TEMA 6 - Contratos del sector público (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Actividad de las Administraciones
Año del apunte 2014
Páginas 13
Fecha de subida 30/03/2015
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Actividad de las Administraciones TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos TEMA 6 - Contratos del sector público: elementos básicos.
1.
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: Los contratos del sector público no son necesariamente contratos administrativos; existen, también, contratos privados. Cuando hablamos de sector público, no necesariamente hablamos de AP. La pretensión totalitaria, de regularlo todo, conduce a confundir lo principal con lo complementario o accesorio. Cuando en un contrato forma parte un ente público, debe estar presente la Ley de contratos del sector público.
Lo más habitual es un contrato público con una AP que sea enteramente administrativo. Esta contratación está sometida al derecho administrativo para garantizar el interés público: → Libertad e igualdad concurrencia (competencia).
→ Eficiencia en el gasto público.
→ Elección del mejor contratista.
En otros países, si hay una de las partes es una AP, el contrato sigue siendo privado. La regla general en nuestro país, es que si una de las partes es la AP el contrato está sujeto a derecho administrativo. Ese es el supuesto normal, un contrato celebrado por una AP que tiene un objeto determinado (contrato de obras, de servicio, una concesión…) que está completamente sujeto al derecho administrativo, legislación de contratos del sector público.
2.
REGULACIÓN: Los contratos del sector público están regulados por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público (LSCP): Texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (Legislación básica) Legislación desarrollo à CCAA.
El grado de sujeción a esta regulación de cada contrato depende de la naturaleza pública (Contratos administrativos) o privada de los contratos.
1 Actividad de las Administraciones TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos Se debe regular la contratación del sector público, a fin de: Ø Garantizar que la regulación se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de Ø Asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa (art. 1 LCSP).
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la LCSP en la forma y términos previstos en la misma: Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades que formen parte del sector público.
Salvo que sea uno de los contratos expresamente excluidos por el art. 4 LCSP (lo que no condiciona su naturaleza pública o privada de los mismos).
3.
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: ELEMENTOS BÁSICOS Los tres elementos que identifican los contratos del sector público: Los sujetos que integran el sector público: o Sujetos con “poder adjudicador”: El poder adjudicador es el poder que tiene un sujeto en virtud del cual puede adjudicar un contrato. No todos los sujetos que son parte del contrato tienen ese poder adjudicador. Lo que se produce con regularidad es que en el contrato del sector público, el sujeto público tiene poder adjudicador.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (art. 3.2 LCSP): Ese poder adjudicador es además una potestad administrativa si se trata de una AP. El ejercicio de esos poderes es lo que le permite actuar.
La AP tiene una potestad que le permite adjudicar un contrato. Lo más relevante de la contratación pública es la adjudicación, con quién la AP va a contratar, la elección del contratista.
Adjudicar el contrato es elegir de forma previa quien va a ser la contraparte del contrato.
El contrato existe desde el momento en que la AP ha elegido quién. Por este motivo, el Derecho de la UE se ha preocupado de que se cumpla conforme aquellos principios que permiten que podamos hablar de un mercado interior. El poder adjudicador normalmente está en manos de las AAPP entendido en sentido amplio (entidades de Derecho Público con exclusión de las entidades públicas empresariales).
Existe una excepción: los entes que no son formalmente AP pero han sido creados por una AP, pero: § Creado para satisfacer necesidades de interés general.
§ No industriales o mercantiles.
§ Sometidos al control de otro sujeto con poder adjudicador.
2 Actividad de las Administraciones o TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos Sujetos sin “poder adjudicador”: Sujetos sin poder adjudicador son sometidos a la LCSP. Son sujetos que no son Administraciones públicas; son los demás a que se refiere el art. 3.1 LCSP como las entidades privadas bajo el control de las Administraciones públicas. En especial, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles, las fundaciones… Naturaleza jurídica: Tiene relevancia porque es el elemento que nos permite resolver dos cuestiones: a qué Derecho (legislación) está sometido el contrato y qué jurisdicción ha de resolver las controversias que afecten al contrato correspondiente, a qué jurisdicción debemos acudir para resolver tales controversias.
Los contratos del sector público pueden tener carácter administrativo o carácter privado (art. 18 LCSP). Los contratos sujetos a una regulación armonizada son aquellos que están sujetos al Derecho de la UE.
o Contratos administrativos: Un contrato administrativo es aquel contrato que tiene un objeto (Típico o atípico) y el sujeto contratante es la administración (art. 19.1 LCSP).
§ Objeto típico: Aquellos contratos cuyo objeto está detallado en la legislación de contratos de sector público. Los contratos de objeto típico son los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, § Objeto atípico: Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla. Siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados por una Ley (art. 19.1 LCSP) Si es una AP la contratante, si tiene un objeto típico será un contrato administrativo, además son los contratos más usuales y están regulados en detalle. Si no tiene objeto típico, también será un contrato administrativo si se puede establecer la relación entre el contrato y el ámbito. Estas son consecuencias garantizadoras porque el derecho privado se basa en el principio de la libertad de los contratantes. En la AP se separa entre quién la hace y quién la paga.
→ Regulación: Legislación administrativa (art. 19.2 LCSP). Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de DA y, en su defecto, las normas de derecho privado.
→ Jurisdicción: Contencioso-administrativa (art. 21.1 LCSP). El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
v Contratos sujetos a una regulación armonizada: Sujetos a directivas de la UE. Es una legislación sobre todo de Derecho de la Unión. Con esos contratos se quiere garantizar el mercado interior de la contratación pública. El Derecho de la UE intenta hacer realidad el mercado interior de la contratación pública. Cuando los contratos típicos superan determinados umbrales económicos pasan a formar parte de éste tipo de contrato.
3 Actividad de las Administraciones TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos Los contratos de colaboración (en todo caso) y los de obras, concesión de obras, suministro y de servicios, de valor económico importante con cuantía fijada en la Ley o subvencionados (en el caso de los contratos de obras o servicios) por las entidades con poder adjudicador serán contratos sujetos a regulación armonizada (art. 13 LCSP).
La jurisdicción que resuelve las controversias es la contencioso-administrativa.
Los sujetos con “poder adjudicador” para este tipo de contrato son los mismos: 1) AP 2) Cualquier entidad que satisfaga el interés general, no mercantil y que esté sujeta a control de otro órgano o entidad con poder adjudicador.
La regulación de este tipo de contratos es la LCSP aparte de ser obediente a las Directivas de DUE. Pero tienen peculiaridades: Régimen especial de nulidad y su exigencia (“cuestión de nulidad”) (arts. 37, 38 y 39 LCSP).
o Contratos privados: Como la Ley de contratos públicos no quiere que se le escape nada, regula esta excepción. Es posible que una AP celebre un contrato privado. El sujeto de este tipo de contratos son entidades del sector público No administraciones; o Administraciones en ciertos casos.
Contratos privados celebrados por una Administración Pública (art. 20 LCSP): § Contratos de servicios financieros (seguros, servicios bancarios y de inversiones).
§ Creación e interpretación artística y literaria o espectáculos (culturales y deportivos) § Suscripción de revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
§ Cualquier otro contrato distinto a los administrativos, o sea, que no “deba” ser administrativo.
El problema es que el contrato privado se basa en la autonomía de la voluntad, en el principio de libertad: la parte contratante hace lo que quiere con su dinero.
Se distingue la adjudicación y preparación de los efectos y extinción. La preparación (fase en la que se razona porqué la AP celebra ese contrato) y la adjudicación, por muy privado que sea el contrato, están sometidas al derecho administrativo, para evitar que se utilice el poder adjudicador en perjuicio del interés general. En cambio los efectos y la extinción del contrato están sometidos al Derecho privado (art. 20.2 LCSP).
La jurisdicción contencioso-administrativa se encarga de resolver las controversias respecto la adjudicación y preparación y la jurisdicción civil se encarga de resolver las controversias respecto de los efectos y extinción de los contratos (art. 21.2 LCSP).
Objeto: Los contratos del sector público tienen un objeto que usualmente es un objeto típico y por este motivo son objeto de legislación detallada. Los contratos como objeto típico son: o Contrato de obra (art. 6 LCSP): Tienen por objeto la realización de una obra. También se incluyen todas las actividades relacionadas con esa obra.
4 Actividad de las Administraciones TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos Por “obra” se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
o Contrato de concesión de obras públicas (art. 7 LCSP): Se incluyen ciertas prestaciones relacionadas con la obra pública. El contratista se compromete a ejecutar la obra y a prestar el servicio utilizando la obra ejecutada. La contraprestación a favor del concesionario consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El contrato se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista.
El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta se cumpla la finalidad de su construcción.
o Contrato de gestión de servicios públicos (art. 8 LCSP): El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante. El servicio de recogida de residuos es un servicio de titularidad municipal, y el Ayuntamiento no lo presta directamente, contrata a otro para que éste preste el servicio.
o Contrato de suministro (art. 9 LCSP): Suministro de bienes e inmuebles. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
o Contrato de servicios (art. 10 LCSP): Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. Realización de cierta actividad de servicios a cambio de un precio.
o Contrato de colaboración público y privado (art. 10 LCSP): Cuando no es posible ninguno de los anteriores supuestos. Es muy complejo. No es posible determinar ni tan siquiera qué hay que hacer, son supuestos singularísimos.
o Contratos mixtos (art. 12 LCSP): Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.
5 Actividad de las Administraciones TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos CONTRATO SECTOR PÚBLICO NATURALEZA JURÍDICA CONTRATO ADMINISTRATIVO SUJETO PODER ADJUDICADOR CONTRATOS PRIVADOS 4.
OBJETO SIN PODER ADJUDICADOR CONTRATO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO OBJETO TÍPICO NO ADMINISTRATIVO OBJECTO ATÍPICO CONTRATO PRIVADO CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN: No hay libertad para contratar o adjudicar el contrato: la AP no puede contratar con quién quiera. Este hecho recae en la necesidad del cumplimiento y realización de los fines de los sujetos del sector público (art. 22.1 LCSP). La AP debe justificar la necesidad del contrato, una necesidad que esté vinculada a los fines de los sujetos del sector público. La libertad de pactos no es una potestad discrecional, existe libertad siempre que los contratos no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración (art. 25 LCSP).
La AP tiene que justificar el porqué de la contratación; no es libre para contractar. Las partes son libres para pactar las condiciones del contrato. Esto es un principio que recoge la ley pero en realidad la contratación pública es una contratación de adhesión; es decir las cláusulas las elabora la AP y el contratista sólo decide si acepta o rechaza el contrato.
Contenido mínimo del contrato: artículo 26 LCSP. Salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público deben incluir, necesariamente, las siguientes menciones: a) La identificación de las partes.
b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c) Definición del objeto del contrato.
d) Referencia a la legislación aplicable al contrato.
e) La enumeración de los documentos que integran el contrato.
f) El precio cierto, o el modo de determinarlo.
g) La duración del contrato.
h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.
6 Actividad de las Administraciones TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos i) Las condiciones de pago.
j) Los supuestos en que procede la resolución.
k) El crédito presupuestario.
l) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista.
Perfeccionamiento: El artículo 27 LCSP menciona las cláusulas del contrato y el contenido de dichas clausulas. El contrato existe y se perfecciona a partir de su formalización en el documento administrativo correspondiente. Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.
La contratación administrativa es una contratación formal; no cabe la contratación verbal (art. 28 LCSP). Esto es así porque la AP asume compromisos que tienen consecuencias sobre los ciudadanos y esto hace que la ley rodee la contratación con una serie de garantías para evitar la corrupción. El procedimiento es lento pero es preferible la ineficiencia que la corrupción. Incluso con todas las garantías y trámites que se establecen, puede darse la corrupción.
5.
RÉGIMEN DE INVALIDEZ: Se refiere a cuando, porque y como un contrato puede devenir contrario a la ley. La invalidez puede referirse al contrato (negocio jurídico que regula el intercambio de prestaciones) o puede referirse al acto administrativo de preparación o al acto administrativo de adjudicación.
La invalidez puede afectar: → Al clausulado (art. 31 LCSP).
→ A los actos preparatorios: La invalidez de los actos preparatorios de contratos administrativos (de las Administraciones y los sujetos a regulación armonizada).se proyecta sobre el contrato mismo. Si se considera que el acto de adjudicación es contrario a Derecho la anulación del acto de adjudicación supone la anulación del contrato.
Las causas de la invalidez pueden ser: a) Causas de Derecho Administrativo donde la ilegalidad puede ser la nulidad de pleno Derecho o la anulabilidad y las causas de nulidad de pleno derecho del contrato son las mismas que las del acto administrativo (L30/92) con unas peculiaridades: o Falta de capacidad o de solvencia.
o Incurso en prohibiciones para contratar.
o Carencia o insuficiencia de crédito presupuestario.
Los vicios que afectan en la contraparte, hace que el contrato sea nulo. Es nulo de pleno derecho si la AP se compromete a algo y no tiene presupuesto para llevarlo a cabo; contrata y contrae una obligación de pago sin tener crédito presupuestario para hacerlo. La AP contrata y asume unas obligaciones de pago y no puede pagar.
7 Actividad de las Administraciones TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos b) Causas de Derecho Civil (art. 36 LCSP).
c) El artículo 37 de la LCSP enumera los supuestos especiales de nulidad relativos a los contratos sujetos a regulación armonizada (aquellos contratos particularmente importantes sometidos a regulación específica contenida en el DUE, en Directivas de la UE). Tienen unos supuestos especiales de nulidad: se ha adjudicado el contrato sin el requisito de publicidad.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA: Existen trámites para revisar la legalidad de los actos (fase de adjudicación) o de los contratos (el contrato mismo).
Contra los actos administrativos (de preparación y de adjudicación) caben los recursos administrativos y, en particular, la revisión de oficio, en este caso por el órgano de contratación (art. 34 LCSP).
La declaración de nulidad como consecuencia de recurso administrativo o de revisión de oficio tiene los siguientes efectos (art. 35 LCSP): a) Declaración de nulidad de actos preparatorios o de adjudicación conduce a la nulidad del mismo contrato.
b) Modulación en función de las necesidades del servicio: Continuación de los efectos del contrato si la nulidad produjese un grave trastorno al servicio público; continuación hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar tal perjuicio.
Aunque se aprecie la ilegalidad se puede conservar el contrato o el acto administrativo si la anulación del acto o del contrato provocaría un gran perjuicio al interés público.
RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATIACIÓN: Es un mecanismo muy eficaz para la tutela de la legalidad en la contratación. Es un mecanismo inspirado por el Derecho de la UE que se creó para que la tutela judicial fuera más eficaz y se resolviera los casos más rápidamente, se planteaba que los actos de preparación del contrato son susceptibles a impugnación ante tribunales pero esos pleitos pueden durar 10 años o más.
Este recurso es un recurso en vía administrativa que, en unos plazos muy breves, permite que un órgano independiente y unipersonal (constituido por técnicos) de la AP deba resolver la impugnación promovida por algún interesado. El órgano independiente tiene que examinar el expediente y decidir si hay irregularidades o no en la adjudicación. El problema es que lo normal es que cuando se impugna ese acto de adjudicación se suspende la formalización del contrato.
Se trata de un recurso administrativo que en virtud del art. 40 LCSP: Ø Recurso administrativo previo a la interposición del contencioso-administrativo Ø Recurso administrativo potestativo (queda a la voluntad de los legitimados interponer o no el recurso) 8 Actividad de las Administraciones Ø TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos Recurso administrativo especial que desplaza a los recursos administrativos ordinarios: es el único recurso administrativo contra los actos que constituyen su objeto pues no cabe ningún otro recurso administrativo ordinario. Ese recurso tiene un efecto suspensivo sobre la tramitación del contrato.
Este tipo de recurso se puede interponer en relación a ciertos tipos de contratos (de singular importancia económica): Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada; y otros contratos (de servicios y gestión de servicios de cierta importancia).
Este tipo de recurso se puede interponer en relación con ciertos actos administrativos relacionados con el contrato: Ø Los anuncios de licitación, los pliegos (alude a ese cuadernillo en el que la AP fija de manera unilateral las reglas a la que se ha de ajustar el contrato) y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
Ø Los actos de trámite de preparación de contrato (si son cualificados) y los actos adoptados en el procedimiento de adjudicación (acto mediante el cual la AP adjudica el contrato, la selección del contratista). Siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
La originalidad de éste recurso es quien resuelve el recurso: a) AGE: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (mínimo 3 personas) b) Comunidades autónomas: Órgano independiente creado por las CCAA.
Procedimiento: 1.
Anuncio y escrito de interposición: Plazo de 15 días.
2.
Efectos de la interposición: La suspensión que puede ser levantada por el órgano de contratación.
“Una vez interpuesto el recurso, si el acto recurrido es el de la adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación” (art. 45 LCSP).
3.
El pazo para resolver es de 5 días y decidirá sobre todas las cuestiones planteadas (art. 47 LCSP) 4.
Resolución será directamente ejecutiva; sólo cabrá el recurso contencioso administrativo (art. 49 LCSP).
Vemos que los plazos se expresan en días para que la tutela sea rápida y eficaz.
9 Actividad de las Administraciones 6.
TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos ELEMENTOS DEL CONTRATO: Sujetos, Objeto y Precio Los elementos del contrato son los sujetos (AP y contratista), el objeto (prestación: obra, servicio…) y el precio.
Ø SUJETOS DEL CONTRATO: La AP y el contratista.
o La AP es el elemento subjetivo crítico más relevante; es el órgano de contratación que es aquel órgano que tiene la facultad de celebrar el contrato en nombre del sujeto del sector público correspondiente; es el órgano competente para comprometer la AP.
o El contratista es aquel al que la AP le ha adjudicado el contrato; el beneficiario de la adjudicación, el empresario.
El contratista tiene que cumplir los siguientes requisitos de aptitud (art. 54 LCSP): - Capacidad de obrar.
- No estar incurso en prohibiciones.
- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
El contratista tiene que ser apto; la AP no puede contratar con cualquiera sino que ha de elegir al contratista que le presente la mejor oferta y, además, es el empresario que cumple con unos requisitos relacionados con su aptitud, capacidad y solvencia para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. El contratista deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos mediante los documentos arts. 72 y ss LCSP.
Estos requisitos son requisitos de admisión sin los cuales, el contratista no podrá ser elegido por la AP: CAPACIDAD DE OBRAR: Capacidad de obrar para asumir las obligaciones del contrato. El problema se plantea fundamentalmente en el caso de las personas jurídicas. Las personas físicas tienen una capacidad de obrar universal asociada a nuestra libertad.
Las personas jurídicas sólo pueden comprometerse por medio de un contrato si el objeto del contrato encaja en el objeto de actividad (forma parte de su ámbito de actividad) definido en el acto de constitución de la sociedad. Es decir, las personas jurídicas tienen una capacidad de obrar vinculada a la actividad que se describe en el acto de constitución de la sociedad. Un contrato 10 Actividad de las Administraciones TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos sería nulo de pleno derecho si el objeto del contrato no encaja con el objeto de la persona jurídica (art. 57 LCSP).
En empresas comunitarias se remite a la legislación nacional para determinar la capacidad (art. 59 LCSP).
En las uniones temporales de empresas quiere decir que el contratista es una unión de personas jurídicas pero sin alumbrar una persona jurídica distinta. Se asocian varias empresas para afrontar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato pero sin constituir una persona jurídica. Basta con que los sujetos que se unen puedan nombrar a un representante con poder suficiente para vincular a todas las empresas (art. 59 LCSP).
PROHIBICIONES DE CONTRATAR (art. 60.1 LCSP): Son una serie de prohibiciones que afectan al contratista. Circunstancias que concurren en el posible contratista que le impedirían poder contratar porque supone un riesgo para el interés público contratar con esa persona. Si la AP sólo puede contratar en casos de necesidad la AP no puede poner en manos de cualquiera la satisfacción de una necesidad.
En relación con el art. 60.1 LCSP estas circunstancias son: - Condena firme - Insolvencia - Sanción administrativa firme por infracción grave.
- Retirado indebidamente la proposición o candidatura o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor.
- Incumplimiento de obligaciones tributarias o de Seguridad Social - Falsedad - Incompatibilidades - Otras relacionadas con la contratación administrativa (art. 60.2 LCSP).
SOLVENCIA: El contratista tiene que ser solvente desde el punto de vista financiero y técnico; tiene que reunir las condiciones económicas y técnicas adecuadas para afrontar las obligaciones derivadas del contrato. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley (art. 62 LCSP).
Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.
La solvencia se puede acreditar caso por caso o por una clasificación del contratista.
11 Actividad de las Administraciones TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos 1.
Caso a caso: La solvencia se acredita contrato a contrato.
2.
Clasificación del contratista: Mecanismo para determinar contratos de obras y de servicios de cuantía importante (art. 65 LCSP). El acto administrativo de clasificación determinará los contratos a cuya adjudicación pueden concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía.
Órgano de la Administración: Sólo los de las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado tienen eficacia general (art. 68 LCSP).
Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (art. 69 LCSP) La clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión, pero sometida a actualización (art. 70 LCSP).
Se trata de garantizar que el contrato va a ser ejecutado por aquel que reúne los requisitos necesarios para cumplirlos.
Ø OBJETO DEL CONTRATO: La prestación que el contratista debe realizar en favor de la AP, debe ser una prestación determinada; no puede haber una vinculación universal. El contratista no puede estar obligado a realizar una prestación indeterminada, genérica. La AP contrata la ejecución de un determinado acto que se detalla en el contrato la AP contrata la ejecución de una cierta obra concreta.
No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
La legislación del contrato es especialmente rigurosa para determinar cuándo se podrá fraccionar el contrato. Por fraccionamiento del contrato hablamos de que los contratos importantes se fracciona en unidades de obra (partes) para que a medida que se vaya ejecutando la AP vaya pagando y con ese pago se vaya financiando la siguiente parte del fraccionamiento. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que estos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto (art. 86 LCSP).
Ø PRECIO: Es la retribución que ha de percibir el contratista y debe ser un precio cierto y adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados (art. 87.1 LCSP).
12 Actividad de las Administraciones TEMA 6 – Contratos del sector público: elementos básicos La AP pretende que el precio sea el más bajo posible. Pero esta pretensión puede provocar que el contratista oferte un precio tan bajo que imposibilite el cumplimiento del contrato. El precio debe ser adecuado, y por eso se atiende al precio de mercado para que los contratistas no ofrezcan un precio más bajo para que se le adjudique el contrato.
Baja temeraria: sucede cuando el contratista oferta el precio más bajo y es imposible que con ese precio se puedan afrontarse los costes derivados del cumplimiento del contrato.
El precio puede ser unitario (por lote) o un precio tanto alzado (en conjunto).
La AP revisa el precio establecido por el contratista. El precio fijado en el contrato puede ser objeto de revisión en los contratos administrativos, salvo que se fije su improcedencia en los pliegos o en el clausulado del contrato. Si el contrato es muy importante, pueden surgir imprevistos que afecten al coste de ejecución del contrato (variación del precio de la energía…).
Requisitos (art. 89 LCSP): 1.
Que se haya ejecutado, al menos, el 20% del contrato y que haya transcurrido el primer año de ejecución.
2.
En los contratos de gestión de servicios sólo se requiere que haya transcurrido el primer año.
El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula o sistema de revisión aplicables.
Garantías: Cantidades que el contratista debe aportar como fianza sobre las que la AP puede actuar a efectos de sancionar.
- Garantía definitiva (arts. 95 y ss LCSP). Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado.
- Garantía provisional (art. 103 y ss LCSP). En atención a las circunstancias concurrentes en cada contrato, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del mismo.
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