Tema 5 Derecho Administrativo (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Regimen juridico de la actuacion administrativa
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 23/06/2017
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Tema 5: Validez y eficacia del acto administrativo. Ejecutividad y ejecución forzosa.
1. Validez.
La presunción de validez se encuentra en el art. 39 Ley 39/2015. En este precepto se establece la regla clásica del acto administrativo. Regula dos planos distintos: la eficacia y la validez del acto. La regla que establece es que los actos se presumen validos desde la fecha en que se emiten.
Acto firme es el que ha agotado la vía administrativa.
Si yo como ciudadano no quiero pasar por los efectos de ese acto, se ha de impugnar. Por ejemplo, si no quiero pagar la multa que me han puesto. La construcción de validez es Iuris tantum, puede ser destruida por los medios de impugnación que establece la Ley 39/2015.mientras el acto no se declare contrario al derecho, surgen todos sus efectos. Por tanto, se desplaza la carga de impugnarlo, de cuestionar su validez, al particular. Si no se impugna, aunque tenga un vicio de validez, será firme y consentido. Hasta que no sea declarado ilegal se presume valido.
La Ley 39/2015 contiene tres posibles vicios de nulidad de pleno derecho. En el art. 47 se establece un elenco, una relación tasada de causas de nulidad de pleno derecho. Fuera de estas causas podrá haber irregularidades invalidantes o anulabilidad, pero no nulidad. La interpretación de las causas del art. 47 por la jurisprudencia dice que no cabe una aplicación analógica, estamos ante una interpretación restrictiva. Esta nulidad tiene efectos ex tunc. En la práctica da igual que efectos tiene pues lo va a determinar la sentencia. ¿Cómo se declara que en un acto administrativo hay nulidad? Se puede realizar a través del recurso administrativo (de alzada o de reposición) o bien a través del recurso extraordinario de revisión [3 meses o 4 años]) o a través de la revisión de oficio de actos nulos (transcurridos los plazos ordinario para recurrir, si nos damos cuenta que el acto estaba aquejado de un vicio de nulidad, podemos dirigirnos a la administración autora del acto para que ella misma se cuestione si el acto era nulo o no y frente a esa solicitud ha de examinarlo para poder ir al contenciosoadministrativo). Las causas tasadas son: 1. Actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional: da igual si lesiona el contenido esencial o el contenido adicional. Por ejemplo, la universidad no puede obligar al profesor a explicar determinada materia que él considera que es errónea.
2. Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio [también hay incompetencia jerárquica, pero da lugar a anulabilidad]: un ejemplo seria si instalamos un chiringuito sin la autorización del ministerio competente y el Ministerio de Justicia me dicta una sanción, seria nulo por razón de materia. Otro ejemplo es si Madrid me multa por algo que ha ocurrido en Huelva, es incompetente por razón de territorio.
3. Actos que tengan un contenido imposible: por ejemplo, aplicar una sanción a una persona que ha fallecido. Otro ejemplo, sería que nos obliguen a derribar un edificio que ya está derruido.
4. Actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta: para que el acto administrativo sea inválido se necesita una sentencia firme de la jurisdicción penal que establezca la comisión de esa infracción penal. Si yo creo que mi acto ha sido creado en ese origen y no hay un procedimiento penal abierto, he de denunciarlo, se quedara sin efectos el acto y cuando este procedimiento termine solicitare la nulidad.
5. Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
5.1. Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido: actos que se han dictado sin que haya una tramitación administrativa para conformar ese acto administrativo. Por ejemplo, no ha habido prueba ni informes. se ha seguido un procedimiento, pero lo que se ha hecho es que se ha incumplido alguno de los trámites esenciales de este.
5.2. Actos dictados prescindiendo de las normas que contienen reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados: se encuentran en la Ley 40 antigua y se encuentra la reunión con el orden del día.
6. Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición: son contrarios porque se atribuyen facultades o derechos cuando carezco de los requisitos esenciales.
7. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal: por ejemplo, la legislación presupuestaria establece que serán nulos los actos de la administración que teniendo un contenido económico, se adopten sin que previamente el presupuesto de esa administración tena una partida para hacer frente al mismo.
8. En el art. 37.2 de la nueva ley se establece que son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: como no seguir un procedimiento establecido en un reglamento. No tiene sentido porque si no todo sería nulidad de pleno derecho. La interpretación correcta de este artículo es la inderogabilidad singular. El apartado primero dice que los actos administrativos vulneran lo dispuesto en un reglamento aunque el acto sea dictado por un órgano superior al que ha dictado el reglamento.
La anulabilidad se encuentra en el art. 48 donde se refiere a cualquier infracción del ordenamiento jurídico (atipicidad). Hablamos de infracciones materiales no constitutivas de nulidad y de infracciones formales, las cuales ocurren en dos tipos: 1. Que generan indefensión material: cuando se puede cuestionar el acto, pero no se las causas por las que se ha dictado ese acto con ese contenido.
2. Que determinen que el acto carece de los requisitos indispensables para alcanzar su fin: se han producido infracciones en el procedimiento que impiden que ese acto surja sus efectos. Por ejemplo, no se pone donde tengo que pagar la multa.
También incluye la desviación de poder donde el acto persigue una finalidad distinta a la establecida en la norma que le otorga cobertura. Cuando se aprecia que hay una desviación de poder lo que se aprecia es que hay otra infracción del ordenamiento jurídico siempre que se aprecia por los tribunales, esto es que hay cualquier otra causa de nulidad o anulabilidad y se podría considerar un elemento de refuerzo. Por ejemplo, si me sancionan a mí por infringir una norma cuando he aparcado mal y al resto de coches que también están mal aparcados no se puede alegar pues no afectara a la legalidad de mi acto. En este caso solo habría desviación de poder si aprecio cualquier otro supuesto. Otro ejemplo es que se me deniegue la beca porque mis ingresos superar el máximo y luego compruebo que no es así, ahí hay una infracción de derecho para declarar que la denegación es contraria al derecho y esta quejada de vicio de anulabilidad.
Elementos: 1. Los reglamentos son válidos o nulos, nunca puede ser anulable.
2. Un reglamento es nulo cuando vulnera la CE o vulnera el principio de reserva de ley o la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.
En el art. 48 también se regulan las irregularidades no invalidantes que son cualquier otra infracción que no determine la nulidad o la anulabilidad. Si infracciones formales que no general indefensión o no impiden al acto realizar su fin.
Las restricciones a la invalidez se encuentran en los arts. 49-52 principio del favor acti. La administración sirve con objetividad a los intereses generales establecidos en las leyes.
La convalidación no se aplica a los actos anulables. Se encuentra en el art. 52 y se realiza subsanando el vicio del acto siempre y cuando la realización de ese trámite permita satisfacer la finalidad a la que sirve. Si lo que falta es un informe preceptivo y determinante y cuando se emita es una vez que tengo la resolución, no tiene sentido emitirlo pues se tiene la resolución.
Los efectos surgen desde la convalidación salvo que se le otorgue excepcionalmente carácter retroactivo. Si se trata de un vicio de forma, la convalidación la realizamos mediante su cumplimiento. Si se trata de incompetencia jerárquica se realiza por el superior jerárquico. La falta de autorización mediante su otorgamiento.
La conservación o invalidez parcial se encuentra en el art. 52 donde hablamos que se afecta a parte del contenido del acto. Se podrá conservar la parte del acto que no está aquejado de un vicio de nulidad o anulabilidad. Sobre actos de trámite no afecta a los posteriores que serán independientes. Debe conservarse todos los actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido inalterable de no haberse cometido la ilegalidad.
La última figura es la conversión que se encuentra en el art. 50 y que sirve para actos nulos y anulables. Conserva los elementos de un acto ilegal que pueden dar lugar a un acto legal distinto. Deben haber sido dictados por el mismo órgano. Deben responder a la competencia de ese órgano.
2. Eficacia.
Existe una declaración de principios en el art. 39. Entre ellas está la presunción de validez según la cual cualquier vicio nos lleva a la nulidad y anulabilidad. Debemos probar que tiene tal vicio. Si no se prueba son válidos hasta que el juez lo anule. También se incluye una presunción de eficacia. Los actos producen efectos jurídicos desde el primer momento. En el art. 39.2 dice que cuando el contenido del acto incluye clausulas, el acto surge efectos cuando se cumplen tales condiciones.
Las clausulas accesorias son condición, termino o modo.
También puede estar sujeto a la notificación o publicación. Si está dirigido a la pluralidad de sujetos se ha de publicar. Los actos administrativos tienen que ser notificados al particular por afectar a sus derechos e intereses para no producir indefensión, pudiendo llegar a producir ineficacia del acto (art. 40). La notificación supone una garantía. Si no se notifica, el acto será válido, pero no eficaz (no producirá efectos jurídicos) salvo que el particular subsane (pedir el expediente). Si se notifica incorrectamente y se pone el recurso, se subsana la notificación.
El acto ha de tener un contenido mínimo pues ha de decir que recurso cabe contra él, en qué plazo, ante que órgano se ha de interponer… El carácter antiformalista de la ley (especificar plazos, órganos…) hace que sea más fácil para el particular.
Posible acto válido y no eficaz.
Es habitual encontrarnos con actos que no son eficaces, pero sí que son válidos.
Para que una disposición administrativa produzca efectos tiene que estar publicado en el boletín de forma íntegra, sino serán válidos, pero no eficaces.
Una novedad que trae la Ley 39/2015 es la notificación electrónica. La ley exige que la administración se conecte con las empresas por vía electrónica y con los particulares vía papel como establecía la anterior ley del 92.
En el art. 38 se estable que los actos serán ejecutivos, es decir, producirán efectos inmediatos.
Sin embargo, el art. 98 dice que los actos de la administración son ejecutivos con excepciones.
Por ejemplo, en el procedimiento sancionador aunque el acto ponga fin a la vía administrativa, en principio no es inmediatamente ejecutivo puesto que se ha de agotar totalmente la vía administrativa incluyendo el recurso de reposición.
La ejecutoriedad se encuentra en el art. 99. La administración puede acudir a la ejecución forzosa si no se cumple voluntariamente. Es necesaria una exigencia previa de que se notifique esta vía. Los medios se encuentran en el art. 100 y se desarrollan en los artículos siguientes. En el art. 104 se recogen solo los referidos a obligaciones personalísimas.
Son actuaciones materiales, no jurídicas en el sentido de establecer derechos y deberes.
Tienen que tener un fundamento jurídico previo que le da cobertura jurídica. Esta cobertura es siempre el acto que tratan de ejecutar, si tal acto no existe es vía de hecho (art. 97).
En el art. 25 LJCA se encuentra la vía de hecho que se recurre ante el juez. La administración por tanto no puede actuar sin resolución previa que le permita esta actuación material.
Hay una posibilidad de suspender en el art. 117 si se interpone recurso y se solicita.
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