Constitucionalismo Histórico Español (2017)

Resumen Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Derecho + Ciencias Políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducción al Derecho Constitucional
Profesor L.
Año del apunte 2017
Páginas 11
Fecha de subida 12/10/2017
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CONSTITUCIONALISMO HISTORICO ESPANOL ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL.
1. Períodos de la historia constitucional española.
a. El primer liberalismo en los textos constitucionales (el Estatuto de Bayona y la Constitución de Cádiz) La invasión napoleónica en 1808 produjo dos consecuencias sumamente importantes: por un lado, el inicio de la guerra de la independencia y, por otro, el fin de la sociedad del antiguo régimen y el comienzo del constitucionalismo liberal.
La crisis provocada por esa invasión determinó la convocatoria de unas Cortes elegidas mediante sufragio restringido, con abandono del modelo estamental de siglos anteriores.
Reunidas en Cádiz a partir de 1810 acometieron importantes reformas y, entre ellas, la aprobación tras largas deliberaciones, de la Constitución 1812.
La nueva Constitución respondía a los principios liberales: soberanía nacional, división de poderes y Cortes como Parlamento representativo. Estas Cortes eran unicamerales, elegidas por la población mediante sufragio indirecto y asumían la función legislativa con el Rey. El Rey mantenía el poder ejecutivo, pero perdiendo su anterior condición de fuente de todo poder.
La Constitución tuvo vida muy corta. La continuación de la guerra y la ausencia de Fernando VII hicieron imposible su aplicación. Y una vez vuelto el Rey de su exilio forzoso en 1814, procedió de inmediato a abolirla.
Fue restablecida durante el llamado trienio constitucional (1820-1823). En este último año la invasión de un ejército extranjero determinó una nueva vuelta al absolutismo, que duraría hasta la muerte de Fernando VII en 1833.
b. Período isabelino (reorganización administrativa y aparición del carlismo): la Constitución de 1837 Tras la muerte de Fernando VII y en un clima de abierta oposición, la Regente María Cristina se vio obligada a ceder mínimamente ante los que reclamaban una vuelta al constitucionalismo de 1812 y aprobó el Estatuto Real de 1834, una especie de constitución otorgada. En dicho estatuto se establecían unas Cortes como órgano representativo, pero que por su composición resultaban de perfil extremadamente conservador. Por primera vez aparecían divididas en dos cámaras: el Estamento de Próceres o Cámara Alta y el Estamento de Procuradores o Cámara Baja. Estas Cortes tenían unas funciones legislativas y presupuestarias muy limitadas. A pesar de sus limitaciones este Estatuto permitió en la práctica que se desarrollara la vida parlamentaria, incluido el mecanismo de responsabilidad ministerial, que obligaba a los ministros nombrados por la Corona a responder de sus actos ante las Cortes. Estuvo vigente tan solo dos años.
1 Bajo el reinado de Isabel II, unas nuevas Cortes, fueron convocadas con el propósito de restablecer la Constitución de 1812, y ante la dificultad práctica de este objetivo, aprobaron un nuevo texto, la Constitución de 1837, más reducida y simple, y que reflejaba ampliamente el ideario del partido progresista. Tal era el caso del reconocimiento de la soberanía nacional y la inclusión de una tímida declaración de derechos. Las Cortes se componían de dos cámaras, el Senado y el Congreso de los Diputados, con una denominación que se mantendría prácticamente desde entonces. La primera representaba el elemento conservador y aristocrático, pues se exigían unos requisitos especiales para presentarse como candidato y para votar. El Congreso era la cámara de representación popular destinada a servir de elemento impulsivo del Estado. Los diputados se elegían por un período de tres años y mediante sufragio directo. La función legislativa estaba compartida entre estas Cortes y el Rey, que de otra parte conservaba el poder ejecutivo. También las Cortes debían aprobar anualmente el presupuesto de gastos del Estado.
c. El moderantismo: la Constitución de 1845 En 1844 se convocaron nuevas elecciones a Cortes con la misión de reformar la de 1837. Pero, lejos de enmendar los puntos críticos de esta última, se optó por la elaboración de una nueva, la Constitución de 1845, que a la postre acabó reflejando el ideario del partido moderado: se omitió toda referencia a la idea de soberanía nacional y el poder constituyente aparecía compartido entre la Corona y las Cortes. Se suprimió algún derecho fundamental, se reconfiguró el Senado en un sentido más conservador y dependiente en su composición íntegramente de la voluntad del monarca, mientras el acceso al Congreso se hizo más restringido. El Rey mantenía importantes atribuciones ejecutivas. Las Cortes mantuvieron su potestad legislativa y presupuestaria.
d. Las revoluciones liberales: el bienio liberal y la constitución no promulgada de 1856; y la Constitución de 1869 En 1854 y en un nuevo vaivén político se inició el llamado bienio progresista (por el partido que ejerció el poder), en el que se elaboró una nueva Constitución, de principios parecidos a la de 1837, pero que no llegó a nacer, debido a que antes de su entrada en vigor se produjo otro giro, esta vez conservador, lo que determinó su archivo. Por simple decreto se restableció la Constitución de 1845.
En las décadas posteriores se mantuvo un clima de inestabilidad gubernamental y enfrentamiento entre los partidos políticos. Esto propició un pronunciamiento militar en septiembre de 1868 que acabó con el régimen constitucional existente, y dio inicio a una revolución política y social.
Tras el exilio de la Reina Isabel II se constituyó un gobierno provisional que convocó de inmediato elecciones para Cortes constituyentes. Por primera vez, estas elecciones fueron por sufragio universal masculino.
El texto resultante, la Constitución de 1869, fue reflejo del ideario progresista y democrático: se volvió a la concepción de la soberanía nacional como fuente de la misma, lo que reforzaba a las instituciones representativas, y se incluyó una ambiciosa declaración de derechos, entre los cuales por primera vez la libertad de cultos. Se mantuvieron las Cortes bicamerales: el Senado pasó a ser de elección popular, si bien mediante compromisarios y entre personas que 2 reuniesen unos requisitos mínimos. Por su parte, el Congreso pasó a ser elegido por sufragio universal. De otro lado, aunque el Rey mantenía sus facultades, se declaraba expresamente la responsabilidad de los ministros ante las Cortes. En concreto, se reconocía a ambas Cámaras el derecho de interpelación y el derecho de censura a todo el Gobierno o a ministros singulares.
Una de las primeras decisiones que debió afrontar el nuevo régimen fue la elección de un monarca, lo cual se consiguió en 1870 en la persona de Amadeo de Saboya.
e. Cantonalismo y proyecto de constitución federal de 1873 En un clima de abierto enfrentamiento político, el Rey se vio forzado a renunciar a la Corona en 1873, lo que determinó que las Cortes instaurasen la República. Se elaboró entonces un nuevo proyecto de Constitución que, además de la forma republicana, configuraba un Estado federal. El desarrollo de los acontecimientos –con la sucesión de cuatro presidentes en menos de un año- acabó con un golpe militar a comienzos de 1874, la abolición de la República y la proclamación de Alfonso XII como nuevo Rey.
f.
La Restauración: La Constitución de 1876; y la Dictadura de Primo de Rivera y el proyecto de Constitución de 1876 Se inició entonces un nuevo periodo conservador bajo la guía del político Cánovas del Castillo.
Convocadas Cortes constituyentes elegidas mediante sufragio universal, se aprobó la Constitución de 1876 que estuvo vigente hasta 1923. Consistió en un texto breve, de inspiración conservadora, en el que se volvía a la concepción del poder constituyente compartido entre el Rey y la Nación. Se mantuvo una declaración de derechos, pero más restringida que en la Constitución de 1869. El Senado volvió a tener un perfil aristocrático: había Senadores por derecho propio, otros designados por el Rey y otros elegidos por las corporaciones del Estado. Por su parte, la elección del Congreso se remitía a lo que estableciese una ley. Y esto permitió que fuese de elección restringida hasta 1890 y por sufragio universal masculino a partir de entonces.
Bajo la Constitución de 1876 el poder alternó entre los dos grandes partidos, el conservador y el liberal, lo que proporcionó una buena dosis de estabilidad al sistema. En cambio, los graves problemas políticos y sociales del fin de siglo, unidos a las manipulaciones y adulteraciones del sufragio, fueron privando de legitimidad al sistema. Desde comienzos del siglo XX se aceleró el proceso de crisis, que tuvo sus principales manifestaciones en 1909 con la semana trágica y en 1917 con una huelga general. En 1923 un nuevo golpe de estado determinó su fin y la instauración de la Dictadura del general Primo de Rivera, que duraría hasta 1930.
g. La Segunda República: la Constitución de 1931 Unas elecciones locales en abril de 1931 actuaron como una especie de plebiscito contra la monarquía y el sistema político vigente. Declarada la República, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes. Las mismas aprobaron una nueva Constitución, de corte muy distinto a las anteriores. Sus principios fueron los siguientes: en primer lugar, la forma republicana y el carácter democrático del Estado, expresado con la afirmación del origen popular de todos los poderes; en segundo lugar, laicismo, con una separación estricta del Estado respecto a la Iglesia; en tercer lugar, Estado integral, con descentralización política, en el sentido de que podían constituirse en su seno regiones autónomas, y, finalmente, reconocimiento de derechos fundamentales socioeconómicos. En el plano orgánico, se establecieron unas Cortes 3 o Parlamento unicameral, un Presidente de la República y un Gobierno con un Presidente al frente, sometido a la confianza del Parlamento. Se celebraron tres elecciones democráticas, pero dentro de un clima de fuerte polarización.
La Segunda República fue víctima de un golpe de Estado en 1936, pronto transformado en una guerra civil que duró casi tres años.
2. La aparición del régimen constitucional. La Constitución de 1812.
2.1. El primer liberalismo en los textos constitucionales: el Estatuto de Bayona y la Constitución de Cádiz Cuando se rompió el sistema borbónico de gobierno en España no existían las condiciones sociales y económicas adecuadas para que el liberalismo pudiera enraizar. Las ideas liberales de la inexistencia práctica de burguesía comercial e industrial: las ideas liberales del pensamiento político español eran heredadas del sistema monárquico y apegadas a éste, y eran ideas mantenidas por unas pequeñas élites que pertenecían a la burguesía funcionarial y política y a la nobleza. Los intentos de transformar el estado absoluto en una monarquía vinieron provocados esencialmente por una causa exógena (invasión de Napoleón) y por una causa endógena (la quiebra de la legitimidad del sistema de gobierno monárquico). Además se suma en la Guerra de la Independencia e influye en los dos primeros textos constitucionales del momento: el Estatuto de Bayona, amparado por José Bonaparte, y la Constitución de Cádiz, aprobada por las Cortes Constituyentes el 18 de marzo de 1812.
2.1.1. El Estatuto de Bayona de 1808 La Constitución de Bayona o Estatuto de Bayona, es sencillamente una carta otorgada que surge como consecuencia de la convocatoria por parte de Napoleón de una asamblea de notables españoles pero cuya redacción se debió a la parte francesa que tuvo que ser aprobada por esa asamblea de notables en territorio francés. Los principios básicos son los de una monarquía limitada, con un órgano representativo claramente estamental (el del clero, el de la nobleza y el del pueblo), pero sin poder legislativo porque hubiera debido funcionar como órgano de ratificación de las propuestas efectuadas por el Consejo de Estado. Tampoco el Senado, vitalicio y nombrado por el rey, tenía funciones legislativas, sino que deberían proteger determinados derechos. El poder judicial se dejaba a disposición y organización del rey.
Es un texto de transición al liberalismo pero que mantiene el principio de legitimación de la soberanía divina del monarca e introduce algunas autolimitaciones con un estilo medieval que sirvió como inspiración para la redacción del Estatuto Real de 1834.
2.1.2. La Constitución de Cádiz de 1812 Cuando fue aprobada la Constitución de Cádiz (18 de marzo de 1912 y promulgada al día siguiente, día de San José), los constituyentes habían abordado casi todas las cuestiones que van a estar presentes en el liberalismo histórico español en sus largos 384 artículos, entre otros:   Principio de división de poderes Independencia judicial 4  Gobierno moderado  Relaciones Iglesia-Estado  Reforma de la estructura administrativa estatal  Principio de soberanía nacional Es un texto liberal pero también un texto de transición que recoge parte de elementos del Antiguo Régimen y claramente antiliberales; como el rechazo a la libertad religiosa (Art. 12).
Tampoco contiene ninguna declaración de derechos ni queda nada clara que se recoja el principio de igualdad jurídica de los ciudadanos.
Pero su esquema institucional y la fuente de legitimación en la que se base es del todo acorde con las ideas liberales: se establece el principio de división de poderes con Cortes unicamerales de poder legislativo pleno y capacidad de control sobre los actos del rey; el poder ejecutivo, encarnado por este rey y sus ministros; el poder judicial, independiente en su función pero cuyo nombramiento dependía del poder ejecutivo (rey o Gobierno). La fuente de legitimidad del poder tiene unas definiciones liberales: la Nación, a la que define como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, es el sujeto esencial de la soberanía.
Esta Constitución tuvo una gran repercusión ideológica y política tanto en Europa como en Iberoamérica; pero tuvo una aplicación muy escasa. Las condiciones de guerra de su primer período de vigencia (desde su aprobación hasta el retorno de Fernando VII, dos años) no le permitieron desarrollar las instituciones previstas; y además, cuando recobró su vigencia (trienio liberal de 1820 - 1823), las condiciones de inestabilidad política permanente impidieron también su puesta en práctica.
3. Las constituciones isabelinas.
A la muerte de Fernando VII se abre un período de transición regido por María Cristina, y con una serie de gobiernos liberales moderados, aunque sin norma constitucional alguna que pudiera limitar el poder de la regente. Este período viene marcado por el desencadenamiento de las guerras carlistas, que durarán hasta el comienzo de la Restauración Alfonsina; y un amplio programa de reorganización administrativa del Estado, que intentará plasmar las previsiones constitucionales de Cádiz en materia administrativa, y crear un sólido estado centralista que pudiera hacer frente a las pretensiones carlistas y a la insurgencia colonial. Esto da lugar a una tensión entre conceptos sobre la forma territorial de estado (ideas carlistas y nacionalismos periféricos, proclamación de la República federal, levantamientos cantonales) y a un dominio permanente del ejército.
Desde el punto de vista institucional este período se inicia con la regencia de María Cristina y con un ambicioso proyecto de reforma de la Administración del Estado, por medio de una serie de decretos gubernamentales por los que España se estructuró en ámbitos provinciales administrativos o provincias para la dirección política y la presentación de los servicios estatales bajo la dirección de un delegado del Gobierno central (subdelegado de fomento). Así la estructura del poder central se proyectaba sobre todo el territorio por medio de las divisiones provinciales.
También se añadió la reorganización judicial, que procuró adecuarse a la propia reorganización administrativa también bajo el criterio de una centralización supervisada en último extremo 5 por el Tribunal Supremo. Esto supuso una auténtica transformación del Estado y una modernización de la Administración Pública.
3.1. El Estatuto Real El Estatuto Real de 4 de abril de 1834 adoptó la forma de una convocatoria a Cortes por parte de Isabel II. A este documento se le ha otorgado naturaleza constitucional, pero como mucho sólo ofreciera aspectos de alguna carta otorgada, aunque tampoco llegue a eso. Es un documento derivado de la voluntad de la reina y de difícil calificación jurídica, en el que se realiza una convocatoria de cortes para unas cortes que no existían y por eso había que crearlas. Tales Cortes debían tener dos cámaras, la de Próceres y la de Procuradores, siguiendo en parte el Estatuto de Bayona: con derecho de petición pero sin poder legislativo propio, aunque con facultades de colaboración. La soberanía, el poder legislativo y el poder ejecutivo seguían residiendo en el monarca, aunque las Cortes pudieron realizar ciertas funciones de control del Gobierno durante el poco tiempo que estuvieron funcionando.
3.2. La Constitución de 1873 Durante la Primera Guerra Carlista, un motín de sargentos en el Palacio de la Granja obligó a la regente María Cristina a jurar la Constitución de 1812. Esta nueva revuelta provocó un cambio de gobierno y una nueva convocatoria a Cortes Constituyentes.
Estas nuevas Cortes, dominadas por los liberales progresistas, aprobaron la Constitución de 18 de junio de 1873. Esta Constitución, claramente liberal, se presentó como una reforma de la Constitución de 1812, aunque no fue así. Aunque mantiene el principio básico gaditano de la soberanía nacional, es un texto muy diferente.
El texto incluye dos instituciones básicas: el Rey y las Cortes, y éstas se hallan divididas en dos cámaras (Congreso de los Diputados y Senado). Todo el poder ejecutivo corresponde al rey, y el poder legislativo pertenece por igual a las dos cámaras, salvo en materia tributaria, donde tiene más poder el Congreso. El rey mantiene el poder de veto (sanción regia) sobre las leyes aprobadas. El Senado se componía de aquellos miembros que el rey escogía dentro de una lista triple presentada por los electores de cada provincia (sufragio censitario o restringido); mientras que los diputados se escogían por circunscripción provincial mediante sufragio censitario directo de acuerdo con el número de escaños correspondieren a cada una de ellas (un diputado por cada 50.000 habitantes).
El texto contenía una declaración de derechos, y destacaba como marca liberal progresista el reconocimiento del derecho a la libertad de imprenta, reservando al sistema de jurados la calificación de los delitos de imprenta y la no prohibición del ejercicio de religiones distintas a la católica. La Constitución de 1837 creaba la Milicia Nacional en cada provincia como un cuerpo armado voluntario para la defensa de la Constitución y la protección de la autoridad municipal.
6 DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL 1. El sexenio revolucionario. La Constitución de 1869.
1.1. El bienio liberal y la Constitución no promulgada de 1856 En medio de levantamiento militares, en 1854 se produjo un movimiento insurreccional en las grandes ciudades, apoyado por buena parte de la burguesía (sobre todo la media o la pequeña) que dio lugar a un cambio de gobierno durante dos años (el llamado “bienio progresista”) y a la elaboración de una nueva constitución basada en los principios del liberalismo con contenidos democráticos. Se trató de un texto aprobado por las Cortes en 1856 pero no promulgado porque triunfó la represión de los levantamientos. Este texto sirvió de precedente a la Constitución de 1869, con elementos como: vuelta al reconocimiento de la soberanía nacional y de la Milicia Nacional, reconocimiento de la libertad de conciencia y tolerancia religiosa, libertad de expresión, principio de igualdad ante la ley, aumento del jurado para todo tipo de delitos, democratización de las Cortes (las dos cámaras pasan a ser electivas) y colegislación con el rey, con derecho de veto mutuo.
No llegó a promulgarse por la vuelta al poder de los moderados autoritarios, y por una alianza entre éstos y los progresistas (Unión Liberal).
1.2. La Constitución de 1869 Con la revolución de 1868, La Gloriosa, termina el reinado de Isabel II, y empieza la contemporaneidad: tanto en el plano político como en el plano social, hay una gran variedad de sectores económicos, políticos y sociales. En el ámbito social se desarrolla la revolución industrial, la aparición de la burguesía industrial y de la clase obrera; mantenimiento de la estructura agraria y de gran propiedad; hegemonía de un capital financiera que se irá aliando con las clases tradicionales... En el ámbito político se encuentran diferentes opciones: monárquicos liberales progresistas y conservadores, demócratas y republicanos, socialistas y anarquistas, y hasta inicios de los futuros nacionalistas.
La Constitución del 1869 por tanto era una constitución de corte claramente democrática, aprobada por unas Cortes elegidas mediante sufragio universal masculino, cuya especial novedad residió en contener un amplio código de derechos públicos ciudadanos. La Constitución del 1869 fue una constitución que se aprobó sin ningún rey en el trono, pero mantuvo la forma monárquica de gobierno, y basó toda su articulación institucional en el principio de la soberanía nacional, en el derecho de todo español a votar y en el derecho de reunión y asociación (arts.16 y 17 CE). Innovó poco en el ámbito del juego de las instituciones: insistió con más fuerza en los principios de independencia e inamovilidad del poder judicial, la articulación del poder legislativo y ejecutivo siguieron unas pautas bastante tradicionales: el rey seguía siendo el jefe del poder ejecutivo y lo debía ejercer por medio de sus ministros, responsables de las decisiones del monarca (institución del refrendo: legalización de un documento por medio de la firma de una persona autorizada), y podía disolver las Cortes una vez por legislatura; las cámaras tenían iguales poderes y eran ambas electivas, pero el Senado sólo podía componerse por aquellas personas que hubieran ejercido determinados cargos civiles, militares o eclesiásticos o estar figurando entre los mayores contribuyentes por 7 contribución territorial, industrial o comercial. La circunscripción en los dos casos era la provincia.
2. La Restauración. La Constitución de 1876.
Tras el levantamiento del general Martínez Campos, el regreso al trono de los Borbones con Alfonso XII supuso el inicio del período de la Restauración. No solo se trataba de la restauración de la monarquía frente a la república sino también de la restauración del conglomerado ideológico y político conservador autoritario. El texto representativo de este modelo, que estuvo en vigor durante más tiempo que el resto de constituciones, fue la Constitución de 1876, obra básica de Cánovas del Castillo, aunque redactada por unas Cortes convocadas al efecto. Estas Cortes debatieron los aspectos relativos a la organización institucional pero no entraron a discutir ninguno de los preceptos relativos a la monarquía por ser considerada esta institución “algo que precedía a la Constitución misma como texto escrito”. Por eso, la base ideológica de este texto no es liberal en sentido estricto, sino preliberal, porque entiende lo mismo que lo entendió la Constitución de 1845: que la institución del Rey junto con la de las Cortes constituyen la base de legitimación del sistema por ser expresión de algo interno, algo histórico: de “la Constitución interna”, al margen de cualquier voluntad nacional. Se vuelve a modificar la composición del Senado, integrado por senadores por derecho propio, otros nombrados por el rey con carácter vitalicio y otros elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes; se vuelve a declarar la religión católica como religión estatal; los derechos se remiten a la ley de desarrollo, y el monarca mantiene todos los poderes que ya gozaba en la Constitución moderada. La Constitución de 1876 no fue importante por su contenido sino por las posibilidades que ofreció para crear un sistema político real al margen basado en el caciquismo y el turno de partidos.
2.1. Turno de partidos y crisis políticas La Constitución de 1876 encubrió, el sistema político real en el que se fundamentó el período de la Restauración. Para su adecuado funcionamiento este sistema necesitó dos pilares: el pilar político y el pilar social. El político tenía una construcción relativamente simple: se trataba de dar cabida en la representación electoral únicamente a los candidatos del partido conservador de Cánovas y del partido liberal de Sagasta; para eso el sistema electoral era el mayoritario y entre los partidos existía un acuerdo de irse turnando en el ejercicio del poder. Se arreglaban las elecciones de forma que los resultados de las mismas fueran los que se habían previsto políticamente: para ello servía el sistema caciquil que iba desde el pueblo más pequeño hasta la capital del Estado, teniendo como correo intermedio la figura del gobernador civil de cada provincia.
A comienzos del s. XX este sistema no fue capaz de integrar los graves problemas y contradicciones que habían ido apareciendo: la pérdida de las últimas colonias, la Guerra de Marruecos, el surgimiento de los primeros movimientos nacionalistas, la intensificación del movimiento obrero y campesino, el auge del anarquismo, las alternativas republicanas y regeneracionistas, etc. En este panorama surgió de nuevo el papel hegemónico del ejército en la dirección política.
8 3. La Segunda República. La Constitución de 1931.
Tras la proclamación de la República en abril de 1931, las Cortes Constituyentes convocadas al efecto aprobaron y sancionaron la Constitución de 9 de diciembre de 1931. Esta Constitución fue un nuevo intento de reestructurar y modernizar el Estado y el propio ordenamiento jurídico. Usando como referencia las corrientes doctrinales de entreguerras y la Constitución de Weimar, la constitución española aborda la democratización del Estado, la reestructuración territorial del poder, la organización representativa de la forma de gobierno republicana, los derechos de la persona y del ciudadano, incluidos los derechos sociales, la separación entre la Iglesia y el Estado, etc. También se extiende el sufragio universal para todas las personas mayores de veintitrés años, se introduce el sistema de autonomías regionales, se crea un sistema semipresidencialista, con predominio parlamentaria (unicameral), se incluyen determinadas obligaciones del Estado de carácter social (protección a la familia, asistencia social, protección laboral, etc.), y se introdujo un recurso constitucional para la protección de los derechos fundamentales mediante un nuevo órgano: el Tribunal de Garantías Constitucionales.
El andamiaje institucional previsto en esta Constitución estaba compuesto por tres elementos básicos que componían las instituciones políticas centrales: el Presidente de la República, el Gobierno y las Cortes unicamerales (desaparece el Senado). El presidente de la República era nombrado por un colegio mixto compuesto por los diputados del Congreso y un número igual de compromisarios elegidos mediante sufragio universal, directo y secreto. El presidente de la República tenía que nombrar al presidente del Gobierno y a sus ministros; pero este Gobierno tenía que contar con la confianza del Congreso. El presidente de la república podía disolver las Cortes o Congreso hasta dos veces durante su mandato, pero si lo hiciere, tras la segunda disolución las nuevas Cortes examinarían la necesidad del decreto de tal disolución y, si la mayoría desestimaba dicha necesidad, el presidente quedaba automáticamente destituido.
El poder legislativo residía en las Cortes y el Gobierno; y el poder ejecutivo era ejercido por el Presidente y el Congreso. Esta estructura pretendía evitar la concentración de poder, pero constituyó una de las causas de la inestabilidad de los gobiernos republicanos.
Esta Constitución es de naturaleza normativa: por primera vez se presentó como una norma jurídica obligatoria de rango superior, vinculando tanto a los poderes públicos como a los particulares, y dotándose de un sistema de justicia constitucional mediante el Tribunal de Garantías Constitucionales, y así asegurar su eficacia.
4. La Dictadura fundamentales.
del general Franco Bahamonde.
Las Leyes 4.1. La forma de estado: autoritarismo y centralismo en la evolución del régimen Tras el levantamiento militar del general Franco contra el régimen democrático de la Segunda República en 1936 empezó una Guerra Civil que se alargó hasta 1939. Cuando los insurrectos ganaron la guerra ya habían establecido un sistema político militarista, dictatorial y con claros componentes de la ideología nazi y fascista.
El largo período franquista supuso la negación directa y consistente del constitucionalismo y de la democracia. La forma de estado franquista conservó una estructura dictatorial en la que 9 todo el poder se centraba en la figura del dictador, que a su vez era jefe del Estado, jefe del ejército, jefe del Gobierno y jefe del partido único; y poseía plena y superior potestad legislativa. Esta forma dictatorial se combinó con una estructura centralista sin fisuras.
El franquismo también fue sufriendo modificaciones, de manera que es posible encontrar períodos bastante definidos: la fase de la autarquía o de aislamiento internacional, que duró hasta 1953 y en la que el régimen exhibió sus aspectos fascistas más definidos; la fase de estabilización económica y estructuración administrativa, que llega hasta los comienzos de los años sesenta; la fase de desarrollo económico y culminación de la institucionalización, que duró hasta las llamadas leyes orgánicas de 1967; y finalmente la muerte del dictador en noviembre de 1975.
4.2. Las fases de institucionalización del régimen: las llamadas leyes fundamentales Las leyes fundamentales se convirtieron en algo así como en la Constitución del régimen franquista. Pero ni en la teoría ni en la práctica eso sucedió: las leyes fundamentales fueron meros programas políticos que no sólo carecieron de cualquier contenido normativo sino que además nunca desearon tenerlo, aunque sí se proyectaran en el organigrama institucional al ponerse en funcionamiento algunas de las instituciones que en ellas se previeron.
1. Primera fase: desarrollo de la Guerra Civil. aparecen una serie de normas de organización del Estado que van adjudicando todo el poder al general Franco (Decreto de unificación, y la Ley reguladora de Administración del Estado); junto a otras normas que controlan los medios de comunicación (Ley de prensa), y otras utilizadas para la represión política (Ley de responsabilidades políticas). Ley fundamental → Fuero de Trabajo: se inscriben los principios ideológicos del nuevo régimen, se consagra la propiedad privada al lado de la intervención del Estado en los salarios y en el trabajo, la empresa privada se considera como “comunidad nacional-sindicalista”, se define el nuevo estado como “Estado totalitario al servicio de la integridad patria”, y se prohíben las asociaciones y sindicatos de obreros (la huelga se considera “delito de lesa patria”).
2. Segunda fase: tras el término de la Guerra Civil y llega hasta la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Se continúa la línea fijada durante el período bélico (nueva reorganización de la Administración del Estado por Ley, Ley de represión de la masonería y el comunismo), y se ponen en marcha instituciones como la organización de los sindicatos verticales (únicos y obligatorios) a través de la Ley de unidad sindical, y la Ley de bases de la organización sindical. También aparece una nueva Ley fundamental → Ley de Cortes: se crean unas Cortes de designación política y representación corporativa. En estas primeras Cortes sus miembros o eran natos o representaban a las corporaciones y colegios profesionales; pero carecían de poder legislativo y se planteaban como “instrumento de colaboración en la tarea legislativa”.
3. Tercera fase: después del final de la Segunda Guerra Mundial. El régimen desarrolló un amplio programa de institucionalización con la doble finalidad de limar los aspectos más visiblemente fascistas y la de dotarse de unos componentes orgánicos que aseguraran su permanencia. Nueva Ley fundamental → Fuero de los Españoles: declaración de derechos en que se reconocían los derechos clásicos de libertad de 10 expresión (siempre que no atentare contra los principios fundamentales del Estado), de domicilio, de reunión y asociación, etc. También se dejaba sentada la confesionalidad católica del Estado y la restricción de libertad de cultos, la subordinación de todos los derechos a los principios “que dieron vida a la Cruzada y a la unidad de España”, se prohibía el ejercicio colectivo del derecho de petición, se establecía la indisolubilidad del matrimonio y se regulaba la declaración de los estados excepcionales. Esta declaración no tuvo nunca eficacia jurídica ni pudo ser alegada ante los tribunales, ni dio lugar a libertad alguna.
La finalidad de dotarse de unos componentes orgánicos que aseguraran su permanencia se pretendió con dos leyes fundamentales: Ley del referéndum nacional y Ley de sucesión a la Jefatura del Estado. Por la primera 11 ...

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