Lección 20 - Drets i Llibertats Fonamentals (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Drets i Llibertats Fonamentals
Año del apunte 2017
Páginas 13
Fecha de subida 24/09/2017
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Lección 20 de la asignatura de Drets i Llibertats Fonamentals (equivalente a Derecho Constitucional III) de la UPF.
La lección 12 trata las garantías de los DDFF: las garantías jurisdiccionales

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Lección 20. Las garantías de los DDFF: las garantías jurisdiccionales 1. La protección judicial de los DDFF a) Concepto La CE también prevé mecanismos específicos de tutela para los DDFF. Estos se regulan en el Art. 53.2 CE ® cauces de protección de los DDFF por las jurisdicciones ordinaria y constitucional.
TODOS los DD se pueden defender ante la jurisdicción ordinaria; pero dada la relevancia de los DDFF, la CE les ha otorgado mecanismos extraordinarios de protección: - Por órganos ordinarios ® «un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad» Por parte del TC ® mediante el «recurso de amparo constitucional».
Esta doble protección jurisdiccional termina de asegurar la eficacia de los DDFF.
Además ® proceso de internacionalización de la vida pública tiene (entre otras consecuencias) la de que también existan garantías internacionales.
Art. 53.2 CE configura a estos derechos como subjetivos susceptibles de ser protegidos mediante el recurso a los Tribunales.
Protección prevista en el art. 53.2 CE ni siquiera alcanza a todos los derechos recogidos en el Cap. 2º del Título I CE: se limita, exclusivamente, a los derechos recogidos en los arts. 14 a 30.
Art. 53.3 CE ® que excluye expresamente de la categoría de derechos subjetivos de directo origen constitucional a los «principios rectores» (Cap. 3º del Título I CE).
Art. 53.2. CE ® doble efecto: - Prevé una acción procesal: da cobertura a un conjunto de acciones procesales ejercitables en defensa y protección de los DDFF, y así cierra el círculo de preceptos constitucionales que hacen de los DDFF derechos subjetivos cuya protección o reparación es exigible ante los tribunales ordinarios.
- Procedimiento caracterizado in genere por dos notas: preferencia y sumariedad.
Lo que distingue a este procedimiento (o procedimientos, como se verá más adelante) es que el órgano llamado a realizar la protección es un juzgado o tribunal ordinario integrado en el Poder Judicial (a diferencia de lo que sucede con el amparo constitucional, que se residencia ante el TC).
b) Desarrollo La tutela de los DDFF que deben dispensar los jueces y TO no se encuentra articulada en torno a un único procedimiento: el precepto constitucional ha encontrado desarrollo mediante un complejo sistema de acciones procesales distintas, aunque complementarias.
Este sistema se adecúa a la propia estructura procesal española.
No existe un juez especial de los DDFF, sino que las leyes procesales han establecido procedimientos específicos a seguir en aquellas acciones en las que se denuncian vulneración de DDFF. Así, todas las leyes procesales generales tienen previsiones: la vía a seguir dependerá exclusivamente de la materia de la que se trate según las reglas de reparto entre los distintos órdenes jurisdiccionales.
Así: (ejs): - La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa regula un procedimiento para la protección de los DDFF de la persona, recurso preferente y sumario del art. 53.2 de la CE frente a los actos de las distintas Administraciones Públicas, como regla general - La Ley de Procedimiento Laboral regula un mecanismo de defensa de DDFF en el orden laboral, mecanismo que juega como desarrollo en este ámbito del art.
53.2 de la CE - La Ley de Enjuiciamiento Civil establece como mecanismo de defensa de los DDFF el juicio ordinario - En el ámbito de la jurisdicción militar, también hay un procedimiento «preferente y sumario» de defensa de los DDFF - En el ámbito penal ® NO existe una garantía específica para la protección de DDFF. ¿Por? Porque buena parte de los tipos penales protegen DDFF.
A este «desarrollo» sectorial hay que añadir algunas reflexiones adicionales: Junto a esos «desarrollos» sectoriales existen algunos mecanismos procesales específicos que sirven para proteger ciertos DDFF, mecanismos específicos que se justifican por las particularidades de los actos que pueden generar la lesión de esos derechos. Entre estos procedimientos específicos de protección de ciertos derechos pueden destacarse los siguientes: - Habeas corpus (art. 17.4 de la CE desarrollado por la LO 6/1984).
- Derecho de rectificación (art. 18 de la CE y LO 2/1984).
- Derecho de reunión y manifestación (art. 122 de la Ley 29/1998).
- Recursos contencioso-electoral contra la proclamación de candidaturas y candidatos (art. 49 LOREG) - Recurso contencioso-electoral contra la proclamación de electos (arts. 109 a 117 LOREG).
- Protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen (art. 249 Ley 1/2000).
ADEMÁS: las lesiones de los DDFF que procedan directamente de órganos judiciales (in procedendo o in iudicando), NO poseen ningún mecanismo específico ante la jurisdicción ordinaria: habrá que procurarse su reparación en los recursos que en cada caso quepan.
Otra cuestión: que las leyes procesales prevén (a menudo) como motivo para interponer un recurso contra una decisión judicial: el que esa resolución judicial se haya dictado bien violando DDFF o, sobre todo, en virtud de un procedimiento lesivo de éstos.
Reforma LOTC ha introducido en la LOPJ un nuevo mecanismo de protección de los DDFF. La nueva redacción del art. 241.1 de la LOPJ (dada dicha reforma) permite reparar, mediante la nulidad de actuaciones, cualquier vulneración de los DDFF a los que se refiere el art. 53.2 CE ante la autoridad judicial a la que se imputa dicha vulneración (siempre que no haya habido posibilidad de denuncia previa ni quepa recurso ordinario o extraordinario que hiciera viable la reparación de la lesión que se denuncia).
c) Características generales del desarrollo Los procedimientos creados en desarrollo del art. 53.2 CE son procedimientos de excepción en un triple sentido: 1. Porque son diferentes a los procedimientos ordinarios 2. Porque tienen un objeto material concreto y excepcional: la protección de los DDFF 3. Porque implican, para quien lo utiliza, una serie de ventajas procesales respecto de su posición en los procedimientos ordinarios Por ello, NO SE PUEDE utilizar estos procedimientos en cualquier caso, sino SÓLO cuando exista una correspondencia entre: - la pretensión que se insta (la protección de una libertad pública) y el cauce procesal elegido.
Para garantizar que la utilización de este procedimiento se limite a la protección de DDFF existe (después lo veremos mejor) una fase de admisión, en la que se resuelve sobre la idoneidad del procedimiento.
Además, según el art. 53.2 CE ® lo que caracteriza a estos procedimientos es la sumariedad.
¿Qué es “sumario”? ® procedimiento cuyo objeto es limitado (en contraposición con los procedimientos plenarios, en los que se conoce de todas cuantas cuestiones se planteen) + también procedimientos que, al objeto de lograr una mayor celeridad, reúnen una especial rapidez y sencillez de tramitación.
«sumario» en la CE = configurar un proceso acelerado, urgente o especialmente rápido (existencia de un procedimiento excepcional y específico, caracterizado por las notas de urgencia y celeridad).
Por último, del art. 53.2 CE también se deduce ® preferencia ¿Qué significa? ® que los órganos judiciales habrán de tramitar en primer lugar (y con independencia del orden de ingreso de los asuntos que habitualmente se sigue) las demandas que se presenten por este cauce reclamando la protección de un DDFF.
Este es, pues, un concepto relativo, relacionado con las demás pretensiones instadas ante los órganos judiciales, y que encuentra fundamento en la especial naturaleza de los DDFF, en razón de la cual se entiende que la resolución de las demandas referentes a ellos debe ser SIEMPRE PRIORITARIA.
Ambas notas: - «sumariedad» (o celeridad) «preferencia» Se manifiestan, también, en el terreno procesal en dos sentidos: - - por un lado ® implican habitualmente el establecimiento de plazos, para los diferentes trámites del procedimiento (más cortos de los establecidos con carácter general) por otra parte ® repercuten en la supresión de trámites prescindibles y, en general, en la simplificación del procedimiento.
Finalmente: los procedimientos de tutela de los DDFF se caracterizan por su alternatividad y compatibilidad con los procedimientos ordinarios.
art. 24 CE ® reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva: evidente que la protección jurisdiccional de los DDFF (como de cualquier otro derecho o interés legítimo) puede instarse para cada caso por los cauces previstos en la legislación ordinaria (y no forzosamente a través del procedimiento especial del art. 53.2 CE).
Hay, pues, 2 vías de protección jurisdiccional: - la ordinaria la excepcional El demandante puede escoger entre las dos o, incluso, proseguir simultáneamente las dos (TC ha avalado).
AHORA BIEN ® en algunos ámbitos jurisdiccionales en los que lo que se ha hecho incluir las lesiones de los DDFF entre los supuestos en que debe seguirse un procedimiento ordinario (ámbito civil, por ejemplo), esta idea de la alternatividad queda muy relativizada (por la sencilla razón de que procedimiento ordinario y especial de defensa de los DDFF coinciden).
Ø Regulación legal Dada la variedad de mecanismos procesales de tutela de los DDFF: no es posible exponer sistemáticamente toda su regulación, pero pueden resumirse los elementos comunes del régimen jurídico de las garantías establecidas en desarrollo del art. 53.2 de la CE: a) Ámbito material Primera nota distintiva de la previsión del art. 53.2 CE ® totalidad de su cobertura, pues acoge a TODAS las pretensiones (sea cual sea su fundamento sustantivo, siempre que se basen en conculcación de DDFF).
Art. 53.2 CE ® no establece distinciones en razón de que la eventual violación proceda de los poderes públicos o de particulares. La cobertura de la protección también es completa en el sentido de que puede solicitarse tanto frente a actos concretos cuanto frente a disposiciones (siempre que éstas no tengan rango de ley).
Derechos que (en principio) son susceptibles de protección por los mecanismos específicos de protección: los reconocidos en los arts. 14 a 30 CE.
Este ámbito material: mínimo posible constitucionalmente hablando (puesto que la obligación de articular un procedimiento de este género para proteger los derechos citados deriva del art. 53.2 CE).
AHORA BIEN ® la CE acota el ámbito mínimo del amparo judicial, PERO no limita dicho ámbito. ¿Qué significa esto? Que el art. 53.2 CE no establece una lista cerrada de derechos protegibles: delimita un ámbito mínimo de derechos que, en todo caso, deben ser objeto de protección judicial mediante un procedimiento acelerado, pero ello no impide al legislador extender ese cauce procesal a otros derechos distintos de los enumerados en el art. 53.2.
b) legitimación CE no prevé NADA respecto de quiénes tienen legitimación para iniciar el amparo judicial (al contrario de lo que sucede con el amparo constitucional).
Por ello, el legislador goza de capacidad de maniobra. Esta libertad, sin embargo, no es absoluta.
1. Aun cuando la CE utilice la expresión «cualquier ciudadano», ésta debe entenderse en sentido impropio (significa que debe entenderse como referida a cualquier persona).
Ello es así porque muchos DDFF se reconocen a todas las personas, con independencia de su cualidad de españoles o extranjeros, y no tendría sentido dicho reconocimiento si se excluyese al titular del derecho de la facultad de instar su protección (vid. Lección 7!) 2. La legitimación se extiende tanto a las personas físicas como a las jurídicas (cuando éstas sean titulares de DDFF) Así, la configuración de estos procedimientos como previos al amparo constitucional, hace que puedan ser utilizados en todos aquellos supuestos en los que quepa el acceso al amparo constitucional (y que deban serlo antes de recurrir a este último).
La legislación específica viene a confirmar esta idea ya que se contempla de forma amplia en todos los procesos de defensa de los DDFF.
c) Plazos Característica procesal a los procedimientos judiciales de protección DDFF del art. 53.2 CE ® celeridad con que éstos deben tramitarse (porque se pretende proteger bienes jurídicos especialmente valiosos).
Este principio encuentra reflejo en todas las normas que desarrollan el amparo judicial: - tanto por lo que respecta a los plazos para iniciar los procedimientos como en los plazos para tramitarlos y resolverlos en todos los casos esos plazos son INFERIORES a los de los procedimientos ordinarios.
En algunos se trata de plazos extraordinariamente breves: sólo mediante su establecimiento puede asegurarse la eficacia de los DD.
*así sucede, por ejemplo, en los ya citados recursos contencioso-electorales previstos en la LOREG, en el habeas corpus o en la acción especial en defensa del derecho de reunión.
d) Procedimientos (dejando a un margen las particularidades específicas de algunos de ellos) la característica común (que los diferencia respecto de los procesos ordinarios) es ® el acortamiento de los plazos.
Pero, además, existen otras características propias. Así, la naturaleza extraordinaria de estos procesos justifica que el trámite de admisión esté configurado CON MÁS RIGOR que en el procedimiento ordinario (sobre todo en la vía contencioso-administrativa).
También la adopción de medidas cautelares, en especial la suspensión provisional de los actos recurridos, presenta algunas particularidades. Éstas proceden de la propia naturaleza de los bienes jurídicos objeto de tutela que, por su condición de DDFF, deben obtener una protección ya en vía cautelar.
Ello no impide que la conveniencia de suspender actos denunciados como lesivos de DDFF deba ponderarse con otros bienes jurídicos en juego ® NO se puede establecer una regla general: ni de suspensión, ni de lo contrario (debe decidirse caso por caso).
En el orden laboral: la protección de los DDFF tiene una característica singular que no se da en los demás órdenes jurisdiccionales ® si se constata la concurrencia de indicios de que se ha producido violación de la libertad sindical, corresponderá al demandado «la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad» Además: «en los procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios de discriminación por razón de sexo, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».
Así pues, en 2 casos: - violación de la libertad sindical discriminación por razón de sexo si se deducen indicios de violación de los DD respectivos, corresponde a la parte que supuestamente los conculcó demostrar «suficientemente» que las medidas adoptadas han tenido una justificación objetiva y razonable y son proporcionales. Si no fuese así, se entenderá que se produjo vulneración de los citados DDFF.
Ø La regulación frente a los poderes públicos y frente a los particulares Tradicionalmente estos mecanismos de protección se han enfocado a: prevenir, impedir y reparar sus posibles vulneraciones por parte de los poderes públicos (porque se supone que son dichos poderes los que pueden realizar una utilización abusiva de las facultades que tienen conferidas).
Existe, así, una concepción generalizada de que los DDFF deben proteger, sobre todo, frente a los poderes públicos, en cuanto que éstos disponen de instrumentos poderosos que otorgan una mayor facilidad para su vulneración.
PERO ya hemos visto que la protección también se articula frente a particulares.
¿Cuál es la eficacia de la CE en la protección de DDFF en el ámbito privado? Desde la perspectiva de la teoría clásica, la CE y sus DDFF aparecen como una limitación de los poderes públicos.
Como vimos en la lección 6, en nuestro ordenamiento esta concepción debe matizarse: Art. 9.1 CE ® «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento». Así, establece una expresa relación de sujeción de la ciudadanía a los mandatos constitucionales.
En el Estado social y democrático de Derecho las libertades públicas o DDFF se entienden como un prius del orden social, que es protegible FRENTE A TODOS y cuya defensa es asumida por la colectividad como un asunto de orden público.
De ahí que: art. 10.1 CE ® «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social».
La fuerza normativa de la Constitución se proyecta, así, sobre TODOS los integrantes de la colectividad, y los DDFF se configuran como un mandato dirigido a la propia colectividad.
Esta concepción también se ha recogido en el plano legislativo: art. 7.1 LOPJ ® «los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 1º del Título I de la CE vinculan, en su integridad, a todos los jueces y tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos».
Las expresiones «garantía» y «tutela efectiva» tienen un alcance genérico.
Art. 7.2 LOPJ ® «los derechos enunciados en el art. 53.2 de la CE se reconocerán, en todo caso, de acuerdo con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido».
Si las resoluciones judiciales no pueden: - Restringir Menoscabar inaplicar este contenido este contenido es efectivo, sea cual que sea el carácter, público o privado, del destinatario del mandato.
TC ha otorgado su amparo frente a violaciones de DDFF procedentes de particulares, utilizando la vía indirecta de concederlo no directamente frente al acto del particular, sino frente a la resolución judicial.
Destacar que, en algunos DDFF, las posibles conculcaciones proceden, típicamente, de particulares: Ej: derechos que presiden las relaciones laborales (huelga, sindicación, etc.).
DDFF protegen a todos frente a todos, con independencia de su naturaleza pública o privada; en caso de conculcación de un DDFF los poderes públicos en general, y los juzgados y tribunales en particular, deben preservar o restablecer el derecho violado; si así no lo hicieren, su decisión es atacable, incluso, ante el TC.
Esta línea está cabalmente expuesta en la STC 47/85 (caso Sala), que declaró la «nulidad radical» de un despido laboral fundado en razones religiosas e ideológicas. En dicha Sentencia, el Tribunal señaló que «los jueces y tribunales ordinarios están obligados por el art. 53.2 de la CE a la tutela de los derechos y libertades… la Sentencia de la Magistratura no amparó a la demandante en su libertad ideológica… El Magistrado debió amparar a la demandante en su libertad ideológica».
Cuestión distinta es que la eficacia y el alcance de los DDFF pueda variar en función de las relaciones jurídicas sobre las que se proyecta, y muy especialmente, en función de su naturaleza jurídico-pública o jurídico-privada. Pero esto no significa que en unas sean eficaces y en otras no, sino sólo que esa eficacia puede verse matizada por la naturaleza de la relación.
RESUMEN ® - - los ciudadanos están sujetos a la CE y, por tanto, a los DDFF, que tienen obligación de respetar los jueces y tribunales, por su parte, están obligados a amparar los DDFF. En caso de incumplimiento (por parte de los particulares) de la obligación de respetarlos puede dar lugar a una acción en pretensión de tutela o reparación ante los órganos jurisdiccionales El incumplimiento por los órganos judiciales de su obligación de proteger el derecho permite acudir al amparo constitucional. De ahí que, según se señaló, el ordenamiento haya previsto mecanismos de garantía de los DDFF para acudir a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y laboral en demanda de protección de los DDFF, procedimientos ejercitables, precisamente y como regla general, frente a los particulares.
2. El amparo constitucional: ideas generales y remisión Art. 53.2 CE ® los derechos reconocidos en los arts. 14 a 29 CE, así como la objeción de conciencia, son objeto de protección, además de por el amparo judicial, a través del amparo constitucional.
Este se configura como una garantía específica de los DDFF. Es un instrumento más, el último en el ámbito nacional, de reacción frente a una posible vulneración. De este rasgo reactivo frente a las vulneraciones proviene su carácter de garantía específica.
La característica más relevante deriva del mismo TC ® diferencia del amparo judicial, que, como se vio, se insta de los órganos jurisdiccionales ordinarios, el amparo constitucional se solicita, precisamente, del TC.
Se trata de un instrumento procesal de garantía de ciertos derechos fundamentales y de interpretación de los mismos, excepcional en cuanto a su objeto y función, subsidiario y no susceptible su decisión de impugnación.
3. La protección internacional Características básicas del Derecho Público últimamente ® proceso de internacionalización de la vida social, económica, cultural y política. Este también alcanza a los DDFF.
El reconocimiento de los DDFF no se limita a su consagración constitucional interna, sino que se ven proclamados en numerosos convenios e instrumentos internacionales de carácter general o específico, y de ámbito universal o regional.
En la medida en que España ratifica esos convenios acepta, también, los mecanismos de protección que incorporan, lo que supone, pues, por lo que ahora importa, un nuevo escalón de garantía de los derechos: la protección internacional.
Los mecanismos son de muy distinta naturaleza: - casi siempre se trata de órganos de seguimiento del respeto de los DD por parte de los Estados, que, por lo general, pueden realizar declaraciones (a veces recomendaciones) a los Estados.
- En ocasiones, esos mecanismos van más allá, alcanzando incluso naturaleza jurisdiccional. (Sería excesivamente prolijo intentar resumir todo el sistema internacional de garantía de derechos al que España se encuentra vinculado como consecuencia de los compromisos internacionales adquiridos, tema por otro lado objeto de estudio en Derecho Internacional Público).
IMPORTANTE ® si todos los mecanismos nacionales de protección resultan infructuosos, los DDFF pueden ser defendidos, también, ante instancias internacionales.
Conviene hacer referencia a 2 mecanismos de protección por su relevancia interna dado el valor que tienen desde la perspectiva del art. 10.2 CE.
1. En el ámbito universal de la ONU tiene una especial relevancia el Comité de Derechos Humanos ® puede examinar quejas dirigidas por los particulares contra los Estados.
Sus decisiones, no obstante, NO tienen carácter jurisdiccional.
2. Más incidencia interna aún posee la labor del TEDH, con sede en la ciudad de Estrasburgo. España es signataria del CEDH que, entre otras cosas, instituye un órgano jurisdiccional encargado de la protección de los derechos recogidos en el Convenio: el TEDH. En cuanto signataria del Convenio, España está sujeta tanto a los derechos en el mismo consagrados, como a la jurisdicción del TEDH.
Su protección se limita a los derechos consagrados en el CEDH y en los Protocolos que lo amplían; en todo caso, la coincidencia entre la declaración constitucional y el CEDH es muy amplia, y aún más si se tiene en cuenta que el art. 10.2 CE ® impone que el CEDH se utilice como parámetro de interpretación de los DDFF constitucionalmente garantizados.
El mecanismo de protección que ofrece el TEDH pueden utilizarlo tanto personas físicas como jurídicas.
Pero para acudir al TEDH debe respetarse el principio de subsidiariedad: debe haberse agotado previamente todas las vías internas, incluido, en su caso, el TC.
*Cabe señalar que, aunque exista una correspondencia muy amplia entre el contenido material del CEDH y los derechos protegidos en amparo, hay alguna excepción significativa, como el el derecho de propiedad.
Conviene destacar que las decisiones del TEDH tienen una doble importancia constitucional: - Desde el punto de vista general, y como consecuencia de la previsión ya citada del art. 10.2 CE, el TC ha destacado la importancia que tiene para la interpretación constitucional la interpretación que llevan a cabo los órganos de garantía creados por los instrumentos internacionales y, muy especialmente, la jurisprudencia del TEDH.
- Desde el punto de vista individual, del caso concreto, aunque las STEDH tienen un efecto meramente declarativo, el TC ha estimado que, en ocasiones, constatada una lesión de derechos por el TEDH, ésta debe ser reparada en el ámbito interno.
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