derecho admin 3 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Administrativo III
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 09/06/2017
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TEMA 10: BIENES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS I. CONCEPTO Los entes públicos, al igual que las personas privadas, son titulares de un conjunto de bienes muebles o inmuebles y de derechos reales o personales. Estos bienes y derechos, como cualquier otro medio de que dispongan, están orientados a la satisfacción de los fines públicos que la Administración tiene asignados. La Constitución contempla varias clases de bienes de titularidad pública, como los reservados al sector público -artículo 128-, los de dominio público, los comunales, los que integran el Patrimonio Nacional y los patrimoniales -artículo 132-.
La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Publicas -cuyo Reglamento de desarrollo ha sido aprobado por el Real Decreto 1.373/2009, de 28 de agostodelimita dicho patrimonio de una forma positiva y de otra negativa. En el primer sentido, considera que "el patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos"; en el segundo sentido, excluye del patrimonio "el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda" y, "en el caso de las entidades públicas empresariales y entidades análogas dependientes de las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorería".
De esta manera, el patrimonio de las Administraciones Públicas está sometido a un régimen doble: los bienes y derechos demaniales a uno de carácter jurídico público y los patrimoniales a uno de carácter jurídico privado. En consecuencia, la clasificación de un bien en una categoría u otra no hace referencia a la titularidad, sino que sirve a los objetivos de permitir un tratamiento conjunto de esos conjuntos de bienes a determinados efectos de regulación y de destacar la afectación global de los patrimonios de la Administración y de sus organismos públicos, como organizaciones subordinadas al cumplimiento de los fines encomendados.
II. NATURALEZA Y OBJETO Aunque tradicionalmente se estimaba que los bienes de dominio público (véase "Dominio público") no constituían una auténtica propiedad de la Administración, pues eran res nullius o res omnium comunes, de modo que la Administración solamente ostentaba sobre ellos una potestad de vigilancia y conservación, a partir de Hauriou se considera que sobre dichos bienes se tiene "una forma especial de propiedad", aunque sometida a un régimen especial debido a que están afectos a una utilidad pública.
Sin embargo, también se ha considerado que los entes administrativos no son propietarios, sino titulares instrumentales de los bienes de dominio público, por lo que lo decisivo es que el régimen especial del dominio público constituye un medio de sujetar a los particulares a las previsiones de la norma y a las resoluciones de la Administración. El dominio público, más que un conjunto de bienes, representa así un título jurídico de intervención, un soporte jurídico de potestades que permite a la Administración titular disciplinar las conductas de quienes utilicen las cosas calificadas como públicas, ordenándolas de acuerdo con las exigencias generales.
Cualquier que sea la naturaleza de la relación jurídica que una a la Administración con los bienes de dominio público, no hay duda de que tradicionalmente se incluyen entre estos bienes los inmuebles. La extensión de la categoría a otros bienes y derechos ha sido más reciente, aunque, en la actualidad, se admite que integren la categoría de bienes de dominio público los muebles, las propiedades incorporales, los derechos reales u otros derechos, piénsese, por ejemplo, en el dominio público radioeléctrico.
III. CLASES Por otro lado, pueden constituir o son susceptibles de incorporarse al dominio público los bienes de titularidad pública que se encuentran afectados al uso general o al servicio público y aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. Se consideran también, en todo caso, bienes de dominio público los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado.
Todos estos bienes pueden ser bienes demaniales por naturaleza -demanio natural- o por afectación singular -demanio artificial-. En los primeros, la afectación al interés o al servicio público se produce por la Ley en virtud de sus características, mientras que los segundos, que no se distinguen por sus cualidades naturales de otros similares, necesitan actos concretos de afectación. Sin embargo, no se trata de un problema de predestinación natural del bien sino de destinación actual; es decir, no sucede que un género de bienes tenga que ser necesariamente de dominio público, sino que el Derecho positivo, sin necesidad de un acto singular de afectación, los considera como tales.
El apartado 2 del artículo 132 de la Constitución enuncia como bienes de demanio natural estatal, "en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental", además de "los que determine la ley", entre los que figuran el dominio fluvial, el minero, el aéreo, así como las carreteras, los caminos y las autopistas.
IV. PRINCIPIOS DE SU RÉGIMEN JURÍDICO Según el apartado 1 del artículo 132 de la Constitución "la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad".
Del precepto constitucional se deduce, en primer lugar, la existencia de una reserva de ley para determinar el régimen jurídico de estos bienes. Esta reserva legal se cumple también con las leyes autonómicas que, no obstante, según el Tribunal Constitucional, han de acomodarse a la legislación básica estatal (Sentencia 58/1982, de 27 de julio).
La demanialidad implica una vinculación del bien con una finalidad de interés general, de ahí que el bien mismo se considere extra commercium, esto es, al margen del tráfico jurídico privado y con su goce y disposición ordenados por el Derecho administrativo. De ahí que se predique de estos bienes la inalienabilidad, que supone la prohibición absoluta de enajenar los bienes de dominio público. Pero ello no significa la imposibilidad de transmisión del bien, ya que, si la inalienabilidad es consecuencia de la afectación, cabe tal transmisión a otra entidad administrativa, siempre que el bien siga afectado al mismo o a distinto uso o servicio público; del mismo modo, si se produce la desafectación, el bien dejará de estar integrado en el dominio público y será posible su transmisión.
La inalienabilidad implica que los bienes demaniales están fuera del comercio de los hombres, lo que trae consigo que, mientras mantengan tal carácter, no son susceptibles de prescripción adquisitiva (artículo 1.936 del Código Civil).
También como consecuencia de la inalienabilidad se produce la inembargabilidad de estos bienes, en el sentido de que no pueden ser objeto de embargos, gravámenes hipotecarios o similares. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria dispone a este respecto que "ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamientos de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública".
V. AFECTACIÓN, MUTACIÓN Y ADSCRIPCIÓN La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público y su consiguiente integración en el dominio público. Sería el acto en cuya virtud de destina a un bien al cumplimiento de alguno de los fines propios del dominio público y, en consecuencia, se le somete al régimen jurídico peculiar de esta clase de bienes administrativos.
La afectación, según su objeto y expresión jurídica, puede ser genérica o específica.
La afectación genérica no se refiere a bienes singulares, sino a una categoría. Se suele aplicar a los bienes del dominio público natural.
La afectación específica se proyecta sobre bienes singulares y concretos y requiere un acto administrativo, aunque estos casos de afectación por resolución administrativa pueden tener lugar de forma expresa, de forma implícita o de forma presunta.
La afectación expresa requiere la instrucción de un procedimiento y la adopción del acuerdo correspondiente por la autoridad competente, que, en el ámbito de la Administración del Estado, es el Ministro de Hacienda.
La afectación implícita se produce cuando se adquieren bienes y derechos por expropiación forzosa, supuesto en el que los bienes o los derechos adquiridos se entienden afectados al fin determinante de la declaración de utilidad pública o interés social.
Supuestos de afectación presunta se encuentran en el ámbito de la Administración Local, por ejemplo, al enunciar algunos casos en los se produce automáticamente la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales, como sucede con la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios, con la adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o a un servicio público o cuando se adquiere, por usucapión, el dominio de una cosa que viniese estando destinada a un uso o servicio público.
Según se ha indicado, la afectación no tiene porqué ser invariable ni permanente. Por una parte, mediante la mutación se produce el cambio en el destino público de un bien demanial, pero permaneciendo dicho bien en el dominio público, sin que se produzca su transformación en bien patrimonial. Requiere la instrucción de un expediente culminado con un acto administrativo que acuerde la mutación y la formalización en las actas de entrega y recepción, que perfeccionarán el cambio de destino de los bienes de que se trate. Por otra parte, el cese en la afectación resulta posible tanto en los casos de degradación de los bienes del demanio natural como en los supuestos de desafectación, que también puede tener lugar de modo expreso, tácito o presunto.
Una figura distinta de la afectación es la adscripción, en cuya virtud se permite que los bienes y los derechos patrimoniales de la Administración se adscriban, sin que ello altere la titularidad del bien, a los organismos públicos dependientes de aquélla para su vinculación directa a un servicio de su competencia o para el cumplimiento de sus fines propios. En ambos casos la adscripción lleva implícita la afectación del bien o del derecho, que pasa a integrarse en el dominio público.
VI. PROTECCIÓN Aunque el dominio público puede protegerse a través de las normas civiles que tutelan los bienes privados y también constituyen auténticos medios de protección las características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, antes referidas, el ordenamiento jurídico público ha consagrado potestades de acción más directa y contundente, orientada hacia la protección del destino de los bienes demaniales y hacia la protección de su titularidad.
Las más importantes medidas de policía demanial, por constituir auténticos privilegios de la Administración, tienen que ver con la investigación, el deslinde y la recuperación de oficio de los bienes (véase "Autotutela"), así como las posibilidades del desahucio administrativo (véase "Desahucio administrativo").
La protección de la titularidad encuentra una ayuda específica en las instituciones registrales administrativas, como los catálogos o los inventarios.
Si bien ha de advertirse que la mayor parte de estos medios exorbitantes de protección no son aplicables en exclusiva al demanio, sino que constituyen el régimen jurídico básico de amparo de cualquier bien de la Administración.
Como últimos mecanismos de tutela se encuentran las facultades de sanción de los actos de perturbación, con las consiguientes medidas reparadoras. Esta potestad sancionadora (véase "Sanciones administrativas"), sin tener un carácter general, se recoge de una forma específica en las leyes relativas a las distintas categorías de bienes de dominio público, donde se encuentra el correspondiente catálogo de infracciones y de correcciones. Además, los tipos que en el Derecho penal sirven para defender la propiedad privada son aplicables a los bienes de dominio público, sin perjuicio de que, a veces, se prevean circunstancias agravantes específicas.
VII. USO Se puede distinguir entre uso común y uso privativo; también entre uso normal y uso anormal.
Se considera uso común de los bienes de dominio público el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los demás.
Dentro del mismo hay que distinguir entre el uso general y el especial: el uso común general es el que puede ser realizado por cualquier ciudadano como tal, sin que requiera una cualificación especial, y sin más título que su pertenencia a la comunidad, e incluso, a veces, sin este requisito; el uso común especial se predica respecto de bienes demaniales en los que concurren circunstancias especiales de peligrosidad, intensidad o cualquier otra semejante, por lo que se hace depender de un título específico, como una autorización o una licencia.
Es uso privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados. Así, a diferencia del uso común, donde es posible que confluyan usos compatibles, el uso privativo es exclusivo y excluyente, adquiriéndose mediante el otorgamiento por la Administración de una concesión.
El efecto esencial de la concesión consiste en transferir el disfrute exclusivo de un bien de dominio público, no su propiedad.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS I. CONCEPTO No existen diferencias conceptuales, en principios, entre los contratos de Derecho Privado (Civil o Mercantil) y los contratos administrativos, lo que caracteriza a estos es la intervención de una Administración Pública y la vinculación del contrato a una finalidad pública. De hecho, hay ordenamientos en los que la figura del contrato administrativo es desconocido, hablándose en todo caso en que interviene la Administración de un solo tipo de contratos, como si de particulares se tratara. Por el contrario, el Derecho Francés, que influye en nuestro Ordenamiento, acoge la figura del contrato administrativo, sobre la base de la intervención de las Administraciones y la finalidad de prestación de servicios públicos, sometiéndolos a un régimen especial del que es lo más relevante las potestades exorbitantes que se reservan a la Administración, justificadas en el interés público, que está siempre presente en este tipo de relaciones jurídicas.
II. REGULACIÓN La regulación en España de los contratos administrativos está en la actualidad vinculada por la incidencia del Ordenamiento de la Unión Europea que no ha dejado de regular la materia porque, como se ha dicho, fuera de las barreras aduaneras, son los contratos administrativos los límites más efectivos para evitar la realidad de un mercado interno dentro de la Unión. Fruto de esa idea es la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre Coordinación de los Procedimientos de Adjudicación de los Contratos Públicos de Obras, de Suministro y de Servicios, que obliga a los Estados a la promulgación de la norma nacional cogiendo los criterios uniformes establecidos en ella.
La transposición de la Directiva se lleva a cabo en España por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que no sólo ha regulado la materia acorde a esas exigencias comunitarias, sino que ha aprovechado para hacer un régimen actualizado de la figura con caracteres novedosos, conforme a lo que era nuestra tradición nacional. En la actualidad la norma vigente es el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
III. CLASES Frente a la distinción tradicional en nuestro Derecho entre contratos privados y administrativos de las Administraciones Públicas, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece una configuración diferente; en primer lugar, porque ya no sólo cabe configurar los contratos administrativos como los celebrados por las Administraciones Públicas, sino que partiendo la Directiva de 2004 de una regulación de todo tipo de contrato que sea financiado, de alguna manera, con fondos públicos se amplia el ámbito de los contratos administrativos, de ahí que la misma Ley se refiere a contratos del sector público.
Dentro de los contratos del sector público se pueden distinguir entre contratos administrativos, que son los celebrados por una Administración Pública y estén vinculados al giro o tráfico de la Administración contratante o satisfacer una finalidad pública; y contratos privados, que son los contratos que celebren las Administraciones Públicas diferente de los anteriores y todos los que celebren los entes del sector público que no tengan la condición de Administración Pública.
En los contratos administrativos se puede distinguir entre ordinarios (de obra pública, de gestión de servicios públicos; de suministro; de servicios, en algunos supuestos y de colaboración entre el sector público y el sector privado) y especiales (distintos a los anteriores que estén vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o tengan por finalidad satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de la Administración contratante).
Pero junto a esas clasificaciones, adquiere una especial relevancia una concreta categoría de contratos que se superpone a los anteriores, son los contratos sometidos a una regulación armonizada que, en el concepto de la Ley de 2011, son aquellos que están regulados de manera más o menos minuciosa en la Directiva Comunitaria y que el Legislador español recoge en la Ley con una regulación acorde a la imposición de la Directiva.
IV. RÉGIMEN JURÍDICO La clasificación de los contratos es relevante a los efectos de su régimen jurídico, porque los contratos administrativos se regirán, en todas sus fases, por la Ley de Contratación del Sector Público y, supletoriamente, por las restantes normas de Derecho administrativo y, de forma supletoria, por la normas del Derecho Privado.
Por el contrario, los contratos privados en el sentido expuesto, se regirán, en las fases de preparación y adjudicación, por la el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , en tanto que en sus restantes fases se regulan por las normas de Derecho Privado. En cualquier caso, los contratos sujetos a regulación armonizada se regulan por las normas de la Ley de Contratación en todas sus fases, si bien esa regulación, impuesta por la Directiva, como se dijo, se centra fundamentalmente en las fases de preparación y adjudicación, que es lo que preocupa a la normativa comunitaria, basada en la apertura de la contratación a los demás Estados.
Es relevante la clasificación que se hace de los contratos a los efectos del control Jurisdiccional porque, conforme a la atribución competencial que se establece en la Ley de 2007, los Tribunales de Orden Contencioso-Administrativo conocerán de las cuestiones que se susciten respecto de los contratos administrativos, en todas sus fases; así como de las cuestiones que se susciten en las fases de preparación y adjudicación de los contratos privados celebrados por las Administraciones Públicas. Por el contrario serán atribuidas al conocimiento de los órganos de Orden Jurisdiccional Civil, las cuestiones que surjan en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados celebrados por las Administraciones Públicas, y de todas las fases de los contratos privados celebrados por los entes del sector público que no tengan naturaleza de Administración, pese a que estos contratos, como se dijo, ser rigen por la Ley de Contratación en sus fases de preparación y adjudicación, lo que supone aplicar norma administrativa por el Orden Civil.
Por lo que se refiere a los contratos sujetos a regulación armonizada, se establece la regla competencial general de que se someten al Orden Contencioso-Administrativo las cuestiones que surjan en sus fases de preparación y adjudicación, con independencia de que los celebren entes del sector público tengan o no naturaleza de Administración Pública. Las cuestiones referidas a las restantes fases vendrán atribuidas al Orden Civil.
V. PARTES CONTRATANTES Una de las mayores novedades -y confusiones- de la Ley de 2007 (ahora del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) es la delimitación de los entes que han de sujetar su contratación a la normativa que se establece. Esa regulación está directamente vinculada a la Directiva de 2004 que configura el elemento subjetivo como sector público. La Ley establece una primera delimitación subjetiva sobre la base de la delimitación del sector público, entendiendo por tal: a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social participen, directa o indirecta, las entidades a que se refiere el precepto.
e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.
f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.
Pero dentro del ámbito más amplio de sector público se delimita el concepto de Administraciones Públicas, que son las recogidas en el aparatado a) antes mencionado y, además: los Organismos autónomos; las Universidades Públicas; las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad; las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes: 1ª) Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o 2ª) que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios. En ningún caso podrán considerarse Administración Pública las entidades públicas empresariales estatales.
Junto a la delimitación del sector público y Administración Pública, la Ley española acoge el concepto del poder adjudicador -que es el que utiliza la Directiva- y que se acoge como cláusula de cierre del ámbito subjetivo. Se entiende por tal, además de las Administraciones, todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
Una de las mayores especialidades de la Ley, impuesta por la normativa comunitaria, es someter al régimen de los contratos del sector público los contratos celebrados por particulares y que estén subvencionados con fondos públicos en determinadas cuantías, quedando sujetos al régimen de los contratos sometidos a regulación armonizada.
Por lo que se refiere a la otra parte del contrato, el contratista, se dispone la regla general de que deberán ser personas físicas o jurídicas con plena capacidad jurídica, siempre que no estén incursas en causa de prohibición para contratar con el sector público y acrediten, en su caso, la solvencia económica, financiera, técnica o profesional que se exija en cada caso. A tales efectos quedan asimilados a los españoles los empresarios de los restantes estados comunitarios que, conforme a la regulación de sus respectivos países, tengan capacidad para contratar con el sector público.
VI. PROCEDIMIENTO: FASE PRELIMINAR La regulación del procedimiento de contratación se centra esencialmente a los celebrados por las Administraciones públicas, en cuanto que para los celebrados por los demás entes del sector público se impone tan solo la necesidad de garantizar los principios impuestos por la normativa comunitaria, a cuyos efectos se aprobarán instrucciones por los respectivos centros directivos.
Conforme a lo que se declara por la Directiva, los procedimientos para la celebración de los contratos han de estar sometidos a los principios que emanan del Tratado de la Unión y, en concreto, a los de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia, con el fin de garantizar el acceso a los contratos celebrados por el sector público de todos los empresarios de los Países integrados en la Unión.
En cuanto al inicio del procedimiento, se acordará por el órgano de contratación formando el correspondiente expediente, con aprobación de las cláusulas por las que deberá regirse el contrato, así como la correspondiente consignación presupuestaria. Seguidamente se procede a la publicidad de los contratos, materia en la que se establece una especial regulación por ser una materia de especial atención por la Directiva, ya que mediante esa publicidad se hace viable la libre concurrencia de los empresarios y la igualdad de oportunidades.
En cuanto a dicha publicación se establece la novedad de que se creen por los poderes adjudicadores el perfil del contratante en el que se podrán anunciar los contratos que se pretendan celebrar en los doce meses siguientes, con las características esenciales de estos; esa publicación en el perfil del contratante permite una simplificación de los plazos del procedimiento de contratación.
La publicación deberá realizarse en los Boletines Oficiales de las respectivas Administraciones y, cuando alcancen una determinada cuantía, en el Diario Oficial de la Unión Europea.
VII. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN La selección del contratista se inicia cuando, tras la publicación y dentro del plazo señalado al efecto, se presentan por los contratistas sus ofertas de contratación. Dicha oferta deberá realizarse en dos sobres cerrados, uno incluyendo los datos personales y el segundo con la oferta económica, debiendo presentarse una sola oferta, acompañada de la documentación exigida y acreditativa de tener capacidad para contratar.
En cuanto a los criterios para la selección de los contratistas, el órgano de contratación podrá establecer los que tenga por conveniente en función del objeto del contrato, pero han de tratarse siempre de criterios objetivos y, caso de utilizarse uno sólo, será el del precio más bajo.
En cuanto a los procedimientos para la concreta selección de los contratistas, la Ley contempla los siguientes: procedimientos ordinarios, admisibles en todo tipo de contratos (procedimiento abierto o restringidos, según que se admita libertad de concurrencia de empresarios o se limite a determinados empresarios delimitados por criterios objetivos); y los procedimiento especiales, referidos a determinados contratos (negociado y diálogo competitivo, en los que se establece, ante la indeterminación concreta del objeto, un diálogo entre órgano de contratación y empresarios). Para los contratos en masa se autorizan modalidades procedimentales especiales como son el acuerdo marco, los sistemas dinámicos y el sistema centralizado.
Una de las especialidades más importantes que se recogen en la Ley es la posibilidad de poder adjudicar los contratos por medio de subasta electrónica, que podrá autorizarse cuando los criterios sean cuantificables objetivamente, pudiendo realizarse las ofertas sucesivamente por medio de su acceso a la pagina de Internet del órgano de contratación y previa admisión de los mismos.
Una vez resuelto el procedimiento de selección, se procederá a la adjudicación provisional que, en su caso, puede ser impugnada por un recurso administrativo especial en materia de contratación, cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada. Una vez formalizado el contrato en documento administrativo, se procede a la adjudicación definitiva en documento público administrativo.
VIII. EFECTOS En cuanto a los efectos de los contratos, están en función de las condiciones establecidas en las cláusulas que sirvieron de base para su adjudicación, estando esencialmente referidas al cumplimiento del objeto del contrato por el contratista y al pago del precio por el órgano de contratación, una vez constatada la efectiva ejecución. Pero lo que caracteriza a los contratos administrativos es el reconocimiento a las Administraciones Públicas de unos poderes exorbitantes, que se justifican como salvaguarda de los intereses públicos que subyacen en los contratos. Entre dichas potestades se encuentran las de interpretar lo contratos en caso de dudas; la de resolver las dudas que surjan en su ejecución; la de modificar los contratos por causa de interés público y las de resolución y suspensión de los contratos.
Por el contrario, los contratistas se rigen por el principio de riesgo y ventura, en virtud del cual se someten a las condiciones establecidas en las cláusulas sin posibilidad de modificaciones por cambio de circunstancias.
En cuanto a la ejecución del objeto del contrato, el contratista está obligado a ejecutarlo en el plazo señalado, pudiendo, en caso de mora, que no requiere intimación, incurrir en penalidades o en la perdida de la fianza e indemnización de daños, en caso de incumplimiento.
En cuanto al pago del precio por la Administración, deberá realizarse en el plazo de 60 días desde que se extienda el acta de cumplimiento del contrato, debiendo abonarse intereses si se demora en mayor plazo.
Se autoriza que el contratista pueda, en determinadas condiciones, ceder el contrato a un tercer contratista que tenga capacidad para la contratación y siempre que lo autorice el órgano de contratación. En tales supuestos, el inicial contratista se desvincula de las obligaciones del contrato. Pero también se admite la posibilidad de subcontratación de una parte del objeto del contrato a favor de un tercero, cuando también se autorice expresamente y sin perjuicio de la responsabilidad del contratista frente a la Administración de lo ejecutado por el subcontratista, que sólo responde frente al contratista con el que concertó la ejecución de parte del contrato.
IX. EXTINCIÓN El cumplimiento a plena satisfacción del objeto del contrato y el completo pago del precio comporta el agotamiento del contrato, al haber servido para la finalidad pretendida con él. No obstante, se admite la posibilidad de su resolución en los supuestos en que se pierdan las condiciones personales del contratista, incumplimientos de las condiciones o retaso en su ejecución. En tales supuestos se procederá a la incautación de la fianza constituida y a exigir la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si la resolución fuese motivada por incumplimientos de la Administración, se procederá a indemnizar al contratista de los daños y perjuicios ocasionados.
En los supuestos en que durante la ejecución de los contratos se causaren daños a terceros, estos podrán dirigirse a la Administración contratante para que los indemnice, siempre que los daños ocasionados por el contratista sean consecuencia de una orden directa que le hubiese dado la Administración o se produzcan en la ejecución de proyectos elaborados directamente por ella. En otro caso, la Administración, previa audiencia al contratista, declarará la responsabilidad del contratista a quien podrá efectuarse la reclamación por el perjudicado en vía civil.
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