PRACTICA 1 COMPARADO (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura COMPARADO
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 12/10/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

MARBURY vs MADISON TAMARA USACH MUÑOZ DERECHO COMPARADO DR. ENDRIUS COCCIOLO UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI 24-10-2012 1 El caso Marbury vs Madison supone el origen del constitucionalismo moderno, en tanto define el significado y valor de la Constitución -la supremacía constitucional- y el papel de los jueces ante las leyes inconstitucionales. Como vía para garantizar el efectivo cumplimiento del contenido de la CE, la Corte Suprema se autoatribuye el poder de abolir cualquier ley contraria a la norma suprema, así como el de interpretarla. Ahora bien, para lograr comprender su progresiva evolución y la influencia que ha causado en nuestro sistema judicial constitucional, debemos primeramente remontarnos a un acontecimiento histórico datado en la noche del 3 de Marzo de 1803.
El entonces presidente de EEUU, John Adams, se reunió de madrugada en el Congreso para nombrar cuarenta y dos jueces federales, exceptuando cinco que serían de paz, con el fin de recolocar a los miembros de su partido federalista en una posición más relevante. De este modo, ordenó al secretario de estado, John Marshall, que hiciera llegar los documentos con el sello de EEUU a sus respectivos dueños. En este punto hay que destacar que J. Marshall también poseía el cargo más elevado en la Corte Suprema.
La mañana siguiente, J. Adams debía ceder su posición al nuevo presidente, Thomas Jefferson, que pertenecía a la oposición: el Partido Democrático Republicano.
A partir de aquí se desarrollaron varias teorías sobre lo que sucedió con los nombramientos que los designaba jueces de paz en el Distrito de Columbia, pero fuere lo que fuere, lo importante es que cuatro nunca los recibieron: William Madbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe y William Harper. Dichos jueces decidieron acudir al nuevo secretario de estado, James Madison, con el fin de reclamar la posesión del cargo que les pertocaba. Sin embargo, como no pertenecían a su partido, únicamente recibieron una negativa. Éste supone el origen del caso: los cuatro jueces demandan ante la Corte Suprema a J. Madison para que emita una orden que le obligue a nombrarlos.
Sin embargo, hay que hacer hincapié en que no radica ahí el punto más peculiar, sino en que J. Marshall, como jefe de la Corte Suprema, era quien debía resolver esa demanda; es decir, tenía que juzgar el caso donde él mismo había sido el responsable de una tramitación defectuosa.
Ante estas circunstancias, la Corte Suprema se encuentra en un grave problema: si estima la razón del recurrente, J. Madison estaría obligado a efectuar el cargo de los 2 nombramientos y la Corte Suprema quedaría como un instrumento débil, siendo éste un argumento a favor del partido que ahora gobernaba. En caso contrario, si decidía desestimarla, hubiera tenido que buscar otros jueces de paz para que ocuparan dichas posiciones y esto hubiera ido en contra de los intereses del partido. Era necesario tomar una solución distinta.
J. Marshall decide dividir el fallo en tres apartados1: primeramente, reflexiona sobre si W. Madbury tiene derecho al nombramiento, y puesto que fue firmado por el presidente y sellado por el secretario del estado, este estaba designado de forma irrevocable, confiriéndosele derechos legítimos protegidos por las leyes. A continuación, plantea la cuestión de que si se ha violado ese derecho, las leyes le deberían otorgar un remedio.
En este punto, hace una distinción entre los funcionarios que actúan bajo la autoridad del presidente y los que actúan bajo el poder de la ley. Siendo este el caso de la primera opción, el control de tal acto solo podría ser político. Luego, como la competencia de la Corte Suprema no consistía en controlar el cumplimiento de los poderes discrecionales del presidente o sus ministros, el caso no podía ser sometido a su opinión. En cuanto al tercer apartado, concluye que la autoridad otorgada a la Corte Suprema por la Ley de Organización Judicial de los EEUU para emitir órdenes directas de ejecución de conductas a funcionarios públicos, no estaba respaldada por la CE. Se presenta entonces la disyuntiva de que o la CE controla cualquier ley contraria, o el Congreso puede alterar la CE mediante cualquier ley ordinaria. Finalmente, defiende que el juramento de los jueces sobre desempeñar sus funciones de acuerdo con la CE suponía que pudiera ser inspeccionada por éstos2. Por todos estos motivos, la Corte decidió rechazar la petición de W. Madbury.
En analizar su relevancia, tenemos que tener en cuenta que no es tanto la decisión que adopta, sino lo que establece con ella. Así pues, debemos ver las consecuencias que éste ha provocado en el sistema constitucional de EEUU. En base al tercer artículo de la CE 1 “In the order in which the court has viewed this subject, the following questions have been considered and decided.
1. Has the applicant a right to the commission he demands? 2 2. If he has a right, and that right has been violated, do the laws of his country afford him a remedy? 3. If they do afford him a remedy, is it a mandamus issuing from this court? “Why does a judge swear to discharge his duties agreeably to the constitution of the United States, if that constitution forms no rule for his government? if it is closed upon him and cannot be inspected by him” 3 de 1789, la Corte Suprema es el más alto tribunal del país, en tanto protege e interpreta la CE3. Se integra por nueve ministros, propuestos por el poder ejecutivo, que han de obtener la aprobación del Senado por mayoría cualificada. Des del caso Marbury vs Madison, los sistemas de control de constitucionalidad los ostenta la Corte Suprema, en tanto posee la facultad de interpretar la CE y las otras leyes, así como el poder de anular aquellas que resulten contrarias: the judicial review. Sin embargo, este poder no es absoluto: progresivamente se han ido perfilando sus límites en la jurisprudencia estadounidense. En cuanto a su jurisdicción, el mismo precepto constitucional fija su contenido4. Es el órgano que vela por el equilibrio de competencias en la división tripartita de poderes, como base de su sistema de checks and balances. Finalmente, en lo que se refiere a los estados, hay que destacar que cada uno posee su propia CE y disfruta de un margen de autonomía política y administrativa.
Una vez llegados a este punto, pasamos a analizar cómo ha influido este suceso en nuestro sistema judicial constitucional. La sentencia de J. Marshall provocó que en casi todos los países del mundo se crearan tribunales independientes que interpretaran las disposiciones constitucionales, a fin de evitar que el contenido de la CE pudiera ser modificado por cualquier ley ordinaria. Esto sucedió también en España, en el 1979, cuando se creó el Tribunal Constitucional como intérprete supremo y único de la CE, sometido sólo a ésta y a su Ley Orgánica. Esta institución es tan relevante en nuestro sistema que la CE dedica un título entero, el noveno, a su regulación. En base al art. 159 CE, está compuesto de doce miembros, nombrados por el Rey mediante Real Decreto y propuestos por las Cortes Generales, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. De acuerdo con el art. 161 de la CE, regulado en el art. 2.1 de su LO, el TC cumple con dos funciones principales, el control de constitucionalidad de las leyes –en cuanto legislador negativo- y la resolución de litigios particulares. En cuanto a la supremacía de la CE, está expresamente reconocida en los arts. 9 y 53 CE; en relación 3 Article III. - The Judicial Branch. Section 1 - Judicial powers: “The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish” 4 Article III. - The Judicial Branch. Section 2 - Trial by Jury, Original Jurisdiction, Jury Trials: “In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and those in which a State shall be Party, the supreme Court shall have original Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the supreme Court shall have appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, and under such Regulations as the Congress shall make” 4 con la jurisprudencia constitucional, hay que referirse a la Stc 49/2008, de 9 de Abril, la Stc 13/1998, de 22 de Enero, la Stc 31/1984, de 7 de Marzo y la Stc 29/1998, de 31 de Mayo5.
En síntesis, podríamos decir que en comparar ambas doctrinas extraemos la conclusión que a pesar de ser dos sistemas jurídicos muy diferenciados, comparten como rasgo común el control de constitucionalidad, en el que un órgano único y supremo vela por el control de la constitucionalidad de sus disposiciones legales.
Webgrafía http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx http://www.boe.es/buscar/jurisprudencia_constitucional.php http://www.lexjuris.com/lexuscon.htm http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html http://www.congreso.es/consti/constitucion/bibliografia/bibliog9.htm 5 En relación con el control de constitucionalidad: Stc 100/2012, de 8 mayo y Stc 161/2011, de 19 de Octubre.
5 ...