Derecho Penal I - Tema 2 (2014)

Apunte Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Penal I - Parte General y Teoría del Delito
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 24/03/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Derecho Penal I - Sergio Gomollón Lección 2: El Principio de legalidad.
El principio de legalidad Al ser graves los medios que usa el Derecho Penal para actuar contra el delito, viéndose muchas veces intervenidos los derechos fundamentales de las personas, ya que es el Derecho Penal la ultima ratio, es preciso que haya un principio que controle el poder punitivo del estado estableciendo límites en los que se excluya la arbitrariedad. Este principio se conoce como principio de legalidad o principio de intervención legalizada.
Además, el principio de legalidad es un freno para la aplicación demasiado pragmática y radical del Derecho Penal: evita que se llegue al extremo de sacrificar libertades y derechos de los ciudadanos. Es preferible una mala política penal con garantías que una política eficaz sin las mismas, por ello “el Derecho Penal es la carta magna del delincuente”.
Ciertamente, por causa de este principio, en algunos casos podría no castigarse como se debiera a un culpable, sin embargo el riesgo es pequeño y compensa para pagar el precio de la seguridad jurídica.
Este principio nace con el Estado de Derecho, empezando a desarrollarse históricamente a partir de las revoluciones liberales: por ejemplo, lo vemos en el artículo 8 de la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 1789. En definitiva, el principio de legalidad está ligado al Estado liberal de Derecho.
El Estado liberal de Derecho tiene cuatro características fundamentales: el imperio de la ley, la división de poderes, la legalidad en la actuación administrativa y la garantía de derechos y libertades fundamentales.
A partir del primero de estos rasgos concluimos que sólo el pueblo soberano, representado por el poder legislativo, puede hacer la ley, incluyendo, pues, la penal. Todas las leyes penales que no hayan emanado de la voluntad popular no cumplen el principio de legalidad.
En el caso de la separación de poderes veríamos que el principio de legalidad se cumple cuando es el poder legislativo el que ha determinado los delitos y el poder judicial el que se encarga de aplicar la ley.
En el caso de la legalidad en la actuación administrativa, hay que entender que la importancia del poder ejecutivo en cuanto al Derecho Penal es escasa. Sin embargo, en nuestro caso, la Administración tiene una facultad sancionatoria, por ello es necesario exportar al Derecho administrativo sancionatorio todas las garantías y cautelas del penal.
Finalmente, el último objetivo y el más importante del principio de legalidad es garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas. La mejor manera de !15 Derecho Penal I - Sergio Gomollón protegerlos es concretizarlos y formularlos en leyes y castigar con penas su lesión o violación, de modo que los Códigos penales se convierten en un catálogo de prohibiciones de conductas que pueden lesionar esos derechos y libertades fundamentales, por ello hay delitos contra la vida, integridad corporal, libertad, honor, etc.
También, siguiendo este último punto, las penas y sanciones aplicables a los reos autores de un delito afectan a sus derechos y libertades fundamentales, por lo que es preciso revestirlas de una serie de garantías.
*** Además de un fundamento político, este principio también tiene un fundamento jurídico, formulado por Feuerbach con la célebre formulación latina “nullum crimen, nulla poena sine lege” 10 Este principio, para Feuerbach, es una consecuencia inmediata de su teoría de la pena.
El autor entendía que la pena ejerce una coacción psicológica que hace que los ciudadanos se abstengan de cometer los delitos penados, pero para ello, es fundamental que se describan previamente en la ley las conductas prohibidas y sus penas correspondientes; de no ser así, no sería una coacción la pena ya que el sujeto delincuente no sabría qué pena se le aplicaría por una posible conducta delictiva, al no estar determinada ninguna de las dos cosas.
Además, el principio de legalidad sirve también para determinar la culpabilidad del delincuente, quien al conocer (o poder conocer) la prohibición puede ser castigado de un hecho punible.
Por otro lado el principio de legalidad es la garantía jurídica de los ciudadanos frente al poder punitivo estatal, controlándose el poder punitivo del estado en todos sus estadios: por ello el Título Preliminar del Código penal recoge las garantías criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución, que se explican más adelante.
Para evitar cualquier desviación del programa, el artículo 4 del Código penal , después de decir que las leyes penales tan sólo son aplicables en los casos comprendidos expresamente en ellas da instrucciones de qué debe hacerse en caso de que los tribunales o el juez consideren que la ley penal no castiga hechos que deberían ser castigados a su juicio (véase art. 4.2 del Código penal) o cuando vean el caso contrario, es decir, que algo que esté castigado en las leyes penales no debiera estarlo (art. 4.3 del mismo Código). En todos los casos el Código penal ordena que los jueces se sometan siempre a la ley, sin perjuicio de A esta formulación, deben añadírsele tres caracteristicas que debe tener: la Ley debe ser escrita (Lex Scripta), estricta (Lex stricta) (clara y evitando múltiples posibles interpretaciones) y previa, es decir, irretroactiva (Lex previa).
10 !16 Derecho Penal I - Sergio Gomollón dirigirse al Gobierno exponiendo su criterio para que éste proponga la reforma legal correspondiente o conceda un indulto (art. 4.4 del CP).
*** La importancia del principio de legalidad es tal, que es el único principio del Derecho Penal recogido en la propia Constitución, en su artículo 25.1 “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento.” ! El principio de legalidad en la Constitución española de 1978 y en el Derecho positivo.
El principio de legalidad queda recogido en muchas partes del ordenamiento jurídico español; siendo los ejemplos más claros los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución española, y los artículos 1 y 2 (también por ejemplo el 10) del Código penal. Además se garantiza que los jueces estén sometidos al imperio de la ley (arts. 9.1 y 117.1 de la Constitución).
En el ordenamiento jurídico español el poder legislativo es el único que puede determinar qué son delitos y faltas, y sólo las Cortes Generales, en ningún caso las autonomías 11. Por lo tanto la única fuente del Derecho Penal es la ley.
En materia penal hay una reserva de ley, según vemos en los artículos 53.1 y 81.1 de la Constitución española. Estos nos dicen que la ley debe encargarse de desarrollar los derechos fundamentales contenidos en la primera sección del capítulo 2 del Título I de la Constitución, por lo tanto, las leyes penales deben ser siempre Leyes Orgánicas, según ha determinado la Doctrina, ya que afectan siempre de algún modo a los derechos fundamentales 12 y las penas podrían entenderse que por lo menos afectan al derecho al honor.
En definitiva, todas las normas que desarrollan (restringen) un derecho fundamental deben tener el rango de Leyes Orgánicas, tal como indica el artículo 81.1 de la Constitución.
La Doctrina entiende, aunque el TC no se haya pronunciado al respecto, que aunque al aplicar sanciones como las multas no se restringe ningún derecho fundamental, de manera indirecta sí porque el impago de una multa penal, según el artículo 53.1 del Código penal puede conllevar al arresto sustitutorio del condenado.
El principio de taxatividad 11 Art. 149.1.6 CE !12 Cuando se dice que afectan significa que las penas aplicadas restringen el derecho, no se refiere esto a que se proteja un derecho o bien jurídico.
!17 Derecho Penal I - Sergio Gomollón El principio de taxatividad exige la exigencia de clara determinación de las conductas punibles (Lex Stricta). Obviamente, la ley no puede contemplar todas y cada una de las posibilidades que pueden darse, pero debe estar redactada de la forma más clara y precisa posible. El principio de taxatividad deriva de los principios de legalidad y seguridad jurídica recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución. Es difícil que el legislador logre redactar de forma que los conceptos no sean vagos ni demasiado específicos en algunos casos, como los artículos 543, 589 y 576 del Código penal, y el juez no puede hacer su exclusiva valoración al respecto, por lo que debe concretar en cada caso.
Lex Previae, Analogía y analogía in bonam partem.
La ley es irretroactiva y en el momento que se tipifican nuevos delitos con la promulgación de una ley penal, sólo a partir de su promulgación estas conductas serán delitos, no antes de la misma. La retroactividad está prohibida, por tanto, las leyes son irretroactivas.
La analogía en principio está prohibida, pero esto se tratará más adelante.
El principio Non bis in idem El principio Non bis in idem deriva del principio de la legalidad según la Doctrina del Tribunal Constitucional (STC 2/1981), por ello no está explícito en la Constitución. Sin embargo, según la Doctrina del TC, en algunos casos pueden coexistir una sanción penal y una administrativa siempre que las sanciones cumplan funciones distintas y si el sujeto se encuentra en relación de sujeción especial con la administración (SSTC 2/1981, 159/1985, 2/1987 y SSTC del 13 de Junio de 1990 y del 10 de diciembre de 1991).
En definitiva, no puede haber dos sanciones penales por un mismo hecho pero sí una administrativa y una penal si el hecho en cuestión conlleva ambas sanciones y estas tienen distinto fundamento.
Garantías derivadas del principio de legalidad Garantía criminal La garantía criminal se refiere a que para que una conducta sea delito esta debe estar tipificada como tal en la Ley 13 anterior a su perpetración. Aunque una conducta esté mal vista socialmente o sea de moral dudosa, esta no será delito ni falta si no está tipificada como tal en la ley.
Garantía penal La única fuente del Derecho Penal es la ley. Las leyes penales deben ser aprobadas siempre por Ley Orgánica porque afectan a Derechos fundamentales. El estado tiene el 13 Artículos 1.1, 2.1 y 10 del Código penal y artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución españolas !18 Derecho Penal I - Sergio Gomollón monopolio, la competencia exclusiva, de dictar Leyes Orgánicas. Asimismo las leyes necesitan una claridad y concreción máxima, no deben ser interpretables; aún así no pueden estar descritas todas las conductas en el Código Penal. De ahí deriva el principio de Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali y non bis in idem.
En definitiva, la garantía penal nos dice que a las conductas delictivas no pueden aplicárseles penas distintas de las que están previstas en la ley. Si no se cumplieren las garantías penal y criminal se estaría vulnerando el principio de legalidad inconstitucionalmente.
Garantía jurisdiccional El principio de legalidad no sólo afecta a la definición de los delitos y las faltas sino que también afecta al proceso. De imponer una pena debe encargarse un órgano competente y siguiendo el proceso legalmente establecido. Esta garantía la recoge el artículo 3.1 del Código penal. Además, el mismo artículo dice que hasta que la sentencia no sea firme no puede ejecutarse la pena, es decir, no puede empezar a cumplirse. También lo encontramos en el artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La garantía constitucional también tiene un rango constitucional, véase el artículo 24.2 de la Constitución, que proclama el Derecho a un proceso público (Principio de publicidad).
Hasta el momento de la sentencia firme, se presume que el reo es inocente debido a la presunción de inocencia, si este está en situación de prisión preventiva no está cumpliendo pena.
[Los jueces son independientes, no pueden militar en ningún partido político.] Garantía [de legalidad] en la ejecución de la pena No sólo el principio de legalidad afecta a la definición de delitos y penas y en el proceso sino que también afecta a cómo se afectan las penas, especialmente cuando la pena se ejecuta en una cárcel. El juez de ejecución de penas se encarga de que se cumpla esta garantía. La ejecución de la pena debe llevarse a cabo con total sumisión a lo que establecen las leyes. (Véase arts. 9.3 CE y 3.1 CP) Las normas que rigen la ejecución de las penas privativas de libertad están contenidas en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LO 1/1979) y su Reglamento.
! !19 ...