Tema 10 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Jaume I (UJI)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Introducción al derecho procesal
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 03/05/2016 (Actualizado: 06/05/2016)
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Capítulo III: Jurisdicción y competencia Tema 10: EXTENSIÓN Y LIMITES DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 1. CONCEPTO: Todos los órganos jurisdiccionales tienen atribuida constitucionalmente la potestad jurisdiccional en su totalidad. Pero cada órgano jurisdiccional debe saber previamente, con base en unas determinadas reglas, en qué asunto va a actuar toda su potestad jurisdiccional.
El art. 117.3 distingue, en este sentido entre jurisdicción y competencia, y ya el primer artículo de la LEC y de la LECRIM se refieren a esta última. Al conjunto de reglas que determina la atribución de un asunto concreto a un órgano jurisdiccional particularizado se le denomina procesalmente “competencia”. Esas reglas nos van a decir qué clase de órgano, de qué instancia y de qué ciudad o población, será el competente para conocer de cada pretensión.
2. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN: La extensión y límites se haya regulada fundamentalmente en la LOPJ de 1985, así como en la LEC. Se trata, por tanto, de determinar inicialmente si, por intervenir en el proceso algún elemento extranjero, puede conocer del mismo un tribunal español. La regla viene establecida por el art. 4 LOPJ, conforme al cual la extensión de la jurisdicción española alcanza a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes.
El primer correctivo lo impone el art. 9.1 LOPJ: “Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley”.
Ello significa que un juez español sólo puede ejercer la potestad jurisdiccional sobre personas, materias y en un territorio concreto, si una ley así lo reconoce expresamente, bien la LOPJ, la LEC, la LECRIM o cualquier otra.
En cuanto a la extensión, el art. 21.1 LOPJ dice: “Los Juzgados y Tribunales conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte”.
El tratamiento procesal del presupuesto de la jurisdicción viene expresado en términos muy claros por el art. 238.1º. LOPJ, pues son nulos de pleno derecho los actos judiciales producidos con manifiesta falta de jurisdicción.
3. LA COMPETENCIA GENÉRICA O POR ÓRDENES: Establecida la jurisdicción de un órgano español, hay que averiguar el orden jurisdiccional (competencia) sobre el que recaerá, por tanto, si tiene que ser un juez civil, laboral, administrativo o penal. Dicha competencia, regulada en su art. 9, es muy fácil de establecer en lo civil y penal (salvo en lo militar), pero no lo es tanto en lo administrativo, ni en lo laboral.
Por lo que afecta a lo laboral, administrativo y penal, la LOPJ procede a atribuir la competencia genérica según el tipo de conflicto o reclamación y el Derecho material en que se basa. En cuanto al tratamiento procesal, el art. 9.6 LOPJ afirma que “la jurisdicción es improrrogable”, por lo que de un proceso civil tan sólo puede conocer el orden jurisdiccional civil, de uno laboral el orden social, etc., sin que exista posibilidad alguna, de sumisión siendo en caso contrario el acto judicial producido con manifiesta falta de jurisdicción nulo de pleno derecho.
4. LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA: A) Delimitación terminológica:  Conflictos de jurisdicción: son los que pueden plantearse entre un órgano jurisdiccional y otro órgano administrativo, es decir, entre la Jurisdicción y la Administración.
 Conflictos de competencia: son los que pueden plantearse entre Juzgados y Tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial organización, es decir, entre los órdenes civil, laboral, contencioso administrativo y penal.
 Cuestiones de competencia: pueden plantearse sólo entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional.
B) LOS VERDADEROS CONFLICTOS DE COMPETENCIA: Estos conflictos son los que pueden producirse entre Juzgados y Tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales integrados en el poder judicial organización, estando regulados en los arts. 42 a 50 de la LOPJ. La solución de los mismos se confía a una Sala especial del Tribunal Supremo y que el orden jurisdiccional penal es siempre preferente, de modo que ningún juez o tribunal puede plantear conflictos de competencia a órganos de ese orden.
5. LOS CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA.
Este problema se resuelve mediante los criterios de atribución, que acaban de conformar el presupuesto procesal de la competencia. Se trata de determinar la distinción entre los tribunales y juzgados de un mismo tipo (criterio objetivo), la distribución entre esos órganos jurisdiccionales según las diversas fases procedimentales (criterio funcional), y por último, la atribución a un órgano concreto de un lugar determinado sobre otro igualmente competente desde el punto de vista objetivo (criterio territorial).
  Criterio objetivo: atiende a la distribución del asunto o causa según el objeto del proceso. El legislador contempla contenidos diferentes en los procesos civiles y penales: 1. En lo civil: el órgano jurisdiccional puede ser competente objetivamente tanto por la materia del proceso, como por el valor o cuantía del objeto litigioso. En caso de conflicto, el criterio de la materia sobre la que va a versar el litigio siempre prima sobre cualquier otro, considerándose por tanto en su defecto la cuantía o valor económico del bien litigioso que el demandante reclame en su demanda.
2. En lo penal: la atribución objetiva de una causa viene determinada por la Ley con base en un criterio cualitativo, según quién sea el imputado, y a otro cuantitativo, material, según la gravedad del delito.
Criterio funcional: a la hora de fijar la extensión de la competencia funcional, la ley es muy clara: El juez o tribunal conocerá funcionalmente no sólo del pleito principal, sino también de los incidentes, las excepciones que se propongan, la reconvención en su caso, y de la ejecución, tanto de providencias y autos, como de la propia sentencia, sin excluir tampoco bajo determinados presupuestos el conocimiento de cuestiones prejudiciales (art. 10 LOPJ). Esto significa, que la competencia funcional nos va a servir   para determinar con exactitud quién va a conocer de los actos procesales, de los incidentes, de las fases y de las instancias de un proceso.
Criterio territorial: la norma territorial distribuye las causas entre los distintos tribunales de un mismo tipo, partiendo en lo civil de unos fueros generales y de otros especiales, según la diferente naturaleza o clase de pretensión; y en lo penal del lugar de comisión del delito o falta, estableciéndose unos fueras subsidiarios provisionales para cuando no conste aquél.
Tratamiento procesal: el tratamiento procesal de los criterios de atribución de la competencia, está en función de la clase de criterio y del orden jurisdiccional concreto.
1. Proceso civil: el juez debe vigilar su propia competencia objetiva y funcional, pero no la territorial, porque en principio se permite el acuerdo de sumisión de las partes fijando la competencia del juez de territorio distinto al que correspondería según las reglas generales.
2. Proceso penal: ninguno de los tres criterios se deja a la voluntad de las partes, por lo que el juez debe vigilar de oficio su propia competencia objetiva, funcional y territorial.
6. LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA: La regulación para los órdenes civil o penal viene obviamente en las leyes de enjuiciamiento propias, pero con la finalidad de unificar determinados criterios esenciales, la LOPJ ha dictado normas en sus arts. 51 y 52 que se aplican en todos los procesos.
a) En el orden civil: 1º.
Objetiva y funcional:  OBJETIVA: sólo puede darse entre: 1º. Un Juez de Primera Instancia y un Juez de Familia de la misma localidad.
2º. Un Juez de Primera Instancia y un Juez de Violencia sobre la Mujer con competencias civiles de la misma localidad.
3º. Un Juez de Primera Instancia y un Juez de lo Mercantil también de la misma localidad.
 FUNCIONAL: la “cuestión” surge cuando un órgano jurisdiccional conoce de un asunto que funcionalmente no le corresponde.
Para ambos casos, el procedimiento de resolución de la cuestión, está en función de lo que digan las respectivas leyes procesales (art. 51 LOPJ). El instrumento básico será la declinatoria.
2º.
Territorial: habrá que distinguir por un lado la cuestión territorial en los procesos civil, laboral y administrativo, y por otro en el proceso penal, pues la LEC cambió radicalmente el sistema, pero la LECRIM no ha sido todavía modificada.
1. CIVIL: la ley concede al demandado sólo una posibilidad específica y exclusiva para impugnar la fijación realizada por el demandante: la declinatoria, a tramitar conforme a los arts. 63 a 65 LEC. La declinatoria se plantea por escrito ante el mismo juez que esté conociendo del pleito, que es el que se considera carente de competencia territorial, aunque se admite también que el escrito se presente ante el juez del domicilio del demandado, que es el que éste considera competente, que lo hará llegar por el medio de comunicación más rápido al juzgado ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente de su presentación (art. 63.2). Ese escrito de declinatoria habrá de acompañarse de los documentos o principios de prueba en que se funde (art. 65.1) y habrá de indicarse el tribunal que se considera competente y al que habrían de remitirse las actuaciones.
b) En el orden penal: Según la LECRIM, las cuestiones de competencia pueden promoverse de oficio o a instancia de parte, pudiendo ser tanto positivas como negativas: 1º.
POSITIVAMENTE: todo juez o tribunal que se considere competente, deberá promover la competencia (art. 25, I LECRIM), requiriendo de inhibición al que se encuentre conociendo del asunto.
2º.
NEGATIVAMENTE: también acordará el juez o tribunal la inhibición a favor del juez o tribunal competente, cuando considere que el conocimiento de la causa no le corresponde, aunque sobre ello no haya precedido reclamación de los interesados ni del Ministerio Fiscal (art. 25 II LECRIM). La LECRIM regula de manera diferente las cuestiones de competencia en los juicios por delito leve, en los procesos penales abreviados, en los juicios rápidos y en el proceso penal ordinario por delitos más graves, distinguiendo en éste según se produzca durante el sumario o durante la fase de juicio oral.
Las partes plantearán las cuestiones de competencia territorial o por declinatoria (art.
27 a 31), o por inhibitoria (arts. 32 a 45), excluyendo el uso de cada uno de estos medios absolutamente el del otro, tanto durante la sustanciación de la competencia como una vez que ésta se haya terminado (art. 26 LECRIM). Entretanto, las diligencias de investigación se siguen practicando. Hay tres casos posibles: 1. En los juicios por delito leve (19.1º LECRIM): se puede promover la competencia por las partes, en primera instancia, desde la citación ante el Juzgado de Guardia hasta el acto de comparecencia ante él mismo o ante el Juez Instructor.
2. En los procesos penales abreviados (art. 759 LECRIM): fija el procedimiento a seguir, válido también para los juicios rápidos.
3. Respecto al proceso penal ordinario por delitos más graves: el Ministerio Fiscal puede promover la competencia en cualquier estado de la causa el acusador particular, antes de formular su primera petición después de personado; el imputado y la parte civil, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se les comunique la causa para calificación, por tanto, sólo cuando se haya abierto el juicio oral (art. 19. 4º, 5º y 6º LECRIM).
7. EL REPARTO DE NEGOCIOS: Determinado ya qué órgano jurisdiccional es competente, puede ocurrir que se hagan necesarias otras disposiciones para fijar exactamente, dentro del lugar, qué juzgado o tribunal conocerá definitivamente de la pretensión (reparto de negocios o asuntos). Estamos ante normas que tienen un carácter gubernativo. El art. 68.3 de la LEC excluye la declinatoria como medio de impugnación del reparto, si bien las partes pueden denunciar la vulneración de las normas de reparto, lo que, en su caso, conduce a la nulidad de las resoluciones dictadas por tribunal distinto del que debía conocer según esas normas de reparto.
Técnicas de reparto: 1º. Se requiere que en la ciudad o población haya dos o más juzgados.
2º. También deben someterse a reparto los negocios civiles o causas penales atribuidos a un tribunal con más de una sección.
3º. Las normas de reparto se aprueban por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la junta de jueces del respectivo orden jurisdiccional, afectando a las secciones de las Audiencias Provinciales y a los juzgados del mismo orden jurisdiccional con sede en la Comunidad Autónoma correspondiente.
4º. Para el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los propios Tribunales Superiores de Justicia, son sus Salas de Gobierno quienes aprueban las normas de reparto entre las distintas secciones de cada sala, siendo sus presidentes los encargados de hacerlas cumplir.
5º. El reparto de asuntos es supervisado en cuanto a su aplicación práctica por el Juez Decano, asistiendo por un secretario, correspondiéndole como jefe de la oficina judicial además resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo en su caso la exigencia de las responsabilidades que procedan.
6º. Existen excepciones a las reglas anteriormente citadas, relativas a las primeras diligencias y a problemas por exceso de trabajo.
7º. El reparto no es ajeno al impulso procesal, porque los jueces no permitirán que se curse ningún negocio sino constase en él la diligencia de repartimiento, provocándose la nulidad de actuaciones en otro caso. El primer escrito del proceso habría que presentarlo, pues, al juez decano.
8º. Las normas para repartir los negocios deben responder a criterios de eficacia laboral dentro de un respeto a la igualdad si es posible y, en su caso homogeneidad, de forma tal que todos los jueces conozcan del mismo número de asuntos y de la misma variedad.
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