Tema 17 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Teoria del Derecho
Año del apunte 2015
Páginas 7
Fecha de subida 28/03/2016
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TEMA 17: LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO 1. El sentido general de la aplicación del derecho Es muy común entre los juristas entender que la aplicación del derecho consiste en la atribución por parte del juez de las consecuencias desfavorables que el propio orden jurídico prevé para el caso de su contravención. Esta forma de pensar responde a una visión absolutamente restrictiva del fenómeno de la aplicación del derecho por dos razones fundamentales.
Porque olvida que el orden jurídico no solo prevé la atribución de consecuencias desfavorables al sujeto para el caso del incumplimiento del derecho, sino también la de consecuencias favorables en los supuestos en que acomoda el individuo su comportamiento a la consecución de determinados objetivos cuya realización estima conveniente el derecho.
Además, porque una consideración semejante parte de un modelo unitario de la figura del destinatario del derecho cuando lo cierto es que existen diferentes categorías de destinatarios del derecho, de personas a las que el ordenamiento jurídico dirige mensajes con el fin de que realicen la conducta o las conductas prescritas en el contenido normativo correspondiente.
Se entiende en este sentido que tanto el individuo que acomoda su comportamiento, como el órgano jurídico, el juez o el funcionario aplican el derecho. La aplicación del derecho asume un significado diferente en cada supuesto al operar sobre manifestaciones diversas del fenómeno jurídico: en los tres primeros casos el órgano jurídico está aplicando el derecho directa o indirectamente legislativo, mientras que el funcionario público que ejecuta el contenido de la sentencia del juez aplica directamente el derecho judicial.
Una consideración especial merece la aplicación judicial del derecho que se produce como respuesta al conflicto de intereses que subyace a toda controversia jurídica. Pues proporciona una explicación convincente del sentido restrictivo que se ha venido atribuyendo a la expresión aplicación del derecho como aplicación judicial del derecho, pero no puede, ocultarla aplicación del derecho que pueden realizar otros sujetos jurídicos distintos a los jueces, ni el significado preciso de la aplicación del derecho por parte de los jueces que no difiere de la que llevan a cabo los demás sujetos que proceden también a su aplicación.
La aplicación judicial del derecho no se distingue de la que realizan el resto de los operadores jurídicos por la circunstancia de presentarse como respuesta oficial ante la producción de situaciones jurídicamente relevantes, ni mucho menos por tener en ocasiones como presupuesto a la inobservancia del modelo de conducta previsto en los enunciados jurídicos normativos.
Aunque la idea de aplicación del derecho le es en algún sentido inherente a la de una cierta regularidad, adecuación a derecho, de la conducta que lleva a efecto la aplicación, se han solido en ocasiones distinguir los supuestos de aplicación regular del derecho, que se desarrollaría con arreglo a los cauces que el propio ordenamiento jurídico previene al efecto, de los de aplicación irregular del derecho, en los que la conducta en cuestión no respondería plenamente al modelo establecido.
2. La interpretación jurídica como momento específico del proceso de aplicación del derecho Difícilmente se puede aplicar el derecho si no se conoce previamente cual es el modelo de actuación que el ordenamiento jurídico exige de él. En la determinación del significado preciso, el contenido normativo de las disposiciones jurídicas se presenta como un elemento necesario a cualquier aplicación del derecho.
Se reconoce normalmente como interpretación del derecho a la imputación de un determinado significado a un enunciado jurídico normativo, pues la interpretación jurídica constituye un momento específico del proceso de aplicación de derecho, cualquiera que sea el sujeto concreto que pueda proceder en cada caso a su realización.
El juez no solo se ve obligado a interpretar el modelo de conducta que de él requiere el ordenamiento jurídico, sino también a interpretar las disposiciones jurídicas que van a determinar el tipo de respuesta jurídica que merece la situación que debe juzgar. Se exige del juez una doble acción interpretativa dirigida de un lado a determinar el modelo de conducta judicial y de otro a posibilitar la realización de su función específica, requiriéndose para ello la imputación 1 de un determinado significado a los enunciados jurídicos que van a fundamentar la respuesta judicial a las situaciones que le se le presentan para su correspondiente resolución.
La interpretación de las disposiciones jurídicas no es el único elemento esencial al desarrollo de la propia función judicial, además se requiere la observación y el análisis de los hechos que integran la situación objeto de resolución judicial con vistas a la mejor toma de conciencia de los acontecimientos a los que aplicar la respuesta jurídica.
Solo una vez determinados los hechos procede el juez a atribuirles una respuesta oficial que él mismo fundamente en una o varias disposiciones del sistema jurídico. La elección de la disposición jurídica requiere la previa imputación de significado no solo a tales disposiciones, sino a las que son descartadas por el juez por no resultar aplicables al caso concreto que se presenta para su resolución.
El proceso aplicativo del derecho que realiza el juez puede ser objeto de valoración por parte de los propios sujetos que protagonizan los acontecimientos sobre los que versa la resolución judicial o incluso de los propios analistas del fenómeno jurídico, lo que supone por una parte la realización de una interpretación paralela a la del juez.
3. Clases de interpretación jurídica a) La consideración del sujeto que lleva a efecto la interpretación del derecho permite distinguir los supuestos de interpretación judicial, auténtica, autorizada, doctrinal y general.
- La interpretación judicial adquiere una enorme relevancia en el Estado moderno a partir de la acuñación de la doctrina de la separación de poderes que concibe al juez como el órgano encargado de administrar la justicia.
Garantiza su operatividad como interpretación jurídica fundamental o como la interpretación jurídica de efectividad más directa en las comunidades sociales más contemporáneas. La formación específica que recibe el juez permite minimizar la desconfianza que puede generar al ciudadano la circunstancia de que el órgano encargado de desentrañar el significado de las disposiciones jurídicas no coincida con el que las introdujo en el universo jurídico.
- Se reconoce como interpretación auténtica a la que realiza el propio órgano que dicta la disposición jurídica a la que se imputa el significado. Es precisamente el creador de la disposición jurídica el que mejor puede conocer su significado correcto desde el momento en que los enunciados lingüísticos que la componen constituyen una traducción de su propia voluntad. EL pronunciamiento expreso del órgano que dictó la disposición jurídica permite eliminar las impurezas de cualquier intervención ajena que pudiera desvirtuar el significado concreto que le corresponda como instrumento regulador de la vida social. Hay que añadir que entraña dificultades el tener que acudir continuamente al órgano que dictó la disposición jurídica y las evidentes dosis de inseguridad jurídica que conlleva la atribución al mismo de la facultad de poder a determinar a posteriori. Este tipo de interpretación tiene un carácter general estableciéndose con anterioridad a la producción de sucesos que constituyen el objeto del litigio. Conviene señalar que en estos supuestos la interpretación auténtica no se traduce tanto en una decisión que pone punto final a una controversia como en una nueva disposición jurídica cuyas relaciones con la hipotética disposición interpretada deberán regirse con arreglo a los criterios que impone la coherencia del sistema jurídico y precisará la correspondiente interpretación para ser efectivamente aplicada.
En algunas ocasiones el órgano que dictó la disposición autoriza a otro órgano diferente a llevarla a efecto y el valor jurídico de la disposición quedará limitado a los sujetos que se encuentran jerárquicamente subordinados al órgano que dictó la disposición, no resultando vinculante para la decisión que pudiera tomar el juez al resolver las cuestiones.
-La interpretación doctrinal es la que efectúan los analistas del derecho al señalar el significado que en su opinión corresponde a las diferentes disposiciones que integran el ordenamiento jurídico. Este tipo de interpretación desarrolla un cierto efecto condicionante del sentido de las resoluciones judiciales y de las interpretaciones del sentido del derecho que realizan el resto de los operadores jurídicos, contribuyendo al mejor desciframiento del contenido normativo de las disposiciones jurídicas.
- Denominamos interpretación general a la que lleva a cabo el ciudadano particular en tanto que destinatario del derecho. Este tipo de interpretación jurídica carece de cualquier valor oficial, únicamente es útil al sujeto que la realiza para entender el sentido que tienen que tener sus comportamientos para poder ser calificados como jurídicamente correctos.
2 b) Atendiendo al objeto de interpretación jurídica se distingue la interpretación de derecho escrito de carácter general, diferenciándose dentro de ella en función del rango jerárquico que puedan tener las diversas disposiciones de la interpretación de las costumbres, los actos jurídicos y de las sentencias. La interpretación del derecho no escrito requiere la previa representación mental del contenido de la costumbre como oración lingüística, manteniéndose también en este supuesto la lógica del texto como objeto sobre el que opera la función interpretativa.
c) Finalmente, el criterio de la cualificación de los resultados de la actividad interpretativa permite distinguir la interpretación literal, extensiva y restrictiva. La interpretación literal supondría la imputación a la disposición del significado que se desprende directamente del tenor de sus palabras. Las interpretaciones extensiva y restrictiva ampliarían y reducirían respectivamente tal significado con vistas a hacerlo compatible con los diferentes elementos que se estima que deben integrar el proceso interpretativo.
Esta distinción parte de un error de principio al considerar que hay algo así como un significado inherente a las entidades lingüísticas que componen las disposiciones jurídicas. La circunstancia de que pueda reconocerse a los términos lingüísticos un área semántica más o menos establecida socialmente permite mantener el sentido de esta clasificación a la que solo cabe atribuir un valor estrictamente relativo.
4. El objetivo de la actividad interpretativa 1) La teoría subjetiva de la interpretación jurídica: entienden los representantes de esta teoría que la labor del intérprete consiste en la averiguación de la voluntad del legislador. La interpretación jurídica se presenta como una actividad meramente reproductiva de la letra de la ley en la que se encuentra condensada la voluntad de su autor, debiendo acudirse en caso de insuficiencia de tal herramienta al análisis de los signos externos que permiten inducir la respuesta del legislador ante el problema planteado. Se argumenta a favor de esta tesis que: a) el pretendido carácter racional de las disposiciones jurídicas únicamente puede explicarse desde la perspectiva de su estimación como producto directo de la voluntad de un sujeto, y b) la salvaguarda del principio de seguridad jurídica exige el sometimiento de los individuos a la regulación jurídica establecida, que viene puntualmente determinada por la voluntad del legislador, no pudiendo quedar al albur de las manifestaciones que los sucesivos intérpretes puedan realizar sobre los textos jurídicos.
2) Los exponentes de la teoría objetiva sostienen que la interpretación jurídica debe aspirar a desentrañar el sentido inmanente del texto que se interpreta, el cual adquiere tras su promulgación una vida propia independiente de la voluntad de su autor. La norma jurídica es un precepto abierto que solo queda colmado con los contenidos que le suministra la correspondiente consideración de las peculiaridades del caso que se analiza y de las circunstancias del tiempo y lugar en el que se ubica. Por lo que se habla de ley no necesariamente coincidente con la del legislador y se entiende que el intérprete debe centrar su atención estrictamente en aquella. Se defiende esta tesis argumentando que: es imposible detectar una voluntad del legislador perfectamente identificable al presentarse generalmente la ley como el producto de una transacción entre un amasijo desordenado de voluntades y en la necesidad de acomodar el significado de los textos jurídicos vigentes a las condiciones ambientales, con el fin de preservar su operatividad.
Parece razonable pensar que la voluntad del legislador cesa como tal en el preciso momento que en que se dicta la ley y que si se desea que esta resulte aplicable en el futuro debe entendérsela dotada de un significado propio independiente de la voluntad de un legislador que no puede manifestar su opinión acerca de los acontecimientos producidos en el devenir histórico que la ley acoge en su regulación pese a que esta se incorpora al ordenamiento jurídico como el resultado de la voluntad de individuos que plasman en el texto legal sus convicciones personales.
Se impone una interpretación evolutiva que adecúe su sentido a las realidades históricas que definen su ámbito operativo respetando el espíritu que presidió la entrada en vigor de las disposiciones jurídicas. La atribución a las disposiciones jurídicas de su función general como instrumentos reguladores del futuro les proporciona así una cierta autonomía normativa que no puede desembocar en el puro decisionismo judicial, pues ello supondría tanto como conferir al juez el ejercicio de la potestad legislativa.
5. Los criterios de interpretación del derecho 5.1 Enunciación de los criterios de interpretación jurídica 3 Las dificultades que entraña la interpretación del derecho han intentado superarse con la indicación de una serie de pautas o criterios que pudieran conducir a desentrañar de la forma más precisa el significado que hubiera de corresponder a cada disposición jurídica. Se identificaba así una interpretación lógica, sistemática, gramatical, etc.
Aun reconociendo la evidencia que en este tipo de clasificaciones encuentran muchas de las interpretaciones que llevan a cabo los operadores jurídicos, hay que dejar constancia de la necesidad de conjugar los diferentes criterios interpretativos. No era ajeno a esta necesidad Savigny cuando, tras identificar como elementos de la interpretación de las disposiciones jurídicas al elemento gramatical, al lógico, al histórico y al sistemático, reclamaba la necesidad de tomarlos en consideración conjuntamente, integrando un única realidad.
Una interpretación jurídica que quiera ser consciente no puede dejar de conjugar los resultados que proporciona la adopción concurrente de los criterios que, modificando parcialmente de la clasificación de Savigny, denominaremos: gramatical, lógico, histórico, sistemático, teleológico y sociológico.
1.- El criterio gramatical: la circunstancia de que las disposiciones jurídicas se expresen por medio del lenguaje obliga al intérprete a ponderar el alcance semántico de los componentes del texto y de su conexión gramatical. La determinación del significado preciso de las palabras encuentra una dificultad adicional en el uso combinado que los enunciados jurídicos hacen de términos del lenguaje común y del lenguaje técnico.
El uso de términos del lenguaje común garantiza una mayor accesibilidad de los destinatarios al conocimiento de las disposiciones jurídicas pero puede generar problemas interpretativos por la imprecisión y ambigüedad que suelen conllevar. La utilización de términos del lenguaje técnico hace mucho más fácil la determinación de su significado al entendido de la materia pues su carácter artificial permite eliminar la imprecisión propia de los términos del lenguaje común. La adopción de términos del lenguaje común que en el lenguaje técnico adquieren una connotación particular complica la cuestión en la medida que, puede conducir a los individuos a una comprensión inadecuada del sentido del enunciado jurídico.
Añádase a ello el carácter polifacético de determinadas partículas (que, antes), pues las posibilidades referenciales que ofrecen según se entiendan conectados a una u otra parte de la oración gramatical, modifica el sentido que puede acarrear la ubicación de un signo de puntuación, etc.
Aun cuando las reglas de sintaxis gramatical responden a un sistema establecido bastante tecnificado que permite eliminar muchas ambigüedades, en el terreno semántico la situación es muy diferente, requiriéndose para poder fijar el sentid exacto de las disposiciones la utilización combinada del resto de criterios interpretativos. La naturaleza convencional del lenguaje y la necesidad de adecuar el sentido del enunciado jurídico a las diferentes situaciones que puedan caer dentro de su ámbito de regulación hacen absolutamente indefendibles este tipo de afirmaciones.
2.- El criterio lógico: la congruencia de la imputación de significado que se pueda realizar a una disposición jurídica con el respeto a determinadas reglas lógicas va a permitir descartar determinadas interpretaciones, reivindicando la idoneidad de las que se estiman lógicamente aceptables.
a) EL argumento ad absurdum conduce a eliminar una determinada interpretación cuando llevada a sus últimas consecuencias produce resultados insensatos.
b) El argumento a simili extiende la regulación de una determinada situación a otras que le son parangonables.
c) El argumento a contrario atribuye al legislador la voluntad de excluir la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas por la legislación a los acontecimientos no expresamente contemplados por ella.
d) El argumento a fortiori deduce de una determinada regulación la aplicación de las consecuencias previstas para el caso a supuestos no coincidentes con los expresamente contemplados, al entender que concurren en razones de mayor envergadura para su atribución. (A minore maius, la prohibición de lo menor supone la prohibición de lo mayor/ A maiore ad minus, el que puede lo más puede lo menos) 3.- El criterio histórico: la determinación del espíritu de la disposición jurídica que es objeto de interpretación requiere la consideración de la voluntad del legislador a la que se llega a través del análisis de los documentos que sirvieron de base a su elaboración y las circunstancias del momento que hicieron aconsejable que la regulación jurídica tuviera un contenido normativo determinado. Este criterio adquiere una relevancia superior cuando el intérprete opera desde 4 los parámetros de la teoría subjetiva de la interpretación. Emplaza este criterio como una directriz necesaria para delimitar el significado del enunciado jurídico que se interpreta.
4.- El criterio semántico: una imputación razonable de significado a los enunciados normativos requiere su previa consideración como un elemento más del entramado regulador que constituye el sistema jurídico. La labor del intérprete debe atender a la identificación preliminar de la regulación jurídica completa de cada situación con miras a hacer inteligible el contenido normativo de los diferentes enunciados normativos en función de la misma. La incardinación del enunciado normativo en el ordenamiento jurídico correspondiente requerirá del intérprete el análisis de la posición peculiar que en el mismo ocupa tal enunciado, examinando las conexiones lógicas que guarda con el resto de enunciados del sistema y teniendo muy presente que el reconocimiento de su adscripción a un determinado sector normativo puede hacer que varíe muy sensiblemente la acepción de los términos lingüísticos que lo componen. La complejidad de los modernos ordenamientos jurídicos y la correlativa necesidad de excluir las interpretaciones jurídicas que resulten incompatibles con el sentido general del sistema ha incrementado apreciablemente la trascendencia de este criterio interpretativo en la actualidad.
5.- El criterio teleológico: la consideración del ordenamiento jurídico como sistema exige tener presentes los valores que subyacen y presiden al conjunto de reglas que lo integran a la hora de proceder a su interpretación. Se impone así la indagación del fundamento racional de los enunciados normativos como disposiciones que vivifican los valores y principios generales del sistema. Una interpretación jurídica que no tuviera en cuenta suficientemente el elemento teleológico resultaría una interpretación ciega.
6.- El criterio sociológico: representa la otra cara del elemento histórico. La indagación de las circunstancias ambientales que rodean a su aplicación es la expresión de la teoría objetiva, en la medida que se entiende que el contenido normativo de la disposición necesita ser complementado en casa caso por el acontecimiento que es objeto de regulación, cuya singularidad exige lógicamente considerar la realidad social y temporal en la que cada acontecimiento se produce. El prestigio que en nuestros días han venido adquiriendo las interpretaciones objetivas o evolutivas del derecho constituye el mejor indicio de la relevancia que asume este criterio interpretativo.
5.2 La juridicización de las reglas interpretativas La indagación del significado correcto del enunciado jurídico que se interpreta exige una utilización conjunta de todos los criterios. Lo relevante es tener en cuenta que todos los criterios señalados no se presentan como alternativas excluyentes sino como herramientas de trabajo que presentan opciones racionales disponibles para la mejor interpretación del derecho.
Los ordenamientos jurídicos contemporáneos suelen incorporar la formulación más o menos articulada de los criterios entre sus reglas interpretativas, en nuestro ordenamiento es el artículo 3.1 del CC. Se trata de una disposición jurídica abigarrada y compleja que yuxtapone desordenadamente las directrices o criterios que hemos venido señalando.
Al expresar el catálogo de criterios interpretativos este precepto está superponiendo al enunciado jurídico que se pretende interpretar un nuevo enunciado que se encuentra igualmente precisado de interpretación. La interpretación del primero tiene que contar también con lo dispuesto en la regla general interpretativa de nuestro derecho. Entre el precepto que se quiere aplicar al supuesto en cuestión y el que contiene los criterios interpretativos se produce una mutua implicación que deriva en el condicionamiento mutuo de sus respectivas interpretaciones.
Surge una compilación cuando el precepto a interpretar es superior en rango jerárquico al que contempla los criterios interpretativos, lo que sucede en nuestro caso con la Constitución, que incorpora a demás su propio criterio interpretativo.
En tales supuestos queda fuera de lugar la intervención del criterio referido, lo que no obsta, a que los criterios aludidos puedan seguir desplegando su función no ya por imperativo legal sino por exigencia de la propia lógica de la interpretación jurídica. Su operatividad como utensilios de trabajo para descubrir el contenido normativo adecuado al caso les consolida como apoyos racionales extralegales para la indagación del significado de la ley. De ahí el valor puramente indicativo y hasta cierto punto superfluo de las catalogaciones generales de criterios interpretativos que incorporan las disposiciones jurídicas.
6. La naturaleza de la función judicial 5 El juez no se limita en el desarrollo e su actividad aplicativa a operar de manera mecánica y automática sino que incorpora siempre aspectos personales al resultado del ejercicio de su función, aspectos que no solo tienen que ver con el conocimiento de la regulación jurídica sino también con sus gustos y preferencias y su propio sistema de valores.
Todos estos aspectos se manifiestan en las diferentes fases del proceso aplicativo del derecho, desde el análisis a la determinación de los hechos, hasta la selección que los estima relevantes a efectos de su resolución, pasando por las diferentes valoraciones, especulaciones y articulaciones argumentativas que jalonan sus razonamientos.
Se produce una indeterminación de la actividad del juez que opera al menos en cuatro planos diferentes: el de la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes, el de la elección de la disposición jurídica, el de la imputación de significado correspondiente a la disposición y el de la conexión argumentativa entre los hechos y las disposiciones. La interpretación jurídica resulta igualmente determinada en cuanto momento singular del proceso de aplicación judicial del derecho afectado por la dosis de incerteza que caracteriza al tercer nivel: el de la imputación de significado. La indeterminación de la interpretación jurídica afecta a las diferentes fases del referido proceso.
Puede decirse que la atribución de significado a los enunciados jurídicos constituye una actividad de inciertos resultados que condiciona al conjunto de las fases que integran a la aplicación del derecho, al propio sentido final de las resoluciones judiciales. Algunos estudiosos han subvertido la caracterización tradicional de la norma jurídica como base sobre la que opera la interpretación del derecho para entenderla como producto del proceso interpretativo. Lo cierto es que esta opera obre el enunciado jurídico normativo y constituye el presupuesto necesario de la interpretación jurídica, por más que en su desarrollo puedan entrar en acción elementos ajenos a la propia realidad del texto jurídico que se interpreta.
La incidencia de estos elementos nos permitirá calibrar a la actividad judicial como una actividad en buena medida libre y creativa en la que el juez no se ve constreñido por ninguna ley necesaria que determine el sentido de sus resoluciones, aunque si condicionado en parte por la propia existencia del texto jurídico que le corresponde interpretar. Se trata de un condicionamiento incierto y cambiante cuya medida dependerá del respeto que le haya de merecer al juez el órgano que lo dictó, del juicio de racionalidad que le atribuya y del grado de coincidencia de la solución que proporciona el texto en cuestión con la que el mismo se prefigura como solución justa y correcta. Se ha podido hablar de una desvinculación meramente relativa del juez con respecto al texto de la ley, que operaría así como un condicionante más de la decisión judicial o de un principio de legalidad “hermeneúticamente relajado”.
Esta identificación de la actividad judicial como proceso sometido a los insondables designios de una persona no solo resulta a los legos extraña, sino hasta cierto punto escándalos. Y es que no parece razonable que se reconozca libre capacidad creadora de derecho a quieren carecen de legitimidad democrática, ocupan una posición profesional para la que no han sido elegidos a través del conveniente procedimiento democrático representativo, sino a través de un sistema de elección aparentemente neutral en el terreno ideológico valorativo que atiende fundamentalmente a los criterios técnicos de que disponga el aspirante.
Muy pocos son los que están dispuestos a admitir que la simple detentación de una serie de conocimientos técnicos pueda justificar la atribución del poder de decidir las reglas que hayan de regir la convivencia entre los miembros de una determinada sociedad. De ahí la tendencia natural a considerar al juez como un mero instrumento técnico para la mejor ejecución de las soluciones del poder legislativo.
Y es que una visión semejante tiene la indudable virtud de representar al mundo del derecho como universo idílico en el que son los propios integrantes de la sociedad los que a través de los representantes que nombran al efecto disponen las soluciones a los problemas jurídicos que pueda originar su convivencia.
Considerar al juez como un simple aplicador mecánico de la solución legislativa supone desconocer que la riqueza de los hechos excede siempre de las previsiones que sobre ellos pueden realizarse pues no hay supuestos iguales en la vida real que puedan subsumirse en idénticas condiciones en el contenido normativo de la disposición del legislador.
Y representarse la actividad ideológicamente neutral es tanto como cerrar los ojos a la propia dimensión humana y subjetiva de la figura del juez.
La propia estructura del fenómeno jurídico como un orden normativo que habilita el juez para suministrar soluciones a todos los problemas jurídicamente relevantes que se presentan en la vida social hace inevitable la condición creadora del derecho de la función judicial y la índole política de su actividad.
6 Reconocer que la actividad del juez crea derecho y tiene una indudable dimensión ideológica o política no debe suponer la adopción de una postura pasiva frente a las decisiones de los jueces. Habrá que tener presente la obligación del juez de someterse a la ley en el ejercicio de sus funciones, que en nuestro derecho encuentra su plasmación expresa en el artículo 117.1de la Constitución. Cumple a este propósito una función de primer orden la obligación de motivar las sentencias que establece la propia Constitución en su artículo 120.3 por lo que supone de expresión pública del proceso argumentativo que ha seguido el juez al elaborarla. Es habitual estructuración en los ordenamientos de nuestro entorno cultural de complejos sistemas de revisión de las sentencias de unos jueces por otros que garantizan al menos una cierta uniformidad jurisprudencial.
3. Tipología de las funciones del derecho 3.1 Las funciones jurídicas directas Entendemos por funciones directas las que desarrollan por si solas la existencia y el funcionamiento del derecho sin necesidad de tener en cuenta el tipo y el nivel de interiorización de las normas que lo integran que puedan experimentar los sujetos. Son funciones de carácter objetivo, lo normal es que esta clase de funciones hayan sido conscientemente previstas por su emisor. Hay tipos normativos a los que solo pueden adscribirse algunas de las funciones; es el conjunto del ordenamiento jurídico el que desempeña el conjunto de las funciones directas del derecho. El derecho realizaría las funciones de: a) Represión de conductas consideradas lesivas o peligrosas para la integridad de determinados bienes públicos o privados: la relevancia que corresponde a la salvaguarda de ciertos bienes y la dificultad que en muchas ocasiones provoca la reparación del daño causado por la destrucción o deterioro de los mismos ha motivado el cada vez más frecuente adelantamiento de la intervención del derecho a la regulación de las acciones que resultan en alguna medida peligrosas.
b) Incentivación de ciertas actitudes que se consideran convenientes para el mejor desarrollo de la vida social: es comúnmente considerada la función más específica del derecho del Estado Contemporáneo. Responde a un modelo de Estado finalista, en él el individuo no se ve compelido a actuar de un modo determinado para evitar la imposición de castigos sino que además resulta estimulado a la realización de determinados comportamientos a través de toda una serie de alicientes o compensaciones que la misma llevaría aparejada.
c) Determinación del estatus de cada miembro de la colectividad: el desarrollo de esta función permite fijar las peculiares situaciones jurídicamente relevantes de cada ciudadano.
d) Distribución de bienes y cargas: conforme a esta función el derecho asumiría la exigencia de regular el principio de adjudicación de los derechos y obligaciones, de los bienes y las cargas, que le corresponden a cada individuo en el marco de comunidad social.
e) Instauración de poderes públicos con sus respectivas competencias: la circunstancia de que el desarrollo adecuado de la vida social comporte la exigencia de toda una serie de autoridades que en sus diferentes niveles cumplen sus funciones, subraya la relevancia que al derecho corresponde como fuente de organización y legitimación de los poderes públicos.
3.2 Las funciones jurídicas indirectas 7 ...