10: La Financiación de las Confesiones Religiosas. La Protección Penal y Jurisdiccional de la Libertad Religiosa (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Derecho y Factor Religioso
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 29/07/2017
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Tema 10

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Tema 10: La Financiación de las Confesiones Religiosas.
La Protección Penal y Jurisdiccional de la Libertad Religiosa 1. La Constitución y el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979.
La Constitución entra en vigor en el año 78, y los acuerdos en los primeros días del 79. Concretamente en el acuerdo sobre asuntos económicos se plantean las intenciones por cada una de las partes firmantes: por un lado se pretende la revisión de un sistema establecido en el año 53 y que choca en muchos de sus contenidos con el texto constitucional, y por otro lado el Estado desea que el sistema de ayudas no se prolongue de forma indefinida. En consecuencia, las partes firmantes del acuerdo se comprometen a colaborar de manera que por un lado la Iglesia católica alcance los recursos suficientes para la atención de sus necesidades mediante un sistema de autosuficiencia, y mientras esto ocurre el Estado se compromete a colaborar en la consecución de los fines de la Iglesia. Para llegar a este sistema de autosuficiencia, las partes establecen varias fases que van desde una ayuda directa a un sistema transitorio para finalizar en la autosuficiencia.
La primera fase (ayuda directa) consistía en que el Estado dotaba a la Iglesia católica por medio de los Presupuestos Generales del Estado de una cantidad económica global que sería modificada anualmente.
Este sistema dura hasta 1988, a partir de esa fecha comienza el llamado régimen transitorio, que consiste en que el Estado asigna a la Iglesia católica un porcentaje en el impuesto sobre la renta o del patrimonio. Para ello, el contribuyente debía manifestar expresamente su voluntad sobre la parte afectada. Si no existía tal declaración, la cantidad se destinaba a otros fines. El plazo previsto para este régimen transitorio era de tres años, y cada año la cantidad asignada disminuiría en función de la recaudación que la Iglesia católica obtuviera.
Sin embargo, el periodo de tres años previsto se amplió hasta el año 2007. En ese año se establece el sistema vigente, que se recoge en la Ley de Presupuestos del año 2007. El sistema consiste en lo siguiente: - El Estado, con carácter indefinido, destinará al sostenimiento de la Iglesia católica el 0.7% de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta correspondiente, siempre que conste la voluntad expresa del contribuyente.
- Se entiende por cuota íntegra la suma de la cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica.
- El Estado entrega mensualmente a la Iglesia católica una cantidad a cuenta. Al final del ejercicio se efectúa una liquidación en la que se procede por las partes a regularizar las cantidades. Si lo recaudado fuese superior a lo recibido, el Estado transfiere la diferencia. Si por el contrario lo recaudado es inferior a lo recibido, la Iglesia tiene que devolver lo percibido de más.
2. El Régimen del Resto de Confesiones con Acuerdo con el Estado.
Respecto al resto de confesiones, se establece en los acuerdos que las confesiones tienen libertad para establecer su sistema de financiación. Todas han optado por el sistema de autofinanciación.
Según se recoge en los acuerdos firmados con todas las confesiones, se establecen determinadas condiciones a la hora de escoger el sistema de recaudación, así como el régimen tributario específico de cada confesión religiosa en función de cada una de las peculiaridades.
Respecto a las confesiones sin acuerdo, el principio general es el sometimiento al régimen fiscal común, sin perjuicio de que el Estado pueda establecer excepciones en supuestos concretos y en función de determinados supuestos.
Esto no ocurre en las confesiones con acuerdo, para ellos está previsto un régimen especial: Para la Iglesia católica, según dispone el acuerdo sobre asuntos económicos, existen situaciones que no están sujetas al impuesto de las rentas, IVA u otros, como las publicaciones, actividades de enseñanza u otras actividades análogas siempre y cuando se refieran a actividades religiosas. Los supuestos de exención de la Iglesia católica con los siguientes: el impuesto sobre bienes inmuebles; el impuesto de sociedades y patrimonios; el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; y el impuesto de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales.
Para la Comunidad Judía la regla es la siguiente: el régimen fiscal se establece en el artículo 11 del acuerdo, y distingue entre actividades no sujetas y exenciones. Las no sujetas son las publicaciones y las actividades relativas a la enseñanza, siempre con fines religiosos. Los supuestos de exención son: el impuesto sobre bienes inmuebles; el impuesto de sociedades y patrimonios; y el impuesto de transmisiones.
Para la FEREDE, las exenciones son las mismas que para los judíos con la única diferencia que en relación al impuesto de sociedades, la exención también tendrá lugar si los bienes y derechos adquiridos se destinan a la caridad. Lo mismo ocurre en la exención del impuesto de asociaciones.
Para la Comunidad Islámica las exenciones son también las mismas, haciendo siempre la salvedad de que el acuerdo firmado establece como requisito para la exención que las actividades religiosas sean siempre islámicas.
3. La Protección Penal de la Libertad Religiosa.
En Alemania, el sistema dispensa una protección especial a todas las creencias religiosas. En cambio, en Francia la situación es diferente, la protección es idéntica a la de cualquier otro derecho fundamental, es decir, se somete al derecho común.
Nuestra Constitución establece una valoración positiva del fenómeno religioso, otorgándole una protección especial que encuentra su fundamento en el artículo 9, el principio de cooperación. Nuestro Código Penal regula la protección de la libertad religiosa en dos secciones distintas: la primera va del artículo 510 al 521 e incluye los llamados delitos de discriminación y los realizados contra el ejercicio de los derechos fundamentales; la segunda está recogida del artículo 522 al 526 y protege la materia religiosa, la alteración del culto, la ofensa de los sentimientos religiosos y la violación, profanación o escarnio de cadáveres o daños causados a sepulturas, sobre todo cuando se falte el debido respeto a los muertos.
4. La Protección Jurisdiccional.
Existen dos tipos de protección: una protección ante los tribunales y una protección internacional.
La protección ante los tribunales ordinarios de justicia y ante el Tribunal Constitucional, según dispone el artículo 53 de la Constitución, cualquier ciudadano puede recabar el auxilio de los tribunales de justicia para la defensa de los derechos fundamentales, sin perjuicio de acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Respecto a la vía ante los tribunales ordinarios de justicia, la ley establece un procedimiento especial, procedente y sumaria cuando se produce un ataque al derecho de libertad de conciencia, incluyendo la libertad religiosa. Este procedimiento es preferente en su tramitación y especialmente rápido (sumario). Solo y exclusivamente puede versas sobre ataques del artículo 14 al 22 de la Constitución.
Respecto a la vía por el recurso de amparo, se recoge en el artículo 53 y tiene como objeto conseguir la tutela del Tribunal Constitucional sobre la posible intromisión en algunos de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. El objeto del recurso es doble: por un lado la defensa de los derechos y libertades y por otro la defensa de la propia Constitución. El recurso no se puede interponer si no es habiendo agotado la vía ordinaria, salvo que la posible violación provenga del poder legislativo. Es un remedio último y extraordinario, y el plazo para interponerlo será de 10 días a partir del siguiente a la notificación de la última resolución judicial.
En cuanto a la protección ante los tribunales internacionales, destaca el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que tiene como función verificar si las autoridades de cada país respetan y tutelan adecuadamente los derechos y libertades reconocidos en el convenio internacional sobre Derechos Humanos. El Tribunal adopta decisiones con carácter vinculante y ordena la reparación inmediata de las solicitudes que se le presentan. Las acciones que se inician ante el Tribunal en ningún caso pueden ir contra particulares, sino únicamente contra Estados, y además el Tribunal no actúa como un tribunal de apelación.
También existe el Comité, cuya labor es la del control e interpretación. Por tanto, lo que realmente realiza son funciones siempre del control de los Estados en función de los derechos y libertades recogidos en el convenio.
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