mínimo de 3.000 euros, dividido en participaciones sociales y cuyos socios no responderán de las deudas sociales.
Características comunes con la SA.
 La responsabilidad exclusiva del patrimonio social frente a las deudas de la sociedad. Los socios no responden con su patrimonio personal. El nombre de SRL no responde a la realidad porque para la sociedad la responsabilidad es ilimitada.
 El capital social que responde frente a los acreedores está determinado y protegido por normas imperativas  El carácter mercantil de la sociedad cualquiera que sea su objeto.
 Organización corporativa. Su estructura está formada por unos órganos sociales parecidos a los de la SA (Junta general, administradores, etc.
Características específicas de las SRL  Carácter cerrado de la sociedad. Las participaciones sociales, que otorgan a su titular la condición de socio, no pueden libremente transmitirse a personas ajenas a los socios, sólo a ciertos familiares, herederos o sociedades pertenecientes al mismo grupo.
 Régimen más flexible que el de las SA. La ley deja un margen mayor, que en el caso de las SA, para que la autonomía de la voluntad de los socios configure ciertos aspectos de la sociedad  El capital social, que puede ser de un mínimo de 3000 euros ha de estar completamente desembolsado en el momento de la constitución de la sociedad. La nueva Ley de Emprendedores permite el desembolso sucesivo del capital cuando se dan unas condiciones  Requisitos de constitución. La Ley de Sociedades de Capital regula los requisitos de constitución de manera conjunta para los 3 tipos de sociedad, sólo se prevén algunas diferencias en el contenido de la escritura y los estatutos.
El art. 20 LSC dos exigencias: Escritura pública que debe inscribirse en el Registro Mercantil.
Con la inscripción adquiere la personalidad jurídica. La escritura debe presentarse en el RM del domicilio social en el plazo de 2 meses desde la fecha de su otorgamiento. Si se incumple esta obligación responden solidariamente los fundadores y administradores. Se les aplica el régimen de los arts. 36 a 40 LSC para las sociedades en formación y las sociedades irregulares.
La escritura pública recoge el contrato de sociedad que es un contrato de organización, es decir no sólo hace nacer una persona jurídica y una relación societaria entre ella y los socios, sino que contiene unas normas que regulan su organización. Estas normas se recogen en el estatuto que rigen el funcionamiento de la vida social. Los arts. 21 y 22 LSC. Son los que regulan la escritura de constitución, partiendo del supuesto normal (2 o más socios), que ha de ser otorgada por todos los socios, que han de asumir la totalidad de las participaciones sociales.
Contenido de la escritura (comunes a todas las sociedades de capital)  La identidad de los socios  La voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada  Las aportaciones que cada uno de los socios realice y la numeración de las participaciones asignadas en pago  Los estatutos sociales  La identidad de la persona o personas que se encargan inicialmente de la administración y de la representación de la sociedad  Específicamente para las SRL, el modo concreto en que inicialmente se organice la administración, en el caso de que los estatutos prevean diferentes alternativas.
Estatutos. Como ya hemos señalado es un contenido de la escritura, que ha de mencionar cuanto menos los siguientes aspectos (art. 23 LSC): a) La denominación de la sociedad. Antes de formalizar la escritura de constitución se ha de solicitar en el Registro Mercantil un certificado negativo del nombre ya que no pueden existir sociedades con la misma denominación.
b) El objeto social, determinando las actividades que la integran c) El domicilio social d) El capital social, las participaciones en las que se divide, su valor nominal y su numeración correlativa. Además si los derechos atribuidos a las participaciones son distintos debe especificarse la cuantía o extensión de éstos.
e) El modo o modos de organizar la administración f) El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad A estas cláusulas se pueden añadir, lo que se conoce como contenido facultativo de los estatutos, que pueden contener pactos y condiciones entre los socios que complementen deroguen o sustituyan el régimen legal. Esto es importante ya que la LSC en muchos de sus artículos cuando regula una cuestión, añade “salvo disposición contraria de los estatutos. No obstante, estos pactos privados no pueden contradecir el tipo de sociedad elegido.
Este contenido facultativo le da una mayor flexibilidad a la SRL, que a la SA.
Las aportaciones sociales La LSC establece que sólo podrán ser objeto de aportaciones los bienes o derechos susceptibles de valoración económica (art. 58 LSC) El art. 60 LSC presume que las aportaciones se realizan a título de propiedad pero puede pactarse de forma expresa que se efectúen a titulo diferente (ej. Usufructo) Además de clasificar las aportaciones de estas dos formas (a título de dueño y a título distinto), hay otro criterio de clasificación más importante: aportaciones dinerarias y no dinerarias.
Aportaciones dinerarias.
Son las más frecuentes y han de efectuarse en euros. Si se hacen en moneda extranjera ha de determinarse el equivalente en euros. Esto es así ya que tanto el capital, la contabilidad y las cuentas anuales han de expresarse en esta moneda.
En la propia escritura de constitución ante Notario se ha de acreditar la realización de las aportaciones, mediante un certificado de una entidad de crédito del depósito de la cantidad, o mediante la entrega al Notario para que efectúe él el depósito. La certificación sólo tiene validez por dos meses desde que su fecha. Si durante ese periodo de vigencia del certificado el socio quiere cancelar el depósito la entidad financiera deberá exigirle que retorne el certificado.
La nueva Ley de Emprendedores permite el desembolso sucesivo del capital cuando se dan unas condiciones.
Aportaciones no dinerarias.
En la escritura de constitución o en su caso en la ampliación de capital, se han de describir las aportaciones no dinerarias, con los datos registrales si existen (ej. bienes inmuebles), la valoración que se les atribuye y la numeración de las participaciones asignadas en pago.
En el caso de las SRL, la ley no exige un informe de un experto sobre la naturaleza y valor de las aportaciones (informe pericial), que si se exige para las SA. No obstante, el art. 73 señala que responden solidariamente de la realidad y valoración de estas aportaciones frente a la sociedad y frente a los acreedores: los fundadores, los socios que tengan tal condición en el momento de realizarse una ampliación de capital, y los que adquieran participaciones desembolsadas con esta clase de aportaciones. Esta responsabilidad se extiende a los administradores en los casos de ampliación de capital.
La acción para exigir esta responsabilidad prescribe a los 5 años desde el momento en que se realizó la aportación.
Prestaciones accesorias Al margen de las aportaciones dinerarias o no dinerarias en los estatutos sociales se pueden pactar prestaciones accesorias que pueden tener carácter obligatorio para todos los socios o sólo para algunos.
Estas prestaciones accesorias pueden ser de distinta naturaleza como el suministro de ciertos bienes, trabajo o servicios por parte de los socios, etc. En los estatutos también ha de pactarse si estas prestaciones tienen carácter retribuido o gratuito.
Las prestaciones accesorias no se integran en ningún caso en el capital social y la retribución que en su caso reciba el socio que las realiza no será en concepto de dividendo, sino que es un gasto que tiene la sociedad frente a él. (si se considerara dividendo sólo lo cobraría en caso de que hubiese beneficio) Las participaciones sociales Son uno de los elementos definitorios de la SRL y sus características se definen en el art. 90 LSC: “las participaciones sociales… son partes alícuotas, indivisibles y acumulables del capital social” Esta definición es parecida a la que puede hacerse de las acciones de una SA, pero el art. 92 LSC introduce otro rasgo que las separa de estas: “no tendrán el carácter de valores, ni podrán incorporarse a títulos negociables, ni estar representadas por anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones” Características de las participaciones  Son una parte alícuota del capital social. (parte proporcional de un todo). Han de estar numeradas, han de tener un valor nominal, pero la ley permite que este valor nominal sea distinto perteneciendo a series distintas según ese valor (Ej. Serie A la participación tiene un valor de 60 euros y serie B donde la participación tiene un valor de 600 euros). Si los estatutos no dicen nada al respecto las acciones de la misma serie tienen el mismo valor nominal.
Lo importante es que las participaciones que tenga cada socio son las que les atribuyen los distintos derechos que tienen dentro de la sociedad. El art. 94 LSC dice “las participaciones sociales…atribuyen a los socios los mismos derechos, con las excepciones establecidas al amparo de la ley”.
Estas desigualdades pueden ser muy acusadas, no sólo respecto al contenido de los derechos, sino que es admisible que algunas participaciones estén privadas de derechos importantes (Ej. Participaciones sin voto). En estos casos son los estatutos los que deben fijar el contenido y la extensión de esos derechos.
 Las participaciones son acumulables. Un socio puede tener varias participaciones, esto no le da una participación única pero potencia su posición de socio ya que los derechos dentro de la sociedad están vinculados a las participaciones (Ej. Derecho a voto)  Las participaciones son indivisibles. Esto significa que no pueden fraccionarse. Por ello cuando varias personas son copropietarias de una participación, deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.
TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES La LSC dedica gran atención al régimen de transmisión de las participaciones y en especial a las limitaciones que impone.
El primer requisito para que pueda existir transmisión de las participaciones es que la sociedad esté inscrita en el RM.
La transmisión ha de hacerse en escritura pública y comunicarla a la sociedad que lleva un libro registro de socios.
La transmisión de las participaciones puede tener dos orígenes: intervivos o mortis causa: Transmisión inter-vivos La transmisión por actos inter-vivos es libre, salvo disposición contraria de los estatutos entre:  Los socios  A favor del cónyuge, ascendientes y descendientes  A favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo Esta disposición muestra el carácter cerrado de la sociedad, ya que la transmisión de las participaciones está limitada.
En la LSC hay dos clases de normas referentes a las disposiciones contenidas en los estatutos sobre las transmisiones voluntarias a título oneroso o gratuito: Cláusulas nulas:  Las que hacen prácticamente libre la transmisión  Las que obligan al socio a la transmisión de un número inferior de participaciones de las que quiere realizar.
 Las que impidan la transmisión voluntaria de participaciones, salvo que se le reconozca al socio la posibilidad de separarse de la sociedad en cualquier momento. No obstante, los estatutos pueden contener una prohibición temporal de transmitir las participaciones o separarse de la sociedad por un plazo no superior a 5 años Normas supletorias de las transmisiones restringidas en caso de falta de regulación estatutaria.
o Notificación del socio a la sociedad. El socio que desea transmitir todas o algunas de sus participaciones debe notificarlo por escrito con carácter irrevocable (según la ley) a los administradores haciendo constar el número y características de estas, el nombre del adquirente así como el precio y las demás condiciones de transmisión.
Es importante la fecha de recepción ya que muchos plazos se cuentan a partir de ella. (declaración de los administradores o acta notarial) o Consentimiento de la sociedad. Por medio de un acuerdo adoptado por al menos 1/3 de los votos de la Junta convocada a tal efecto, se ha de notificar al transmitente si se acepta o deniega la transmisión. En esta mayoría no se computan las que pertenezcan al socio que pretende transmitir. Si se acepta la transmisión el socio puede hacerlo en las condiciones notificadas.
o Régimen de la denegación del consentimiento.
 Sólo se puede denegar el consentimiento si se notifica al transmitente por conducto notarial la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones. También puede adquirirlas la sociedad.
 Los socios que concurran a la Junta tienen preferencia para adquirirlas. Si son varios los interesados se distribuyen entre todos a prorrata de su participación en el capital social.
 El precio, la forma de pago y demás condiciones serán las comunicadas por el socio transmitente a la sociedad.
 Si la transmisión es a título oneroso diferente a la compraventa o a título gratuito, el precio será el fijado de común acuerdo por las partes o en su defecto el que fije un auditor de cuentas distinto al de la sociedad, nombrado a tal efecto por los administradores.
 El documento público de transmisión debe otorgarse en el plazo de 1 mes desde que se comunicó la identidad del adquirente. De lo contrario el socio queda en libertad de transmitirlas en las condiciones comunicadas a la sociedad.
 El socio también puede transmitirlas libremente, cuando hayan transcurrido 3 meses desde que comunicó a los administradores su intención de hacerlo, sin que la sociedad le haya comunicado la identidad de otros posibles adquirentes Transmisión mortis causa. La transmisión de las participaciones sociales por herencia confiere al heredero o legatario la condición de socio. No obstante, en los estatutos de la sociedad pueden establecer a favor de los socios supervivientes o de la propia sociedad un derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido, al precio que tuvieran el día de su fallecimiento que se pagará al contado.
Este derecho de adquisición ha de ejercitarse en el plazo de 3 meses desde que se comunica a la sociedad la adquisición hereditaria.
Transmisiones forzosas. Puede que a causa de una resolución judicial o administrativa se saquen a subasta las participaciones de algún socio. En este caso, el juez o la autoridad administrativa debe notificar a la sociedad el auto de subasta o el acuerdo de adjudicación de las participaciones. La sociedad trasladará en el plazo de 5 días estos documentos a los socios. Los socios podrán adquirir las participaciones antes de un mes desde la notificación judicial o administrativa, subrogándose en el lugar del rematante o acreedor que haya solicitado la adjudicación, aceptando las condiciones de la subasta y consignando el importe.
LA POSICIÓN DE SOCIO Las participaciones sociales otorgan al socio la condición de miembro de la sociedad. Esta condición es originaria si participa en su fundación o en una ampliación de capital, o es derivativa si a tal condición se llega por la adquisición de participaciones de otro socio.
En este caso sólo puede ejercer sus derechos desde que la sociedad tenga conocimiento de la transmisión.
Contenido de la posición de socio Aunque en principio existe un principio de igualdad de trato, los derechos y obligaciones de los socios pueden ser diferentes si se establece en los estatutos.
Deberes  Hacer la aportación en el momento de la constitución o en el de la ampliación de capital en la forma convenida.
 Realizar las prestaciones accesorias si se establecen en los estatutos  Deber de fidelidad del socio, que le exige comportarse lealmente frente a la sociedad, promover activamente sus fines y evitar todo lo que le sea perjudicial. Está obligado a abstenerse de votar en aquellos asuntos en los que haya conflicto de intereses con la sociedad. Los administradores también tienen el deber de no hacer la competencia a la sociedad.
Derechos La ley enuncia los derechos pero estos pueden ser alterados por los estatutos. Hay dos grupos de derechos: Patrimoniales 1. Derecho a participar en el reparto de las ganancias en proporción a su participación en el capital social. Se puede pactar en los estatutos un criterio de reparto desigual.
2. Derecho a participar en la cuota del patrimonio que resulte de la liquidación de la sociedad de forma proporcional a su participación en el capital, salvo que los estatutos establezcan otra cosa. También se puede prever en los estatutos que este derecho sea satisfecho a algunos socios mediante la devolución de sus aportaciones no dinerarias u otros bienes sociales 3. Derecho a adquirir con preferencia en el aumento de capital un número de participaciones sociales proporcional al valor nominal de las que posee Políticos y administrativos 1. Derecho a asistir a la Junta general. Los estatutos no pueden exigir un número mínimo de participaciones. El socio puede hacerse representar por otro socio, familiares o un apoderado general. Los estatutos pueden ampliar esta representación a cualquier persona.
2. Derecho de información. Es un derecho inderogable.
3. Derecho a emitir un voto por cada participación salvo disposición en contrario de los estatutos. Si los estatutos conceden a una participación más de un voto se ha de indicar el número de votos.
Es lícito que haya participaciones sin voto por un importe no superior al 50% del capital. Además en los estatutos puede pactarse que determinados acuerdos se adopten no sólo por un determinado porcentaje de votos, sino al tiempo voten a favor un determinado número de socios.
4. Derecho de impugnación de los acuerdos sociales.
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SRL Los órganos sociales son: La junta general formada necesariamente por los socios y Los administradores que no son necesariamente socios.
La Junta General de socios Es el órgano de expresión de los socios mediante el ejercicio del derecho de voto.
Concepto. Es la reunión de los socios debidamente convocados para deliberar y decidir los asuntos propios de su competencia (art. 159.1 LSC).
Esta definición, válida en el supuesto normal, es necesario precisarla:  La junta no es propiamente una reunión de los socios sino del capital social porque es perfectamente válida la junta con un solo socio.
 Aunque la junta es normalmente convocada con carácter obligatorio y previo a su celebración, esto no es imprescindible.
En el caso de la junta universal la convocatoria no existe, basta que esté presente o representado la totalidad del capital social y que los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión (art. 178.1 LSC).
Competencias de la Junta. (Art. 160 LCS)  Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social y aplicación del resultado  El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos  La modificación de los estatutos sociales  El aumento y la reducción del capital social  La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente  La transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero  La disolución de la sociedad  La aprobación del balance final de liquidación  Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los estatutos.
Además de este listado enunciativo del art. 160 LSC, la competencia más relevante de la Junta de la SRL es la que le permite impartir instrucciones al órgano de administración o someter a autorización las decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión (art.
161 LSC).
Esta competencia en materia de gestión a la junta general la sitúa en una posición de supremacía sobre los administradores de la SRL, aunque no pueden vaciar de contenido su función ni afectar a la función de representación que corresponde en exclusiva al órgano de administración. (arts. 209 y 233.1 LSC).
Por otra parte, esta norma es dispositiva y es posible derogarla total o parcialmente en los estatutos (art. 161 ab initio LSC) Funcionamiento de la Junta Convocatoria .Se inicia con una comunicación formal a los socios.
Legitimación para convocarla:  Los administradores son los que pueden hacerlo cuando lo consideren necesario.
 Cuando lo solicita uno o varios socios que representen al menos el 5% del capital social la convocatoria es obligatoria.
La Junta debe ser convocada en los 2 meses siguientes al requerimiento notarial hecho a los administradores, incluyéndose en el orden del día los asuntos que contenía la solicitud  El Juez de lo Mercantil del domicilio social. Debe convocar:  Las juntas ordinarias y las periódicas previstas en los estatutos si no son convocadas por los administradores dentro del plazo legal a solicitud de cualquier socio y previa audiencia de los administradores (art.169.1 LSC).
 En los casos de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores que actúen individualmente, de alguno de los administradores que actúen conjuntamente, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, y con el único fin de nombrar a los correspondientes administradores (art. 171 LSC).
 Cuando los administradores no atienden la solicitud de los socios que representen al menos el 5 % del capital social, siempre que lo solicite el mismo porcentaje del capital social (art.
169.2 LSC).
El Juez debe resolver sobre la misma en el plazo de 1 mes desde que se le hubiere formulado la solicitud y, en el caso de acordarla, designa al Presidente y al Secretario de la Junta, sin que quepa recurso alguno.
Requisitos de forma, tiempo, contenido y lugar.
La forma de la convocatoria prevista legalmente con carácter supletorio consiste en un anuncio publicado en el BORME y en la página web de la sociedad, y con carácter voluntario, en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.
Los estatutos pueden prever que la convocatoria se realice por medio de comunicación individual y escrita en el domicilio designado al efecto. En caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos podrán prever que sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.
El tiempo. Entre la publicación del anuncio o de la comunicación individual de la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la junta general debe mediar un plazo de, al menos, 15 días (art. 176.1 LSC). En los casos de convocatoria individual, se computa a partir de la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al último de ellos.
Contenido. La convocatoria debe, en todo caso, expresar el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realizan la convocatoria (art. 174 LSC).
Lugar de celebración. Si los estatutos no dicen nada al respecto se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio y cuando en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social (art. 175 LSC).
La constitución de la junta va precedida de la mesa de la misma constituida por el presidente y el secretario del consejo de administración, salvo disposición en contrario de los estatutos. En su defecto serán los designados al comienzo de la reunión, por los socios concurrentes (art. 191 LSC).
La válida constitución de la junta general de la SRL no exige ningún quorum (la presencia de un determinado porcentaje del capital social), pero según la materia no se podrán adoptar determinados acuerdos, por ello es importante la confección de la lista de asistente antes de comenzar la deliberación de los asuntos del orden del día.
Los acuerdos sociales Son el resultado del ejercicio del derecho de voto que, salvo disposición contraria de los estatutos, está atribuido en proporción al capital asumido por cada socio, en principio cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto por que se parte de la igualdad del valor nominal de todas las participaciones sociales.
Cuando por el asunto que se trate exista un conflicto entre el interés del socio y el interés social, en principio por el deber de fidelidad debería abstenerse. En determinados casos la LSC prohíbe directamente al socio ejercer el derecho de voto en los acuerdos:  Que le autorice a transmitir participaciones de las que sea titular  Que le excluya de la sociedad  Que le libere de una obligación o le conceda un derecho  Que la sociedad decida anticiparle fondos, concederle créditos o préstamos, prestar garantías en su favor o facilitarle asistencia financiera  Cuando, siendo administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia o al establecimiento con la sociedad de una relación de prestación de cualquier tipo (art. 190 LSC).
La adopción de los acuerdos sociales exige que sean favorables al asunto correspondiente la mayoría de los votos válidamente emitidos, si bien el porcentaje que sobre el capital social debe representar esa mayoría está en función del asunto sometido a la decisión.
Mayorías exigidas de votos válidamente emitidos Para los acuerdos en general han de representar al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social (art. 198 LSC).
Para el aumento o reducción del capital y para las modificaciones de los estatutos han de representar más de mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social (art. 199.a) LSC Se requieren el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social (art.199.b) LSC) para:  La autorización a los administradores para que se dediquen, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social;  La supresión o la limitación del derecho de preferencia en los aumentos del capital;  La transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo  El traslado del domicilio al extranjero  La exclusión de socios Las mayorías referidas tienen el carácter de mínimas y dispositivas pues los estatutos pueden exigir un porcentaje de votos favorables superior al establecido, sin llegar a constituir en ningún caso la unanimidad que sería contraria al principio mayoritario.
Los estatutos pueden exigir, además de la proporción de votos legal o estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado número de socios (art. 200.2 LSC).
Quedan fuera de la autonomía estatutaria las mayorías requeridas para la adopción de los acuerdos de separación de los administradores (art. 223.2 LSC) y de ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los mismos (art. 238.1 LSC).
Los acuerdos adoptados respetando estas mayorías vinculan a todos los socios, incluso a los disidentes y a los que no hayan participado en la reunión (art. 159.2 LSC).
Todos los acuerdos sociales deben constar en acta (art. 202.1 LSC) que incluirá necesariamente la lista de asistentes (art. 192.3 LSC) y deberá ser aprobada por la propia junta al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el presidente de la junta general y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría (art. 202.2 LSC), ya partir de la fecha de su aprobación tendrá fuerza ejecutiva (art. 202.3 LSC).
Los acuerdos pueden documentarse por acta notarial de la junta general cuando los administradores, bien por propia iniciativa o bien porque lo soliciten socios que representen, al menos, el 5% del capital social, requieran la presencia de Notario para que levante acta de la junta general (art. 203.1 LSC).
El acta notarial tiene la consideración de acta de la junta y fuerza ejecutiva desde la fecha de su cierre sin necesidad de someterse al trámite de aprobación (art. 203.2 LSC). En el caso de que el acta notarial hubiera sido solicitada por socios que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial (art.203.1 in fine LSC).
Acuerdos impugnables Los acuerdos sociales contrarios a la ley a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros son impugnables.
 Los contrarios a la ley son nulos (la acción caduca en 1 año) y están legitimados para ejercerla los socios, los administradores y cualquier tercero que demuestre un interés legítimo.
 El resto son anulables (la acción caduca a los 40 días)están legitimados los socios asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los ausentes y los que hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como los administradores El órgano de administración y representación Su existencia está justificada por la necesidad de gestionar y actualizar el contrato de sociedad y de que ésta sea representada frente a terceros.
En los estatutos de la sociedad se debe hacer constar el modo o modos de organizar la administración de la sociedad y puede prever la facultad de optar por cualquiera de los previstos. Esto facilita que no deban cambiarse los estatutos ante un cambio. No obstante, los cambios deben hacerse constar en escritura pública e inscribirse en el RM.
Estos modos son:  Un administrador único o  Varios administradores solidarios  Varios administradores mancomunados  Un consejo de administración (art. 210.1 LSC ) Corresponde a los estatutos o a la junta designar el número máximo y mínimo que no puede ser inferior a 3 ni superior a 12 y establecer todo lo relativo a su convocatoria y la forma de adoptar acuerdos por mayoría.
Impugnación de los acuerdos del consejo de administración Los acuerdos nulos y anulables del consejo de administración pueden ser impugnados por:  Los administradores en el plazo de 30 días desde su adopción  Los socios que representen el 5% del capital social en el plazo de 30 días desde que tuvieron conocimiento de los mismos y siempre que no haya transcurrido1 año desde su adopción (art.
251.1 LSC).
La impugnación de estos acuerdos del consejo de administración se tramitará de la misma forma que la impugnación de los acuerdos de la junta general.
Nombramiento de los administradores Se efectúa en la propia escritura de constitución, pero posteriormente la competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la junta general (art. 214.1 LSC) Pueden ser nombrados administradores suplentes para el caso de que uno o varios de los administradores titulares cesen por cualquier causa.
Requisitos.
 No se requiere la condición de socio, pero los estatutos pueden exigir esa condición o cualquier otra.
 Pueden serlo tanto las personas físicas como las personas jurídicas.
 Han de aceptar el nombramiento para que surta efectos e inscribirlo en el RM No pueden ser administradores:  Los menores de edad no emancipados  Los judicialmente incapacitados  Las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia  Los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socio-económico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad  Aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio.
 Los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate  Los jueces o magistrados  Las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal Régimen de los administradores El contenido de la relación de los administradores con la sociedad está integrado por las disposiciones de la LSC, por lo dispuesto en los propios estatutos y por lo estipulado expresamente entre las partes.
La duración del cargo que tendrá carácter indefinido, salvo que los estatutos establezcan un plazo determinado, en cuyo caso podrán ser relegidos una o más veces por períodos de igual duración (art. 221.1 LSC).
El cargo de administrador de la sociedad de responsabilidad limitada es gratuito, a menos que los estatutos establezcan lo contrario y el sistema de retribución, que puede consistir en una cantidad fija o variable, en una participación en los beneficios o en una combinación de estos o cualquier otro sistema Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social de la SRL. La infracción de esta prohibición legitima a cualquier socio para solicitar del Juez de lo Mercantil del domicilio social el cese del administrador, salvo que la sociedad le haya autorizado.
Cese de los administradores La relación especial de administración se extingue por:  El transcurso del plazo determinado en los estatutos  El fallecimiento o declaración de fallecimiento de la persona física  Por extinción de la persona jurídica  Por la renuncia del propio administrador mediante la dimisión.
 También se puede producir como consecuencia del acuerdo de promover la acción social de responsabilidad o de transigir el ejercicio de la misma  Por la apertura de la liquidación de la sociedad  Como consecuencia de la exclusión del socio administrador que infrinja la prohibición de competencia  Cuando hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta Ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia (art. 350 LSC).
 Como consecuencia del acuerdo de separación adoptado por la junta general aunque no conste en el orden del día La representación de la sociedad La representación es la vertiente externa de la actividad de administración y se refiere a la actividad dirigida a entablar relaciones con terceros que vinculan a la sociedad. Esta actividad de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde genéricamente a los administradores (art. 233.1 LSC) No obstante, el poder de representación está en función de la concreta modalidad de organización de la administración establecida: Administrador único. El poder de representación corresponde necesariamente a éste.
Varios administradores solidarios. El poder de representación corresponde a cada administrador, pero se permite que con carácter interno los estatutos o la junta distribuya las facultades.
Varios administradores conjuntos y consejo de administración.
Puede separarse el poder de gestión y del poder de representación.
Cuando existan varios administradores conjuntos el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos (art. 233.2.c) LSC).
En el caso de consejo de administración si bien el poder de representación corresponde al propio consejo, que actuará colegiadamente, se permite que en los estatutos se atribuya el poder de representación a uno o varios miembros del consejo a título individual o conjunto y cuando el consejo, mediante un acuerdo de delegación, nombre una Comisión ejecutiva o uno o varios Consejeros delegados, en el mismo debe indicarse el régimen de su actuación Las comunicaciones o notificaciones a la sociedad podrán dirigirse a cualquiera de los administradores y en caso de consejo de administración, se dirigirán a su presidente.
El poder de representación de los administradores de la SRL también se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos. La extensión típica del ámbito del poder de representación es inderogable frente a terceros pues la limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros.
La sociedad también quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el registro mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social (art. 234.2 LSC).
Los deberes y la responsabilidad de los administradores El régimen de responsabilidad de los administradores de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que según la LSC es el mismo que para la SA. pretende asegurar el cumplimiento las obligaciones que estos deben a la sociedad a sus accionistas y acreedores y surge cuando habiendo infringido estos deberes les causan un daño.
Este régimen cumple indemnizatoria.
2 importantes funciones: preventiva e La función preventiva: Pretende influir en la conducta de los administradores induciéndoles a cumplir los deberes que asumen al aceptar el cargo.
La función indemnizatoria se manifiesta en el deber de reparar todos los daños que les sean imputables.
La responsabilidad de los administradores tiene 3 presupuestos:    Que causen un daño Que hayan incumplido sus obligaciones por actos u omisiones contrarios a la ley, los estatutos, o los que realicen incumpliendo los deberes del cargo, por dolo (actuación intencionada) o por culpa (actuación negligente) Que exista una relación de causalidad entre el acto ilícito de los administradores y el daño.
La LSC extiende esta responsabilidad a los administradores “de hecho”. La ley no define lo que es un administrador de hecho, pero según la jurisprudencia puede ser un director general, un apoderado general o accionistas dominantes o administradores que continúen en el cargo una vez caducado su nombramiento.
En estos casos la gestión de la sociedad recae sobre sujetos distintos a los que formalmente son administradores.
El art. 237 LSC señala que “todos los miembros del órgano de administración que hubieran adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responden solidariamente.
No obstante, la ley señala además 3 casos concretos de exoneración de responsabilidad:    Cuando el administrador ausente de la reunión donde se adoptó el acuerdo lesivo desconozca su existencia.
Cuando conociendo su existencia, hizo todo lo conveniente para evitar el daño Cuando al menos se opuso expresamente al acuerdo lesivo La ley no exonera de responsabilidad a los administradores aunque el acto lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta general de accionistas, estableciendo así una independencia entre los dos órganos de la sociedad.
Las acciones de responsabilidad de los administradores son dos: la acción social y la acción individual. (Art. 236.1 LSC) El criterio de distinción entre una y otra acción es el patrimonio perjudicado por los actos de los administradores: cuando el patrimonio perjudicado es el de la sociedad, la acción ejercitable es la acción social y, por el contrario, cuando el patrimonio dañado es el individual de cada uno de los socios o de terceros entra entonces en juego la acción individual.
El ejercicio de la acción social de responsabilidad por la sociedad exige como requisito previo el acuerdo de la junta general al respecto adoptado por mayoría ordinaria (los estatutos no pueden establecer una mayoría más amplia) y sin que sea necesario que conste en el orden del día (art. 238.1 LSC). El acuerdo de entablar la acción social también implica la destitución de los administradores afectados.
Los accionistas ostentan una legitimación extraordinaria para ejercitar la acción social de responsabilidad en 3 supuestos:  Cuando los accionistas soliciten la celebración de la junta general para que decida sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad y los administradores no la convoquen.
 Cuando la sociedad no entable la acción social de responsabilidad dentro del plazo de un mes desde la fecha en que adoptó el correspondiente acuerdo (art. 239.2 in fine LSC), y  Cuando el acuerdo tomado en la junta general sea contrario a la exigencia de responsabilidad (art. 239.2 in fine LSC).
En cualquiera de los 3 supuestos es requisito que el accionista, ostente la titularidad de, al menos, un 5 por 100 del capital social o que varios accionistas agrupen sus acciones para alcanzarlo.
Los acreedores de la sociedad también tienen una legitimación extraordinaria, si se dan las siguientes circunstancias:  Que la acción social no haya sido ejercitada por la sociedad o por sus accionistas.
 Que el patrimonio social sea insuficiente para pagar a los acreedores (art. 240 LSC).
La acción individual de responsabilidad que pueden ejercerla los accionistas, los acreedores o terceros cuando los administradores hayan dañado directamente sus intereses, es calificada por nuestra doctrina como: Una acción contractual cuando es ejercitada por los propios accionistas.
Una acción extracontractual cuando la ejercitan los terceros. En este caso, si la lesión ha sido causada por una conducta de los administradores ajena al cargo, la acción individual es identificada como la acción ex artículo 1902 CC.
Deberes de los administradores. La responsabilidad de los administradores frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales surge como consecuencia del daño causado por la infracción de alguno de los deberes que pesan sobre los mismos y que tienen su origen en la propia Ley o en los estatutos. Los más importantes son: Deber de lealtad (artículo 226 LSC) Los administradores deben desempeñar el cargo en defensa del interés social, entendido como interés de la sociedad. Implica la prohibición de todas aquellas conductas de los administradores que supongan la obtención de una ventaja por éstos a expensas de la sociedad.
Deber de diligencia. El art. 225 LSC señala que los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y que tienen el deber de informarse de la marcha de la sociedad.
Implica que sus actuaciones no pueden ser calificadas de negligentes o descuidadas Estos deberes generales se especifican estableciendo otros deberes o prohibiciones:       Prohibición de explotar su posición de administrador Prohibición de aprovechar oportunidades de negocio en beneficio propio Deber de abstención en caso de conflicto de intereses Prohibición de entrar en competencia con las actividades de la sociedad Deber de secreto aún después de cesar en sus funciones Deber de información Indemnización. La obligación de indemnizar abarca tanto a la disminución patrimonial (daño emergente) como al beneficio dejado de obtener (lucro cesante) imputables a la conducta infractora de los administradores.
Aunque en nuestro ordenamiento no existe un precepto que de manera general permita imponer a los administradores de las sociedades anónimas la obligación de restituir los beneficios obtenidos por aquéllos al infringir el deber de lealtad, se han buscado otros fundamentos jurídicos como la prohibición del enriquecimiento injusto o la aplicación analógica de: Art. 1683 CC “El socio industrial debe a la sociedad las ganancias que haya obtenido en el ramo o industria objeto de la misma” Art. 136 C de C En las sociedades colectivas que no tengan género de comercio determinado, no podrán sus individuos hacer operaciones por cuenta propia sin que preceda consentimiento de la sociedad, la cual no podrá negarlo sin acreditar que de ello le resulta un perjuicio efectivo y manifiesto.
Los socios que contravengan a esta disposición aportarán al acervo común el beneficio que les resulte de estas operaciones y sufrirán individualmente las pérdidas, si las hubiere.
TEMA 5. LA SOCIEDAD ANÓNIMA Exposición alumnos TEMA 6. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL El fundamento constitucional de la legislación sobre propiedad industrial está en: Art. 20.1.b CE. Reconoce el derecho fundamental a la producción y creación técnica, Art. 38 CE. Por la función de promoción de la competencia que en el nivel de la innovación tecnológica despliega el Derecho de la propiedad industrial Art. 44 CE. Por el deber que impone a los poderes públicos con respecto a la promoción de la investigación técnica en beneficio del interés general.
La normativa sobre invenciones mediante patente u otros títulos de propiedad industrial esta contenida en una pluralidad de disposiciones nacionales, comunitarias e internacionales, todas ellas integradas en el ordenamiento jurídico español. El régimen jurídico del sistema de patentes nacional se encuentra en la Ley 11/1986 de Patentes, y en el Real Decreto 2245/1986, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes (LP2), que han sido objeto de diferentes modificaciones.
Los requisitos de patentabilidad Los requisitos establecidos para la obtención de una patente o requisitos de patentabilidad pueden ordenarse en tres grupos diversos: objetivos, subjetivos y formales.
Los que tienen mayor relevancia son los requisitos objetivos de patentabilidad, que deben concurrir en la invención para la que se solicita la patente. Son absolutamente indispensable para la obtención de la patente.
Los requisitos subjetivos de patentabilidad deben concurrir en el solicitante de la patente.
Los requisitos formales son los relativos a los documentos que forman la solicitud de patente y su contenido.
Nosotros analizaremos únicamente los requisitos objetivos de patentabilidad.
Requisitos objetivos. Los requisitos objetivos que deben concurrir en la invención para la que se solicita una patente son la novedad, la actividad inventiva y la susceptibilidad de aplicación industrial.
(Art. 4.1 LPI) 1. Novedad. El art. 6.1 LP establece que "una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".
El concepto de estado de la técnica es, por tanto, decisivo para precisar si hay o no novedad. La definición del estado de la técnica está contenida en el artículo 6.2 LP en los siguientes términos: "el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio." Asimismo y con el objeto de evitar el riesgo de que se concediera una doble patente para la misma invención, el artículo 6.3 LP asimila al estado de la técnica determinados documentos que no podían ser conocidos por el solicitante de la patente: "[...] se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentados, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieran sido publicadas en aquella fecha o lo sean en una fecha posterior".
Además con el objeto de evitar el riesgo de que se concediera una doble patente para la misma invención, el artículo 6.3 LP asimila al estado de la técnica determinados documentos que no podían ser conocidos por el solicitante de la patente: "[...] se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentados, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieran sido publicadas en aquella fecha o lo sean en una fecha posterior".
Finalmente, en el artículo 7 LP se regulan los casos en los que una divulgación o utilización previa de la invención no destruye la novedad, siempre que se produzcan en los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de patente. Estos casos de divulgación o utilización previa de la invención que no destruyen la novedad de la invención son los que tienen su causa en una de estas tres circunstancias: un abuso evidente frente al solicitante o su causante; exhibiciones en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, o ensayos efectuados por el solicitante o su causante.
2. Actividad inventiva. El derecho de patente no puede utilizarse para tutelar las pequeñas innovaciones industriales si tenemos presente sus fundamentos y por ello es preciso que la invención constituya un salto cualitativo de nivel objetivo. Es preciso, como dice el artículo 8 LP, que una invención no derive del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
3. Susceptible de aplicación industrial. El significado de este requisito viene establecido en el artículo 9 LP: "se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria." El artículo 4.4 LP excluye la concurrencia de este requisito y, por tanto, la patentabilidad, con respecto a las invenciones consistentes en métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico del cuerpo humano o animal, si bien se admite la patente de los productos que permiten la puesta en práctica de esos métodos, tales como las sustancias o composiciones y los aparatos e instrumentos.
El derecho a la patente El derecho a la patente es el derecho que la LP otorga al inventor para solicitar y obtener la protección mediante patente para una invención Las invenciones que pueden constituir el objeto de una patente son siempre una creación de la mente humana, pues sólo una persona puede concebir una invención. Por eso, el artículo 10.1 LP atribuye al inventor o a sus causahabientes el derecho a la patente.. Únicamente cuando el inventor transmite este derecho o bien por disposición legal es posible que soliciten la patente personas jurídicas (art. 2 LP). No obstante, el inventor tiene siempre el derecho a ser mencionado como tal en la patente (art. 14 LP).
En los casos en los que la invención haya sido realizada conjuntamente por varias personas, el derecho a la patente pertenece a todos los coinventores en común (art. 10.2 LP) Para solucionar el conflicto que surge cuando la invención ha sido realizada por varias personas, pero de forma separada e independiente, se atribuye el derecho a la patente al inventor que presente primero la solicitud (art. 10.3 LP).
La LP establece una presunción iuris tantum de que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente (art. 10.4 LP), facilitando así el inicio del procedimiento de concesión, pues el solicitante no tiene que acreditar que es el verdadero inventor.
En caso de ejercicio ilegítimo del derecho a la patente, el titular legítimo goza de 2 acciones, según haya concluido o no el procedimiento de concesión.
Cuando no se haya producido aún la concesión de la patente al solicitante, el titular legítimo del derecho a la patente puede entablar una acción declarativa de su derecho. En este caso, una vez que la solicitud de patente sea publicada, el juez que conozca de la acción declarativa suspenderá el procedimiento de concesión hasta que recaiga sentencia firme y si es estimatoria, el titular legítimo puede, en el plazo de tres meses, optar por una de las siguientes posibilidades: i.
ii.
iii.
subrogarse en la posición jurídica del solicitante ilegítimo, presentar una nueva solicitud de patente que gozará de la misma fecha de prioridad, o pedir que la solicitud sea rechazada.
Una vez que la patente ha sido concedida al solicitante ilegítimo, el titular legítimo puede pedir que se le transfiera la patente o ejercitar cualquier derecho que pueda corresponderle (arts.11 y 12 LP).
En la actualidad, la mayoría de las invenciones son realizadas por asalariados al servicio de un empresario y ello obliga a precisar quién es en estos casos el titular legítimo del derecho a la patente.
La LP distingue tres clases de invenciones laborales: 1) Invenciones de encargo 2) Invenciones de servicio 3) Invenciones libres Las invenciones de encargo son las que constituyen el resultado de una actividad de investigación para cuya obtención fue contratado el inventor. En tal caso, el derecho a la patente corresponde siempre al empresario y el inventor sólo conserva el derecho a que le sea reconocida la paternidad del invento (art 15.1 LP), si bien el inventor tendrá derecho a una remuneración suplementaria si su aportación personal al invento y la importancia de la invención exceden de manera evidente del contenido del contrato (art. 15.2 LP).
Las invenciones de servicio son aquellas realizadas por quien no fue contratado para investigar, siempre que concurran dos circunstancias: a) que la invención se relacione con la actividad profesional del trabajador en la empresa y b) que para obtener la invención hubieran sido decisivos los conocimientos adquiridos en la empresa o la utilización de los medios proporcionados por la empresa.
En este tipo de invenciones, el derecho a la patente corresponde al inventor (arts. 16 y 17.1 LP).
Sin embargo, el empresario puede asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma. En este último caso, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa (art. 17.2 LP).
Las invenciones libres constituyen una categoría residual que comprende las restantes invenciones laborales en las que el derecho a la patente corresponde siempre al trabajador inventor (art. 16 LP).
Contenido y duración del derecho de patente La patente define la posición jurídica del inventor que ha obtenido el correspondiente título de propiedad industrial (art. 1.a LP).
El contenido de la patente está constituido por el derecho de patente, que únicamente puede ser ejercitado dentro de unos límites determinados.
El derecho de patente sólo puede ejercerse en el territorio español (aunque hay patentes internacionales) Tiene una duración inferior a la patente, pues nace el día en que se publica el anuncio de concesión de la patente, mientras que la patente tiene una duración de veinte años que se computan desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 49 LP).
El tercer limite del derecho de patente tiene carácter objetivo y se refiere al ámbito de protección fijado por el artículo 60.1 LP en los siguientes términos: la extensión de la protección conferida por la patente se determina por el contenido de las reivindicaciones (reglas técnicas que innovan).
El derecho de patente es un derecho de exclusiva constituido por un conjunto de facultades que confieren al titular el poder de prohibir la realización de ciertas actividades por los terceros.
El artículo 50 LP determina el contenido del derecho de patente enumerando las facultades que corresponden al titular según se trate de una patente de producto o de una patente de procedimiento.
En el caso de patente de producto, el titular puede impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la utilización del producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para cualquiera de los fines mencionados (art. 50.1.a).
El significado de todos estos términos es el de abarcar la explotación de la invención en todas sus fases, desde la producción hasta la comercialización.
En el caso de patente de procedimiento, se distingue entre: Las facultades del titular sobre el procedimiento patentado y Las facultades del titular sobre el producto directamente obtenido por el procedimiento.
El titular de la patente de procedimiento puede impedir la utilización o el ofrecimiento de utilización del procedimiento.
Asimismo, el titular de la patente puede impedir el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión con dichos fines (art. 50.1. b y c).
La protección del titular de la patente de procedimiento se refuerza mediante la extensión de las facultades del titular a los productos importados (art. 61.1 LP) y estableciendo una presunción iuris tantum consistente en que todo producto o sustancia nuevos de las mismas características se presume obtenido por el procedimiento patentado.
El contenido del derecho de patente en el ámbito de las invenciones biotecnológicas o de las ciencias de la vida tiene una extensión distinta en función del objeto de la patente.
Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, el derecho de patente se extiende a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciadas, y que posea esas mismas propiedades (art. 50.2).
Cuando ésta tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, el derecho se extienden a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades (art. 50.3).
Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, el derecho de patente se extiende a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética (art. 50.4).
El titular de la patente ostenta asimismo la facultad de impedir la denominada explotación indirecta de la invención (art. 51 LP), esto es, el derecho de impedir la conducta de quienes sin infringir directamente el derecho de patente cooperan para que otra persona infrinja de manera directa el derecho de patente, entregándole u ofreciéndole la entrega de los medios que sirven para la puesta en práctica de la invención patentada. No obstante, hay un conjunto de supuestos que pueden calificarse como excepciones al derecho de patente porque en ellos la realización de alguno de los actos reservados al titular de la patente no constituye violación del derecho de patente.
Estos actos están enumerados en el artículo 52.1 y, entre otros, se mencionan los realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales, los realizados con fines experimentales o la preparación de medicamentos realizada en las farmacias.
El derecho de patente puede, a su vez, estar sometido a diversas restricciones, tanto voluntarias, derivadas de la concesión de una licencia, como legales.
La primera restricción legal contemplada en el artículo 52.2 LP recibe la denominación de agotamiento del derecho de patente. La función de esta restricción consiste en evitar que el ejercicio ilimitado de las facultades que confiere el derecho de patente pueda llegar a perjudicar la seguridad jurídica en el tráfico comercial. El presupuesto esencial del agotamiento del derecho de patente es la introducción en el comercio del producto objeto de la patente o del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, esto es, la celebración de un negocio jurídico que posibilita a un tercero la efectiva disposición o el efectivo aprovechamiento económico del producto protegido por la patente. La introducción en el comercio produce el agotamiento cuando la realiza el propio titular de la patente o un tercero con su consentimiento, normalmente otorgado mediante una licencia. El agotamiento del derecho de patente sólo se produce en relación con los productos protegidos introducidos en el comercio en el territorio nacional. Esto significa que el titular de la patente puede seguir oponiéndose a la importación de los productos protegidos.
La limitación de los efectos del agotamiento del derecho de patente al territorio del Estado de la patente provocaba un conflicto con el principio de libre circulación de las mercancías en el ámbito de la Unión Europea. En efecto, en el territorio de la Unión Europea, si cada estado miembro aplicase el principio del agotamiento en el ámbito nacional, el titular de una patente para la misma invención en distintos Estados miembros podría poner en peligro el principio de la libre circulación de mercancías. La doctrina del agotamiento comunitario, recogida actualmente en el artículo 52.2 LP, surge precisamente para evitar ese conflicto y comporta que el agotamiento se produce no sólo como consecuencia de la puesta en el comercio del objeto patentado en España, sino también como consecuencia de la introducción en el comercio en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
El agotamiento del derecho de patente conlleva que el titular de la patente pierde su ius prohibendi respecto de las actividades que posteriormente se lleven a cabo en relación con el producto objeto de la patente introducido por primera vez en el comercio en territorio nacional o comunitario por el titular o por un tercero con su autorización.
En el caso de las invenciones biotecnológicas, el agotamiento comporta que los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones (art. 50.3 LP), salvo en los casos previstos en el articulo 53 LP a favor de los agricultores o ganaderos.
La doctrina del agotamiento se justifica por la función desarrollada por el derecho de patentes. Si la patente tiene por objeto incentivar la inversión en investigación tecnológica permitiendo que el inventor pueda recuperar la inversión que ha realizado, una vez que el producto ha sido puesto en circulación con su consentimiento, el titular de la patente ya ha podido recuperar parte de la inversión y, por tanto, el derecho de patente se considera agotado.
La segunda restricción legal del derecho de patente se refiere al denominado derecho de pre uso de la invención (art. 54 LP). Este derecho protege a quienes venían explotando la invención patentada antes de la fecha de prioridad (solicitud de patente). La protección se extiende asimismo a quienes hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotarla. La aplicación de esta restricción exige la concurrencia de los siguientes requisitos.
 En primer lugar, ha de existir una explotación o preparativos serios y efectivos para la misma.
 En segundo lugar, dicha explotación anterior debe haberse realizado en España, y,  En tercer lugar, quien haya realizado la explotación tiene que haber actuado de buena fe.
No obstante, el referido derecho de pre uso sólo es transmisible con la empresa y únicamente puede ejercitarse para atender las necesidades razonables de la empresa.
La tercera restricción de origen legal al derecho de patente se concreta en que la explotación del objeto de la patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la ley, la moral, el orden público o la salud pública (art. 57 LP).
Acciones por violación del derecho de patente El titular de la patente cuenta con un conjunto de acciones para tutelar el derecho de patente frente a los actos que comporten una violación de las facultades que lo conforman. Las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la patente son las siguientes:       La acción de cesación, La acción de indemnización de daños y perjuicios, La acción de embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho de patente, La acción de atribución en propiedad de los objetos o medios embargados, La acción de adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y La acción de publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente.
La acción más significativa es la acción de cesación de los actos de violación de derecho de patente, porque la explotación de la invención objeto de una patente en el marco de una actividad empresarial constituye un acto de naturaleza continua.
Los presupuestos de ejercicio de la acción de cesación son la violación de cualquiera de las facultades que integran el contenido del derecho de patente, y la posibilidad de que el acto se repita o tenga continuidad en el tiempo. En cambio, no son condiciones ni la producción de un daño patrimonial al titular de la patente ni la culpa del infractor. El objeto de la acción de cesación es la condena a la paralización y la prohibición de la repetición del acto de violación del derecho de patente que se estaba realizando ilícitamente.
El objeto de la acción de indemnización de daños y perjuicios es la remoción de los efectos patrimoniales negativos de la violación del derecho de patente.
La LP establece un régimen de responsabilidad objetiva para quienes fabriquen o importen el objeto protegido por la patente o utilicen el procedimiento patentado (art. 64.1 LP), y otro de responsabilidad por culpa para quienes realicen cualquier otro acto de explotación. En este último supuesto, la culpa se presume a partir del momento en que el infractor sea advertido por el titular de la patente sobre la existencia de ésta y su violación y le requiera para que cese en la violación (art. 64.2 LP).
La indemnización comprende no sólo el daño emergente o valor de la pérdida sufrida y el lucro cesante o beneficio dejado de obtener (art.
66.1 LP), sino también el perjuicio que suponga el desprestigio de la patente irrogado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada en el mercado (art. 68 LP). La LP, con objeto de facilitar el cálculo del lucro cesante, establece los criterios que, a elección del perjudicado, deben seguirse.
En la enumeración de estos criterios se descubre que bajo la misma denominación de acción de indemnización del beneficio dejado de obtener se esconden en realidad dos acciones: una acción indemnizatoria y una acción de enriquecimiento injusto.
La acción indemnizatoria se plasma en el criterio que fija el lucro cesante por los beneficios que el titular habría obtenido si no hubiera existido la competencia del infractor (art. 66.2.a LP).
La acción de enriquecimiento injusto se revela en los dos criterios ulteriores constituidos por los beneficios que el infractor haya obtenido, y por el precio que el infractor hubiera tenido que pagar por la concesión de una licencia (art. 66.2.b y c LP), pues ambos muestran que no se indemniza al titular, sino que se le atribuyen los beneficios obtenidos por el infractor.
La legitimación activa para el ejercicio de cualquiera de las acciones por violación del derecho de patente corresponde, como es lógico, al titular de la patente (art. 62 LP), pero también están legitimados para ejercitarlas los titulares de una licencia exclusiva (art. 124 LP). La legitimación pasiva recae sobre cualquier persona que realice un acto que implique la violación de las facultades que integran el contenido del derecho de patente, quien podrá alegar por vía de reconvención o por vía de excepción la nulidad total o parcial de la patente del actor (art. 126 LP).
El plazo de prescripción de los derechos del titular de la patente en caso de violación se establece en cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercerse las correspondientes acciones (art. 70.1 LP).
Asimismo, se establece un límite a la indemnización que puede exigirse: únicamente por los daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.
La obligación de explotar, la nulidad y la caducidad de la patente La posición jurídica del titular de una patente no sólo esta integrada por las facultades que configuran el derecho de patente, sino también por las dos obligaciones fundamentales que pesan sobre el titular de la patente y que son: 1) La obligación de pago de las anualidades establecidas durante la vigencia de la patente (art. 161 LP).
2) La obligación de explotación de la patente (art. 83 LP).
El fundamento de ambas obligaciones se encuentra en la función que persigue el sistema de patentes. El titular de la patente debe llevar a cabo en España (o en cualquier otro estado miembro de la Unión Europea, de acuerdo con STJCE de 18-II-1992) una explotación industrial y comercial de la patente suficiente para atender la demanda del mercado nacional y realizada de forma ininterrumpida. La explotación de la patente debe llevarse a cabo en un plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión, aplicándose automáticamente el plazo que termine más tarde.
El titular de la patente no está obligado a justificar la explotación de la patente, pero para evitar la concesión de una licencia obligatoria podrá justificar la explotación mediante la presentación ante la OEPM de un certificado oficial de explotación expedido, a petición del titular de la patente, bien por las delegaciones de Industria del Ministerio de Industria o bien por las consejerías de las comunidades autónomas con competencias de ejecución en materia de propiedad industrial (art.
84 LP). La justificación de la explotación mediante el referido certificado produce una presunción iuris tantum de que la invención está siendo explotada (art. 85 LP).
La extinción de la patente se produce como consecuencia de la concurrencia de causas diversas reconducibles a las categorías de nulidad y caducidad.
La nulidad de la patente sólo puede ser declarada judicialmente y como consecuencia del ejercicio de la acción civil de nulidad de la patente con fundamento en alguna de las causasdenulidad previstas en el artículo 112.1 LP.
Estas causas de nulidad concurren cuando:    Falta alguno de los requisitos objetivos de patentabilidad, La descripción no es suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutar la invención, El objeto de la patente excede el objeto de la solicitud de patente y  El titular de la patente no tenía derecho a obtenerla por no reunir los requisitos subjetivos de patentabilidad.
La declaración de nulidad de la patente puede ser total, en cuyo caso la patente nunca fue válida (art. 114.1 LP), o parcial, lo cual comporta la anulación de las reivindicaciones afectadas por la causa de nulidad (art. 112.2 LP), en cuyo caso la patente seguirá en vigor con respecto a las reivindicaciones no anuladas (art. 112.3 LP).
La legitimación activa para ejercer la acción de nulidad comprende a todos los que se consideren perjudicados y a la Administración Pública, salvo en lo que respecta a la causa relativa a la falta de legitimidad material del titular de la patente, que únicamente podrá ser alegada por el titular legítimo (art. 113.1 LP) y podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y los cinco años siguientes a su caducidad (art. 113.2 LP). La legitimación pasiva recae sobre el titular registral de la patente en el momento de interponer la demanda (art. 113.3 LP). Los efectos de la declaración de nulidad de la patente se producen ex tunc, (art. 114.1 LP) y erga omnes, por lo que tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos (art. 114.3 LP).
La caducidad de la patente es declarada por la OEPM (art. 116.2 LP) como consecuencia de la concurrencia de alguna de las causas que producen la caducidad de la patente.
Estas causas tienen lugar por:     Expiración del plazo de concesión de la patente; Renuncia del titular (art. 118 LP); Falta de pago de una anualidad (arts. 116.3 y 117 LP); Falta de explotación de la patente en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria (art. 116.4 LP), y incumplimiento de la obligación de explotar la patente (art.116.1 LP).
La declaración de caducidad produce efectos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que han dado lugar a la caducidad (art. 116.2).
La internacionalización del Derecho de patentes Los sistemas de patentes nacionales están basados en el principio de la territorialidad, en virtud del cual la protección de una invención queda limitada al territorio del Estado en el que se ha solicitado y obtenido la concesión de la correspondiente patente.
La protección internacional de las invenciones mediante patente sólo puede alcanzarse realizando la solicitud y obteniendo la concesión de la patente por separado en cada una de las respectivas oficinas nacionales de cada Estado.
La internacionalización y globalización de la economía frente a esa realidad jurídica explica los movimientos que han llevado a regular con carácter internacional los derechos de propiedad industrial mediante diferentes convenios. (Ej. Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, vigente en España desde el 7 de julio de 1884, en el que se estableció el principio del trato nacional y el derecho de prioridad.
El principio del trato nacional comporta que cada uno de los países de la Unión debe otorgar a los nacionales de los demás Estados miembros la misma protección que concede a sus nacionales (art. 2 CUP).
El derecho de prioridad permite que sobre la base de una solicitud de patente presentada ante uno de los países de la Unión el solicitante presente en un plazo de doce meses, o de seis para las demás modalidades de propiedad industrial, otra solicitud de patente sobre la base de la primera, en cualquier otro país miembro de la Unión, considerándose que estas ulteriores solicitudes han sido presentadas el mismo día que se presentó la primera (art. 4 CUP).
El modelo de utilidad El desarrollo tecnológico tiene lugar no sólo con las invenciones que son susceptibles de protección mediante patente, sino también con otras invenciones para las que obtener esa protección resulta excesivamente costoso o que no reúnen los requisitos necesarios para obtenerla.
La importancia de esas invenciones para el desarrollo tecnológico, en especial en el ámbito de la pequeña y mediana empresa y las importantes diferencias existentes entre las legislaciones de los distintos Estados miembros de la Unión Europea han dado lugar a la presentación de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad que obligará a modificar algunos de los elementos que configuran el modelo de utilidad en nuestro ordenamiento.
El modelo de utilidad como título de propiedad industrial surge históricamente con la finalidad de proteger únicamente las invenciones constituidas por una forma que proporciona una función técnica, pese a carecer de la actividad inventiva exigida para la concesión de una patente.
Esta noción es también la que se desprende del artículo 143 LP, que delimita el objeto de protección mediante modelo de utilidad positivamente, calificándolo como una invención que se caracteriza por constituir una forma que cumple una función técnica, y negativamente, excluyendo de la posibilidad de obtener la protección mediante modelo de utilidad a las invenciones de procedimiento, porque no constituyen una forma, y a las invenciones constitutivas de variedades vegetales porque cuentan con una disciplina especial.
Ej. Dar a un objeto una configuración / Una ventaja en el uso del objeto o en su fabricación Los requisitos objetivos para la protección como modelo de utilidad son la novedad, la actividad inventiva y también, aunque no se menciona expresamente, la susceptibilidad de aplicación industrial.
Este último también constituye un requisito, porque es inherente a la noción legal de modelo de utilidad y, por tanto, su exigibilidad puede fundarse en los artículos 4.1 y 9 LP en virtud del carácter supletorio que el artículo 154 LP otorga a las disposiciones sobre las patentes.
La novedad de las invenciones protegibles mediante modelo de utilidad también se determina por referencia al estado de la técnica. El estado de la técnica relevante para comprobar la novedad está constituido por todo aquello que antes de la presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España (art.
145.1 LP). En cambio, en materia de patentes el estado de la técnica abarca todo lo que se ha hecho accesible al público y la novedad exigida es la mundial.
La actividad inventiva requerida también se distingue de la establecida para las patentes, pues existe actividad inventiva si la invención no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia (art. 146.1 LP) frente a la simple evidencia en materia de patentes (art. 8 LP).
El derecho al modelo de utilidad pertenece al inventor y a sus causahabientes (art. 144 LP). El procedimiento de concesión del modelo de utilidad se inicia con la presentación de una solicitud ante la OEPM con el mismo contenido establecido para las patentes, salvo que no es necesario presentar el resumen y que hay que manifestar que se solicita un modelo (art. 147 LP). Una vez admitida a trámite la solicitud, se examina si reúne los requisitos formales y si el objeto es susceptible de ser protegido como modelo de utilidad. La OEPM no examina ni la novedad, ni la actividad inventiva, ni la suficiencia de la descripción (art. 148 LP). A continuación, la OEPM publica la solicitud (art. 148.4 LP) y a partir de este momento cualquier persona con interés legítimo puede presentar oposiciones de las que se da traslado al solicitante.
Una vez transcurrido el plazo que la LP otorga al solicitante para contestar las oposiciones, la OEPM dicta una resolución denegando o concediendo el modelo de utilidad (art. 149 LP).
El contenido del derecho sobre la invención protegida como modelo de utilidad está establecido mediante una remisión al contenido del derecho de patente (art. 152.1 LP) y, por tanto, las facultades que conforman el contenido del derecho de modelo de utilidad son las contenidas en los artículos 50 y 51de la LP.
La duración del modelo de utilidad se limita a 10 años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud .
El diseño industrial El diseño industrial también constituye un título de propiedad industrial, pero a diferencia de las patentes y los modelos de utilidad, en los que el objeto de protección es una invención, en éstos el objeto tutelado está constituido por una innovación de forma, bidimensional o tridimensional, destinada a servir como tipo para la fabricación de un producto en serie.
Éste es el concepto que se obtiene de la definición de diseño contenida en el artículo 2. a) de la nueva Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial(LPJDI).
La finalidad buscada con estas innovaciones de forma es conseguir que los consumidores encuentren más atractivos los productos, bien porque aumentan su estética o bien porque suponen un perfeccionamiento funcional de los mismos.
El fundamento de la protección de las invenciones de forma que constituyen el objeto del diseño industrial no puede ser el mismo que el señalado para las invenciones, pues es obvio que éstas no contribuyen al desarrollo tecnológico de la industria.
La protección del diseño industrial se concede como reconocimiento a la actividad creadora de su autor y porque enriquecen el stock de las innovaciones de forma aplicadas a la industria que satisfacen las preferencias de los consumidores. El fundamento de estas figuras las dota de una naturaleza híbrida que las sitúa entre el Derecho de la propiedad industrial y el Derecho de autor o propiedad intelectual.
La importancia del diseño industrial en nuestros días es manifiesta y por ello no es de extrañar que en el ámbito comunitario exista numerosa normativa.
En el ordenamiento español la disciplina del diseño industrial estaba contenida en el Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido de 30 de abril de 1930 (arts. 164 a 195), pero finalmente éste ha sido derogado por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
La expresión diseño industrial sustituye en el ordenamiento español a la más tradicional de dibujos y modelos industriales, dado que el carácter bidimensional o tridimensional del diseño no comporta un régimen jurídico diverso y, además, evita cualquier confusión con los modelos de utilidad y, por último, se corresponde con la terminología utilizada en el leguaje común. El diseño industrial y el modelo de utilidad constituyen títulos de propiedad industrial que protegen la forma de un objeto, pero entre uno y otro existen claras diferencias.
El modelo de utilidad protege las invenciones de forma que cumplen una función técnica, mientras que el diseño industrial tutela únicamente las innovaciones de forma que aumentan la estética o suponen un perfeccionamiento funcional que no tiene carácter técnico.
El diseño industrial, sin dejar de ser una innovación de forma, puede constituir simultáneamente una creación artística susceptible de protección mediante el régimen de la propiedad intelectual. En consecuencia, pueden establecerse tres categorías distintas de creaciones de forma, según la disciplina de protección a la que puedan acogerse: 1. Los diseños puramente artísticos, protegidos por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
2. Los diseños artísticos susceptibles de protección simultánea por la LPJDI y por la LPI.
3. Los diseños industriales, protegidos únicamente por la LPJDI.
Este sistema de protección de las innovaciones de forma aplicables a la industria vigente en nuestro ordenamiento es denominado de acumulación restrictiva y resulta del la LPJDI y del artículo 3, 2.° LPI.
Los requisitos objetivos que deben concurrir en la innovación de forma susceptible de protección mediante diseño industrial son la novedad, la singularidad (art. 5 LPJDI) y la susceptibilidad de aplicación industrial.
La novedad se define en el artículo 6 de la LPJDI, a cuyo tenor se considera que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño, cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes, haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
El 2º requisito objetivo es que el diseño posea carácter singular y esto ocurre, de acuerdo con el artículo 7 de la LPJDI, cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
La expresión accesible al público, utilizada para la delimitación de los conceptos de novedad y singularidad, constituye asimismo un concepto técnico cuyo significado se concreta en el artículo 9 de la LPJDI en los términos siguientes: se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea.
El artículo 10 LPJDI establece que a los efectos de los requisitos de novedad y singularidad no se tienen en cuenta las divulgaciones hechas por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.
El tercer requisito consiste en que la innovación de forma objeto del diseño industrial sea susceptible de aplicación industrial, requisito que deriva de la función de estas figuras y no de una disposición expresa de la LPJDI.
La duración del registro es de 5 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, renovable por uno o más periodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años.
La inscripción en el registro de diseños del diseño concedido confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, pudiendo ejercitar en su defensa las acciones por violación del diseño registrado, cuyo régimen se encuentra en los artículos 53 a 57 de la LPJDI.
La extinción del derecho de diseño se produce con la declaración de nulidad por la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 13 de la LPJDI o con la declaración de caducidad por las causas contempladas en el artículo 71 LPJDI.
La protección de los dibujos y modelos industriales no sólo se produce en el ámbito nacional, sino que también cuenta con manifestaciones internacionales.
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