BLOQUE III - DERECHO ROMANO (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídica
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 20/09/2017
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TEMA III. Derecho Procesal 6.- El proceso romano 6.1 La autoayuda y la jurisdicción Cuando una persona realizaba un determinado negocio jurídico, nacían a su favor una serie de derechos subjetivos, que se protegían mediante el derecho procesal. En concreto, nos referiremos al derecho procesal civil romano.
Cuando hablamos del derecho procesal romano, cabe distinguir: - Etapa precívica, donde imperaba la autoayuda, es decir, los ciudadanos se tomaban la justicia por su mano. Imperaba la realización particular del propio derecho. En el ámbito procesal, la autoayuda se da cuando no hay un aparato estatal fuerte que proteja los derechos de los ciudadanos.
- Etapa cívica, donde ya era el aparato estatal el que tutelaba los derechos de los particulares, limitando cada vez más la autoayuda. Esto se inicia con el principado de Augusto (27 aC), donde se crean los antecedentes de la jurisdicción, la cual se define como la potestad dimanante de la soberanía del estado, ejercida exclusivamente por tribunales independientes y predeterminados por ley, que aplican el derecho en el caso concreto juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Los procesos de las acciones de ley y el procedimiento formulario se dividían en dos etapas, la In iure, que era la que se llevaba a cabo ante el pretor, y la apud iudicem, que era la que se llevaba a cabo ante el juez que iba a dictar sentencia. Teniendo en cuenta lo anterior, hemos de destacar que el termino jurisdicción se dividía en dos: o Iurisdictio, que era la facultad del pretor de introducir y preparar el proceso fijando los términos del litigio.
o Iudicatio, que era la facultad del juez o jueces para dictar sentencia. La acción era el medio que el estado ponía a disposición de los particulares para la defensa de un derecho. Esta “acción” podía ser concedida o denegada por el pretor, en función de si consideraba que la pretensión del particular era digna o no de protección.
6.2 Épocas del proceso romano Si nos fijamos en la evolución del derecho procesal romano, encontramos unas etapas determinadas: - En la época arcaica, basándose en la Ley de las XII Tablas, las Acciones de Ley.
- En el 242 aC, al nacer el Pretor Peregrino y el ius gentium, aparece el Procedimiento formulario.
o En el 130 aC el procedimiento formulario sirve también para los CR.
o En el 17 aC se derogan definitivamente las Acciones de Ley.
- En el 27 aC con Augusto nace un procedimiento especial para supuestos especiales, el Cognito extra ordinem, y va ganando terreno hasta convertirse en el habitual, en la época clásica y posclásica.
- Con Constantino se deroga el Procedimiento Formulario.
7.- Las Acciones de Ley 7.1 Características generales Este proceso es el primero del que tenemos noticia, y se trataba de una serie de declaraciones solemnes, o incluso gestos rituales, que el ordenamiento judicial prescribía a los particulares para la defensa de sus derechos.
Su nombre se debía a que procedía de la Ley de las XII Tablas, y sus características principales son las siguientes: - Las Acciones de Ley1 servían para hacer valer los derechos del ius civile.
- Por tanto, iban dirigidas a los CR.
- Al nacer de la Ley de las XII Tablas, era muy importante tanto el arcaísmo (una constante revisión a la autoayuda) como el formalismo (porque las formalidades descritas por la ley habían de cumplirse tajantemente, si no se perdían los litigios).
- Y este proceso estaba dividido en dos fases: o La fase in iure (Pretor).
o La fase apud iudicem (juez privado escogido por las dos partes).
Los modos de litigar por AdL eran 5, de los cuales: - Tres eran de tipo declarativo, que eran aquellos que suponían un verdadero procedimiento, y con los cuales se pretendía que el juez pronunciase en su sentencia la existencia de un derecho puesto en tela de juicio.
- Dos eran de tipo ejecutivo, que servían para lograr la ejecución de una sentencia ya dictada.
7.2 Tipos de Acciones La primera de las AdL es la legis acto sacramento, que es la acción de ley por apuesta sagrada. Esta conoció dos versiones: - Legis acto sacramento in rem, que es el precedente de lo que hoy en día llamamos acción reivindicatoria, y permitía al propietario de una cosa que en aquel momento no disponía de la posesión de la misma por causas ajenas a su voluntad, recuperarla de aquella persona no propietaria que si que la poseía.
- Legis acto sacramento in personam, que sabemos que existió, pero no sabemos como.
El procedimiento funcionaba de la siguiente manera. Dos personas litigaban por algo, y acudían al pretor, ante el cual ambos afirmaban que les pertenecía tal cosa. Después se producía un simulacro de lucha entre ambos pretendientes hasta que el pretor ordenara detenerlo. En ese momento, uno de los dos contendientes se dirigía al otro y le decía “Puesto que has reivindicado injustamente X, te invito a hacer una apuesta de 500 ases”, y el otro contestaba “Lo mismo digo”. Entonces, el pretor escribía un resumen que entregaba al juez, y este empezaba la fase del apud iudicem, en la que el juez decidía cual de los dos había mentido y cual no. Al dictar sentencia a favor del que había apostado justamente, este recibía el objeto en litigio y sus 500 ases, y el otro daba los 500 ases al estado.
1 Desde este instante nos referiremos a las Acciones de Ley como AdL.
8.- El procedimiento formulario 8.1 Origen histórico El origen del procedimiento formulario2 se fundamenta en dos: - Los grandes defectos que tenían el PF (demasiado formalismo).
- Las AdL solo podían ser utilizadas por los CR. Cuando Roma se convierte en una potencia universal y las relaciones con y entre extranjeros se hacen más frecuentes, se crea el ius gentium y se hace necesaria la creación de un proceso a través del cual canalizarlo, y por el que se sustanciaran los procedimientos entre CR y extranjeros o entre dos extranjeros.
Este nuevo procedimiento nació de la mano del Pretor Peregrino. Poco a poco, este procedimiento también fue utilizado por el Pretor Urbano para la los litigios entre CR en materia del ius civile. Esta posibilidad se dio en el 130 aC y en el 17 aC son derogadas definitivamente las acciones de ley.
El PF se sustancia en dos etapas. La primera fase es la In iure, que se lleva a cabo ante el pretor, y la segunda es la apud iudicem, y se lleva a cabo ante el juez privado escogido por las dos partes.
Como el Pretor Peregrino aplicaba el ius gentium, que no constaba en ninguna parte si no que se resolvía a medida que se iban presentando los casos concretos, tenía plena libertad para conceder o denegar una acción para litigar, y por eso se hacía necesaria que diera una instrucción al juez que tenia que dictar sentencia.
Con esta finalidad el pretor redactaba un pequeño documento conocido como “fórmula”, en el que resumía los términos en que quedaba fijada la controversia entre las partes y donde ordenaba al juez que si resultaba probado un hecho o una situación de derecho condenase o si no que absolviese.
Este procedimiento resultaba más sencillo que las AdL, ya que las partes no necesitaban pronunciar ante el pretor palabras solemnes y predeterminadas, si no que exponían ante este libremente sus pretensiones, se redactaba la fórmula y se escogía al juez que dictaría sentencia.
8.2 Estructura de la fórmula La fórmula constaba de dos tipos de partes, que eran: - Partes ordinaria, que son aquellas que solían figurar en todas las fórmulas. Estas eran: o Nombramiento del juez (1)3. La fórmula solía encabezarse con el nombre del juez que iba a dictar sentencia. La proposición usada era “Sea X juez”.
o Intentio (3). Era la pretensión del actor (hoy en día demandante). Esta podía ser certa (es aquella tan clara que no precisa de una concreción posterior) o incerta (es aquella que para determinarla hace falta una estimación posterior.
o Demonstratio (4). Toda pretensión incierta precisaba de esta parte. Era la parte de la fórmula en que se intentaba precisar las pretensiones inciertas, es decir, solo aparecería en aquellas fórmulas en que la intentio resultase incierta.
o Adiudicatio (8). Solo aparecía cuando se trataba de un juicio divisorio4, es decir, cuando lo que se pretendía era la división o partición de una cosa común. Es esta, el pretor ordenaba la juez que adjudicara a cada parte lo que estimase conveniente.
2 A partir de ahora nos referiremos al procedimiento formulario como PF.
En número que se observa en las distintas partes corresponde al orden en que estas estarían de coincidir todas en una fórmula. Si no, se adapta el orden atendiendo al número de estas.
3 o - Condemnatio (9). Era la parte de la fórmula en la cual el pretor otorgaba al juez la facultad de absolver o condenar al demandado. En el derecho clásico esta condena era siempre dinero, pero a mediados de la época clásica se impuso la llamada cláusula arbitraría, mediante la cual se daba la opción al demandado de devolver la cosa misma o bien el valor económico de esta (pero realizado con una valoración subjetiva del propietario o actor). Esta cláusula posibilitó que fuese imponiéndose la costumbre de ir devolviendo las cosas ante el temor de una valoración excesiva por parte del actor.
Partes extraordinarias, que son aquellas que podían agregarse a cualquier tipo de fórmula (pueden y pueden no aparecer en la fórmula). Estas eran: o Exceptio (5). Era aquella parte que contenía la alegación del demandado, que si resultaba ser cierta iba a paralizar la eficacia de lo reclamado por el actor en la intentio. Esta alegación tenía que ser siempre un hecho positivo.
o Replicatio (6). Era la posibilidad de réplica del actor a la exceptio, en la que el actor podía alegar un hecho que de resultar cierto paralizaría la eficacia de lo alegado por el demandado en la exceptio. El actor no niega lo afirmado por el demandado en la exceptio.
o Duplicatio (7). Que era la alegación del demandado frente a la replicatio, y que de ser cierta paralizaría la eficacia de esta. Con el turno de réplica concluía el turno de alegaciones de las partes.
o Praescripto (2). Se colocaba al principio de la fórmula, tras en nombramiento del juez, para favorecer a alguna de las partes si el pretor consideraba que se tenía que aclarar algo para que una de estas no saliera perjudicada.
8.3 Clases de acciones Las acciones se pueden dividir en: - Acciones civiles5. Estas proceden de las antiguas AdL que pudieron adaptarse al PF. Las dos importantes son: o Acción reivindicatoria, que era la adaptación de la legis actio sacramento in rem.
o Actio iudicati, que eran las dos acciones ejecutivas de las antiguas AdL ejecutivas.
- Acciones honorarias. Estas son las que no tenían su procedencia en las AdL, es decir, las que fueron creadas por el pretor. Las dos a destacar son: o Actiones in factum, basadas en un hecho.
o Acciones ficticias, en las que se consideraba como existente un hecho que no había ocurrido en la realidad. El más clásico de estos era la acción publicana.
Otra posible clasificación es: - Actiones in rem, que eran las acciones sobre las cosas, que se dirigían sobre la cosa misma, y en consecuencia contra cualquier persona que tuviese en su poder esta. Provenían de la acción reivindicatoria.
- Actiones in personam, que eran las que protegían los derechos personales o de crédito, y se dirigían contra una persona determinada, el deudor, del que se pretendía que hiciese, diese/entregase o respondiese por algo.
4 5 En la fórmula de un juicio divisorio solo aparecían los pasos 1 y 8.
Tanto las acciones civiles como las acciones honorarias servían para poner en marcha el PF.
9.- Las fases del proceso formulario En la época clásica los acuerdos de voluntades son generalmente orales.
9.1 La fase in iure La fase In iure del PF empieza con la in ius vocatio, que es la citación del dolo ante el Pretor, el cual debe comparecer ante este. Si el demandado no comparece el Pretor puede embargarle todos sus bienes (missio in bona) si lo que se solicitaba era una acción personal, o el bien objeto del litigio (missio in rem) si lo que se solicitaba era una acción real.
Una vez ambos ante el Pretor, el actor exponía su pretensión y solicitaba al Pretor que le concediese la acción pertinente para litigar. Antes de conceder o denegarla, este examinaba si se daban: - Los presupuestos procesales necesarios. Debía examinar si el asunto que se le presentaba debía tramitarse por el PF o por el cognito extraordinem.
- Y si las partes tenían capacidad jurídica procesal para comparecer como actor y demandado respectivamente.
Si se concedía la acción, el procedimiento podía terminar de una forma anormal si se daban alguno de estos tres supuestos: - Allanamiento por parte del demandado, es decir, el demandado reconocía plenamente los hechos alegados por el actor.
- Iusiurandum necessaruim (juramento). Este era un juramento al que recurría el Pretor cuando de antemano ya preveía que el actor no dispondría de ningún medio de prueba para convencer al juez de su pretensión. En este se dirigía al demandado para que este jurase si debía o no algo al actor. Si el demandado juraba que no, quedaba absuelto, y si juraba que si, era directamente condenado.
- Indefensión. Era la pasividad absoluta del demandado, es decir, el demandado ni afirmaba ni negaba nada de lo que le reclamaba el actor. Para forzar su actividad el Pretor le amenazaba con el embargo, pero si este proseguía con la misma actitud, el proceso terminaba porque se practicaba el embargo correspondiente.
También, el proceso podía proseguir si marcha, cosa que quería decir que había un acuerdo para litigar. Este acuerdo se conocía como litis contestatio. Una vez llegado a este punto, se daban unas consecuencias importantes, ya que no se podría volver a iniciar un proceso sobre el mismo asunto (non bis in idem). Acto seguido las partes escogían al juez privado que iba a dirigir el proceso y el Pretor redactaba la fórmula.
9.2 La fase apud iudicem Esta fase se llevaba a cabo ante el juez privado escogido por las partes, y se iniciaba en el momento en que las partes se presentaban ante el juez y le entregaban la fórmula. Como ya existía el acuerdo para litigar, en esta fase no hacía falta la presencia de ambas partes, pero sí era aconsejable por la presentación de pruebas.
La carga de la prueba la tenía quien afirmaba un hecho (como en la actualidad), no quien lo negaba, por lo que el actor la tendrá en relación a la Intentio y la Replicatio, y el demandado frente a la Exceptio y la Duplica.
Así pues, la prueba era la actividad de las partes encaminada a convencer al juez de la veracidad de unos hechos que se afirmaban como existentes en la realidad. Los distintos medios de prueba en el PF eran: - La prueba testifical. La actividad del testigo era voluntaria y era gravemente sancionado el falso testimonio. Esta era las más importante.
La prueba documental. Que tenía poca importancia porque solo a partir del siglo III dC se empezó a otorgar documentos públicos.
Juramento ante el juez, que tenia lugar cuando una de las partes proponía a la otra pronunciar ante el juez un juramento voluntario en relación a un aspecto de la cuestión litigiosa.
En la aportación de la prueba regían dos principios: - El Principio Dispositivo, que establecía que las partes podían aportar las pruebas que estimasen convenientes y el juez no podía aportar nuevos datos ni realizar averiguaciones sobre hechos no alegados ni probados por las partes. Este era el que regía en el PF.
- El Principio Inquisitivo, que establecía que el juez podía determinar las pruebas a probar y podía realizar averiguaciones sobre hechos no alegados o no probados por las partes. Rige en el Dominado.
En lo que se refiere a la valoración de la prueba también regían dos sistemas: - El Principio de Libre Valoración de la Prueba, cuando un juez tenía la libertad para valorarlas, es decir, para decidir el valor que tenía que dar a cada uno de los medios de prueba. Este es el que regía en el PF.
- El Principio de Prueba Tasada y Legal, cuando el ordenamiento jurídico establecía el valor que cada juez debía dar a cada uno de los medios de prueba y, por lo tanto, el juez debía sujetarse a estas reglas para la valoración de la prueba.
Presunciones cuando no existe claridad sobre lo que ha ocurrido: - Iuris tantum: son las más comunes, admiten prueba en contrario. Por ejemplo, la presuncion de conmoriencia.
- Iuris et de iure: no admiten prueba a contraio. Por ejemplo, (solo existe) la presunción de la legitimidad de los hijos: los nacidos después de la celebración del matrimonio y los nacidos antes de los 300 días siguientes a su disolución.
El PF se llevaba a cabo totalmente de forma oral (principio de oralidad), y lo único que se tenía por escrito era la fórmula y en todo caso alguna prueba. Una vez practicada la prueba, el juez había de dictar sentencia condenatoria o absolutoria del demandado. El juez podía excusarse de dictar sentencia (sentencia condenatoria o absolutoria del demandado y con valor del cosa juzgada) si no tenía claros los términos de análisis (se abstenía y se escogía otro juez). Una vez dictada sentencia esta era inapelable.
Cuando se dictaba sentencia, lo encomiable era que las partes la aceptasen y la aprobasen. Cuando esto no era así, el vencido en juicio no cumplía, el vencedor podía entablar un procedimiento de ejecución de la sentencia a través de la actio iudicati. Por este procedimiento, el Pretor concedía al vencedor la posesión de todos los bienes del vencido (missio in bona) para que este lo conservase y administrase durante treinta días.
Si pasados estos días el vencido seguía sin cumplir con la sentencia, el vencedor podía vender el patrimonio de este en pública subasta y hacerse el pago con el precio de la venta.
10.- Los complementos extraprocesales de la jurisdicción pretoriana 10.1 Introducción Estos complementos extraprocesales eran las actuaciones del Pretor que correspondían a su Imperium, al margen de la acción procesal. A continuación veremos los principales medios de prueba de que disponía el Pretor para evitar un juicio entre particulares, o una vez este estaba en marcha, facilitar su desarrollo.
10.2 Los Interdictos Estos eran órdenes del Pretor, de carácter administrativo, que intentaban poner fin a una controversia entre dos personas, prohibiendo que se realizase un determinado acto, o bien, ordenando la realización de este.
Estos podían ser de tres tipos: - Exhibitorios, mediante los cuales el Pretor ordenaba que fuera exhibida o presentada una persona o documento. Uno de los más comunes era el de exhibir las tablas del testamento.
- Restitutorios, que obligaban a restituir una cosa determinada.
- Prohibitorios, que prohibían realizar una acción concreta.
10.3 La missio in possessionem Este era el embargo. Como ya hemos comentado anteriormente, el embargo podía ser de dos tipos: - Si se embargaba el objeto de litigio cuando se solicitaba una acción real (missio in rem).
- Si se embargaba todos los bienes del demandado cuando se solicitaba una acción personal (missio in bona).
10.4 La restitutio in integrum Esta potestad del Pretor equivalía a la rescisión total de una acción llevada a cabo entre dos particulares.
Este solo la concedía en los supuestos siguientes: - Intimidación o violencia, es decir, en defensa de aquella persona que realizó un acto coaccionado por la amenaza de un daño grave.
- Engaño, es decir, en beneficio de quien hubiera realizado un acto víctima de un engaño fraudulento.
- Ausencia, es decir, en beneficio de aquella persona que por haber estado ausente por motivos generalmente de causa pública (como el servicio militar), hubiera sufrido un perjuicio en un derecho o acción que le pertenecía.
- Minoría de edad. Este supuesto se refiere a la restitución de las lesiones patrimoniales graves que sufrían los menores de 25 años, en los negocios en que no participaba su curador.
11.- La cognitio extraordinem 11.1 Introducción La cognitio extraordinem6 era el proceso típico de la época de Augusto. Este nació con la ascensión de Augusto al poder, como un proceso extraordinario reservado exclusivamente a reconocer la exigibilidad de determinadas obligaciones que hasta el momento solo tenían carácter moral. Poco a poco fue ganando terreno hasta que en la Época Postclásica se convirtió en el procedimiento típico. Ya en el 342 d.C., una Constitución Imperial del emperador Constantino derogó definitivamente el PF.
11.2 Características La CX se caracteriza principalmente por: - Sustanciarse en una sola fase. Así desaparece la distinción entre in iure y apud iudicem.
- Pérdida de importancia d la litis contestatio, ya que sus efectos se vincularán a la sentencia.
- Existencia de la apelación de la sentencia, cosa que implica que estas deban remitirse las actuaciones escritas al órgano superior.
- Elevados costes procesales, es decir, elevados honorarios.
11.3 El proceso El proceso de la CX se iniciaba con la presentación de la demanda, que contenía las pretensiones del actor y la citación del demandado. El demandado debía responderla contestando la demanda y presentando además una “caución” (una fianza para asegurar su comparecencia delante del juez). A diferencia del PF, la CX podía continuar aunque las partes no estuvieran presentes.
En la fase de prueba también encontramos grandes diferencias respecto al PF. En este caso, en la aportación de las pruebas regía el principio inquisitivo7, y en la valoración de las pruebas el principio de prueba tasada y legal.
La sentencia no era necesariamente dinero y se consignaba por escrito. Existía la posibilidad de anulación de la sentencia, siendo la última instancia el emperador. Si el condenado, o vencido, no cumplía voluntariamente lo determinado en la sentencia, se llevaba a cabo un proceso de ejecución de sentencia.
6 7 De aquí en adelante, cognitio extraordinem será mencionado como CX.
Consultar página 29 para este principio como para el de prueba tasada y legal.
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