Lecciones de Processal parte 1 (2014)

Resumen Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Dret processal
Año del apunte 2014
Páginas 23
Fecha de subida 25/11/2014
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Resumen de las lecciones del libro de Derecho procesal del Profesor Ormazabal

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Algunas consideraciones preliminares El Derecho procesal es la rama del Derecho que se ocupa de lo relativo a la función jurisdiccional. El objeto de esta disciplina gira en torno a tres ejes básicos:    La jurisdicción o potestad jurisdiccional: es una potestad del Estado a través de la cual se realiza o actúa el Derecho en el caso concreto.
La acción: es el Derecho de los ciudadanos a obtener del Estado la prestación de la actividad jurisdiccional.
El proceso: es el instrumento, exclusivo y excluyente, a través del cual se ejercita la potestad jurisdiccional y se satisface el derecho de los ciudadanos a obtener la prestación de la actividad jurisdiccional.
La de o i ació De echo p ocesal hace efe e cia al p oceso, pe o ve e os ue i cluye los t es. Hay autores que prefieren otras denominaciones, pero en todo caso, no dejan de resultar incompletas o parcialmente inexpresivas. Pero la que hablaremos ahora, es la denominación tradicional y la más frecuente de De echo p ocesal .
Las explicaciones que integran esta obra se organizarán alrededor de las tres nociones antes mencionadas que aparecen lógica e inescindiblemente entrelazados. En el manual salen dos definiciones del Derecho procesal y como se puede observar ambas definiciones hacen referencia a los tres ejes dichos.
Lección 1: La potestad jurisdiccional La relatividad del concepto de jurisdicción: las dificultades para ofrecer una noción abstracta de esta potestad Históricamente en toda comunidad política, una vez alcanzado un cierto grado de organización institucional, el poder público tiende a asumir la función de resolver o dirimir los conflictos y disputas jurídicas entre sus miembros, así como la de infligir los castigos o penas más graves previstas por el Derecho. La función de esta potestad es pues, realizar o actuar el Derecho.
La manera de que esta función surge y se configura en el transcurso de los siglos y en las diferentes comunidades políticas ha sido y es diversísima, sobre todo respecto a los siguientes elementos:     La titularidad de la función puede recaer en el Rey o en la persona que reviste la condición de soberano, o bien en el Estado, que a su vez la recibe del pueblo.
La clase de órganos que la ejercen. Jueces profesionales, ocasionales, etc.
El estatuto jurídico a que quedan sometidos los titulares de aquellos órganos. Principalmente juzgadores independientes o vinculados a instrucciones u órdenes de órganos públicos.
El ámbito o alcance material en el que opera. Si se extiende o no a los conflictos entre los particulares y el poder público, por ejemplo.
Por lo que desde la justicia del Antiguo Régimen, monopolizada por el monarca y ejercida por sus subalternos, hasta la justicia independiente de un Estado de Derecho moderno se puede apreciar, una enorme diversidad o multiplicidad de formas y configuraciones de la potestad estatal que ahora nos ocupa.
La mayor parte de los autores parecen convenir en el carácter relativo del concepto de jurisdicción, una excepción es Serra que opina que la jurisdicción puede definirse de forma absoluta y con total abstracción respecto de cualesquiera coordenadas políticas o sociales y con completa independencia de cuál sea el sujeto que históricamente haya ostentado la potestad jurisdiccional. Lo esencial en el concepto de jurisdicción sería el poder de un tercero enderezado a la determinación del Derecho en el caso concreto, en definitiva, cualificado y singularizado por la nota de irrevocabilidad.
Para nosotros un concepto de jurisdicción que pretendiera ser absoluto en el tiempo y en el espacio habría ue de se ecesa ia e te de asiado a plio o ge e al. E uest a opi ió , la ju isdicció supo e la determinación irrevocable del Derecho en un caso concreto, seguida e su caso, de su actuació p áctica .
Concluye con que el concepto de jurisdicción ha de basarse con en la realidad de nuestro país y de nuestro tiempo. Partir de que se trata de una de las potestades del Estado es hoy ineludible y cualquier construcción que lo desconozca es meramente teórica.
La actuación del Derecho no realizada por Jueces y Tribunales independientes, no merecer ser denominada jurisdicción. El establecimiento de una función jurisdiccional sometida al poder ejecutivo o a las cámaras legislativas pugnaría con las más fundamentales convicciones ideológicas y culturales de nuestra civilización occidental y resultaría absolutamente inaceptable en cualquier sociedad mínimamente avanzada de nuestra época. Conviene no exagerar el protagonismo conceptual de la independencia en la definición de la potestad jurisdiccional.
La abolición de la justicia privada o autoayuda La existencia de esta función representa un notable avance o conquista civilizadora, al implicar la abolición de la denominada justicia privada o de autoayuda. Cuando el poder público no se hace cargo de dirimir quién de los ciudadanos enfrentados en un conflicto es efectivamente el titular del derecho en disputa, o se desentiende de la aplicación de las penas o castigos, son los propios ciudadanos quienes han de hacer triunfar su pretensión sobre la del otro.
Esto como es evidente, comporta evidentes riesgos, derivados sobre todo del subjetivismo e implica permitir que los ciudadanos hagan uso de la violencia o de la coacción a su arbitrio para hacer prevalecer su concepción de la justicia. Esto provocaría una alteración de la paz social y el orden público (crisis del poder público). En todo caso, la realización del derecho por la propia mano constituye una conducta sancionada penalmente en el art. 455 CP, que tipifica el delito de realización arbitraria del propio derecho.
La jurisdicción como potestad pública encaminada a la actuación o realización del derecho en el caso concreto La jurisdicción está concebida en el ordenamiento jurídico español como potestad estatal (art. 117.3 CE). Se especifica que la potestad consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En estos preceptos se incluyen las dos actividades u operaciones en que se concreta el ejercicio de esta potestad estatal: juzgar y ejecutar.
  Juzgar: designa la operación de discernir y declarar la respuesta del ordenamiento jurídico ante unos hechos determinados, o si se prefiere, la operación de aplicar el Derecho a unos hechos.
Ejecutar: materializar, hacer real o efectivo el pronunciamiento o declaración que resulte de la operación de juzgar.
Ejemplo: si la aplicación del Derecho en un determinado supuesto tiene como consecuencia declarar que A debe a B una cierta cantidad de dinero, ejecutar este pronunciamiento o declaración significa poner aquella suma a disposición de B, utilizando, si es preciso, la fuerza o la compulsión.
Sin la potestad que acabamos de explicar el Derecho no pasaría de ser una puta admonición vacío de contenido, el acatamiento o sumisión al cual quedaría abandonado a la voluntad de los agentes sociales, sin posibilidad de hacerlo efectivo si éstos no lo quisieran observar. La seguridad jurídica, la efectividad del Derecho y la coercividad de sus mandatos hacen necesaria la existencia de esta potestad pública. Lo que acabamos de denominar actuación del Derecho se concreta en los cinco aspectos siguientes que deben ser contemplados tanto desde su vertiente declarativa como desde la ejecutiva: 1.
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La tutela de los derechos subjetivos y de los intereses legítimos de los ciudadanos (art. 24 CE) El monopolio de la imposición de penas (art. 25 CE) La tutela de los derechos y libertades fundamentales (art. 53.2 CE) El control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE) El control de constitucionalidad de las leyes (art. 161 CE) Nuestro ordenamiento jurídico, la jurisdicción se concibe como la potestad pública que tiene como misión la actuación o realización del derecho objetivo en el caso concreto.
La jurisdicción y el resto de potestades básicas del Estado La jurisdicción, junto con la potestad ejecutiva y la legislación, se acostumbra a considerar como una de las tres potestades básicas del Estado, siguiendo la tripartición clásica de los poderes estatales.
Jurisdicción y legislación La distinción entre la potestad legislativa y la jurisdiccional resulta relativamente sencilla.
La legislación: tiene como finalidad la promulgación de las leyes, por lo tanto produce normas jurídicas de rango legal, instrumento mediante el cual se regulan los aspectos centrales o más importantes que afectan a la comunidad política. El mandato legal es:    Abstracto: se dicta en consideración a una pluralidad indefinida de casos que potencialmente pueden acontecer.
General: no tiene un destinatario concreto sino que se proyecta sobre todos aquellos ciudadanos que realicen el supuesto hecho de la norma.
Innovador: la legislación innova el ordenamiento jurídico, añadiendo normas nuevas o derogando las existentes.
La jurisdicción: su función es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, diferenciaremos esta potestad, con la legislativa gracias a su mandato:    Concreto: hace referencia a un acontecimiento concreto que ha tenido lugar en la realidad.
Especial: solo produce sus efectos respecto de los que han sido parte en el proceso.
Declarativo: traslada la respuesta del Derecho declarando la voluntad de éste en un supuesto determinado.
Jurisdicción y administración En una primera aproximación, la distinción entre la potestad ejecutiva y la jurisdiccional no resulta problemática. Con una descripción superficial, podríamos decir que la potestad ejecutiva le atañe proveer la multitud de maneras al bien de la cosa pública ejecutando y desarrollando las leyes dictadas por los órganos legislativos, depositarios de la representación popular. Pero la Administración lleva a término con frecuencia actividades que consisten en la realización del Derecho en el caso concreto y se asemejan notablemente a la actividad que realizan los Tribunales. Pero podemos diferenciar estas actividades cuando son realizadas por la Administración o por los órganos jurisdiccionales.
    Independencia: a la Administración le corresponde un modo de actuación jerarquizada, una escala de mando. La jurisdicción como podremos comprobar después se ejerce con absoluta independencia, no existe jerarquía propiamente dicha entre ellos, ya que ningún órgano puede dirigir órdenes a otro (independencia interna), como que nadie, ningún órgano administrativo puede dirigir órdenes a los Tribunales ni inmiscuirse en sus funciones (independencia externa).
Imparcialidad: no se puede distinguir entre la actuación del Derecho y la actuación de la Administración, ya que unos y otros están obligados a ser imparciales, en el sentido de que deben dictar sus resoluciones sin el menor asomo de prevención o predisposición que los mueva a resolver a favor de alguna de las personas implicadas en el procedimiento, expediente o actuación que esté tramitándose. Actuación con pleno desinterés subjetivo, aplicación estricta de la legalidad.
La actuación de la Administración y de la potestad jurisdiccional: trata de una potestad instrumental respecto de las funciones que tienen asignadas, es decir, dirigida a posibilitar el desempeño de las tareas que tiene encomendadas por la ley. La Administración actúa con interés objetivo (cosa propia). Mientras que la potestad jurisdiccional, no tiene como misión auxiliar el desempeño de su función, es una finalidad en sí misma. Actúan con desinterés objetivo (cosa ajena).
Revisión de la actuación: la realización del Derecho operada por los órganos administrativos es siempre susceptible de revisión por parte de los órganos jurisdiccionales, que se presentan así como últimos garantes de la legalidad de la actuación administrativa. Solo las resoluciones de los órganos jurisdiccionales son capaces de generar la autoridad de la cosa juzgada, por lo tanto no se puede revisar lo que se ha decidido. Ahora bien, que tan solo las resoluciones de los órganos jurisdiccionales sean idóneas para generar la autoridad de la cosa juzgada no significa que todas las resoluciones dictadas por los Tribunales gocen siempre de esta autoridad. La autoridad de cosa juzgada tampoco es criterio absoluto para distinguir la actividad jurisdiccional de la actividad administrativa.
[EXAMEN DE RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez Lección 2: Los órganos jurisdiccionales y la organización jurisdiccional española Los Juzgados y los Tribunales. Concepto y clases Como toda potestad estatal, la jurisdiccional es ejercida por ciertos órganos, Juzgados y Tribunales, integrados por una serie de elementos personales y materiales. Tenemos que destacar los Jueces y Magistrados, quienes individual o colectivamente, ejercitan la función jurisdiccional. Un órgano es la construcción jurídica que fusiona dos elementos, la función y el funcionario o elemento personal que lleva a cabo aquella función. Por lo tanto, aunque desaparezca temporalmente una persona, aún subsista el órgano.
Los órganos jurisdiccionales previstos en el Derecho español son de dos clases fundamentales: los Juzgados y los Tribunales.
  Juzgado: órgano jurisdiccional que tiene como elemento personal un solo juzgador que es el Juez.Tribunal: suele designar el órgano jurisdiccional integrado por más de un juzgador, en este caso recibirá el nombre de Magistrado.
E el De e ho español hay ie tos T i u ales ue se de o i a igualmente, pero por razones históricas tienen esa denominación.
Audie ias . “e t ata de T i u ales Funcionamiento de los órganos colegiados El funcionamiento de un órgano judicial unipersonal no reviste especial complejidad, mientras que los colegiados presentan ciertas peculiaridades que ahora explicaremos.
Salas y Secciones de Justicia Los órganos jurisdiccionales colegiados suelen estar divididos en Salas o Secciones que son los auténticos Tribunales u órganos que imparten justicia. Se trata de un mecanismo de división del trabajo y de especialización. Las Salas son sobre los grandes bloques (Penal, Civil, etc.) pero dentro de éstas se pueden agrupar por Secciones.
Tribunal Supremo Tiene cinco Salas:      Sala de lo Civil Sala de lo Penal Sala de lo Contencioso-Administrativo Sala de lo Social Sala Militar Audiencia Nacional Tiene cuatro Salas:   Sala de Apelación (conoce de los recursos de dicha clase que establezca la ley contra la Sala Penal) Sala de lo Penal [EXAMEN DE RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez   Sala de lo Contencioso-Administrativo Sala de lo Social Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas Tiene tres Salas:    Sala de lo Civil y Penal Sala de lo Contencioso-Administrativo Sala de lo Social Audiencias Provinciales No existen las Salas sino Secciones:   Sección Civil Sección Penal Se tiene que decir que alguna vez podemos encontrar ambas en una misma Sección. Estas secciones no se pueden desdoblar como si fueran Salas, pero sí que tienen la misma función jurisdiccional que ellas.
La válida constitución de los órganos colegiados la formación de Sala Para realizar actuaciones jurisdiccionales válidas, la Sala o Sección ha de estar integrada por un cierto número de Magistrados. La Ley exige 3 Magistrados para la válida constitución del órgano colegiado. Si se u ple, es lo ue se o o e o o fo a “ala .
Los Presidentes de Sala y de Sección Las Salas y Secciones están presididas por uno de sus Magistrados. El Presidente ejerce funciones de carácter administrativo que serán analizadas al estudiar los órganos de gobierno del Poder Judicial. El Presidente de la Sala, también tiene funciones en materia disciplinaria, pero ocupa una posición de igualdad respecto de los otros Magistrados.
El Magistrado Ponente La condición de ponente recae en uno de los Magistrados que han formado Sala. Este Magistrado asume algunas tareas como las que veremos a continuación (art. 205 LOPJ):   Presidir la práctica de las pruebas que no hayan de practicarse ante el Tribunal Proponer las sentencias y otras resoluciones que tengan que someterse a la votación de los otros miembros Deliberación, votación y decisión de los asuntos Corresponde al Presidente convocar los Magistrados de la Sala para deliberar y votar los asuntos que tengan que decidirse mediante auto o sentencia. Los asuntos han de decidirse por mayoría absoluta de los Magistrados. La Ley regula la forma de proceder en los casos que algún Magistrado esté impedido para emitir su voto y la forma de dirimir las discordias, es decir, de resolver las situaciones en que no se logre la mayoría absoluta requerida para decidir el asunto.
[EXAMEN DE RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez Cobertura de Asunto Puede suceder que por algunas razones, alguno de los Magistrados que integren la Sala se encuentre ausente y no se llegue a reunir el número de Magistrados necesarios para formar Sala. La Ley por eso prevé tres mecanismos para cubrir estas ausencias: 1. Cobertura de ausencias con otros Magistrados del Tribunal: cuando no asistan Magistrados en números suficiente para constituir Sala, concurrirán para completarla otros Magistrados siguiendo el orden y el procedimiento dispuestos en dicho precepto.
2. Comisiones de Servicio: este mecanismo solo cabe acudir a él cuando concurran circunstancias de especial necesidad y con la conformidad de los interesados.
3. Magistrados suplentes: en los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales se elaborará anualmente una relación de miembros de la carrera judicial que voluntariamente quieran participar para ser llamados a completar Sala.
En el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales, también se podrá haber una relación de magistrados suplentes no integrantes de la carrera judicial que podrán ser llamados a formar sala en caso de necesidad.
La denominada Sala de vacaciones Como ya sabemos el mes de agosto es el período señalado para las vacaciones de los Magistrados, pero como la actividad jurisdiccional no puede interrumpirse absolutamente durante este mes, se prevé que haya en cada Tribunal una Sala que se ocupe de los asuntos que no admiten demora.
Los órdenes jurisdiccionales Hay otros órganos que aunque no estén dentro del Poder Judicial, tienen asignadas funciones que revisten naturaleza jurisdiccional. Se trata de las denominadas jurisdicciones especiales que son las siguientes: Tribunal Constitucional, Tribuna de Cuentas, Tribunales consuetudinarios y tradicionales, el Tribunal del Jurado y los Tribunales Militares.
Pero la jurisdicción ordinaria está a su vez dividida en una serie de ramas denominadas órdenes jurisdiccionales. Con el fin de realizar una cierta división del trabajo o especialización en la tarea jurisdiccional. Ahora comentaremos cada orden.
Orden Jurisdiccional Civil Conoce los asuntos relativos al Derecho privado, es decir, a materias que siguiendo la clasificación académica tradicional, quedan englobadas en el Derecho civil y en el Derecho mercantil. También conoce a todas las materias que no estén asignadas a otro de los órdenes jurisdiccionales.
Orden Jurisdiccional Penal Tiene el conocimiento de las causas y juicios criminales, con la excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo Conoce de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho administrativo. También de las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones administrativas de rango inferior a la Ley y con los decretos legislativos. Todo lo que esté [EXAMEN DE RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez relacionado con la Administración y recursos contra ella para más información consultar el manual página 34.
Orden Jurisdiccional Social Conoce de las pretensiones que se promuevan dentro la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando la legislación laboral le atribuya responsabilidad.
Se ha introducido cuestiones litigiosas que se promuevan en relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores contra el empresario.
Conflicto de jurisdicción, conflictos de competencia y cuestiones de competencia El legislador ha de procurar delimitar en la forma más precisa posible las atribuciones que confía a la jurisdicción ordinaria, a los órdenes jurisdiccionales que la integran y a los órganos judiciales que operan dentro de aquellos órganos. Pero la LOPJ ha previsto una serie de mecanismos o sistemas para resolver las situaciones conflictivas relacionadas con la distribución de tareas dentro de la jurisdicción y de ésta con otros poderes o autoridades estatales.
Los conflictos de jurisdicción aquest punt va surtir a l’examen A simple lectura, podemos entender que se trata de conflicto entre jurisdicciones (ordinarias y especiales), pero veremos que no es así. Veremos que existen cuatro tipos de conflictos de jurisdicción: 1. Entre Juzgados o Tribunales y la Administración: los resuelve un órgano colegiado al que se denomina Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
2. Entre Juzgados o Tribunales y los órganos judiciales militares: la resolución corresponderá a la Sala de Conflictos de Jurisdicción.
3. Entre Juzgados o Tribunales de la Jurisdicción Militar y la Administración: lo resuelve el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
4. Conflictos de jurisdicción con la jurisdicción contable: resolución del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción Los conflictos de competencia Son los conflictos de atribuciones que pueden surgir entre Juzgados o Tribunales de diferente orden jurisdiccional. Serán resueltos por una Sala especial del Tribunal Supremo. Estos conflictos se podrán promover de oficio, a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, mientras el proceso no haya concluido por sentencia firme, a no ser que el conflicto suscitado se refiera a la ejecución de lo que se haya resuelto.
El ordenamiento penal recibe en esta materia un tratamiento singular, es siempre preferente lo que significa que ningún Juzgado o Tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de aquel orden jurisdiccional.
Las cuestiones de competencia Son los conflictos que se pueden plantear entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional.
Serán resueltos por el órgano inmediato superior común de conformidad con las normas que establezca cada Ley procesal. El Tribunal o Juez superior fijará, en todo caso y sin posibilidad de recurso, su propia [EXAMEN DE RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez competencia una vez escuchadas las partes y el Ministerio Fiscal. No pueden suscitarse cuestiones de competencia entre Jueces y Tribunales subordinados entre sí.
Orden civil Orden penal TS (Sala 1ª) TS (Sala 2ª) TSJ (Sala de lo Civil y Penal) Audiencia Nacional Audiencia Provincial TSJ (Sala de lo Civil y Penal) Juzgados de lo Mercantil Audiencia Provincial Juzgados de Primera Instancia Juzgados de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria Juzgados de Paz Juzgados Centrales de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria Juzgados de Instrucción Juzgados de Violencia sobre la Mujer Juzgados de Paz Orden contencioso-administrativo Orden social TS (Sala ·3ª) Audiencia Nacional TS (Sala 4ª) Audiencia Nacional TSJ (Sala de lo Contencioso-administrativo) TSJ (Sala de lo Social) Juzgados de lo Contencioso-administrativo) Juzgados de lo Social [EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez Lección 3: La independencia y la imparcialidad como ejes del régimen legal de la jurisdicción La independencia La independencia es la nota más característica de la potestad jurisdiccional y la que permite diferenciarla con mayor nitidez de las otras potestades del Estado. Es una característica de los órganos judiciales (no del Poder Judicial). La independencia propia de los órganos judiciales no es absoluta, sino que encuentra su límite en la Ley. Queremos decir pues, que la independencia judicial significa sumisión exclusivamente del Derecho.
Sumisión exclusiva del Derecho Sumisión al ordenamiento jurídico no significa sumisión al Poder Legislativo, a las cámaras legislativas, sino a su producto propio: la Ley. El deber de sumisión a la Ley se circunscribe a aquella que no contradiga la Constitución, cuando un órgano judicial considere que la Ley aplicable al caso vulnere la Constitución puede acudir al mecanismo de la cuestión de inconstitucionalidad. Por lo que los órganos jurisdiccionales están sometidos únicamente a la ley constitucional y a la ley conforme con el Derecho de la Unión Europea.
Con respecto a los reglamentos, entendidos como toda norma dictada por una autoridad administrativa, los Tribunales solo quedan vinculados a ellos si se trata de reglamentos que no contradigan la Ley, ya que en caso contrario, pueden no aplicarlos.
No sumisión a otros Tribunales No existen Tribunales superiores, en el sentido de una jerarquía de órganos judiciales en la que los superiores dirigen o imponen mandatos a los inferiores sobre la manera en que éstos deban resolver los asuntos propios de su ámbito de competencia. Si eso ocurriese, está tipificado como falta grave. Pero hay Tribunales que resuelven sobre impugnaciones y recursos contra las resoluciones dictadas por otros Tribunales y, que, en consecuencia, pueden anularlas. La sentencia que se dicte fijará en el fallo la doctrina legal. En este caso se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de su inserción en él vinculará a todos los Jueces y Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional. Esto no puede hacerse en nuestro sistema jurídico ya que vulneraría esta característica de la independencia.
La ausencia de jerarquía Hace referencia al ejercicio de la función jurisdiccional, no a las funciones gubernativas u organizativas que corresponden a ciertos órganos de gobierno del Poder Judicial. Unos órganos tienen rango superior a otros.
No sumisión a ninguna entidad Nadie, ninguna entidad o persona, puede inmiscuirse en la tarea de los órganos judiciales. Estas invasiones pueden provenir y, de hecho, han provenido fundamentalmente del Poder Ejecutivo. Una cosa es la norma y la otra es si se hace efectivo o no lo que dice.
[EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez La imparcialidad de los órganos judiciales y su estrecha relación con la independencia Imparcialidad, en el caso de los órganos judiciales, significa que deben dictar sus resoluciones y, en general, ejercer la potestad jurisdiccional atendiendo únicamente a la legalidad, sin favorecer ni perjudicar a ninguno de los sujetos procesales por razones ajenas a la propia legalidad. Tenemos que destacar que la imparcialidad no es citada en ningún momento en la CE ni la LOPJ, mientras que sí lo hace con la independencia. Quizás con hablar de independencia, ya se están refiriendo también a la imparcialidad, pero estos dos conceptos se pueden distinguir conceptualmente.
  Independencia: significa no vinculación, por lo tanto no sumisión o subordinación a nada ni a nadie que no sea el ordenamiento jurídico.
Imparcialidad: hace referencia al distanciamiento o ausencia de implicación del juzgador respecto del asunto sobre el que versa el enjuiciamiento y respecto de cualesquiera cualidades o características jurídicamente irrelevantes de los justiciables.
Se puede ser independiente pero parcial (el juez favorece a un amigo suyo en el juicio).
Es dicha imparcialidad, el objeto final que el legislador pretende alcanzar dotando a los Tribunales de una potestad que se ejerce con absoluta desvinculación respecto de cualquier autoridad pública o privada. Por eso se trata de asegurar esta imparcialidad, haciendo que la potestad sea independiente. La independencia debe ser absoluta, con el fin de asegurar al máximo la imparcialidad.
Garantías constitucionales de la independencia e imparcialidad de los Tribunales La principal preocupación que late en los preceptos constitucionales y legales que se ocupan de la jurisdicción es garantizar la independencia y la imparcialidad de los Tribunales. Este objetivo trata de conseguirse mediante las siguientes garantías: La inamovilidad Los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, si no es por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley. La inamovilidad no es una característica privativa de los Jueces y Magistrados. También los funcionarios y, en menor medida, el resto del personal que presta servicio para las Administraciones públicas disfruta de una cierta inamovilidad que limita y frecuentemente impide que sean removidos del lugar o plaza que ocupan. Pero en el caso de los Tribunales, constituye fundamentalmente una garantía de imparcialidad e inamovilidad.
Así pues, inamovilidad de los Jueces y Magistrados significa no remoción del lugar que ocupan a no ser que concurran causas legalmente tasadas. La inamovilidad tiene grados diferentes, dependiendo de que se trate o no de juzgadores que pertenezcan a la carrera judicial.
La predeterminación legal de los juzgadores Al tratarse de un derecho fundamental, su vulneración puede dar lugar al recurso de amparo ante el TC una vez agotada la vía judicial sin éxito. La predeterminación legal de los órganos judiciales implica que el establecimiento de los criterios para fijar el o los juzgadores que han de conocer de unos hechos tenga lugar [EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez con anterioridad a que sucedan estos hechos y mediante la ley. Nadie puede decidir, una vez producidos los hechos.
    Predeterminación del órgano judicial. Prohibición de Tribunales de excepción Predeterminación legal de la demarcación y planta de los órganos judiciales Predeterminación de la composición personal del órgano judicial Predeterminación de la competencia y de los criterios de reparto Predeterminación del órgano judicial. Prohibición de Tribunales de excepción Necesidad de que el órgano judicial que deba conocer del caso haya sido creado por ley con anterioridad a la producción de los hechos que motivan el proceso. La creación de órganos judiciales solo puede tener lugar mediante ley y, precisamente, ley orgánica.
Con la prohibición de Tribunales de excepción nos referimos a la creación de Tribunales para conocer de los hechos una vez acontecidos éstos.
Predeterminación legal de la demarcación y plana de los órganos judiciales La exigencia de predeterminación legal también podría ser transgredida si la concreción de la demarcación de un Tribunal pudiera ser determinada y modificada por una decisión que no revistiese la forma de ley. En todo caso, el Gobierno puede crear nuevos Juzgados en una demarcación y Secciones de un Tribunal o Sala.
Esta atribución no transgrede la exigencia de predeterminación mientras no implique apartar una Sección o Juzgado del asunto del que actualmente conocía.
Predeterminación de la composición personal del órgano judicial No se puede determinar discrecional o libremente cuáles han de ser la persona o personas concretas que integrarán el Juzgado o Tribunal. La garantía de inamovilidad y el establecimiento por ley de los sistemas de acceso, progreso y provisión de plazas en la carrera judicial evita en gran medida determinaciones arbitrarias o interesadas.
En esta materia hay ciertas situaciones que han merecido una particular atención del legislador:    Jueces de provisión temporal: regulan mediante criterios objetivos lo relativo a su nombramiento y régimen jurídico.
Composición de las Secciones de las Salas: la determina el Presidente de la Sala. Los Magistrados suplentes deben ser llamados para formar Sala según un determinado orden.
Medidas de reforzamiento en los órganos judiciales: cuando el excepcional retraso o la acumulación de asuntos en un determinado juzgado o tribunal, no pueden ser corregidos mediante el reforzamiento de la plantilla de la Oficina judicial o la exención temporal de reparto, el CGPJ podrá acordar excepcionales medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros órganos judiciales mediante el otorgamiento de comisiones de servicio.
Predeterminación de la competencia y de los criterios de reparto Una vez todas las predeterminaciones anteriores, ha de existir un conjunto de normas preexistentes a los hechos justiciables que permitan determinar: La competencia de los Tribunales.
 A qué orden jurisdiccional le corresponde el conocimiento del asunto [EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez    A qué clase de órgano judicial perteneciente a aquel orden le atañe ocuparse del caso en primera instancia Es necesario determinar a qué órgano judicial le corresponde según el territorio o circunscripción Qué Tribunal es el competente para ejecutar las sentencias y para conocer de ciertas incidencias ocurridas en el proceso, de las que en ocasiones ha de ocuparse un Tribunal diferente El reparto de asuntos Es necesario llegar a predeterminar incluso la persona o personas físicas que han de ocuparse del caso:   Determinar cuál de los órganos pertenecientes a aquella circunscripción, es concretamente, el que ha de conocer no es función de las normas de competencia, sino las de reparto Ha de indicar la Sección de la Sala a la que debe ocupar el caso Incompatibilidades Es una garantía que trata primordialmente de proteger la imparcialidad de los Jueces y Magistrados. Se trata de impedir ciertas concurrencias o simultaneidades que pueden perjudicar la necesaria neutralidad de los jurisdicentes. El ejercicio de funciones jurisdiccionales es incompatible prácticamente con cualquier otra actividad, a excepción de la docencia o investigación jurídica, la creación literaria, etc.
Apoliticidad Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales mientras estén en activo, no podrán ejercer otros cargos públicos ni pertenecer a partido político o sindicatos. Pero eso no hace que los juzgadores tengan su propia ideología. Así resultará ser imparcial, pero en la jurisdicción alemana esto no es así incluso es mejor porque así se ve si un juez está siendo imparcial o no según su partido político.
El haber ocupado cargos políticos tiene como consecuencia que una vez reincorporados al servicio activo dichos jueces o magistrados no podrán acceder, durante los cinco años siguientes.
Garantías relacionadas con el acceso a la función jurisdiccional, la provisión de plazas y la progresión dentro la carrera judicial El régimen de acceso a la jurisdicción procure seguir criterios objetivos, oposición pública o concursooposición, y que se lleve a cabo por tribunales o comisiones no dependientes del Poder Ejecutivo. Lo mismo sucede en lo relativo a la provisión de plazas y la progresión dentro de la carrera judicial.
Gobierno autónomo de los órganos judiciales Conferir el gobierno de los Tribunales a órganos situados fuera del Poder Ejecutivo, constituye una importantísima garantía para impedir que aquél pueda inmiscuirse o influir en la tarea jurisdiccional. Este gobierno autónomo al que aludimos se refiere a los aspectos administrativos o gubernativos del funcionamiento de los Tribunales, nunca al ejercicio de la función jurisdiccional.
Garantía formal de la independencia (art. 122.1 CE) (aquest punt va surtir a l’examen) Consiste en la reserva de ley, precisamente la LOPJ, para regular las principales cuestiones relativas a los Tribunales. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera. De esta manera se impide que el Poder Ejecutivo, mediante su potestad reglamentaria, pueda influir en la independencia y en la imparcialidad de los Tribunales. Solo pueden incidir en la regulación de aquellas materias los [EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez representantes de la soberanía popular democráticamente elegidos y con las mayorías cualificadas que implica el rango legal orgánico (Poder Legislativo).
El Poder Ejecutivo pero, puede hacer regulaciones secundarias o auxiliares que no alteren ni innoven esencialmente aquel estatuto jurídico.
Este punto, al haber salido en el examen, creo que sería mejor leerlo del manual ya que es mucho más complejo que lo que nos explica este resumen. (Página 53, mirar los puntos) Abstención y recusación Son instituciones que persiguen aleja de la causa a un juzgador inmerso en ciertas circunstancias, referentes a su relación con las partes o con la materia objeto del proceso, que hacen temer de manera fundada un deterioro de su imparcialidad.
  Abstención: es el mismo juzgador quien se aparta de la causa Recusación: son las partes las que instan la remoción, sobre la que resolverá el órgano judicial previsto por la Ley en cada caso Inmunidad Tratan de proteger a los Jueces y Magistrados frente a detenciones arbitrarias dirigidas a perturbar el ejercicio de su función, así como de evitarles haber de comparecer entre autoridades administrativas o militares.
Independencia económica Es evidente que una deficiente retribución de los juzgadores podría suponer un peligro para su i depe de ia e i par ialidad al ha erlos ás se si les a eve tuales ofertas e o ó i as a a io de orientar sus resoluciones en un determinado sentido. Por este motivo el Estado garantizará la independencia económica de los Jueces y Magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional.
[EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez Lección 8: El personal al servicio de la administración de justicia El personal jurisdiccional y la carrera judicial El elemento personal de los órganos jurisdiccionales está constituido por un Juez, un Magistrado o un conjunto de Magistrados. Existen tres categorías de personal jurisdiccional:    Juez: constituye el elemento personal de un Juzgado. Es la categoría mediante la que se accede en la mayoría de ocasiones al ejercicio de funciones jurisdiccionales Magistrado: los juzgadores que integran los Tribunales, tienen siempre la categoría de Magistrado, esta correspondencia no es siempre total, ya que hay algunos juzgados que necesitas la categoría de Magistrado. Pero esta categoría se accede, la mayor parte de las ocasiones, después de haber accedido a la carrera judicial como Juez.
Magistrado del Tribunal Supremo: es una categoría específica que corresponde solo a los Magistrados que integran este Tribunal.
Dentro del personal jurisdiccional debe hacerse la siguiente distinción: Jueces y Magistrados nombrados temporalmente y Jueces y Magistrados de carrera Jueces y Magistrados nombrados temporalmente     Jueces de Paz: no precisan estar en posesión del título de licenciados en Derecho. Son nombrados por mayoría absoluta por la corporación municipal en cuya demarcación ejercen sus funciones jurisdiccionales por un período de cuatro años y con posibilidad de reelecciones ilimitadas.
Jueces sustitutos: son Jueces nombrados para cubrir provisionalmente la baja de un Juez en los casos de vacante, licencia, servicios especiales u otras causas que lo justifiquen.
Jueces de provisión temporal: cubren las vacantes de jueces que hayan quedado desiertas en los concursos, hasta que no se cubran por los procedimientos ordinarios.
Magistrados suplentes: mirar página 32 del libro (Está en el tema 2) Jueces y Magistrados de carrera Pertenecen a un cuerpo único para todo el Estado con un o a ie to vitali io. La exp esió a ea judi ial ha e efe e ia a u u so o iti e a io p ofesio al egla e tado desde el i g eso hasta la salida del cuerpo.
 Ingreso: se puede acceder de cuatro maneras diferentes: o Oposición libre: si se supera, se accede al curso teórico-práctico en la Escuela Judicial del CGPJ y, una vez superado, se ingresa a la carrera judicial con la categoría de Juez.
o Concurso de meritos: mediante este sistema se accede a la carrera judicial con la categoría de Magistrado (de cada cuatro vacantes de plazas de Magistrado una debe ser cubierta de esta manera).
[EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez Designación discrecional por el CGPJ:  Salas Civil y Penales de los TSJ: uno o dos Magistrados, de entre lo que consten en la terna presentada por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma correspondiente.
 Salas del TS: se cubre una de cada cinco plazas vacantes en las Salas del TS Ascenso de categoría: o Antigüedad: es la forma más frecuente de pasar de la categoría de Juez a la de Magistrado o Pruebas selectivas o Decisión discrecional del CGPJ Provisión de plazas: la norma general para proveer plazas vacantes es el criterio de la antigüedad, con ciertas matizaciones en algunos supuestos en los que también se valora la realización de pruebas de especialización o   El personal no jurisdiccional El funcionamiento de la administración de Justicia precisa la intervención de una serie de profesionales de los cuales unos desarrollan sus funciones con dependencia respecto de los órganos judiciales y otros lo hacen sin aquella dependencia, con plena autonomía (personal colaborador con la Administración de Justicia).
Personal auxiliar al servicio de la Administración de Justicia y la Oficina Judicial Se establece que los cuerpos funcionarios al servicio de la Administración de Justicia tendrán el carácter de ue pos a io ales , po lo ue se á ue pos fu io a iales ú i os pa a todo el Estado. Al o eje e funciones jurisdiccionales, estos profesionales dependen del Ministerio de Justicia o, en algunos aspectos, del órgano correspondiente de la Administración de las CCAA con competencias en la materia.
El personal auxiliar, podrá ejercer libremente y sin limitaciones específicas a los derechos de sindicación y huelga, ya que no pueden asumir funciones jurisdiccionales, tampoco necesita la nota de independencia.
Secretario Judicial Acceso Pueden acceder al Cuerpo de Secretarios Judiciales los licenciados en Derecho que superen la correspondiente oposición, aunque también, cabe acceder mediante el sistema de concurso-oposición.
Funciones (diremos cuatro)  Fe pública judicial, dejarán constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias  Función de documentación que les es propia, así como de la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los Jueces y Magistrados, o ellos cuando así lo autorice la ley  Facilitarán a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo y directo, la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas  Ejecución de resoluciones judiciales, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados [EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez Incompatibilidades, abstención y recusación Están sujetos a las mismas incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones que los Jueces y Magistrados, excepto en lo que se refiere a la actividad política. También pueden ser recusados y tienen el deber de abstenerse de oficio cuando corresponda.
Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores Provinciales Establece que habrá un Secretario de Gobierno en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en cada Tribunal Superior de Justicia. El Secretario de Gobierno, ostentará como superior jerárquico, la dirección de los Secretarios Judiciales que prestan sus servicios en las oficinas judiciales dependientes de dichos Tribunales y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Mientras que el Secretario Coordinador Provincial tendrá sus funciones en el art. 467 LOPJ.
Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Procesal, de Ayudantes de Laboratorio Cuerpos Generales Cuando su cometido consista esencialmente en tareas de contenido procesal, sin perjuicio de la realización de funciones administrativas vinculadas a las anteriores.
   Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: corresponde a la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias.
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: corresponde a actividades que tengan carácter de apoyo a la gestión procesal.
Cuerpo de Auxilio Judicial: corresponde, bajo el principio de jerarquía y de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puesto de trabajo, la realización de cuantas tareas tengán carácter de auxilio a la actividad de los órganos judiciales.
Cuerpos Especiales Cuando su cometido suponga esencialmente el desempeño de funciones objeto de una profesión o titulación específica.
    Cuerpo de Médicos Forenses: asistencia técnica a Juzgados, Tribunales, Fiscalías y oficinas del Registro Civil en las materias de su disciplina profesional.
Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Personal laboral y personal funcionario de Administraciones públicas distintas de la Administración de Justicia Pueden prestar servicios en la Administración de Justicia funcionarios de otras Administraciones que, con carácter ocasional o permanente, sean necesarios para auxiliarla en el desarrollo de actividades concretas que no sean las propias de los cuerpos de funcionarios a que se refiere este libro y que requieran conocimientos técnicos o especializados.
[EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez Policía Judicial Cuestiones generales El auxilio de la policía, resulta frecuentemente esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional. En ocasiones, el desarrollo de las actuaciones procesales precisa la utilización de técnicas y métodos policiales.
Hay dos maneras de organizar la policía que auxilia a los Tribunales: 1. Crear un cuerpo policial propio que dependa exclusivamente de los Tribunales o del Poder Judicial 2. Poner al servicio de los Tribunales, unidades de los cuerpos policiales dependientes de las administraciones públicas Las unidades orgánicas de Policía Judicial Puede actuar como policía al servicio de los Tribunales cualquier cuerpo policial de los existentes en el Estado español. Pero hay la creación de unidades orgánicas de Policía Judicial, integradas por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque también puede cooperar, el personal de las policías autonómicas y locales.
Dependencia funcional y orgánica de la Policía Judicial Las unidades orgánicas de Policía Judicial, dependen funcionalmente del Tribunal que le encomienda las diligencias y orgánicamente al cuerpo de policía del que provienen y por lo tanto, a la Administración correspondiente.
Inamovilidad Los funcionarios de las unidades de Policía Judicial no pueden ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les haya encomendado hasta que no haya finalizado ésta o la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o autorización del Juez o Fiscal competente. Se trata de una importante prevención, al contribuir a evitar que la Administración ponga obstáculos a investigaciones que resulten olestas .
Exclusividad En caso alguno podrá encomendarse a los miembros de aquellas unidades la práctica de actuaciones que no sean las propias de la Policía Judicial o derivadas de éstas. La finalidad del precepto estriba también en evitar obstáculos a la investigación judicial, dirigidos a impedir que las fuerzas policiales puedan llevarla a término con la debida dedicación al haberse de ocupar de otras misiones.
Funciones (diremos tres)  Averiguar los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta a la autoridad judicial y fiscal  La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal  Auxiliar a la autoridad judicial y fiscal en todas las actuaciones que hayan de practicarse fuera de su sede y requieran la presencia judicial La Oficina Judicial La realización de las tareas jurisdiccionales requiere una fuerte estructura de apoyo administrativo, técnico u organizativo en el que se integra la mayor parte del personal al servicio de la Administración de Justicia que acabamos de analizar. Es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales.
[EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez Su actuación está inspirada en las siguientes directrices y postulados:      Unidad Principio de jerarquía Principio de división de funciones Principio de coordinación Criterios de funcionamiento Las plazas que la integran habrán de ser cubiertas con personal de los cuerpos funcionariales al servicio de la Administración de justicia.
Como hemos dicho anteriormente un elemento organizativo básico de la Oficina Judicial es la unidad. Pero veremos dos tipos de unidades:   Unidades Procesales de Apoyo Directo: se entiende por una unidad de este tipo aquella unidad de la Oficina Judicial que directamente asiste a Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten Servicios Procesales Comunes: se entiende por servicio común procesal, toda aquella unidad de la Oficina Judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.
Personal colaborador con la Administración de Justicia Ministerio Fiscal Función y encuadramiento institucional El Ministerio Fiscal es una institución del Estado, le asignan la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. La persecución del interés social plasmado en el ordenamiento jurídico a través de su actuación en los Tribunales. No se sitúa dentro del Poder Judicial.
El Ministerio Fiscal no ejerce tareas jurisdiccionales, sino que colabora con la Administración de Justicia, no le resulta connatural la independencia.
Organización Como he comentado en el anterior apartado, no goza de independencia por lo que su organización es jerárquica como podemos ver en la página 100 del manual, se ve su orden jerárquico.
Categorías profesionales Tiene tres categorías profesionales, en total paralelo con las categorías de la carrera judicial:    Abogado Fiscal, equiparado a Juez Fiscal, equiparado a magistrado Fiscal de Sala del TS, equiparado a magistrado del TS [EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez Principios va surtir a l’examen Clasificaremos que hay principios orgánicos y principios de actuación: Principios orgánicos:  Unidad: existe solo un Ministerio Fiscal para todo el Estado, bajo la dependencia del Fiscal General del Estado y los mismos órganos de Gobierno  Dependencia: el Ministerio Fiscal depende del Gobierno, legalmente, éste tan solo puede interesar del Ministerio Fiscal que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes Principios de actuación:  Legalidad: el Ministerio Fiscal tiene como finalidad institucional perseguir con objetividad el interés social plasmado en las leyes, su actuación ha de estar siempre regida por la estricta legalidad  Imparcialidad: si la actuación del Ministerio Fiscal ha de estar exclusivamente orientada a la persecución del interés social reflejado en el ordenamiento jurídico, su actuación ha de ser exquisitamente imparcial. Pero como depende del Gobierno es difícil que se actúe contra él Abogados, procuradores y graduados sociales: la intermediación profesional Nuestro sistema legal no permite en la mayoría de las ocasiones que los ciudadanos se dirijan y actúen directamente ante los órganos judiciales, sino que les exige hacerlo representados por un procurador o graduado social y asistidos o dirigidos por un abogado. El graduado social solo en el orden jurisdiccional social.
Es así porque se presupone que aquéllos al no ser profesionales del Derecho, no pueden asumir adecuadamente su defensa sin la asistencia de profesionales conocedores del intrincado ordenamiento jurídico.
Abogados. Defensa, asesoramiento y dirección procesal de las partes Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado en Derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico. Las funciones del abogado:   Dirección y defensa de las partes en el proceso Conejo o asesoramiento jurídico Entre las incompatibilidades que afectan al ejercicio de la abogacía puede destacarse la de ejercer, en cualquier concepto, cargos, funciones o puestos de trabajos públicos en el Estado y en cualquier Administración pública.
Diremos tres derechos y tres deberes de los abogados.
Derechos:  Derecho de actuar con libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por las leyes y por las normas éticas y deontológicas  Derecho a la libertad expresión y defensa  Derechos a sus honorarios [EXAMEN RECUPERACIÓ PODEMO“ ] Marc Martori Márquez Deberes:  Actuación de buena fe  Secreto profesional de todos los hechos o noticias de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones  Actuación diligente en interés de su cliente Procuradores. La representación técnica La profesión de procurador también tiene el carácter libre e independiente. Su función principal consiste en la representación de las partes en el proceso, otorgada mediante el correspondiente apoderamiento. Por lo que los procuradores son los titulares de la facultad de dirigirse a los órganos judiciales. Las notificaciones, van dirigidas al procurador también.
Si miramos el Manual, mejor leérselo, de las páginas 105 al final, tratará del acceso a estas profesiones y de la asistencia jurídica a las administraciones públicas ...