TEMA 10 La jurisprudencia (2011)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2011
Páginas 13
Fecha de subida 20/06/2017
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TEMA 10: LA JURISPRUDENCIA (PÁG 163) 1.- LA JURISPRUDENCIA: Concepto: La palabra jurisprudencia es traducción de la palabra iurisprudentia que en la actualidad puede utilizarse en dos sentidos: como «ciencia del Derecho» y como «doctrina que resulta de las decisiones judiciales», este segundo sentido es el comúnmente se le atribuye a la jurisprudencia A) Eficacia y Valor de las resoluciones judiciales: esquema General La capacidad de decisión jurídica que tienen los jueces y tribunales que forman parte del poder judicial se denomina jurisdicción: el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Art: 117.3.
“el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento en que las mismas establecen” Hay que distinguir jurisdicción de jurisprudencia.
La jurisdicción es el poder que tienen jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado la jurisprudencia es el conjunto de sentencias de los tribunales y la doctrina que contienen. El valor de la jurisprudencia se deduce del recurso de casación: una sentencia se anula cuando se aparta del criterio de interpretación que el Tribunal Superior había fijado.
Las decisiones o resoluciones definitivas de los pleitos se denominan sentencias, y han de ser siempre motivadas. Este crecer, que en ellas el juzgador, seleccionando, aplicando e interpretando las normas al de expresarla razones jurídicas en las que se funde el fallo.
Por eso, al analizar el Valor de las resoluciones judiciales, hay que distinguir entre: -la eficacia ante la decisión o fallo concreto.
-argumentación jurídica o doctrina que ha servido para fundamentarlo.
A ) en la eficacia de la decisión O el fallo concreto , la más plena vinculación de los órganos judiciales a lo resuelto o por otros órganos judiciales es la que derivan de la llamada cosa juzgada material, que es un efecto O cualidad de las sentencias firmes, aquellas contra las que no cabe ningún recurso.
Respecto a quienes hayan sido parte del proceso, lo decidido por un juez o tribunal en una sentencia firme es vinculante para los órganos judiciales - Tanto en sentido negativo: ya que impide un nuevo pronunciamiento sobre la misma cuestión.
Un sentido positivo o prejudicial: vinculando al tribunal de un proceso posterior cuando en este aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos a la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.
En caso de que haya fallo, este afectan a las partes del proceso, así como los sujetos.
Cuando no concurren los requisitos de la cosa juzgada, los fallos no son vinculantes, ni para un juez o tribunal que los hubiere dictado, ni para los demás jueces y tribunales.
Pero, si se trata del mismo órgano judicial, ha de reconocerse que aquellos coincidían en aplicación del derecho, y ello en razón de la relativa y matizada vinculación al precedente que el tribunal constitución ha hecho derivan del art. 14 Ce.
B ) La jurisprudencia: Nombre y con el que se suele denominar a la doctrina contenida resoluciones judiciales, en la que se fundan sus fallos.
No es nunca han vinculante.
La nueva ley de enjuiciamiento civil de 2000 parece contradecir la anterior afirmación.
Dicha ley, como complemento del nuevo recurso extraordinario por infracción procesal, esto debe de ser conocido por los Tribunales Superiores de Justicia, ha previsto un, cuando aquellos sostengan criterios discrepantes sobre la interpretación de las normas procesales, que el Ministerio fiscal, el Defensor del pueblo y ciertas entidades de derecho público puedan interponer ante el o Tribunal Supremo, un recurso en interés de la ley para la unidad de la doctrina jurisprudencial.
Aquí se debe establecer que si la sentencia fuera estimatoria, fijará en el fallo la doctrina jurisprudencial, se publicará en el BOE, y a partir de su publicación en él, complementará a el ordenamiento jurídico, vinculando a todos los jueces y tribunales del orden jurisprudencial civil diferentes del Tribunal supremo.
Pero un esta vía de afirmar por ley la vinculación de los órganos jurisprudenciales a cierta doctrina requiere, para no correr el riesgo de que quede en mera retórica, que pueda imponerse efectivamente a aquellos a través de los oportunos recursos y el de interés de ley.
Y en cualquier caso, pese a la atribución legal de carácter vinculante a la doctrina jurisprudencial fijada por el Tribunal supremo, el hecho de que él mismo no quede vinculado por ella excluye la consideración de la misma como verdadera fuente de derecho.
Sin embargo, la jurisprudencia, además de gozar de la auctoritas, que la comunidad de los juristas reconozcan al órgano del que emane, tiene un cierto que Valor fáctico de pronóstico, muy importante en la práctica: aunque no esté obligado a ello, es muy probable que un juez o tribunal intérprete aplique las normas como lo hizo con anterioridad.
Lógicamente, Esteban los táctico de la jurisprudencia se acentúa cuando proceden de tribunales superiores, que pueden revocar el fallo del otro inferior: -primero, porque lo más habitual es que éste siga la doctrina de aquellos, a fin de evitar que su sentencia se han revocada.
-segundo, porque interesa más como es obvio, conocer el criterio de quién tiene la última palabra en el asunto.
Según el artículo 123.1 CE dice que el tribunal supremo es el órgano judicial superior a todos los órdenes judiciales y que tiene jurisdicción en toda España.
Pero, en el orden civil, el hecho que da tanta importancia a dicha jurisprudencia, es la atribución al tribunal supremo del concepto de recuso de casación, cuya principal función es generar aquella y procurar que los demás jueces y tribunales se sientan llamados a seguirla, tratando así de conseguir que el derecho se interprete y aplique uniformemente.
B) ¿Vinculación al fallo? El valor del precedente judicial en nuestro Derecho.
A diferencia de lo concurren otros sistemas jurídicos, en el nuestro la asistencial de una resolución judicial, sea cual sea el órgano jurisdiccional, y que haya resuelto con anterioridad un caso idéntico al que se está infligiendo, no condiciona decisivamente en la resolución que para dicho caso se hayan de tomar.
Ya que, el juez es tan solo sujeto a la ley y la independencia judicial es un componente esencial del Estado de derecho y un principio estructural consagrado por nuestra Constitución.
El sistema español, como los demás continentales, los puede están vinculados a la reglas establecidas en los precedentes judiciales anteriores, reglas que nos en el fallo, sino la razón en que este fallo se apoya.
En la práctica, sin embargo, hay técnicas que permiten al juez apartarse del precedente.
Sin embargo, el Tribunal constitucional, ha matizado en el caso en que el mismo juez o tribunal autor del caso precedente, conozca un caso exactamente igual posterior, en este caso, el principio de igualdad en aplicación de la ley impide resolver el asunto o de forma desigual.
Lo que significa que el juzgador al es dar cumplida justificación de su cambio de criterio.
Es correcto o, la afirmación de que los tribunales no están vinculados por sus propias decisiones, pudiendo alterar estado, siempre que el cambio de criterio se ha manifestado y aparezca justificado de forma suficientemente razonable.
ULTIMO PÁRRAFO PAG 166 o o C) ¿Vinculación a la doctrina? Sobre el concepto y valor de la jurisprudencia en el Derecho español.
1: Planteamiento general: La seguridad jurídica en, que se garantiza con el artículo 9.3 Ce, parece exigir que las resoluciones judiciales sean previsibles para los justiciables.
Key planteando un conflicto cuestión que demande/necesite una solución jurídica, pueda razonadamente conocerse antemano la respuesta del derecho, qué es lo que en, su sentencia, indicio declara el juez.
De este la revolución francesa, ese objetivo del previsibilidad, pretende alcanzarse en afirmando el sometimiento de los jueces y tribunales al imperio de la ley. Esto no dice nuestra constitución en el art.
117.1 “ la justicia emana del podio y se administra en nombre del rey por los jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes y inamovibles, en responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley" Sobre la base de la separación de los poderes, de que la ley es la única fuente del derecho y de que el, es perfecta y completa, el primer y radical planteamiento con asistió en negar a los jueces y tribunales toda facultad de interpretarla ley, se tiene que limitar a aplicarla a los casos concretos.
La previsibilidad en aplicación del derecho la da la ley. Y se consigue negando que haya doctrina jurisprudencial (jurisprudencia), por encima de ella.
Tras haber reconocido una separación de los poderes, y que la ley no escapa de resolver todos los casos que demandar una solución jurídica, esto dio lugar, a que los jueces y tribunales interpretasen.
En tales aquí podemos conocer que la labor judicial no es aplicación mecánica de la norma, sino que exige una argumentación jurídica como una doctrina sobre la ley y las demás fuentes en las que se funde el fallo.
Esta doctrina se la llama la jurisprudencia.
A ahora el problema pasa a ser que esta jurisprudencia no se aparte de la ley, es decir del sistema de fuentes. O Si se aparta sede, surge el recurso de casación, que se le atribuye al tribunal supremo.
El recurso de casación: Es el mecanismo ideado para asegurar la vinculación de los jueces que los tribunales a la ley y al resto de las fuentes del derecho. Con ello alcanzar, en la medida de lo posible, una interpretación y aplicación de la norma.
2. El recurso de casación y al Valor normativo de la jurisprudencia del tribunal supremo.
El la función del recurso de casación, es comprobarse tribunal inferior, ha interpretado y aplicado correctamente el derecho.
Esta función se articula y concreta a través de los motivos tasados que y, según la ley, pueden dar lugar a que el derecho de casación se ha estimado, los cuales, en definitiva, expresa en cuanto a entiende en legislador que una sentencia de instancia que ha violado el ordenamiento jurídico.
Es decir, se tiene un recurso de casación, cuando se creen que algún tribunal anterior, ha vulnerado algún derecho.
Donde primero serán esa el juez de primera instancia, o aquí las partes pueden poner un recurso de apelación ante las audiencias provinciales, que resuelven una segunda instancia, pudiendo revisar tanto la aplicación del derecho, como los hechos considerados por el juez.
El llamado recuso de casación, en cambio, no es una tercera instancia: los hechos que dan fijados en la sentencia que se recurre, limitándose al tribunal supremo a examinar si es o no correcta la interpretación de aplicación del derecho que se hace en ella.
Pero este examen lo tiene que hacer analizando lo y entonces dice si concurre o normativo de casación que se han pedido por el recurrente.
Tradicionalmente en, entre los motivos que legalmente podían dar lugar a la casación se encontraban, -además de la delación por la sentencia distancia una norma jurídica -la violación por ella de la jurisprudencia del tribunal supremo.
En un primer momento, ello supuso un dotar a están del Valor de una verdadera fuente del derecho supletoria de la ley.
Más tarde, anuncia de las fuentes y excluir a de ellas la jurisprudencia, se le atribuyen un Valor normativo que es el que expresa el título preliminar del código civil de 1974, al decir, art 1.6 Cc.
“ la jurisprudencia completará el ordenamiento jurídico con la doctrina que , de modo reiterado, establezca tribunal supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho” De o desde la entrada en vigor del código civil, es indiscutible que la jurisprudencia el tribunal supremo no es fuente del derecho español.
Sin embargo, su trascendencia, en la medida en que es un solo desconocimiento o por los tribunales distancia podía ser suficiente para que prosperara un recurso de casación, no era equiparable a la de las resoluciones de los restantes tribunales: -por un lado, el tribunal supremo únicamente podía interpretar y aplicar las verdaderas normas jurídicas.
-por otro lado podía dar lugar a la casación por la da un sola infracción de su propia doctrina.
Este fenómeno sólo puede explicarse diciendo que la jurisprudencia el tribunal supremo constituya una suerte de interpretación auténtica de dichas normas, sentido en el cual era exacta la afirmación del artículo 1.6 CC de que dicha jurisprudencia del tribunal supremo complementará el ordenamiento jurídico, aunque no pone parte de él.
3. La nueva ley de enjuiciamiento civil: la doctrina jurisprudencial del tribunal supremo y la jurisprudencia de las audiencias provinciales La nueva ley de enjuiciamiento civil (Ley 1/2000, de 7 de enero) o, a modificar sustancialmente los motivos que los presupuestos el recurso de casación, han introducido cambios radicales en la determinación del Valor de la jurisprudencia en nuestro derecho.
A) ahora, el único motivo en el que puede legalmente fundarse en el recurso de casación consiste en la en la "la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso” No es ya posible, sin denunciar, exigía ninguna norma jurídica sino tan sólo una determinada jurisprudencia del tribunal supremo, puede estimar el recurso y casar o nula la sentencia recurrida.
De este modo, la filmación del art.1.6 CC de que dicha jurisprudencia complementaria el ordenamiento jurídico, pie de la precisa significación jurídica que antes tenía, quedando convertirá en simple en retórica.
B) En la nueva Lec. La jurisprudencia adquiere en significación jurídica, no como motivo es, sino como siempre presupuesto o requisito, en ciertos casos, para que el tribunal supremo pueda entrar a conocer el recurso de casación.
En efecto o, para que una sentencia de la audiencia provincial será recurrible en casación, hace falta: -bien que se haya dictado para tutela judicial de derechos fundamentales, excepto los que reconoce en el artículo 24 de la constitución.
-o bien que la cuantía del asunto sea mayor de 600,000 euros.
-o bien, que la resolución del recurso presente interés casaciónal.
También se considerará que un recurso presente interés casaciónal cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial el tribunal supremo o resuelva. Sí cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales o aplique normas que no quieren más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiesen doctrina jurisprudencial el tribunal supremo relativa a normas anteriores de igual o sino contenido.
Como se ve los primeros casos, es indiferente la existencia o no de jurisprudencia.
En el último, en cambio está adquiere relevancia a través del concepto de en " interés casaciónal".
Este interés aparece en la sentencia de la audiencia provincial.
Pero cuya concurrencia simplemente permite que el tribunal supremo conozca del recurso, pero en nada prejuzga ni condiciona su resultado: su estimación o desestimación depende única y exclusivamente de que se apreció o no la infracción de normas que le hubiera denunciado el recurrente.
Y por lo demás, no sólo es relevante la doctrina jurisprudencial del tribunal supremo, sino también la jurisprudencia de las audiencias provinciales (que adquiere un Valor que antes carecía) Todo parece indicar (como se recoge en el acuerdo tomado por los magistrados en la sala 1º el 12 de Diciembre de 2000), que pedir el interés casaciónal cuando sea ley de que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del tribunal supremo, este va a exigir que se cumplan una serie de requisitos que venía reclamando para la existencia de jurisprudencia: 1.-ha de ser reiterada. Se entiende por reiterada en la doctrina contenida en dos, sentencias.
2.-Debe existir sustancial analogía/semejanza ente los hechos de las sentencias precedentes y hilos de supuestos sometido al recurso o hecho litigioso nuevo.
3.- Sólo constituye jurisprudencia la verdadera razón decisiva del fallo (ratio decidendi), no las consideraciones incidentales o hechas a mayor abundamiento (obiter dicta), que también se expresan en la sentencia.
4.- Para que pueda ser invocada y aplicada en los litigios civiles, del emanan de sus a la primera, que es la competente en materia civil. Como dice la STS de 26 de mayo 1994 "Aun partiendo la unidad jurisprudencial, la asistencia de diferentes órdenes dentro de la misma impide que la doctrina legal sentada en los de diferente naturaleza pueda alegarse en el orden jurisprudencial civil, recogido por diferentes principios".
A la vista de todos estos datos, ha de concluirse que la doctrina jurisprudencia del tribunal supremo, tiene ahora tan solo un cierto Valor coercitivo, puramente fáctico, basado en la razonable probabilidad de que las audiencias provinciales prefieran evitar que sentencias puedan recurrir sin casación.
Y que ese Valor fáctico se extiende, por la misma razón, a la jurisprudencia de las propias Audiencias en cuanto no sea contradictoria.
Eso si, tal eficacia práctica será mayor en el caso de la doctrina jurisprudencial del tribunal supremo, porque, en cuanto ésta existan y hubiera cualquier contradicción con ella, queda siempre ex pedido el camino para casación, incluso respecto de las sentencias de audiencias provinciales que en reiteran una doctrina sostenida de manera absolutamente uniforme por todas las existentes en España.
4.- La doctrina jurisprudencial de los tribunales superiores de justicia O el tener también competencia para conocer el recurso de casación (cuando éste se funde en la infracción de las normas civiles territoriales o forales respectivas), lo dicho sobre la doctrina jurisprudencia del tribunal supremo es igualmente aplicable a la emanan ante cada uno de los tribunales superiores de justicia con sede en las comunidades autónomas que poseen un derecho civil propio.
La regulación del recurso de casación cuando compete conocer del mismo a un tribunal superior de justicia, es la misma que analizará para el caso del tribunal supremo.
Únicamente, en cuanto a sus presupuestos o requisitos, añade el párrafo segundo del artículo 477.3 Lec. Que además, de en los casos previstos en el párrafo anterior para el tribunal supremo, "entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del tribunal superior sobre normas de derecho especial de la comunidad autónoma correspondiente.
2.- La doctrina del tribunal constitucional El tribunal constitucional es un órgano al que compete: -decidir acerca de la adecuación a la constitución de las disposiciones normativas con rango de ley (a través de los recursos de cuestiones de constitucionalidad) -conocer los recursos de amparo por violación de derechos fundamentales reconocidos en la norma constitucional -Resolver los conflictos de competencia que se plantean entre el estado y las comunidades autónomas o de estas entre sí, y entre ciertos órganos constitucionales.
A pesar de su nombre y de denominarse sentencias, sus pronunciamientos principales, no es un órgano judicial, ni su función es " juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" Es decir, no tienen jurisdicción, sino una capacidad de decisión jurídica de índole diversa.
La doctrina del tribunal constitucional no es propiamente jurisprudencia, ni su Valor deriva de lo dispuesto en en el artículo 1.6 de la constitución.
El Valor de las decisiones de la doctrina del tribunal constitucional no ser misma en un todos los casos: a) En los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad, el fallo del tribunal constitucional (salvo es si se declara que la ley influjo nada no es contraria a la constitucion) tiene efectos frente a todos desde que se publica su sentencia en el BOE.
En estos casos el tribunal constitucional actuó como legislador.
Es legislador negativo: cuando declara nula una ley por considerarla inconstitucional.
El legislador positivo: cuando declara constitucional una ley siempre que se interprete de una determinada manera.
b) Por lo contrario, el recurso de amparo no va contra las leyes, sino contra actos concretos de los poderes públicos, aquí se incluye los tribunales de justicia.
Estos poderes públicos vulneran derechos fundamentales reconocidos por la constitución.
En este caso el tribunal constitucional se limita a declarar se procede, la nulidad del acto, así como a reconocer el derecho violado un y restablece la recurrente en ese derecho vulnerado.
O para poder poner una demanda de amparo, se tiene que haber agotado primero los recursos judicial a los ordinarios que ofrece el ordenamiento.
Este tribunal no se trata de un último recurso jurisdiccional, sino que tienen una naturaleza fe diferente respecto al tribunal constitucional.
Estas sólo aplica la constitución y sólo puede declarar la nulidad del acto o o sentencia, a los que será imputable la violación, reconoce el derecho y restablecer al recurrente la integridad de éste.
Es decir, este tribunal no absuelve o condena al demandado, según lo que es ha dicho los anteriores jueces.
Es importante decir que la doctrina del tribunal constitucional interpretando la constitución, vincula a los jueces y tribunales de justicia.
Lo que le convierte en no solo en el intérprete al supremo, sino en un intérprete auténtico de la norma fundamental.
Por consiguiente es inequívoco el Valor como fuente de que conviene al fallo de la resolución del tribunal constitucional cuando declara la inconstitucionalidad de una ley como límite una sentencia interpretativa ante el rechazo, sus puestos en que su decisión y no va el ordenamiento jurídico y por tanto, pueden considerarse como modo de manifestación externa del derecho positivo.
No parece, en cambio, que la doctrina contenida en los fundamentos jurídicos de sus decisiones merezca tal o al orden: al igual que ocurre con la jurisprudencia respecto de la ley, la costumbre o los principios generales del derecho, tal doctrina es menos derivación de la norma interpretada.
3.- La doctrina del tribunal de justicia de las comunidades europeas Por atribución de los tratados constitutivos, el Tribunal de jurisprudencia de las Comunidades Europeas, que es una de las instituciones recogidas en ellos, junto con el Consejo de Ministros, la comisión y el parlamento europeo.
El tribunal de jurisprudencia las comunidades europeas, ostenta y ejerce en potestades de decisión jurídica, atinentes a la interpretación de aplicación del derecho comunitario.
Estas POTESTAS son de naturaleza diversa: -abc son parecidas a las que ejercen los tribunales internacionales, como ocurre en el caso de los recursos por incumplimiento de las normas comunitarias por los estados miembros.
-a veces son parecidas a la jurisdicción de los jueces y tribunales nacionales en el ámbito interno ante los estados -o incluso cuando el tribunal de justicia controla la adecuación al derecho comunitario originario de los actos normativos de las propias instituciones europeas uno de los tratados que concierta la comunidad con terceros países.
De entre las muy diversas competencias que se le atribuyen a tribunal de justicia de los tratados constitutivos, interesan especialmente al derecho privado los recursos de anulación (En particular cuando se refieren actos normativos y alcance General, como reglamentos) Y sobre todo, las cuestiones perjudiciales.
A) El recurso de anulación.
El tribunal de justicia aprecia: - la conformidad de los actos en indecisiones comunitarias, -incluso de los de naturaleza normativa, con los tratados constitutivos, -la norma de derecho comunitario derivado de fuerza obligatoria superior, - los tratados internacionales vinculantes para la unión europea.
-los principios generales del derecho internacional o comunitario -las propias sentencias del tribunal de justicia.
La decisión de este declarando la nulidad del acto o o disposición tiene eficacia erga omnes, expulsando los del ordenamiento jurídico.
En este momento actual tribunal de justicia, de modo similar al tribunal constitucional, actuó como un legislador comunitario negativo (o positivo, se dicta sentencias interpretativas de rechazo) Y Esus decisiones han de ser consideradas fuente del derecho comunitario.
B) la peculiar naturaleza del derecho comunitario y su plena integración al sistema de fuentes del derecho interno hace en que quienes están llamados a interpretarlo y aplicarlo sea los jueces y tribunales nacionales.
Esto conlleva un problema de dispersión y de falta de uniformidad en esas interpretación y aplicación.
El mecanismo previsto para evitarlo es el de las cuestiones perjudiciales contempladas en el art.
234 del Tratado CE, que permite al tribunal de justicia las comunidades europeas asegurar en toda las circunstancias el mismo efecto o en todos los estados miembros de la comunidad.
Si un juez o tribunal nacional, para emitir su fallo en un proceso, tiene que interpretar y aplicar una norma comunitaria y tiene toda sobre su interpretación o, incluso, se le su validez, pueden plantear al tribunal de justicia la cuestión prejudicial, obteniendo sin de éste en la interpretación que demanda (cuestiones perjudiciales de interpretación) y, una decisión sobre la valía de la norma comunitaria el deben aplicar (cuestiones de judiciales de apreciación de validez) Las cuestiones prejudicial es únicamente puede ser planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales, de oficio o de instancia de parte.
A partir de la interpretación escisión el tribunal de justicia, quienes han de aplicar al caso concreto la norma comunitaria controvertida es siempre el juez o tribunal nacional.
No compete tampoco al tribunal de justicia pronunciarse sobre la compatibilidad del derecho interno con las normas comunitarias, sino que tal juicio corresponde al juez o tribunal nacional que ha de partir para hacerlo de las conclusiones que le proporciona aquel.
Así pues, en el caso concreto, la sentencia prejudicial de interpretación vinculada al juez que planteó la cuestión, en debe aplicar la norma comunitaria de acuerdo con la interpretación cada lado a la normal tribunal de justicia.
Y vincula también, en los demás términos, a los demás órganos jurisdiccionales nacionales que, en ulteriores instancias los recursos, conozcan el mismo litigio.
Pero, además según ha establecido el propio tribunal de justicia, su interpretación de las normas comunitarias en sentencias perjudiciales vincula a todos los organismos jurisdiccionales de todo los estados miembros que hayan de aplicarlas en cualquier clase de litigios.
Si bien esto último, sin perjuicio de la posibilidad de los jueces nacionales de solicitar una pronunciamiento o prejudicial es dirimiendo nuevos argumentos y, por tanto, han de que el tribunal de justicia cambie su doctrina.
Por lo que se refiere al fallo de las sentencias perjudiciales de apreciación de validez, tiene siempre alcance General.
Si la disposición es declarada nula por el tribunal de justicia, ha de ser retenida por nula por todos los jueces y tribunales los estados miembros.
Si, por lo contrario, dicha nulidad no se declaró, la norma habrá de tenerse por válida, pero en nada impide que tal nulidad pueda declararse en el futuro sí se plantea por algún juez nacional una nueva cuestión prejudicial dando motivos de invalidez distintos en los que en su día el tribunal de justicia dijo que han de la nula.
Esta eficacia la sentencia del tribunal de justicia dictadas en cuestiones perjudiciales pone nítidamente de manifieste su Valor ante verdadera fuente del derecho comunitario: En el supuesto o de la sentencia de interpretación, integrando ésta con la disposición interpretada la norma jurídica vigente y aplicable Y En el de la sentencia de la prestación de invalidez, del mismo modo sí se afirma esta, y como "legislación comunitaria negativa, en otro caso.
En estos términos, la sentencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas son directamente intocables ante los jueces y tribunales europeos y cualesquiera otros aplicado desde derecho.
Se puede formar un recurso de casación en la infracción por la sentencia recurrida de la doctrina del tribunal de justicia relativa a una norma comunitaria, como infracción que serían de las normas aplicables para resolver la cuestión controvertida.
8. LA DOCTRINA CIENTÍFICA Por doctrina científica se entiende aquella que es expuesta por los autores en sus obras . No es fuente del Derecho, es un simple medio de conocerlo o profundizar en su estudio. La doctrina científica tiene el valor que le confiera la autoridad científica del autor que la defiende o el que le proporcione los argumentos que emplea.
La doctrina trabaja sobre fuentes; no es fuente, sino que se refiere a ellas; por tanto, depende enteramente de la misma.
En el Derecho romano tuvo carácter de fuente del Derecho no solo desde un punto de vista práctico, sino legalmente, por una ley de Valentiniano III que dio fuerza de ley a las opiniones de Papiniano, Gaio, Ulpiano, Paulo y Modestino.
La escasez de fuentes legales pudo dar lugar a que las lagunas que se produjeran fueran suplidas o atenuadas por la doctrina científica de autores muy cualificados. Pero posteriormente se buscó en la ley y en los códigos una fijeza y estabilidad jurídica en la sociedad que no podía dar la doctrina, sino los textos legales.
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